Sentencia 2005-00824 de marzo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 660012331000200500824

Nº Interno: 34967

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Luis Froilán Perea Asprilla y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil catorce

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prelación de fallo.

En la actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del magistrado conductor correspondiente(1).

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16(2), permite decidir de manera anticipada, esto es sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Luis Froilán Perea.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(3).

2. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

En relación con este aspecto conviene precisar que la resolución proferida por la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, Unidad Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá, Cundinamarca, mediante la cual se precluyó la instrucción adelantada en contra del señor Luis Froilán Perea Asprilla, se expidió el día 7 de noviembre de 2003 y se notificó personalmente al actor el día 10 de noviembre de 2003, razón por la cual, en cuanto la demanda de reparación directa se interpuso el 8 de agosto de 2005, se impone concluir que la misma se presentó de manera oportuna, esto es dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —CPP— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se tiene que hay lugar a aplicar el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de su libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se hubiere causado al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima hubiere dado lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(4)—.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

4. El material probatorio que obra en el proceso.

— Copia auténtica del informe CTI/SIA 253 de 7 de julio de 2003, en el cual se da cuenta de lo siguiente:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 319 del Código de Procedimiento Penal. Me permito rendir el presente informe:

El día de hoy se tuvo conocimiento, a través de unidades adscritas a la Sección Segunda del Batallón San Mateo de Pereira, que el señor Miguel Maturana (sic), (...), posee información relacionada con el reclutamiento del que fue víctima el señor José Arnulfo Ramírez Castañeda, por parte de milicias urbanas, al parecer, pertenecientes al Ejército Revolucionario Guevarista ERG, al mando de alias Chucula.

El grupo al margen de la ley autodenominado Ejército Revolucionario Guevarista ERG, opera en zona limítrofe de los departamentos de Risaralda y Chocó.

Sobre el delito del que fue víctima el señor Ramírez Castañeda, se tuvo conocimiento del día de ayer, mediante denuncia recepcionada en el CTI, a la señora María Consuelo Ramírez Mosquera, cuyo documento me permito adjuntar en dos folios, en original y copia. Por lo anteriormente expuesto me permito presentar al señor Milton Mosquera ante su despacho, a efecto de ser escuchado en testimonio.

Respecto de la identidad de alias Chucula, mediante labores adelantadas se conoció que este sujeto en la actualidad se identificaría como FLOIRÁN (sic) Perea Asprilla, (...) y guarda una apariencia muy humilde, de aspecto y apariencia descuidada, tratando de manejar un bajo perfil” (fl. 2, cdno. 2) (se destaca).

— Copia auténtica de la denuncia penal instaurada por la señora María Consuelo Ramírez Mosquera, en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

“El señor que le llaman Chucula obligó a mi hermano, de nombre José Arnulfo Ramírez Castañeda, a irse, o mejor lo llevaron a la fuerza por allá para Santa Cecilia, para ser entregado a la guerrilla, él era un muchacho muy juicioso. Preguntado. ¿Cuándo ocurrió el hecho que usted acaba de denunciar? Contestó. Él ya lleva como un año y tres meses. Preguntado. ¿De dónde fue sacado su hermano? Contestó. De la casa de él que queda en el barrio Santiago Londoño de Dosquebradas. Preguntado. ¿Estuvo usted presente en el momento que se llevaron a su hermano? Contestó. No. Yo estaba en otro barrio. Preguntado. ¿Cómo se enteró usted del hecho? Contestó. Porque mi madrastra, Doralba Castañeda, quien vive en la casa de donde sacaron a mi hermano me llamó y me dijo que se lo habían llevado. Preguntado. ¿Por qué afirma usted que la persona que sacó a la fuerza a su hermano fue alias Chucula? Contestó. Porque la gente que viene de Santa Cecilia a Pereira ha comentado que a mi hermano lo han visto por allá, vestido con camuflado y fusil andando con la gente de la guerrilla (...). Preguntado. ¿Por qué razón relaciona usted a alias Chucula con la guerrilla y a su vez con la desaparición de su hermano? Contestó. Porque toda la gente de por allá de Santa Cecilia saben que él tiene contacto con esa gente; además, mi hermano era ficha clave para ellos porque él fue infante de marina y conoce del manejo de lanchas, armamento, sabe manejar carro, por eso era muy útil para ellos” (fls. 8-9 anexo 1).

— Copia auténtica de la providencia dictada por la Fiscalía General de la Nación - Unidad de Reacción Inmediata (Pereira), el 7 de julio de 2003, en virtud de la cual se decretó la apertura de la instrucción en contra del señor Luis Froilán Perea Asprilla (fl. 10 anexo 1).

— Copia auténtica de la Resolución proferida por la Fiscalía Sexta de la Unidad de Reacción Inmediata Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, el 8 de julio de 2003, a través de la cual se ordenó el allanamiento y registro de la residencia del señor Luis Froilán Perea Asprilla (fls. 20-21 anexo 1).

