Sentencia 2005-00652/39051 de mayo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 660012331000200500652 02

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 39 051

Actor: Julio César Trejos González

Demandado: Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá D.C., dos de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. En efecto, la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(2).

II. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

9.1. El 10 de enero de 2001, el concejo municipal de Pereira reeligió como personero, para el período 2001-2003, al señor Julio César Trejos González, quien se había desempeñado en el mismo cargo durante el período 1998-2000. En ejercicio de la acción electoral, el ciudadano Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro demandó la nulidad de dicha elección por estimar que el señor Trejos se encontraba incurso en la causal de inhabilidad consistente en haber desempeñado el mismo cargo durante los 12 meses anteriores a su elección (copia de las actas del concejo en las que se da cuenta de la posesión del personero y de su elección, así como de la demanda en nulidad electoral, f. 17-23 y 25-30 c. anexo 1 y 27-32 c. 2).

9.2. Mediante sentencia de 20 de junio de 2001, el Tribunal Administrativo de Risaralda denegó la nulidad solicitada con fundamento en que: i) la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-267 de 22 de junio de 1995, declaró inexequible la expresión “[e]n ningún caso habrá reelección de los personeros” contenida en el artículo 172 de la Ley 136 de 1994, de modo que esta última está permitida; ii) de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el artículo 95.4 de la Ley 136 de 1.994 “no es aplicable a los personeros, por existir inhabilidad especial, prevista en el literal b del artículo 174, de la ley citada”, referida a haber ocupado, durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio, por lo que no aplica para quien haya ocupado cargos en el Ministerio Público y la personería municipal hace parte de este último (copia de la sentencia, f. 114-123 c. anexo 1).

9.3. Recurrida en apelación por el demandante, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia de 8 de febrero de 2002, notificada por edicto desfijado el 15 de febrero de 2002, la revocó y, en su lugar, declaró nulo el acto de elección del señor Julio César Trejos González para el período de 2001 a 2003. Lo anterior en consideración a que:

La inhabilidad establecida en el artículo 95, numeral 5º, de la Ley 136 de 1994 —según fue modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000—, entonces, resulta aplicable cuando se trate de elegir personero, por la remisión del artículo 174, literal a, de la Ley 136 de 1994, pues nada la hace incompatible, lo que quiere decir que no puede ser elegido personero quien se haya desempeñado como contralor o personero del respectivo municipio dentro de los 12 meses anteriores a la elección (…).

Ahora bien, dijo el Tribunal que la demanda estaba basada en el supuesto de que el personero no podía ser reelegido para el período siguiente, pero que mediante la Sentencia C-267 de 22 de junio de 1995 la Corte Constitucional había declarado inexequible la expresión “En ningún caso habrá reelección de los personeros” del artículo 172 de la Ley 136 de 1994, y que, entonces, estaba permitida la reelección, como ocurrió en este caso.

Pero lo que alegó el demandante fue que el señor Trejos González, por haber ocupado el cargo de Personero de Pereira durante el período de 1º de marzo de 1998 a 28 de febrero de 2001, se encontraba inhabilitado, conforme a lo establecido en el artículo el artículo 95, numeral 5º, de la Ley 136 de 1994 —modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000—, según el cual no puede ser alcalde quien haya desempeñado el cargo de contralor o personero del respectivo municipio dentro de los 12 meses anteriores a la elección, aplicable al caso por disposición del artículo 174, literal a, de la Ley 136 de 1994, según el cual no puede ser personero quien esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para ser alcalde, en lo que sean aplicables.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-267 de 22 de junio de 1995, declaró inexequible la expresión “En ningún caso habrá reelección de los personeros” contenida en el artículo 172 de la Ley 136 de 1994, porque consideró que esa prohibición, en los términos absolutos en que fue establecida, era contraria a la Constitución, que “en determinados casos, señala expresamente los cargos públicos que excluyen toda posibilidad de reelección”, no así el de personero; que “la prohibición no puede cobijar a las personas que en la actualidad no son titulares del cargo y que, sin haber incurrido en causal de mala conducta o infringido la ley penal o disciplinaria, hayan cesado en el ejercicio del mismo en un momento del pasado que no permita, respecto de la época en que se realicen las elecciones, presumir que todavía conservan capacidad real de influjo sobre las instancias del poder”; que la disposición legal referida “consagra una prohibición absoluta para la reelección de personeros”, que “es inequívoca y no admite más de una interpretación” y que por ello no es posible “ante tan perentorio y absoluto mandato inferir que en él se incluyen, entre otras, la hipótesis de la no reelección del personero para el período siguiente, de suerte que la Corte pueda en su fallo declarar la exequibilidad de la norma bajo este entendido”; y que “la ley establece una prohibición absoluta para la reelección de personero y como tal será declarada inexequible”, entre otras razones(3).

Y mediante la Sentencia C-483 de 9 de septiembre de 1998 la Corte Constitucional declaró exequible el literal a del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, considerando que su objeto consiste en determinar las causas por las cuales una persona no puede ocupar el cargo de personero, y en este sentido, independientemente del contenido de cada una, no se encuentra violación de la Constitución por el solo hecho de establecer como tales las que configuran el régimen correspondiente con base en los hechos previstos para los alcaldes; que nada se opone a que, plasmadas las inhabilidades referentes a uno de tales cargos, al enunciar las relativas al otro considere la ley que los mismos hechos son válidos, en lo que por naturaleza y funciones aparezca pertinente; que con tal forma de expresar la voluntad legislativa ningún derecho se quebranta ni se afecta el sistema jurídico si se opta por establecer regímenes comunes, es decir, inhabilidades que comprendan varios cargos, pues se satisfaría la necesidad de predeterminar los motivos correspondientes sin necesidad de repetir la lista con respecto a cada empleo y sin señalar causas diferentes e irrepetibles para cada uno; que la metodología usada en esta oportunidad es la empleada también por el constituyente cuando, en tratándose de las inhabilidades para ser Presidente de la República, remitió a las señaladas para ser congresista (artículos 197, inciso segundo, y 179, numerales 1º, 4º y 7º de la Constitución)(4).

