Sentencia 2005-00891 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 47001-23-31-000-2005-00891-01(36785)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Elpidia Isabel Espinoza de Pabón y Otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y Otro

Referencia: Acción de Reparación Directa - Apelación sentencia

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS. «Consideraciones

I. Competencia

10. Por ser competente(10), procede la Sala a conocer de la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, el 11 de abril de 2005, en grado jurisdiccional de consulta, toda vez que se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 184 del C.C.A., modificado por el artículo 57(11) de la Ley 446 de 1998 —reforma legal que aplica al presente asunto según lo establecido por los artículos 163(12) y 164(13) del C.C.A., toda vez que el grado jurisdiccional de consulta se inició en su vigencia—(14), para la procedencia del mencionado instituto procesal. De esta manera, con observancia de lo señalado en el auto del 17 de octubre de 2017, se reitera:

(i) El presente proceso tiene vocación de doble instancia ante esta corporación de conformidad con su cuantía —ver nota 10—;

(ii) La condena impuesta por el a quo en la sentencia de primera instancia es superior a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de adopción de tal decisión —ver cita posterior al párrafo 3—, cálculo que de conformidad con la interpretación adecuada del artículo 184 del C.C.A. modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1997, se debe efectuar sobre la totalidad de la condena y no, de manera individualizada sobre los diferentes montos reconocidos a favor de cada uno de los actores;

Y (iii) si bien se interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, tal medio de impugnación no se sustentó oportunamente de tal forma que fue declarado desierto y en consecuencia, no se surtió su trámite, situación que en estricto sentido se equipara a que la sentencia no hubiese sido apelada y que por ende, resulte plausible desarrollar el grado jurisdiccional de consulta.

10.1. De otra parte, conviene destacar que la competencia del Consejo de Estado respecto de la sentencia de primera instancia se encuentra limitada, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por la norma señalada, la consulta se entiende interpuesta en favor de las entidades condenadas en primera instancia -en el caso concreto, la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y el municipio de San Zenón- y por consiguiente, no resulta viable hacer más gravosa su situación.

10.2. Finalmente, se debe recordar que, de una parte, por Acta 40 del 9 de diciembre de 2004, la Sala de la Sección dispuso dar prelación a aquellos asuntos que se encontraran sometidos a grado jurisdiccional de consulta y, de otro lado, que mediante auto del 25 de noviembre de 2009 específicamente se le otorgó prelación al sub lite en consideración a que se improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes.

II. Validez de los medios de prueba

11. En relación con la totalidad de los medios probatorios obrantes en el presente asunto, se impone efectuar las siguientes consideraciones:

11.1. Con observancia de lo advertido por el Ministerio Público durante el término para alegar de conclusión en la presente instancia, relacionado con la imposibilidad de valorar ciertas pruebas documentales obrantes en el plenario referentes a las circunstancias en que acaecieron los hechos objeto de la demanda —ver párrafos 6 a 6.2—, esto es, la minuta de novedades de la estación de policía a la cual pertenecía el señor Pabón Espinoza y el informativo de muerte 003/2005, suscrito por el comandante del Departamento de Policía del Magdalena, habida cuenta de que fueron aportadas en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del C.P.C, no se pude desconocer que la hermenéutica sobre la valoración de ese tipo de pruebas varío, de manera que en la actualidad pueden ser apreciadas libremente por la Sala.

11.1.1. Al respecto, se debe recordar que recientemente, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación siempre y cuando no se hubieran tachado de falsas a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.//Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(...) Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.(15)

11.1.2. Con fundamento en lo expuesto, los medios probatorios aducidos serán estimados para adoptar la decisión que corresponda en esta litis.

11.2. De otro lado, los accionantes adjuntaron al escrito inicial un recorte del periódico Hoy, diario del Magdalena, para efectos de que se tuvieran por demostrados los supuestos fácticos esbozados por ellos.

11.2.1. Se debe señalar que la Sala Plena de la corporación(16) indicó inicialmente que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(17).

11.2.2. Sin perjuicio de lo anterior, en un pronunciamiento más reciente, la misma Sala amplió la señalada regla para indicar que tales medios de prueba tienen plena validez probatoria sin necesidad de que otro elemento de prueba confirme su contenido, cuando (i) relaten aspectos relacionados con un hecho notorio, toda vez que éstos no requieres ser acreditados de conformidad con la normativa procesal civil de nuestro ordenamiento jurídico, y (ii) transcriben las declaraciones o comunicaciones de servidores públicos, en consideración a su investidura y posición -medios de convicción que serán valorados como pruebas documentales que pueden ser controvertidas- ampliación de la jurisprudencia de esta corporación que se da a la luz de aquella adoptada a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(18).

11.2.3. Con observancia de lo expuesto, se acogerán los precedentes reseñados y en consecuencia, la Sala acogerá el precedente reseñado y en consecuencia, dará valor probatorio al recorte de prensa indicado obrante en el folio 37 del cuaderno 1 del expediente, en la medida en que los hechos que allí se narran guardan correspondencia con las otras pruebas documentales aportadas al proceso.

11.3. Finalmente, en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció la muerte del señor Numan David Pabón Espinoza, se tienen dos declaraciones efectuadas durante este proceso contencioso administrativo por dos personas que no percibieron los acontecimientos a través de sus sentidos, sino que narraron lo que les comunicó la demandante Elpidia Isabel Espinoza de Pabón y lo que uno de ellos pudo observar del informativo administrativo 003/2005 -el cual, como ya se reseñó, será válidamente apreciado por la Sala más adelante-, por lo que la razón de la ciencia de su dicho es indirecta.

11.3.1. En este sentido, se cuenta con las declaraciones de los señores Ruth Bustamante y Eulice Vizcaíno Carrillo (fls. 79-82, cdno. 1), quienes afirmaron ser amigos de la accionante indicada y que a pesar de que no se encontraban en la escena de los hechos para el momento en que ocurrió el siniestro respectivo, ante la pregunta del apoderado de la parte demandante procedieron a narrar las circunstancias particulares del accidente aclarando que tal conocimiento lo habían adquirido de las fuentes descritas, declaraciones de oídas que si bien en principio pueden ser estimadas libremente por el operador judicial pertinente, toda vez que la actual postura de la jurisprudencia de esta sección ha permitido su valoración siempre que se cumplan con determinados criterios(19), también es cierto que tal valoración se torna inviable cuando la fuente del conocimiento indirecto vertido por esa clase de deponentes proviene de un integrante de alguna de las partes procesales.

11.3.2. Lo anterior, por cuanto considerar que se pueden apreciar testimonios de oídas cuya génesis es lo dicho por una de las partes equivaldría a valorar la apreciación de los hechos de dicho extremo del proceso frente a circunstancias que lo pueden llegar a beneficiar, como si hubieran sido percibidas por un tercero imparcial, teniendo en cuenta que tal posibilidad es contraria a la misma naturaleza de las declaraciones de terceros -prueba histórica o de reconstrucción de hechos(20)-, no tiene sustento normativo alguno, sería equivalente a afirmar que una parte procesal puede conformar un testimonio de oídas a voluntad por el simple hecho de trasladar su conocimiento a otra persona que no vaya a ser parte del conflicto y, frente a lo cual, cabe igualmente recordar que las manifestaciones de las partes de la litis sólo adquieren valor probatorio cuando se configuran en una confesión, la cual le debe producir efectos adversos al declarante o beneficiosos a su contraparte dentro del proceso(21).

11.3.3. De conformidad con todo lo expuesto, la Sala aclara que no es plausible valorar las declaraciones referenciadas en lo que tiene que ver con lo que les hubiese sido transmitido por la demandante Elpidia Isabel Pabón Espinoza, más no frente a lo que ellos hubiesen podido percibir por sí mismos, punto en el que se debe precisar que el hecho de que uno de los testigos hubiese tenido acceso al informativo sobre la muerte del policía Pabón Espinoza no habilita su testimonio al respecto, en consideración a que tal informe obra en el presente asunto y le es posible a la Sala valorarlo directamente, sin que para ello tenga que atenerse al juicio o estimación que de éste hubiese formulado el declarante respectivo.

III. Los hechos probados

12. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

12.1. El señor Numan David Pabón Espinoza laboró en la Policía Nacional desde el 25 de noviembre de 1996 hasta el 19 de diciembre de 2004, institución en la que ocupó el cargo de subintendente, hasta que fue retirado del servicio activo mediante Resolución 0504 del 18 de febrero de 2005 (original de la constancia expedida por el grupo de talento humano de la Policía Nacional, el 31 de enero de 2007 y dirigida al Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena; fl. 83, cdno. 1).

12.2. El 19 de diciembre de 2004, el mencionado subintendente de la Policía Nacional Numan David Pabón Espinoza fue designado con otro agente de policía para acompañar al alcalde del municipio de San Zenón, entre otros funcionarios de la administración municipal, con el fin de suministrar distintos abastecimientos a personas que se encontraban damnificadas por la ola invernal de la época, misión para la cual se conformó una comitiva de ocho personas y para cuya movilización se emplearon medios de transporte fluvial.