— Copia auténtica de la resolución proferida por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, el 11 de julio de 2003, en cuya virtud se resolvió lo siguiente:

“Primero. Imponer en contra del ciudadano Luis Froilán Perea Asprilla de condiciones personales y civiles suficientemente conocidas dentro de la investigación medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación según lo expuesto dentro del cuerpo de esta providencia por la presunta comisión, a título de autor en forma de dolo, de la conducta punible de rebelión. (...)” (fls. 50-61 anexo 1).

— Copia auténtica de la resolución dictada por la Fiscalía Primera - Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, el 13 de agosto de 2003, a través de la cual se confirmó la medida de aseguramiento dictada en contra del ahora demandante (fls. 79-88 anexo 1).

— Copia auténtica de la decisión adoptada por la Fiscalía Diez Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira - Unidad de Delitos contra la Salud Pública, el 9 de octubre de 2003, mediante la cual se resolvió “no precluir la investigación iniciada contra el señor Luis Froilán Perea Asprilla por la conducta de rebelión” (fls. 134-136 anexo 1).

— Copia auténtica de la resolución de cierre de investigación adoptada por la Fiscalía Diez - Unidad de Delitos contra la Salud Pública y otros, el 14 de octubre de 2003 (fl. 141 anexo 1).

— Copia auténtica de la resolución que dictó la Unidad de Delitos contra la Salud Pública y Otros, Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, el 7 de noviembre de 2003, mediante la cual se precluyó la instrucción a favor del señor Luis Froilán Perea Asprilla.

En la referida providencia se efectuaron las siguientes consideraciones:

“Pruebas y fundamentos de decisión.

Ante el CTI de la Fiscalía hizo su presentación la señora María Consuelo Ramírez Mosquera y expuso, alias Chucula por la fuerza se llevó a su hermano José Arnulfo Ramírez Castañeda a Santa Cecilia para entregarlo a la guerrilla porque lo han visto con camuflado y fusil, hechos que ocurrieron año y tres meses antes de su denuncia en el Barrio Santiago Londoño, no presenció los hechos pero se lo dijo Doralba Castañeda su madrastra, era clave para la guerrilla porque conducía vehículo, lanchas y fue infante de marina.

Con fundamento en el informe del CTI la Fiscalía Segunda Adscrita a la URI inició diligencias previas y ordenó escuchar en declaración a Milton Maturana Mosquera quien relató el día que se llevaron a José Arnulfo también lo llevaron a él para Santa Cecilia, los reclutó Chucula a quien describió, en una camioneta Toyota con otros tres y estaban armados de 9 compañeros se voló quedando Arnulfo, no sabe de qué barrio lo sacaron, Chucula los engañó diciendo iban a trabajar, no denunció los hechos porque creyó le hacían algo. Hizo presentación a rendir la declaración porque una amiga suya le dijo que querían traerse a José Arnulfo.

Alfredo Vásquez Macías ratificó el informe inicial. Tuvo conocimiento alias Chucula quien estaba utilizando el nombre de Froilán Ramírez Perea se dedicaba al reclutamiento de personas para la guerrilla, se refirió a la denuncia y otras personas que no se identificaron con los que le dieron la información.

Informe de captura de Luis Froilán Perea y solicitud de allanamiento a su residencia de julio 8 de 2003 ratificado por Gustavo Alonso Londoño, con el fin de incautar armas, explosivos y documentos y elementos constitutivos de la conducta de rebelión.

(...).

Es precisamente el conflicto armado la mayor crisis que enfrenta nuestro país en el actual momento, porque abundan grupo subversivos y de autodefensas que terminan convirtiendo en parte del conflicto armado a la sociedad civil, generando caos a todo nivel y ámbitos.

Por parte alguna con fundamento en las pruebas relacionadas aparece demostrada la ocurrencia de la conducta de rebelión.

El cargo que dio inicio a la investigación previa fue la denuncia que ante el CTI formuló Consuelo Ramírez contra alias Chucula quien a su decir mediante la fuerza reclutó a su hermano José Arnulfo Ramírez para que hiciera parte del grupo subversivo ERG, pero se curó en salud al decir [que] no presenció los hechos pero la esposa de su padre así se lo dijo.

Al mismo tiempo de la denuncia después de año y tres meses de la desaparición de José Arnulfo aparentemente de manera causal aparece Milton Maturana señalando como responsable de esa conducta a Chucula o Luis Froilán Perea, indicando [que] también fue reclutado la misma fecha y fue hasta la casa de Ramírez de donde Chucula lo sacó, llevados hasta Santa Cecilia, entregados a la guerrilla de donde se voló con otros sin decir nombres.

Hasta allí todo parecía normal pero la denuncia de la (sic) Ramírez no fue confirmada por su madrastra ni por su padre en cuanto a la forma como ocurrieron los hechos y menos aún José Arnulfo haya sido obligado a salir de su residencia por un tal Chucula, por cuanto lo hizo de manera voluntaria en compañía de unos vecinos uno de los cuales se presentó al día siguiente a informarles [que] en la Felisa (sic) fueron obligados a seguir al parecer un grupo de autodefensas.