De manera que quien fue personero puede ser nuevamente elegido, que por el solo hecho de haberlo sido antes no se encuentra inhabilitado, salvo sí hubiera desempeñado ese cargo en el respectivo municipio dentro de los 12 meses anteriores a la elección, conforme a lo establecido en el numeral 5º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 —según fue modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000—, aplicable por disposición del literal a del artículo 174 de aquella ley, por el cual se estableció que eran causales de inhabilidad para ser personero las causales de inhabilidad para ser alcalde, en lo que fueran aplicables.

Tampoco puede ser elegido personero, en ningún caso, quien por cualquier motivo se encontrara inhabilitado, conforme a la ley.

En este punto se observa que la causal de inhabilidad del numeral 5º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 —modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000—, es distinta de la señalada en el literal b del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, según el cual no puede ser personero quien haya ocupado durante el año anterior cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio.

La primera está referida a quien haya sido contralor o personero del respectivo municipio, en tanto que la segunda a quien haya ocupado cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio, administración de la que no hacen parte los contralores ni los personeros, conforme a los artículos 117, 118, 119 y 272 de la Constitución. Y una y otra inhabilidades no se excluyen (copia de la sentencia y del edicto, f. 156-169 y 174 c. anexo 1).

9.4. Los consejeros Roberto Medina y Darío Quiñonez se apartaron de esta decisión por considerar, el primero, que la interpretación adoptada en la misma constituye una manera de revivir la prohibición de reelegir a los personeros municipales y, el segundo, que la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 95.5 de la Ley 136 de 1994 para los alcaldes no es aplicable a los personeros en tanto que, sobre este tema, ellos tenían una causal de inhabilidad especial que hace imposible la remisión y que, como toda prohibición, es de interpretación restrictiva; menos cuando la misma Corte Constitucional ha señalado que las causales consagradas en ese artículo no son aplicables de manera automática a los personeros y cuando, con la decisión adoptada, termina proscribiéndose, sin que haya regulación legal sobre el asunto, la reelección de personeros, pese a que dicho órgano declaró la inexequibilidad de la norma que la prohibía y a que la inhabilidad consagrada se explica perfectamente para el caso de los alcaldes, pero no así para el de los personeros (copia de la providencia, f. 150-158 c. 1).

9.5. Contra la decisión anterior el señor Trejos González interpuso recurso extraordinario de súplica que fue declarado fundado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 8 de abril de 2003, por lo que, en consecuencia, se revocó la proferida por la Sección Quinta y se confirmó la de 20 de junio de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda. Lo anterior por considerar que, a la luz del contenido de las leyes y de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, la única causal de inhabilidad por el ejercicio de funciones públicas aplicable a los personeros era la contenida en el artículo 174.b de la Ley 136 de 1994 consistente en “haber ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio”, de allí que la Sección Quinta hubiere incurrido en interpretación y aplicación indebidas de dicha disposición y del artículo 95.5 de esa misma ley, modificado por el 37 de la 617 de 2000 (copia auténtica de la providencia, f. 174-206 c. 1).

9.6. De esta decisión, notificada por edicto desfijado el 22 de mayo de 2003, se apartaron los consejeros Ligia López Díaz, Ana Margarita Olaya Forero, Gabriel Mendoza Martelo y Alier Hernández Enríquez quienes consideraron, en síntesis, que la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 95.5 de la Ley 136 de 1994 sí era aplicable a los personeros municipales en tanto que, por una parte, no era incompatible con las consagradas específicamente para ellos y, por la otra, se encontraba plenamente justificada por cuanto tenía por objeto evitar que dichos funcionarios se aprovecharan de las indudables ventajas que tenían sobre los demás competidores para efectos de mantenerse en el cargo por la vía de la reelección (copia de los salvamentos de voto, f. 207-212 c.1(5)).

9.7. El señor Julio César Trejos González laboró como personero municipal de Pereira desde el 1º de marzo de 1998 hasta el 19 de abril de 2002(6). Entre el 20 de abril de 2002 y el 3 de junio de 2002 el cargo fue asumido por dos personas diferentes —el primero por encargo, en tanto el segundo, posesionado el 10 de mayo de 2002, no se sabe por qué razón—, mientras el período transcurrido entre el 4 de junio de 2002 y el 29 de febrero de 2004 —fecha de culminación del período— fue asumido por el señor José Edwin Hinestroza Palacio (original de certificaciones expedidas por el director administrativo de la alcaldía municipal de Pereira, f. 61 c.2 y 127-128 c.1).

9.8. El señor Julio César Trejos González laboró como gerente departamental grado 01 en la gerencia departamental de Risaralda-Contraloría General de la República, durante el período comprendido entre el 18 de marzo de 2003 y el 1º de abril de 2005(7) (certificación expedida por la gerencia de talento humano de la Contraloría General de la República, f. 125 c.1 y 48 c. 2).

III. Problema jurídico

10. Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los presuntos daños causados al actor por la sentencia de 8 de febrero de 2002, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad de su elección como personero municipal para el período 2001-2003. Para ello es indispensable estudiar, de manera previa y por presentar algunas dificultades en el sub examine, el presupuesto procesal relativo a la demanda interpuesta en tiempo. En torno al juicio de responsabilidad, la Sala deberá estudiar, en primer lugar, si se cumplen los presupuestos necesarios para que pueda analizarse la existencia de un error judicial, lo cual supone interrogarse sobre la incidencia que tiene el ejercicio de recursos extraordinarios para los juicios de responsabilidad del Estado por error judicial y, en segundo, si se encuentran demostrados los elementos requeridos para que se estructure dicha responsabilidad, a saber, la existencia de un daño y el que el mismo sea imputable a una providencia judicial contraria a derecho, esto es, errónea.

10.1. Ahora bien, de encontrar que hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por el supuesto error judicial invocado, la Sala deberá pronunciarse sobre los parámetros indemnizatorios de perjuicios materiales consistentes en salarios dejados de recibir de cara a: i) la prohibición constitucional de percibir más de una asignación que provenga del tesoro público, consagrada en el artículo 128 de la Carta Magna; y ii) el monto de dichos salarios que, por disposición legal, no entra al patrimonio del servidor público, sino que se destina a fines de solidaridad.