12.2.1. Una vez iniciadas las labores y alrededor de las 12:00 m., se comenzaron a movilizar en una canoa metálica, y entre los corregimientos El Palomar y Santa Teresa, a la misma se le comenzó a filtrar el agua del río por el que transitaban, lo que a la postre produjo su sumersión, evento en el falleció el aludido servidor como consecuencia de ahogamiento por inmersión, diagnóstico al que se arribó en la necropsia que se le practicó, en tanto se le encontró “agua en ambos pulmones. Se realiza prueba de inmersión de pulmones en agua saliendo positiva” (original del recorte de prensa de la sección judiciales, perteneciente al periódico Hoy, diario del Magdalena del 20 de diciembre del 2004, copia autenticada de la necropsia practicada por el Hospital San Juan de Dios Mompox, el 12 de diciembre de 2004, y copias simples del registro civil de defunción del señor Numan David Pabón Espinoza, de la minuta de novedades respectivo, y del informativo administrativo por muerte 003/2005, rendido por el comandante del departamento de policía del Magdalena; fls. 15, 33, 34-38, 73-76, cdno. 1).

12.2.2. En cuanto a los acontecimientos específicos en que ocurrió el siniestro señalado, obran dos pruebas documentales consistentes en lo consignado en minuta de novedades del departamento de policía y en el informativo administrativo por muerte 003/2005, rendido por el comandante del departamento de policía del Magdalena, las cuales se encuentran generalmente respaldadas por la noticia divulgada el 20 de diciembre de 2004, por el periódico Hoy, el diario del Magdalena. En la primera prueba reseñada, se registró que la embarcación respectiva tenía sobrecupo, lo que llevó a que los pasajeros se movieran durante el trayecto y se filtrara el agua, por lo que una vez sus pasajeros cayeron al río, el agente de policía Pabón Espinoza no pudo salir a la superficie y murió ahogado. Igualmente, se hizo especial referencia a que el cuerpo de la señalada víctima fue recuperado con la totalidad de su armamento, con excepción de un revolver y los cartuchos del mismo que portaba para la fecha. Al respecto, se hizo la siguiente anotación (fls. 25-32, cdno. 1):

19120415:00AnotaciónSe hace la presente anotación para dejar constancia de los hechos ocurridos el día de hoy siendo aproximadamente las 11:00 horas donde perdieron la vida los señores SI Cabarcas Pájaro Iván y SI. Pabón Espinoza Numan, los cuales se encontraban acompañando al señor alcalde municipal Dr. Jaime Martínez Martínez, escoltado por el señor PT. Piña Núñez Gregorio y una comitiva de la alcaldía con el fin de suministrar unos mercados a las personas damnificadas por la ola invernal en los corregimientos del municipio. Según lo manifestado por el escolta del alcalde PT. Piña Núñez, momento en que se desplazaban en una embarcación menor (canoa) metálica, sobre la ciénaga la Micada, ubicada entre los corregimientos de Palomar y Santa Teresa, los ocupantes de la embarcación debido al sobrecupo en que ésta se encontraba comenzaron a moverse lo cual hizo que le entrara agua a la embarcación, lo que pro (ilegible) que ésta se sumergiera en el agua, los ocupantes de la embarcación en medio (ilegible) desespero nadaron hasta la orilla de la ciénaga y se mantuvieron agarrados de los llamados tapones tarrullas hasta que fueron ayudados por pescadores que se acer (sic) acercaron al lugar, lastimosamente los policiales no contaron con la misma suerte ya que no pudieron salir a la superficies (sic) posteriormente fueron sacados del agua los cuerpos sin vida de ambos policías, junto con el armamento que portaban a excepción del revolver Smith Wesson cal 38 (…) con (06) cartuchos para el mismo, el cual (sic) momento de lo ocurrido era portado por el SI Pabón Espinoza Numán. Siendo aproximadamente las 14:30 horas fueron trasladados los cuerpos hasta las instalaciones de la estación para realizarles la inspección de cadáver la cual fue llevada a cabo por miembros de la unidad investigativa de la subsijin el Banco y seguidamente trasladados al vecino municipio de Mompox (Bol) fin realizarles la respectiva necropsia y llevarlos a sus ciudades de origen.

12.2.3. De otro lado, en el informativo de muerte aludido, el cual contó con múltiples pruebas entre las que se relacionó la declaración del alcalde del municipio de San Zenón y del PT. Gregorio Benjami Piña Núñez, quienes estuvieron presentes en el desenlace de los hechos, se resolvió calificar a la defunción del señor Pabón Espinoza como producida en el marco de la prestación de su servicio como agente de policía, toda vez que se encontraba “realizando actividades de participación comunitaria consistente en la entrega de mercados en la jurisdicción del municipio de San Zenón, Magdalena”, y al desplazarse con el grupo de asistencia encabezado por el alcalde del ente territorial señalado, “la embarcación naufraga por sobrepeso”, lo que causó su fallecimiento.

12.2.4. Sobre la sucesión de los hechos aducidos, se advirtió en esa oportunidad y a diferencia de lo mencionado en la minuta de la estación de policía, que el agua se empezó a colar en la lancha sin explicación alguna, de lo que se siguió que su conductor virara el medio de transporte en comento y los pasajeros se movieran en su interior, con lo que se facilitó que le entrara más agua, lo que finalmente permitió que se generara el accidente indicado. De otra parte, se añadió que los agentes de policía que fallecieron en los acontecimiento señalados, entre quienes se encontraba la mencionada víctima, no pudieron salvar su vida debido a que portaban material pesado, no llevaban chalecos salvavidas, y no sabían nadar. En esta medida, se destacó (fls. 35-38, 73-76):

HECHOS:

Origina el presente informativo, el informe suscrito por el señor CT. Holger Acevedo Pérez, de fecha 19 de diciembre del 2004, en donde se da a conocer los hechos en donde resultaran muertos los señores SI. Pabón Espinosa (sic) Numan y el si Cabarcas Pájaro Iván, que para la fecha 19-12-04, siendo las 07:00 horas se trasladó hacia el corregimiento Palomar una comitiva de 08 ocho personas encabezadas por el señor alcalde municipal (sic) San Zenón, PT. Piña Núñez Gregorio (escolta Alcalde) el tesorero municipal, la secretaria de la primera dama, fotógrafo de la alcaldía, Manuel Meza Colaborador y los señores Policiales en mención en una embarcación fuera de Borda. Luego cuando eran las 12:00 horas, después de llegar al corregimiento Palomar, realizaron un transbordo en una embarcación para trasladarse al corregimiento Santa Teresa, cuando se hallaban en el centro de la ciénaga la Micaela empezó a filtrarse agua a la canoa, se solicitó ayuda a otra canoa haciendo caso omiso, viendo esto el SI.Pabón sugirió que se regresaran a donde se habían embarcado, el conductor de la canoa viró hacia el centro en vez de la orilla ocasionando que las personas que iban se movieran y se llenara completamente de agua. En ese momento las personas que llevaban poco pesos (sic) nadaron hacia los tapones de la ciénaga ayudándose con ellos a mantenerse a flote, los señores policiales por llevar uniforme y botas, uzi y chaleco y no llevar chalecos salvavidas se hundieron, por no saber nadar los occisos en su aturdimiento empezaron a luchar por sus vidas, el PT. PIÑA tratando de salvarse y no querer ahogarse se sumergió hacia el fondo de la ciénaga saliendo a flote nuevamente, lastimosamente los dos subintendentes no corrieron con la misma suerte, ya que el no saber nadar los desesperó ocasionándoles la muerte.

12.3. Para el momento de ocurrencia del señalado accidente, el subintendente Numan David Pabón Espinoza devengaba como salario básico la suma de $921 744,00, y como ingreso total, incluyendo las primas propias del cargo que desempeñaba, el valor de $1 292 951,40 (original del certificado de ingresos del señor Pabón Espinoza para el mes de noviembre del 2004, expedido por la tesorería del Departamento de Policía del Magdalena; f. 23, c. 1).

IV. Problema jurídico

13. En la medida en que el presente asunto se encuentra en conocimiento de esta Corporación en virtud del grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 184 del C.C.A. -el cual se debe entender tramitado a favor de las entidades condenadas en las sentencia de primera instancia-, le corresponde a la Sala establecer si se configuran los elementos estructurales para declarar la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y del municipio de San Zenón, con ocasión de la muerte de Numan David Pabón Espinoza el 19 de diciembre de 2004.

