Sentencia 2005-00648 de septiembre 16 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 250002326000200500648 01

Interno: 34077

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: José Vicente González González y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prelación de fallo.

En la actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del magistrado conductor correspondiente(1).

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16(2), permite decidir de manera anticipada, esto es sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor José Vicente González González.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(3).

2. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

En relación con este aspecto conviene precisar que la resolución proferida por la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, Unidad Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá, Cundinamarca, mediante la cual se precluyó la instrucción adelantada en contra del señor José Vicente González González, se expidió el día 7 de abril de 2003 y se notificó personalmente al actor el día 10 de abril de 2003, razón por la cual, en cuanto la demanda de reparación directa se interpuso el 1º de marzo de 2005, se impone concluir que la misma se presentó de manera oportuna, esto es dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(4)—.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

4. El material probatorio que obra en el proceso.

a. Copia auténtica de la providencia dictada por la Unidad Delegada de la Fiscalía ante el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá, Cundinamarca, el 29 de octubre de 2001, en virtud de la cual se decretó la apertura de la instrucción en contra del señor José Vicente González González y, por ende, se ordenó:

“Librar al CTI, orden de captura en contra del señor José Vicente González González, (...), para vincularlo al presente instructivo, a través del formalismo de la indagatoria” (fls. 67-68, cdno. de pruebas).

b. Copia auténtica de la comunicación elaborada por la Fiscalía General de la Nación, el 20 de noviembre de 2001, dirigida al Coordinador de la Unidad C.T.I. de Gachetá, Cundinamarca, en el cual se lee lo siguiente:

“Comedidamente le solicito se sirva capturar y poner a disposición de esta unidad, con el fin de escuchar en diligencia de indagatoria, al señor José Vicente González González (...).

El (sic) anterior se le sindica del delito de homicidio en el sumario de la referencia” (fl. 70, cdno. de pruebas).

c. Copia auténtica del informe Nº 077-02 CTI-G elaborado por el coordinador Unidad CTI Gachetá, el 23 de febrero de 2002, en el cual se dejó constancia de lo siguiente:

“Misión encomendada.

Adelantar las diligencias a fin de lograr la captura del señor José Vicente González González, (...).

Diligencias adelantadas.

Recibida la misión de trabajo y consultadas las diligencias se iniciaron las averiguaciones y seguimiento en el municipio de Ubalá, donde se ha recibido información que el señor se trasladó para la ciudad de Bogotá, pero no hemos logrado obtener dirección de su lugar de residencia.

Resultados.

Negativo hasta la fecha; se rinde el presente informe para que obre dentro de las diligencias, mientras se continúan las diligencias por parte de esta unidad a fin de lograr su captura” (fls. 90-91, cdno. de pruebas) (destacado fuera del texto original).

d. Copia auténtica de la resolución dictada por la Unidad Delegada de la Fiscalía ante el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá, Cundinamarca, el 9 de abril de 2002, a través de la cual se resolvió lo siguiente:

“Los hechos que dieron origen a la presente investigación, ocurrieron el diez de junio del año dos mil uno en el Municipio de Ubalá, Vereda San Antonio, cuando en horas del mediodía, fue acribillado por unos sujetos, el señor José Luis Pérez.

De los anteriores hechos se responsabiliza como presunto autor intelectual al señor José Vicente González González, a quien se libró orden de captura y se le fijó fecha para escucharlo en diligencia de indagatoria con base en solicitud hecha por el mismo, no logrando su vinculación a esta diligencia mediante diligencia de indagatoria, es del caso proceder a declararlo persona ausente, conforme así lo establece el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal.

Como se observa que el precitado sindicado le ha otorgado poder al profesional del derecho, doctor Luis Alejandro Vergara Carrero, para que asuma su defensa, conforme poder que obra en las diligencias, es del caso designarle como su defensor al mencionado abogado” (fl. 98, cdno. de pruebas) (se destaca).

e. Copia auténtica de la resolución que dictó por la Unidad Delegada de la Fiscalía ante el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá, Cundinamarca, el 7 de noviembre de 2002, a través de la cual se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional en contra del señor José Vicente González González como autor intelectual o determinador del delito de homicidio en la persona de José Luis Pérez, ocurrida el diez (10) de junio del año 2001, en la vereda San Antonio Alto del municipio de Ubalá, (...)” (fls. 120-125, cdno. 1).

f. Copia auténtica de la Resolución que dictó por la Unidad Delegada de la Fiscalía ante el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá, Cundinamarca, el 7 de abril de 2003, mediante la cual se precluyó la instrucción a favor del señor José Vicente González González.

