Sentencia 2005-00612 de marzo 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 25000-23-24-000-2005-00612-01

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Demandante: Cooperativa de Transportadores El Rosal Ltda. - Cootransrosal Ltda.

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho - Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., ocho de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer los recursos de apelación interpuestos por la demandada y Flota Águila Ltda. contra la sentencia de 30 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección “C” en descongestión, en los términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(60), en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta corporación.

2. Cuestión previa.

El doctor Carlos Enrique Moreno Rubio manifestó impedimento para resolver el asunto puesto a consideración de esta Sala de Decisión(61), ya que hizo parte de la colegiatura que profirió el auto de 23 de marzo de 2006(62), por medio del cual se resolvió la solicitud de suspensión provisional formulada por la parte actora en contra del acto administrativo demandado.

Así las cosas, el consejero consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 141 del Código General del Proceso —contenida en el pasado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil—.

La Sala aceptó su impedimento y lo separó del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal, pues, de conformidad con su alcance, esta se configura por «[h]aber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente».

3. Acto demandado.

La parte actora solicita la declaratoria de nulidad de la Resolución 178 de 2005(63), expedida por el director de transporte y tránsito del Ministerio de Transporte.

4. Problema jurídico.

Los cuestionamientos que subyacen a los escritos impugnatorios de los recurrentes pueden ser clasificados en dos tipos de categorías, a saber, procedimental y sustancial.

La primera engloba las consideraciones que tienden a demostrar el requisito de oportunidad de los recursos que dieron origen a la expedición de la Resolución 178 de 2002 —demandada— y, por este cauce, evidenciar su legalidad.

La segunda compila los argumentos que acreditan la adecuada aplicación del artículo 46 del Decreto 171 de 2001 en el cuerpo del acto administrativo censurado, pues COOTRANSROSAL no contaba con la autorización para prestar el servicio de transporte terrestre automotor en la modalidad de pasajeros en la zona de operación Bogotá - Subachoque y viceversa(64).

4.1. De los cuestionamientos procedimentales elevados en los recursos de apelación.

COOTRANSROSAL depreca la nulidad de la Resolución 178 de 2005, dictada por la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio, al considerar que los recursos administrativos que dieron lugar a su expedición fueron interpuestos extemporáneamente.

En contraposición, la autoridad demandada y Flota Águila defienden la legalidad del acto administrativo censurado, pues su expedición se produjo sobre la base de recursos oportunos propuestos en contra de la Resolución 1900 de 2002, habida cuenta de que allí no se ordenó la notificación de las empresas transportadoras interesadas en la atribución de rutas y horarios en favor de la demandante, motivo por el que se notificaron de ésta por conducta concluyente.

Asimismo, manifestaron que no se demostró la entrega de los oficios de citación para la notificación personal de la Resolución 4757 de 2002, y que, en todo caso, éstos fueron remitidos a direcciones desconocidas que no corresponden a aquellas de las sociedades comerciales intervinientes.

Bajo este panorama, resulta preciso develar la verdad procesal que en relación con estos cuestionamientos se colige del material probatorio allegado oportunamente con la demanda y sus contestaciones.

4.1.1. La verdad procesal que se desprende de los medios de prueba allegados con la demanda y sus contestaciones.

En este punto, la Sala hilvanará, de antemano, algunas ideas en relación con la prestación del servicio público automotor de transporte terrestre, como sigue:

4.1.1.1. De la prestación del servicio automotor de transporte terrestre.

La aparición de los decretos 171(65) y 175(66) de 2001 conllevó un cambio sustancial en la prestación del servicio automotor de transporte terrestre en las modalidades de pasajeros y mixto(67), respectivamente.

En efecto, las autorizaciones para su desarrollo fueron otorgadas a través de la asignación de rutas y horarios y ya no por zonas de operación(68), lo que implicó establecer mecanismos de transición para afrontar esta alteración, dentro de los cuales figura aquel contenido en el artículo 46 del Decreto 171 de 2001.

Al respecto, la referida disposición normativa previó:

“ART. 46.—TRANSITORIO - ZONAS DE OPERACIÓN. Las empresas que cuentan con autorizaciones para prestar el servicio de transporte de pasajeros por carretera “en zonas de operación”, presentarán la relación de rutas y horarios servidos en los tres (3) meses previos a la publicación del presente Decreto, debidamente soportada en los despachos realizados desde los terminales de transporte, anexando un plan de rodamiento que contemple la capacidad transportadora autorizada.

