Sentencia 2005-00776/37098 de mayo 18 de 2017

CONSEJO DE ESTADO.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Radicación: 73001-23-31-000-2005-00776 01 (37.098)

Actor: Guillermo Ávila Cardozo.

Demandado: La Nación - rama judicial y otro.

Asunto: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Bogotá D.C., dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

Descriptor: Se modifica la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Restrictor: destrucción de vehículo mientras se encontraba embargado y secuestrado - valor probatorio del documento aportado en copia simple - valor probatorio de las fotografías - valor probatorio de la prueba trasladada - presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado - daño antijurídico - imputación de la responsabilidad al Estado y motivación de la imputación - imputación del daño con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de 4 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que resolvió:

1. DECLÁRASE administrativa, patrimonial y solidariamente responsables a LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y al llamado en garantía, el auxiliar de la justicia Fernando Rengifo Barrios, identificado con la C.C. 93.379.032, por los daños y perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), causados al demandante Guillermo Ávila Cardozo, como consecuencia de la destrucción del vehículo tractocamión, marca Ford, modelo 1971, afiliado a la empresa de transportes Centrolima, en hechos ocurridos el día 12 de abril de 2003 en el sitio denominado Puente Costa Rica, jurisdicción del municipio de San Luis, carretera Medellín-Bogotá, el cual había sido secuestrado el 30 de enero de 2003 dentro del proceso ejecutivo promovido por Gabriel Ávila Cardozo contra el señor Guillermo Ávila Cardozo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR solidariamente al (sic) LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y al llamado en garantía, el auxiliar de la justicia Fernando Rengifo Barrios, identificado con la C.C. 93.379.032, a pagar a favor del señor Guillermo Ávila Cardozo el equivalente a TRECIENTOS (sic) VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 320.988.953), por daño emergente y lucro cesante, cuya suma será indexada en la forma indicada en la parte motiva de esta providencia.

3. LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y al (sic) llamado en garantía, el auxiliar de la justicia Fernando Rengifo Barrios, identificado con la C.C. 93.379.032, darán cumplimiento a esta sentencia en los términos consagrados en los artículos 176 y 177 inciso final del Código Contencioso Administrativo.

4. A partir de la ejecutoria de esta sentencia, las sumas liquidadas por perjuicios materiales causarán los intereses de mora previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento del presente fallo, expídanse a las partes, por intermedio de sus apoderados, copias autenticas (sic) de las sentencias, con constancia de ejecutoria, conforme a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995”.

I. Antecedentes

1. La demanda.

Fue presentada el 18 de marzo de 2005, por el señor Guillermo Ávila Cardozo actuando en nombre propio, por medio de apoderado debidamente facultado y en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - rama judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial - Consejo Superior de la Judicatura Sala administrativa para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: [fls. 66 a 82 c. 1].

“(…)

1) DECLÁRASE a la NACIÓN, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA responsable administrativa y extracontractualmente de la totalidad de los daños y perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), causados al demandante por la falla en el servicio, omisión y falta de vigilancia de parte del JUEZ CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ en la actuación del secuestre Fernando Rengifo Barrios dentro del proceso ejecutivo de Gabriel Ávila contra Guillermo Ávila Cardozo, al permitir que el auxiliar de la justicia dispusiera arbitrariamente de un vehículo automotor que se le entregó en diligencia de secuestro, sin tomar las correspondientes pólizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual, desacatando lo exigido por el artículo 17 del Decreto (sic) 173 de 2001 y 10 del cp.c (sic) y omitiendo lo solicitado en varios memoriales por el apoderado del aquí demandante, hoy perjudicado con el accidente donde se destruyó totalmente su vehículo, único patrimonio de él y de su familia, en hechos ocurridos el día 12 de abril de 2003.

Como consecuencia de la anterior declaración se solicitó el pago de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente por la suma de $ 80.000.000 correspondiente al valor del cabezote del tractocamión y $ 11.088.953 por concepto de parqueadero, repuestos y llantas. En la modalidad de lucro cesante se solicitó el pago de $ 138.000.000 “por concepto del valor que produce un tractocamión con capacidad de treinta y tres toneladas, trabajando un promedio de 25 días mensuales y dejando un promedio mensual neto de $ 6.000.000, (…) contados desde el día 12 de abril de 2003 hasta la fecha en que se de (sic) la sentencia definitiva de la presente demanda”.

Las pretensiones de la demanda se formularon con fundamento en los hechos que se sintetizan de la siguiente manera:

Da cuenta la demanda, que el señor Guillermo Ávila Cardozo (aquí demandante), fue demandado por su hermano Gabriel Ávila Cardozo, ante el juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué, mediante proceso ejecutivo, donde se embargó y secuestró el tractocamión de placas XKF 519 marca Ford, modelo 1971 color rojo, con número de motor 10201024 de servicio público afiliado a la empresa pública de transporte de carga Centrolima, y que era conducido por el señor Humberto Alzate Calle.

Así las cosas, dentro del mencionado proceso ejecutivo con radicado 0207-240, se realizó el secuestro del automotor por comisión conferida a la juez cuarta Civil municipal por parte del juzgado cuarto civil del circuito, en donde adicionalmente se dio posesión al señor Fernando Rengifo Barrios como secuestre.

Se señaló, que el 5 de marzo de 2003, el apoderado del señor Guillermo Ávila Cardozo, solicitó a la señora juez cuarta civil del circuito de Ibagué, el relevo del cargo del secuestre —del señor Rengifo Barrios— por tener el vehículo bajo su custodia y no entregar cuentas de su gestión, no cumplir la garantía exigida para el cumplimiento a cabalidad de sus funciones, disponer de bienes sin autorización especial violando normas procesales y de contera omitiendo lo dispuesto por las normas procesales vigentes para el secuestro de vehículos públicos.

Con ocasión de lo anterior, el despacho mediante Auto de 10 de marzo de 2003 procedió únicamente a reemplazar al secuestre, sin embargo, no se pronunció de fondo sobre la inmovilización del automotor, aun cuando ya se habían hecho ciertas advertencias.

Pese a lo anterior, nuevamente el apoderado del señor Guillermo Ávila Cardozo solicitó a la juez de conocimiento que requiriera con base en sus poderes judiciales, al señor secuestre Fernando Rengifo Barrios para que rindiera el informe de gestión comoquiera que los términos que había dado el juzgado estaban vencidos y además estaba nombrado un nuevo secuestre.

Así las cosas, el día 14 de abril de 2003 el comandante de la Estación de Policía de Puerto Triunfo reportó al inspector de policía y tránsito municipal de San Luis (Antioquia), el accidente ocurrido el día 12 de abril de 2003 a las 6:30 de la tarde en el sitio conocido como Puente Costa Rica en la vía que de Medellín conduce a Bogotá, ocasionado por el volcamiento de un tractocamión de servicio público y de placas XKF-519 afiliado a la empresa Centrolima conducido por el señor Humberto Alzate Calle quien sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo y en donde además murieron dos personas que lo acompañaban.

Como causa probable del accidente se sostuvo que fue la falta de mantenimiento del rodante, sin embargo se enfatizó que el tráiler que viajaba con el cabezote no era de propiedad del señor Guillermo Ávila Cardozo, ya que el señor secuestre había quitado el tráiler-tanque y las llantas de propiedad de aquel.

Se adujo, que el 21 de abril de 2003, el señor Eusebio Angarita Angarita (nuevo secuestre) informó al despacho de la juez cuarta civil del circuito de Ibagué, que a la fecha no se le había hecho entrega del vehículo embargado por parte del secuestre relevado. Así mismo, dicho nuevo secuestre solo fue posesionado hasta el 13 de mayo de 2003, quien mediante nuevo escrito de 28 de mayo de 2003 volvió a insistir al despacho judicial que no se le había hecho entrega del vehículo por parte del señor Rengifo Barrios.

Se relató, que los peritos designados rindieron un dictamen pericial de avalúo del cabezote siniestrado por valor de $ 30.000.000; cabezote que se encontraba en Puerto Salgar. Posteriormente mediante providencia de 14 de abril de 2004 se terminó el proceso por pago de la obligación y se profirió ahí mismo el auto aprobatorio.