IV. Análisis de la Sala

IV.1. La caducidad de la acción

11. Consagrada por el legislador para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, la figura de la caducidad constituye una sanción para las partes que no impulsan el litigio dentro del plazo fijado y que, por ende, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. En el caso concreto de la acción de reparación directa, el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 —vigente al momento de la ocurrencia de los hechos—, estableció que el término para incoarla es de dos (2) años “contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

11.1. Ahora bien, cuando el hecho dañoso es una providencia respecto de la cual se predica la existencia de un error, la Sección Tercera de esta corporación ha considerado, de manera pacífica y reiterada, que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe empezar a computarse a partir del momento en que queda ejecutoriada, pues es a partir de allí que, en principio, está llamada a tener efectos.

11.2. No obstante, como se explicará detalladamente en el siguiente acápite de esta providencia, los jueces de la responsabilidad del Estado por errores judiciales no pueden perder de vista la incidencia que, en esta materia, puede tener la interposición de recursos extraordinarios que, en algunos casos, suspenden la ejecutoria de la providencia considerada como dañina, pero no su ejecutividad, es decir, su cumplimiento —por ejemplo, el recurso extraordinario de casación—; o, en otros, permiten la infirmación de sentencias ejecutoriadas —por ejemplo, el recurso extraordinario de revisión o el desaparecido extraordinario de súplica en sede del contencioso administrativo—.

11.3. Así pues, en relación con la segunda hipótesis, que es la relevante para el caso bajo análisis, la Sala advierte que bien puede ocurrir que, pese a la ejecutoria de la sentencia invocada como dañosa, esto es, la contentiva del error judicial, la víctima no hubiere adquirido plena certeza de la firmeza o irreversibilidad del daño causado por aquella, sino hasta cuando se decidió definitivamente el recurso extraordinario interpuesto con el objetivo de que se corrigiera el error posteriormente invocado en sede de reparación directa o, incluso, hasta el momento en que puedan considerarse fallidos los trámites tendientes a hacer valer la infirmación de la sentencia de la que se predica el error.

11.4. En estas circunstancias se estaría entonces frente a uno de los eventos en los que, según la jurisprudencia consolidada de la corporación(8), el término de caducidad de la acción debe empezar a computarse ya no desde el hecho dañoso —la ejecutoria de la sentencia contentiva del error judicial—, sino desde aquel en que se tuvo certeza de la firmeza o irreversibilidad del daño —lo cual pudo ocurrir con la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se resolvió de manera definitiva el recurso extraordinario interpuesto con el objeto de que se subsanara el error judicial alegado en reparación directa o, posteriormente, con el fracaso de las medidas tendientes a hacer valer la infirmación de la sentencia dañosa—. Lo anterior teniendo en cuenta que el daño, lo cual comprende también la certeza de su firmeza e irreversibilidad, “es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria”(9).

11.5. A la luz de estos parámetros y teniendo en cuenta que: i) no cabe duda de que el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el señor Trejos González en contra de la sentencia que invoca como contentiva de un error judicial en la presente acción de reparación directa tenía por objeto, justamente, la subsanación del yerro alegado, pues con él se buscaba la infirmación de la declaratoria de nulidad de su elección —supra párr. 9.5—, decisión que, según se insistió a lo largo del trámite de la presente acción, habría sido errónea; y ii) pese a que la prosperidad del recurso extraordinario de súplica sí podía tener por efecto revertir los daños causados por la sentencia acusada de errónea(10), nada se dispuso sobre el particular en la providencia infirmatoria, es factible concluir que, a partir de su ejecutoria, dichos daños fueron irreversibles. Lo anterior más aun si se tiene en cuenta que, en el decir del actor en el libelo introductorio, nunca adelantó trámites administrativos tendientes a hacer valer la sentencia proferida en el marco del recurso extraordinario por estimar que los mismos resultaban inanes por cuanto, en el entretanto, se había elegido y posesionado a otro personero.

11.6. Así pues y comoquiera que, en los términos del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil(11), la sentencia infirmatoria de 22 de mayo de 2003 —supra párr. 9.5— quedó en firme el 27 de mayo de 2003, dado que el edicto mediante el cual se surtió la notificación fue desfijado el 22 de mayo de ese mismo año —supra párr. 9.7—, la demanda presentada el 26 de mayo de 2005 lo fue en tiempo.

IV.2 Los presupuestos del error jurisdiccional. La incidencia del ejercicio de recursos extraordinarios en los juicios de responsabilidad del Estado por errores judiciales

12. La responsabilidad del Estado por los daños causados por la administración de justicia fue regulada expresamente en el capítulo VI de la Ley Estatutaria 270 de 1996, en la cual se consagraron las tres hipótesis en las que podía configurarse: el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el error judicial y la privación injusta de la libertad. A propósito del error judicial dicha ley indicó que era aquel “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” (artículo 65) y adicionalmente sujetó su procedencia a que se cumplieran los siguientes presupuestos (artículo 67):

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

12.1. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera de esta corporación ha recordado que si el interesado no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance, el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el supuesto yerro judicial; de modo que, en ese escenario, carecería de objeto estudiar este último por configurarse un hecho de la víctima que exonera de responsabilidad al Estado(12). En ese sentido este presupuesto se articula con el segundo, esto es, aquel según el cual el error debe encontrarse contenido en una providencia judicial que esté en firme pues salta a la vista que si esta última no lo está, es decir, si contra ella aun cabe el ejercicio de los medios ordinarios de impugnación, el supuesto error bien podría ser enmendado.

12.2. Ahora bien, es de recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la corporación, los “recursos de ley” a los que se refiere la Ley 270 deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no solo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(13). Lo anterior por cuanto si bien es cierto que tanto los recursos ordinarios como los extraordinarios permiten obtener la enmienda de los yerros en los que hubieren podido incurrir los operadores judiciales, el ejercicio de los primeros es una carga procesal exigible a cualquier persona que acude ante la jurisdicción, pero no así el de los segundos en tanto que, como su nombre lo indica, son remedios procesales de carácter extraordinario o excepcional que no solo proceden de manera limitada, sino que implican un trámite especial, distinto al del proceso original.