En la referida providencia se efectuaron las siguientes consideraciones:

“... Dentro del término legal fueron presentados alegatos de conclusión por parte del señor defensor del encartado, solicitando la preclusión de la investigación a favor de su patrocinado, esto luego de un juicioso y prolijo análisis del material probatorio recaudado, llegando a la conclusión que no existe prueba que comprometa la responsabilidad de González González para acusarlo por el homicidio que se le endilga.

Compartimos las elucubraciones de índole jurídica y fáctica que hace la defensa en su alegato, pues tal como quedó reseñado en la parte motiva, consideramos que no obra en contra de González González la prueba necesaria para llamarlo a juicio, razón por la que no nos explayaremos en mayores consideraciones, toda vez que el análisis de esta delegada es muy similar al presentado por la defensa”(fls. 148-152, cdno. de pruebas) (se destaca).

5. Caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, se pudo establecer lo siguiente:

a. Que mediante providencia del 7 de noviembre de 2002, la Unidad de Fiscalía Seccional de Gachetá profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional contra el señor José Vicente González González, como presunto autor del delito de homicidio en la persona de José Luis Pérez, ocurrida el 10 de junio de 2001, en la Vereda San Antonio Alto del municipio de Ubalá.

Dicha providencia se fundamentó en las siguientes razones:

“Del anterior material probatorio que se ha relacionado en la presente resolución, surgen los dos indicios que exige la norma para imponer medida de aseguramiento.

El primer indicio nace de las amenazas que hizo Vicente González al hoy occiso, a través de Luis Hernando Pérez, hecho que sucedió aproximadamente un mes antes de la muerte de José Luis, en el sitio ‘casa rosada’ cuando le dice Vicente a Luis Hernando: ‘Dígale a su hermano que un día de estos le voy a estrellar o romper el carro, o que se lo quemaba o si no le iba a echar la gente’.

En efecto ni le rompió el carro, ni se lo estrelló, pero dedúzcase que ‘le echó la gente’, es decir lo mandó a matar, por aquel (José Luis) haber ingresado en el negocio de la mora en ese sector de las veredas San Luis y San Antonio, lo que causó rencor a Vicente quien era el único negociante en (sic) dicho producto y vio afectados sus intereses, cuando una tercera persona ingresó a comercializar en mora allí, donde Vicente tenía monopolizado el negocio desde hacía varios años como lo han manifestado quienes rindieron testimonio dentro de estas sumarias.

Un segundo indicio lo encontramos en la afirmación que hace el testigo Juan Carlos Acosta Segura, quien nos cuenta que cuando fueron llamados a declarar ante esta fiscalía, a la salida Luis Hernando (hermano del occiso), lo llamó y le dijo que no fuera a decir que José Vicente había amenazado a José Luis en el sitio Casa Rosada de Ubalá; que Hernando había estado tomando con Vicente el 13 de julio del 2001 en el pueblo donde Vicente le había dicho a Hernando que no lo fuera a hundir, que él (Vicente) le pasaba su palada, que todo el día domingo estuvieron tomando y hasta Vicente hizo quedar del bus a Hernando, diciéndole que le pagaba después un expreso, que él tenía plata, todo esto le contó Hernando el 14 de julio, diciéndole que no fuera a decir nada en la fiscalía.

Pero luego de estos dos indicios, encontramos un tercero, que en realidad para este Despacho es el que más le compromete su responsabilidad penal en estos hechos, cuál es el indicio de huida, nótese que a los pocos días de la muerte violenta de José Luis Pérez, José Vicente González González vendió el vehículo en que recogía su comercio y abandonó el municipio de Ubalá, donde dejó sus bienes como la bomba de gasolina, su familia, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.

