Sentencia 2005-00834 de marzo 7 de 2013

 

Sentencia 2005-00834 de marzo 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 47001-23-31-000-2005-00834-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Inversiones Santa Ana Aún y cía. s. en c.

Autoridades departamentales

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Como marco de referencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, a continuación se hará referencia a los hechos probados en el proceso.

Los hechos probados.

1. En el mes de abril de 2002, Telesantamarta S.A. ESP y la sociedad actora celebraron el contrato 027, con el fin de que la segunda prestara el servicio de transporte a la primera mediante los vehículos que en él se indican como apoyo para el cumplimiento de las necesidades indispensables del servicio administrativo y operativo de la empresa(7).

2. Para zanjar el “conflicto” (sic) que surgió entre las partes por el incumplimientos del indicado contrato 027 (no se explica en qué consistió el conflicto ni el incumplimiento), el 8 de abril de 2003, ante el Centro de Arbitramento, Conciliación y Amigable Composición de Santa Marta, la actora y la parte demandada celebraron el siguiente acuerdo de conciliación(8):

“Las partes acuerdan: Primero. Suscribir un contrato de operación para la prestación de servicios de transporte, mediante seis vehículos adquiridos en leasing por Telesantamarta S.A. ESP por valor de $ 1.740.000,(9) incluyendo el IVA para cada uno de los vehículos, para un total mensual de $ 10.440.000 y anual de $ 125.280.000, por el término del leasing que es de tres años. Para efectos fiscales y teniendo en cuenta que la empresa no puede comprometer vigencias futuras, el contrato se celebrará inicialmente por el término de un año prorrogable, con un incremento anual equivalente al del IPC del año inmediatamente anterior. Segundo. Cesión. Telesantamarta S.A. ESP cede la opción de compra de los seis (6) vehículos destinados a la operación, que es de un 10%, contenida en los seis contratos de arrendamiento financiero suscrito con Serfinanza S.A. a la sociedad Inversiones Santa Ana Aún y cía. s. en c., por un valor de $ 27.819.870. Tercero. Seguros. Los seguros necesarios para la operatividad del contrato estarán a cargo de Telesantamarta S.A. ESP, salvo el cumplimiento de salarios y prestaciones sociales que estarán a cargo del convocante. Los seguros a cargo de Telesantamarta S.A. ESP deberán mantenerse y debidamente cancelados de suerte que cualquier responsabilidad que se derive De ellos corresponderá a Telesantamarta S.A. ESP. Cuarto. Parqueadero. Telesantamarta S.A. ESP se compromete a suministrar parqueadero para los carros objeto del contrato identificado con el numeral primero y responde por las pérdidas y hurtos de las partes de los vehículos que ocurrieron durante su permanencia en ellos. Quinto. Obligaciones del convocante. A cargo del convocante, para efecto del desarrollo del objeto del contrato, estará: el suministro del combustible, lubricantes, mantenimiento, repuestos y mano de obra de los vehículos a operar; el suministro del personal, el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales. Sexto. Horario. El horario para prestación de servicios será el mismo de la empresa es decir de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 7:30 a.m. a 112 m., para un total de 47 horas semanales. Séptimo. El contrato aquí comprometido incluida la cesión del derecho de opción de compra sobre el arrendamiento financiero, se suscribirá el 14 de abril de 2003 y comenzará su ejecución el 21 de abril de 2003 y deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley.

Se deja constancia del cumplimiento de la obligación señalada en el artículo 18 del Decreto 406 de 2001.

La suma conciliada sin tener en cuenta los incrementos anuales es de $ 375.8400 por concepto de los contratos de manejo de operación a suscribir y la suma de $ 27.819.870 por concepto de la opción de compra. Para un total de $ 403.659.870.

En consideración a lo expuesto se aprueba por los intervinientes en los términos planteados en esta conciliación, la cual es total y abarca todas las posibles reclamaciones de Inversiones Santa Ana Aún y cía. s. en c., una vez cumplidas las obligaciones aquí conciliadas no habrá lugar reclamaciones futuras de ninguna índole”.

3. En cumplimiento a lo contemplado en la referida acta, las partes actora y demandada celebraron el 15 de abril de 2003 el contrato de prestación de servicios 026/2003,(10) en los siguientes términos, en lo pertinente:

“(...)

Cláusula primera. Objeto. El contratista, de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios operativos, prestará a Telesantamarta el siguiente servicio: el servicio de operación de seis vehículos automotores, arrendados por la empresa, mediante contrato de arrendamiento financiero leasing, suscrito con Serfinsa S.A. (...)