A los pocos días también hizo presencia de nuevo en el proceso el testigo en quien la Fiscalía fundamentó la apertura de instrucción aduciendo, fue intimidado para declarar de la forma como lo hizo y en ella había mentido; parece difícil para el despacho creer en uno u otro sentido, pero el positivo a los intereses del sindicado resulta de más peso, al fin y al cabo son los progenitores del desaparecido quienes están negando contundentemente los hechos no sucedieron como lo dijo Consuelo bajo juramento.

Hay claridad sobre la amistad entre Consuelo y Maricela, la primera como denunciante en este proceso y la segunda como quien tuvo que ver con la declaración de Milton Maturana, hasta lo llevó a la Fiscalía y luego llevó los miembros del CTI para que lo conocieran en Caracol La Curva, razón por la que rápidamente, al día siguiente de la declaración de Milton se produjo, la ya ordenada captura, contando en todo caso con la colaboración de Luz Maricela Maturana quien lo sacó con engaños; así consta en la indagatoria, hasta logró su día libre de trabajo y además conocía sus anteriores vínculos con grupos subversivos.

Como lo indicó Milton en la ampliación de denuncia o retractación, Maricela se entregó al Batallón toda vez que el despacho conoció de su proceso de entrega como miembro de grupos guerrilleros y al decir de Maturana al parecer ganaba dinero por recompensas denunciando miembros de la guerrilla, labores a las que se dedicó con antelación a su entrega y fue certificada, tal como consta en el proceso 100.798.

Todo indica [que] tiene razón el señor Luis Froilán Perea, la mujer pudo aprovechar lo que conocía de sus viejas andanzas para ganar recompensas que, agrega el despacho, bien pudieron caer los miembros de policía judicial, toda vez que se allegaron a la investigación certificaciones de varias empresas donde ha elaborado y ha comportado buena conducta.

Obsérvese que en el informe del jefe de Policía Judicial del CTI dice que la información la recibieron de miembros del batallón San Mateo, lo que indica que fueron ellos quienes tuvieron contacto con Maricela, lo que no puede dudarse porque para esas calendas era su informante como consta en el proceso 100.612 del despacho. Es extraño que ni siquiera se hubiera hecho presente en el proceso si tanta información tenía y tampoco Milton mencionara para nada a Consuelo pero mientras la primera lo maquinó pretendiendo permanecer en el anonimato, muy seguramente para ser incluida en el plan de reinserción, la otra por su intermedio logró confirmar los hechos denunciados y de los que se repite se curó en salud porque dijo que no los presenció.

Hizo manifestación al despacho en decisión anterior, el nombre de Luis Froilán Perea Asprilla aparece en el orden de batalla del batallón San Mateo, lo que resulta corriente, toda vez que la información de su relación con el ERG fue suministrada por Luz Maricela, tan cierto es lo anterior que en el orden de batalla del mismo grupo allegado por la Policía Nacional no aparece. No entiende el despacho esas inconsistencias; bien puede aparecer también por su relación con grupos subversivos anteriores, pues manifestó y así consta en una certificación de trabajo que se reinsertó a la vida civil como miembro que fue del EPL.

Lamentablemente el CODA (sic) poco colabora con la información que se le solicita en los procesos por rebelión, sin embargo el señor defensor a quien se había entregado copia del oficio remitido por el despacho, allegó certificación del Ministerio del Interior y de justicia firmado por el asesor del despacho del ministro en que consta que el sindicado es desmovilizado del EPL y no tienen información de actuaciones que lo vinculen con hechos por fuera de la ley; con la misma certificación se desvirtúa, últimamente se hace llamar de tal manera, como consta en el informe del CTI, por cuanto aparece con la misma cédula que exhibió al momento de la indagatoria e igual nombre. Se impone precluir la investigación y en consecuencia revocar la medida de aseguramiento impuesta en la situación jurídica. Se ordena la libertad del señor Perea Asprilla, en consecuencia se ordena la revocatoria de la medida de detención y la libertad.

El señor defensor solicitó la preclusión de la investigación.

En el evento de quedar ejecutoriada la presente decisión se ordena la compulsación de las copias pertinentes con destino a asignaciones para que se investigue la conducta de la señora María Consuelo Ramírez Mosquera y Milton Maturana como presuntos responsables de falso testimonio.

(...).

RESUELVE:

1. PRECLUIR la investigación iniciada contra Luis Froilán Perea Asprilla de condiciones civiles y personales, por la conducta punible de rebelión en las circunstancias anotadas.

2. REVOCAR LA MEDIDA DE DETENCIÓN en este asunto contra el señor Perea Asprilla, en consecuencia SE ORDENA SU LIBERTAD.

3. En firme esta decisión se compulsarán copias para investigar la conducta de María Consuelo Ramírez Mosquera y Milton Maturana por falso testimonio. (...)” (fls. 146-153 anexo 1) (se destaca).

— Copia auténtica de la boleta de libertad del señor Luis Froilán Perea Asprilla, expedida por la Fiscalía Diez Seccional Delitos contra la Salud Pública y otros Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, el día 10 de noviembre de 2003 (fl. 155 anexo 1).

