Sentencia 2005-00607 de julio 31 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Referencia: C-1100131030062005-00607-01

Magistrado Ponente:

Dr. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., treinta y uno de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Los cuatro cargos formulados, replicados por la sociedad demandada, se decidirán en el mismo orden propuesto.

Cargo primero

1. Acusa la violación directa de los artículos 1618, 1620 y 1624, inciso 2º del Código Civil, 822, 823, 863, 871, 1036 y 1080 del Código de Comercio.

2. La parte recurrente, en la sustentación, a partir de afirmar que la redacción de la cláusula de garantía es “ambigua”, sostiene que no ha debido otorgársele eficacia, sino interpretarse en contra de la sociedad aseguradora, por ser su autora, dado que se estaba frente a un contrato de adhesión.

3. Considera la censura, por tanto, que al privilegiarse la aplicación del artículo 1618 del Código Civil, en lugar del artículo 1624, inciso 2º, ibídem, el Tribunal se llevó de calle las demás disposiciones sustanciales citadas.

Consideraciones

1. Considerando la vía escogida para denunciar la transgresión de la ley sustancial, la directa, el planteamiento del cargo supone que el ad quem dejó sentado que la cláusula de garantía en comento, atribuible a la sociedad demandada, por tratarse de un contrato de adhesión, era “ambigua”.

Esto, porque para denunciar, derechamente, la violación de un precepto sustantivo, al decir de la Sala, la censura no debe “separarse, un ápice siquiera, de la quaestio facti, cual y como fue apreciada por el sentenciador, so pena de resultar inidónea la acusación en caso de que ello ocurra”(1), toda vez que, en ese evento, la Corte “trabaja con los textos legales sustantivos únicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos están probados o no están probados, parte de la base de una u otra cosa, y sólo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos”(2).

Ahora, como en el sub judice, la conclusión del sentenciador de segundo grado, en la interpretación de la póliza, fue distinta a la ambigüedad de la cláusula de garantía, surge de bulto, sin más, que no pudo desconocer directamente ninguna de las disposiciones que se citan en el cargo, dado que por esa vía, todos los problemas quedan confinados a la subsunción de los hechos establecidos, entre otros, los derivados del contenido de las cláusulas contractuales, en las hipótesis normativas respectivas, en cuanto a su elección y alcance.

2. Y aunque en relación con un contrato, los yerros juris in judicando no se descartan, para identificarlos resulta necesario distinguir que una cosa es tergiversar su contenido objetivo o equivocar su eficacia probatoria, conductas ambas constitutivas, en su orden, de yerros de hecho o de derecho, y otra, distinta, errar en su calificación jurídica o en la aplicación de las normas de interpretación contractual.

Sobre estos dos últimos puntos, precisamente, la Corte tiene admitido que es procedente o “‘(…) viable un cargo en casación’ por error jurídico o violación directa”(3), esto es, “cuando hay violación directa de la ley del contrato frente a los preceptos que regulan su naturaleza y efectos” y “cuando la infracción se produce por consecuencia del quebranto de las normas de hermenéutica contractual”(4).

Distinción que es de capital importancia para hacer notar que desde esa perspectiva, el juzgador tampoco pudo infringir, por la vía directa, la ley sustancial, porque en el cargo no se plantea un problema de calificación legal del acto jurídico o de aplicación de las normas de interpretación de los contratos, pues todo lo alegado cae al campo de los hechos, en concreto, a la supuesta ambigüedad de la cláusula de garantía.

3. Con todo, si se asume que el error denunciado es de hecho, respecto de la apreciación de la mencionada estipulación, que no del “quebranto de las normas de hermenéutica contractual”, la Sala encuentra un tropiezo técnico insuperable, relacionado con la precisión del ataque (CPC, art. 374, num. 3º).

