Sentencia 2005-00611 de junio 1º de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: C-1700131100012005-00611-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., primero de junio de dos mil diez.

Se decide el recurso de casación que interpuso José Noel Gómez Arias, respecto de la sentencia de 16 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Manizales, Sala Civil-Familia, en el proceso de investigación de la paternidad de Gloria Inés Aguirre contra el recurrente.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Los cuatro cargos formulados contra la sentencia compendiada, serán resueltos en el mismo orden, aunque aunado el segundo y el último, por servirse de consideraciones comunes.

Cargo primero

1. Apoyado en el artículo 368, numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la sentencia compendiada por haberse proferido en presencia de la nulidad consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política.

1.1. En primer lugar, porque siendo la demandante mayor de edad, al proceso se le imprimió el procedimiento señalado para el ordinario de mayor cuantía, pero en el auto admisorio de la demanda se decretó la práctica de la prueba de ADN, hecho que es totalmente ajeno a dicho trámite.

1.2. En segundo término, por haberse cercenado la oportunidad de aclaración y complementación de la “prueba de ADN”, y por ende, su posterior objeción, pues no era dable rechazar, arbitrariamente, como se hizo, la solicitud de aclaración, situación que torna nulo de pleno derecho el medio.

El articulo 238 del Código de Procedimiento Civil, dice el recurrente, no señaló requisitos para solicitar aclaración del dictamen, tampoco faculta al juez para rechazar la petición con el pretexto de que “no hubo cuestionamientos científicos”, pues ello implica retroceder a la tarifa legal de la prueba. Pese a que se desconoce el alcance de los “cuestionamientos científicos”, en el caso, la aclaración se sustentó en razones tomadas de la “ciencia estadística y de la genética molecular”.

1.3. Finalmente, al negarse la práctica de los testimonios solicitados, teniéndose derecho a presentarlos y controvertirlos, pues de acuerdo con la doctrina constitucional, además de no existir tarifa legal de la prueba, el dictamen de ADN es controvertible y su resultado es simplemente probable.

2. Solicita el recurrente, en consecuencia, que se case la sentencia del tribunal y se retrotraiga la actuación a la etapa oportuna en el caso de aceptarse la primera o tercera causal de nulidad denunciada, o de prosperar la segunda, se decrete la invalidez de la prueba de ADN.

Consideraciones

1. Invocada la causal quinta de casación, es decir, la “existencia de alguna de las causales de nulidad consagradas en el articulo 140” del Código de Procedimiento Civil, esto supone, de una parte, que en el proceso realmente existe un vicio de actividad y que esa irregularidad se subsume en alguna de las hipótesis que el mismo precepto, limitativamente, enumera.

Las controversia, por tanto, que se suscita alrededor de un medio probatorio determinado, bien por ilícito (C.N., art. 29), ya por ilegal, esto último en cualquiera de las fases que la integran (postulación, decreto, práctica o valoración), no pueden estructurar ninguna causal de nulidad procesal, porque estas, cuando son trascendentes, se dirigen a restablecer las garantías mínimas de defensa y contradicción, situación que no acontece con una prueba afectada en los términos dichos, porque esto simplemente conduce, por regla general, a que no sea tenida en cuenta.

Como tiene explicado la Corte, la “‘nulidad’” de la prueba, por el contrario, afecta, en principio, solamente al medio irregularmente aducido, tornándolo ineficaz para aportarle al juzgador elementos de juicio, sin que, subsecuentemente, por su causa se llegue a invalidar el proceso. De modo que si el fallador apuntala su determinación en una prueba ‘nula’, esa incorrección podrá desembocar en un error de juzgamiento, derivado de haber decidido el litigio tomando en consideración hechos que no estaban debidamente probados en el proceso.