13.1. Para el efecto, le corresponderá verificar si el daño se encuentra acreditado y le resulta imputable a las entidades demandadas, estudio en el que (i) se constatará el título de imputación que resultare acertado emplear para abordar el caso concreto; (ii) se dilucidará las circunstancias en las cuales ocurrió el suceso en comento, y (iii) se analizará si es plausible entender configurada alguna circunstancia en virtud de la cual se pueda absolverlas de responsabilidad, o que permita reducir la condena en caso de estimarse que la conducta de la víctima también hubiese contribuido eficientemente en la causación de su muerte, punto en el que no se puede perder de vista que el Ministerio Público consideró que no se encontraba debidamente acreditado el nexo de causalidad, y que esta Corporación resolvió improbar el acuerdo conciliatorio celebrado en esta instancia entre las partes -ver párrafos 6 a 6.2 y 8-.

13.2. Finalmente, en el evento en que se concluya la configuración de la responsabilidad de alguno o de ambos entes a favor de los cuales se tramitó la presente consulta, la Sala verificará que el quantum de la condena impuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena sea adecuada, de tal forma que se encuentre acorde a los medios de convicción obrantes en el plenario y a los criterios jurisprudenciales sentados sobre la materia.

V. Análisis de la Sala

14. Está fehacientemente acreditada la producción del daño objeto del libelo introductorio e invocado por los integrantes de la parte demandante, consistente en el fallecimiento del señor Numan David Pabón Espinoza el 19 de diciembre de 2004, como consecuencia de ahogamiento por inmersión —ver párrafo 12.2 a 12.2.4—.

15. En cuanto a la imputabilidad del daño mencionado a las integrantes del extremo pasivo del litigio, de manera previa a abordar la plausibilidad de acudir a cualquiera de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia de esta Corporación para efectos de verificar la posibilidad de atribuirles jurídicamente ese detrimento, se hace necesario determinar si entre éste y la conducta estatal asumida por ellas existe una conexión que viabilice dicha imputación jurídica, puesto que de no configurarse tal vínculo, lo que puede suceder cuando sus comportamientos no hubiesen tenido una incidencia eficiente y adecuada(22) en el desenlace de la consecuencia nociva en mención -carencia de nexo causal-, o cuando en su génesis interviene de manera exclusiva una causa extraña, se haría inane cualquier otra consideración al respecto.

15.1. Lo anterior, por cuanto el menoscabo producido provendría de una fuente distinta al comportamiento de las entidades demandadas, de manera que no se les podría enrostrar y tampoco les surgiría la obligación de resarcir los perjuicios derivados del mismo, situaciones que si bien no fueron argüidas en el sub lite por los entes demandados comoquiera que contestaron inoportunamente el libelo introductorio, ello no se constituye en un óbice para que el juez realice el respectivo análisis cuando pueda advertir su existencia(23) a partir de los medios probatorios obrantes en el proceso, máxime cuando el conocimiento del presente asunto se efectúa en lo que les resulte beneficioso a los órganos estatales condenados en primera instancia, y el artículo 164(24) del C.C.A. ordena que en la sentencia definitiva se debe decidir sobre todas las excepciones de fondo que se puedan encontrar demostradas, a pesar de que no hubiesen sido formuladas.

15.2. Teniendo en cuenta lo anterior, principia la Sala por delimitar el marco situacional en el que sucedió la muerte del señor Pabón Espinoza de conformidad con los medios probatorios obrantes en el plenario, punto en el que se debe efectuar una aclaración sobre las conclusiones a las que arribó el Tribunal de primera instancia al tener por acreditado lo expuesto por el municipio de San Zenón en su contestación extemporánea de la demanda.

15.3. Se observa que en la sentencia en consulta se incurrió en una contradicción al momento de dilucidar los acontecimientos que se tenían por acreditados para efectos de construir el juicio de responsabilidad correspondiente, toda vez que al abordar el motivo por el cual el agente de policía Numan David Pabón Espinoza se encontraba en la lancha que terminó por hundirse se acudió a lo que el municipio de San Zenón aseveró en su escrito de réplica de la demanda, no obstante el mismo hubiese sido allegado de manera inoportuna, para posteriormente reconocer que por dicho motivo no se habían decretado la práctica de los medios de convicción que éste solicitó durante el surtimiento de la primera instancia.

15. 4. Ciertamente, el hecho de haber obviado el libelo de contestación del ente territorial aludido debido a su presentación extemporánea, al punto de que justificadamente no se le permitiera ejercer su derecho a probar la ocurrencia de circunstancias a su favor con observancia del término preclusivo previsto para la intervención procesal de las partes del litigio(25), y que ulteriormente se hubiese tenido como demostrado en su contra lo que aseveró en ese escrito, no sólo resulta totalmente incoherente sino también vulneratorio de su derecho al debido proceso, en tanto inicialmente se le cercenó su derecho de defensa para luego utilizar su narración de lo ocurrido de manera opuesta a sus intereses.

15.5. De esta forma, la Sala se aparta de tal argumentación como basamento de la presente decisión, más aún cuando legalmente no es válido que entes como el municipio de San Zenón confiesen espontáneamente(26) y de tal forma, no es viable derivar de su contestación de la demanda o de cualquier otra de sus intervenciones a lo largo del proceso, hechos que le produzcan consecuencias jurídicas adversas o favorables a la parte demandante(27).

15.6. Ahora bien, a pesar de lo expuesto y de que no obstante el material probatorio obrante en el expediente sobre el aspecto en análisis -condiciones en que ocurrió el daño demandado- es muy escaso, en tanto se reduce a las pruebas documentales valoradas con anterioridad, la Sala puede colegir que el mismo resulta suficiente para concluir que en el despliegue de una labor de ayuda a personas damnificadas emprendida por el alcalde del municipio de San Zenón dentro de la jurisdicción de dicho ente territorial -lo cual resulta completamente afín a sus funciones de propender por el bienestar de la población que constitucional y legalmente le fue asignada como cabeza del mismo y como su primera autoridad de policía; ver artículos 2(28), 311(29), 314(30), 315(31) de la Constitución Política, 3(32) y 91(33) de la Ley 136 de 1994, 76(34) de la Ley 715 de 2001-, se le ordenó al subintendente Numan David Pabón Espinoza que prestara su acompañamiento y auxilio dentro del margen de la prestación del servicio público propio de la institución a la cual pertenecía -artículos 218(35) de la Constitución Política y 1(36) y 19(37) de la Ley 62 de 1993-, labor durante la cual se hundió el bote en el que se transportaba y ulteriormente se produjo su fallecimiento, de lo que se dilucida una evidente conexión entre el comportamiento de las dos entidades demandas con los acontecimientos en los que aquél perdió su vida.

15.7. En efecto, no se puede desconocer que fue en el marco de la ejecución de las cargas obligacionales de cada uno de los entes demandados que dicho detrimento tuvo lugar, para lo cual también cabe tener en cuenta que la defunción en comento fue calificada por la autoridad competente como ocurrida en ejercicio de las funciones radicadas sobre la Policía Nacional —ver párrafos 12.2 a 12.2.4—.

15.8. Partiendo de lo señalado, esto es, del vínculo existente entre la prestación del servicio estatal por parte de las dos entidades demandas con el fallecimiento del ahora occiso Pabón Espinoza, por cuanto se encuentra debidamente acreditado que éste murió mientras cumplía con sus labores en calidad de agente de la Policía Nacional bajo la dirección directa del municipio de San Zenón, conviene señalar que de los pocos elementos de convicción que fueron allegados al proceso no se advierte que en la generación del daño en comento hubiese intervenido de manera exclusiva o concurrente una causa extraña que permitiera proceder a denegar las pretensiones indemnizatorias de la demanda, o que posibilitara la reducción de la condena que se llegare a determinar por el hecho concurrencial de la víctima —lo que le correspondía demostrar a las entidades demandadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177(38) del C.P.C.—.

15.9. Por el contrario, de dichos elementos de convicción sólo es posible evidenciar que ambas estructuras estatales demandadas incurrieron en una deficiente ejecución de la tarea de ayuda a las personas desamparadas descrita, lo que desde la perspectiva de la causalidad adecuada, conllevó a que la embarcación respectiva naufragara y a que el servidor público en comento se ahogara.

15.10. Sobre la materia, conviene recordar que la causa extraña como eximente de responsabilidad, además de requerir de tres presupuestos estructurales para su configuración, los cuales se concretan en su imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad en relación con la parte demandada respecto a la cual se pretende imputar el daño, debe igualmente ser el origen exclusivo y adecuado de aquél, aspectos que requieren encontrarse debidamente demostrados en el proceso(39).

15.11. De esta manera, al estudiarse la ocurrencia de una causa extraña como excluyente de responsabilidad(40), se ha considerado necesario que la entidad que la invoque o que se beneficie de ella pruebe su imprevisibilidad e irresistibilidad(41), en el entendido de que cuando el suceso es previsible o resistible para ésta, se revela una falla del servicio, comoquiera que teniendo el deber legal de precaución y de protección, no previno o resistió el suceso pudiendo hacerlo. Conforme lo ha explicado la doctrina, sólo cuando el hecho o acto “ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(42). Así también lo han señalado los hermanos Mazeaud, cuando precisan que la causa extraña lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima”(43).