— Original de una certificación expedida por el asesor del Ministerio del Interior y de Justicia, el 29 de octubre de 2003, en la cual se dejó constancia de que:

“El señor Luis Froilán Perea Asprilla, (...), es desmovilizado del EPL y esta oficina no ha recibido información de actuaciones del mencionado ciudadano que lo vinculen a hechos por fuera de la ley” (fl. 105, cdno. 2).

5. Caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, se pudo establecer lo siguiente:

a. Que mediante providencia del 11 de julio de 2003, la Fiscalía Dos Delgada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación contra el señor Luis Froilán Perea Asprilla, como presunto “autor en forma de dolo, de la conducta punible de rebelión”.

Dicha providencia se fundamentó en las siguientes razones:

“Análisis de la situación... de las pruebas habidas dentro del proceso... la indagatoria del sindicado y los testimonios de los ciudadanos que entregaron elementos de juicio para la captura del sindicado y otras consideraciones...

Sobre la intemporalidad de la denuncia alrededor del presunto secuestro de José Arnulfo Ramírez.

Es curioso, —por no decirlo menos—, que la denuncia sobre el arrebatamiento del que fuera objeto el hermano de la denunciante se produzca un año y tres meses después de su ocurrencia...

La denunciante es un testigo de oídas, quien nunca presenció directamente la ocurrencia del hecho, habiéndose enterado sobre el acontecimiento por habérselo contado a ella su madrastra Doralba Castañeda, quien estaba en la casa donde ocurrió el presunto secuestro...

¿Testigos del hecho ...? Dice la denunciante que en ese momento del secuestro solo estaban presentes la mamá Doralba Castañeda y la abuela fallecida Celmira Ramírez...

La denunciante no precisa circunstancias claras sobre la ocurrencia del secuestro, limitándose a decir que la mamá le contó que el hecho fue perpetrado por cuatro personas ...

Sobre la relación entre Chucula, la desaparición de José Arnulfo Ramírez Castañeda y la guerrilla, afirma la denunciante que la gente por allá tiene contacto con esa gente y que su hermano era ficha clave para la guerrilla dada su condición de ex infante de marina que conoce el manejo de lanchas, armas y vehículos.

Se trata entonces de un testimonio adquirido de un tercero sin precisiones certeras, precisas y confiables.

Testimonio de Milton Maturana.

En folios 5 al 7, aparece el testimonio de un ciudadano que de pronto aparece en la escena de los acontecimientos vertiendo un testimonio sobre la ocurrencia de los hechos que es evidentemente contradictorio al testimonio de la hermana del presunto secuestrado. Veamos:

El declarante dice haber sido llevado también a la fuerza a Santa Cecilia, de donde se escapó, habiendo sido reclutado por el señor Chucula para conformar la guerrilla, que vio cuando eran sacados los otros pues él estaba en el carro, que Chucula sacó a José Arnulfo de la casa, que José Arnulfo estaba en pantaloneta, —mientras que la denunciante afirma que al momento del presunto secuestro de su hermano en la casa estaban su abuela y la mamá, este declarante dice que en ese momento en la casa estaban el abuelo y una tía de él, es decir, de José Arnulfo... Pregunta: ¿Cómo sabía que eran su abuelo y una tía... y cómo así que la hermana del denunciante dice que allí se encontraban la abuela y la mamá y no el abuelo y una tía...? ¿No estaba este declarante dentro del carro y siendo así cómo afirma quién había dentro del casa...? Esas son contradicciones inaceptables sobre las circunstancias personales y de modo en medio de las cuales se produjo el presunto secuestro de José Arnulfo Ramírez.

Razones las anteriores por las cuales esta fiscalía descarta el cargo de secuestro en contra del sindicado, por incoherencia de la denuncia, por contradicciones evidentes de las circunstancias personales y de modo en medio de las cuales se produjeron los hechos a los cuales hacemos alusión. Sobra decir que el cargo de secuestro no le fue formulado al sindicado dentro de la diligencia de indagatoria.

Sobre la rebelión.

Tendría que probar el sindicado que se trata de una persona reinserta, como lo acepta dentro de su diligencia de indagatoria, diligencia en la cual, de manera directa, acepta haber estado en la guerrilla, —es decir, es autor, con pleno conocimiento y voluntad, de la comisión de la conducta punible de Rebelión—, -lo que debemos apreciar, lo dicho por el sindicado en su indagatoria, como una confesión implícita en los requisitos formales y de fondo de una confesión, amén de contarse con elementos indiciarios adicionales como el Informe del batallón San Mateo de Pereira visible a folios 20 al 32, reuniéndose los requisitos indiciarios suficientes para formular cargos por la presunta comisión del delito de REBELIÓN bajo las previsiones normativas párrafos arriba enunciados. Sobra decir que el sindicado en su diligencia de indagatoria afirma que las acusaciones en su contra forman parte del consabido proceso de recompensa, asunto que habría que dilucidar dentro del desarrollo probatorio de esta investigación, existiendo los elementos procesales suficientes para proferir medida de aseguramiento según las exigencias normativas del inciso segundo del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal Colombiano cuando exige que para proferir medida de aseguramiento la existencia de por lo menos dos indicios graves de responsabilidad teniendo como fundamento las pruebas legalmente producidas dentro del proceso y en este caso existe no solamente la confesión implícita del sindicado de haber sido guerrillero, además del documento militar el cual lamentándolo frente a la petición defensiva hay que tener como elemento indiciario dentro de estas consideraciones debiendo nosotros adoptar la medida restrictiva de la libertad en contra del sindicado sin el goce de los beneficios de la libertad por no permitirlo así la conducta investigada” (fls. 50-61 anexo 1).

