Sentencia 2005-00784 de octubre 8 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23- 27-000-2005-00784-01(16314)

Consejero ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Alphatex Industrias Textiles Alpha S.A. en reestructuración

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Fallo

Bogotá, D.C., ocho de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos acusados.

La controversia se concreta en determinar si Alphatex S.A., pagó oportunamente la primera cuota de la facilitad de pago otorgada por la entidad demandante. En concreto, corresponderá definir si, pagar esa cuota, luego de haber declarado el incumplimiento del acuerdo de pago, torna el pago debido y si, en consecuencia, por razones de justicia material, tendríanse que anular los actos acusados.

Para el efecto, la Sala destaca los siguientes hechos probados:

¾ El día 22 de noviembre del 2001, la sociedad Alphatex Industrias Textiles Alpha S.A. fue admitida en proceso de promoción de acuerdo de reestructuración de pasivos (L. 550/99). Los acreedores firmaron el acuerdo de reestructuración el día 7 de noviembre de 2002, con un plazo de doce años y con un periodo inicial de gracia de dos años.

¾ Mediante Resolución 815 del 30 de junio del 2004, la administración especial de grandes contribuyentes de la DIAN, concedió a la Sociedad Alphatex S.A. facilidad para el pago de los intereses moratorios de las obligaciones tributarias por concepto de retención en la fuente de los periodos 2 al 10 del 2001, en 6 cuotas semestrales y por la suma de $ 242'685.000(1).

¾ El 23 de noviembre del 2004, el grupo interno de trabajo de cobranzas de la DIAN, mediante el Oficio 001825, le recordó a la demandante el vencimiento de la cuota del mes de diciembre(2).

¾ El 25 de enero del 2005, la DIAN profirió la Resolución 817 con la cual declaró sin vigencia la facilidad de pago que concedió a la demandante. La resolución se fundamentó en que la demandante incumplió el pago de la primera cuota correspondiente al primer semestre, en cuantía de $ 40'448.000 y en lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 863 del 2003 y 7º del Decreto 425 del 2004. En el mismo acto se ordenó iniciar el proceso administrativo de cobro coactivo(3).

¾ La anterior resolución fue confirmada por la Resolución 0002 del 15 de febrero del 2005(4).

¾ El 28 de enero del 2005, el representante legal de Alphatex S.A., remitió a la DIAN los recibos oficiales de pago Nos. 4904006936184 y 4904006936177 de la misma fecha, correspondientes a la primera cuota de la facilidad de pago objeto de los anteriores actos(5).

Para resolver, la Sala transcribe el parágrafo transitorio del artículo 804 del estatuto tributario(6) que, en relación con el incumplimiento de la facilidad automática pagos de intereses y sus consecuencias, establece:

"(…) Para la cancelación de las sanciones y de los intereses que queden pendientes, se otorgará una facilidad automática de pago sin necesidad de garantías, por el término de tres (3) años a partir del 1º de julio de 2004, pagaderos en seis cuotas semestrales iguales a mas tardar el último día hábil de cada semestre calendario.

(…) Lo anterior sin perjuicio de que ante el incumplimiento de cualquiera de las cuotas de dicha facilidad de pago, automáticamente la administración proceda al cobro coactivo del saldo total pendiente de cancelación".

Posteriormente, el Decreto 425 del 2004 se encargó de reglamentar el anterior artículo, así:

"ART. 6º.¾Facilidad para el pago de las sanciones e intereses. Para tramitar la facilidad de pago de las sanciones e intereses de que trata el parágrafo transitorio del artículo 804 del estatuto tributario, el contribuyente deberá acreditar ante la administración respectiva el pago de los impuestos, retenciones o anticipos, suministrando fotocopias de los recibos de pago o declaraciones con pago en que se efectuó la cancelación.

La facilidad de pago se otorgará mediante resolución, en la cual además de conceder el plazo, se establecerá el valor de los intereses y sanciones pendientes de pago objeto de la facilidad. La liquidación así establecida presta mérito ejecutivo en los términos del numeral 3º del artículo 828 del estatuto tributario.