15.12. Con observancia de lo anterior, es evidente que de acuerdo a las pruebas arrimadas al plenario, no se advierte siquiera la sola presencia de una fuerza mayor que cumpla con las anteriores características, como lo sería un hecho de la naturaleza que no hubiera podido haber sido previsto y resistido por las entidades demandadas, y que de manera eficiente y exclusiva causara el daño objeto de la demanda, puesto que (i) la mayoría de quienes iban en la lancha pudieron salvar sus vidas, con excepción del agente estatal aducido, y (ii) sobre las circunstancias específicas del siniestro, sólo se tiene probado que el agua del río se empezó a filtrar en la embarcación mientras se efectuaba la labor humanitaria desplegada conjuntamente por los entes demandados, lo que produjo su sumersión y la caída al agua de sus pasajeros.

15.13. Por su parte, sobre la filtración de agua como causa exacta del hundimiento de la barcaza, teniendo en cuenta que al respecto existe una disparidad de los medios de convicción, puesto que, por una parte, se sostuvo que fue debido al sobrecupo en el que iba el medio de transporte en cuestión que las personas en su interior empezaron a moverse permitiendo que le entrara agua a la embarcación respectiva —minuta de novedades del departamento de policía correspondiente; ver párrafo 12.2.2—, mientras que de otro lado, se destacó que fue cuando le comenzó a entrar dicho líquido al navío que el lanchero hizo un movimiento que sacudió a sus pasajeros, lo que a su vez permitió que le ingresara más agua a la lancha —informativo 003/2005, rendido por el comandante del departamento de policía del Magdalena; ver párrafos 12.2.3 y 12.2.4—, la Sala observa que sin necesidad de entrar a dilucidar cuál de éstas dos hipótesis efectivamente acaeció, en ninguna ellas resulta posible identificar situaciones exógenas al Estado que cumplan con los requisitos de imprevisibilidad, irresistibilidad, exterioridad y eficiencia correspondientes, de tal forma que tampoco es posible identificar la configuración de una causa extraña consistente en un hecho de la víctima o de un tercero.

15.14. En el evento en que la lancha hubiese estado colmada de carga, lo que hubiera conllevado a que los pasajeros se movieran facilitando el ingreso de agua y produciéndose a la postre su sumersión, no se escapa a la Sala que dicho supuesto fáctico (i) parece poco probable; (ii) carece de mayores medios de prueba, en tanto únicamente se fundamenta en el solo dicho del PT. Piña Núñez, y (iii) tal situación habría tenido como génesis el que las entidades estatales encargadas de la misión sobrecargaran la nave excediendo sus posibilidades de movilización, por lo que su hundimiento era perfectamente previsible y por consiguiente, evitable, razones por las cual no sería posible derivar de dicha circunstancia un hecho de la víctima y de los pasajeros de la embarcación que se habrían movido en su interior, como causa eficiente del daño demandado.

15.15. En efecto, sin importar que en el caso concreto el naufragio se hubiera causado por el sobrecupo en sí o por el movimiento de las personas con ocasión de dicho sobrecupo -en ambos casos el origen del hundimiento sería el exceso de personas o materiales llevados en la lancha-, es evidente que a ambas entidades demandadas les resultaba fácil prever que llenar en demasía el medio de transporte podía producir dicha consecuencia, por lo que estaban en la posibilidad de adoptar medidas para impedirla —como por ejemplo, utilizar varios medios de transporte o emplear uno que pudiera movilizar mayor peso—, de tal forma que la situación en comento no ostenta las características de imprevisibilidad e irresistibilidad exigidas para poder determinar la existencia de las causas extrañas reseñadas y. en sentido opuesto, sería factible señalar que al utilizar una sola embarcación sin miramiento al peso que podía llevar, se constituye en una causa adecuada de su hundimiento.

15.16. En cuanto a la segunda hipótesis referida, de haberse empezado a filtrar el agua en la lancha, lo que habría llevado a su conductor a virarla de tal forma que movió a sus pasajeros, supuesto que a su vez facilitó la entrada de mayor cantidad de agua y ocasionó su inmersión, se debe arribar a la misma conclusión, puesto que en este evento tanto el ajetreo de las personas que ocupaban la embarcación como la subsiguiente entrada de más agua se habrían derivado de un actuar directo de su navegante, quien se encontraba bajo la dirección y control de las entidades demandadas(44), de tal forma que su hundimiento también les sería reprochable.

15.17. Igualmente, no se puede perder de vista que desde antes de lo expuesto, el agua ya se le habría comenzado a colar en la embarcación, lo cual se podía deber a su sobrecupo o a una imperfección de la misma, situaciones que también comprometerían la responsabilidad de los entes demandados y que a su vez, impedirían la configuración de las causas extrañas consistentes en el hecho de la víctima o de un tercero.

15.18. En este punto, se debe destacar que sí el navío hubiese presentado fallas estructurales intrínsecas que permitieran dicha filtración, éstas a todas luces le serían atribuibles a aquellos órganos integrantes de la parte pasiva del litigio, toda vez que a su cargo se encontraba el manejo de la barca empleada para transportar a los servidores públicos correspondientes por el río respectivo —actividad peligrosa—, puesto que a lo mucho ello se configuraría en un caso fortuito el cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, no tiene la potencialidad de constituirse en una verdadera causa extraña que exima de responsabilidad al Estado. Sobre la materia, esta corporación ha sostenido:

Además, se precisa que en cualquier régimen de responsabilidad de que se trate, la fuerza mayor exonera de responsabilidad, a diferencia del caso fortuito, que no exonera en todos los casos de la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que resulta relevante recabar sobre la distinción que en la jurisprudencia de la jurisdicción se ha adoptado sobre esos dos conceptos.

La fuerza mayor y el caso fortuito como eximentes de responsabilidad se identifican en el derecho privado, mientras que el administrativo les tiene demarcado sus efectos, y ello hace que no se refiera a estas dos hipótesis indistintamente. Esta diferencia la explica la doctrina nacional, con apoyo en la doctrina francesa así:

(...) Varios han sido los criterios ensayados en la jurisprudencia con base en la doctrina sobre la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor. Así, se ha dicho que: (i) el caso fortuito es un suceso interno, que por consiguiente ocurre dentro del campo de actividad del que causa el daño; mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo ajeno a esa actividad; (ii) hay caso fortuito cuando la causa del daño es desconocida; (iii) la esencia del caso fortuito está en la imprevisibilidad, y la de la fuerza mayor en la irresistibilidad, y (iv) el caso fortuito se relaciona con acontecimientos provenientes del hombre y la fuerza mayor a hechos producidos por la naturaleza(45).

Finalmente, la Sala adoptó el criterio, que hoy se reitera, de que la nota distintiva entre la fuerza mayor y el caso fortuito con el propósito de determinar si constituyen eximentes de la responsabilidad del Estado, radica en la posición que pueda señalarse al hecho en relación con la estructura de la actividad y así, en tanto que, para que haya fuerza mayor debe tratarse de un hecho externo a la actividad que desplegaba la entidad demandada en la situación concreta de la causación del daño, tratándose del caso fortuito ese hecho debe ser interno a la estructura o actividad de la Administración. La Sala ha considerado:

“Debe tenerse en cuenta, además, la distinción que la doctrina y la jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que, adquiere su mayor interés dentro del marco de la responsabilidad por riesgo excepcional. Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño”(46)(47).

15.19. Ahora bien, una vez descartada la posibilidad de que hubiese operado la configuración de cualquiera de las causas extrañas previstas en materia de responsabilidad patrimonial y, que en sentido opuesto, de conformidad con cualquiera de las hipótesis que se desprenden de los medos probatorios sea posible señalar que el hundimiento tuvo como causa el inadecuado desempeño de los entes demandados, la Sala observa que de manera adicional es posible advertir que éstas incurrieron en otras fallas en el servicio que conjunta y adecuadamente conllevaron a la causación del daño objeto de la demanda, de modo que el mismo les será imputado con fundamento en dicho título de imputación subjetivo, sin que sea factible invocar el régimen de responsabilidad objetivo del Estado basado en el riesgo excepcional.

15.20. De esta manera, se principia por observar que en la sentencia en consulta se incurrió en una contradicción respecto de la utilización del fundamento en virtud del cual se consideró que debían responder la demandadas, por cuanto indistintamente se hizo alusión a la teoría del riesgo excepcional —régimen de responsabilidad de carácter objetivo—, y al título de imputación subjetivo consistente en la falla del servicio, sobre lo que se impone precisar que no obstante se ha destacado la libertad del operador judicial para acudir a cualquiera de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia vigente(48), no se debe perder de vista que la utilización de dichos títulos obedece a diferentes aspectos fácticos que deben encontrarse demostrados, e implica una aproximación distinta a la atribución jurídica del deber de reparar que se puede radicar en cabeza del ente demandado, sin que los mismos resulten acumulables respecto del estudio de una misma conducta —como al parecer lo comprendió viable el tribunal de primera instancia—, comoquiera que son excluyentes entre sí.