Segunda. Duración. Para efectos fiscales y teniendo en cuenta que la empresa no puede comprometer vigencias futuras, el presente contrato se suscribe por un término inicial de 8 meses, 10 días, contados a partir del 21 de abril de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003 y se prorrogará automáticamente por un año, contado a partir del 1º de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004, nuevamente se prorrogará el 1º de enero de 2005 y, finalmente se prorrogará a partir del 1º de enero de 2006 hasta el término que falte para completar el contrato de arrendamiento de leasing financiero celebrado entre Telesantamarta y Serfinsa S.A. ...

Tercera. Valor y forma de pago. El valor del presente contrato es de ochenta y siete millones de pesos ($ 87.000.000) m/l, incluido IVA, que Telesantamarta pagará al contratista, en mensualidades vencidas equivalentes a diez millones cuatrocientos cuarenta mil pesos ($ 10.440.000) por los seis vehículos automotores... Cuarta. Régimen legal. Como los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos domiciliarios, conforme a las leyes 142 de 1994 artículo 31 y 689 artículo 3º, no están sujetos a las disposiciones del estatuto general de contratación de la administración pública y salvo las excepciones legales son de derecho privado (art. 39 par., modificado por L. 689/2001, art. 4º), el presente contrato está sometido a las normas del derecho civil y comercial que rigen la materia...

(...)”(11) (negrillas fuera de texto).

4. El 2 de enero de 2004, Telesantamarta y la parte actora prorrogaron el contrato 026 de 2003 por el término de un año a partir del 1º de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre del mismo año(12).

5. Mediante Decreto 1773 de 2 de junio de 2004, el Gobierno Nacional ordenó la supresión, disolución y liquidación de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Marta S.A. ESP y designó como liquidadora a la sociedad Fiduciaria la Previsora S.A(13).

6. Mediante “formulario de reclamación” de fecha 12 de octubre de 2004, la actora reclamó a Telesantamarta el incumplimiento del acta de conciliación de 8 de abril de 2003, especificando como saldo pendiente por cancelarle la suma $ 259.753.70, más el valor de la factura 123 de 30 de junio de 2004, por valor de $ 11.117.552.66(14).

7. Mediante Resolución 001-2004 de 29 de noviembre de 2004(15) expedida por el Liquidador de Telesantamarta se rechazó la reclamación formulada, por las causales contempladas en los numerales 17 y 33 de la misma resolución, esto es, por “soportes insuficientes” y por “fuerza mayor”(16).

8. El 2 de diciembre de 2004, el liquidador de Telesantamarta, mediante Oficio 939 de 2 de diciembre de 2004, invitó a la sociedad actora a una reunión para el día 6 del mismo mes y año para “...proceder de común acuerdo a liquidar el contrato suscrito con Telesantamarta S.A. ESP, cuyo objeto contractual es prestación de servicios de operaciones de transporte y así dar cumplimiento al Decreto 1773 de junio 2 de 2004”(17).

9. El 21 de diciembre de 2004, el apoderado de la parte actora radicó ante Telesantamarta el recurso de reposición contra la Resolución 001-2004, en el cual adujo, mutatis mutandi, los mismos argumentos en que se fundamenta la demanda(18).

10.- Mediante Resolución 52 de 7 de diciembre de 2004 se dispuso la liquidación unilateral del contrato 026 de 2003 de que se viene hablando, de acuerdo con la cual se ordenó pagar al contratista la suma de $ 11.117.552.66, correspondiente a los servicios de operación de los vehículos automotores por periodo del 1º de junio al 30 de junio de 2004 y se indicó que en su contra procedía el recurso de reposición(19).

11. Por Resolución sin fecha 002, la entidad demandada resolvió confirmar la Resolución 01-2004, cuya notificación se surtió el 26 de enero de 2005(20).

El problema jurídico a dilucidar en esta instancia consiste en determinar si las resoluciones 01-2004 de 19 de noviembre de 2004 y 002 de 26 de enero de 2005, mediante las cuales Telesantamarta rechazó, entre otras, la reclamación presentada por la actora, se ajustan o no al ordenamiento jurídico, y si la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue o no la apropiada para dirimir la controversia planteada en la demanda.

Para tal efecto, se tiene lo siguiente:

El origen de la reclamación que presentó la actora ante el liquidador de Telesantamarta con el fin de que se le reconociera la acreencia reclamada en el trámite de liquidación de dicha empresa, lo constituyó el acta de conciliación que se suscribió en fecha 8 de abril de 2003 entre las dos partes con el fin de zanjar las diferencias surgidas con motivo de la terminación unilateral por parte de la demandada del Contrato 027 de 2002.