En efecto, la recurrente identifica el yerro, al decir que la cláusula es ambigua y que por ello debía interpretarse contra el extremo demandado, pero omite su desarrollo, puesto que no indica las razones por las cuales lo así acordado era equívoco. Significa lo dicho que la acusación se quedó a mitad de camino, en el umbral del recurso de casación, a manera de un alegato de instancia, y que al soslayarse el paso siguiente, la Corte no puede abordar una pesquisa oficiosa, dado el carácter estricto y dispositivo de ese medio de impugnación extraordinario.

4. El cargo, en consecuencia, no se abre paso.

Cargo segundo

1. Entre otros, denuncia la trasgresión indirecta de los artículos 1602, 1603, 1618, 1620 y 1624 del Código Civil, 4º, 823, 863, 864, 871, 1036, 1077 y 1080 del Código de Comercio.

2. Lo anterior, como consecuencia de la comisión de error de hecho en la apreciación de la cláusula de garantía, en sentir de la impugnante, al interpretar que durante la vigencia del contrato la alarma debía estar instalada y funcionando.

Posición que, dice, es desacertada, porque al pactarse que la asegurada debía “mantener la alarma monitoreada hasta la vigencia de la póliza”, las “pruebas arrimadas al proceso” no revelaban la intención de las partes de tenerla “activada”, menos instalada durante la vida del contrato, pues aunque “suene ilógico”, la obligación podía cumplirse el último día de su vigencia, dado que las acepciones “hasta”, “desde” y “durante”, son diferentes, lo mismo que “instalar”, “monitorear” y “activar”.

Por esto, la censura sostiene que la prestación a su cargo se limitaba a la “instalación de una alarma no monitoreada”, todo lo cual fue cumplido “más allá”, pues al unísono con el “ajustador del seguro”, allí se situó “una alarma monitoreada”, así no estuviera activada.

Agrega además que de buena fe se presentaron los documentos para demostrar el siniestro y su cuantía, y no como hábilmente quiso ocultarlo la “Gerente de la Sucursal de Pasto… en su testimonio”, al decir que los soportes respectivos se encontraban en Bogotá, en tanto al ajustador le indicaron que se estaban en Pasto, a quien finalmente no le entregaron nada.

3. Concluye la recurrente, que el Tribunal adicionó a la cláusula en cuestión “contenidos que originalmente no tenía”, con incidencia en las normas citadas como violadas.

Consideraciones

1. Pese a que el cargo también plantea una discusión acerca de una de las características de la alarma convenida, esto es, si debía ser o no monitoreada, esa problemática cae en el vacío, porque la conclusión del Tribunal parte de aceptar lo primero, en coherencia precisamente con el cargo, al decirse que la censura cumplió a cabalidad con la obligación, pues el mecanismo colocado respondía a “una alarma monitoreada con sensores en diferentes áreas del riesgo asegurado”.

La polémica, entonces, se reduce a establecer si el ad quem se equivocó al fulminar la absolución de la sociedad demandada, sobre la base de considerar que la parte actora había incumplido la carga de mantener la “alarma monitoreada”, debidamente “activada” el día de los hechos.

2. No obstante, como la recurrente cuestiona la época en que se debía instalar la alarma, el punto debe examinarse de antemano, pues si se concluye que podía situarse, inclusive, el último día de vigencia de la póliza, el tema del funcionamiento, en ese preciso caso y en lo que respecta al sub judice, se tornaría intrascendente, porque el siniestro tuvo lugar mucho antes de expirar el término de duración del contrato.

2.1. Para el ad quem, por supuesto, no fue extraña esa alegación, sólo que al entender que la alarma tenía que estar activada el día de los acontecimientos, no otra cosa estaba significando, en asociación de hechos, que debía estar armada “desde” y “durante” la vigencia del contrato de seguro, porque por lógica no puede funcionar lo que no se ha instalado.

La conclusión, desde luego, el sentenciador la sujetó a los efectos de la cláusula, en cuanto interpretó, “pese a la literalidad de las palabras”, que si esa conducta estaba dirigida a minimizar la ocurrencia del siniestro, no se podía aceptar que el cumplimiento de la obligación, la instalación del artefacto, se extendía “hasta el ocaso del negocio”, porque esto “implicaría dejar sin eficacia alguna dicha exigencia, lo cual riñe con el carácter absoluto” y “con la esencia de las garantías”.

