Sentencia 2005-00863/37109 de agosto 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 52001-23-31-000-2005-00863-01(37.109)

Actor: Aquilino Góngora Castro y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Acción reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., diez de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y por el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 1º de diciembre de 2008.

La Sala abordará el asunto en el siguiente orden: i) cuestión previa; ii) verificación de la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine, como lo son competencia, legitimación en la causa y caducidad; iii) material probatorio allegado al proceso; iv) régimen aplicable en relación con los soldados conscriptos; v) análisis de los medios probatorios obrantes en el expediente y vi) indemnización de perjuicios, procedencia del reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de los soldados conscriptos.

1. Cuestión previa.

El presente proceso se inició con ocasión de la demanda que presentó la parte actora en ejercicio de la acción de grupo con el fin de que se declarara administrativamente responsable a la entidad demandada por los daños ocasionados como consecuencia de la muerte de los infantes regulares de Marina Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado y Bernardo Saa Hurtado; sin embargo, el Tribunal Administrativo de Nariño, en la sentencia objeto de apelación ordenó que se adecuara el trámite del presente asunto y por tanto que se siguiera adelantando por el procedimiento establecido para el de la acción de reparación directa.

Pues bien, teniendo en cuenta que esa determinación no fue objeto de apelación por alguna de las partes intervinientes en el presente asunto, la Sala no se pronunciará al respecto y adelantará el proceso bajo el trámite previsto para las acciones de reparación directa.

2. Requisitos de procedibilidad.

2.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia, comoquiera que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 1º de diciembre de 2008(16).

2.2. Ejercicio oportuno de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que el fallecimiento de los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado acaeció el 1º de febrero de 2005 y la demanda se formuló el 10 de junio de 2005.

2.3. Legitimación en la causa por activa.

Por la muerte del señor Aquilino Góngora Castro concurrieron al proceso sus padres, hermanos y abuelos quienes demostraron su legitimación en la causa de la siguiente manera:

Con la demanda se allegó el registro civil de nacimiento del señor Aquilino Góngora Castro el cual demuestra que era hijo de los señores Aquilino Góngora Castro y Luz Marina Castro Ordóñez(17).

Frente a los señores Lorena Góngora Castro, Jamer Góngora Castro, Maricela Góngora Castro, Albert Góngora Ordóñez, Wilberto Góngora Ordóñez, Yenny Gongóra Ordóñez, Silia Marlly Sandoval Castro obran sendas copias de sus registros civiles de nacimiento, en los cuales consta que sus padres son los también demandantes Aquilino Góngora Castro y Luz Marina Castro Ordóñez(18), por lo cual está acreditada la calidad de hermanos de todos ellos de la víctima directa del daño.

También se allegó el registro civil de nacimiento de la señora Luz Marina Castro Ordóñez (madre de la víctima del daño), el cual demuestra la calidad de abuelos de los señores Mariana Ordóñez de Castro y Marino Palomino Castro(19).

Por lo muerte del señor Helier Hurtado Hurtado demandaron sus padres y hermanos quienes demostraron su legitimación así:

En el proceso obra el registro civil de nacimiento del señor Heiler Hurtado Hurtado y de él se puede establecer que sus padres eran los actores Asnoraldo Hurtado Vallecilla y Sebastiana Hurtado Mancilla(20).

En relación con los señores Yurdor Hurtado Hurtado, Merlín Hurtado Hurtado, Antony Hurtado Hurtado, Elvin Hurtado Hurtado, Marlín Grueso Hurtado y María Eufemia Rentería Hurtado se aportaron los registros civiles de nacimiento(21) de ellos, en los cuales consta que sus padres son los también demandantes Asnoraldo Hurtado Vallecilla y Sebastiana Hurtado Mancilla, razón por la cual se acreditó la condición de hermanos.

Y por la muerte del señor Bernardo Saa Hurtado demandaron la mamá y los hermanos quienes demostraron su legitimación en la causa por activa de la siguiente manera:

Al proceso se allegó el registro civil de nacimiento(22) de la víctima del daño, en el que consta que su madre era la señora Emilia Hurtado Saa.

En cuanto a los señores Kelly Vanessa Góngora Saa, Zuleymi Gamboa Saa, Leidy Johana Saa Hurtado, obran sus registros civiles de nacimiento(23), los cuales demuestran que son hermanos de la víctima del daño.

Frente a los señores Valeriano Saa y Efigenia Núñez Hurtado quienes, según el libelo introductorio, serían los abuelos del señor Bernardo Saa Hurtado no se allegó prueba de su parentesco con la víctima directa del daño; sin embargo en el proceso se decretó la práctica de los testimonios de las señoras María Miriam Vente Arrechea y Gladys Mosquera Núñez(24), quienes son coincidentes en afirmar que los señores Valeriano Saa y Efigenia Núñez Hurtado eran los abuelos de la víctima por lo cual el daño de su muerte les produjo un gran dolor, razón por la que la Sala los tendrá como terceros damnificados y, por tanto, se demostró su legitimación en la causa por activa para concurrir al proceso.