Cuál la razón para que una persona que está radicada en determinado lugar, donde sus negocios se encuentran centrados allí, donde, como se afirma su prioridad era el comercio de la mora, entonces cuál la razón para dejar sus bienes, su fortuna y perderse de aquel lugar si no debía nada, cuál la razón para, si tenía conocimiento de que se le estaba achacando la muerte de José Luis Pérez, no presentarse a las autoridades y desvirtuar dichas afirmaciones. (...)” (fls. 120-125, cdno. de pruebas).

b. Que en virtud del proveído calendado el 7 de abril de 2003, la Dirección Seccional Fiscalías de Cundinamarca, Unidad Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá, declaró la preclusión de la instrucción en contra del referido sindicado.

c. Que el señor José Vicente González González no fue privado físicamente de su libertad, pues se evadió para evitar su captura.

Ahora bien, las circunstancias descritas evidencian que en contra del señor José Vicente González González se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional por haber sido sindicado del delito de homicidio del señor José Luis Pérez, cuestión que de manera efectiva y evidente le limitó y afectó su derecho fundamental a la libertad en el plano jurídico; sin embargo, el fiscal de conocimiento, después de valorar el caudal probatorio allegado al proceso penal, concluyó que había lugar a precluir la instrucción penal, comoquiera que no existía medio de acreditación alguno para llamar a juicio al señor González González.

Por consiguiente, se impone concluir que el señor José Vicente González González no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, consistente en haberle limitado y afectado de manera efectiva su derecho fundamental a la libertad en el plano jurídico, daño que, en consecuencia, debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la administración pública demandada de resarcir a dicha persona por ese hecho, tal como se dejó indicado en precedencia, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

Destaca esta subsección que el señor José Vicente González González si bien no fue privado de su libertad física —pues decidió evadirse para evitar su captura—, lo cierto es que esa medida comportó la restricción de su derecho de libertad en el plano jurídico, amén de haberse traducido en una vulneración real, concreta y efectiva respecto de sus derechos a la libre circulación, a la libertad de fijar residencia, a libertad de escoger profesión u oficio, al libre desarrollo de su personalidad y a la unidad familiar, entre otros.

En este aspecto resulta pertinente traer a colación un caso similar al que ahora se debate, por cuya claridad y pertinencia se procede a efectuar la transcripción correspondiente in extenso, así:

“Resalta la Sala que la señora Nilma del Socorro De los Ríos si bien no fue privada efectivamente de su libertad física (intramuros) —pues decidió evadirse para evitar ser capturada—, lo cierto es que esa medida comportó la restricción de su derecho de libertad en el plano jurídico, amén de haberse traducido en una vulneración real, concreta y efectiva, respecto de sus derechos de libre circulación, de la posibilidad de fijar residencia, libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de su personalidad y de la unidad familiar, entre otros.

En consecuencia, no es posible considerar que la señora De los Ríos Alarcón hubiere estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad, en los términos en que en ese entonces le impuso la justicia penal.

Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir a la hoy demandante que asuma de forma impasible y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante un año y medio aproximadamente, la privación jurídica de su derecho a la libertad y la afectación física, real, efectiva, de sus derechos a la libre circulación, libre fijación de residencia, libertad de escoger trabajo u oficio, entre otros, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, a pesar de que la misma administración de justicia que le limitó tales garantías del derecho a la libertad, concluyó que no cometió el delito por el cual se la investigó.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que no estaba la señora De los Ríos Alarcón en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que, por tanto, debe calificarse como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir al demandante.

(...).

Finalmente, en cuanto a la decisión de evadir la orden de captura por parte de la señora De los Ríos Alarcón, debe precisarse que este en su calidad de víctima de la afectación de su derecho a la libertad personal, no incurrió en culpa imputable que le hiciera atribuible total o parcialmente el daño sufrido, en la medida que la renuencia a comparecer ante la autoridad competente no puede ser entendida, en términos de la atribución fáctica, el hecho determinante a la hora de la producción de la privación de la libertad de la sindicada. En efecto, en aquellos eventos en que la persona considera ilegítima la existencia en sí misma del proceso penal es posible que su renuencia a comparecer no pueda ser entendida como la causante del daño, máxime si está acreditado que la investigación, como ocurrió en el caso concreto, estaba fundamentada en la comisión de un punible que efectivamente nunca cometió. Así pues, la actitud de la señora De los Ríos Alarcón al abstenerse de comparecer ante la autoridad para que hiciera efectiva la orden de captura en su contra se basó, precisamente, en lo infundado que encontraba el proceso penal que se le seguía por la supuesta comisión del delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de defensa personal”(5).