15.21. Ciertamente, al invocarse el fundamento objetivo de riesgo excepcional en eventos en que se desarrolla una actividad peligrosa o por el uso de una cosa peligrosa —como el empleo de medios de transporte fluvial—, no se entra a calificar la conducta del ente demandado(49), sino que el daño que se causa por la concreción de un riesgo debe ser reparado por quien desarrolló dicha actividad o tuvo control sobre la cosa que implicaba el peligro, surgiendo de dicho vínculo la responsabilidad y para lo que debe estar acreditados todos los elementos constitutivos de la misma.

15.22. Ahora bien, sin importar que en la causación del daño hubiera intervenido el desarrollo de una actividad peligrosa o un objeto de esa índole, lo cierto es que de probarse el incumplimiento en el contenido obligacional por parte de la entidad demandada que se constituya en la causa eficiente del menoscabo aludido, el estudio del caso concreto en específico debe ser desarrollado conforme al título de imputación de falla en la prestación del servicio.

15.23. Lo anterior, con el fin de señalar el error cometido por la administración para prevenir que se vuelva a incurrir en el mismo(50), así como para evidenciar la posible repetición que pueda intentar el Estado contra el funcionario que lo ocasionó con culpa grave o dolo, lo que en últimas implica que el título objetivo resultaría desplazado por el fundamento subjetivo de responsabilidad, sin que sea factible la aplicación de ambos para sustentar una decisión de responsabilidad cuando se invocan del mismo hecho dañoso, puesto que la teoría del riesgo excepcional supone una actuación peligrosa pero lícita, mientras que la falla del servicio implica una conducta contraria al cumplimiento de los deberes asignados por la ley, es decir, una actuación u omisión ilícita. De manera similar, la Sala de esta Subsección ha aclarado:

11. En cuanto a la imputabilidad del daño mencionado a la parte demandada, se debe tener en cuenta que la sentencia de primera instancia indicó que el caso concreto debía abordarse bajo la óptica del riesgo excepcional. Si bien, se podría pensar viable dicha postura, esto es, analizar la responsabilidad extracontractual y patrimonial de la entidad demandada con fundamento en títulos objetivos de imputación como lo es el utilizado en la sentencia consultada, al comprobarse que el sub judice trata en rasgos generales de una muerte ocasionada con un arma de fuego de dotación oficial —ver párrafos 7.3 y 7.4, y nota 4—, conviene precisar que dicho criterio de imputación presupone que el daño demandado se hubiere concretado únicamente por el despliegue de un riesgo o peligro efectuado de manera lícita(51), apreciación dentro de la cual no resulta lógicamente compatible observar la presencia de falla alguna por parte de la administración, por cuanto de ser así, la responsabilidad debe deprecarse con fundamento en éste último título de imputación. En este sentido, se ha señalado:

En la actualidad, cuando se debate la responsabilidad del Estado por daños causados accidentalmente con el uso de armas de fuego, por regla general se aplica la teoría del riesgo excepcional(52); en efecto, la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es la manipulación de las armas de fuego de las cuales están dotadas algunas autoridades por razón de las funciones a ellas encomendadas, tales como la Policía Nacional, el D.A.S., o el Ejército Nacional, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales artefactos peligrosos.

Sin embargo, cuando se advierte que el daño no se produjo accidentalmente sino por un mal funcionamiento de la Administración, ello se debe poner de presente y el título de imputación bajo el cual se definirá el litigio será el de falla del servicio(53), en aras del cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que tiene el juez al definir la responsabilidad del Estado y con el fin de que éste pueda repetir contra el agente que dolosa o culposamente hubiere producido el daño, en caso de ser condenado a la correspondiente reparación.

En términos generales, la falla del servicio probada surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación -conducta activa u omisiva- del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual resulta de la labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las falencias en las cuales incurrió la Administración y se constituye en un juicio de reproche(54) (resaltado del original).(55)

15.24. Por su parte, se debe tener en cuenta que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal de los agentes de la fuerza pública profesionales constituye un riesgo propio de la actividad que los mismos ordinariamente despliegan, riesgo que se concreta, por vía de ejemplo, en los eventos en los cuales tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia, entre otras actuaciones realizadas en cumplimiento de operaciones o de misiones orientadas a la consecución de los fines que constitucional y legalmente concierne perseguir a la fuerza pública(56).

15.25. De allí que cuando dichos riesgos se deriven en un daño, en principio no resulta jurídicamente viable atribuirle al Estado responsabilidad extracontractual alguna en sede judicial, salvo en aquellos casos en los cuales se demuestre que la lesión o la muerte provengan del acaecimiento de una falla en el servicio o, de la materialización de un riesgo excepcional al cual se hubiere visto sometido el agente afectado, el cual deber ser de mayor entidad a aquel al que se encontraban expuestos sus demás compañeros, en tanto si bien resulta factible que algunos funcionarios del Estado puedan asumir de manera consciente y voluntaria la manifestación de ciertos riesgos de tal forma que los perjuicios que se deriven de éstos no le podrían ser enrostrados al aparato estatal para efectos de que surja su responsabilidad extracontractual, también es cierto que de ello no se sigue de manera irreflexiva que esos mismos servidores públicos deban soportar el menoscabo de sus derechos como consecuencia del incumplimiento del contenido obligacional de la entidad estatal respectiva o por la generación de un riesgo mayor al que aceptaron al comenzar a prestar el servicio correspondiente por lo que el mismo no sea soportado por los demás funcionarios públicos de la misma calidad, puesto que en dichos escenarios si se genera en cabeza de ésta la obligación de reparar integralmente a la víctima(57).

15.26. Con observancia del anterior marco dogmático, en el sub lite se tiene que además del deficiente empleó de la lancha que llevó a que la misma naufragara, sea porque fue sobrecargada, porque hubiese sido mal direccionada por su navegante, o porque presentara deficiencias internas que sólo hubieran sido advertidas cuando quienes se movilizaban en ella se encontraban en el centro del río, está igualmente demostrado que a los pasajeros involucrados en el siniestro no les fueron proporcionadas las medidas de seguridad propias para el desplazamiento correspondiente por parte de los encargados de su movilización, esto es, por el municipio de San Zenón y por la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, como lo era el porte de chalecos salvavidas cuya ausencia, adicionado al peso que cargaba el difunto para el momento de los hechos, impidió que flotara y que por ende, terminara por ahogarse, de tal forma que es posible imputar el daño demandado a las entidades señaladas a título de falla del servicio.

15.27. En efecto, teniendo en cuenta que se encuentra debidamente acreditado que los únicos dos difuntos del accidente señalado fueron la víctima y el otro agente de policía, quienes no sólo no llevaban medios para flotar sino que cargaban el peso adicional que les brindaba sus uniformes y el armamento que portaban, para la Sala es factible concluir que la omisión de las entidades estatales demandadas de proveerlos de chalecos salvavidas para el acompañamiento que les correspondía desplegar facilitó de manera adecuada que se causara el fallecimiento del señor Pabón Espinoza, puesto que es posible colegir que con el simple hecho de haberles brindado tales mecanismos hubiese impedido que permanecieran sumergidos, máxime cuando es viable inferir que no habían fuertes corrientes, en tanto los demás seis pasajeros que cayeron al agua pudieron mantenerse a flote por sí mismos y sujetarse de “los tapones de la ciénaga” correspondiente —ver párrafos 12.2 a 12.2.4—.

15.28. Igualmente, tampoco escapa a la Sala la falta de idoneidad de la víctima y del otro servidor público para haber sido asignados por parte de la Policía Nacional a la misión humanitaria desplegada por el municipio mencionado, en la medida en que en el informativo de muerte respectivo se admitió que ellos no sabían nadar, lo que a su vez devela que pese a que el occiso llevaba para el momento del siniestro aproximadamente siete años como servidor de dicha institución, no recibió por parte de la misma la instrucción adecuada que en eventos como el del sub judice, le habrían podido salvar la vida, fallas del servicio que igualmente se constituyen en causa adecuada del daño objeto de la demanda.

15.29. Ciertamente, para dicho órgano de la fuerza pública le era plausible dilucidar que el mantener y emplear personal no capacitado en actividades riesgosas, como lo es la movilización en lancha por un río, conllevaría a que éste fuese más vulnerable a ahogarse en caso de un accidente. Al respecto, esta corporación ha precisado que la falta de enseñanza adecuada en este tipo de situaciones se constituye en una falla del servicio, de la siguiente manera:

Al margen de lo anterior, preocupa a la Sala la argumentación presentada por la demandada, en tanto se afirmó que no existía ninguna responsabilidad pues, al no tratarse de una actividad propia de la vida castrense, la natación no hace parte de la instrucción que se deba brindar a los soldados, premisa que sugiere, veladamente, que la responsabilidad recae sobre la víctima, quien debió tener esta formación antes de ingresar a las filas.