3. El caudal probatorio obrante en el plenario.

Los siguientes son los elementos probatorios de los cuales se ha hecho acopio en el presente proceso, cuya valoración debe llevarse a cabo con el propósito de dilucidar si procede o no declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado.

— Registro civil de defunción de los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado, en los cuales se dejó constancia de que los mencionados ciudadanos fallecieron el 1º de febrero de 2005(25).

— Oficio 000124/CBAFLIM 70 - ASJUR-930, expedido por el comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 70 el 14 de febrero de 2005, en cual se consignó lo siguiente(26):

“… Antecedentes:

“Como antecedente se tiene que el 24 de enero de 2005 a las 0600R en conferencia con las unidades y bases de patrullaje móviles del Batallón se impartieron las órdenes de permanecer disponibles para realizar operaciones y mantener el primer grado de alistamiento. Igualmente el 25 de enero de 2005 a las 2022R se tuvo conocimiento por informaciones de inteligencia humana suministrada por la red de cooperantes que a orillas del río Tapaje jurisdicción del municipio del Charco según la fuente esto fue preparado por el frente 29 de la OT FARC, y que se iniciaría una escalada terrorista empezando por un elemento de combate fluvial de los que se encontraban realizando operaciones de registro y control en la zona. Que al realizar el ataque al municipio del Charco (sic).

“Con base en la anterior información en conferencia de las 0530R el 26 de enero se dieron instrucciones de extremar las medidas de seguridad, no reutilizar los mismos caminos, tomar todas las medidas de seguridad del caso para prevenir ataques por parte del enemigo, se ordenó especialmente a las bases de patrullaje móviles de El Charco, Iscuandé y Satinga hacer descubiertas móviles, colocar puestos de observación y escucha, igualmente el señor SCBAFLIM70 (E) les indicó que debían buscar información para contrarrestar ataques, también colocar personal de confianza en las partes altas de los ríos y estar alertas para atacar al enemigo antes de que éste procediera contra los puestos.

“El 28 de enero a las 1800R el señor teniente de navío jefe de operaciones del batallón dio instrucciones a los comandantes de los puestos sobre los medidas de seguridad, cambiar las actividades rutinarias para evitar cualquier acción del enemigo, cambiar los dispositivos de maniobra, incrementar inteligencia de combate, concientizar al personal sobre la situación del enemigo, poner en práctica ejercicios de zafarrancho corregir las novedades encontradas y realizar operaciones con las unidades móviles, que las unidades no pernoctara dentro del puesto. Lo mismo se les indicó el 30 de enero de 2005, especialmente sobre el control de personal, verificación de armamento y munición, realizar zafarrancho de combate en las bases de patrullaje móviles de Mosquera e Iscuandé.

“El 31 de enero de 2005 a las 20:10 se envió radiograma a todos los comandantes de las bases de patrullaje móviles recordándoles el cumplimiento e incremento de los dispositivos de seguridad medidas especiales de los puntos críticos con el fin de evitar retenes ilegales, secuestros masivos y la verificación del nivel de reacción, efectuar descubiertas que evitaran distracciones durante el fin de semana, evitar eventos deportivos que representaran vulnerabilidades de la seguridad especialmente de las unidades de las instalaciones militares, incrementar medidas de seguridad activas y pasivas, incrementar esfuerzos de búsqueda de información, coordinar actividades con los demás organismos de seguridad del Estado y tomar las demás acciones que estimaran pertinentes con el fin de detectar, prevenir y neutralizar posibles acciones del enemigo a esas unidades.

“Hechos

“Siendo el primero de febrero de 2005 a las 0240R de la madrugada el radio operador de la Base de Patrullaje Móvil de Iscuandé reportó ataque a la unidad por parte del enemigo a las 0250R como comandante del batallón se asumió la situación desde la estación de radio coordinando los apoyos necesarios y se ordenó zafarrancho de la unidad en Tumaco y demás bases de patrullaje móviles orgánicas del BAFLIM 70, se realizó reporte con todas las unidades informándoles la situación presentada ordenándoles activar los planes de apoyo y reacción y contra ataque con el fin de evitar ataques simultáneos a otras unidades, tripulación, armas de acompañamiento, se ordenó verificar esquemas de maniobra, posibles rutas de repliegue y las demás medidas que los comandantes de las bases estimara pertinentes.

“A las 0310R se informó de la novedad al mando superior: BRIFLIM 2, FNP, COPA, COA, y se coordinó con la Escuela Militar de Aviación el apoyo aéreo del avión fantasma, igualmente se coordinó con el comandante del Batallón contra el Narcotráfico Nº 2 y el Batallón de Helicópteros para apoyar a la unidad en combate pero todos los apoyos y coordinaciones fueron infructuosos en vista de que la situación del clima no permitían que las aeronaves despegaran, este factor climático se presentó especialmente en Iscuandé.

