Sentencia 2005-00702 de octubre 6 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 25000232700020050070201

Rad.: 16952

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Compañía Urbanizadora López y Suárez Ltda.

Impuesto de renta

Fallo

Bogotá, D.C., seis de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«Consideraciones

Se debate en la presente instancia la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le impuso sanción por no presentar información en medios magnéticos en el año 2001 a la sociedad actora.

1. Debido proceso.

En relación con este punto la Sala aclara que, como lo señaló la administración en los alegatos de conclusión de segunda instancia, no es procedente analizar este cargo, pues el hecho de que el pliego de cargos hubiere sido enviado a dirección diferente a la señalada por la actora para efectos de recibir la correspondencia, no fue expuesto ni en la vía gubernativa ni en la demanda, por lo que no es procedente hacerlo con ocasión del recurso de apelación, ya que por tratarse de un hecho nuevo que no guarda relación alguna con los otros hechos ya expuestos, la consecuencia de tal situación sería la vulneración del derecho de defensa de la contraparte.

2. Procedencia de la sanción por no enviar información en medios magnéticos.

El director general de la unidad administrativa especial de la DIAN, en uso de las facultades que le fueron conferidas en el Decreto 1071 de 1999, y en los artículos 631, 633 y 684 del estatuto tributario y 39 de la Ley 633 de 2000, profirió la Resolución 9270 de 2001.

En el artículo 1º de tal disposición consagró que las personas naturales, jurídicas y demás entidades que en el último día del año gravable 2000 hubieren poseído un patrimonio bruto superior a dos mil novecientos cuarenta millones quinientos mil pesos ($ 2.940.500.000), o hubieren obtenido ingresos brutos en dicho año, superiores a cinco mil ochocientos ochenta y un millones cien mil pesos ($ 5.881.100.000), deberían presentar por el año gravable 2001 información en medio magnético.

En el artículo 23 de la resolución señalada, se dispuso además que en caso de no ser suministrada, sería procedente aplicar la sanción consagrada en el artículo 651 del estatuto tributario.

El artículo 651 del estatuto tributario consagra que cuando no se envía la información, cuando se presenta con errores, o cuando se presenta de forma extemporánea, quien está obligado a presentarla o la presenta, se hace acreedor de una sanción que en principio será hasta del 5% de la información que no se presentó o se presentó en forma errónea o extemporánea. En caso de no poder conocer el monto de la información o que no tenga cuantía, se debe calcular “hasta” el 0.5% de los ingresos netos y si estos no se causan, “hasta” el 0.5% del patrimonio bruto.

En el presente caso la administración consideró que la demandante estaba obligada a presentar la información en medios magnéticos atendiendo al monto del patrimonio bruto declarado. La actora considera que su patrimonio era inferior al declarado porque los inmuebles que lo integraban no pertenecían ni eran poseídos por ella, dado que la oficina de instrumentos públicos anuló los correspondientes registros, actos cuya legalidad declaró el Consejo de Estado.

Para resolver, debe tenerse en cuenta que el patrimonio bruto está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o período del calendario (E.T., art. 261).

El artículo 263 ibidem consagra que para efectos de la norma anterior se debe entender por posesión, el aprovechamiento económico, potencial o real, de cualquier bien en beneficio del contribuyente.

Lo anterior implica que a la hora de cuantificar el valor del patrimonio bruto del contribuyente, es necesario tener en cuenta que este debía detentar la calidad de propietario, o por lo menos de poseedor del bien.

En el caso concreto, la sociedad en su denuncio de renta del año gravable 2000, determinó un patrimonio bruto de $ 28.292.850.000, en consecuencia, superó el monto establecido en la Resolución 9270 de 2001.

Dentro de los activos que integraban el patrimonio bruto, se encontraban el lote conformado por la “finca del cerrito” cuyo valor declarado fue el de $ 25.532.247.000.

En el presente caso esta corporación en fallo de 31 de enero de 2003, Expediente 6551, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero, señaló:

“De los hechos narrados se desprende que el folio de matrícula inmobiliaria 050-163368 no reflejaba antes de la expedición de los actos acusados la verdadera situación jurídica del predio San Jorge, con base en el cual se abrió, ya que en aquel aparecían la descripción, cabida y linderos de un predio diferente, esto es, de El Cerrito.

