Sentencia 2005-00873 de noviembre 22 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Magistrada Ponente:

Dra. Martha Sofía Sanz Tobón

Bogotá D.C., veintidós de noviembre de dos mil siete.

Ref.: Expediente 250002324000200500873 01

Actor: Carlos Barbero Muñoz.

EXTRACTOS:

«Considera

En el presente proceso se demandaron los siguientes actos administrativos:

— Certificado de propiedad y libertad de los predios Santa Bárbara y la cantera en que constan respectivamente las anotaciones números 11, 12 y 13; y los números 2, 3 y 4 realizadas el 26 de abril de 2005 y el 1º de junio de 2005 en las que se registran las resoluciones 076 de 1977, 463 de 2005 y la 519 de 2005 y contenidos en los folios de matrícula inmobiliaria 50C-215782 y 50C-1019126.

— La Resolución 076 de 1977, expedida por el Ministerio de Agricultura “por la cual se aprueba un acuerdo de la junta directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente junta directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, Inderena”.

— La Resolución 463 del 14 de abril del 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “por medio de la cual se redelimita la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los cerros orientales de Bogotá”.

— La Resolución 519 del 22 de abril de 2005, expedida por la Ministra de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial “Por medio de la cual se aclara el artículo primero de la Resolución 463 del 14 de abril de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Pues bien en aras de determinar si la acción instaurada fue o no la procedente y si efectivamente habría una posible acumulación de pretensiones, debe la Sala precisar lo siguiente:

El proceso contencioso de nulidad está establecido en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, para que un ciudadano pueda instaurar por sí mismo o mediante apoderado judicial acción de nulidad contra los actos administrativos de carácter general para restablecer el ordenamiento jurídico que ha sido violado. En tanto que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, debe ser instaurada mediante apoderado judicial con la principal finalidad de lograr el restablecimiento del derecho de una persona que se crea lesionada en su derecho por un acto administrativo.

Lo cierto es que en este proceso se demandó en acción de nulidad y restablecimiento del derecho actos de contenido particular simultáneamente con actos de carácter general. Los primeros, están relacionados con las anotaciones efectuadas por la Superintendencia de Notariado y Registro en los folios de matrícula inmobiliaria, respecto de los cuales se admitió la demanda; y los segundos, conciernen a las resoluciones 076 de 1977, 463 y 519 de 2005 expedidas por el Ministerio de Agricultura y por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, frente a las cuales fue rechazada la demanda.

En esa medida no puede entonces concluirse un razonamiento diferente en el sentido de que el alcance que se le debe dar a dichas resoluciones indiscutiblemente es que son de carácter general porque la situación jurídica que crean es abstracta e impersonal (1) es decir, no están dirigidas específicamente a algún propietario como tampoco se observa que la redelimitación trazada en ellas pertenezca de manera determinada a una personal en especial. En ese sentido, es evidente que en la demanda existió una indebida acumulación de pretensiones pues en ella indistintamente se controvierten actos generales que pueden ser atacados mediante el contencioso de simple nulidad, por lo que procede la confirmación del auto apelado.

Ahora bien, si en gracia de discusión se dijera, como lo pretende el apoderado de la parte actora, que en atención a la teoría de los motivos y las finalidades se pudiera admitir en acción de nulidad y restablecimiento del derecho los actos generales, no podría decirse a ciencia cierta que efectivamente la Resolución 076 de 1977 afectara al actor pues si bien ella declara la reserva forestal de ciertos predios, es hasta el año 2005 mediante las Resoluciones 463 y 519 que se redelimita el sector, luego entonces habría tenido que demandar los actos ante la jurisdicción contenciosa en el año de 1977, con la expedición del primer acto si es que consideraba conculcado su derecho.

Empero, observa la Sala que es en últimas con los certificados de libertad y propiedad emanados de la Superintendencia de Industria y Comercio, actos particulares y concretos con los que se podría ver afectado directamente el derecho de propiedad inmueble del actor y en ese sentido debe examinarse su legalidad mediante la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

Pese a lo anterior y en virtud de que el juez, debe interpretar las pretensiones de la demanda y tramitarla bajo la cuerda procesal respectiva en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia, el tribunal de primera instancia no solo continuará con el trámite respectivo del proceso sino que también deberá pronunciarse respecto de los actos administrativos generales, en virtud de la solicitud que expresamente se hizo en la demanda en relación con su inaplicación.

Por lo expuesto se,

RESUELVE:

CONFÍRMASE la providencia del 3 de noviembre de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “B”, por medio de la cual se admitió parcialmente la demanda.

ADICIÓNASE en el sentido de atender la solicitud de inaplicación de los actos administrativos de carácter general, conforme a la parte motiva de esta providencia.

Una vez en firme la presente decisión, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

(1) Sentencia proferida por el Consejo de Estado el 14 de abril del 2005, Expediente 00825. M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

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