“A las 0330R se perdió la comunicación por radio con Iscuandé, volviéndose incierto el desarrollo del ataque a la unidad, razón por la cual se procedió a efectuar llamadas telefónicas a personal civil de ese municipio quienes informaron que escuchaban disparos y detonaciones por el sector del puesto y la estación de Policía, se logró enlazar comunicaciones con la policía del municipio en las que informaron que el fuego era nutrido para las dos unidades, luego indicaron que llegaron 047 infantes heridos que manifestaron que el puesto había sido destruido por la acción de los cilindros.

“Siendo las 0340R se ordenó el alistamiento de 03 embarcaciones tipo langostera, tanqueadas y listas, el pelotón trueno y 01 pelotón de infantes de marina profesionales de la compañía Tsunami para apoyo fluvial, igualmente se coordinó con el Batallón de Guapi y reportó el desplazamiento de 01 elemento de combate fluvial y 01 grupo de asalto fluvial; posteriormente se ordenó al ECF 10-6 iniciar el movimiento desde El Charco hacía Iscuandé extremando las medidas de seguridad en razón a que podrían estarlos esperando por el camino al disponerse a realizar apoyo.

“A las 0400R la Escuela Militar de Aviación reportó la salida de 01 helicóptero tipo arpía y 01 avión plataforma de reconocimiento para el apoyo a Iscuandé, posteriormente se confirmó la salida del avión fantasma y posteriormente siendo las 0430R la Policía de Iscuandé reportó que la base de infantería de marina en Iscuandé había sido destruida quedando muchos infantes de marina heridos, continuando los ataques de la guerrilla. De nuevo se realizaron llamadas a la población civil para tener comunicación con algún uniformado pero manifestaron que el ataque era fuerte y que no se veía a nadie.

“A las 0445R se reportó la llegada del avión plataforma a Iscuandé que realizó monitoreo y reconocimiento del área al igual que el helicóptero arpía y a las 0515R llegó el avión fantasma y realizó el reconocimiento, se organizaron las coordinaciones hacia el sector donde se han efectuado los apoyos, es el sector de donde proviene el ataque. Se sigue orientando al avión fantasma por parte de este comando y del comandante del cuarto del distrito de Policía.

“Siendo las 0520 de la mañana la Policía Nacional reportó que al parecer los bandidos emprendieron la huida pues cesaron las denotaciones y los disparos hacia esa estación. Debido al desarrollo de los hechos en ese momento no fue posible cuantificar el personal herido, las comunicaciones con Iscuandé eran nulas y se desconoce el desarrollo del contacto con el enemigo…”.

— Informes administrativos por muerte Nº 13, 14 y 15, en los que se dijo que la muerte de los infantes regulares de Marina Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado había sido en combate, de conformidad con el Decreto 2728 de 1968(27).

— Documentos denominados “Control de infantería de marina”, de los que se extrae que los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado ingresaron a las Fuerzas Militares a prestar su servicio militar obligatorio el 26 de agosto de 2003, como aspirantes de infantes de marina campesinos(28).

— Orden administrativa de personal 398 del 28 de octubre de 200, mediante la cual se dio de alta como infantes de marina campesinos a los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado.

— Oficio 9/S-2 SAYP del 24 de enero de 2006, elaborado por el jefe de la sección segunda BAFLIM 70 en el que se plasmó que(29):

“… [De] acuerdo con los archivos que reposan en esta sección se hace aclaración que las órdenes emitidas por el comando al puesto fluvial avanzado fueron realizadas constantemente haciendo recomendaciones de seguridad y de constantes desplazamientos alrededor de la BMP.

“Teniendo en cuenta informaciones recopiladas desde el mes de octubre del año 2004 se manejaba una amenaza de ataque terrorista por parte de estructuras del 29 frente de la ONT FARC, en el área de influencia de los municipios de El Charco la Tola y Bocas de Satinga en los ríos Tapaje, Tola y Satinga respectivamente, teniendo en cuenta que el flujo de informaciones recibidas de esas áreas respectivamente siendo las mismas confirmadas por algunos guerrilleros desertores del 29 frente que decidieron entregarse a esta unidad en la ciudad de Tumaco en el mes de enero/2005 con el ánimo de ser acogidos en el plan de reinserción del gobierno.

“Este personal de reinsertados suministró información puntual sobre la ubicación de un campamento de esta organización terrorista en el sector de Santa Catalina y San José del Tapaje en la parte alta del río Tapaje y que su inserción era la de atacar principalmente el municipio del Charco e incluso que habían realizado todas las actividades correspondientes por realizar una toma al municipio de La Tola en el mes de diciembre mas este esfuerzo tuvo que ser cancelado en razón de que el personal de infantes de marina de este municipio se encontraba en situación de alerta y tomando todas las medidas de seguridad evitando de esta forma este ataque.

