Sentencia 110010203000200500597-00 de junio 14 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 110010203000200500597-00

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., junio catorce de dos mil cinco.

Decide la Corte la acción de tutela instaurada por Clara Susana Chaparro Ospina, contra la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá.

Antecedentes

1. Clara Susana Chaparro Ospina solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado por los funcionarios judiciales accionados, en el proceso de responsabilidad civil extracontractual que en su contra entablaron Hernando González Sierra y Ana Isabel Bedoya, como progenitores del menor John Jairo González Bedoya quien el 12 de enero de 2000 resultó lesionado por el ataque de un perro Rottweiler, que según afirmó la accionante no es de su propiedad sino de Arnulfo Pinzón. Sin embargo ella, sin ser la dueña fue declarada civilmente responsable por los perjuicios materiales y morales estimados en la cifra de $ 80.000.000, y condenada mediante la sentencia de 8 de junio de 2004, confirmada por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Del escrito de tutela se infiere que su promotora acusó a los jueces de primera y segunda instancia, por haber incurrido, según ella, en una errónea valoración probatoria por no haber investigado a fondo sobre la imprudencia y descuido de la madre del menor y haberla condenado sin demostrar la culpabilidad de la accionante demandada en el proceso, quebrantando con ello el derecho invocado.

2. La solicitud de amparo constitucional se fundó en los supuestos fácticos que se compendian así:

2.1. Afirmó la actora que en el interrogatorio de parte absuelto por ella, se violó de manera flagrante su derecho de defensa, pues ni su apoderada, ni el juez, impidieron que el apoderado de los demandantes, a partir de la tercera pregunta, tratara de confundirla y hacerla caer en contradicción en sus respuestas. Afirmó que debieron tacharse de sospechosos los testimonios de los demandantes, por cuanto existía vínculo de parentesco entre aquéllos y el menor, por lo cual dieron respuestas parcializadas en el interrogatorio que rindieron.

2.2. Para la promotora del amparo existió contradicción entre el testimonio rendido por los demandantes y lo dicho por la madre del menor ante el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el que hizo reverencia “a un perro rootwailler (sic) de la casa finca donde trabaja”, mientras que en el interrogatorio rendido ante el juzgado, manifestó que “éramos arrendatarios” aun cuando más adelante señaló que “no, nosotros estabamos pagando un arriendo, no teníamos porque hacer alguna labor ahí”. Adujo la accionante que si la demandante trabajaba en dicho lugar, no se indagó en el proceso por qué razón estaba con el niño en el sitio de trabajo, ni se cuestionó su responsabilidad por tener al menor ese día en el lugar de los hechos.

2.3. Manifestó la inconforme que en el interrogatorio absuelto por Hernando González Sierra, este afirmó que Arnulfo Pinzón, una vez enterado de lo sucedido, pagó algunos gastos en los centros asistenciales donde fue atendido el menor, afirmación que se corroboró con el testimonio de Aurora Gómez de Castillo, pruebas que “aunadas adecuadamente permitían dar valor de confesión y permitían concluir Arnulfo Pinzón era el propietario del perro que atacó al menor.

2.4. Afirmó la accionante que es extraño que la inspección judicial decretada por el juzgado al lugar de los hechos, no se hubiese practicado porque el demandante desistió de la misma, cuando es lo cierto que no fue solicitada por él ni en la demanda, ni en el traslado de las excepciones, prueba que a juicio de la accionante era de vital importancia, por cuanto le hubiese brindado claridad a los jueces de primero y segundo grado, respecto de las condiciones en las que se mantenía el perro causante de las lesiones al menor y además para determinar el grado de culpabilidad, negligencia o descuido en que pudieron incurrir el dueño del perro o la madre del niño.

2.5. Agregó la actora que la finalidad del proceso de responsabilidad civil, desde el primer momento estuvo encaminada a que ella y no otra persona, se hiciera responsable de la indemnización de perjuicios materiales y morales causados, porque tanto los padres del menor como el abogado creen que tiene dinero.

Respuesta de los accionados

Los magistrados integrantes de la Sala accionada manifestaron que la sentencia se fundó en las pruebas que obraban en el proceso, mismas que permitieron inferir que la responsabilidad recaía sobre la demandada Clara Susana Chaparro Ospina, quien tuvo la oportunidad de ejercer válidamente sus derechos de defensa y contradicción, así como presentar pruebas e impugnar la sentencia, con lo cual se observó cabalmente el debido proceso. Para apoyar su dicho se remitieron a las consideraciones plasmadas en la sentencia de segunda instancia, de la cual se descarta la existencia de la vía de hecho alegada por la accionante.