“Desde luego que la norma jurídica, en cuanto mandato hipotético que es, representa en forma abstracta, una determinada situación para disponer sobre ella, de manera que su concreción se realiza mediante la sentencia judicial, a partir de la comprobación de los hechos del caso y su equiparación con los que el precepto legal supone. Pero como a su vez el conocimiento de los hechos por el sentenciador, es una operación que también se encuentra gobernada por las normas de derecho probatorio, cabalmente, para garantizar su seriedad y la eficacia de su contenido, el quebrantamiento de tales reglas podrá generar una distorsión en la percepción de los hechos y la consiguiente violación de la norma sustancial. De ahí que el juzgador solamente pueda valerse, para efectos de convencerse de la existencia de un hecho específico, de las pruebas legal y oportunamente aducidas al proceso.

“Resulta claro, entonces, que la sanción que en principio se deriva de la ‘nulidad’ de la prueba, no es otra que la de su ineficacia, asunto que, por regla general, no se expande al proceso el cual, en cuanto tal, no sufre mengua ni, por supuesto, da lugar a su renovación total o parcial, a menos obviamente que en casos excepcionales haya lugar a la repetición de la prueba.

“Dicho esto, la diferencia entre la nulidad del proceso y la de la prueba, aflora diáfanamente, pues mientras la primera comporta un yerro de actividad del juez, la segunda puede despuntar en un error de juicio del fallador derivado de haberla estimado, no obstante su irregularidad”(1).

En ese orden, si el tribunal se equivocó al fundar su decisión, exclusivamente, en la prueba de ADN, respecto de la cual, por las circunstancias que fueren, se impidió que fuera controvertida, como se adujo al estructurarse la supuesta segunda causal de nulidad, el error, en principio, no seria de actividad, sino de juzgamiento, atacable por una vía distinta, pues al decir de la Corte, por regla general, la irregularidad de “uno de los medios probatorios no puede equipararse a nulidad de todo el proceso o una parte de él”(2).

2. Con relación a que la sentencia recurrida no reconoció el derecho a presentar y controvertir pruebas distintas al examen de ADN, en el cargo no se menciona la causal de nulidad procesal en que se incurrió, pero al entroncarse la inconformidad con el derecho a probar, la irregularidad procesal únicamente se estructuraría cuando se omiten los términos para pedir o para practicar pruebas (CPC, art. 140, num. 6º), mas no cuando se considera que un medio, por sí solo, no es idóneo para acreditar determinado hecho, porque esto se relaciona con la apreciación jurídica de la prueba, que es un aspecto de juzgamiento y no de actividad.

El cargo, por lo tanto, en este otro apartado, también resulta infundado, pues distinto a que se haya cercenado el derecho a probar, es que el recurrente considere, con independencia del acierto, que al examen de genética debía sumársele otros medios, como la declaración de terceros, para demostrar la paternidad, lo cual significa que dicho dictamen, aisladamente, no tenia la virtud de establecerla. De ser cierto el argumento, el error sería netamente probatorio, porque se superó un hecho con una prueba insuficiente, cuyo reclamo debió encausarse por la causal primera de casación.

3. El otro vicio denunciado tiene que ver con el tramite aplicado, pero como el recurrente acepta que el procedimiento observado corresponde al señalado para el proceso ordinario de mayor cuantía, pues quien investiga la paternidad es mayor de edad, precisamente el que corresponde, como así lo tiene decantado la Corte(3), todo se reduce a establecer si el decreto anticipado de la prueba de ADN, en el auto admisorio de la demanda, concretamente, afectaba todo lo actuado.

Siendo claro, desde luego, que no hubo equivocación en la elección de procedimiento, desde ya se advierte que el error de actividad no existe, porque la causal tiene cabida solo cuando se sustituye totalmente el trámite, por ejemplo, “el verbal por el ordinario, este por el abreviado, o aquel por este o por el ordinario, o el abreviado por este o por el verbal”(4), y no cuando se cometen desaciertos en alguna de sus fases, porque para superarlos debe acudirse a causales de nulidad procesal distintas o a otras remedios establecidos en el ordenamiento, como los recursos ordinarios de impugnación.

Por esto, la Corte tiene explicado que los “desvíos ocurridos al interior de un procedimiento, verbi gratia, cuando se ‘omite, modifica o recorta alguna de las etapas de este’, se traducen en simples desarreglos que de suyo son ‘incapaces... para contaminar el todo’, entre otras razones porque en ‘últimas habrían podido remediarse a través de la gestión impugnaticia’”(5).