ART. 7º¾Incumplimiento de la facilidad de pago. Ante el incumplimiento de cualquiera de las cuotas de la facilidad otorgada por efecto de la imputación transitoria del pago, para la cancelación de las sanciones e intereses insolutos, la administración competente deberá proceder de inmediato a decretar mediante resolución el incumplimiento, dejando sin efecto la facilidad, iniciando el cobro coactivo del saldo total pendiente de cancelación, librando el correspondiente mandamiento de pago y disponiendo las medidas cautelares que estime conducentes.

PAR.¾Por estas obligaciones no podrá otorgarse nueva facilidad de pago".

De la lectura de los anteriores artículos se infiere que la administración de impuestos cuenta con la facultad legal inmediata de dejar sin efecto las facilidades de pago otorgadas a los contribuyentes, agentes de retención y responsables, ante el eventual incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas allí estipuladas. Debe, además, como consecuencia del incumplimiento, adelantar el cobro coactivo del saldo total pendiente de pago.

En el caso concreto, observa la Sala que a la sociedad demandante le correspondía efectuar el pago de la primera cuota establecida en la facilidad de pago, a más tardar el día 22 de diciembre del 2004. No obstante lo hizo extemporáneamente el día 28 de enero del 2005.

Es decir que no cabe duda de que al haber efectuado el pago por fuera del término a que se acogió la demandante con la facilidad de pago, se configura ipso facto la causal de incumplimiento de dicho beneficio, en los términos del artículo 804 del estatuto tributario y de los artículos 6º y 7º del Decreto 425 del 2004.

Configurada entonces la causal, la demandada, en virtud de autorización legal, bien hizo en dar por finalizada la facilidad de pago otorgada a la demandante y adelantar el consecuente proceso administrativo de cobro coactivo.

No obstante, a pesar de que la demandante reconoce que la actuación de la DIAN se ajusta a derecho, piensa que en su caso no deben aplicarse estrictamente las consecuencias que establece la ley ante su incumplimiento, sino que ha debido tenerse en cuenta la prevalencia del principio de justicia material, el que, a su juicio desconoció el tribunal en su fallo.

El principio de justicia material se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona destinataria de la norma, pero bajo el entendido de que la decisión debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales(7).

En virtud de lo anterior, es deber del juez, en aplicación del principio de justicia material, determinar en cada caso concreto si es viable la inaplicación de la ley por resultar contraria al orden justo de las cosas. El principio de justicia material no puede llegar a "confundirse […] con la posibilidad de que cada uno reclame la concreción de ese propósito desde su particular perspectiva y según su concepción de lo justo"(8).

Dicho de otro modo, no le corresponde a cada persona, invocando el principio de justicia material, ir interpretando las normas jurídicas y el alcance de las obligaciones que ha contraído en los contratos y similares para deducir a su acomodo cuando debe cumplirse o cuando no con el mandato de la ley o con la prestación debida.

En el caso que nos ocupa, la Sala no evidencia que con las decisiones de la administración se haya atentando contra el principio de justicia material como lo afirma equivocadamente la demandante. La sola circunstancia de que la parte actora haya estado en un proceso de reestructuración económica, no le permitía desatender las obligaciones que había contraído para con la DIAN y menos alegando el principio de justicia material.

De hecho, en la ley de reestructuración económica y en la reglamentación de las facilidades de pago está inmerso el principio de justicia material a efecto de favorecer la permanencia de una empresa y el libre ejercicio de la iniciativa privada y la libertad de industria y comercio. Quien se acoge a una facilidad de pago, por razones de buena fe, que es un principio tan valioso como el de justicia material, debe cumplir con las obligaciones derivadas de esa figura y estarse a las consecuencias del incumplimiento.

Sería inequitativo frente a otros contribuyentes que se encontraban en la misma situación, admitirle a una empresa la excusa del "olvido" o de "difícil situación financiera" para justificar el incumplimiento de las obligaciones y exonerarla de las respectivas consecuencias.

En ese orden de ideas, la sala encuentra ajustada a derecho la decisión proferida por el a quo, lo cual acarrea denegar las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFÍRMESE la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. RECONÓCESE personería al doctor Enrique Guerrero Ramírez, como apoderado de la Nación, en los términos del poder a él conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Folios 16 a 20.

(2) Folio 84.

(3) Folios 46 a 48.

(4) Folios 49 a 52.

(5) Folios 28 a 30.

(6) Adicionado por el artículo 32 de la Ley 863 de 2003.

(7) Corte Constitucional, Sentencia T-429 del 2004.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-651 de 1997.