b. Que en virtud del proveído calendado el 7 de noviembre de 2003, la Fiscalía Diez Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira - Unidad de Delitos contra la Salud Pública y otros, declaró la preclusión de la instrucción en contra del referido sindicado.

c. Que el señor Luis Froilán Perea Asprilla estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad desde el 8 de julio de 2003 hasta 10 de noviembre de la misma anualidad, de conformidad con el certificado elaborado por el INPEC, obrante a folio 126 del cuaderno 2.

Al referido actor se le sindicó de la comisión del delito de rebelión, no obstante, la Fiscalía Diez Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira - Unidad de Delitos contra la Salud Pública y Otros, —se insiste— precluyó la instrucción que adelantaba en contra del señor Perea Asprilla por cuanto no encontró elementos probatorios determinantes que acreditaran que el referido actor hubiese incurrido en el delito de rebelión.

Ahora bien, las circunstancias descritas evidencian que en contra del señor Luis Froilán Perea Asprilla se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional por la comisión del delito de rebelión, cuestión que de manera efectiva y evidente le limitó y afectó su derecho fundamental a la libertad; sin embargo, el fiscal de conocimiento, después de valorar el caudal probatorio allegado al proceso penal, concluyó que había lugar a precluir la instrucción penal, comoquiera que no existía medio de acreditación alguno para llamar a juicio al señor Perea Asprilla.

Por consiguiente, se impone concluir que el señor Luis Froilán Perea Asprilla no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, consistente en haberle limitado y afectado de manera efectiva su derecho fundamental a la libertad, daño que, en consecuencia, debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la administración pública demandada de resarcir a dicha persona por ese hecho, tal como se dejó indicado en precedencia, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

Aunado a ello, también cabe precisar que resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que se le irroga, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá causado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(5).

De otra parte, respecto de la causal de exoneración invocada por la Fiscalía General de la Nación consistente en el hecho de un tercero, por razón de las declaraciones rendidas por los señores María Consuelo Ramírez Mosquera y Milton Maturana, esta Subsección considera que no hay lugar a declararla, puesto que, una vez revisada la decisión que dio apertura a la instrucción penal, se observó que la propia entidad señaló que las afirmaciones efectuadas por las citadas personas resultaban incoherentes y contradictorias entre sí, razón por la cual resolvió descartar la investigación en contra del actor por la supuesta comisión del delito de secuestro y, muy a pesar de ello, decidió continuar la instrucción por el delito de rebelión.

Por lo tanto, para la Sala no resulta de recibo la alegada causal de exoneración, comoquiera que la entidad pública demandada, desde el auto de apertura de la investigación penal aludida, tenía conocimiento de que los testimonios de las personas citadas carecían de seriedad y de coherencia.

Así las cosas, la Subsección declarará la responsabilidad de la entidad demandada por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Luis Froilán Perea Asprilla.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

Según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(6); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(7), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(8).

Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que, con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y/o de los parientes cercanos(9), según corresponda.

Por otro lado, de conformidad con lo expuesto en sentencia del 6 de septiembre de 2001, resulta claro que la Sala abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 y por ende para establecer el valor de la reparación por concepto de perjuicios morales se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(10).

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto(11).

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros, i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Ahora bien, en este punto resulta pertinente destacar que la Sección Tercera, de manera reciente, unificó los criterios de reconocimiento y tasación de los perjuicios morales en los supuestos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, y al respecto señaló unos parámetros objetivos para determinar los montos indemnizatorios susceptibles de ser reconocidos en esta tipología de perjuicios.

En efecto, la providencia calendada el 28 de agosto de 2013, precisó lo siguiente:

“... según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(12); en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(13), al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(14).

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se unifica, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto.

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Se reitera, los anteriores parámetros objetivos sirven como norte, guía o derrotero a efectos de que se garantice el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los principios de igualdad material y dignidad humana, para lo cual el juez al momento de la valoración del daño moral es preciso que motive con suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales se reconoce el respectivo perjuicio”(15).

Dado que el tiempo que el señor Luis Froilán Perea Asprilla permaneció privado de su libertad, fue de 4 meses y la gravedad del delito por el cual fue acusado, se impone concluir, que de conformidad con los parámetros jurisprudenciales anteriormente citados, a dichos actores, en principio, les correspondería una indemnización de 50 smlmv, para cada uno.