Frente a lo anterior, en el hipotético caso que fuere irregular decretar la prueba de marcadores genéticos, mediante las técnicas del ADN, en el auto mediante el cual se admitió la demanda, no obstante así disponerlo el articulo 8º de la Ley 721 de 2001, ello no traduce en la nulidad del proceso ordinario de filiación, por inadecuado trámite, porque en manera alguna esa actuación está trocando en su totalidad el procedimiento. Ahora, si hubo una irregularidad, la misma quedó saneada, porque no se reclamó en su oportunidad en la forma prevista en el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

4. En esas circunstancias, el cargo, en su contexto, está llamado al fracaso.

Cargo segundo

1. Acusa la violación indirecta de los artículos 29 de la Constitución Política, 29 de la Ley 45 de 1936, 6º de la Ley 75 de 1968, 4º y 8º de la Ley 721 de 2001.

2. Afirma el recurrente que el sentenciador incurrió en error de derecho en la apreciación del examen de ADN, al darle, aplicando una especie de tarifa legal, eficacia probatoria, cuando no lo tiene, porque como única era insuficiente para decretar la paternidad reclamada, y porque al impedirse que fuera aclarada o complementada, no pudo ser controvertida, razón por la cual no podía considerarse en firme.

3. El error, agrega, es trascendente, porque con base en una prueba que no era idónea ni regular para establecer paternidad, se confirmó la sentencia del juzgado.

Cargo cuarto

1. Denuncia la trasgresión de los artículos 29 de la Constitución Política y 10 de la Ley 75 de 1968, referido a los artículos 401, 402 y 403 del Código Civil, como consecuencia de error de hecho en la apreciación de la prueba de ADN.

2. Lo anterior, porque el tribunal “adulteró la objetividad” del citado medio, pues al no estar en firme ni tener la eficacia probatoria que le reconoce, únicamente podía valorarse cuando se permitiera controvertirlo, integrado, obviamente, con las otras pruebas regular y oportunamente aportadas.

3. El error, sostiene el recurrente, es trascendente, porque el tribunal tuvo por demostrada la paternidad sin que, por lo dicho, existiera la prueba de la misma.

Consideraciones

1. El estudio conjunto de los cargos se justifica, porque pese a que, respecto del examen de ADN, en el último se denuncia la comisión de un error de hecho, en definitiva, es el mismo error de derecho que se pone de presente en el otro. En el cargo cuarto, en efecto, el reproche no se circunscribe a la materialidad del medio en sí mismo considerado, en cuanto se tergiversó, se cercenó o se adicionó, sino a algo posterior, concretamente, a lo que ocurrió en la etapa de contradicción del dictamen y a la carga probatoria que desde el punto de vista jurídico se le imprimió, aspectos todos igualmente comprendidos, como corresponde, en el cargo segundo.

2. Cuando se acoge un medio para acreditar determinado hecho y se afirma que por sí solo no es idóneo para el efecto, pues la ley exige el concurso de otros elementos de convicción, se supone que cualquier crítica material o jurídica de la prueba en si misma considerada, esto último, al menos en lo que concierne al caso, en cuanto al proceso legal de producción, ha sido superado, porque por lógica, a aquello no se puede arribar sin la verificación de lo otro.

Frente al contenido de los cargos, al no cuestionarse el alcance objetivo de la prueba de ADN, ante todo se impone examinar si fue controvertida, que es a lo que, respecto de la contemplación jurídica de la prueba, se circunscribe la protesta. En caso positivo, que sería el paso siguiente, sí podía tenerse como única para dejar establecido el hecho investigado.

3. Con relación a lo primero, pertinente resulta precisar que una cosa es no haberse tenido la oportunidad para contradecir la prueba, y otra, distinta, que ese derecho, sin consideración a su resultado, se hubiere ejercitado. En aquel evento, el medio, simplemente, sin más, carecería de eficacia probatoria; en cambio en el segundo, todo dependería de las razones que se hubieren aducido, bien para no dar trámite a la contradicción, ya para acogerla o desestimarla.