Para rechazar dicha reclamación, en la Resolución 01-2004 de 29 de noviembre de 2004 se invocaron como causales las contempladas en los numerales 17 y 33 de la misma resolución, las cuales expresan:

“17. Soportes insuficientes. Con base en los soportes allegados y las pruebas que reposan en poder de la entidad no es posible establecer la existencia de la obligación reclamada. En lo que corresponde a la aceptación de las reclamaciones presentadas por personas naturales o jurídicas que prestaban algún servicio o suministraban algunos bienes a Telesantamarta S.A. ESP hoy en liquidación, se debió aportar copia del contrato junto con la aprobación de la garantía de cumplimiento cuando era exigida, o la orden de servicio, según fuera el caso. También se exigió el recibo de conformidad por Telesantamarta S.A. ESP hoy en liquidación del servicio prestado o bien suministrado. Todo sin perjuicio del análisis de los soportes y pruebas que reposan en Telesantamarta S.A. ESP en liquidación.”

“33. Fuerza mayor. Imposibilidad de la empresa para cumplir la obligación reclamada, toda vez que el liquidador solo tiene competencia para realizar los actos tendientes a la inmediata liquidación de Telesantamarta S.A. ESP”.

Al resolver el recurso de reposición interpuesto contra dicha decisión, y como fundamento para confirmarla, en su parte motiva se expresó, en lo pertinente:

“De otro lado y en relación con los fundamentos jurídicos del recurso, la empresa manifiesta que si bien es cierto que la empresa Telesantamarta S.A. ESP suscribió un acta de conciliación ante la Cámara de Comercio de Santa Marta donde se acuerda suscribir un contrato de operación para la prestación de servicio de transporte, mediante 6 vehículos adquiridos por leasing, por valor de un millón setecientos cuarenta mil pesos ($ 1.740.00) incluido IVA por cada uno de los vehículos, para un total de diez millones cuatrocientos cuarenta mil pesos ($ 10.440.000) mensual y anual de ciento veinticinco millones doscientos ochenta mil pesos ($ 125.280.000), no es menos cierto que la empresa cumplió con lo pactado prueba de ello es el contrato 026 del 15 de abril de 2003, sujeto este contrato al leasing financiero suscrito con Serfinsa, el cual de igual manera se dio por terminado. Los vehículos automotores objeto del contrato con la firma Santa Ana Aún fueron devueltos a su lugar de origen ya que no tenía objeto continuar con el contrato suscrito con la sociedad recurrente, producto del acta de conciliación.

Así las cosas, la terminación de los contratos entre ellos el de la firma Inversiones Santa Aún, fue producto de la liquidación forzosa de la teleasociada y por fuerza mayor la empresa está en la imposibilidad de seguir cumpliendo con la obligación reclamada, ya que solo tiene competencia para realizar los actos tendientes a la inmediata liquidación de Telesantamarta SAS ESP

En lo que respecta a la factura del mes de junio de 2004, es menester manifestar que dicha factura fue cancelada en su totalidad por la empresa en fecha 15 de diciembre de 2004 con cheque 02259 del banco de Colombia Sucursal Santa Marta, por lo tanto la empresa se abstiene de resolver sobre el particular.

(...)

Al expedirse el Decreto 1773 de 2004. Telesantamarta S.A. ESP En Liquidación estuvo frente a un evento externo, que imposibilitaba la continuidad del objeto contratado, estas circunstancias extraordinarias ajenas a la teleasociada imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato, como hechos externos y ajenos a las partes, fue un acto de carácter general proferido por el Gobierno Nacional como ley o acto administrativo que de manera imprevisible ajenas y no imputables a Telesantamarta y al contratista y en forma tangencial tenemos que aceptar la ocurrencia de estos hechos en razón a cargos imprevistos que afectan a todos los contratos que se encontraban en curso al momento de la expedición del decreto en comento.

Fuerza concluir que el peticionario no le asiste el derecho reclamado, pues si bien es cierto existe un acuerdo conciliatorio no es menos cierto que las actuaciones del liquidador están amparadas por normas generales o superiores con es el Decreto 1773 de 2004, por hechos imprevistos que no es posible resistir por los actos de autoridad ejercidos por el Presidente de la República de Colombia consagrados en la Carta Magna” (sic).