Aunado a ello, también cabe precisar que resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que se le irroga, como se expresó en varios de los pronunciamientos hasta ahora citados, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá causado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(6).

En consecuencia, la subsección revocará la decisión apelada y, en su lugar, declarará la responsabilidad de la entidad demandada por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor José Vicente González González.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

Según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(7); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(8), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(9).

Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que, con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y/o de los parientes cercanos(10), según corresponda.

Por otro lado, de conformidad con lo expuesto en sentencia del 6 de septiembre de 2001, es claro que la Sala abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 y por ende para establecer el valor de la reparación por concepto de perjuicios morales se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(11).

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto(12).

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la Igualdad (C.P. arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros, i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Ahora bien, en este punto resulta pertinente destacar que la Sección Tercera, de manera reciente, unificó los criterios de reconocimiento y tasación de los perjuicios morales en los supuestos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, y al respecto señaló unos parámetros objetivos para determinar los montos indemnizatorios susceptibles de ser reconocidos en esta tipología de perjuicios.

En efecto, la providencia calendada el 28 de agosto de la presente anualidad, precisó lo siguiente:

“... según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(13); en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(14), al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(15).

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se unifica, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto.

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P. arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Se reitera, los anteriores parámetros objetivos sirven como norte, guía o derrotero a efectos de que se garantice el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los principios de igualdad material y dignidad humana, para lo cual el juez al momento de la valoración del daño moral es preciso que motive con suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales se reconoce el respectivo perjuicio”(16).

Al descender al caso concreto, esta subsección observa que dentro del acervo probatorio obra el respectivo registro civil de nacimiento del señor José Vicente González González (víctima directa); además se encuentran los registros civiles de nacimiento de los señores Andrés Fernando (hijo) y Nelson Mauricio (hijo), elementos probatorios que acreditan la calidad de hijos de la víctima directa del daño, respectivamente (fls. 5-6 cdno. de pruebas).

Adicionalmente, obra el registro civil que corresponde al matrimonio que celebraron entre sí los señores José Vicente González González y Rubiela Agudelo Pulido (fl. 3 cdno. de pruebas).

Ahora bien, en este punto la Subsección advierte que la restricción de la libertad a la cual fue sometido el señor José Vicente González González no fue intramuros, toda vez que —se insiste—, dicho demandante decidió evadirse para evitar su captura, circunstancia que sin lugar a dudas reduce las condiciones de severidad de una medida de esa naturaleza (medida de aseguramiento consistente en detención preventiva); no obstante, la sola circunstancia de haber sido privado del goce a su derecho fundamental a la libertad en el plano jurídico (libertad de circulación, libertad de fijación de residencia, libertad de escoger profesión u oficio etc.) por cinco meses, sí causa una afección moral que debe ser indemnizada.

Pues bien, en armonía con lo dispuesto en la reciente sentencia de unificación jurisprudencial de la Sección Tercera, esta Subsección impondrá por daño moral, a favor del señor José Vicente González González la suma equivalente en pesos a 50 smlmv para cada uno de los demandantes.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Lucro cesante.

En esta modalidad de perjuicio material, la parte demandante solicitó indemnización por los dineros dejados de percibir en su condición de propietario de una estación de gasolina y “además por ser comerciante de fruta (mora), la que compraba en las diferentes fincas en el municipio de Ubalá y la revendía en la plaza de mercado bien de Palo Quemado (SIC) o la Plaza de Abastos”.

Pues bien, dentro del acervo probatorio obra lo siguiente:

— Certificación expedida por el secretario de gobierno del municipio de Ubalá, el 30 de julio de 2003, en la cual se da cuenta de que:

“El señor José Vicente González González, (...), es persona natural y residente en este municipio, conocido como propietario de la bomba de gasolina ‘Estación El Amigo’, ubicada en el sector de el puerto de este municipio y que en la actualidad se encuentra en calidad de arriendo a nombre de la señora Esperanza Díaz.

De igual forma, el señor González ha suministrado combustible y lubricantes para la maquinaria y vehículos de propiedad del municipio de Ubalá” (fl. 7, cdno. de pruebas).

— Certificación elaborada por el alcalde del municipio de Ubalá, el 30 de septiembre de 2005, en cuya virtud se dejó constancia de lo siguiente:

“Que el señor José Vicente González González, (...), es persona natural de este municipio donde estuvo residenciado hasta hace aproximadamente dos años atrás, de reconocida honorabilidad y sanas costumbres al igual que su familia, conocido como comerciante en el expendio de combustibles y lubricantes y su última actividad comercial fue la de mayorista en frutales” (fl. 165, cdno. de pruebas).