Sobre este particular, contrario a lo afirmado por el Ejército Nacional, considera la Sala que la instrucción básica que deben recibir todos los miembros de la

Fuerza Pública debe incluir la natación como componente obligatorio, pues no es posible concebir que estos servidores, encargados de cumplir con funciones tan sensibles en materia de defensa y control del orden público, donde deben enfrentar labores operativas que implican superar condiciones geográficas que comprenden la existencia de diversos tipos de cuerpos de agua, deban ver limitadas sus posibilidades de acción por no saber nadar, peor aún, cuando la carencia de esta habilidad puede conllevar su propia muerte o la de sus compañeros(58).

15.30. En consecuencia, para la Sala es claro que tanto al municipio de San Zenón como a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional les era previsible la ocurrencia del naufragio correspondiente —más aún cuando su comportamiento incidió en provocarlo—, así como también lo era que el hecho de que la tripulación careciera de chalecos salvavidas podría originar que las personas que fueran abordo con un peso adicional y que no supieran nadar pudieran ahogarse, de tal forma que la defunción del señor Numan David Pabón Espinoza le es plenamente imputable a ambas.

15.31. En consecuencia, sin perjuicio de que la parte demandante podrá acudir ante cualquiera de los organismos integrantes de la parte demandada para percibir la totalidad de la condena que se procederá a estimar, la Sala considera pertinente aclarar en éste punto que cada una deberá asumir el 50% de la misma, habida cuenta de que su participación incidió en forma igual en el origen del daño objeto del libelo introductorio, para lo cual se debe tener en cuenta que de una parte, el municipio de San Zenón tenía la dirección directa del operativo y por ende, le correspondía en mayor medida y de manera específica verificar la idoneidad de la lancha empleada para transportar al personal correspondiente y asegurarse de que todos los pasajeros tuvieran chalecos salvavidas —lo que en cualquier caso no eximía por completo a la Policía Nacional de proceder de la misma manera—, y de otro lado, la Policía Nacional no debió designar al agente Pabón Espinoza para dicha misión, en tanto no sabía nadar y durante el largo lapso que duró adscrito al servicio público no le impartió la enseñanza correspondiente.

15.32. Finalmente, conviene señalar que el hecho de que se hubiese improbado un acuerdo conciliatorio durante el trámite de esta instancia no imposibilita que se llegue a la resolución de confirmar la sentencia condenatoria dictaminada en primera instancia en contra de las entidades demandas, en consideración a que el proferir ese tipo de decisiones no vinculan al juez al momento de fallar de manera definitiva el litigio en tanto se deciden asuntos desligados entre sí y, habida cuenta de que en ese momento se tomó la decisión que resultaba procedente debido a que se debían desplegar varias lucubraciones para dilucidar la responsabilidad del Estado correspondiente de acuerdo a los límites que existían para la valoración de los medios probatorios que obran en el plenario, lo que sólo podía hacerse al momento de proferir sentencia, restricciones que no atan la presente decisión(59).

VI. Liquidación de perjuicios

16. En la sentencia de primera instancia se reconoció indemnización por perjuicios morales a favor de las señoras Elpidia Espinoza de Pabón y Karina Patricia Bolaño Tette o de Pabón, en el equivalente a 50 s.m.m.l.v. para cada una, a favor de Yesid Eduardo Pabón Espinoza y Kaline Marizath Pabón Espinoza, en el equivalente a 15 s.m.m.l.v. para cada uno, y a favor de Eduard David Pabón Bolaño, Natalia Beatriz Pabón Bolaño y Samuel David Pabón Bolaño, en el equivalente a 100 s.m.m.l.v., para cada uno.

16.1. En cuanto a los detrimentos señalados cuya reparación se depreca, conviene aclarar que la Sala abandonó el criterio de remisión al oro para establecer la cuantificación de la reparación por el referenciado concepto de perjuicios, y señaló que ésta debe fijarse por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, motivo por el cual se procederá a determinar el quantum de la respectiva indemnización en moneda legal colombiana, partiendo de la base que esta corporación ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(60), como ocurre en los casos en el que se demanda indemnización por la muerte de un ser querido. Al respecto, se debe tener en cuenta que en reciente pronunciamiento, la Sala Plena de esta sección unificó su jurisprudencia con el objeto de establecer los parámetros a tener en cuenta al momento de estimar la cuantía de la indemnización de los perjuicios morales con ocasión del fallecimiento de un ser querido, en los siguientes términos:

Sea lo primero señalar, que procede la Sala a unificar la jurisprudencia en materia de reparación de perjuicios inmateriales; lo anterior, por cuanto la sección considera necesario y oportuno determinar los criterios generales que se deben tener en cuenta para la liquidación del mencionado perjuicio.

La parte actora solicita el reconocimiento de perjuicios morales en el equivalente en moneda nacional a 2.000 gramos de oro fino, para cada uno de los demandantes o quien o quienes sus derechos representen.

Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.

En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

(...).

Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva (Resaltado del original)(61).

16.2. De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que la condena impuesta en primera instancia se encuentra en conocimiento de esta jurisdicción en grado jurisdiccional de consulta y con observancia de que está demostrado que Numan David Pabón Espinoza era hijo de Elpidia Espinoza de Pabón, contrajo matrimonio con la señora Karina Patricia Bolaño Tette o de Pabón, de quienes son hijos Eduard David Pabón Bolaño, Natalia Beatriz Pabón Bolaño y Samuel David Pabón Bolaño, y que era hermano de Yesid Eduardo Pabón Espinoza y Kaline Marizath Pabón Espinoza (certificados de registro civiles de nacimiento y matrimonio respectivos; f. 14, 16, 17-21; c.1), se tiene que está debidamente acreditado el daño moral deprecado por los demandantes pero no resulta procedente reducir el quantum de las indemnizaciones respectivas, razón por la cual sólo se confirmaran los montos, esto es, el equivalente a 100 s.m.m.l.v. para cada uno de los hijos del occiso, a favor de su madre y cónyuge el equivalente a 50 sm.m.m.l.v. para cada una, y a favor de cada uno de sus hermanos la suma equivalente a 15 s.m.m.l.v.

17. En cuanto al reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante efectuado por el Tribunal a quo, el cual determinó como monto general de indemnización la cifra de $206 412 856,12 a favor de los demandantes Karina Patricia Bolaño Tette o de Pabón, en su calidad de cónyuge, y Eduard David Pabón Bolaño, Natalia Beatriz Pabón Bolaño y Samuel David Pabón Bolaño, en sus condiciones de hijos del señor Numan David Pabón Espinoza, se observa que está debidamente acreditado que éste de manera previa a su defunción, era el sustento económico de todos los accionantes referidos de conformidad con el dicho de los señores Ruth Bustamante(62) y Eulice Vizcaíno Baena(63) -amigos de la familia- (f. 77-80, c. 1), de tal forma que se encuentra debidamente acreditada la causación del detrimento en comento a cada uno de ellos y motivo por el cual, adecuadamente se resolvió hacerlos destinatarios del resarcimiento referido en la sentencia consultada.

17.1. Asimismo, la Sala advierte que el procedimiento de liquidación realizado en la decisión de primera instancia fue mayoritariamente acertado, en tanto se empleó como suma general para determinar las bases de liquidación de la cónyuge y de cada uno de los hijos, la totalidad de los ingresos que percibía el señor Numan David Pabón Espinoza para el momento de su fallecimiento, incluidas las primas pertinentes que devengaba, esto es, la suma de $1 292 951 -ver párrafo 12.3- , valor que se actualizó debidamente y al cual se le descontó el 25% que habría utilizado él difunto para sí mismo de haber seguido con vida.

7.2. A su vez, se utilizaron las fórmulas adecuadas para realizar las liquidaciones correspondientes, efectuándose una estimación del perjuicio tanto consolidado como futuro frente a cada uno de los actores aludidos, no obstante lo cual, la Sala observa que el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena incurrió en un error al estimar la indemnización del lucro cesante futuro de los hijos señalados, puesto que los indemnizó hasta la fecha en que cumplirían 18 años de edad, cuando jurisprudencialmente se ha aceptado que la época en que los hijos se independizan totalmente de sus padres es a los 25 años de edad, por lo que de haberse liquidado con el parámetro aludido les hubiese representado a Eduard David Pabón Bolaño, Natalia Beatriz Pabón Bolaño y Samuel David Pabón Bolaño una indemnización mayor, en tanto se les habría reconocido el resarcimiento de 7 años adicionales a los que efectivamente les fueron indemnizados.