En consecuencia, la administración inició la respectiva actuación, con el fin de que la matrícula inmobiliaria 050-163368 exhibiera el estado jurídico del predio con base en el cual se abrió (San Jorge), tal y como lo prevé el artículo 82 del Decreto-Ley 1250 de 1970, pues para el predio El Cerrito no se le había asignado dicho número, sino que el mismo fue sustituido, hecho que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía.

En efecto, consta en el expediente la inexistencia del registro de la escritura 5802 del 20 de diciembre de 1960 de la Notaría 2ª de Bogotá, por medio de la cual Senén Ortiz Pérez dijo adquirir de Daniel Durán Blanco el predio El Cerrito, escritura que si bien aparece registrada en el antiguo sistema, corresponde a la cancelación de una hipoteca y no a la compraventa mencionada (...).

(...).

Con base en el anterior material probatorio y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto-Ley 1250 de 1970, según el cual la administración procederá a reconstruir el folio de matrícula inmobiliaria con base en el duplicado del mismo que se conserve en el archivo, o en su defecto con fundamento en los documentos auténticos y anotaciones que se encuentren en la propia oficina o en poder de los interesados, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá zona sur, a fin de que la matrícula 050-163368 exhibiera el estado jurídico del bien respectivo, mediante los actos acusados llevó a cabo la reconstrucción del mismo, para lo cual tuvo que excluir algunas anotaciones y adecuar otras, sin que pueda entenderse en el caso sub judice que dichas exclusiones constituyen una cancelación, como lo pretende hacer ver la demandante, pues lo cierto es que al no haber sido nunca registrada la escritura pública 5802 de 20 de diciembre de 1960 de la Notaría 2ª de Bogotá, como tampoco el antecedente citado en dicha escritura, esto es, la Resolución 137, según la cual se adjudicó el bien a Daniel Durán Blanco, mal puede hablarse de la cancelación de un registro inexistente, dado que, se reitera, al predio denominado El Cerrito no se le asignó el número 050-163368, pues el mismo lo fue en el año 1973 para el predio San Jorge.

En consecuencia, si bien esta corporación ha sostenido en diversas providencias que la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido (D. L. 1250/70, art. 40), “Son estas unas causales taxativas de cancelación del acto de registro o inscripción, que el Registrador de Instrumentos Públicos tiene la obligación legal de respetar, so pena de que su acto quede viciado de nulidad”, en tratándose en el asunto examinado de la inexistencia del registro de la escritura pública 5802 de 20 de diciembre de 1960 de la Notaria 2ª de Bogotá para el predio denominado El Cerrito, fuerza concluir que la exclusión de la anotación 01 del folio de matrícula inmobiliaria 050-163368 no puede equipararse en el presente caso a una cancelación, pues no es posible cancelar lo que no existe” (negrillas fuera de texto).

Conforme a la providencia citada y a todo lo expuesto hasta este punto, es claro que el registro de la escritura pública donde figuraba el negocio jurídico de compraventa del predio denominado “El Cerrito” cuyo valor era de $ 25.532.247.000, nunca se llevó a cabo y fue declarado inexistente, lo que implica que la tradición del mismo nunca se efectuó y de contera, el derecho real de dominio sobre ese inmueble jamás fue transferido a la sociedad actora por lo que no pudo ser reputada propietaria del mismo.

Tampoco es válido afirmar que la sociedad dejó de ser propietaria de ese inmueble solo hasta la fecha que se profirió el fallo del Consejo de Estado, pues como se indicó, el derecho real de propiedad no se transmitió, y tal hecho fue independiente a dicho pronunciamiento, en donde simplemente se ratificaron los actos administrativos mediante los cuales se le negó el registro a la sociedad por haberse encontrado precisamente irregularidades en las escrituras.

Adicionalmente, en el acervo probatorio reposa un dictamen pericial (fIs. 36 a 39), presentado por el Servicio Aerofotogramétrico de Colombia S.A., en donde constan los siguientes datos:

1. “Queda registrado en la fotografía 059 del vuelo SAT-404 de diciembre de 1996, que se inicia un proceso de ocupación de los terrenos, caracterizado por un sistema de loteo improvisado y discontinuo. No se observa además un patrón definido de construcción, ni se observa una forma urbanística que permita inferir un plan ordenado de construcción. Los terrenos están ocupados en un 15%.

2. Queda registrado en la fotografía 039 del vuelo SAV-415 de febrero de 1998, un desarrollo progresivo de ocupación (...). Las características físicas de las viviendas manifiestan que se ha venido construyendo por etapas, se observan además calles y andenes angostos. Los terrenos están ocupados en un 80%.