— Declaración rendida por la señora Niriam Esperanza Díaz Quevedo, quien relató:

“Yo lo conozco a él hace como 20 años porque yo le tengo un lote en arriendo es una estación de servicio de combustible, le pago mensualmente $ 500.000 allá en Ubalá, este lote lo tengo desde hace 5 años es de propiedad de don José, él vive aquí en Bogotá no se[sic] con quién, solo conozco a la esposa pero ellos están separados, él aún es propietario del lote, de la detención se[sic] que él estuvo detenido no se[sic] cuánto tiempo, creo que en Gachetá, solo digo que él es un hombre honesto y muy trabajador, él trabajaba cargando mora a Bogotá y la vendía, era un hombre muy honesto, trabajador vive es de eso” (fl. 163, cdno. de pruebas).

— Declaración rendida por el señor Orlando Aguilera quien narró:

“Yo lo conozco a él hace más o menos 30 años porque somos paisanos, él es dedicado al trabajo de la mora y líchigo, (mercado de plaza), siempre se ha dedicado a esa actividad y también trabajaba en una bomba de gasolina en Ubalá, la bomba era de su propiedad, después se le arrendó a Niriam Quevedo por un canon mensual de $ 500.000, de la detención no sé nada, simplemente sé que hubo un inconveniente con él pero de eso no nada, no sé cuánto tiempo ni en dónde estuvo detenido, creo que en Gachetá” (fl. 163, cdno. de pruebas) (se destaca).

De conformidad con lo anterior, esta subsección observa que existen diversas certificaciones expedidas por autoridades del municipio de Ubalá en las cuales se deja constancia de que el señor José Vicente era el propietario de la Bomba de Gasolina denominada “Estación El Amigo”.

Aunado a ello, obra la declaración de la señora Niriam Esperanza, quien manifestó que el actor le había arrendado un lote en el cual funcionaba una estación de gasolina y por el cual le cancelaba un canon mensual equivalente a $ 500.000.

No obstante lo anterior, resulta menester advertir que dentro del expediente no obra prueba alguna que demuestre que el demandante, con ocasión de la afectación de la libertad a la cual estuvo sometido, hubiese dejado de percibir el canon mensual correspondiente durante el período en que su derecho a la libertad se vio afectado.

En este orden de ideas, las anteriores consideraciones resultarán suficientes para denegar la pretensión encaminada a obtener la indemnización por el lucro cesante respecto de los dineros que habría dejado de percibir con ocasión de la actividad del expendio de combustibles y lubricantes.

Sin embargo, esta subsección advierte que respecto de la actividad relacionada con el comercio de fruta, obran elementos de acreditación que demuestran que el señor José Vicente al momento de dictarse medida de aseguramiento en su contra desempeñaba una actividad económicamente productiva, motivo por el cual la Sala accederá al reconocimiento de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante y que, adicionalmente devengaba por dicho concepto, al menos el salario mínimo legal mensual vigente.

Respecto del periodo a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 7 de noviembre de 2002 —fecha de la providencia que impuso la medida de aseguramiento— y el 7 de abril de 2003 —fecha en la cual se decretó la preclusión de la instrucción—.

Aunado a lo anterior, se destaca que en casos de responsabilidad del Estado por eventos de privación injusta de la libertad, esta sección, para efectos de determinar el período a indemnizar, no tiene en cuenta solo el lapso en que la víctima estuvo privado de libertad, sino también el periodo que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral.

En efecto, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a 35 semanas (8.75 meses)(17)(18).

Por lo tanto, si bien el señor José Vicente González González estuvo privado de la libertad en el plano jurídico hasta el 7 de abril de 2003 (5 meses), lo cierto es que según los parámetros jurisprudenciales a este periodo resulta necesario adicionarle el tiempo en que, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo nuevamente.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de su detención: $ 309.000

Periodo a indemnizar: 13.75 meses

Actualización de la base:

DREAM.jpg
 

RA = $ 309.000 x 1,59 = $ 491.310, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2013 ($ 589.500), se tomará el último de ellos para la liquidación, el cual será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 736.875).