No obstante lo anterior, en virtud del principio de la non reformatio in pejus, la indemnización por perjuicios morales reconocidos a la víctima directa del daño y a sus hijos, esto es, 20 y 10 smlmv, respectivamente, no puede ser modificada y, en ese sentido, se confirmarán esas decisiones(16).

6.2. Perjuicio a la vida de relación.

En el libelo introductorio de la demanda se solicitó a favor de cada uno de los actores el citado perjuicio “por la desprotección a la que fueron sometidos los menores hijos del procesado, las penalidades que enfrentaron los mismos y las carencias materiales y afectivas durante cuatro largos meses, privados de la atención personal y económica de su padre”.

En efecto, el tribunal administrativo a quo denegó los perjuicios reclamados, de conformidad con las siguientes consideraciones:

“... al revisarse el expediente no se encuentra prueba alguna que acredite la existencia de este perjuicio. Considera la Sala que la mera afirmación de su causación en la demanda y la inclusión de pretensiones indemnizatorias por afectación a la vida de relación, no es elemento de juicio suficiente para condenar por este concepto. A los actores les asistía la carga de probar este perjuicio, sin embargo no aportaron ni solicitaron pruebas encaminadas a demostrar su concreción; motivo por el cual se denegará este reconocimiento”.

Pues bien, respecto de dicho perjuicio la Sala se abstendrá de pronunciarse, puesto que, en caso de resultar procedente su reconocimiento, esta Subsección no podría acceder a ello, comoquiera que la Nación - Fiscalía General de la Nación es apelante único dentro del asunto sub judice y, en virtud del principio de la non reformatio in pejus, no podría agravarse la situación del apelante único.

6.3. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

En esta modalidad de perjuicio material, la parte demandante solicitó indemnización por los dineros dejados de percibir “durante el tiempo que duró la privación de su libertad (cuatro meses), para tal efecto se tendrá en cuenta que el actor desarrollaba labores varias en la Empresa Colectivos del Café y sus ingresos ascendían al salario mínimo (se tendrán en cuenta los factores prestacionales y parafiscales)”.

Pues bien, dentro del acervo probatorio obra certificación expedida por la Cooperativa de Transportes Colectivos del Café Ltda. —Cootracol—, en la cual se lee lo siguiente:

“Luis Froilán Perea Asprilla, (...).

Salario ($592.175) quinientos noventa y dos mil ciento setenta y seis pesos m/cte.

Auxilio de transporte ($50.800) cincuenta mil ochocientos pesos m/cte.

8 de julio de 2003 Se encontraba vinculado laboralmente con contrato a término indefinido” (fl. 129, cdno. 1) (negrillas adicionales fuera del texto original).

Adicionalmente, obra el testimonio del señor Jaime Diego Bedoya Medina, quien respecto de las actividades económico - productivas que desempeñaba el señor Perea Asprilla, manifestó lo siguiente:

“Él es un reinsertado del EPL (Ejército Popular de Liberación) que negoció con el presidente Gaviria acuerdos de paz para la dejación de las armas. A partir de ese acuerdo se formó en Colombia el movimiento político alianza democrática y él entró a pertenecer a esta organización como reinsertado. El movimiento con los dineros que el Gobierno les entregó para el monto de procesos productivos organizó una Cooperativa de Transportes que conformaron aproximadamente 50 personas, el señor Perea era uno de ellos. Posteriormente Perea ingresó como empleado de la empresa en la cual yo ejerzo el cargo de asesor jurídico, por esta razón lo conozco hace mucho tiempo” (fls. 123-125, cdno. 2) (se destaca).

Así las cosas, encontrándose acreditados los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala confirmará dicho reconocimiento. Respecto del periodo a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 11 de julio 2003 —fecha de la providencia que impuso la medida de aseguramiento— y el nov. 10/2003 —fecha en la cual se decretó la preclusión de la instrucción—.

Ahora bien, se destaca que en casos de responsabilidad del Estado por eventos de privación injusta de la libertad, esta Sección, para efectos de determinar el periodo a indemnizar, no tiene en cuenta solo el lapso en que la víctima estuvo privado de libertad, sino también el periodo que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral.

En efecto, acerca del periodo a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a 35 semanas (8.75 meses) (17)(18).

No obstante, dicho pronunciamiento jurisprudencial, en esta oportunidad, no habrá lugar a aplicarlo, puesto que tales parámetros no fueron acatados por el tribunal administrativo a quo —esto es, el periodo consolidado se calculó solo en 4 meses— y, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación es apelante única, esta Subsección procederá a actualizar la condena de primera instancia, en virtud del principio de la non reformatio in pejus.

Acerca del alcance de la garantía de la no reformatio in pejus, la Sala ha señalado:

“En efecto, la no reformatio in pejus, o, prohibición de la agravación en peor, se concibe como garantía del derecho al debido proceso dentro del trámite de la segunda instancia, pues condiciona la competencia del ad quem que conoce del mismo; el alcance de dicho condicionamiento ha sido precisado por la Corte Constitucional, en los siguientes términos(19):

“Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (...). En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa. Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional” (se resalta y subraya).