3. En visita efectuada a los terrenos los días 8 y 9 de enero de 2001 con el propósito de realizar la actualización de los planos elaborados por el Sadec S.A. en el año 1996 para la compañía Urbanizadora López y Suárez Ltda., con destino a la oficina de planeación distrital, se pudo constatar ocupación en un 95% de los predios. Confirmando además la existencia de predios de 3, 4 y hasta 5 plantas con buenos acabados y alta calidad de materiales”.

Conforme a la prueba señalada se puede concluir lo siguiente:

Si bien en el dictamen no se indican las condiciones exactas del predio para el 31 de diciembre de 2000, fecha que señalaba la Resolución 9270, debe ser la que se tiene en cuenta para determinar el valor del patrimonio bruto para efectos de la obligación de presentar información en medios magnéticos, lo cierto es que dicha prueba sí permite tener certeza en relación con los datos necesarios.

En efecto, se observa que la posesión del inmueble se empezó a perder desde el año 1996, cuando se inició la actuación administrativa tendiente a determinar la realidad de las escrituras en donde se había plasmado el negocio jurídico de compraventa, pues desde esa fecha se inició un proceso progresivo de ocupación del inmueble que inició con construcciones precarias y culminó con estructuras complejas que requerían una mayor planificación, y un adecuado proceso de construcción, como se puede ver cuando se señala que para los primeros días del año 2001, la ocupación de los predios era de un 95% y allí se encontraban predios de hasta 5 plantas con buenos acabados y alta calidad de los materiales utilizados.

En 1998, el predio ya se encontraba ocupado en un 80%, lo que implica que su valor y la posibilidad de poder obtener provecho económico alguno del mismo ya se encontraba prácticamente agotado.

Lo anterior aunado al hecho de que para el 8 de enero de 2001, es decir, ocho días después de la fecha señalada en la Resolución 9072 de 2001, para determinar el valor del patrimonio bruto, el predio se encontraba ocupado en un 95%, son indicativos claros que la sociedad actora había perdido su calidad de poseedora del bien en comento.

En consecuencia, para la Sala sí existe prueba de que la sociedad tampoco podía reputarse poseedora, porque el predio conformado por la finca “El Cerrito”, había sido objeto de una lenta y progresiva ocupación que para el 31 de diciembre de 2000, era prácticamente total, lo que le impidió ejercer los actos de señor y dueño que señala la legislación civil.

Es claro que la declaración de renta goza de presunción de veracidad de conformidad con el artículo 746 del estatuto tributario, sin embargo en el presente caso, el inmueble fue declarado por la sociedad teniendo en cuenta que los actos de la oficina de registro fueron demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se tenía la expectativa que ingresaran al patrimonio de la sociedad. Cuando fue notificado el fallo definitivo del Consejo de Estado que determinó la legalidad de dicha actuación administrativa, la sociedad no podía corregir la declaración por haber vencido los plazos de que trata el artículo 588 del estatuto tributario. Sin embargo, se demostró que la demandante no tenía la calidad de propietaria, ni tampoco de poseedora de un predio cuyo valor era de $ 25.532.247.000, por lo que el patrimonio bruto real de la actora a 31 de diciembre de 2000 era de $ 2.760.603.000, monto inferior al de $ 2.940.500.000, que exigía la Resolución 9270 para el año 2000, por tanto, la obligación de presentar información en medios magnéticos nunca nació para la sociedad, siendo necesario en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar anular los actos administrativos que dieron origen a la misma.

La magistrada Martha Teresa Briceño de Valencia manifestó estar impedida para conocer del presente proceso de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. Como quiera que la Sala encuentra fundado el impedimento, la declarará separada del conocimiento del presente proceso, sin que se requiera nombrar conjueces toda vez que no se afecta el quorum deliberatorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, en su lugar:

2. DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Administración de Impuesto y Aduanas Nacionales le impuso sanción por no enviar información en medios magnéticos en el año 2001 a la Sociedad Compañía Urbanizadora López y Suárez Ltda.

3. A título de restablecimiento del derecho declárase que la sociedad no estaba obligada a presentar información en medios magnéticos en el año 2001.

4. RECONÓCESE personería para actuar a la abogada Flori Elena Fierro Manzano, como apoderada judicial de la Administración de Impuesto y Aduanas Nacionales en los términos del poder que le fue conferido que obra a folio 227 del expediente.

5. DECLÁRASE separada del conocimiento del presente proceso a la doctora Martha Teresa Briceño de Valencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».