Entonces se aplicará esta fórmula:

VIRIL.jpg
 

S = $ 10.452.470,79

Total perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante $ 10.452.470,79.

6.2.2. Daño emergente.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente, consistentes en los gastos que el señor José Vicente González González habría tenido que realizar por concepto del pago de honorarios del abogado que lo representó durante el curso del correspondiente proceso penal.

Al respecto la subsección estima procedente el reconocimiento de tal indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, es decir las sumas específicas de dinero que debió cancelar la actora a su (s) representante (s) judicial (es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este litigio— es posible determinar que el señor González González sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño alegado.

Al respecto la subsección estima procedente la indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, esto es las sumas específicas de dinero que debió cancelar el actor a su (s) representante (s) judicial (es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este litigio— es posible determinar que el señor Velandia Zapata sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño deprecado.

Podría aducirse que en este caso no habría certeza acerca de la configuración del perjuicio antes mencionado, comoquiera que bien pudo ocurrir que el señor hubiese acudido a la asistencia y representación judicial gratuita de un familiar, amigo o conocido, de manera que, si ello fuere así, no habría lugar a reconocimiento económico alguno, dado que no habría certeza acerca de si, en efecto hubo, de manera efectiva, erogación dineraria por este concepto.

Al respecto cabe indicar que la regla general, cuando se trata de acudir a los servicios de un profesional del derecho para efectos de la representación en un proceso judicial, indica que este tipo de actuaciones profesionales no son ni deben ser de carácter gratuito, en la medida en que lo que ocurre de ordinario es que por esa labor se generen unos honorarios.

De manera que no es común —salvo que se trate de la asignación de abogados de oficio, situación que no ocurrió en este caso— que se presten los aludidos servicios sin que el beneficiario de ellos tenga que asumir una contraprestación de tipo económico, teniendo en cuenta, además, que se trata del desempeño de una labor profesional con un alto grado de complejidad y especialidad, la cual requiere ejecutarse con diligencia y gran sentido de responsabilidad.

Así las cosas, se reitera, en el presente caso, existe prueba de que el señor José Vicente González González sí contó con defensa técnica en el proceso penal respecto del cual fue vinculado, representación judicial que, como se expuso, según las reglas de la experiencia se presume que por esa labor tuvo que cancelar algún dinero.

Con todo, aún en el evento en que se determinara que en las respectivas actuaciones penales judiciales, la víctima hubiere actuado en su propia defensa en atención a su propia condición de profesional del derecho, esto es sin representación de apoderado alguno, la decisión necesariamente debe ser en el mismo sentido, esto es acceder al reconocimiento el daño emergente, comoquiera que el tiempo invertido en la defensa, los especiales conocimientos que se exigen en estas materias y la complejidad de los casos que se ponen a consideración, sin duda son esfuerzos que, por supuesto, merecen ser reconocidos como valores a indemnizar.

Ciertamente, la actividad de un profesional del derecho exige habilidades específicas, conocimientos técnicos y especializados, diligencia y una gran responsabilidad en su ejercicio, de forma tal que aquella persona que dedica sus esfuerzos a estos menesteres, en especial cuando la defensa se ejerce en procesos judiciales, como ocurrió en este caso, en los cuales están de por medio el derecho fundamental a la libertad, la presunción de inocencia, la dignidad y el buen nombre del sindicado, resulta aún más evidente y clara la necesidad de reconocer, en forma pecuniaria, como daño emergente, las energías y arrestos realizados.

Ahora bien, la circunstancia de que en el expediente no exista constancia del quantum al cual debe ascender la indemnización por concepto del daño emergente, no constituye óbice que impida a la Sala proceder a la liquidación de dicho perjuicio, teniendo en cuenta que en el ordenamiento existen parámetros objetivos que el juez puede y debe aplicar en aquellos eventos en que, como el presente, resultan indispensables para definir de manera concreta e inmediata —sin mayores dilaciones— los extremos del proceso sometido a conocimiento del operador judicial.

En este sentido, tanto el Código Contencioso Administrativo, como el Código de Procedimiento Civil, prevén la posibilidad de condenar a la parte vencida en el proceso al pago de las expensas judiciales y las agencias en derecho causadas durante el trámite de la litis.

Las agencias en derecho pueden definirse como “la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entra esta y aquel(19)(20).