“Las anteriores informaciones eran confirmadas incluso por inteligencia de combate de las propias tropas en las áreas incluyendo al puesto de Iscuandé quien también recopiló información que junto a las demás apuntaban a un posible ataque al Charco o Satinga de donde se tuvo conocimiento de algunas presencias ante lo cual se realizaron las correspondientes solicitudes de reconocimiento aéreo por medio de la regional de inteligencia del pacífico y la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez con el fin de ubicar estas presencias.

“Con la información recibida por el personal de reinsertados se planeó una operación de asalto aéreo al campamento del 29 frente de las FARC en el sector de Santa Catalina y San José del Tapaje en la parte alta del río Tapaje, a mediados del mes de enero/2005 la cual al momento de estar siendo ejecutada fue abruptamente interrumpida por el siniestro aéreo de la caída de un helicóptero black hawk donde murieron 20 soldados de la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército Nacional convirtiéndose esta operación de asalto en una operación de rescate que se prolongó varios días.

“Posteriormente se retomó el esfuerzo para realizar nuevamente la operación a finales del mes de enero/2005 siendo postergada varias veces por mal tiempo impidiendo atacar esta estructura del 29 frente ONT FARC, que sería la que realizaría posteriormente el ataque a la base de Iscuandé …”.

— Resoluciones 0726, 0728 y 01043 del 13 de junio y del 31 de agosto de 2005, a través de las cuales se ordenó la conformación del expediente para el reconocimiento de la pensión vitalicia por la muerte de los infantes de marina campesinos Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado(30).

— Orden administrativa de personal 100 del 16 de febrero de 2005, a través de la cual se dio de baja por defunción a los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado(31).

— Providencia del 29 de septiembre de 2005, dictada por la fiscalía segunda especializada, unidad nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, a través de la cual profirió resolución de acusación a los infantes de marina Raúl Obando Obando e Ignacio Garcés Grueso, por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, terrorismo y rebelión(32).

5. Régimen aplicable a los soldados conscriptos.

La Sala estima necesario precisar la diferencia existente entre la clase de vínculo que se crea para el Estado frente a los soldados que prestan servicio militar obligatorio y los soldados voluntarios o profesionales; en el primero, el vínculo surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas, en el cual no hay carácter laboral alguno, en tanto que en el segundo (soldado profesional) el vínculo surge en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral.

Por tanto, a diferencia del soldado profesional, que ingresa en forma voluntaria a las filas del Ejército con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que goza de una protección integral de carácter salarial y prestacional, el soldado que presta servicio militar obligatorio se ve impelido a hacerlo por la imposición de una carga o gravamen especial del Estado.

El soldado que presta el servicio militar obligatorio no goza de protección laboral predeterminada frente a los riesgos a los cuales se le somete en cumplimiento de su cometido constitucional, por cuanto la ley tan solo le reconoce algunas “prestaciones”, las cuales de ningún modo pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para los soldados profesionales.

Ahora bien, en relación con el título de imputación aplicable a los daños causados a soldados que prestan servicio militar obligatorio, la Sala ha establecido que los mismos pueden ser i) de naturaleza objetiva —tales como el daño especial o el riesgo excepcional— y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al respectivo proceso se encuentre acreditada la misma.

Al respecto, la Sala ha sostenido(33):

“Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas(34); el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:

‘... demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada’(35)” (negrillas adicionales).

Frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares, en la medida en la cual su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público, resulta claro que la organización estatal debe responder, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estarían sometidos, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial(36).

Asimismo, en relación con los soldados regulares, el principio iura novit curia reviste una característica especial, toda vez que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en cualesquiera de los títulos de imputación antes mencionados; además, no debe perderse de vista que, en tanto la administración pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica de los soldados, en la medida en que se trata de personas que se encuentran sometidas a su custodia y cuidado, pues en determinadas situaciones los pone en riesgo, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que les sean irrogados en relación con el cumplimiento de esa carga pública. De igual forma se ha reiterado que el Estado frente a los soldados que prestan su servicio militar obligatorio, al doblegar su voluntad y disponer de su libertad individual, entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquéllos, en el desarrollo de tal relación.

Respecto de la responsabilidad derivada de las obligaciones de especial sujeción que asume el Estado frente a los soldados que prestan servicio militar obligatorio, la sección tercera del Consejo de Estado, en providencia de 15 de octubre del 2008(37), sostuvo:

“Además de lo anterior, se reitera, que el Estado frente a los conscriptos y reclusos, adquiere no sólo una posición de garante al doblegar, en ambos casos, su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que de igual manera, el Estado entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquéllos.

“En conclusión, en cada caso concreto en los cuales se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, es necesario analizar los detalles de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido co-causalmente a la generación del mismo, específicamente, al situar al conscripto en la situación de riesgo, o bien por una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas o por una falla del servicio.