12.3. Así las cosas, para efectos de demandar la responsabilidad del Estado por error judicial, los perjudicados no están en la obligación de agotar los recursos extraordinarios de que disponen, basta con que ejerzan los ordinarios, pero, en la lógica antes expuesta, la interposición de aquellos no podría jugar en su contra en un eventual proceso indemnizatorio, salvo que su prosperidad garantizara la reparación solicitada en estos últimos, caso en el cual estos carecerían de objeto. En efecto, contrariaría el sentido común el que, por cuenta de un recurso extraordinario interpuesto con el fin de que se subsanara un supuesto error judicial —recurso que, por su naturaleza, implica una carga procesal importante para el recurrente—, se le desmejoraran las condiciones para solicitar, con posibilidades de éxito, la reparación de los daños que hubiere podido causar el error contenido en la providencia recurrida que no hubieren podido ser reparados en virtud de la prosperidad del recurso extraordinario, o que, frente al fracaso de este último, hubieren quedado incólumes. Esta es entonces una perspectiva que el juez de la reparación directa no puede eludir a la hora de verificar si se cumplen o no los presupuestos legales del error judicial invocado e, incluso, como se explicó en el acápite de la caducidad, presupuestos procesales del juicio de responsabilidad como el de la demanda interpuesta en tiempo.

12.4. Ejemplo de la adopción de esta perspectiva es lo decidido por esta Sala en sentencia de 28 de septiembre de 2015(14) en el caso de una demanda de reparación directa por el supuesto error judicial contenido en una sentencia que, por haber sido objeto del recurso extraordinario de casación civil, no se encontraba en firme para la época en que se presentó la demanda indemnizatoria(15). En esa ocasión, en contravía con lo decidido por el a quo, esta Sala consideró que:

(…) se presenta una particularidad procesal que impide al juez inhibirse de pronunciar una decisión de fondo respecto de la posible configuración de un error judicial, debido a que durante el trámite de la demanda de reparación directa se surtió el recurso de casación interpuesto en contra de la providencia presuntamente contentiva del error, oportunidad procesal en la cual la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia, por lo cual, para el momento de proferir la decisión de segunda instancia en el presente proceso, esta se encuentra debidamente ejecutoriada.

La Sala precisa que la disposición del artículo 67 de la Ley 270 de 1996, que exige como presupuesto del error jurisdiccional que la providencia contentiva del error se encuentre en firme, no puede entenderse como un requisito de procedibilidad para ejercer la acción de reparación directa, sino como uno para acreditar la existencia del error(16).

12.5. En este orden de ideas se estima entonces que, para efectos de analizar la existencia de posibles errores judiciales contenidos en providencias en principio definitivas pero susceptibles de ser impugnadas a través de recursos extraordinarios, en la lógica de la Ley 270 de 1996 —aunque no necesariamente conforme a su tenor literal—, los presupuestos que deben verificarse son los siguientes: i) que al margen de que la interposición de dicho recurso haya suspendido la ejecutoria de la decisión —como ocurre con el de casación—, la providencia en el que se encuentra contenido esté en firme en el momento en que vaya a analizarse el supuesto error, esto es, que se haya resuelto ya, de manera definitiva, el recurso extraordinario interpuesto contra ella y que el mismo no hubiere prosperado(17); o ii) que pese a haber sido infirmada por cuenta del recurso extraordinario interpuesto —para el caso de aquellos que proceden contra sentencias ejecutoriadas—, se acredite que, durante el tiempo en que estuvo en firme, la providencia recurrida tuvo efectos, es decir, causó daños que, invocados en la acción de reparación directa, la decisión adoptada en el marco del recurso extraordinario no tenía la virtud de hacer desaparecer.

12.6. No escapa a la Sala el hecho de que, en algunos casos, el término para ejercer un recurso extraordinario contra una providencia y aquel para demandar en reparación directa por error judicial es coincidente y, en consecuencia, bien podría ocurrir que ambos mecanismos se tramitaran de manera paralela y aislada y que, en sede de reparación directa, se accediera a la indemnización de daños que, por efecto de la eventual prosperidad del recurso extraordinario, habrían podido desaparecer, lo que implicaría que la condena proferida en sede del juicio de responsabilidad del Estado perdiera su razón de ser o, lo que vendría siendo lo mismo, que el supuesto perjudicado recibiera una indemnización por un daño finalmente revertido o, incluso, que recibiera una doble indemnización por los mismos hechos.

12.6.1. Sin embargo, esta no es razón suficiente para exigir, como presupuesto del análisis del error judicial, el agotamiento de recursos extraordinarios que, se insiste, solo son procedentes cuando se configuran causales específicas y de interpretación restrictiva y que, adicionalmente, requieren la presentación de una nueva demanda, pues ello supondría que todas las personas que pretendan una reparación por error judicial tengan la obligación de presentar este tipo de recursos independientemente de que existan razones para ello, con los consiguientes costos tanto para la parte interesada en la presentación de la acción de reparación directa, quien debería asumir importantes erogaciones económicas y, además, los trámites de la iniciación de un proceso judicial adicional; como para el aparato judicial que, en escenarios de congestión, tendría que tramitar recursos extraordinarios interpuestos solo como una manera de cumplir el presupuesto necesario para el análisis del error judicial y no con la vocación de prosperidad que debería animar todo ejercicio responsable del derecho al acceso a la administración de justicia.

12.6.2. No obstante, para efectos de evitar posibles abusos del derecho y reducir al máximo los efectos nocivos del paralelismo de los dos mecanismos procesales —el recurso extraordinario y la acción de reparación directa por error judicial—, considera la Sala que, en caso de que la providencia judicial acusada de errónea hubiere sido impugnada mediante un recurso extraordinario, la parte afectada no estaría habilitada a solicitar, por la vía de la reparación directa, la indemnización de los daños supuestamente causados por el error judicial hasta tanto dicho recurso no se resolviere de manera definitiva, esto es, hasta que no se tuviere plena certeza sobre la irreversibilidad de los daños que la sentencia recurrida habría podido causar, caso en el cual el término de caducidad de la acción de reparación directa debe empezar a computarse desde la ejecutoria de la providencia que pone fin al trámite del recurso y no, de acuerdo con la regla general, desde la ejecutoria del fallo recurrido, tal como se hizo en este caso(18).