Se indicó, que el secuestre Fernando Rengifo Barrios presentó un informe del accidente 11 días después de ocurrido, en el que anotó que lo había arrendado a uno de los fallecidos, del que luego, dijo, allegaría el contrato de arrendamiento.

Finalmente, se hizo énfasis en que el día 8 de mayo de 2003 la señora juez requirió al señor Rengifo Barrios para que entregara el vehículo embargado y secuestrado, sin embargo los términos para hacerlo vencieron el 28 de ese mismo mes y año sin que el secuestre efectuara la entrega; la cual solo se materializó hasta el 29 de julio de 2003.

Por todo lo anterior, para la parte demandante se configuró una clara y evidente falla en el servicio por la conducta omisiva y la falta de vigilancia de la administración de justicia, en cabeza de la señora juez cuarta civil del circuito de Ibagué.

2. Actuación procesal en primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda por Auto de 2 de mayo de 2005 [fl. 84 c. 1], ordenándose notificar a las partes y al Ministerio Público; entre otras resoluciones.

La parte demandante mediante memorial de 5 de mayo de 2006, corrigió la demanda en el sentido de excluir de la parte demandada al Ministerio del Interior y de Justicia [fl. 87 c. 1].

La parte demandada (Dirección ejecutiva de administración judicial de Ibagué) oportunamente contestó la demanda el 21 de junio de 2005 [fls. 94 a 98 c. 1] oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, aduciendo que en el caso bajo examen no se incurrió en falla del servicio alguna, pues al contrario, el que fue negligente fue el aquí demandante al no atacar la diligencia de secuestro, así como tampoco intervenir en el trámite incidental para demostrar los malos manejos del secuestre y no interponer los recursos de ley. Propuso como excepciones las de (i) inexistencia de perjuicios y (ii) culpa exclusiva de la víctima.

Finalmente, solicitó denunciar el pleito al secuestre Fernando Rengifo Barrios para que respondiera por una eventual condena contra la rama judicial.

Por medio de proveído de 11 de julio de 2005 el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la denuncia del pleito efectuada por la rama judicial al secuestre Fernando Rengifo Barrios [fl. 1 cuaderno denuncia del pleito].

Así las cosas, el denunciado presentó el 29 de abril de 2009 contestación de la demanda en la que se opuso a todas y cada una de sus pretensiones y proponiendo como excepciones las siguientes: (i) inexistencia de causa; (ii) culpa exclusiva de la víctima y el conductor y (iii) las innominadas o genéricas [fls. 9 a 14 Ibídem].

El proceso se abrió a pruebas por medio de Auto de 28 de febrero de 2006 [fls. 110 a 112 c. 1].

Por medio de informe secretarial de 24 de julio de 2006 del Tribunal Administrativo del Tolima, se ordenó remitir por competencia el asunto a los juzgados administrativos del circuito judicial de Ibagué. Sin embargo, por Auto de 5 de septiembre de 2006 el juzgado octavo administrativo de circuito de Ibagué resolvió devolver el proceso nuevamente al tribunal por falta de competencia en razón de la cuantía [fls. 130 y 133 c. 1].

Pese a lo anterior, por proveído de 13 de septiembre de 2006 el Tribunal Administrativo del Tolima nuevamente ordenó remitir por competencia el asunto al juzgado octavo administrativo de Ibagué, motivo por el cual dicho juzgado avocó el conocimiento del asunto mediante Auto de 3 de octubre de 2006 [fls. 134 y 136 c. 1].

Mediante Auto de 25 de abril de 2008, se corrió traslado a las partes del dictamen pericial rendido por el perito de avalúos de automóviles señor Noel Humberto Vargas [fl. 169 c. 1].

Luego, por Auto de 16 de mayo de 2008 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, oportunidad que fue aprovechada por la parte demandante para reiterar los argumentos ya expuestos en la demanda [fls. 172 a 177 c. 1].

Así las cosas, mediante Auto de 10 de noviembre de 2008, el juzgado octavo administrativo de Ibagué, resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que avocó conocimiento por carecer de competencia funcional y ordenó remitir el asunto al Tribunal Administrativo del Tolima [fls. 180 a 181 c. 1].

De conformidad con lo anterior el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante Auto de 27 de noviembre de 2008 avocó el conocimiento del proceso, disponiendo que las pruebas practicadas conservaran su validez [fl. 185 c. 1].

Finalmente, el Ministerio Público por memorial de 14 de enero de 2009 rindió concepto en que el que solicitó acceder a las pretensiones de la demanda por considerar que el secuestre Fernando Rengifo Barrios no desempeñó cabalmente sus funciones para salvaguardar y proteger el vehículo recibido en depósito conforme al mandato encomendado [fls. 189 a 196 c. 1].

3. sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Tolima el 4 de mayo de 2009 profirió sentencia en la que accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“(…)

Si bien en el evento sub examen el secuestre estaba habilitado para proseguir la administración que se venía dando al vehículo cautelado, es evidente que incumplió de manera grave con las obligaciones que le eran inherentes en su condición de administrador del bien cautelado, entre otras, la de constituir los correspondientes seguros que la actividad demandaba, máxime cuando se trataba de un bien expuesto a incontables contingencias en las vías públicas; no exigió las correspondientes revisiones mecánicas previas al desplazamiento del vehículo por las carreteras nacionales, lo cual determinó el siniestro ocurrido 12 de abril de 2003, lo que generó la imposibilidad de restituir el automotor en las condiciones que el auxiliar de la justicia lo recibió para el día 30 de enero de 2003 cuando fue secuestrado cuya circunstancia per se genera responsabilidad patrimonial a la administración de justicia.

Se reitera que de acuerdo con las previsiones del artículo 683 inc. 1º del Código de Procedimiento Civil, el secuestre tiene la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código Civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo.

No hay duda que en el sub examine el secuestre omitió ejecutar los actos inherentes a la administración del bien custodiado a los que se refiere el artículo 2158 del Código Civil, generando consiguientemente daños al bien secuestrado que se le puedan imputar a título de culpa grave”.

4. El recurso de apelación.

El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia el 9 de mayo de 2009, el cual, fue sustentando posteriormente mediante memorial de 29 de mayo de la misma anualidad, con el objeto que se revoque la sentencia recurrida y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda [fls. 230 y 233 a 239 cp].

Afirmó el recurrente, que el a quo no valoró ni analizó en su totalidad los argumentos expuestos por la parte demandada, concretamente que las pretensiones formuladas por el demandante resultaban contrarias e incompatibles entre sí, lo que impedía proferir una sentencia de fondo contra la entidad.

Adicionalmente, refirió que en la sentencia se modificó la causa petendi, toda vez que todo vehículo de servicio público una vez era retenido debía ponerse a funcionar y para ello se designó un auxiliar de la justicia que estaba a cargo de su administración y debía adquirir una póliza para ejercer su cargo, luego por ella, era el directamente responsable de cualquier perjuicio que le causare a las partes, de modo que la responsabilidad era de él y no de la Dirección ejecutiva de administración judicial.

Enfatizó, que en el caso de autos los hechos de la demanda estaban relacionados con una de las obligaciones que se cuestionaban como incumplidas por el secuestre, tales como no entregar cuentas de su gestión y dar en arrendamiento el vehículo automotor secuestrado el cual posteriormente fue siniestrado.

Finalmente, como motivo de su inconformidad refirió que la prueba pericial conforme a la cual se liquidó la indemnización reconocida al demandante, carecía de fundamentación técnica puesto que no se señalaron los parámetros objetivos del mercado automotor ni se anexaron los soportes de la investigación, imposibilitándose además contrastarla con otros medios de prueba.

5. Actuación en segunda instancia.

Por Auto de 13 de agosto de 2009 [fls. 244 y 245 cp] se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Luego, por proveído de 4 de septiembre de la misma anualidad se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto [fl. 247 cp].