“No se puede, por consiguiente, afirmar de manera simple y llana, que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a conscriptos o reclusos, es suficiente para que estos sean considerados como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública. Se requiere, además, en estos eventos, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño, motivo por el cual no le es imputable fáctica o jurídicamente. Lo puntualizado, en la medida en que es posible que la causa directa, inmediata y material del daño sea la actuación de un tercero o de la propia víctima, pero tal resultado perjudicial tenga una relación mediata con el servicio que estaba desplegando el soldado conscripto, motivo por el cual la entidad no puede desprenderse de su responsabilidad, por cuanto también puede serle endilgable jurídicamente el daño”.

Igualmente, debe precisarse que, en tratándose de las lesiones o el homicidio de que puedan ser víctimas los soldados que presten servicio militar obligatorio por razón de la acción ejecutada por sujetos ajenos a la Fuerza Pública o por el mismo Estado, en principio, no tendrá cabida la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, habida consideración del carácter particular de la relación de especial sujeción, la cual implica que el Estado debe respetar y garantizar por completo la vida e integridad del soldado obligado a prestar servicio militar respecto de los daños que pudieren producir, precisamente, terceros particulares o incluso del propio personal oficial.

En anterior oportunidad y en términos similares a los expuestos en la presente sentencia, la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado, al referirse a las relaciones de especial sujeción y a la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados a los soldados impelidos a prestar servicio militar, señaló:

“Dado que en el proceso se probó que la víctima se encontraba vinculada a la entidad accionada como soldado regular y que en tal condición falleció al repeler un ataque armado perpetrado por un grupo insurgente, esto es que su deceso se produjo en cumplimiento de funciones propias del servicio, la Sala estima que la providencia apelada amerita ser revocada, sin que ese hecho deba acogerse como un riesgo inherente o propio del servicio, habida cuenta que se trató de un soldado regular —y no de un soldado voluntario o profesional—, respecto del cual, como se indicó, el Estado asume una relación de especial sujeción, la cual lo torna responsable del daño padecido por los actores.

“Finalmente, la Sala estima que no se configura la causal de exoneración de responsabilidad propuesta por la parte demandada consistente en el hecho de un tercero, habida cuenta que, se reitera, en este caso la Administración se encuentra en una relación que determina que el hoy occiso estuviere en situación de especial sujeción que hace al Estado sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer los soldados que prestan el servicio militar obligatorio y, por ello, la muerte del soldado regular, esto es el daño antijurídico causado a los actores, fue consecuencia de una relación directa con el servicio que ejercía al momento de su deceso, lo cual torna responsable a la entidad pública por ese hecho…”(38) (se destaca).

6. Valoración probatoria y caso concreto.

De conformidad con el anterior conjunto probatorio, se encuentra acreditado que:

— Los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado, ingresaron a las Fuerzas Militares el 26 de agosto de 2003, como aspirantes de infantes de marina campesinos y fueron dados de alta como tales el 28 de octubre de 2003(39).

— Las víctimas del daño se encontraban asignadas al Batallón de Infantería de Marina Bafin Nº 70 con sede en el municipio de Iscauandé (Nariño).

— El 1º de febrero de 2005, ese batallón fue objeto de una arremetida guerrillera, la cual arrojó como resultado la muerte de los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado.

— La muerte de los infantes de marina fue calificada como “en combate”.

— El 16 de febrero de 2005, fueron dados de baja por muerte los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado.

Así las cosas, en el proceso se encuentra acreditado el hecho dañoso sufrido por los demandantes, consistente en las muertes de los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado mientras prestaban su servicio militar obligatorio.

A juicio de la Sala, el aludido daño le resulta atribuible a la entidad demandada, bajo un régimen de daño especial, teniendo en cuenta las relaciones de especial sujeción que existen entre el Estado y los soldados conscriptos.

En tal efecto, como se dejó expuesto en precedencia, el vínculo que surge entre el soldado conscripto y el Estado, debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la soberanía nacional y de las instituciones públicas, el cual no tiene carácter laboral alguno, hace que la voluntad del conscripto se vea doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público.

Por lo expuesto, el Estado debe resarcir los perjuicios que se causen en la prestación del servicio militar obligatorio, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar el soldado; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estaría sometido, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.

Por otra parte, la Sala no puede pasar por alto el hecho de que en la demanda se dijo que el Ejército Nacional había incurrido en una falla en el servicio, por una falta de inteligencia militar, una ausencia de orden de mando lo cual facilitó a los subversivos la acción armada.