3.1. Examinada la actuación, observa la Corte que en auto de 3 de octubre de 2006, el juzgado dispuso dar traslado del examen de ADN, por el término legal de tres días, para que las partes pudieran solicitar “aclaración, modificación u objeción”.

De cara a esa realidad procesal, el tribunal no pudo incurrir en error de derecho al valorar la aludida prueba, porque sin parar mientes en lo que haya sucedido con posterioridad, en lo que respecta a ese preciso tópico, al recurrente efectivamente se le brindó la ocasión para que ejercitara el derecho de contradicción.

3.2. Si bien dicha parte impetró tempestivamente que el dictamen fuera complementado y aclarado, el juzgado, mediante auto de 19 de diciembre de 2006, consideró improcedente dar trámite a la petición, de acuerdo con el artículo 238, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, porque además de que el examen se avenía a los requisitos del articulo 1º, parágrafo 3º de la Ley 721 de 2001, los interrogantes planteados no se referían al contenido en sí de la prueba, sino a cuestiones científicas en general.

El tribunal, al confirmar la sentencia apelada, señaló que lo decidido en ese punto por el a quo no ofrecía reparo alguno, puesto que al encontrarse sustentado el dictamen en criterios científicos, la contradicción no podía fundarse en aspectos “especulativos” y “menos con interrogantes que nada aportan o prueban”, “lo cual solo da lugar deducir (sic) que tales inquietudes tropiezan ante la firmeza, precisión y claridad de la pericia”.

En los cargos, empero, respecto de lo expuesto, simplemente se afirma que al impedirse que la prueba de ADN fuera aclarada o complementada, no pudo ser controvertida, de ahí que tampoco podía considerarse firme, pero el recurrente omite cuestionar las razones que llevaron al sentenciador a concluir que se había acertado al considerar improcedente la solicitud de aclaración y adición de dicho dictamen.

Por lo tanto, si en algún error probatorio se incurrió, habría que buscarlo en dichas razones. Sin embargo, al guardarse absoluto silencio sobre el particular, esto es suficiente para que este otro segmento del cargo no se abra paso, porque aparte de seguir amparadas esas motivaciones por la presunción de acierto, no hay lugar a adelantar ninguna pesquisa oficiosa, dado el carácter estricto y dispositivo con el que se halla impregnado el recurso de casación.

La Corte suficientemente tiene explicado que los “cargos operantes en un recurso de casación no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido con el objeto de desvirtuarlos o quebrantarlos”. Por esto, “cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos, son inoperantes”, el recurrente no puede “alegar con éxito, razones o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido”(6).

No bastaba, entonces, protestar, sin más, por haberse declarado improcedente la solicitud de aclaración o adición del dictamen, sino que ha debido ponerse de presente que lo implorado en su momento no tocaba criterios especulativos y que los interrogantes planteados sí aportaban o probaban aspectos específicos de la prueba, nada de lo cual, se repite, fue cumplido, para tener en el punto una acusación cabal e idónea.

4. En lo que queda del ataque, se sostiene que el tribunal incurrió en error de derecho al darle, aplicando una especie de tarifa legal, eficacia probatoria a la “prueba de ADN”, cuando no la tenía, porque como única era insuficiente para decretar la paternidad reclamada.

4.1. Es innegable la importancia probatoria que, en los procesos de investigación de la paternidad, tiene actualmente el examen de marcadores genéticos de ADN, para establecer la verdadera filiación de una persona, aunque no de manera absoluta, porque cuando se practica con el presunto padre vivo y el resultado indica un índice superior al 99.9% (L. 721/2001, art. 1º), resulta claro que si bien no alcanza el 100%, sí muestra la existencia de una probabilidad que se aproxima en grado sumo a la realidad, esto es, a la verdad biológica.

Por esto, en palabras de la Corte, el problema que surge alrededor de ese medio de convicción, “no es el de cómo creer en la prueba genética, sino el de cómo no creer en ella, de manera que, en cualquier caso, quien quiera desvirtuar esa alta dosis demostrativa, que lo acredite”(7).