En ese orden de ideas, al reclamarse en el cargo una interpretación gramatical del pacto acusado, en el sentido de que la preposición “hasta” exoneraba a la demandante de cumplir la obligación “desde” el inicio de la vigencia de la póliza y “durante” la ejecución de la convención, pronto advierte la Corte que sobre el particular el juzgador y la censura no están sintonizados.

El ataque, en ese preciso aspecto, por lo tanto, se torna desenfocado, pues mientras la recurrente sostiene la “literalidad” de las palabras (C.C., art. 1618), el sentenciador, bien o mal, decidió la controversia desde el punto de vista de la “eficacia” del contrato (art. 1620, ibíd.).

Por esto, para que el embate fuere simétrico, el recurrente debió dirigir su embate a mostrar, por los cauces y las razones que fueren, que la obligación de instalar la alarma desde la vigencia de la póliza, no producía ningún efecto, pero como esto fue omitido, la Corte se ve relevada de estudiar el fondo de lo planteado, toda vez que, al margen del acierto, la conclusión del ad quem, al no ser controvertida, sigue amparada por la presunción de legalidad y acierto.

2.2. No empece, en el ámbito gramatical, el Tribunal no incurrió en el error de hecho enrostrado, porque la interpretación que en el cargo se hace de la cláusula de garantía, es insular, si se tiene en cuenta que, para ese laborío, la censura sólo toma el inciso segundo y margina el primero, pasando por alto que este último simplemente es el complemento del otro.

En efecto, conforme al inicio de la redacción de la estipulación, la obligación de la asegurada, en el sentido de que “cumplirá las instrucciones o mantendrá en perfecto estado de funcionamiento las protecciones”, debía cumplirla “durante la vigencia del seguro”, compromiso que de acuerdo con el otro párrafo, se extendía “hasta la vigencia de la póliza”.

Como se observa, en el ámbito temporal, las primeras líneas fijan el comienzo de la prestación, mientras las segundas, la permanencia de la misma. De ahí que resulta errado sostener, cual se hace en el ataque, que la carga de instalar la “alarma” podía cumplirse “hasta” el último día de “vigencia de la póliza”, porque la preposición aparece utilizada en sentido inclusivo, como límite en que debía mantenerse ejecutada la acción.

Esto significa que, desde la óptica de la literalidad de las palabras, la conclusión del juzgador de segundo grado, relativa a que la obligación de tener instalada la alarma se hizo exigible desde la vigencia de la póliza, sería la misma que dedujo desde el punto de vista de su eficacia, y esto, por sí, descarta la comisión de cualquier error de hecho sobre el particular.

Con mayor razón, cuando esta Corporación tiene suficientemente decantado que el “contrato de seguro es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito operativo, para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes, predomina el texto de la que suele denominarse ‘escritura contentiva del contrato’”(5).

3. Elucidado lo anterior, pasa a examinarse si la obligación quedaba cumplida con la instalación de la “alarma monitoreada”, nada más, o si era necesario, fiel a la redacción de la cláusula, mantenerla en “perfecto estado de funcionamiento”, o al decir del Tribunal, “activada” o en “constante funcionamiento”.

Con ese propósito, la Corte deja bien claro que mientras para ad quem la “intención de los contratantes era tener una herramienta eficaz… a efecto de minimizar las posibilidades de ocurrencia del siniestro”, para la recurrente las “pruebas arrimadas al proceso” no revelaban el propósito de los contratantes de mantener la alarma “activada”.

En ese orden, lo primero que se observa es que si la censura sostiene el cumplimiento de la obligación de garantía con la simple instalación de la alarma, esto implica aceptar, en lo cual no hay polémica, que efectivamente para el momento en que se perpetró el hurto calificado, la alarma monitoreada que se había instalado, se encontraba desactivada.