12.6.3. Ahora bien, comoquiera que puede presentarse el caso de que, después de haber interpuesto demanda de reparación directa por error judicial, se encuentren motivos para interponer un recurso extraordinario que, como el de revisión, puede proceder por el advenimiento de situaciones nuevas —p. ej. una prueba recobrada—, no sobra advertir que es deber de los demandantes poner en conocimiento del juez de la reparación directa la interposición de un recurso extraordinario que daría lugar a la infirmación de la providencia acusada de error judicial, de modo que aquel pueda adoptar las medidas que considere necesarias para evitar reconocer una indemnización por un daño que, por virtud de la impugnación extraordinaria, podría ser revertido total o parcialmente. Abstenerse de hacerlo implicaría para los demandantes faltar a la lealtad procesal que les es exigible e incurrir en una conducta que bien podría ser calificada de temeraria para todos los efectos a que haya lugar.

IV.3. Los presupuestos del error judicial en el caso concreto

13. En el orden de ideas expuesto en el acápite precedente, el presupuesto que se hace indispensable verificar en el sub examine antes de analizar de fondo el error judicial invocado en la demanda de reparación directa es entonces si la sentencia invocada como dañosa, esto es, la proferida por la Sección Quinta de esta corporación el 8 de febrero de 2002 causó daños que, invocados en la demanda de reparación directa, no podían desaparecer por efecto de la prosperidad del recurso extraordinario de súplica que fue interpuesto contra ella.

13.1. Al respecto se tiene que, como se recordó en el acápite de la caducidad de la acción —supra pie de página Nº 10—, de acuerdo con la regulación legal del recurso extraordinario de súplica —artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 57 de la Ley 446 de 1998(19)—, su prosperidad sí tenía la virtud, al menos en principio, de hacer desaparecer los daños que hubieren sido causados por la sentencia infirmada, si no por el hecho de que en la decisión se hubieren dejado sin efectos los actos procesales realizados para el cumplimiento de la sentencia recurrida (13.2), al menos sí a través de la orden que se profiriera para que el juez de conocimiento dispusiera sobre las restituciones y las demás medidas a que hubiera lugar (13.3) y ello independientemente de que puedan aducirse razones en contra de la eficacia de algunas de esas medidas para revertir el daño causado al actor (13.4), de modo que si con la prosperidad del recurso extraordinario de súplica no se revirtieron los daños que hubiere podido causar la sentencia infirmada, ello es atribuible única y exclusivamente a la incuria del actor que se abstuvo de solicitar la adición del fallo para que se pronunciara sobre el particular (13.5), circunstancia que, en el régimen de responsabilidad por la actividad jurisdiccional, impide adelantar cualquier análisis sobre la existencia del error judicial (13.6).

13.2. En efecto, es de advertir que el dejar sin efectos los actos procesales proferidos para cumplir la providencia que declaró la nulidad de la elección del señor Trejos González como personero municipal de Pereira para el período 2001-2004 no habría tenido como consecuencia automática el que la administración municipal se viera en la obligación de reconocer al actor los salarios dejados de percibir durante la época en que permaneció separado del cargo. Lo anterior por cuanto, a falta de una orden judicial expresa sobre el particular, un reconocimiento de dicha naturaleza solo procedía a condición de la prestación personal del servicio, circunstancia que, evidentemente, no se presentaba en el presente caso y a la que se adiciona aquella consistente en que, en el entretanto, el cargo fue ocupado por otras personas a quienes se les cancelaron los emolumentos destinados en el presupuesto municipal para dichos efectos —supra párr. 9.7—, por lo que no podía exigirse a los funcionarios municipales que, exponiéndose a los reproches que pudieran formularse desde la perspectiva de la destinación de recursos públicos, realizaran dicho reconocimiento.

13.3. Cosa distinta ocurre en relación con el supuesto previsto por el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo relativo al hecho de que, en caso de que la sentencia infirmada en sede de súplica extraordinaria hubiere tenido cumplimiento, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo debía disponer “que el juez de conocimiento proced[ier]a a las restituciones y adopt[ara] las demás medidas a que hubiere lugar” pues, en ejercicio de esta competencia, prevista expresamente por la ley con el fin de garantizar la eficacia de lo decidido en un recurso extraordinario, el juez de conocimiento, previa habilitación dada por la orden proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se encontraba plenamente facultado para tomar todas las medidas que considerara pertinentes para revertir los daños que hubiera podido causar la sentencia infirmada, sin importar que las mismas se tradujeran en restablecimientos del derecho a favor del recurrente en la súplica extraordinaria.

13.3.1. Para rebatir esta conclusión podría afirmarse que el juez de conocimiento, en este caso, el de la nulidad electoral, no estaba habilitado para proferir medidas de esa naturaleza, dado lo limitado de su competencia en el marco de la acción ejercida pues, como lo ha sostenido de manera pacífica y reiterada la jurisprudencia de la Corporación, en particular, su Sección Quinta, competente para conocer asuntos electorales, la acción de nulidad electoral contemplada en el artículo 228 del Código Contencioso Administrativa —ahora consagrada en el 139 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo—, “(...) es, a no dudar, una acción pública, que se caracteriza, entre otras cosas, porque puede ser interpuesta por cualquier persona, pero primordialmente porque su objeto va en la misma dirección del interés general”, lo cual significa que “con la pretensión de nulidad electoral no se puede buscar nada distinto a salvaguardar el ordenamiento jurídico en sentido objetivo”(20), es decir, que a través de ella no pueden formularse pretensiones de restablecimiento del derecho o, lo que es lo mismo, no hay “espacio [para] la reclamación de derechos subjetivos”(21).