La Sala, en vigencia de la citada ley, ha sostenido que la prueba de ADN, cuando es positiva, concretamente en los casos en que la probabilidad de paternidad es superior al índice dicho, como en el caso, no necesariamente se erige en el única medio para proferir sentencia estimatoria(8), sino que, acorde con la Corte Constitucional(9), la jurisdicción puede acudir a otros medios para llegar a una conclusión completa, absoluta, del hecho investigado, puesto que como el referido examen, se repite, no descarta la posibilidad de una ínfima parte de error, solamente alcanza un alto porcentaje de certeza judicial.

Sin embargo, al reconocerse que en esa materia el “legislador (...) respeta, de entrada, la autonomía judicial para la valoración de la prueba”, según se indicó en la sentencia de constitucionalidad citada, es claro que si el juez se priva de conocer, mediante otros medios, circunstancias también indicativas de la paternidad, dándola por establecida con el examen de marcadores genéticos, necesariamente debe seguirse que, con ese propósito, consideró el medio suficiente, cuestión que es diferente a que se hubiere dicho que las otras pruebas no eran idóneas legalmente para el mismo efecto.

En ese evento, entonces, lo que debe reclamarse, por el camino que corresponda, es lo relativo a que el examen de ADN, intrínsecamente, era insuficiente o se encontraba afectado, por las circunstancias que fueren, si así se estima por la parte agraviada, porque a la postre, bien o mal, el medio fue valorado.

4.2. El tribunal, por lo tanto, no pudo incurrir en el error de derecho que en esta oportunidad se le imputa, porque en ninguna parte señaló que toda prueba distinta al examen de ADN, come la testimonial o la documental, en fin, era inconducente para establecer la paternidad, por el contrario, expresamente indicó, que frente a un dictamen contundente, come el del caso, los otros medios adquirían un poder persuasivo secundario.

Si bien en otro apartado consideró que la prueba biológica era la “Única válida” para declarar judicialmente la paternidad, la expresión debe entenderse en el anterior contexto, es decir, que las otras pruebas también eran idóneas para el efecto, solo que con un valor secundario, corroborante, al lado del examen de ADN, específicamente cuando el índice de paternidad es superior al 99.9%. Así que la prueba se tuvo como suficiente, que no excluyente, para dejar establecido el hecho investigado, precisamente por venir ajustada a los requisitos exigidos en la Ley 721 de 2001, razón por la cual, como el propio tribunal lo afirmó, el “operador jurídico” no podía “resistirse a reconocer” el mérito probatorio que tenia.

En ese orden, si el examen de ADN, en sí mismo considerado, era insuficiente o su pureza y fidelidad estaban en duda, el embate debió enderezarse en ese sentido, cosa que se omitió, pues como quedó dicho, frente a la contundencia del resultado de marcadores genéticos, “quien quiera desvirtuar esa alta dosis demostrativa, que lo acredite”. No bastaba, por lo tanto, argüir que así el resultado del examen se aproximara a la certeza absoluta del hecho investigado, la paternidad declarada debía secundarse con otras pruebas, porque el tribunal, se repite, dado el valor persuasivo que tenía la prueba científica, simplemente consideró superfluos otros medios.

5. Los cargos segundo y cuarto, por lo tanto, no se abren paso.

Cargo tercero

1. Denuncia la violación de los artículos 1º, parágrafo 3º, literal e), y 8º, parágrafo 2º de la Ley 721 de 2001, modificatorios, respectivamente, de los artículos 7º y 14 de la Ley 75 de 1968, y 174 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia del error de derecho cometido en la apreciación de la prueba de marcadores genéticos.

2. Manifiesta el censor que para apreciar dicha prueba, se exigía que contuviera, como mínima, la “descripción del control de calidad del laboratorio”, pero la del caso no especifica ese requisito, quedando afectada, por tanto, en su producción y validez, razón por la cual no se podía fallar con base en ese medio, por el contrario, debió aceptarse su aclaración.