Así mismo, al margen de cualquier otra circunstancia, que ese hecho era suficiente para predicar el incumplimiento imputado a la demandante, porque de acuerdo con la literalidad de la cláusula de “garantía específica”, la obligación de conducta de la pretensora se materializaba no sólo instalando la alarma monitoreada, sino dejándola “en perfecto estado de funcionamiento” “durante la vigencia del seguro”.

Además, porque si el artículo 1061, inciso 3º del Código de Comercio, establece que la “garantía, sea o no sustancial respecto del riesgo, deberá cumplirse estrictamente”, al punto que conforme al apartado segundo de la misma disposición, debe constar de manera “inequívoca” en la “póliza o en los documentos accesorios a ella”, para nada jugaba, como sostiene la censura, que las pruebas arrimadas al proceso revelaran o no la intención de las partes de mantener la alarma funcionando.

De manera que si, para el efecto, bastaba una desatención objetiva de la cláusula en cuestión, sin la presencia de ningún elemento subjetivo, lo que queda en pie de la discusión es simple y llanamente el concluido incumplimiento, porque para la estructuración de éste, la norma no condiciona la garantía, en palabras del Tribunal, a que sea una “herramienta eficaz… a efecto de minimizar las posibilidades de ocurrencia del siniestro”.

Sobre el particular la Corte tiene dicho que el “artículo 1061 del Código de Comercio, a manera de plus, no exige que inexorablemente deba existir una íntima, estrecha e indisoluble relación —o comunión— con el riesgo, concretamente en lo tocante con el incremento en la probabilidad de realización del mismo, toda vez que es una cautela que, de jure condito, no demandó la norma en estudio, constituyéndose en un aditamento de origen extralegislativo, por respetable y loable que sea”(6).

Como en otra ocasión se señaló, el “papel de las garantías pactadas en el contrato de seguro —particularmente, como ocurre en este caso, cuando se trata de garantías de conducta—, no es el de delimitar materialmente el riesgo, sino, como ya se ha reseñado, el de generar confianza en el asegurador en el sentido de que el riesgo contratado se mantendrá en los términos por él conocidos y evaluados al momento de determinar la prima del seguro”(7).

Luego, así el Tribunal haya insuflado el precepto, la polémica de la recurrente, respecto del ingrediente subjetivo, queda sin piso, porque el incumplimiento objetivo, la desactivación de la alarma monitoreada en el momento de los hechos, es suficiente para mantener, por sí, la decisión. La prosperidad del ataque, desde luego, requería no sólo hacer notar ese otro yerro, que no se hizo, sino también poner de presente que la alarma se encontraba en “en perfecto estado de funcionamiento”, pero como esto también fue omitido, toda la controversia planteada, desde el punto de vista técnico, se torna totalmente desenfocada.

4. El cargo, por tanto, tampoco se abre paso.

Cargo tercero

1. Acusa la violación de los artículos 1077 del Código de Comercio y 177, inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de la comisión de un error de derecho.

2. Lo anterior, en sentir de la recurrente, al sostener el Tribunal que ella debía suministrar la prueba de la materialización de la cláusula de garantía, siendo que la “afirmación indefinida” contenida en la demanda y en la réplica de las excepciones, sobre que esa obligación había sido honrada a cabalidad, la exoneraba de esa carga, con mayor razón cuando los demás medios de convicción arrimados, documentos, interrogatorios y testimonios, no daban cuenta del incumplimiento.

Agrega que como a la sociedad aseguradora también le correspondía demostrar fehacientemente las circunstancias que exoneraban el pago del siniestro, la norma probatoria igualmente debió aplicarse en doble vía.

3. Concluye la censura que el error trascendió la decisión e incidió en la otra norma citada, porque la aplicación indebida de la carga probatoria “hizo rodar por el piso la aspiración indemnizatoria”.

Consideraciones

1. El cumplimiento afirmado por la demandante en el libelo introductor y en el escrito mediante el cual se contestaron las excepciones, lo edifica sobre la base de haber instalado la alarma monitoreada, sin importar que, para el momento de perpetrarse el hurto calificado, estuviere o no activada.