Al respecto conviene precisar que ninguno de los medios probatorios antes relacionados permite acreditar la falla en el servicio endilgada a la entidad demandada, pues no existe prueba que acredite la supuesta omisión del Ejército Nacional; no obran en el expediente testimonios que den cuenta de que durante el enfrentamiento los miembros de la institución militar hubieren incurrido en errores tácticos; tampoco se demostró el descuido en que supuestamente se mantenía a los soldados por parte de los altos mandos, es decir, que las pruebas aportadas en el plenario no permiten demostrar la referida omisión imputada a la entidad demandada.

Por el contrario, en el proceso se demostró que cuando inició la arremetida guerrillera el comandante del batallón se apropió de la situación, coordinó los apoyos necesarios, ordenó la preparación de las embarcaciones que se encontraban ubicadas en Tumaco y demás bases organizadas cercanas para afrontar el combate; a los pocos minutos de la emboscada se informó de la novedad al mando superior y se dispuso junto con la Escuela Militar de Aviación el apoyo aéreo.

En igual sentido, conviene precisar que el ataque guerrillero fue sorpresivo e imprevisible, es decir, que no existía la inminencia del ataque como para que se hubieren adoptado medidas de seguridad excepcionales o que se hubiere requerido la presencia de un mayor número de militares; además, no se probó que el referido Batallón fuera blanco de amenazas para que se hubiere tenido la obligación de tomar medidas especiales para evitar el ataque por parte de miembros armados al margen de la ley, comoquiera que de los elementos de juicio obrantes en el expediente nada se dijo al respecto.

En esa misma línea, resulta necesario advertir que si bien en el expediente obra una providencia dictada por la fiscalía segunda especializada, unidad nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, a través de la cual profirió resolución de acusación en contra de unos infantes de marina que presuntamente eran guerrilleros y se encontraban infiltrados en el Ejército Nacional, lo cierto es que de ese elemento de juicio no es posible estructurar una falla en el servicio, pues esa prueba lo único que permite concluir es que por el ataque guerrillero se inició una investigación penal en la cual se tenían serios indicios de que algunos guerrilleros se encontraban infiltrados en el Ejército Nacional, sin que de ella se pueda establecer con certeza que efectivamente ellos eran milicianos, dado que no se demostró en este proceso que su presunción de inocencia se hubiere desvirtuado, por cuanto no se allegó al presente asunto algún medio de prueba que permita inferir que las personas investigadas, en la etapa de juicio hubieren sido condenados por ser guerrilleros infiltrados.

Aunado a lo anterior, se resalta que en el expediente no obra medio de prueba alguno con el cual se acredite que en relación con los militares que se encontraban al mando del batallón se hubiere iniciado alguna investigación penal o disciplinaria por la emboscada guerrillera, lo cual necesariamente conduce a concluir que en el caso sub examine no se presentó una falla en el servicio.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra acreditada la existencia de un hecho dañoso, así como el nexo causal entre éste y la prestación del servicio militar obligatorio por parte de los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado, razón por la cual la entidad demandada resulta administrativa y patrimonialmente responsable por los daños ocasionados a la parte actora, por lo que la sentencia apelada será confirmada pero por las razones expuestas en precedencia.

8. Indemnización de perjuicios.

8.1. Perjuicios morales.

En relación con esta clase de perjuicios, tratándose de la muerte de una persona, la prueba del parentesco cercano para con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado por vía de una presunción de hecho —sin perjuicio de la existencia de otros medios probatorios que puedan llegar a acreditarlo—, pues ciertamente, en aplicación de las reglas de la experiencia, se puede inferir razonablemente que la muerte de un pariente próximo les debió causar a sus parientes un profundo dolor moral, más aún cuando esa muerte ocurre en dramáticas circunstancias como acontece en el presente caso.

Ahora bien, para la cuantificación de la indemnización por concepto del perjuicio moral en casos de muerte, sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de un parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala ha fijado los siguientes montos y equivalencias teniendo en cuenta el nivel de cercanía afectiva entre la víctima directa y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados, así:

Nivel Nº 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar, incluida la relación biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas ‘de crianza’ (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indicativo indemnizatorio de (100 smlmv).

Nivel Nº 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel Nº 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel Nº 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel Nº 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indicativo indemnizatorio.

Así las cosas, por concepto de perjuicios morales, en aplicación de las presunciones antes enunciadas y de conformidad con los demás elementos probatorios recaudados, se modificará la sentencia apelada y, en su lugar, se reconocerá el equivalente en dinero a las cantidades establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:

112
 

8.2. Perjuicios materiales.

8.2.1. Lucro cesante.

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación(40) ha sostenido que cuando se trata de la muerte de un soldado conscripto, hay lugar a decretar a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las sumas que el occiso ha debido percibir durante el período comprendido entre la fecha en la cual terminaría la prestación del servicio militar obligatorio y el momento en que cumpliría la edad de 25 años, puesto que se entiende, según las reglas de la experiencia, que una persona en esta época de su vida, ayuda a sus familiares hasta que cumple la mencionada edad, oportunidad en la cual se presume inicia una vida independiente.