El Ministerio Público rindió concepto el 14 de octubre de 2009 [fls. 249 a 257 cp], solicitando confirmar la sentencia de primera instancia, por considerar que si bien el actor estaba en el deber legal de soportar el secuestro del tractocamión no lo estaba respecto de la destrucción de este, siendo imputable el daño a la negligencia del secuestre.

II. Consideraciones

1. Competencia.

La subsección es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(1), modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 4 de mayo de 2009, en un proceso de reparación directa con vocación de doble instancia.(2)

2. Caducidad de la acción.

La caducidad en la acción de reparación se encuentra establecida en el artículo 136, numeral 8° del Código Contencioso Administrativo, (Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 446 de 1998(3)), que respecto de dicho medio de control opera el mencionado fenómeno procesal al vencerse el plazo de 2 años, computados “a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

En el presente asunto tenemos que el accidente en donde resultó siniestrado el tractocamión de placas XKF-519 propiedad del aquí demandante se produjo el 12 de abril de 2003, y la demanda se interpuso el 18 de marzo de 2003, es decir en tiempo.

3. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración.”(4).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(5) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3.1. La responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia(6) 

Los elementos de la responsabilidad del Estado que se vienen de comentar, han tenido un desarrollo particular en el ámbito específico de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de los actos emanados de las autoridades judiciales, o por sus omisiones.

3.2. Régimen desde la óptica convencional.

Ese desarrollo, desde la perspectiva convencional está consagrado en los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos bajo la égida de la tutela judicial efectiva, y del acceso efectivo a la administración de justicia, que suponen que no solo deben existir los procedimientos y recursos, sino que los mismos tienen que mostrarse eficaces; de suerte que cualquier acto procesal de una autoridad jurisdiccional que vaya en contra de tal efectividad, o cualquiera omisión por parte de estas mismas autoridades que afecten a las personas intervinientes en un proceso judicial, en su derecho de defensa, generará responsabilidad del Estado frente a este particular.

La garantía de la tutela judicial efectiva vincula a los tribunales internacionales, tanto en el orden universal, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; como en el orden regional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, pese a que se establece en principio una inmunidad diplomática y en sus votos, pero únicamente respecto de los miembros que conforman estos tribunales; pero no de la institución misma, que está vinculada a un régimen de responsabilidad derivada de sus procedimientos y decisiones. De suerte que si en ejercicio de esta actividad judicial internacional se incurre en actos u omisiones que vulneren los elementos que conforman el acceso efectivo a la administración de justicia, el organismo tendrá que responder por los daños que de tales actos u omisiones se deriven(7).

3.3. Régimen de responsabilidad de daños derivados de la actividad judicial en el ordenamiento colombiano.

En el ámbito interno, a propósito de la responsabilidad del Estado por daños derivados de la actividad de las autoridades jurisdiccionales, se pueden identificar tres etapas claramente diferenciadas: Un primer periodo anterior a la expedición de la Constitución de 1991, en la que no existía esta responsabilidad bajo el argumento que las decisiones jurisdiccionales, al estar revestidas de la autoridad de cosa juzgada, cualquier omisión, error o anomalía en que incurrieran las autoridades judiciales al proferirlas, configuraba un riesgo que debía ser asumido por los coasociados.

Pese a lo anterior, y por influjo del ordenamiento convencional, artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por vía excepcional fue abriéndose paso la responsabilidad por error judicial y por defectuoso funcionamiento; entendiéndose que el primero se verificaba cuando se condenaba a una persona mediante sentencia que comportaba un error; y para configurar el segundo evento se precisó que una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada y otra diversa ciertos actos ejecutados por los jueces en orden a resolver los procesos, que solo requieren de la prudencia administrativa.

Una vez entra en vigencia la Constitución de 1991, pueden advertirse dos épocas: una primera en que a la cláusula prevista por el artículo 90 de la Constitución se le dio una aplicación jurisprudencial en materia de daños derivados por la actividad judicial, en la que, en aplicación de las hipótesis previstas en el artículo 414 del entonces vigente código de procedimiento penal, se asoció como un mismo supuesto la privación injusta de la libertad y el error judicial(8); y un segundo periodo que comienza con la expedición de la Ley 270 de 1996, normatividad que especificó como fundamentos de la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional tres hipótesis: la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

De suerte que, observado en conjunto el ámbito convencional y la legislación colombiana, son cuatro los supuestos que generan la responsabilidad por la actividad judicial, los tres que se acaban de mencionar, a nivel interno; y el deficiente acceso a la administración de justicia, desde la perspectiva convencional.

3.4. El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la justicia.

Sin duda, la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia si bien ha tenido un sustento constante y continuado, no aleja la posibilidad de discutir ciertas cuestiones. En primer lugar, y como lo señala la doctrina,

“Habiéndose dado el movimiento de democratización y transparencia del Estado, la reflexión se ha venido matizando por la cuestión de saber si el servicio público de la justicia es un servicio público como los otros y si debe, no solamente ser responsable de todas sus faltas, sino también, indemnizar las consecuencias dañinas y los riesgos que se presenten como consecuencia de sus actividades”(9).

La premisa inicial, en el derecho comparado, ha sido la de afirmar que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido en incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”(10).

Siendo esto así, se exige inicialmente precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal, que en otras latitudes jurídicas ha llevado a determinarlo a partir del “derecho a la tutela judicial efectiva”, el cual está integrado “por el derecho al proceso, el derecho a que éste se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”(11). Lo que se precisa al considerarse que la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento anormal o defectuoso procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”(12).

Y se entiende necesario delimitar el concepto “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico, ya que se busca “que se vuelva tangible tan indeterminada adjetivación”. De ahí que en la doctrina se proponga,

“Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una Justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Sentencia de 13 de julio de 1983 [Caso Zimmermann y Steiner], interpretando el artículo 6.1 del Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquéllos”(13).

Siguiendo esta línea, cabe afirmar que en el precedente jurisprudencial constitucional se ofrecen criterios para que a partir del alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva se pueda delimitar lo que pueda entenderse como funcionamiento anormal o defectuoso. En cuanto a esto, dicho precedente señala,

“El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio”(14).

A lo que se agrega por el precedente jurisprudencial constitucional,

“Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “... si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”(15)(16).

Así mismo se sostiene en dicho precedente,

“(…) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios”(17).

Para afirmarse, finalmente,

“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.” De este modo, el derecho de acceso a la administración de justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”(18).

Sin desconocer lo anterior, el precedente de la Sala parte de la premisa que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”(19).

Después de la primigenia formulación en el precedente de la Sala, se vino a hablar del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como aquel que constituye una falla del servicio(20), por “mal servicio administrativo”(21). Su configuración precisa de excluir que no se trate de un acto jurisdiccional [propiamente], sino que sea, por ejemplo, un acto administrativo que implica que no hubo una revisión meticulosa por parte del despacho judicial a los elementos y actos de ejecución que permitan el impulso y desarrollo de la obligación de impartir justicia(22).

Es cierto que antes de la Carta Política de 1991 el precedente de la Sala distinguía entre la falla del servicio judicial, del error judicial, donde el primero de estos “se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción”(23). De acuerdo con esta definición, se encuadraron como supuestos de fallas del servicio judicial(24): i) la sustracción de títulos valores, ii) la falsificación de oficios(25), iii) el hecho omisivo “consistente en la falla administrativa cometida por el secretario del juzgado” de no haber dado a conocer al demandante la existencia de la apertura de un proceso de quiebra(26) [que afectó un remate que se iba a realizar], iv) error en un aviso de remate que lleva a declararlo sin valor(27), v) prevalencia del embargo y secuestro respecto de bienes que ya habían sido objeto de esas medidas en otro proceso ejecutivo(28), vi) las omisiones del juzgado al no exigir al secuestre prestar la caución(29), vii) actuación secretarial que llevó a que una diligencia de remate se hubiera tenido que declarar sin valor(30)

De acuerdo con lo sustentado, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”(31), la cual encaja en la tesis de la falla probada en el servicio(32). A lo que se agrega en el precedente de la Sala que se comprende:

“(…) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”(33).