Consideraciones

1. Para la Corte resulta clara la improcedencia de la presente acción, toda vez que del análisis del texto de las sentencias que aquí se controvierten, se deduce que ellas fueron suficientemente motivadas, tienen un soporte plausible y no se evidencia de ninguna manera que haya exceso, desmesura o abuso de la autoridad judicial. En el proceso, la demandada planteó como coartada que no era dueña del perro agresor, pues dijo haberlo vendido a Arnulfo Pinzón, pero no pudo acreditar su dicho.

2. Lejos de cometer la vía de hecho que se denuncia, en verdad juzgado y tribunal acompasadamente sustentaron una regla que fija la responsabilidad por la tenencia de bestias potencialmente peligrosas, de modo que quien de su presencia se beneficia, bien sea por el gusto de tener una mascota de tal fiereza o por las necesidades de vigilancia de su patrimonio, debe responder por los daños causados. El juzgado de conocimiento para acceder a las pretensiones de la demanda, partió del hecho probado con el dictamen de medicina legal —que no mereció reparo alguno—, atinente a que el 12 de enero de 2000, el menor John Jairo González Bedoya fue atacado por el perro rottweiler llamado “Titán”, causándole graves lesiones en el cuero cabelludo de la parte superior del cráneo, así como heridas y fracturas en el miembro superior derecho, que le produjeron una perturbación funcional del brazo, sin contar con las secuelas que le puedan generar tales lesiones, pues el infante sólo tiene 7 años y está en etapa de pleno crecimiento.

3. La demandada alegó infructuosamente que el 18 de enero de 1999, había vendido el perro Titán a Arnulfo Pinzón, arrendatario del predio de su propiedad, quien además entregó en arrendamiento parte del mismo a los padres del menor, pero lo cierto es que no logró demostrar la venta del animal, pues al parecer el documento fue suscrito con posterioridad a los hechos, para trasladar (sic) de evadir la responsabilidad transfiriendo la propiedad a un empleado de la demandada.

4. Probada como estaba la propiedad del animal en cabeza de la demandada, encontró el juez demostrada la responsabilidad de aquella derivada de su negligencia, falta de cuidado e inobservancia de las disposiciones policivas al respecto, pues a pesar de la peligrosidad del animal, este estaba sin traílla ni bozal y “al garete” dentro en el predio, cuando de haberse tomado unas mínimas medidas de seguridad, ellas hubiesen impedido la agresión al menor, evitando el siniestro. Hallada civilmente responsable, el juez mediante sentencia de 8 de junio de 2004, tinosamente condenó a la demandada al pago de $ 80.000.000 a favor de los representantes legales del menor.

5. La demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y la sustentó en los mismos argumentos en que fundó la demanda de amparo, especialmente atribuyendo la propiedad del perro en cabeza de Arnulfo Pinzón. El tribunal en sentencia de 11 de mayo del año en curso la confirmó y para arribar a dicha decisión, se apoyó en los artículos 2341 y siguientes del Código Civil, en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia referente a la responsabilidad derivada no solo de las propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado para lo cual se basó en las pruebas que militaban en el plenario.

6. Dedujo el ad quem que estaba plenamente demostrado que Arnulfo Pinzón era administrador del predio perteneciente a la demandada, y por ende su mandatario. Que la imputación de responsabilidad, que en este caso se cierne sobre la demandada, no deviene necesariamente de su calidad de propietaria del canino, como lo entendió la juez a quo, sino, por el hecho ajeno que regula el artículo 2347 del Código Civil, caso en el cual nace a su cargo el deber legal de indemnizar los perjuicios causados por su dependiente Arnulfo Pinzón, en el ejercicio de la calidad que se le delegó, cual era la de administrador del inmueble donde ocurrió el hecho y por ende debe la demandada responder por los perjuicios demostrados y cuantificados conforme a la ley.

7. En verdad la claridad y razonabilidad de tales planteamientos, impiden la injerencia del juez constitucional, pues en las sentencias aquí atacadas, como fácilmente se infiere, no se incurrió en la alegada vía de hecho, resultando inane alegar que la demandada no era la dueña del perro que causó las lesiones.

8. En armonía con lo expuesto se denegará la presente acción.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR el amparo deprecado por Clara Susana Chaparro Ospina, contra la Sala Civil - Familia -Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICARlo decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y de no ser impugnado lo así resuelto, remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para efectos de la eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Edgardo Villamil Portilla—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Pedro Octavio Munar Cadena—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete.

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