La prohibición de empeorar la situación del apelante único se circunscribe entonces al contenido de la decisión que se impugna, es decir, el juez de segunda instancia solo puede modificarla si con ello el apelante resulta favorecido o mejorado en el reconocimiento de sus pretensiones.

De allí que, si el recurso de apelación no prospera y por ende se confirma la decisión que, por desfavorable, fue impugnada, no existe fundamento alguno que permita siquiera considerar el quebrantamiento del aludido principio”(20).

Pues bien, a la luz de esta garantía, que le impone al juez de la segunda instancia el deber de respetar o de preservar el fallo apelado en aquellos aspectos que no resultaren desfavorables para el apelante único y que el mismo no hubiere cuestionado por considerarlos no perjudiciales para sus derechos o intereses, conecta perfectamente con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en razón de la cual “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”, de lo cual se desprende con claridad que si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos(21).

De esta manera resulta claro que el límite material para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación.

Así las cosas, esta Subsección —se insiste— procederá a actualizar la condena de primera instancia por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Actualización de la base:

S2005-00824CEECUA1.png

Total perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante $ 2’373.435

7. Finalmente, esta Subsección estima conveniente destacar que si bien la “excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva” de la Nación - Rama Judicial” declarada en la sentencia de primera instancia no fue objeto de apelación por la parte recurrente, lo cierto es que la Sala no puede dejar pasar desapercibida la contradicción que existe entre los numerales 1º y 2º de la parte resolutiva de la sentencia apelada, puesto que, en el primero de aquellos se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Rama Judicial, al paso que en el numeral siguiente se declaró la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación.

En efecto, nótese como en el primer numeral se declaró la falta de legitimación en la causa de la Nación, representada por la Rama Judicial y, posteriormente, se declaró administrativamente responsable a la Nación representada por la Fiscalía General de la Nación.

Pues bien, según se desprende del contenido de la demanda, esta se dirigió strictu sensu contra una sola persona jurídica, a saber: la Nación, representada a través de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Este criterio ha sido establecido por esta Sección del Consejo de Estado,(22) en aquellos eventos en los cuales una entidad que representa a la Nación llama en garantía a otra entidad que igualmente forma parte de la misma, según los siguientes términos:

“En este sentido, considera la Sala que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley pues, como se dijo, el llamado en garantía debe ser un tercero y, en este caso, por el contrario, el llamamiento realizado por el demandado, es decir, por la Nación - Congreso de la República no se hace a un tercero sino que se pretende la vinculación de la misma persona jurídica, la Nación, pero representada por el Ministerio de Hacienda.

Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta que la parte demandada en la presente acción es la Nación, no es posible que el Congreso de la República, que para efectos del proceso es su representante, llame en garantía al Ministerio de Hacienda, dado que dicho organismo solo es un representante diferente de la misma persona jurídica y, en consecuencia, no puede ser considerado como un tercero que pueda ser llamado en garantía, motivo por el cual, la Sala confirmará el auto recurrido, salvo que por motivos diferentes a los expuestos por el tribunal de instancia”(23).

Esa misma postura ha sido aplicada en casos alusivos a pruebas trasladadas, tal como se evidencia en el siguiente pronunciamiento de esta corporación:

En el presente caso resulta claro que, aun cuando los oficios estuvieron dirigidos al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá y no a la entidad demandada —Fiscalía General de la Nación—, el requerimiento fue consecuente en su destinatario, si se tiene en cuenta que no hubo duda de que el proceso penal no cesó en la etapa de investigación, sino que superó la instrucción para ser decidido en juicio por el operador jurídico oficiado. Más allá del anterior argumento, lo cierto es que —en suma—, tanto la Fiscalía como la Rama Judicial representan una misma y única persona: la Nación, por lo cual no halla razón la Sala para exceptuar la valoración de lo aportado(24) (se destaca).

En línea con lo anterior, si bien la mencionada tesis ha sido aplicada para eventos en los cuales se pretende la vinculación de terceros al proceso y aquellos casos en los cuales hay lugar a la valoración de pruebas, tal circunstancia no excluye su aplicación al caso que aquí se analiza, puesto que lo que se persigue es indicar y reafirmar que el libelo demandatorio se dirigió respecto de una sola y única persona jurídica, la Nación, la cual no puede ser objeto, simultáneamente y en una misma sentencia y por una misma causa, tanto de la declaratoria responsabilidad patrimonial como de la declaratoria en su favor de la “excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva”.

Pues bien, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación es una entidad que goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política de 1991 y, además, que dentro del asunto sub lite se demostró que el daño antijurídico por el cual se demandó fue causado por actuaciones realizadas por la Fiscalía, esta Subsección estima que la condena que se proferirá en el presente proceso en contra de la Nación por las actuaciones de la mencionada entidad pública deberá ser cumplida o pagada con el presupuesto de esta, tal como lo ha determinado esta corporación(25).

De otra parte, conviene destacar que constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(26).

Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable, ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(27). La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(28). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,

“[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (CCA, art. 164) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.

La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante que tumba la prosperidadtotal o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado” (negrillas en el texto original, subrayas fuera de él)(29).