En cuanto al ingreso base de liquidación del referido perjuicio, esta subsección tomará en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente, comoquiera que se presume, según las reglas de la experiencia, que una persona laboralmente activa no podría devengar menos de ese monto. A esa suma se adicionará el 25% por prestaciones sociales y, de otra parte, se deducirá de dicho valor el 25% correspondiente al valor aproximado que los señores Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado destinarían para su propio sostenimiento.

En cuanto a los beneficiarios de este perjuicio resulta necesario precisar que si bien en el recurso de apelación se dijo que se reconociera a favor de los padres y hermanos de las víctimas del daño, lo cierto es que en el libelo introductorio se solicitó únicamente a favor de los padres de los infantes de marina fallecidos, motivo por el cual, de conformidad con el principio de congruencia, la indemnización que resulte por concepto del lucro cesante solo podrá reconocerse a estas personas.

Indemnización debida o consolidada a favor de los padres del señor Aquilino Góngora Castro:

Se tomará entonces como período indemnizable aquel comprendido entre la fecha en la cual el señor Aquilino Góngora Castro terminaría su servicio militar obligatorio (26 de febrero de 2005) hasta el día que en cumplió la edad de 25 años (4 de febrero de 2010), lo cual arroja un total de 60 meses(41).

108
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = $ 646.364.

Entonces

Ra = $ 646.364

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable (60).

109
 

Por tanto, se reconocerá de manera conjunta a título de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, la suma única de $ 44.912.349 a favor de los señores Aquilino Góngora Castro y Luz Marina Castro Ordóñez —padres de la víctima directa del daño—.

Indemnización debida o consolidada a favor de los padres del señor Heiler Hurtado Hurtado:

Se tomará entonces como período indemnizable aquel comprendido entre la fecha en la cual el señor Heiler Hurtado Hurtado terminaría su servicio militar obligatorio (26 de febrero de 2005) hasta el día que en cumplió la edad de 25 años (24 de abril de 1984), lo cual arroja un total de 50 meses(42).

108
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = $ 646.364.

Entonces

Ra = $ 646.364

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable (50).

110
 

Por tanto, se reconocerá de manera conjunta a título de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, la suma única de $ 36.489.923, a favor de los señores Asnoraldo Hurtado Vallecilla y Sebastiana Hurtado Mnacilla —padres de la víctima directa del daño—.

Indemnización debida o consolidada a favor de la mamá del señor Bernardo Saa Hurtado:

Se tomará como período indemnizable aquel comprendido entre la fecha en la cual el señor Bernardo Saa Hurtado terminaría su servicio militar obligatorio (26 de febrero de 2005) hasta el día que en cumplió la edad de 25 años (29 de mayo de 2007), lo cual arroja un total de 27 meses(43).

108
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = $ 646.364.

Entonces

Ra = $ 646.364

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable (27).

111
 

Por tanto, se reconocerá a título de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, la suma única de $ 18.602.142, a favor de la señora Emilia Hurtado Saa —madre de la víctima directa del daño—.

8.2.2. Daño emergente.

El tribunal administrativo de primera instancia no reconoció indemnización alguna por este concepto; sin embargo, este punto no fue objeto de apelación, razón por la cual la Sala no se pronunciará al respecto.

9. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 1º de diciembre de 2008, la cual quedará así:

“… 1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los daños causados a los demandantes, por los hechos ocurridos el 1º de febrero de 1995 en el municipio de Iscuandé (Nariño) en la que resultaron muertos los infantes campesinos de Marina Aquilino Góngora Castro, Helier Hurtado Hurtado y Bernardo Saa Hurtado.

“2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales los montos que a continuación se describen y a favor de las siguientes personas:

• Para el grupo familiar del occiso Aquilino Góngora Castro:

Para Aquilino Góngora Castro y Luz Marina Castro Ordóñez 100 smlmv, para cada uno de ellos.

Y para los señores Lorena Góngora Castro, Jamer Góngora Castro, Maricela Góngora Castro, Albert Góngora Ordóñez, Wilberto Góngora Ordóñez, Yenny Góngora Ordóñez, Silia Marlly Sandoval Castro, Marino Castro Palomino y Mariana Ordóñez de Castro 50 smlmv, para cada uno de ellos.

• Para el grupo familiar del occiso Helier Hurtado Hurtado:

Para Asnoraldo Hurtado Vallecilla y Sebastiana Hurtado Mancilla 100 smlmv, para cada uno de ellos.

Y para los señores Yurdor Hurtado Hurtado, Merlín Hurtado Hurtado, Antony Hurtado Hurtado, Elvin Hurtado Hurtado, Marlín Grueso Hurtado y María Eufemia Rentería Hurtado 50 smlmv, para cada uno de ellos.

• Para el grupo familiar del occiso Bernardo Saa Hurtado:

Para Emilia Saa Hurtado 100 smlmv.