Los numerales 3º y 4º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, disponen que el magistrado ponente fijará las agencias en derecho con aplicación de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

En cualquier caso, ante la existencia de tarifas mínimas y máximas, el juez deberá tener en cuenta i) la naturaleza, ii) calidad y iii) duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente. Los mencionados supuestos deben valorarse por el juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.

El Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló los siguientes criterios para su liquidación:

“ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia”.

Con todo, al revisar el citado acuerdo, se encuentra que allí no se regularon las tarifas mínimas y máximas, para efectos de liquidar las agencias en derecho causadas en un proceso penal. Lo anterior encuentra justificación en la sencilla pero potísima razón de que en los procesos de naturaleza penal, salvo casos específicos, en los eventos en los cuales el proceso termina por preclusión o fallo absolutorio, no hay lugar fijar agencias en derecho(21).

Lo anterior adquiere relevancia en la medida en que el Acuerdo 1887, para efectos de fijar las tarifas de las agencias en derecho, se fundamenta, principalmente en el monto de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia correspondiente, circunstancia que al momento de pretender aplicarse en un proceso penal, por obvias razones, encuentra dificultades, en la medida en que, en estricto sentido, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación no se fundamenta, generalmente, en la formulación de pretensiones de índole económica.

No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 4º del mencionado Acuerdo 1887, fija un parámetro que bien puede ser de utilidad en casos como el presente en los cuales se pretende calcular, de nuevo, de manera objetiva, razonable y proporcional, los gastos generados por concepto de la defensa judicial en un proceso penal.

Dice el aludido parágrafo:

“ART. 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o esta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes” (se destaca y subraya).

Así las cosas, para liquidar las agencias en derecho tratándose de los procesos judiciales que terminen con sentencia solo declarativa, deberán tenerse en cuenta los criterios previstos en el artículo 3º de ese acuerdo y en ningún caso deberá superar el monto equivalente a 20 smlmv.

En la misma dirección, la Sala considera pertinente tener en cuenta, como criterio auxiliar, las tarifas que por concepto de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado han sido fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados —Conalbos—, en la medida en que allí se hace una discriminación detallada acerca del monto al cual podrían ascender los honorarios de un profesional del derecho que ejerza la representación en un proceso penal, dependiendo de las actuaciones que este realice.

En este sentido, según la mencionada corporación, las siguientes son las tarifas que por concepto de honorarios corresponderían a un abogado que ejerza la representación judicial en un proceso penal:

“18. Derecho penal.

18.1. Consulta oral. Un salario mínimo legal vigente.

18.2. Consulta escrita. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.3. Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.4. Visita a la cárcel y estudio de documentos. Un salario mínimo legal vigente.

18.5. Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6. Asistencia a indagatoria.

18.6.1. Ante juez penal municipal. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.2. Ante fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.

Si se trata de versión libre: se cobrará el honorario respectivo disminuido en un 50%

18.7 Etapa instructiva.

18.7.1. Ante fiscal local. - Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.2. Ante fiscal seccional. - Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.3. Ante fiscal especializado. - Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.4. Ante fiscal delegado ante tribunal. - Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.5.- Ante magistrado Sala Penal de la Corte. - Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.8. Etapa de juicio.

18.8.1. Ante los juzgados penales municipales. - Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.2. Ante los juzgados del circuito. - Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.3. Ante los juzgados del circuito especializados. - Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.4. Ante los tribunales superiores. - Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.5. Ante la Corte Suprema de Justicia. - Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.9. Constitución de la parte civil dentro del proceso penal. - Diez salarios mínimos legales vigentes.

(...).

18.11. Recursos.

18.11.1. Extraordinarios.

18.11.1.1. Casación. - Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.11.1.2. Revisión. - Quince salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2. Ordinarios.

18.11.2.1. Ante juzgados penales municipales. - Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.2. Ante juzgados penales del circuito. - Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.3. Ante juzgados penales del circuito especializado. - Cinco salarios mínimos legales vigentes.

(...)”(22).

En consecuencia, la Sala, para liquidar el daño emergente, por concepto de los honorarios de abogado solicitados en la demanda, tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

— La naturaleza, la calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente.

— El parágrafo del artículo 4º del Decreto 1887 de 2003.

— Las tarifas fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados.