Verificado lo anterior, el Ministerio de Transporte expedirá el acto administrativo reconociendo estas rutas y horarios, entendiéndose como no servidos o abandonados aquellos servicios no relacionados u omitidos por las empresas” (resaltado fuera de texto).

Correspondía a las empresas transportadoras autorizadas para prestar el servicio de transporte público terrestre de pasajeros en zonas de operación, elevar solicitudes con la relación de rutas y horarios prestados durante los últimos tres meses a la publicación del Decreto 171 de 2001 a fin de que le fueran reconocidas por la autoridad pública en la materia, creando en su beneficio situaciones jurídicas concretas que les permitían desarrollar la referida actividad económica.

La inobservancia de los presupuestos establecidos en la disposición en comento conllevaba la imposibilidad para la transportadora de ejecutar el servicio, por lo que se trataba de verdaderas autorizaciones, cuyo cumplimiento estaba a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transportes y la Policía de Carreteras(69).

Esta disposición transitiva fue igualmente replicada por el artículo 33 del Decreto 175 de 2001 en lo que concierne al transporte público en la modalidad mixto en los términos que se reproducen a continuación:

“ART. 33.—TRANSITORIO - INVENTARIO DE SERVICIOS. Las empresas que cuentan con autorizaciones para prestar el servicio público de transporte mixto “en zonas de operación”, presentarán la relación de recorridos y frecuencias servidos en los tres (3) meses anteriores a la publicación del presente Decreto, anexando un plan de rodamiento que contemple la capacidad transportadora autorizada. Verificada esta información, como la presentación de la garantía establecida en el artículo 27 del presente Decreto, la autoridad competente expedirá los correspondientes certificados de registro de servicios, entendiéndose como no servidos o abandonados aquellos servicios (recorridos y frecuencias), no relacionados u omitidos por las empresas”.

Precisado lo anterior, se describirá el trámite administrativo que precedió la expedición de la Resolución 178 de 2005, censurada.

4.1.1.2. Del trámite administrativo que originó el acto demandado.

Amparada en el panorama normativo descrito, la cooperativa demandante solicitó, ante la Dirección Territorial Cundinamarca el 19 de septiembre de 2001(70), el reconocimiento de las rutas y horarios servidos dentro de los 3 meses anteriores a la publicación del Decreto 171 de 2001, relativo a la prestación del servicio público de transporte terrestre de pasajeros, régimen cuya escogencia se justificó en la información procurada por esa misma autoridad administrativa.

Lo anterior, se colige de algunos apartes del estudio técnico 9 de 2002(71), que fundó la expedición de la Resolución 1900 de esa misma anualidad:

“Mediante oficio radicado bajo el Nº 1914 del 29 de junio de 2001, el director Territorial Cundinamarca (…) le informó al representante legal de COOTRANSROSAL LTDA. que para acceder a dicha petición se requiere —cambio de equipos camperos por microbuses—: “que los camperos estén asignados a una ruta y no a una zona de operación como actualmente sucede, según Resolución 236 de 1991. “De acuerdo con lo anterior y de persistir en dicha solicitud, es necesario cumplir previamente lo indicado en el artículo 46 del mismo decreto (resaltado y subrayas fuera de texto).

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46 del Decreto 171 de 2001(72) comportó la expedición de la Resolución 1900, “[p]or la cual se reconoce la relación de rutas y horarios servidos a la Empresa COOTRANSROSAL LTDA., en los tres (3) meses previos a la publicación del Decreto 171 del 5 de febrero de 2001, de acuerdo a lo contemplado en su artículo 46 - Transitorio zonas de operación”.

Dentro de los trayectos reconocidos en favor de la demandante se encuentran los siguientes: (i) La Pradera - Bogotá (vía la cuesta) y viceversa; (ii) Bogotá - El Rosal - Subachoque (Calle 80) y viceversa; (iii) Pradera - Subachoque - El Rosal - Facatativá y viceversa; (iv) La Piñuela - Subachoque y viceversa; (v) Subachoque - La Hondura y viceversa; (vi) El Rosal - La Hondura y viceversa; (vii) Subachoque - El Guamal y viceversa; (viii) Subachoque - El Páramo y viceversa; (ix) Subachoque - El Pantano y viceversa.