Ahora bien, de las pretensiones de la demanda y de los hechos en ella narrados, para la Sala es totalmente claro que lo pretendido por la actora con la declaratoria de nulidad de los actos acusados, como en su momento lo estimó el a quo, es que se le reconozca y se ordene pagarle por parte de Telesantamarta la suma resultante del saldo de la obligación de que da cuenta el acta de conciliación de 8 de abril de 2003, por el hecho de la terminación unilateral y posterior liquidación, también unilateral, del Contrato 026 de 2003 que se suscribió como producto de lo acordado en dicha acta de conciliación.

En ese sentido, la Sala considera que mal podía la actora reclamar en forma directa ante Telesantamarta el cumplimiento de lo plasmado en la referida acta de conciliación, cuando el pago de la acreencia en ella consignado se había acordado realizarlo mediante un contrato de prestación de servicios de transporte y sucesivas prórrogas del mismo, el primero de los cuales efectivamente se materializó en el distinguido con el 26 de 2003 que constituía la fuente inmediata de tal acreencia.

Es decir, que no es posible atribuir a los actos acusados la violación de norma legal alguna de las indicadas en la demanda, pues la negativa a aceptar la inclusión de la acreencia que reclamó el actor en la masa de la liquidación de Telesantamarta obedeció al hecho de que del acta de conciliación no se derivaba la obligación de pagar la suma a que ella se refiere por un total de $ 403.659.870, sino del contrato 026 y las sucesivas prórrogas que en él se pactaron, como lo infiere claramente la Sala de la motivación de los actos acusados a que atrás se hizo referencia.

Además, tampoco es de recibo predicar del acto acusado el desconocimiento del artículo 14 de la Ley 640 de 2001, en que se consagra el mérito ejecutivo de las actas de conciliación debidamente registradas, pues el mérito ejecutivo de que gozan los acuerdos conciliatorios solo es posible reclamarlo ante juez competente mediante el ejercicio de la correspondiente acción ejecutiva, por lo cual si la actora estimaba, como lo estima en su demanda, que el referido acuerdo por sí y en sí mismo considerado, vale decir, con prescindencia del aludido contrato 026 de 2003, contenía una obligación clara, expresa y exigible, debió haber procedido en el indicado sentido para eventualmente obtener por esa vía el reconocimiento de la acreencia que reclama.

Adicionalmente, la Sala considera que el rechazo de la mencionada acreencia por los actos acusados no implica el desconocimiento de su existencia, pues de conformidad con lo pactado en la cláusula cuarta del contrato 026 de 2003, a que atrás se hizo referencia, la demandante tenía a su alcance la correspondiente acción para reclamar ante los jueces ordinarios su reconocimiento y pago.

Sin perjuicio de lo expuesto, que conducirá a confirmar la sentencia recurrida en cuanto denegó las súplicas de la demanda, la Sala considera que si bien el a quo observó que lo procedente en este caso hubiera sido ejercer otra clase de acción, no por ello debió haber declarado la excepción de “inepta demanda”, pues los actos acusados, por constituir actos administrativos, como lo dispone el artículo 7º del Decreto 254 de 2000,(21) son susceptibles de ser enjuiciados mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, como lo fue la que se ejerció en el presente asunto. En consecuencia, por este aspecto, la decisión de declarar probada la referida excepción será revocada en la parte dispositiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el ordinal primero de la parte dispositiva de la sentencia recurrida en apelación, proferida el 26 de mayo de 2009 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. CONFÍRMASE la referida sentencia en cuanto denegó las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(7) Folios 49 a 52, cuaderno principal.

(8) Folios 46 a 48 ib.

(9) Tanto en este valor como en los restantes se omite su indicación en letras.

(10) Folios 53 58 ib.

(11) Folios 53 a 58 ib.

(12) Folios 59 a 60 ib.

(13) Folios 92 a 106 ib.

(14) Folios 62 ib.

(15) “Por medio de la cual se resuelve sobre las reclamaciones presentadas oportunamente al proceso liquidatorio que adelanta Teleesantamarta S.A. ESP En Liquidación como bienes excluidos de la masa y acreencias con cargo a la masa de la liquidación de la entidad, su naturaleza, orden de restitución y prelación de pago”.

(16) Folios 17 a 29 ib.

(17) Folio 61 ib.

(18) Folios 40 a 45 ib.

(19) Folios 152 y siguientes ib.

(20) Folios 30 a 39 ib.

(21) “Por el cual se expide el régimen para la liquidación de entidades del orden nacional”.

“ART. 7º—De los actos del liquidador. Los actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y en general los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, constituyen actos administrativos y serán objeto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso de liquidación”.