Sentencia 2005-00805 de noviembre 26 de 2009

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 66001-23-31-000-2005-00805-01

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de dos mil nueve.

Actor: Cable Unión de Occidente S.A.

Ref.: Número interno 16502

Ventas. Primer bimestre de 2000

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En el caso, la Sala confirmará la decisión apelada, dado que la demandante no desvirtuó la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos.

En el caso se controvierte la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión 160642004000016 del 18 de marzo de 2004 y de la Resolución 160772005000009 del 25 de febrero de 2005, actos por los cuales la administración modificó la declaración del impuesto sobre las ventas del primer bimestre del 2000.

El tribunal denegó las súplicas de la demanda, al considerar que los actos demandados se ajustan a la legalidad.

El demandante al apelar insiste en que no procede la adición de ingresos, ni el desconocimiento de los impuestos descontables. Al efecto reitera que no es aplicable el literal b) del artículo 651 del estatuto tributario; que se incurrió en indebida valoración del material probatorio; indebido procedimiento; falsa motivación, violación del derecho al debido proceso y a la defensa.

En primer lugar se advierte que la administración modificó la declaración privada, en el sentido de adicionar ingresos, disminuir costos, desconocer los impuestos descontables e imponer sanción por inexactitud.

1. Adicionó los ingresos gravados en $13.605.711. A partir de la información enviada por las entidades bancarias correspondiente al 2000, la administración estableció que el total de ingresos de las cuentas bancarias que no figuran en la contabilidad ascendió a $722.746.938, por lo que aplicó la presunción del artículo 755-3 del estatuto tributario(16), teniendo en cuenta el porcentaje de ingresos de cada bimestre de la misma anualidad, así:

 

Total ingresos declarados 2000Porcentaje de ingresos periodo (1B)(17)Total consignaciones bancarias 2000Valor bimestre (1B)Presunción 15%
47.713.876.00012.55$722.746.938$90.704.74113.605.711

 

 

2. Disminuyó los costos en $190.312.000. Con fundamento en el Informe de Policía Judicial Nº 188 rendido sobre la investigación contable realizada a la sociedad actora y el dictamen contable final 249 del 4 de diciembre de 2002, la administración estableció que la contribuyente registró en su contabilidad transacciones ficticias de compra de bienes y servicios, con las siguientes empresas:

EmpresaCompra $Costo $IVA descontable
Importaciones, exportaciones y representaciones latinoamericanas Ltda.68.007.52559.136.9788.870.547
CI Importex S.A.1.408.195.164349.922.84629.154.179
Representaciones Unidas Ltda.1.493.290.262858.970.882117.210.673
CI Maresa de Colombia Ltda.817.441.903248.398.20125.019.091
Total3.786.934.8541.516.428.907180.254.490

 

Frente a estas transacciones la administración desconoció los costos y los impuestos descontables correspondientes, por tratarse de operaciones que nunca se realizaron y los calculó en la misma proporción de los ingresos declarados en el período, así:

Total costoTotal IVA descontablePorcentaje de ingresos periodo (1B)(18)V/r Costo desconocidoV/r IVA desconocido
1.516.428.907180.254.49012.55190.311.82822.621.939

 

3. Desconoció el total de los impuestos descontables declarados(19), así:

3.1. Por concepto de las compras ficticias: $ 22.621.939

Según liquidación que se muestra en el punto anterior.

3.2. Por información exógena: $ 418.123

Mayor valor reportado por la contribuyente, determinado en el cruce de la información exógena suministrada por la sociedad actora y por los terceros; para el primer bimestre, la diferencia surge de la factura 66 de 15 de febrero de 2000, pagada a Habib Merheg Marun.

3.3. Por aplicación lit. b), art. 651 E.T.: $146.270.748

El ente oficial determinó que los impuestos descontables no son procedentes por falta de soportes o porque los existentes no reúnen los requisitos legales; porque no fueron suministrados los libros auxiliares de costos y gastos impresos; porque el aplicativo contable puesto a su disposición presentó inconvenientes que impidieron verificar el IVA causado en las compras de bienes y servicios llevados como descontables; además, porque la contribuyente no suministró la información solicitada en el requerimiento ordinario 2349 de 6 de diciembre de 2002, pues si bien dio respuesta, lo hizo fuera de término y no correspondía a lo requerido, razón por la que dio aplicación al literal b) del artículo 651 del estatuto tributario.