13.3.2. No obstante, lo cierto es que, en este caso, los pronunciamientos que el juez de la nulidad electoral profiriere en torno a restituciones no derivarían propiamente del medio de control ejercido inicialmente, esto es, no provendrían de las pretensiones de nulidad de la elección —al contrario, derivarían de la infirmación de esta última—, ni tendrían por efecto restablecer derechos subjetivos del demandante en sede de nulidad —las restituciones a que hubiere lugar se ordenarían, en realidad, a favor del demandado—; sino que encontrarían su fuente directa en lo dispuesto por el entonces vigente artículo 194 del Código Contencioso Administrativo a propósito del recurso extraordinario de súplica, esto es, se trataría de una competencia especial otorgada por la ley para darle efectos útiles a la prosperidad de dicho recurso cuandoquiera que mediaba el cumplimiento de la providencia infirmada(22), por lo que, en el ejercicio de la misma, el juez de la nulidad electoral no estaría limitado por el objeto de la acción o medio de control conocido con este nombre, sino que actuaría como complemento necesario del juez del recurso extraordinario de súplica y con la finalidad deliberada de garantizar la eficacia de la decisión proferida por este último.

13.4. En esa perspectiva la Sala advierte que los reparos que pudieran plantearse en torno a la eficacia de algunas de las medidas que habría podido ordenar el juez de conocimiento no desvirtuarían el hecho de que, en todo caso, este último tenía la facultad de revertir si no todos, al menos sí la mayor parte de los daños causados por la sentencia infirmada. En efecto, aunque es indiscutible: i) que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, vigente para la época de los hechos, los períodos para los cuales eran elegidos los personeros municipales eran de carácter institucional y no personal (artículo 170(23))(24); y ii) que, una vez en firme, la declaratoria de nulidad de su elección constituía una falta absoluta que daba lugar a la elección inmediata de un nuevo personero para el período restante (artículo 172(25)), circunstancias que indican que, por una parte, la eficacia de una eventual orden de reintegro del actor habría estado condicionada a que no se hubieren realizado nuevas elecciones(26) y que, de haber sido posible, aquel solo habría permitido que el actor se reincorporara por el término que faltaba para culminar el período institucional, esto es, hasta el 29 de febrero de 2004(27); lo cierto es que, en los términos de la competencia especial conferida por virtud de la prosperidad del recurso extraordinario de súplica, determinada por la finalidad de que esta tuviera efectos concretos en la situación planteada por el recurrente, nada obstaba para que el juez de conocimiento ordenara a la administración municipal que le pagara al señor Trejos González lo dejado de percibir durante el período en que, por cuenta de la sentencia infirmada, no pudo ejercer el cargo para el cual fue electo, por ser este una restitución que derivaba directamente de que la declaratoria de nulidad de la elección hubiere sido infirmada.

13.5. Así las cosas y teniendo en cuenta que el actor no acreditó que hubieren sido los jueces competentes para ordenar y adoptar las medidas que habrían podido restituirle la situación de la cual lo privó la sentencia infirmada, los que se negaron expresamente a hacerlo, sino que, según se desprende de lo acreditado en el expediente, se trató de un aspecto del litigio que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo omitió resolver, sin que aquel hubiere presentado la solicitud de adición de la sentencia a la que había lugar, se concluye que el que el actor en reparación directa no hubiere accedido a la restitución a la que podía aspirar legítimamente luego de la prosperidad de su recurso extraordinario de súplica es un hecho que le es completamente imputable y, por lo tanto, no permite tener por acreditado el presupuesto necesario para estudiar el error judicial invocado en la demanda.

13.5.1. En efecto, la Sala no puede dejar de advertir que, además de que en los términos del pluricitado artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tenía la obligación de pronunciarse, de oficio, sobre los actos procesales realizados para el cumplimiento de la sentencia infirmada y disponer que el juez de conocimiento se pronunciara sobre las restituciones y medidas a que hubiere lugar, de acuerdo con el texto de la providencia de 8 de abril de 2003 —supra párr. 9.5—, el recurrente en súplica extraordinaria, esto es, el señor Trejos González también solicitó que se declararan “sin efectos los actos administrativos de cumplimiento de la sentencia recurrida” (f. 171 c. 1). No obstante, la decisión omitió hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, configurándose así la hipótesis fáctica contemplada por el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al asunto por la remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, para que procediera la adición de la sentencia mediante la cual se resolvió el recurso extraordinario de revisión:

Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.

13.5.2. Así pues y comoquiera que, notificado de la decisión adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en relación con su recurso extraordinario, el actor se abstuvo de solicitar la adición de la sentencia en relación con el punto señalado, mecanismo que no solo le habría abierto la puerta para que la decisión que lo favorecía produjera plenos efectos sino que, además, lejos de constituir una vía procesal extraordinaria, se trataba del procedimiento normal para corregir la omisión en la que incurrió la Sala Plena de esta corporación y, por lo tanto, era de su resorte ejercer para hacer valer sus intereses, se concluye que fue la omisión de acudir a este mecanismo y no, como se sugiere en la demanda, la supuesta inocuidad de la prosperidad del recurso extraordinario(28), la que determinó la firmeza e irreversibilidad de los daños causados por la decisión acusada de error judicial, en tanto esta última fue infirmada y existía la posibilidad procesal de que sus efectos fueren revertidos.

13.6. En este escenario la Sala concluye que no puede tenerse por acreditado el presupuesto al que, en la lógica de lo previsto en la Ley 270 de 1996, debe sujetarse el análisis del error judicial invocado en este caso, a saber, que la decisión infirmada por la Sala Plena de la corporación, acusada de errónea, hubiere causado daños que, invocados en la acción de reparación directa, la decisión adoptada en el marco del recurso extraordinario no tuviere la virtud de hacer desaparecer; presupuesto que, como se explicó, se funda en el hecho de que el análisis de la responsabilidad del Estado por el error judicial supone que las personas que hayan resultado afectadas por decisiones jurisdiccionales hubieren hecho uso de los mecanismos ordinarios que tenían a su alcance para procurar la corrección de los yerros en los que pueden incurrir los jueces —y que, justamente, han sido previstos para este fin— y que el juicio de responsabilidad por un error judicial solo se adelante cuandoquiera que la decisión y sus efectos no puedan revertirse a través de los remedios procesales que las partes en una disputa judicial tengan la obligación de ejercer.