Así las cosas, una vez revisadas las actuaciones surtidas en el proceso penal que obra en el presente encuadernamiento, hay constancia de que desde el día 9 de abril de 2002, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá declaró persona ausente al señor José Vicente González González y, a su turno, reconoció personería al abogado Luis Alejandro Vergara Carrero para que defendiera los intereses del actor en el referido proceso penal.

En cuanto a la calidad de la gestión se encuentra que, en términos generales, la labor de defensa resultó adecuada para los intereses del defendido, en la medida en que obran en el expediente diferentes actuaciones por medio de las cuales se pretendió hacer cesar la acción penal en contra del sindicado, esto es, hubo diferentes peticiones con el fin de que se ordenara la libertad del proceso y se solicitó, en reiteradas oportunidades, el cierre de la investigación toda vez que según criterio del memorialista el término de instrucción se encontraba vencido.

A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta la duración de su gestión y la naturaleza del proceso, se fijará, por concepto de agencias en derecho, un monto equivalente a 20 smlmv.

7. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 21 de febrero de 2007, el cual quedará así.

“1. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor José Vicente González González.

2. Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes sumas de dinero, como consecuencia de la privación injusta del señor José Vicente González González.

2.1. Por daño moral, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

José Vicente González González (víctima)50 smmlv
Rubiela Agudelo Pulido (ex esposa)50 smmlv
Andrés Fernando González Pulido (hijo)50 smmlv
Nelson Mauricio González Pulido (hijo)50 smmlv

2.2. Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante para el señor José Vicente González González, la suma diez millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos con setenta y nueve centavos $ 10.452.470,79.

2.3. Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente para el señor José Vicente González González, la suma equivalente a 20 smlmv”.

2. Sin condena en costas.

3. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Lo anterior de conformidad con el acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado Nº 9 del 25 de abril de 2013.

(2) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART.63A.Del orden y prelación de turnos.“Artículo condicionalmente exequible”.

“(...).

“Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

“Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estadoo el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia,podrán ser decididos anticipadamentesin sujeción al orden cronológico de turnos. 

 

“Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (destacado y subrayas fuera del texto original).

(3) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:

— Subsección A: sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 21140, M.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de enero de 2012, Exp. 22701, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, Exp. 23507; sentencia del 23 de febrero de 2012, Exp. 18418; sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 24008.

— Subsección B: Sentencia del 12 de mayo de 2011, Exp. 20569, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 11 de mayo de 2011, Exp. 19457, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 31 de enero de 2011, Exp. 18626, Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 29 de marzo de 2012, Exp. 16448, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: sentencia de junio 22 de 2011, Exp. 20713, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 10 de octubre de 2011, Exp. 19151, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 24 de enero de 2011, Exp. 15996, M.P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 23 de mayo de 2012, Exp. 22672, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(4) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, reiteradas por esta subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Exp. 20.299, entre muchas otras.

(5) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 29 de agosto de 2012. Exp. 27109, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(6) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, Exps. 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, Exp. 40.455, M.P. Hernán Andrade Rincón

(7) Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, Exp. 12.076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(8) Sentencia de 20 de febrero de 2.008, Exp. 15.980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(9) Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23.688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24.296.

(10) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006. Exp. 15440, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13.232-15.646, M.P. Alier E. Hernández Henríquez.

(12) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013. Exp. 31033.

(13) Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Exp. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(14) Cf. Sentencia del 20 de febrero de 2008, Exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(15) Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, Exp. 27289, M.P. Enrique Gil Botero.

(16) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Exp. 25.022. M.P. Enrique Gil Botero.

(17) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA - Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 28 de junio de 1995, Exp. 4571, M.P. Héctor Marín Naranjo.

(20) Corte Constitucional. Sentencia C-089 del 13 de febrero de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(21) Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de abril de 2011. Exp.34145, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.

(22) http://conalbos.com/tarifas. Ultimo ingreso: 6 de junio de 2013.

Aclaración de voto

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la decisión mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor José Vicente González González, por el delito de homicidio, a quien la fiscalía delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá le precluyó la investigación, por estimar que no cometió el delito por el que fue investigado, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del in dubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se dé por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o esta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del in dubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (D. 2700/91, art. 414) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del in dubiopro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó al señor José Vicente González González, teniendo en cuenta que la fiscalía delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá precluyó la investigación a su favor, por estimar que no cometió el delito por el que fue investigado.

Fecha ut supra. 

Carlos Alberto Zambrano Barrera