17.3. Igualmente, se debe tener en cuenta que en la actualidad el acrecimiento en el reconocimiento de la indemnización del perjuicio en comento, lo que a todas luces llevaría al incremento de la indemnización concedida en la sentencia de primera instancia

17.4. Sin perjuicio de lo anterior, en consideración a que se conoce de este asunto únicamente en lo que les resulte beneficioso a las entidades condenadas, no es posible agravar la situación que les fue establecida en la sentencia de primera instancia y por consiguiente, no es posible aumentar la condena y, dado que tampoco se advierten otros yerros que permitan reducirla, se procederá únicamente a efectuar la actualización de los valores indemnizatorios reconocidos, para lo que se debe tener en cuenta que la cifra genérica de lucro cesante tanto consolidado como futuro a la que se arribó en la sentencia consultada corresponde, según la misma, a $129 733 232,5 en beneficio de Karina Patricia Bolaño Tette o de Pabón, $30 048 233,17 a favor de Samuel David Pabón Bolaño, $25 982 487,17 a favor de Natalia Beatriz Pabón Bolaño, y $20 648 903,17 en beneficio de Eduard David Pabón Bolaño.

17.5. De esta manera, con observancia de que en la sentencia de primera instancia se reconoció la suma de $129 733 232,5 m/cte a favor de Karina Patricia Bolaño Tette o de Pabón por el concepto en estudio, con la actualización realizada a la fecha de proferirse esa decisión, se procede a actualizar dicho monto desde ese momento de la siguiente manera:

oct
 

En donde:

Ra = renta actualizada

R = renta histórica

I Final = Último índice de precios al consumidor del mes conocido antes de que se profiera esta sentencia

I Inicial = Índice de precios al consumidor del mes de la sentencia de primera instancia

jun
 

17.6. Así las cosas, la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Karina Patricia Bolaño Tette o de Pabón, es de $181 924 308,46 m/cte.

17.7. De otro lado, en cuanto los hijos del occiso, esto es, Samuel David Pabón Bolaño, Natalia Beatriz Pabón Bolaño y Eduard David Pabón Bolaño, se reconocieron las sumas de $30 048 233,17, $25 982 487,17, $20 648 903,17, respectivamente, sumas que se actualizarán de la siguiente manera:

edua
 

17.8. En consecuencia, la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Samuel David Pabón Bolaño, Natalia Beatriz Pabón Bolaño y Eduard David Pabón Bolaño, es de $42 136 497,60 m/cte, $36 435 120,90 m/cte y $28 955 860,86 m/cte, correlativamente.

VII. Costas

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

19. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, el 25 de junio de 2008, la cual quedará así:

Primero: DECLARAR patrimonial, extracontractual y solidariamente responsables al municipio de San Zenón y a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, por los perjuicios causados a los integrantes de la parte demandante con ocasión de la muerte de Numan David Pabón Espinoza, en hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2004.

Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al municipio de San Zenón y a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional a indemnizar a las siguientes personas, de la siguiente manera:

A favor de Karina Patricia Bolaño Tette o de Pabón, la suma de ciento ochenta y un millones novecientos veinticuatro mil trescientos ocho pesos, con cuarenta y seis centavos ($181 924 308,46 m/cte), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, y la suma equivalente a 50 s.m.m.l.v., por concepto de perjuicios morales.

A favor de Samuel David Pabón Bolaño, la suma de cuarenta y dos millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos, con sesenta centavos ($42 136 497,60 m/cte) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, y la suma equivalente a 100 s.m.m.l.v., por concepto de perjuicios morales.

A favor de Natalia Beatriz Pabón Bolaño, la suma de treinta y seis millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento veinte pesos, con noventa centavos ($36 435 120,90 m/cte), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, y la suma equivalente a 100 s.m.m.l.v., por concepto de perjuicios morales.

A favor de Eduard David Pabón Bolaño, la suma de veintiocho millones novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta pesos, con ochenta y seis centavos ($28 955 860,86 m/cte), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, y la suma de 100 s.m.m.l.v., por concepto de perjuicios morales.

A favor de Elpdia Espinoza de Pabón el equivalente a 50 s.m.m.l.v., por concepto de perjuicios morales.

A favor de Yesid Eduardo Pabón Espinoza y Kaline Marizath Pabón Espinoza, el equivalente a 15 s.m.m.l.v., por concepto de perjuicios morales, para cada uno.

Tercero: DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

Cuarto: Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

Quinto: CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Sexto: EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

Séptimo: En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

10 En la demanda se estimó expresamente el valor de la mayor pretensión en la suma de $240 233 320, de acuerdo con los dispuesto en el numeral 2 del artículo 20 del C.P.C. antes de su reforma por la Ley 1395 de 2010 -ver cita posterior al párrafo 1. Con observancia de lo anterior, y de que se inició el trámite del grado jurisdiccional de consulta el 12 de mayo de 2009, es decir, luego de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos de conformidad con el artículo 2 del acuerdo PSAA06-3409 del 9 de mayo de 2006, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se aplica en este punto el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2005 fuese de doble instancia ante esta Corporación, su cuantía debía superar los 500 s.m.m.l.v. considerados para esa época, que equivalían al monto de $190 750 000, umbral que es sobrepasado en el caso concreto por la estimación que los accionantes efectuaron de su solicitud de mayor valor.

11 “Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.// La consulta (…) se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. (…) La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado”.

12 “Esta Ley rige desde su publicación. Salvo disposición en contrario, los recursos interpuestos (…) se regirán por las normas vigentes cuando se interpuso el recurso (…)”.

13 “En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren empezado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el términos, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación (…)”.

14 Si bien los artículos aludidos en las notas anteriores no mencionan expresamente el trámite del grado jurisdiccional de consulta, esta Corporación ha entendido que frente a la figura referida existe un vacío legal que debe ser suplido vía aplicación analógica de la Ley 446 de 1998, lo que ha sido señalado en múltiples providencias y reiterado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093-01 (21060), actor: Reinaldo Idárraga Valencia y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 2004, exp. 13108, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 31 de agosto de 2006, exp. 16765.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Ruben Darío Silva Alzate y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, exp. 11001-03-15-000-2011-01378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

17 Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza.// Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social.// Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub júdice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social.// Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. 11001-03-15-000-2014-00105-00(PI), C.P. Alberto Yepes Barreiro

19 “(...) como ocurre con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley, la valoración del testimonio de oídas deberá realizarla el juez de manera conjunta con los demás elementos probatorios que hubieren sido oportuna y regularmente acopiados en el proceso, con el agregado de que en estos casos debe tenerse especial cuidado para efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de evitar que los hechos a los cuales se les otorgue credibilidad resulten finalmente distorsionados por el proceso de comunicación a que se encuentra sometida una declaración de tal naturaleza, puesto que es evidente que el relato de los hechos que realizará el testigo de oídas no dirá relación con aquellos que él hubiere percibido de manera directa sino que se referirá a hechos respecto de los cuales tuvo conocimiento de manera indirecta, por la referencia o transmisión que sobre los mismos le hubiere efectuado otra persona.//Precisamente para evitar que los hechos lleguen alterados al conocimiento del juez, como resultado de la transmisión que ha de ocurrir acerca de la versión de su acaecimiento cuando el conocimiento sobre los mismos se obtiene a través de testimonios indirectos o de referencia, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos de importancia, i). las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii). las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii).- la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv).- la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, exp. 20001-23-31-000-1998-04127-01(17629), actor: Eudoro León Renoga y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 “Los artículo 213 a 232 del C. de P.C., son las disposiciones que regulan lo atinente al testimonio, modalidad probatoria que denomina ´Declaración de Terceros´, con lo cual se quiso dejar claro que es una especie del género probatorio que se llama ´declaración´, pues es lo cierto que son muchos los elementos comunes que existen con la ´declaración de parte´, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que personas naturales que no son parte dentro del proceso ilustren con sus relatos referentes a hechos que interesan al mismo, para efectos de llevar certeza al juez de las circunstancias que constituyen el objeto del proceso”. Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo III, Pruebas, Dupre Editores, Bogotá D.C. Colombia, 2001, p. 159.