Además de lo anterior, la Resolución 1900 de 2002 dispuso que las rutas reconocidas serían servidas de conformidad con la capacidad transportadora que le había sido asignada a la demandante, mediante Resolución 236 de 1991(73) y que el reconocimiento no implicaba el incremento de ésta(74).

Asimismo, prescribió modificar el artículo 1º de la Resolución 236 de 1991, en el sentido de que “las zonas de operación quedan sin vigencia y en su defecto se autorizan las rutas y horarios establecidas en el presente acto administrativo”(75).

Por otro lado, la Resolución 1900 de 2002, dictada por la Dirección Territorial Cundinamarca del Ministerio, fue notificada exclusivamente a la empresa transportadora demandante, de conformidad con el artículo 6º de su parte resolutiva.

ART. SEXTO.—Notificar del presente acto administrativo al representante legal de la Empresa Cooperativa de Transportadores de El Rosal Ltda. - “COOTRANSROSAL LTDA.”(76).

No obstante, con posterioridad la Dirección General de Transporte y Tránsito Automotor del Ministerio remitió Oficio 12482 de 5 de junio de 2002 a la Dirección Territorial Cundinamarca, en la que le informó de algunas inconsistencias en las que habría podido incurrir a la hora de expedir la Resolución 1900 de 2002, en los términos que se trascriben a continuación:

“En esta Resolución [1900] se observa que las rutas autorizadas no tienen el origen - destino que figura en las zonas de operación que le habían asignado a la empresa por medio de las resoluciones 236 del 26 de junio de 1991 y 136 del 27 de abril de 1993, como son Subachoque, La Vega, Facatativá, Madrid, Tenjo y Cota.

Algunos orígenes - destinos, al parecer no son municipios, y tampoco se indica a cuál corresponden. Al respecto es importante recordar que de conformidad con el Decreto 80 de 1987, corresponde a los municipios entre otras, la función de otorgar, negar, modificar, revocar y cancelar las autorizaciones para los recorridos urbanos que deben cumplir las empresas que prestan servicios intermunicipales de transporte de pasajeros en cada municipio.

Igualmente, la resolución del asunto no incluye como sujeto de notificación a terceras empresas que cubren en origen - destino algunas de las rutas contenidas en la Resolución 1900 de 2002(77) (resaltado fuera de texto).

Se colige de ello que la Resolución 1900 de 2002 fue acusada por parte de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Ministerio con base en tres tipos de argumentos, a saber:

(a) El reconocimiento de rutas por fuera de las zonas de operación autorizadas a COOTRANSROSAL;

(b) La falta de competencia de la Dirección Territorial Cundinamarca, toda vez que algunos trayectos eran del resorte de la municipalidad y no de la autoridad departamental;

(c) La falta de notificación a otras empresas transportadoras que cubrían los trayectos reconocidos a la Cooperativa accionante.

En consonancia con ello, la Dirección Territorial Cundinamarca expidió la Resolución 4767 de 10 de octubre de 2002, “[p]or medio de la cual se modifica el artículo 1º de la Resolución 1900 de mayo 6 de 2002 en lo relacionado con el reconocimiento de rutas y horarios presentados por la empresa COOTRANSROSAL LTDA., en los tres (3) meses previos a la publicación del Decreto 171 del 5 de febrero de 2001, de acuerdo a lo contemplado en su artículo 46 - Transitorio de operación”.

A través de ésta, la referida autoridad administrativa enmendó algunas deficiencias de la Resolución 1900 y, en ese sentido, excluyó las rutas municipales asignadas a COOTRANSROSAL y ordenó notificar a las empresas que prestaban el servicio de transporte automotor en los trayectos reconocidos a ésta, aduciendo que:

“Que por error involuntario se reconocieron las rutas y horarios servidos por la empresa COOTRANSROSAL LTDA. en origen - destino de la jurisdicción de la Autoridad Municipal (sic).

“Que se hace necesario aclarar el origen y destino de cada una de las rutas antes mencionadas, en cumplimiento al Decreto 80 de 1987 en el cual se establece que corresponde a los municipios la función de otorgar, negar, modificar, revocar y cancelar las autorizaciones para los recorridos urbanos que deben cumplir las empresas que prestan servicios intermunicipales de transporte de pasajeros en cada municipio”.

(…).

Que se hace necesario notificar de la presente providencia a terceras empresas.