4. Problema jurídico.

De lo anterior se puede plantear como problema jurídico: ¿cabe atribuir fáctica y jurídicamente la responsabilidad patrimonial a la Nación - rama judicial por el daño antijurídico ocasionado al señor Guillermo Ávila Cardozo por la destrucción de su camión de placas XKF-519 cuando se encontraba embargado y secuestrado por órdenes del juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué?

5. Pruebas.

— Copia simple de la diligencia de secuestro del vehículo de placas XKF-519 propiedad del señor Guillermo Ávila Cardozo, llevada a cabo el 30 de enero de 2003 por orden del juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué dentro del proceso ejecutivo promovido por el señor Gabriel Ávila Cardozo en contra del señor Guillermo Ávila Cardozo. En dicha diligencia actuó como secuestre el señor Fernando Rengifo Barrios (fls. 5 a 6 c. 1).

— Copia simple del oficio de 5 de marzo de 2003 remitido por el apoderado del señor Guillermo Ávila Cardozo al juez cuarto civil del circuito de Ibagué, en el que le solicita relevar del cargo de secuestre al señor Fernando Rengifo Barrios por no prestar caución y por negligencia en el desempeño de su cargo (fls. 7 a 10 c. 1).

— Copia simple del proveído de 10 de marzo de 2003 mediante el cual el juez cuarto civil del circuito de Ibagué reemplaza al secuestre Fernando Rengifo Barrios y designa al señor Eusebio Angarita Angarita. Así mismo ordenó al secuestre saliente que un término de cinco días procediera a hacer entrega del bien a su sucesor y dentro de los 10 días siguientes rindiera cuentas de su administración (fl. 11 c. 1).

— Copia simple del oficio de 11 de abril de 2003 mediante el cual el apoderado del señor Guillermo Ávila Cardozo solicita al juez cuarto civil del circuito de Ibagué lo siguiente: (fls. 12 a 13 c. 1).

“…se sirva requerir enérgicamente y de ser necesario sancionar disciplinariamente e iniciar las acciones penales a que haya lugar, al señor Fernando Rengifo Barrios, quien fue relevado del cargo de secuestre mediante Auto de fecha 10 de marzo de 2003, en el cual se le notificó su relevo mediante estado de 12 de marzo de los corrientes, cobrando ejecutoria el mismo el día 19 de marzo de los cursantes…

(…)

Así las cosas, podemos ver que ni ha entregado el vehículo al nuevo secuestre que ya tomó posesión del cargo…

Igualmente no ha ocurrido la rendición de cuentas de su administración a pesar de que su señoría así lo requirió y se encuentran vencidos todos los términos otorgados para lo pertinente”.

— Copia simple del oficio de 21 de abril de 2003, mediante el cual el señor Eusebio Angarita Angarita (nuevo secuestre) informa al juez cuarto civil del circuito de Ibagué que a la fecha no se le ha hecho entrega material del vehículo embargado y legalmente secuestrado (fls. 14 a 15 c. 1).

— Copia simple del memorial de 10 de noviembre de 2003 suscrito por el apoderado del señor Guillermo Ávila Cardozo y remitido al juez del proceso ejecutivo, en los siguientes términos: (fls. 15 a 20 c. 1).

“…Mediante despacho comisorio número 0044, avocó conocimiento el juzgado cuarto civil municipal de Ibagué, para lo encomendado, diligencia que efectuó el comisionado el día treinta (30) de enero de dos mil tres (2003), (…) en dicha diligencia se secuestró el vehículo de placas XKF-519 junto con una unidad montada sobre ruedas, es decir, un tanque, unas herramientas y otros elementos que se describen en la mencionada diligencia de secuestro.

(…) Los elementos antes descritos, fueron entregados al secuestre por la comisionada, al señor Fernando Rengifo Barrios, quien los retiró del lugar donde se encontraban, los dio en calidad de arrendamiento y tuvo durante largo tiempo.

(…)

En poder del señor Fernando Rengifo Barrios, dichos bienes fueron usufructuados a tal punto que la tractomula (sic) fue destruida en su totalidad en un accidente de tránsito en el que murió una (1) persona y otra quedó lesionada permanentemente (…)”

— Copia simple dictamen rendido dentro del proceso ejecutivo sobre el avalúo de la tractomula de placas XKF-519 en el cual se consignó: (fls. 21 a 25 c. 1).

“…Presenta estado lamentable por un accidente que presenta dicho vehículo, lo cual da una depreciación del valor comercial, teniendo en cuenta los desperfectos que tuvo en el volcamiento, para ilustración del señor juez y de las partes anexamos fotos del estado actual de dicho vehículo.

Por su antigüedad, manifestamos que el tracto-camión se encuentra de 31 años y medio de trabajo aproximadamente, por tal motivo el avalúo (tracto-camión) compuesto por cabezote y un tanque para transporte de combustible.

Avalúo total.

Treinta millones de pesos ($ 30.000.000) moneda corriente.

(…)”

— Copia simple del memorial de 14 de abril de 2004, mediante el cual el apoderado del señor Gabriel Ávila Cardozo (parte demandante del proceso ejecutivo) coadyuvado por el señor Guillermo Ávila Cardozo, solicita la terminación del proceso por acuerdo entre las partes (fl. 26 c. 1).

— Copia simple del proveído de 14 de abril de 2004, mediante el cual el juez cuarto civil del circuito de Ibagué, resuelve entre otras cosas: decretar la terminación el proceso, ordena el levantamiento de la medida cautelar decretada y notificar al secuestre para que entregue el bien (fl. 27 c. 1).

— Copia simple del “Informe de secuestre” rendido por el señor Fernando Rengifo Barrios el 21 de abril de 2003, en el cual consignó: (fls. 28 y 29 c. 1).

“(…)

Se le alquiló el vehículo automotor de placas XKF-519 al señor José René García, el cual es objeto de la litis.

El día sábado 12 de abril se presentó un accidente de tránsito con dicho automotor, donde perecieron dos personas una de las cuales era la persona que yo le había arrendado el vehículo.

El automotor se accidentó por problemas de frenos, este dato me fue suministrado por el señor conductor del automotor quien sobrevivió al accidente.

El lugar donde sucedieron los hechos, fueron en San Luis Antioquia, zona roja y dominada por grupos al margen de la ley (guerrilla).

Me fue posible traer dicho automotor el día domingo 13 del presente hasta Puerto Salgar - Antioquia en donde se encuentra actualmente en el parqueadero de dicha localidad.

Hoy 21 de abril, hablé con el señor demandado personalmente, al cual le manifesté los hechos y acontecimientos, el cual me respondió que el ya conocía de lo sucedido y que me iba a orientar para el arreglo de dicho automotor.

Quiero manifestarle al despacho que lo único que se arrendó fue el cabezote de dicho vehículo y el tanque para cargar petróleo crudo se encuentra en un parqueadero en la ciudad de Ibagué.

Posteriormente anexaré el contrato de arrendamiento y facturas legales de gastos de dicho automotor antes del accidente, como parqueadero, y diferentes repuestos que dicho automotor requirió”.

— Copia simple del Auto de 5 de junio de 2003 proferido por el juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué, en el cual se ordenó tramitar un incidente en contra del señor secuestre Fernando Rengifo Barrios por omitir las ordenes de entrega del vehículo cautelado al nuevo secuestre Eusebio Angarita Angarita (fl. 32 c. 1).

— Copia simple del proveído de 14 de octubre de 2003, mediante el cual el juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué resolvió exonerar de responsabilidad al secuestre Fernando Rengifo Barrios (fls. 40 a 42 c. 1).

— Copia simple del informe de tránsito de 14 de abril de 2003 suscrito por el comandante comisión Puerto Triunfo – Policía de Carreteras, dirigido al inspector de policía y tránsito municipal de San Luis, en el que consignó: (fls. 44 a 45 c. 1).

“(…) Por medio del presente me permito informar a ese despacho, los hechos ocurridos el día 120403, siendo las 18:30 horas, en la vía Medellín-Bogotá, sitio Puente Costa Rica kilómetro 66 más 700 metros, jurisdicción del municipio San Luis.