4. Impuso sanción por inexactitud, en cuantía de $40.340.470.

En primer lugar debe destacarse que el demandante ante la jurisdicción guardó silencio frente a la sanción impuesta, por lo que no se hará pronunciamiento alguno sobre el tema.

De otra parte, se resalta que en el caso, la administración no tuvo en cuenta la contabilidad como medio de prueba a favor del contribuyente porque ésta perdió su eficacia probatoria, debido a que en la investigación adelantada a la sociedad(20), quedó en evidencia que no era llevada en debida forma y no reflejaba la realidad económica de la sociedad.

Conclusión a la que llegó con fundamento en lo siguiente:

— En el Informe de Policía Judicial Nº 188 del 22 de agosto de 2002(21) y en el dictamen contable final 249 del 4 de diciembre de 2002(22), documentos según los cuales en la contabilidad de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A., de los años 2000 y 2001, se registraron transacciones irreales de compra de bienes y servicios.

Este análisis fue efectuado sobre los registros contables aportados por la misma sociedad “a través del disco de un computador”, el cual contenía la contabilidad de los períodos mencionados, al no contarse con los libros auxiliares impresos que en su momento la autoridad requirió pero no fueron exhibidos, hecho que a la luz del artículo 781 del estatuto tributario, constituye indicio en contra del contribuyente.

— En el cruce de información con terceros en el que constató diferencia en el valor de los ingresos reportados por la contribuyente a la Comisión Nacional de Televisión y los suministrados a la autoridad tributaria(23).

— Finalmente, en el cruce de información con las entidades bancarias en el que estableció la existencia de consignaciones en cuentas que no figuran en la contabilidad de la sociedad actora, cuyo total ascendió a $722.746.938.

Hechos suficientes para considerar, como lo hizo la administración y lo decidió el tribunal, que la contabilidad de la sociedad no se ajusta a la normativa que rige la materia, ni ofrece confiabilidad alguna para tenerla como prueba a favor de la contribuyente, al no reflejar la situación económica real de la entidad.

Desvirtuada la eficacia probatoria de la contabilidad, igual suerte corren las certificaciones del contador público o del revisor fiscal, pues esta es una prueba documental condicionada a que la contabilidad se lleve en debida forma, de conformidad con lo previsto en los artículos 772, 773, 774 y 777 del estatuto tributario.

En estas circunstancias, correspondía al demandante desvirtuar el indicio en su contra por la no presentación de los libros de contabilidad y acreditar por otros medios probatorios los costos, deducciones, descuentos y pasivos declarados.

El apelante insiste en que la administración no practicó ni valoró las pruebas allegadas y con ello incurrió en una vía de hecho, en violación de los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Al respecto, tal como lo advirtió el a quo, el actor formula su inconformidad de manera general, sin precisar documento alguno, por lo que tratándose de documentos privados(24), para tenerlos como prueba la autoridad tributaria deben ceñirse a lo preceptuado en los artículos 767 del estatuto tributario y 268 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sin que el apelante haya acreditado el cumplimiento de los requisitos legales que las normas consagran.

De otra parte, como se indicó atrás, las modificaciones se sustentan en pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso en virtud de la investigación adelantada contra la sociedad demandante dentro de la cual se le garantizaron los derechos de contradicción, defensa y debido proceso; además, no se le impidió el acceso a la administración de justicia, toda vez que demandó la legalidad de los actos de determinación ante esta jurisdicción, hecho que dio origen al proceso dentro del cual se formuló el recurso de apelación que se ahora se decide.

En cuanto a la adición de ingresos, cuyo valor fue determinado sobre el valor total de las consignaciones en cuentas bancarias que no figuran en la contabilidad de la contribuyente y de acuerdo a los parámetros legales, el tribunal la consideró ajustada a derecho al considerar que desvirtuada la prueba contable correspondía a la administración tomarlos directamente de los extractos bancarios y dar aplicación a lo previsto en el artículo 755-3 del estatuto tributario, norma cuyo texto, para la época disponía:

Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. (Artículo adicionado por el art. 59 de la L. 6/92).