Para las señoras Kelly Vanessa Góngora Saa, Zuleymi Gamboa Saa y Leidy Johana Saa Hurtado 50 smlmv para cada una de ellas.

Y para los señores Valeriano Saa y Efigenia Núñez Hurtado 15 smlmv, para cada uno de ellos.

“3. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se CONDENA a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a pagar de manera conjunta a los señores Aquilino Góngora Castro y Luz Marina Castro Ordóñez la suma de $ 44.912.349.

“4. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se CONDENA a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a pagar de manera conjunta a los señores Asnoraldo Hurtado Vallecilla y Sebastiana Hurtado Mancilla la suma de $ 36.489.923.

“5. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se CONDENA a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a pagar a la señora Emilia Saa Hurtado la suma de $ 18.602.142”.

2. DENEGAR las demás súplicas de la demanda.

3. Sin condena en costas.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. EXPÍDANSE a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(16) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con la Ley 954 de 2005 - 500 smlmv, que equivalía a $ 190.750.000, teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 2005 y el salario mínimo para ese año se fijó en la suma de $ 381.000; por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se solicitó la suma de $ 400.000.000 para cada uno de los padres de los demandantes.

(17) Fls. 22 a 29 c. 1.

(18) Fls. 17, 19, 20, 21, 22 y 23 c. 2.

(19) Fl. 21 c. 1.

(20) Fl. 37 c. 1.

(21) Fls. 34 a 40 c. 1.

(22) Fl. 46 c. 1.

(23) Fls. 47 y 48 c. 1.

(24) Fls. 332 y 333 c. 1.

(25) Fls. 30, 41, 59 c. 1.

(26) Fls. 138 a 141 c. 1.

(27) Fls. 142 a 144 c. 1.

(28) Fls. 145 a 147 c. 1.

(29) Fls. 243 y 244 c. 1.

(30) Fls. 165, 181 y 203 c. 1.

(31) Fl. 231 c. 1.

(32) Fls. 261 a 299 c. 1.

(33) Sentencias del 30 de julio de 2008, exp. 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 23 de abril de 2009, exp. 17.187, reiteradas en la Sentencia del 9 de abril de 2014, exp. 34.651, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(34) Cita del original: En Sentencia de 10 de agosto de 2005, exp. 16.205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridos por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “...la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la Administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el comandante del escuadrón B de contraguerrillas de registro del área general del municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.

(35) Cita del Original: exp. 11.401.

(36) Consejo de Estado, sección tercera Sentencia del 15 de octubre de 2008, exp. 18586, M.P. Enrique Gil Botero, reiterada por la subsección A, a través de Sentencia del 10 septiembre de 2014, exp. 32.421, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

(37) Ibídem.

(38) Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, Sentencia del 9 de febrero de 2011, exp. 19.615, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En aquella oportunidad se declaró la responsabilidad patrimonial de la administración pública por la muerte de un soldado regular, ocurrida el 22 de julio de 1994 como consecuencia de un ataque armado subversivo perpetrado en contra del puesto militar ubicado en Mesetas (Meta).

(39) Artículo 13 de la Ley 48 de 1993 —por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización—, según el cual:
“ART. 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio.
Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar:
a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses.
b) Como soldado bachiller, durante 12 meses.
c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses.
d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses” (se destaca).

(40) Consejo de Estado, sección tercera Sentencia del 15 de octubre de 2008, exp. 18586, M.P. Enrique Gil Botero, reiterada por la subsección A en la Sentencia del 9 abril de 2014, exp. 34.651, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(41) Se tiene certeza acerca de la fecha en que ingresó a prestar su servicio militar obligatorio como aspirante de infante de marina campesino (18 meses), esto es, el 26 de agosto de 2003, por tanto es claro que el lapso a liquidar se encuentra comprendido entre el 26 de febrero de 2005 hasta el 4 de febrero de 2010, fecha en que, de acuerdo con el registro civil que obra a folio 22 del cuaderno número 1, cumpliría los 25 años de edad.

(42) Se tiene certeza acerca de la fecha en que ingresó a prestar su servicio militar obligatorio como aspirante de infante de marina campesino (18 meses), esto es, el 26 de agosto de 2003, por tanto es claro que el lapso a liquidar se encuentra comprendido entre el 26 de febrero de 2005 hasta el 24 de abril de 2009, fecha en que, de acuerdo con el registro civil que obra a folio 37 del cuaderno número 1, cumpliría los 25 años de edad.

(43) Se tiene certeza acerca de la fecha en que ingresó a prestar su servicio militar obligatorio como aspirante de infante de marina campesino (18 meses), esto es, el 26 de agosto de 2003, por tanto es claro que el lapso a liquidar se encuentra comprendido entre el 26 de febrero de 2005 hasta el 29 de mayo de 2007, fecha en que, de acuerdo con el registro civil que obra a folio 45 del cuaderno número 1, cumpliría los 25 años de edad.