En la fecha, hora y sitio en mención, se conoció un accidente de tránsito con muertos, ocasionado por el volcamiento del vehículo marca FORD (…) de placas XKF-519, afiliado a la empresa transportadora Centrolima, servicio público, el cual era conducido por el señor Humberto Alzate Calle (...)”

— Certificación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en la que se consignó que el vehículo de placas XKF-519 de clase tracto-camión es de propiedad del señor Guillermo Ávila Cardozo (fl. 46 c. 1).

— Catorce fotografías en las que se registró la destrucción total en la que quedó el camión de placas XKF-519 (fls. 48 a 52 c. 1).

— Certificación expedida el 20 de abril de 2006 por la Dirección ejecutiva de administración judicial de Ibagué - Tolima, en la que se hace constar lo siguiente: (fl. 3 c. 2).

“(…) revisados los archivos de auxiliares de la justicia correspondiente al señor Fernando Rengifo Barrios (…) se encontró que en el año 2003 el señor en mención hacía parte de la Lista de auxiliares cumpliendo con los requisitos para la inscripción entre otros la constitución de la póliza de cumplimiento Nº 17000005188 con fecha de expedición de marzo 17 de 2003 hasta marzo 17 de 2008 de la Aseguradora Solidaria de Colombia, a favor del Consejo Superior de la Judicatura Sala administrativa.

Actualmente el señor Rengifo está excluido de la lista de auxiliares, según providencia de julio 19 de 2004 por el juzgado segundo civil del circuito (…)”.

— Copia del proceso ejecutivo singular con radicado 2000-0207-00, seguido en el juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué contra el señor Guillermo Ávila Cardozo (fls. 24 335 c. 2).

— Copia auténtica del oficio 1059 mediante el cual el juez cuarto civil del circuito de Ibagué le informa a la Fiscalía General de la Nación que por medio de Auto de 13 de junio de 2005 se ordenó remitir copias para que se investigue al señor Fernando Rengifo Barrios por su actuación mientras fue secuestre dentro del proceso de ejecutivo, al omitir la entrega del automotor al nuevo secuestre designado y no rendir cuentas de su administración (fl. 24 c. 2).

— Copia auténtica del acta de entrega del vehículo de placas XKF-519 efectuada por el señor Eusebio Angarita Angarita al señor Guillermo Ávila Cardozo el 10 de mayo de 2004, en el que le hace entrega real y material del vehículo de placa XKF-519 y del tráiler (tanque) de placas RO-3450 (fl. 44 c. 2).

— Copia auténtica del acta de entrega del vehículo de placas XKF-519 (cabezote), el 21 de julio (sin especificar año) efectuada por el señor Fernando Rengifo al secuestre entrante Eusebio Angarita Angarita al señor Guillermo Ávila Cardozo el 10 de mayo de 2004, quien manifestó recibirlo en el estado en que se encuentra, enfatizando que no es óptimo después del volcamiento que sufrió el tracto-camión (fl. 70 c. 2).

— Copia auténtica del acta de entrega de 29 de julio de 2003 del tráiler (tanque) identificado con placa RO-3450 de color blanco, efectuado por el señor Fernando Rengifo Barrios al señor Eusebio Angarita Angarita (fl. 94 c. 2).

— Copia autentica del acta de posesión del secuestre Eusebio Angarita Angarita el 13 de mayo de 2003 (fl. 221 c. 2).

— Dictamen pericial rendido por el señor Noel Humberto Vargas para determinar los perjuicios materiales sufridos por el demandante con ocasión de la pérdida de su tracto-camión (fls. 336 a 346 c. 2).

5.1. Valor probatorio de las copias simples.

Respecto el valor probatorio de las copias simples aportadas al proceso, la Sala las valorará conforme al precedente jurisprudencial de la Sala plena de la sección tercera(34), que ha indicado que es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

5.2. Valor probatorio de las fotografías.

La Sala advierte que con la demanda se aportaron varias fotografías con las cuales se pretende acreditar el mal estado en el que quedó el tractocamión de placas XKF-519 luego del accidente en el que se vio involucrado. Al respecto, cabe hacer varias consideraciones: i) para valorar su autenticidad la Sala tiene en cuenta lo previsto en el artículo 25 del Decreto-Ley 2651 de 1991 [norma aplicable para la época de presentación de la demanda], a cuyo tenor se establecía que los “documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieran o no como destino servir de prueba, se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación”; ii) la presunción de autenticidad de las fotografías no ofrece el convencimiento suficiente, ni define las situaciones de tiempo, modo y lugar de lo que está representado en ellas, ya que se debe tener en cuenta que su fecha cierta, consideradas como documento privado, con relación a terceros se cuenta, conforme al artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, desde el momento en el que son aportadas al proceso, esto es, desde la presentación de la demanda, sin perjuicio de los demás criterios fijados por la misma norma mencionada; iii) la valoración, por lo tanto, de las fotografías se sujetará a su calidad de documentos, que en el marco del acervo probatorio, serán apreciadas como medios auxiliares, y en virtud de la libre crítica del juez(35)(36); y deben ser apreciadas en conjunto y bajo las reglas de la sana crítica con los demás medios probatorios que obran en el expediente, para poder establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar(37).

Luego, para la Sala de subsección las fotografías que fueron aportadas con la demanda cabe contrastarlas con otros medios, puesto que no se indicó con exactitud dentro de la demanda que aquellas fueron tomadas el mismo día en que sucedieron los hechos, razón por la cual, se insiste, deben examinarse y cotejarse rigurosamente estas fotografías con los demás medios probatorios.

5.3. Valor probatorio de la prueba trasladada.

En cuanto a las pruebas que la Sala valorará, se advierte que se allegó por petición de la parte demandante, copia del proceso ejecutivo donde fue demandado el señor Guillermo Ávila Cardozo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada sostiene que cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que en el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, por cuanto se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se dará en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas y hayan podido controvertirlas.

En este sentido, el precedente de la Sala sostiene que las pruebas recaudadas podrán ser valoradas y apreciadas, pese a que se hayan practicado sin citarse o intervenir alguna de aquellas en el proceso de origen, cuando se trata de prueba documental, específicamente, se podrá trasladar de un proceso a otro en original (evento en el que se requerirá el desglose del proceso de origen y que se cumpla lo exigido en el artículo 185 CPC), o en copia auténtica (evento en el que se deberá cumplir lo consagrado en los artículos 253 y 254 del CPC).

En cuanto concierne a la prueba testimonial, no habrá lugar a valorarla cuando las declaraciones no hayan sido ratificadas en el proceso al que se trasladan, salvo que la parte contra la que se aducen coadyuve la petición del traslado de la prueba o mencione dichos testimonios en la contestación de la demanda, los alegatos conclusión o cualquiera otro acto procesal.

De esta manera, en el sub judice, la Sala valorará los documentos que se trasladaron del proceso penal, toda vez que los mismos fueron puestos en conocimiento de la parte contra la cual se pretendían hacer valer, sin que ésta hubiese impugnado su valor, lo cual, conforme a lo expuesto, permite que a los mismos se les otorgue valor probatorio.

6. Solución del caso concreto.

Visto el acervo probatorio que obra dentro del expediente se tiene demostrado fehacientemente que por Auto de 15 de mayo de 2000, en virtud del proceso ejecutivo promovido contra el aquí demandante el juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué decretó el embargo y secuestro en una primera ocasión de la tractomula de placas XKF-519, sin embargo, dentro de dicha causa las partes llegaron a un acuerdo de pago, motivo por el cual se levantó la media cautelar sobre el automotor. Luego, como dicho acuerdo fue incumplido por la parte demandada, se ordenó mediante Auto de 8 de abril de 2002 nuevamente el embargo y secuestro del mismo rodante el cual se materializó el 30 de enero de 2003, designándose en esta ocasión como secuestre al señor Fernando Rengifo Barrios.(38)

Se tiene probado adicionalmente, que mediante memorial de 5 de marzo de 2003 el apoderado del señor Guillermo Ávila Cardozo (dentro del proceso ejecutivo) solicitó al juez de la causa relevar del cargo de secuestre al señor Fernando Rengifo Barrios toda vez que a su parecer éste estaba actuando con negligencia en el manejo del bien cautelado(39).