No obstante, al concluirse que ese artefacto, acorde con el contenido literal de la cláusula de “garantía específica”, tenía que estar en “perfecto estado de funcionamiento”, todo, “durante la vigencia del seguro”, surge claro que la prestación no fue cumplida “estrictamente”, como lo exige el artículo 1061, inciso 3º del Código de Comercio.

En ese contexto, desde ya se advierte, sin más, el fracaso del cargo, porque con independencia de su juridicidad, las consecuencias que en el ámbito de la carga de la prueba pregona la impugnante, respecto de ciertas cuestiones indefinidas, parten de haber cumplido, sí, pero imperfectamente, porque como ha quedado elucidado, dicho sistema de alertas, pese a que también debía permanecer en “perfecto estado de funcionamiento”, para la época de los hechos, se encontraba desactivado.

2. Por lo demás, la expresión de cumplimiento, así sea a medias, no se encuentra exenta de la carga de la prueba, puesto que una situación de carácter indefinida, para que sea tal, y por ende, imposible de demostrar judicialmente, excluye asociarla con una circunstancia concreta, limitada en el tiempo, modo y lugar, porque de ser así, el hecho contrario que se opone también comporta una cuestión correlativa de igual naturaleza, susceptible por ende de demostración.

Refiriéndose a las cuestiones indefinidas, la Corte tiene dicho que como “no implican, ni indirecta ni implícitamente, la afirmación de hecho concreto y contrario alguno (…), ‘son de imposible demostración judicial, desde luego que no implican la aseveración de otro hecho alguno’, de suerte que éstas no se pueden demostrar, no porque sean negaciones, sino porque son indefinidas”(8).

El cumplimiento de una prestación, desde luego, conlleva la existencia de un hecho contrario, como es el incumplimiento, ambas cosas, por lo tanto, susceptible de acreditación. En ese evento, se trata de hechos definidos relacionados con una prestación, sujetos al régimen relacionado con el deber de probarlos, sentado de modo general en el artículo 1757 del Código Civil, según el cual “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.

En el caso, si la aseguradora demostró la existencia de la obligación de garantía contra la actora, resulta desacertado sostener que a ella también le incumbía acreditar una ejecución que no era suya. Por esto, le bastaba afirmar, acorde con la norma trascrita, el incumplimiento, para que la prueba del hecho positivo definido contrario, que no indefinido, se trasladara a quien de manera efectiva debía honrar la prestación “estrictamente”.

En ese orden de ideas, el Tribunal no incurrió en el error de derecho denunciado, al sostener que la carga de demostrar el cumplimiento de la obligación de garantía, correspondía a quien debía observarla, para que, reunidos los demás requisitos exigidos en la ley, tuviera derecho a la indemnización que se hizo derivar del contrato de seguro.

3. El reproche, en consecuencia, resulta infundado.

Cargo cuarto

1. Denuncia el desconocimiento indirecto de los artículos 1061, 1071, 1077 y 1080 del Código de Comercio.

2. Según la censura, el Tribunal incurrió en error de hecho al pasar por alto la comunicación proveniente de la demandada, acerca de la revocación unilateral del seguro, en fecha posterior a la ocurrencia de los hechos.

Esto implica también que “jamás hubo una violación a una garantía”, porque si hubiese ocurrido el incumplimiento, esto habría originado la terminación unilateral del contrato de seguro, en lugar de la figura jurídica que la aseguradora aplicó.

3. En el cargo se concluye, por lo tanto, que al renunciarse a extinguir la convención con fundamento en el artículo 1061 del Código de Comercio, se “minó de trivialidad la cláusula de garantía (…), dejando absuelto al asegurado de cualquier infracción o incumplimiento de la garantía”.

Consideraciones

1. Con relación a un contrato de seguro, entre las diferencias que existen entre la revocación y la terminación, según voces de los artículos 1071 y 1061 del Código de Comercio, en su orden, se destaca que si bien ambas son unilaterales y discrecionales, la primera no obedece a una causa específica y carece de efectos pretéritos, mientras la segunda tiene su manantial en el incumplimiento del asegurado de una obligación permanente de garantía y se retrotrae a la época de la infracción.