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución 1900 del 6 de mayo de 2002 en lo pertinente al reconocimiento de rutas y horarios en su origen y destino los cuales quedarán de la siguiente manera, los demás términos de la citada resolución continuarán vigentes (…).

ART. 2º—Notificar del presente Acto Administrativo (sic) a los representantes legales de las Empresas Flota Santa Fe Ltda., Flota Águila Ltda. y la Cooperativa de Transportadores de El Rosal”(78)(resaltado fuera de texto).

En cumplimiento de lo trascrito, la Dirección Territorial Cundinamarca procedió a enviar citación para la notificación personal de la Resolución 4767 de 2002 a las empresas Flota Águila y Flota Santa Fe, mediante oficios MT-0425-2006548 y MT-0425-2006549 de 5 de noviembre de 2002, respectivamente.

Oficios que fueron recibidos por estas dos sociedades comerciales el 8 de noviembre de 2002, como puede colegirse de las copias auténticas que reposan en el expediente, las cuales se encuentran acompañados de los respectivos acuses de recibo, como se trascribe a continuación:

“08 de noviembre de 2002 RECIBÍ FLOTA ÁGUILA LTDA.
LILIANA 3:25 PM
Recolección de dineros(79).
“3:30 pm
8 NOV 2002
RECIBIDO”(80)

Empero, los representantes legales de las empresas transportadoras omitieron presentarse a la diligencia de notificación personal dentro de los 5 días siguientes al recibo de la citación, razón por la cual la Dirección Territorial Cundinamarca procedió a notificarlas por edicto 000975, fijado desde el 28 de noviembre y hasta el 11 de diciembre de 2002(81), por lo que su término de ejecutoria corrió desde el 12 y hasta el 18 de diciembre de esa misma anualidad, quedando ejecutoriada el día 19 de diciembre de 2002.

Posteriormente, la Resolución 1900 de 2002 fue objeto el 29 de abril y 9 de junio de 2003 de sendos recursos de reposición y apelación interpuestos por Flota Águila y Flota Santa Fe, respectivamente, resueltos por la Dirección Territorial Cundinamarca, a través de Resolución 1399 de 2003(82), en la que decidió rechazarlos por extemporáneos.

Esta decisión administrativa fue cuestionada mediante la formulación de recurso de queja por parte del representante legal de Flota Águila ante la Dirección General de Transporte y Tránsito, autoridad que accedió, por medio de la Resolución 178 de 2005, a las pretensiones propuestas en ese medio impugnatorio, motivo por el que estudió el fondo de los argumentos formulados en los recursos de alzada en contra de la Resolución 1900 de 2002.

En su parte resolutiva, el acto censurado —Resolución 178 de 2005— dispuso revocar (i) la Resolución 1399 de 2003, al considerar que las empresas transportadoras recurrentes —Flota Águila y Flota Santa Fe— “tienen un evidente interés en la causa…”; (ii) la Resolución 1900 de 2002, pues COOTRANSROSAL “no podía acogerse a lo preceptuado en el artículo 46 del Decreto 171 de 2001, por cuanto ninguna de las autorizaciones otorgadas le señalaban ZONAS DE OPERACIÓN en el transporte de pasajeros”; (iii) la Resolución 4767 de 2002.

Una vez descrito el “iter” que precedió la expedición de los diferentes actos administrativos sujetos a debate, la Sala abordará, de manera independiente, cada uno de los cargos procedimentales elevados con los recursos de apelación:

4.1.1.3. De los argumentos propuestos con los recursos de apelación.

4.1.1.3.1. La Resolución 1900 no ordenó la notificación de Flota Águila y Flota Santa Fe.

La representante judicial de Flota Águila sostiene que, contrario a lo sucedido con la Resolución 4767 de 2002, la Resolución 1900 de esa misma anualidad no fue notificada a su prohijada, a pesar de que sus intereses podían verse afectados, pues reconocía rutas y horarios en favor de COOTRANSROSAL sobre mallas viales servidas por ella.

La Sala anticipa que este argumento defensivo no dispone de entidad jurídica para revocar el fallo de 30 de septiembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección “C” en descongestión, bajo la siguiente línea argumentativa:

No se pretende desconocer que, a la manera como lo afirma la recurrente, el acto administrativo contenido en la Resolución 1900 de 2002 no fue notificado a los representantes legales de las empresas transportadoras Flota Águila y Flota Santa Fe, pues como se explicó, la resolución en comento ordenó notificar de manera exclusiva a COOTRANSROSAL.