Cuando existan indicios graves de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro, que figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el período gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 15% del valor total de las mismas. Esta presunción admite prueba en contrario(25).

Para el caso de los responsables del impuesto sobre las ventas, dicha presunción se aplicará sin perjuicio de la adición del mismo valor, establecido en la forma indicada en el inciso anterior, como ingreso gravado que se distribuirá en proporción a las ventas declaradas en cada uno de los bimestres correspondientes (se resalta).

“Los mayores impuestos originados en la aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán afectarse con descuento alguno”.

Precepto que contiene una presunción legal que, como la misma lo establece, admite prueba en contrario.

Dado que la apelante se limita a reiterar los argumentos expuestos a lo largo de la vía gubernativa y en la demanda, sin aportar elemento probatorio alguno para desvirtuar la presunción legal, procede confirmar en el punto la decisión del a quo.

En cuanto al rechazo de los impuestos descontables, el apelante insiste en que revocado el acto que le imponía sanción por no suministrar la información requerida, la administración debió reconocer los impuestos descontables informados en la declaración privada.

En el punto como se anotó, los impuestos descontables fueron desconocidos no solo por la aplicación de lo dispuesto en el literal b) del artículo 651 del estatuto tributario, como lo afirma el apelante, sino además por las compras ficticias de bienes y servicios, por la diferencia encontrada en el cruce de información exógena; además, porque no se aportaron los soportes o porque los existentes no reunían los requisitos legales para su procedencia.

De otra parte, el que se hubiera revocado el acto que imponía la sanción por no suministrar la sanción requerida, por sí solo, no es suficiente para reconocer los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, pues al tenor del artículo 771-2 del estatuto tributario, para su procedencia deberá aportarse la factura o el documento equivalente, requisito que en el caso la sociedad no cumplió, por lo que no procede su aceptación.

Además, como lo señaló el tribunal, el proceso sancionatorio es independiente del de determinación del impuesto, dado que la naturaleza y finalidad, son distintas.

El procedimiento que culmina con liquidación oficial de revisión, tiene por objeto modificar las declaraciones privadas, cuando la administración establezca que la determinación del impuesto hecha por el contribuyente, responsable o agente retenedor, no fue la correcta; por su parte el proceso sancionatorio pretende castigar las infracciones a las normas tributarias(26).

En suma, contrario a lo afirmado por el apelante, procedía la adición de ingresos y el desconocimiento de los impuestos descontables, aspectos cuestionados de los actos administrativos demandados, sin que se advierta en la actuación indebida valoración del material probatorio, indebido procedimiento, falsa motivación, violación de los derechos al debido proceso, a la defensa o de acceso a la administración de justicia.

Por las razones anteriores, no se dará prosperidad al recurso interpuesto y en consecuencia se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(16) Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. Cuando existan indicios graves de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro, que figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el período gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 15% del valor total de las mismas. Esta presunción admite prueba en contrario.

Para el caso de los responsables del impuesto sobre las ventas, dicha presunción se aplicará sin perjuicio de la adición del mismo valor, establecido en la forma indicada en el inciso anterior, como ingreso gravado que se distribuirá en proporción a las ventas declaradas en cada uno de los bimestres correspondientes.

Los mayores impuestos originados en la aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán afectarse con descuento alguno [se subraya].

(17) Ingresos declarados por el primer bimestre: $5.987.868.000.

(18) Ver punto número 1.

(19) Total impuestos descontables informado en la declaración privada: $169.310.000.

(20) Ver resumen de las labores desarrolladas en el acta de inspección tributaria (fl. 1344, T. 9).

(21) Informe rendido sobre la investigación contable realizada por la Fiscalía 69 de la Unidad Segunda Especializada en Patrimonio Económico de la Seccional de Santiago de Cali (fl. 507, T. 4).

(22) Estudio complementario del anterior (fl. 1179, T. 8).

(23) Ver cuadros resumen de los ingresos (fls. 37 y 38 cdno. ppal.)

(24) Consisten en copias o fotocopias de comprobantes, libros auxiliares, soportes internos y externos de costos, gastos e impuestos descontabas tomadas de su propia contabilidad, la cual fue desvirtuada.

(25) Inciso modificado por el artículo 29 de la Ley 863 de 2003.

(26) Sentencia de 4 de abril de 2003, expediente 13382.