2. En el proceso, es cierto, aparece el documento en cuestión, según el cual la compañía aseguradora, aduciendo políticas de suscripción adoptadas, decide, “a partir del 6 de marzo de 2004”, no sólo “dar por terminado el contrato de seguro”, sino también devolver, según el caso, el valor de la prima “correspondiente al período comprendido entre la fecha de cancelación y la fecha de terminación de la vigencia”.

En coherencia con el ataque, lo anterior, cual se observa, nada tiene que ver con la infracción de la garantía establecida, porque ocurrido el riesgo, el hurto calificado, con mucha anterioridad, específicamente el 28 de noviembre de 2003, para la extinción del contrato, la compañía aseguradora no adujo el incumplimiento del deber de conducta, en esa misma data, y tampoco abrazó sus efectos hacia el pretérito.

Así que, tratándose en el caso de la revocación unilateral del contrato de seguro, como en efecto lo es, lo dicho significa, simple y llanamente, de una parte, su destrucción total, pero sin eficacia retroactiva; y de otra, su pervivencia intacta, en lo que concierne al pasado, en concreto, durante el período comprendido entre la vigencia y el aniquilamiento.

3. La mecánica del cargo que se estudia supone aceptar el incumplimiento de la cláusula en cuestión, porque al decirse, frente a la mentada revocatoria, que la compañía aseguradora renunció a las consecuencias favorables que se derivaban de la infracción, es apenas lógico que no se puede absolver, como se predica, de algo inexistente.

El error de hecho, sin embargo, no se estructura, así se haya omitido apreciar el documento en comento, por la falta de relación causal con la decisión final. En efecto, si antes de la revocación del seguro, al decir de la Corte, lo “agotado, agotado está”(9), no resulta dable sostener que aquella voluntad unilateral destruyó el incumplimiento, en una especie de renuncia, al menos tácita, porque como ha quedado explicado, lo ocurrido hacia el pasado permanece totalmente intacto, con todas las consecuencias que le son inherentes.

De ahí que con independencia de la revocación unilateral del contrato, la Sala tiene sentado, frente a la desatención de la cláusula específica de garantía, que el “seguro, no termina de suyo, por sí y ante sí, sino por decisión unilateral de la aseguradora, facultad que puede ejercer o no”; y que esa “inobservancia … concede derecho al asegurador para terminar el contrato por decisión suya, y también al margen de esta posibilidad, desencadena efectos nocivos al incumplido”(10), cuestión esta última que fue, precisamente, la que originó el fallo absolutorio.

4. El cargo, en consecuencia, no prospera.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 3 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Josefina Amparo Matabajoy Burbano y Rigoberto Guerrero Ruano contra Mapfre Seguros de Colombia S.A.

Las costas del recurso corren por cuenta de la parte demandante recurrente. En la liquidación respectiva, inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000), por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente.»

(1) Sentencia de 10 de octubre de 2006, expediente 26099, reiterando CCXLIII-51.

(2) Sentencia 040 de 25 de abril de 2000, expediente 5212, reiterando doctrina anterior.

(3) Sentencia de 8 de agosto de 1994, CCXXXI-265, Segundo Semestre, Volumen I.

(4) Sentencia 070 de 23 d abril de 2002, expediente 5998.

(5) Sentencia de 29 de enero de 1998, CCLII-46, reiterada en sentencia de 6 de julio de 2009, expediente 00414, entre otras.

(6) Sentencia de 30 de septiembre de 2002, expediente 4799.

(7) Sentencia de 19 de diciembre de 2008, expediente 00075.

(8) Sentencia de 20 de enero de 2006, expediente 1999-00037.

(9) Sentencia 248 de 14 de diciembre de 2001, expediente 6230.

(10) Sentencia de 27 de febrero de 2012, expediente 14027.