Por lo anterior, el juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué mediante providencia de 10 de marzo de 2003 accedió a la solicitud elevada por el apoderado del señor Guillermo Ávila Cardozo y ordenó reemplazar al secuestre Fernando Rengifo Barrios por el señor Eusebio Angarita Angarita y concedió un término de 5 días para que el primero entregara el bien incautado al segundo(40). El señor Eusebio Angarita Angarita tomó posesión del cargo el 13 de mayo de 2003(41).

Se tiene acreditado, que el 12 de abril de 2003 se presentó un accidente en la vía Medellín-Bogotá, sitio Puente Costa Rica kilómetro 66 más 700 metros, jurisdicción del municipio San Luis, ocasionado por el volcamiento del tractocamión de placas XKF-519 en el que lamentablemente murió una persona, otra resultó lesionada y el vehículo quedó totalmente destruido(42).

Lo anterior lo puso en conocimiento del juzgado el secuestre Fernando Rengifo Barrios mediante memorial de 21 de abril de 2003, en el cual informó que (i) el vehículo había sido alquilado al señor José René García, (ii) el conductor del camión le había dicho que el accidente se produjo por fallas en los frenos y (iii) que lo único arrendado había sido el cabezote y que el tanque que hacía parte del mismo se encontraba en un parqueadero en la ciudad de Ibagué.(43)

Así las cosas, el juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué mediante Auto de 8 de mayo de 2003 puso en conocimiento de las partes lo sucedido y requirió al secuestre Fernando Rengifo Barrios para que en el término de 10 días siguientes a la notificación de dicho proveído hiciera entrega inmediata del vehículo cautelado y rindiera cuentas de su administración.(44)

No obstante lo anterior, se acreditó que el nuevo secuestre (Eusebio Angarita) por medio de memoriales de 21 de abril, 28 de mayo y 27 de junio de 2003 dirigidos al juez de la causa informó que él no había (a las fecha sindicadas) recibido de manos del secuestre saliente Fernando Rengifo Barrios el vehículo incautado y accidentado(45). Sin embargo, dicha entrega solo se materializó hasta el 21 de julio de 2003 cuando el señor Fernando Rengifo Barrios y Eusebio Angarita Angarita suscribieron la respectiva acta de entrega en la que se consignó además que el vehículo se encontraba “en mal estado”(46).

Finalmente, en cuanto a los hechos probados, encontró la Sala que mediante certificación expedida por la Dirección ejecutiva de administración judicial de Ibagué se tiene que la póliza de cumplimiento que debía por ley constituir el secuestre designado Fernando Rengifo Barrios, se expidió solo hasta el 17 de marzo de 2003, aun cuando el secuestro y embargo del bien mueble se hizo el 30 de enero de la misma anualidad. 

Descendiendo al caso concreto, sin lugar a dudas para la Sala el juzgado incumplió el deber de vigilancia y control que correspondía ejercer sobre el secuestre (Fernando Rengifo Barrios) como auxiliar de la justicia, al no exigirle de entrada la caución que debía garantizar el buen manejo y custodia del bien objeto de la medida cautelar como quiera que la póliza sólo se constituyó el 17 de marzo de 2003 cuando el embargo ya se había hecho efectivo desde el 30 de enero de la misma anualidad; al no haber realizado el seguimiento y vigilancia de las actuaciones del secuestre y, al no haber ordenado a su debido tiempo como medidas eficaces la presentación de los informes mensuales y la rendición de cuentas, toda vez que si bien el juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué requirió en dos oportunidades al señor Fernando Rengifo Barrios para que entregara el bien al nuevo secuestre, dichas medidas fueron ineficaces e incumplidas por aquel.

De modo, que considera esta colegiatura que el juez no hizo uso de las herramientas legales y potestades que podían compeler eficazmente al secuestre para que hiciera entrega del bien cautelado, aun cuando se reitera y se enfatiza que mediante Auto de 10 de marzo de 2003 ya se había ordenado el reemplazo de secuestre y así mismo la entrega del bien. 

Analizando en conjunto el material probatorio que reposa en el expediente, se considera que con el accidente y pérdida total que sufrió el vehículo embargado y secuestrado, se incumplió con la finalidad de la medida cautelar ordenada, comoquiera que se debía procurar su buen estado de conservación en orden a que constituye la garantía de quien la persigue y que de no ser así debe ser devuelta a su propietario en el estado en que se embargó. 

Lo anterior, toda vez que el secuestre admitió (como una confesión) que el vehículo se accidentó porque estaba mal de frenos, lo que quiere significar que fue negligente en el cuidado de la cosa que estaba bajo su guarda, al no realizarle los mantenimientos debidos para su correcto funcionamiento, desencadenándose el fatal accidente.

Se advierte, por lo tanto, una actuación irregular por parte del secuestre Fernando Rengifo Barrios y del juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué, ya que el primero fue negligente y actuó con desidia en el desarrollo de su labor como guardador del bien y el segundo no actuó con la diligencia y rigurosidad debida para que el primero cumpliera a cabalidad y en correcto orden su función, pues la inactividad y pasividad del juzgado permitieron que el secuestre Rengifo Barrios tuviera en su poder y disposición más del tiempo debido la tractomula del demandante. 

Las anteriores actuaciones y omisiones que materialmente se produjeron con ocasión del embargo y secuestro del bien de propiedad de Guillermo Ávila Cardozo resulta ser una irregularidad que reviste cierta gravedad, ya que se produjo, precisamente, para materializar unas decisiones judiciales que estaban amparadas legalmente dentro del proceso ejecutivo que cursaba. Luego, cabe afirmar la imputación por una falla en el servicio al incumplirse los mandatos de vigilancia y control tanto al juez, como al auxiliar de la justicia, al incumplirse con el debido seguimiento del bien secuestrado, no ordenar oportunamente su entrega material una vez se le relevó al secuestre Rengifo Barrios de su labor ocasionándose en ese interregno el accidente del bien cautelado. 

Luego, es evidente que el juez cuarto civil del circuito de Ibagué no tomó las medidas debidas de control y custodia que podía ejercer sobre el ejercicio de las actuaciones u omisiones del secuestre, lo que produjo una suerte de descontrol que tuvo como resultado la destrucción del automotor por causa no imputable al demandante, presentándose una clara vulneración de las obligaciones legales. 

Por las razones anteriores, se le condenará al señor Fernando Rengifo Barrios, solidariamente, al reembolso de las sumas de dinero que deba sufragar la Nación - rama judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial como consecuencia de la condena que se dictará en esta providencia, por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

7. Liquidación de perjuicios.

Respecto de la liquidación de los perjuicios, encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo del Tolima acogió los argumentos del dictamen pericial solicitado por la parte demandante y rendido por el perito Noel Humberto Vargas en el cual se determinaron los perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante y daño emergente.

En cuanto a la valoración probatoria del dictamen pericial, conviene advertir que de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la peritación como medio de prueba es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito debe informarle razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos —y no cuestiones de derecho— que se sometan a su experticio, sin importarle a cuál de las partes beneficia o perjudica, de manera que su dictamen debe ser personal y contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad (num. 2 del art. 237 del CPC).

Para su eficacia probatoria, el dictamen pericial debe reunir ciertas condiciones de contenido como son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte del perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúen.

El dictamen del perito debe ser claro, preciso y detallado; en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones (num. 6 del art. 237 ibídem); y durante el traslado del dictamen pericial las partes pueden solicitar que éste se complemente o aclare u objetarlo por error grave (art. 238 ejusdem).

A su turno, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos, el juez tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra.

En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma”.

En el anterior contexto se analizará el dictamen pericial, teniendo en cuenta adicionalmente que el mismo no fue objeto de aclaración, corrección u objeción por error grave en ninguna de las oportunidades procesales para ello.