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(30).

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(31). De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:

“La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:

— A, administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si

— A demanda a C, solo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a B, Expediente estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.

Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y solo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda”(32).

En consonancia con lo anterior, se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de

“... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(33).

En línea con lo anterior, esta Subsección modificará la sentencia apelada respecto de la declaratoria de la supuesta excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Rama Judicial cuyo presupuesto, por las razones antes anotadas, no tendrá que asumir ni soportar las condenas que en este caso se han de imponer a la Nación pero en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.

8. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia apelada, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda el día 28 de septiembre de 2007, la cual quedará así.

“1. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Luis Froilán Perea Asprilla.

2. Como consecuencia de lo anterior, se condena a la demandada a pagar:

Por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas, representadas en salarios mínimos vigentes para la época de la presenta sentencia.

Luis Froilán Perea Asprilla (Víctima)20 smmlv
Vicky Milena Perea Lemus (Hija)10 smmlv
Óscar William Perea Córdoba (Hijo)10 smmlv
Luisa Fernanda Perea Córdoba (Hija)10 smmlv
Dora Germania Perea Lemus (hermano)10 smmlv

Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado para el señor Luis Froilán Perea Asprilla la suma de $ 2’373.435.

3. Se deniegan las súplicas de la demanda respecto del reconocimiento a los actores del perjuicio a la vida de relación, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

4. Se deniegan las demás súplicas de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. Reconócese personería al doctor Diego Alejandro Nova Guevara, portador de la tarjeta profesional 159.802 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la parte demandada, Fiscalía General de la Nación, en los términos del poder obrante a folio 261 del cuaderno principal.

8.Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen”.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Lo anterior de conformidad con el acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado 9 del 25 de abril de 2013.

(2) “ART. 16.Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. “Artículo CONDICIONALMENTE exequible”

“(...)

“Igualmente, las salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

“Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

“Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas o las secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

(3) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:

— Subsección A: sentencia del 27 de abril de 2011, Expediente 21140, M.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de enero de 2012, Expediente 22701, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, Expediente 23507; sentencia del 23 de febrero de 2012, Expediente 18418; sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 24008.

— Subsección B: sentencia del 12 de mayo de 2011, Expediente 20569, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 11 de mayo de 2011, Expediente 19457, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 31 de enero de 2011, Expediente 18626, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 29 de marzo de 2012, Expediente 16448, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: sentencia de junio 22 de 2011, Expediente 20713, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 10 de octubre de 2011, Expediente 19151, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 24 de enero de 2011, Expediente 15996, M.P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 23 de mayo de 2012, Expediente 22672, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(4) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299, entre muchas otras.

(5) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta Subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, Expediente 40.455. M.P. Hernán Andrade Rincón

(6) Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, Expediente 12.076. M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(7) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15.980. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(8) Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 23.688. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Expediente 24.296.

(9) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006. Expediente 15440. MP: María Elena Giraldo Gómez.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646. M.P. Alier E. Hernández Henríquez.

(11) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013. Expediente 31033.

(12) Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Expediente 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(13) Cf. Sentencia del 20 de febrero de 2008, Expediente 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(14) Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23998 y del 13 de febrero de 2013, Expediente 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, Expediente 27289, M.P. Enrique Gil Botero.

(15) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Expediente 25.022. M.P. Enrique Gil Botero.

(16) Esta Subsección observa que dentro del acervo probatorio obran los respectivos registros civiles de nacimiento de Vicky Milena (hija) y Dora Germania Perea Lemus (hija), así como, los de Óscar William (hijo) y Luisa Fernanda Perea Lemus (hija), elementos probatorios que acreditan la calidad de hijos de la víctima directa del daño, respectivamente (fls. 115-118, cdno. 2).

(17) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) Corte Constitucional, Sentencia C-583 del 13 de noviembre de 1997.

(20) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia fechada en julio 18 de 2002. Radicación: 85001-23-31-000-2000-0266-01(19700) y sentencia fechada en agosto 10 de 2000, Radicación 12648. M.P. María Elena Giraldo Gómez, entre otras.

(21) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Expediente 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Expediente 16.925.

(22) Auto de marzo 16 de 2005, Expediente 25.857. Sección Tercera - Consejo de Estado. C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(23) En este sentido, véase auto del 19 de febrero de 2004, Expediente 25806, Sección Tercera - Consejo de Estado. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(24) Consejo de Estado - Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de julio de 2013, Expediente 28.861.

(25) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 5 de junio de 2001, Expediente C-736, actor: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, M.P. Ligia López Díaz, reiterada por la Sección Tercera de la Corporación, en sentencia de 11 de febrero de 2009, Expediente 15.769; recientemente reiterada, a su vez, por esta Subsección en sentencia de abril 27 de 2011, Expediente 20.749. M.P, Gladys Agudelo Ordóñez.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Expediente 13356.

(27) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia: 13.503; Radicación: 110010326000199713503 00.

(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

(30) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

(31) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).

(32) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación 10171.

(33) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, Expediente 13764.