13.6.1. Así pues, aunque en este caso el demandante no estaba en la obligación de agotar el recurso extraordinario de súplica para efectos de presentar una demanda de reparación directa por error judicial, lo cierto es que sí hizo uso de ese mecanismo y que, en el marco del mismo, habría podido obtener que se revirtieran si no todos, al menos buena parte de los daños que le habría causado la providencia acusada de errónea —concretamente, el reconocimiento de los salarios dejados de percibir durante el tiempo en que, por virtud de la decisión judicial infirmada, se vio obligado a separarse del cargo, dado que se trataba de una restitución que se desprendía naturalmente de la infirmación de la sentencia que declaró la nulidad de la elección—, siendo la falta de agotamiento de una vía procesal ordinaria —la solicitud de adición de la providencia mediante la cual se infirmó la sentencia dañosa— la que impidió que el juez competente para ello se pronunciara sobre las restituciones y medidas a las que hubiere habido lugar; falta de diligencia que, se insiste, impide al juez de la responsabilidad del Estado por error judicial, adentrarse en el estudio de este último.

13.7. Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera que en sede del recurso extraordinario de súplica no habrían podido reestablecerse los perjuicios morales que, en la presente demanda de reparación directa, el actor invoca como derivados del haber sido separado del cargo para el cual fue electo, circunstancia que habilitaría la posibilidad de estudiar, en sede de reparación directa, la responsabilidad del Estado por el supuesto error judicial que habría dado lugar a la causación de esos perjuicios, la Sala se entiende relevada de realizar dicho análisis en la medida en que el actor no realizó ningún esfuerzo probatorio tendiente a acreditar la existencia de dichos perjuicios, la cual tampoco puede inferirse única y exclusivamente del hecho de que su elección haya sido anulada o, menos aun, de que por cuenta de dicha decisión hubiere dejado de percibir algunos salarios pues se recuerda que, según la jurisprudencia constante de la Corporación, los perjuicios morales por pérdidas económicas no se presumen(29).

V. Costas

14. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 21 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

3 [1] Gaceta de la Corte Constitucional, 1.995, t. 6, vol. I, págs. 385 a 395.

4 [2] Gaceta de la Corte Constitucional, 1.998, t. 8, pág. 250.

5 Aunque la copia de los salvamentos de voto suscritos por los consejeros Gabriel Mendoza y Alier Hernández no obran en el expediente, la Sala advierte que en el portal de la Rama Judicial del Estado, concretamente en la entrada de relatoría, consulta de jurisprudencia, de la página web del Consejo de Estado, bajo la dirección http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml, se encuentran junto con el texto integral de la providencia. Por esta razón y teniendo en cuenta que el artículo 10 de la Ley 527 de 1999 admite como medios de pruebas los mensajes de datos, entendidos como “la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos” —artículo 1º de esta misma ley—, la Sala valorará esta información. El mismo criterio ha sido aplicado antes por el pleno de la Sección Tercera y las Subsecciones B y C, como una forma de propender por la utilización de las nuevas tecnologías en la dinámica de las relaciones intersubjetivas, y por supuesto en la actividad probatoria dentro de los procesos judiciales. Véanse la sentencia de 24 de octubre de 2013, exp. 26.690 y el auto de 6 de diciembre de 2012, exp. 45.679, ambos con ponencia de Jaime Orlando Santofimio y la de 27 de marzo de 2014, exp. 27364, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

6 De acuerdo con la certificación expedida el 10 de abril de 2008, las asignaciones mensuales del cargo de personero en los años 2002, 2003 y 2004 eran, respectivamente, de $ 6 226 609, $ 6 444 541 y $ 6 702 323, f. 127-128 c.1. No obstante, según certificación expedida el 23 de enero de 2008, la última suma mensual devengada por el señor Trejos González como personero municipal fue de $ 5 948 800, f. 61 c.2.

7 De acuerdo con las certificaciones allegadas al proceso, las asignaciones mensuales percibidas por el señor Trejos González para los años 2003, 2004 y 2005 fueron, respectivamente, $ 3 530 216, $ 3 678 133 y $ 3 880 43, sumas a las que es necesario adicionarles el valor de primas técnicas reconocidas también mensualmente, f. 38-48 c. 2.

8 Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencias de 30 de abril de 1997, exp. 11.350, C.P. Jesús María Carrillo; 11 de mayo de 2000, exp. 12.200, C.P. María Elena Giraldo; 2 de marzo de 2006, exp. 15.785, C.P. María Elena Giraldo y auto de 7 de marzo de 2002, exp. 21.189, C.P. Ricardo Hoyos Duque. De la Subsección B ver, por ejemplo, auto de 15 de diciembre de 2011, exp. 40425, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 27 de abril de 2011, exp. 18518, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

9 En este sentido se pronunció la Sección Tercera en providencia de 7 de septiembre de 2000, exp. 13126, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

10 En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 57 de la Ley 446 de 1998, la Sala Plena del Consejo de Estado debía declarar “sin efectos los actos procesales realizados” con el fin de cumplir el fallo infirmado y disponer que el juez de conocimiento procediera a las restituciones y adoptara las demás medidas a que hubiere lugar.

11 “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. // Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta”.

12 Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

13 Ibíd.

14 Subsección B, exp. 33733, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

15 Es de recordar que, a diferencia con lo que ocurre con el recurso extraordinario de revisión, o con el desaparecido extraordinario de súplica, que solo procedían contra sentencias ejecutoriadas, actualmente el de casación suspende temporalmente la ejecutoria de la sentencia recurrida, de modo que esta última no se encuentra en firme, aunque es ejecutable, hasta tanto no se resuelva sobre el recurso extraordinario. Sobre el particular puede consultarse con interés la sentencia de la Corte Constitucional C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

16 Vale la pena poner de presente que, de haberse proferido fallo inhibitorio por falta del presupuesto relativo a la firmeza de la decisión en la cual se encontraba contenido el error judicial invocado en la demanda, para efectos de hacer valer nuevamente sus pretensiones indemnizatorias el actor se habría visto enfrentado al problema de la caducidad de la acción.