De hecho, cabe reiterar que uno de los argumentos del recurso de apelación recae sobre los perjuicios materiales arrojados en la experticia, de modo que la Sala analizará con base en los argumentos anteriormente expuestos si hay lugar o no a confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto al reconocimiento de dichos perjuicios.

En cuanto al daño emergente, sostuvo el dictamen: (ver folios 336 a 346 c. 2).

“(…)

En el expediente figura una factura con fecha mayo 17 del 2004 factura Nº 1297 por valor de $ 2.500.000 por concepto de servicio de grúa y transporte y por parqueo de 395 días al vehículo tractocamión placas XKF-519. También figura una factura de mayo 15 del 2004 pagados al señor Epaminondas Díaz por la suma de $ 2.100.000 por concepto de servicio de parqueo de 450 días al tanque de placas RO-3050. Factura Nº 03340 de REENCAFE por concepto de llantas por la suma de $ 5.977.658. Facturas pagadas por arreglos al tráiler Nº 5768 - 5777 - 11166 - 1243 - y otras sin número por la suma de $ 511.295 para un total de ONCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 11.088.953) moneda legal.

Según cotizaciones y averiguaciones sobre el costo del cabezote del tractocamión de placas XKF-519 marca Ford, modelo 1971 con motor Nº 10201024 serie U90 RUVL73781 se (sic) servicio público afiliado a la empresa Centrolima servicio público de transporte de carga el costo es de SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 75.000.000) moneda legal.

Total daño emergente: OCHETNA (sic) Y SEIS MILLONES OCHENTA YUOCHO (sic) MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 86.088.953) moneda legal”.

En cuanto al lucro cesante, se dijo:

“(…)

Para obtener el rendimiento económico del tractocamión se hicieron las averiguaciones en varias empresas de transporte de carga:

Transportadora Viatela S.A. y Transportes Centrolima Ltda. Y también con algunos dueños de tractomulas y llegué a la conclusión de que un vehículo de carga con capacidad para 35 toneladas arroja una ganancia mensual liquida de SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000) moneda legal. Por 25 días hábiles.

El apoderado de la parte actora solicita que se avalúe el perjuicio ocasionado desde el 2 de abril de 2003 hasta la fecha.

Año 2003

(…)

TOTAL $ 51.000.000

Año 2004

(…)

TOTAL $ 72.000.000

Año 2005

(…)

TOTAL $ 72.000.000

Año 2006

(…)

TOTAL $ 42.000.000

TOTAL LUCRO CESANTE $ 237.000.000

(…)

RESUMEN.

Daño emergente: $ 86.088.953

Lucro cesante:$ 237.000.000

Total:$ 323.088.953”

(…)

Anexos: Dos cotizaciones de transporte de carga”.

De conformidad con lo anterior, encuentra la Sala demostrado en cuanto al daño emergente que el perito evaluador tuvo en cuenta para el análisis del rubro las mismas pruebas aportadas en la demanda por la parte actora, dentro de las cuales se encuentran unas facturas de venta 5768, 5777, 11166, 1243, una sin número de fecha 18 de mayo de 2004 todas referentes al tanque (tráiler) de placas RO-3450, así como una factura a mano realizada por el señor Epaminondas Díaz por concepto de parqueadero del tráiler de placas RO-3050 por 450 días.

Sin embargo coincide esta colegiatura con el tribunal de primera instancia en cuanto que el tráiler tanque de placas RO-3050 no hizo parte del embargo del que fue objeto el tractocamión de placas XKF-519, motivo por el cual no se puede reconocer gasto o pago alguno en el que haya incurrido el actor con ocasión de la parálisis del tráiler tanque, comoquiera que se reitera, no hizo parte del embargo efectuado el 30 de enero de 2003.

En lo referente al cabezote del tractocamión de placas XKF-519 el cual quedó completamente destruido tal como se puede observar en las fotografías aportadas con la demanda las cuales se valoraron en conjunto con los demás elementos probatorios, se encuentra que en el dictamen pericial se solicitaron dos cotizaciones para saber el valor del mismo, el cual arrojó un costo de $ 75.000.000, monto que se tendrá en cuenta para reconocer el daño emergente por la pérdida del vehículo(47).

Ahora, respecto del lucro cesante se tiene que el perito evaluador se limitó a solicitar o más bien a preguntar a dos empresas de transporte de carga cuál era el rendimiento económico de un tractocamión de las mismas especificaciones del de placas XKF-519, empresas que se limitaron a emitir unas constancias donde indicaron, la primera, que un automotor de esa clase generaba ingresos de $ 12.000.000(48), y la segunda arrojó un valor de $ 14.200.000(49).

Pese a lo anterior, encuentra la Sala que dichas constancias no contienen soportes contables que de fe de lo allí consignado, ni se observa un trabajo minucioso por parte del perito para poder llegar a establecer con veracidad el valor consignado en su dictamen respecto del lucro cesante, tales como libros contables o declaraciones de renta del señor Guillermo Ávila Cardozo.

Lo anterior, constituye una razón suficiente y valedera para en esta instancia negar el reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, comoquiera que se reitera, no obra dentro del plenario ningún otro medio probatorio cuya valoración en conjunto permita acreditar el perjuicio sufrido.

Recuérdese que tal como se dijo en líneas anteriores, el dictamen del perito debe ser claro, preciso y detallado; en él se deben explicar los exámenes e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones. Características y requisitos que se echan de menos en el experticio en cuanto a la prueba del lucro cesante.

De conformidad con lo anterior procederá la Sala a actualizar el valor de $ 75.000.000 reconocidos como perjuicio material en la modalidad de daño emergente de conformidad con la fórmula utilizada por la corporación para dicha operación:

1
 

8. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la sección tercera – subsección C de la Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la Sentencia del 4 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual quedará así:

“1. DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL por los daños y perjuicios materiales (daño emergente), causados al demandante Guillermo Ávila Cardozo, como consecuencia de la destrucción del vehículo tractocamión, marca Ford, modelo 1971, afiliado a la empresa de transportes Centrolima, en hechos ocurridos el día 12 de abril de 2003 en el sitio denominado Puente Costa Rica, jurisdicción del municipio de San Luis, carretera Medellín-Bogotá, el cual había sido secuestrado el 30 de enero de 2003 dentro del proceso ejecutivo promovido por Gabriel Ávila Cardozo contra el señor Guillermo Ávila Cardozo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor del señor Guillermo Ávila Cardozo el equivalente a noventa y nueve millones ochocientos veintitrés mil novecientos noventa y cinco mil pesos con treinta centavos ($ 99.823.995,30), por daño emergente.

3. CONDENAR al llamado en garantía, el auxiliar de la justicia Fernando Rengifo Barrios, identificado con la C.C. No. 93.379.032, a reembolsar aquello por lo que fue condenada la entidad demandada.

4. LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL dará cumplimiento a esta sentencia en los términos consagrados en los artículos 176 y 177 inciso final del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento del presente fallo, expídanse a las partes, por intermedio de sus apoderados, copias auténticas de las sentencias, con constancia de ejecutoria, conforme a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995”.

2. Sin condena en costas.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(1) “ART. 129.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión (…).

(2) La pretensión mayor es de $ 138.000.000 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, es decir que supera los 500 SMLMV exigidos para el momento de la presentación del recurso de apelación.