Lo anterior, sin embargo, no significa que los horarios y rutas autorizados a la cooperativa demandante —al tenor de lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 171 de 2006— no hubiesen sido oponibles a Flota Águila, pues las modificaciones aportadas a la Resolución 1900 de 2002 por parte de la Resolución 4767 de ese mismo año, fueron debidamente notificadas por fijación edicto 0975 de 2002, prueba que obra en el plenario.

En efecto, con la expedición de la Resolución 4767, la Dirección Territorial Cundinamarca redujo el número de recorridos en beneficio de la demandante, en número de 9 a 5, con fundamento, principalmente, en la falta de competencia para otorgar autorización, habida cuenta de que algunas rutas pertenecían a la órbita de competencia del municipio de Subachoque y no del ente departamental.

Es decir que, la situación jurídica creada por la Dirección Territorial Cundinamarca en beneficio de la parte actora se materializó efectivamente con la expedición de la Resolución 4767 de 2002, acto administrativo respecto del cual se ordenó notificar a las empresas transportadoras Flota Águila y Flota Santa Fe, por lo que, en ese sentido, la notificación de la Resolución 1900, en lo que a rutas respecta, no resultaba necesaria, toda vez que, se itera, el acto contentivo de los trayectos autorizados fue la Resolución 4767 que modificó esta última.

De allí que el término de ejecutoria para objetar las autorizaciones concedidas por la Dirección Territorial Cundinamarca hubiere corrido desde el 19 de diciembre de 2002 y hasta el 26 de diciembre de ese mismo año, lo que no ocurrió, puesto que se tiene prueba en el plenario de que la sociedad comercial recurrente los formuló el 29 de abril de 2003(83), esto es, por fuera del plazo oportuno para ello.

Y a pesar de lo anterior, la Dirección General de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte demandada procedió a desatarlos a través de la Resolución 178 de 2005 —demandada— lo que comportó la revocación integral de las resoluciones 1900 de 2002 y 4767 de esa misma anualidad.

En otros términos, la autoridad accionada infringió el debido proceso que debe ser observado en las actuaciones administrativas, ya que prescindió de los términos que la ley procedimental establece para la interposición de recursos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

“De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo” (resaltado fuera de texto).

Este solo motivo redundaría en mérito para confirmar el fallo de primera instancia. No obstante, la Sala procederá a evaluar los demás cuestionamientos propuestos con los recursos de alzada.

4.1.1.3.2. No se demostró la entrega de los oficios de citación a las empresas transportadoras recurrentes al interior de la actuación administrativa - El oficio de citación enviado a Flota Águila fue enviado a una “dirección desconocida”.

La Sala encuentra que estos cargos no tienen vocación de prosperidad, toda vez que, contrario a lo sostenido por los recurrentes, en el expediente obran pruebas documentales que permiten afirmar que los oficios MT-0425-2006548 y MT-0425- 2006549 de 5 de noviembre de 2002, fueron allegados en debida forma a las instalaciones de Flota Águila Ltda. y Flota Santa Fe Ltda.

En efecto, como se pudo constatar en el acápite precedente, las copias auténticas de los oficios se encuentran acompañadas de sellos de recibo, que permiten demostrar su entrega efectiva, con lo que se desvanece cualquier halo de duda que se quiera crear en torno a ésta.

En este punto, la Sala no pasa por alto la afirmación efectuada por la representante judicial de Flota Águila en el texto de la contestación de la demanda, en el que manifiesta, en relación con la entrega del Oficio MT-0425-2006548, que fue recibido, hecho que, en su sentir, no disponía de relevancia alguna, pues la resolución que pretendía atacar su prohijada era la 1900 de 2002.

En ese sentido, la profesional del derecho expresó:

“Respecto del hecho décimo primero: es cierto, pero debe ante todo recordarse que guardar total inactividad es también una conducta procesal que pueden asumir las partes y los interesados; en cuanto a lo referido por el demandante en el hecho “décimo primero” esta situación estaba más que justificada en atención a los intereses de mi procurada, pues su inconformidad estribaba en la ilegalidad de lo dispuesto en la Resolución 1900 en la que dentro de sus variadas irregularidades no garantizó de forma efectiva el derecho de contradicción y defensa concretado en la oportunidad de oponerse a ésta mediante la interposición de recurso, previa notificación personal con arreglo a la ley”(84).