3. Solicita que se case la sentencia del tribunal y se dicte la sustitutiva que corresponda, excluyendo del análisis dicha prueba.

Consideraciones

1. De entrada advierte la Corte que el cargo no reúne los requisitos formales para resolverlo de fondo, porque se omitió señalar una cualquiera de las normas de derecho sustancial que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, como obligatoriamente lo exige el articulo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el articulo 162 de la Ley 446 de 1998, en concordancia con el articulo 374, numeral 3º del Código de Procedimiento Civil.

Si por precepto de ese linaje se entiende el que declara, crea, modifica o extingue relaciones jurídicas concretas(10), es decir, el que se ocupa de regular una situación de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jurídica, ese calificativo no lo pueden tener los artículos que regulan determinada actividad probatoria o procesal. Los de aquella, porque su violación simplemente constituye un puente para dar al traste con el derecho sustancial, como así lo diferenció el legislador (CPC, art. 374, in fine), y los de esta, porque su trasgresión lo que pone en entredicho son las garantías mínimas de defensa y contradicción, para cuya defensa, en casación, se instituyó una causal distinta a la instituida para denunciar errores de juzgamiento.

Los artículos 1º, parágrafo 3º, literal e), y 8º, parágrafo 2º de la Ley 721 de 2001, modificatorios, respectivamente, de los artículos 7º y 14 de la Ley 75 de 1968, y 174 del Código de Procedimiento Civil, únicos preceptos denunciados como violados, no tienen la connotación de derecho sustancial, este último porque únicamente consagra el principio de la necesidad de la prueba; el primero, porque al decir de la Corte, simplemente está destinado, con relación al examen de ADN, “a regir la actuación procesal del juez, cuando de la obtención (...) de la comentada prueba se trata”(11); y el segundo, porque aunado a aquel, “constituyen reglas cuyo propósito es garantizar observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, de una parte, y regir la actuación procesal del juez, cuando de la obtención y efectos de la comentada prueba se trata, de otra”(12).

2. Aunque lo anterior es suficiente para que el cargo no prospere, no sobra anotar que al decirse que el examen de marcadores genéticos no debía apreciarse por no contener la “Descripción del control de calidad del laboratorio”, esto, en realidad se relaciona con el contenido material de la prueba, en cuanto sin estar completa, así se la vio, y no con su eficacia probatoria, razón por la cual el recurrente anduvo equivocado al edificar sobre esa base la comisión de un error de derecho.

3. En esas circunstancias, el cargo, sin más, está llamado al fracaso.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 16 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil-Familia, en el proceso de investigación de la paternidad de Gloria Inés Aguirre contra José Noel Gómez Arias.

Las costas en casación corren a cargo del demandado recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia 231 de 13 de diciembre de 2002, Expediente 6426, reiterada en Sentencia 039 de 16 de mayo de 2008, Expediente 00723.

(2) Sentencia 155 de 11 de octubre de 2004, Expediente 93-0139.

(3) Vid. Sentencia 082 de 16 de junio de 2006, Expediente 2002-0091.

(4) Sentencia de 21 de abril de 2008, Expediente 00456, reiterando doctrina anterior.

(5) Sentencia 062 de 31 de mayo de 2006, Expediente 05525, reiterando doctrina anterior.

(6) G.J. tomo LVII-563, reiterada en Sentencia 190 de 24 de mayo de 1990, sin publicar oficialmente, y 130 de 7 de noviembre de 2007, Expediente 1999-01083.

(7) Cfr. Sentencia 143 de 27 de julio de 2001, Expediente 5522.

(8) Vid. Sentencia sustitutiva 020 de 30 de abril de 2008, Expediente 2003-00666.

(9) Sentencia C-476 de 2005.

(10) Cfr. Sentencia 071 de 29 de abril de 2005, Expediente 0829, entre otras.

(11) Sentencia 082 de 5 de julio de 2007, Expediente 00613, reiterando doctrina anterior.

(12) Auto 239 de 14 de octubre de 2005, Expediente 10818.