(3) En su precedente normativo, esto es, en el Código Contencioso Administrativo consagrado por la Ley 167 de 1941, en el artículo 83 y en su inciso 3º del artículo 84 estableció que las acciones encaminadas a obtener una reparación, como es la presente, prescriben al cabo de cuatro meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto, etc.”. Puede verse: Sala de lo contencioso administrativo, Auto de 23 de mayo de 1953, Exp. 19530523. Sala de lo contencioso administrativo, Auto de 9 de marzo de 1954, Exp. 19540309. Sala de lo contencioso administrativo, Auto de 22 de julio de 1955, Exp. 1955-N5085. Sección segunda, Auto de 29 de febrero de 1972. “De conformidad con el artículo 83 del Código Contencioso Administrativo la acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos particulares prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de cuatro meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho u operación administrativa que cause la acción”. Fija esta norma un término perentorio para accionar o recurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra actos que lesionan derechos de particulares. Este término es lo que los tratadistas denominan “Caducidad”, que es diferente, desde luego, a la prescripción. Hay por lo mismo una impropiedad en la norma al hablar de prescripción y no de caducidad. Los plazos preestablecidos en forma objetiva, es decir, sin consideración a situaciones personales del interesado, es lo que se llama caducidad. Si el actor los deja transcurrir sin presentar la demanda, el derecho a la acción caduca, se extingue inexorablemente, sin que pueda alegar para revivirlos excusa alguna, ya que no son susceptibles de interrumpirse, al contrario de lo que ocurre con la prescripción extintiva de derechos. El derecho puramente potestativo a la acción o al recurso comienza con el plazo prefijado y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo improrrogable. Quien se crea con derecho a accionar contra el acto administrativo que le ha creado una situación jurídica subjetiva debe hacerlo antes para no correr el riesgo de que se le extinga el plazo concedido”. Sección tercera, Auto de 31 de mayo de 1979. “Es indudable que el Decreto Ley 528 de 1964 estableció un término perentorio de caducidad en el artículo 28, al disponer: “La competencia para conocer de las acciones indemnizatorias por hechos u operaciones de la administración está condicionada a que dichas acciones se instauren dentro de los tres años siguientes a la realización del hecho u operación correspondiente”.

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(5) “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección C. Sentencia de 8 de junio de 2016. Exp. 31006.

(7) SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer-Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015.

(8) Una reseña de las decisiones del Consejo de Estado que contiene este sincretismo entre error y privación injusta de la libertad puede ser consultada en SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, cit. p. 22.

(9) DEGUERGUE, Maryse (coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado. Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, pp. 51 y 52.

(10) SABOURAULT, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en DEGUERGUE, Maryse (coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado, ob. cit., p. 94.

(11) GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 57.

(12) GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva, ob. cit., p. 58.

(13) TOLIVAR ALAS, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del Estado-juez”, en QUINTANA LÓPEZ, Tomás (Dir.). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p. 518.

(14) Corte Constitucional, Sentencia de C-318 de 1998.

(15) Corte Constitucional, Sentencia C-1043/2000.

(16) Corte Constitucional, Sentencia C-207 de 2003.

(17) Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 2004.

(18) Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 2007.

(19) Sentencia de 10 de noviembre de 1967, Exp. 867.

(20) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp. 10285.

(21) Sentencia de 24 de agosto de 1990, Exp. 5451.

(22) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp. 10285.

(23) Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719.

(24) En el derecho comparado el funcionamiento anormal procede de actuaciones materiales, normalmente dilaciones indebidas, pero también por omisiones de fases, trámites o etapas procesales que impiden el recto enjuiciamiento de los asuntos. Son ejemplos típicos de funcionamiento anormal: las dilaciones indebidas, la desaparición de dinero, joyas, documentos u otras pruebas de convicción, sustracción de las mismas”. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva, ob. cit., p. 58.

(25) Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719. Puede verse el precedente Sentencia de 24 de mayo de 1990, Exp. 5451.

(26) Sentencia de 12 de septiembre de 1996, Exp. 11092.

(27) La actuación fallida está relacionada con “una actuación necesaria para la aplicación de la decisión judicial previa: la que ordenó el remate”. Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719.

(28) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164.

(29) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164.

(30) Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 17301.

(31) Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp. 12915. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que… efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 17301.

(32) Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp. 12915. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que… efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Sentencia de 11 der agosto de 2010, Exp. 17301.

(33) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia”. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva, ob. cit., p. 57.

(34) Consejo de Estado, Sala plena de la sección tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

(35) Sección tercera, Sentencia de 22 de abril de 2004, Exp. 14688.

(36) En este aspecto se da continuidad a la reciente jurisprudencia de la subsección C, de la sección tercera, según la cual En efecto, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que, se trata de documentos privados “pues la demanda es indicadora indirecta de que tienen origen en la propia parte que las allegó (art. 251 CPC); de todas maneras tienen dicha calidad porque en ellos no consta el funcionario que las tomó o filmó. Para cuando se aportaron dichos elementos probatorios regía el artículo 25 del decreto Ley 2651 de 1991 según el cual “Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieron o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación ( )” lo cierto es que la sola presunción de autenticidad de los mismos no define las situaciones de tiempo y modo de lo que ellas representan. Esto por cuanto la fecha cierta de un documento privado, respecto de terceros, se cuenta a partir de uno de los siguientes hechos: o por el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado al proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia (art. 280 CPC). Desde otro punto de vista, la doctrina se ha pronunciado sobre el valor probatorio de las fotografías como documentos representativos que son; dice que las fotografías de personas, cosas, predios, etc. sirve para probar el estado de hecho que existía al momento de haber sido tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez y que son un valioso auxiliar de la prueba testimonial, cuando el testigo reconoce en ella o en ellas el lugar o la cosa que dice haber conocido. Por consiguiente y para el caso como la fecha cierta de las fotografías es la de presentación de la demanda, porque se aportaron con ésta, el 26 de julio de 1995, de nada sirve para la eficacia probatoria que se reputen auténticas.” (sección tercera, exps. 19630, 20498, 19901 y 18229). En ese orden y comoquiera que en el caso concreto los hechos ocurrieron, según lo afirma el demandante, el 19 de febrero de 1999 y que se reputa como fecha cierta de las fotografías la de la presentación de la demanda, esto es el 7 de abril de 1999, las mismas carecen de toda eficacia probatoria”. Sección tercera, subsección C, Sentencia de 1º de febrero de 2012, Exp. 22464.

(37) En este aspecto se da continuidad a la reciente jurisprudencia de la subsección C, de la sección tercera, según la cual en efecto, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que, se trata de documentos privados “pues la demanda es indicadora indirecta de que tienen origen en la propia parte que las allegó (art. 251 CPC); de todas maneras tienen dicha calidad porque en ellos no consta el funcionario que las tomó o filmó. Para cuando se aportaron dichos elementos probatorios regía el artículo 25 del decreto Ley 2651 de 1991 según el cual “Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieron o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación ( )” lo cierto es que la sola presunción de autenticidad de los mismos no define las situaciones de tiempo y modo de lo que ellas representan. Esto por cuanto la fecha cierta de un documento privado, respecto de terceros, se cuenta a partir de uno de los siguientes hechos: o por el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado al proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia (art. 280 CPC). Desde otro punto de vista, la doctrina se ha pronunciado sobre el valor probatorio de las fotografías como documentos representativos que son; dice que las fotografías de personas, cosas, predios, etc. sirve para probar el estado de hecho que existía al momento de haber sido tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez y que son un valioso auxiliar de la prueba testimonial, cuando el testigo reconoce en ella o en ellas el lugar o la cosa que dice haber conocido. Por consiguiente y para el caso como la fecha cierta de las fotografías es la de presentación de la demanda, porque se aportaron con ésta, el 26 de julio de 1995, de nada sirve para la eficacia probatoria que se reputen auténticas” [sección tercera, expedientes 19630, 20498, 19901 y 18229]. En ese orden y comoquiera que en el caso concreto los hechos ocurrieron, según lo afirma el demandante, el 19 de febrero de 1999 y que se reputa como fecha cierta de las fotografías la de la presentación de la demanda, esto es el 7 de abril de 1999, las mismas carecen de toda eficacia probatoria”. Sección tercera, subsección C, Sentencia de 1º de febrero de 2012, Exp. 22464.

(38) Ver folios 5 a 6 y 40 a 42 del cuaderno 1.

(39) Ver folios 3 a 10 c. 1.

(40) Ver folio 11 c. 1.

(41) Ver folio 221 c. 2.

(42) Ver folios 44 a 45 c. 1.

(43) Ver folio 29 c. 1.

(44) Ver folio 30 c. 1.

(45) Ver folios 220, 22 y 223 c. 2.

(46) Ver folio 70 c. 2.

(47) Ver folios 58-59 c. 1 y 343 c. 2.

(48) Ver folio 347 c. 2.

(49) Ver folio 348 c. 2.