Pero más allá de lo anterior, huelga advertir que los argumentos exceptivos que se analizan en este punto no fueron objeto de desarrollo en el escrito de contestación de la demanda allegado por los sujetos procesales recurrentes, motivo que refuerza la negativa en relación con esta objeción.

4.1.1.3.3. La Resolución 4757 de 2002 se notificó a las empresas transportadoras por conducta concluyente.

La afirmación no resulta ser cierta si se tiene en cuenta que la Resolución 4757 de 2002, fue notificada por edicto de 28 de noviembre de 2002, luego de que los trámites para efectuar la notificación personal resultaron infructuosos, como se acreditó en capítulos anteriores.

En este orden, con la expedición de la Resolución 178 de 2005, la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte quebrantó el debido proceso que debe ser observado en todas las actuaciones administrativas, habida cuenta de que, a la luz de recursos administrativos extemporáneos decidió la revocación de las resoluciones 1900 y 4757 de 2002, que creaban situaciones jurídicas en favor de la parte actora.

4.2. De los cuestionamientos sustanciales propuestos en los recursos de apelación.

La Sala no abordará las consideraciones de naturaleza sustancial traídas a colación en los escritos de apelación, consistente en la debida aplicación del artículo 46 del Decreto 171 de 2001, al tener por acreditado que, en el trámite para la revocación directa de la Resolución 4767 de 2002, la autoridad demandada incumplió con los parámetros establecidos en la ley para ello.

Con fundamento en lo aludido, la Sala confirmará la sentencia de 30 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección “C” en descongestión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

1. ACEPTAR la manifestación de impedimento presentada por el consejero Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio, por las razones expuestas en este proveído.

2. CONFIRMAR la sentencia de 30 de septiembre de 2013, proferida por la Sección Primera - Subsección “C” en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3. DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

56 Folio 4, cuaderno 2.

57 Folios 9-22.

58 Folios 25-29.

59 Folios 23-24.

60 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”.

61 Con escrito de 5 de marzo de 2018.

62 Folios 53-57.

63 “Por la cual se desata el recurso de queja interpuesto por el representante legal de la Empresa Flota Águila Ltda., contra la Resolución 1399 del 20 de junio de 2003, y el recurso de apelación interpuesto por el representante legal de la Empresa Flota Santa Fe, contra la Resolución 1900 del 6 de mayo de 2002, proferidas por la Dirección Territorial de Cundinamarca”.

64 Vía la cuesta y vía calle 80 - El Rosal.

65 “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera”.

66 “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor mixto”.

67 Carga y pasajeros.

68 A manera de ejemplo, la parte actora disponía de autorización para prestar el servicio de transporte en la zona de operación conformada por los municipios de Subachoque, La Vega, Facatativá, Madrid, Tenjo y Cota. La expedición de los decretos supuso transformar este permiso de zonas de operación a rutas y horarios.

69 Ver en este sentido la parte resolutiva del acto administrativo contenido en la Resolución 4767 de 2001.

70 Radicación 15509.

71 Folios 36-42, anexo 1.

72 Folios 48-52: “Que la Dirección Territorial Cundinamarca del Ministerio de Transporte elaboró el estudio técnico 0009 de 2002, con el cual se analizó y verificó la relación de rutas, horarios servidos y distancia del corredor vial, las planillas de despacho y el plan de rodamiento que permitió concluir que la Empresa Cooperativa de Transportadores de El Rosal Ltda. “COOTRANSROSAL LTDA.” cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 46 transitorio - Zonas de operación del Decreto 171 del 5 de febrero de 2001”.

73 Artículo 2º.

74 Artículo 3º.

75 Folio 74, anexo 1.

76 Folio 74, cuaderno de pruebas.

77 Folio 68, cuaderno de pruebas.

78 Folio 60, cuaderno de pruebas.

79 Folio 58, anexo 1.

80 Folio 59, anexo 1.

81 “El presente edicto se desfija hoy, 11 de diciembre 2002 a las 5:00 p.m., luego de haber permanecido fijado en la cartelera de la Dirección Territorial Cundinamarca por un término de diez (10) días desde el 28 NOV. 2002, según lo dispuesto en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo”.

82 Folios 27-30.

83 Folios 31-39, cuaderno de pruebas.

84 Folio 275, cuaderno 1.