17 Es obvio que, en los casos en los que las providencias son infirmadas por la prosperidad del recurso extraordinario y, en consecuencia, se profiere una sentencia sustitutiva será esta y no la infirmada la causante definitiva de los daños cuya reparación se pretende, salvo que se configure la segunda hipótesis que se explica a continuación.

18 Sobre este punto vale la pena precisar que, en la medida en que los recursos extraordinarios se sujetan a causales específicas de procedencia, su fracaso no impide considerar que la providencia dañosa sea la recurrida y no aquella mediante la cual se resolvió el recurso extraordinario. En efecto, aunque pueda aducirse que la sentencia que puso fin al proceso de manera definitiva fue, en últimas, aquella que resolvió el recurso extraordinario, dada la naturaleza de este último, en particular, el hecho de que solo procede por causales específicas y no tiene por objeto analizar la integridad del litigio, puede ser que no haya sido del caso analizar el fondo del error judicial que se predica de la sentencia recurrida, evento en el cual la providencia dañosa es esta última y no la que decidió sobre dicho recurso.

19 “Si la Sala hallare procedente la causal invocada, infirmará la sentencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla. Si la sentencia recurrida tuvo cumplimiento, declarará sin efectos los actos procesales realizados con tal fin y dispondrá que el juez de conocimiento proceda a las restituciones y adopte las demás medidas a que hubiere lugar. // Si el recurso es desestimado, la parte recurrente será condenada en costas, para lo cual se aplicarán las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil. // La interposición de este recurso no impide la ejecución de la sentencia. Con todo, cuando se trate de sentencia condenatoria de contenido económico, el recurrente podrá solicitar que se suspenda el cumplimiento de la misma, prestando caución para responder por los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella. El ponente fijará el monto, naturaleza y término para constituir la caución, cuyo incumplimiento por parte del recurrente implica que se declare desierto el recurso. Los efectos de la sentencia quedan suspendidos hasta cuando se decida”.

20 Sección Quinta, auto de 30 de enero de 2014, exp. 11001-03-28-000-2013-00061-00, C. P. Alberto Yepes Barreiro. En dicha providencia se insistió en que dicha acción “(…) es una clara emanación del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y con mayor precisión de lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 40 Superior que habilita a los ciudadanos para “Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley”.

21 Sección Quinta, sentencia de 29 de septiembre de 2016, exp. 05001-23-33-000-2016-00254-02, C.P. Rocío Aráujo Oñate.

22 Disposición que, dicho sea de paso, resultaba indispensable para garantizar plenamente el derecho al acceso a la administración de justicia del recurrente en súplica extraordinaria pues, como ha sostenido la Corte Constitucional a propósito de este derecho, el mismo se concreta, esquemáticamente, “no solo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento”, Sentencia T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

23 “A partir de 1995, los personeros serán elegidos por el Concejo Municipal o Distrital, en los primeros diez (10) días del mes de enero del año respectivo, para períodos de tres años, que se iniciarán el primero de marzo y concluirán el último día de febrero. // PAR.—Los personeros municipales o distritales elegidos a la vigencia de la presente ley, concluirán su período el 28 de febrero de 1995”.

24 Aunque es de aclarar que las normas posteriores han mantenido esta concepción como lo muestra de manera explícita el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del 170 de la Ley 136 de 1994, a cuyo tenor: “Los concejos municipales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su período constitucional, previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año”.

25 “En casos de falta absoluta, el Concejo procederá en forma inmediata, a realizar una nueva elección, para el período restante”.

26 Hecho que se desconoce pues todo lo que obra en el expediente a propósito de la elección del nuevo personero es que, después del 20 de abril de 2002, el cargo fue ejercido por tres personas —supra párr. 9.7—, sin que se conozca si el segundo y el tercero, quienes se posesionaron el 10 de mayo y el 5 de junio de 2002, respectivamente, fueron elegidos por el Concejo Municipal de Pereira y, de ser el caso, las fechas de dichas elecciones, o si accedieron al mismo por virtud de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley 134 de 1936, según el cual “Las faltas temporales del personero serán suplidas por el funcionario de la Personería que le siga en jerarquía siempre que reúna las mismas calidades del personero. En caso contrario, lo designará el Concejo y si la corporación no estuviere reunida, lo designará el alcalde. En todo caso, deberán acreditar las calidades exigidas en la presente ley”.

27 Lo cual implicaba que, pese a la interposición del recurso, el señor Trejos se veía en la imposibilidad de ejercer como personero municipal de Pereira durante el período de tres años para los cuales fue electo en 2001 —supra párr. 9.1— por cuanto tan solo lo hizo por aquel transcurrido entre el momento en que, según la Ley 136 de 1994, iniciaba dicho período —1º de marzo de 2001— y aquel en que se vio obligado a separarse del cargo —19 de abril de 2002, supra párr. 9.7— y, eventualmente, habría podido ejercerlo de nuevo entre aquel en el que se le concediera el reintegro —lo cual no podía ocurrir antes del 27 de mayo de 2003, fecha de ejecutoria de la decisión mediante la cual se resolvió el recurso extraordinario— y el final del período —29 de febrero de 2004—.

28 Es de recordar que, de acuerdo con el libelo introductorio, la sentencia acusada de error judicial, pese a la prosperidad del recurso extraordinario de súplica, la sentencia infirmada causó al actor el daño antijurídico consistente en haber impedido que percibiera su salario por el resto del período para el que había sido elegido, ya que “no pudo reintegrarse en consideración a existir ya otro personero debidamente posesionado” (f. 2-7 c.1).

29 Al respecto puede consultarse, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, exp. 5320, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo, reiterada en la sentencia de 14 de octubre de 2015, exp. 34217, con ponencia del suscrito magistrado. En los términos de dichas providencias: “Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”.