21 Al respecto, no se puede perder de vista que las declaraciones formuladas por las partes sólo adquieren valor probatorio cuando se configuran en una confesión, para lo que cabe tener en cuenta que los cuestionamientos que se realizan por una parte a su contraparte son calificados por el juez para determinar si cumplen con los requisitos del artículo 195 del C.P.C., con el fin de que se pueda generar el medio de prueba contemplado en tal norma. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado: “El interrogatorio de las partes con fines de prueba persigue obtener su declaración sobre el conocimiento que tengan de los hechos que interesa al proceso, como fuente de confesiones, para formar el convencimiento del juez. (...) Confesión es un medio de prueba judicial, que consiste en una declaración de ciencia o conocimiento, expresa, terminante y seria, hecha conscientemente, sin coacciones que destruyan la voluntariedad del acto, por quien es parte en el proceso en que ocurre o es aducida, sobre hechos personales o sobre el reconocimiento de otros hechos, perjudiciales a quien la hace o a su representado, según el caso, o simplemente favorables a su contraparte en ese proceso. (...) La apreciación de la confesión tiene un triple aspecto: 1) determinar si existe confesión válida y si es judicial o extrajudicial; 2) determinar el contenido de la confesión, o sea cuáles son los hechos confesados; y 3) asignarle el mérito probatorio como instrumento de convicción respecto a la existencia o existencia de tales hechos”. Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Quinta Edición, p. 187, 212, 213, 219.

22 Sobre la teoría de la causalidad adecuada dentro del marco de la responsabilidad patrimonial extracontractual, la doctrina jurídica ha señalado: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (...)// b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit.(...)// El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (...)// A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?(...)// Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas.// La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento. (...)// d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala ORGAZ “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios.//Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73).// Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74).(...)// En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 22-27.

23 Se observa que una vez los medios de prueba son debida y oportunamente allegados al proceso, se constituyen en el fundamento de la respectiva decisión que adopte el juez de conformidad con lo dispuesto por el artículo 174 del C.P.C., teniendo en cuenta que su finalidad consiste en llevarle certeza sobre los hechos relacionados con el asunto objeto de estudio.

24 “En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.//En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada.//Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.//El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus”.

25 Artículo 118 del C.P.C.: “Los términos y oportunidades señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario”.

26 Artículo 194 del C.P.C.: “Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones (…). La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. (…) y es espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”.
Artículo 195 C.P.C.: “La confesión requiere: (…) 2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria (…)”.

27 Artículo 199 del C.P.C.: “No vale la confesión espontánea de los representantes judiciales de la nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales, los municipios y los establecimientos públicos”.

28 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...). Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

29 “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.

30 “En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio (...)”.

31 “Son atribuciones del alcalde: (...) 2. (...) El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente (...)”.

32 “Corresponde al municipio: (...) 5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley”.

33 “Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.//Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes://(...)//D) En relación con la Administración Municipal://(...)//19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria”.

34 “Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias://(…)//76.9. En prevención y atención de desastres Los municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán: //76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción.//(…)//76.11. Atención a grupos vulnerables Podrán establecer programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable, como la población infantil, ancianos, desplazados o madres cabeza de hogar”.

35 “La Ley organizará el cuerpo de policía.//La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. (...)”.

36 “La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia”.

37 “La Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades públicas y los derechos que de éstas se deriven, (...) de solidaridad entre la Policía y la comunidad”.

38 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), actor: Eduardo Rojas Quinche y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

40 Sentencia del 30 de noviembre de 2000, exp. 13329, actor: José Antonio Rincón Tobo, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En similar sentido ver sentencia del 11 de abril de 2002, exp. 73001-23-31-000-1995-2129-01(13122), actor: Jorge Avelino Torres Parra y otros, C.P. Alier Enríquez Hernández; sentencia del 30 de agosto de 2007, exp. 07001-23-31-000-1995-00004-01(15635), actor: Luz Marina Serrano Navas, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

41 “De manera que no estando probados los hechos a partir de los cuales el Tribunal a quo configuró la culpa exclusiva de la víctima, resulta no menos que contradictoria su decisión de exonerar de responsabilidad a la entidad pública demandada por virtud de esa causa extraña, toda vez que la falta de prueba de esos hechos no permite cosa distinta que concluir la inexistencia del supuesto fáctico alegado, así como la imposibilidad de verificar las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad en las que habría podido encontrarse la entidad pública demanda respecto de la forma en la cual el señor Alberto de Jesús Ramírez Zapata condujo la volqueta y, por ende, desde este punto de vista le asiste razón a los apelantes”. Sentencia del 16 de julio de 2008, exp. 66001-23-31-000-1995-03079-01(16344), actor: Miriam Mejía Ramírez y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

42 Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

43 Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, pags. 332 y 333.

44 Sobre la dirección y control de la actuación de un particular que puede llegar a radicarse en cabeza del Estado, por ser en ejecución de tareas estatales que el despliegue de dicho comportamiento es efectuado, y lo que puede suceder en el marco de una actividad peligrosa como lo es el empleo de un medio de transporte fluvial, la Sala ha señalado lo siguiente: “Adicionalmente, se considera necesario tener en cuenta la noción de guarda, en relación con la actividad peligrosa desarrollada. Es bien sabido que, en principio, el propietario de la actividad peligrosa o de la cosa con que ella se desarrolla se presume guardián de la misma. No obstante, en algunos eventos, puede demostrarse que la guarda había sido transferida, caso en el cual la responsabilidad del propietario puede desaparecer. Puede suceder, también, que exista una guarda compartida entre varias personas. En ese sentido, el profesor Tamayo Jaramillo explica que “el responsable de la actividad peligrosa... es quien tiene el poder intelectual de dirección y control, poder que puede estar en cabeza de varias personas naturales o jurídicas, las cuales pueden tener diferentes relaciones de hecho frente a la actividad”. (nota al pie n.º 4 de la sentencia en cita: “Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol 2., Santafé de Bogotá, 1996, p. 78.”) (...) Así las cosas, considera la Sala que los agentes del Estado antes mencionados tenían a su cargo la guarda de la actividad peligrosa, en ejercicio de la cual se produjo el accidente. En efecto, de ellos dependían la dirección y el control de la actividad, en el momento preciso en que sucedieron los hechos. Por esta razón, se concluye que el daño causado a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, al accidentarse el vehículo citado, es imputable a la entidad demandada.//Lo anterior debe ser entendido sin perjuicio de que pudiera llegar a considerarse que José Jairo Valencia León, en su condición de propietario y conductor del vehículo, tenía también a su cargo la guarda de la actividad desarrollada, lo que daría lugar a concluir que, en el presente caso, se ejercía una guarda conjunta sobre la misma. Este hecho, sin embargo, no impide que se condene a la entidad demandada a pagar el total de los perjuicios causados a los actores, teniendo en cuenta que daría lugar al surgimiento de una obligación solidaria, según lo dispuesto en el artículo 2.344 del Código Civil”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio del 2000, exp. 11842, actor: José Manuel Gutiérrez Sepúlveda y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

45 [13] Esos criterio fueron expuestos de manera amplia en sentencia de 16 de marzo de 2000, exp. 11.670.

46 [14] Sentencia de 16 de marzo de 2000, exp. 11.670, entre muchas otras.

47 Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, exp. 2000123310003406-01 (16289) Francisco Hernández Lizarazo y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

48 Al respecto, en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su motivación. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.

49 “Entrando en materia, en la actualidad, cuando se trata de DAÑOS CAUSADOS CON ARMAS PELIGROSAS, el título de la falla presunta lo revaluó la jurisprudencia de esta Sección, enfocándose en el título de riesgo por la actividad peligrosa. Dicho giro ha tenido su origen en las diferencias y en el manejo que ambos títulos jurídicos implican, pues la falla presunta supone respecto de la conducta la sola demostración del hecho dañoso, y quien lo imputa no tiene el deber de acreditar la anomalía (punto diferenciador con la falla probada), pero sí los otros elementos para la configuración de la responsabilidad: daño y nexo causal.
Por contraste, el tratamiento de la responsabilidad desde el título objetivo de imputación jurídica, parte respecto de la conducta de su no evaluación o calificación, “tan sólo de la peligrosidad (la relación que existe entre el nexo causal de la actividad peligrosa y el daño)” (nota n.° 2 de la sentencia que se cita: DE CUPIS. Adriano. El daño. Ed. Bosch. Reimpresión por Imprenta Universitaria de Bogotá. 1996. Pág. 716.); dicho título se deriva en el origen del riesgo que asume quien, por voluntad o deber, se atreve a manejar elementos que en su estructura y/o en su actividad conllevan peligro” (resaltado del original). Consejo de estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 73001-23-31-000-1997-04725-01(15127), actor: Mercedes Herrera y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

50 Al respecto, la Sala ha dicho: “Ahora bien, es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada con base en este título jurídico de imputación. Dicho en otros términos, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales, más aún, con el fin de que la administración adopte los correctivos que sean del caso para evitar situaciones vulneradoras que comprometan su responsabilidad nuevamente (nota n.° 12 de la sentencia en cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, exp. 25000-23-26-000-1997-03365-01(18271), actor: Myriam Roa Duarte y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”.)”. Consejo de Estado, sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2012, exp. 25000-23-26-000-2000-02130-01(24071), actor: Rosa Elena Herrera Carrillo y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

51 [8] “Como ya se expuso, cuando un daño se produce como consecuencia de la manipulación de un elemento peligroso, como lo son las armas de fuego, sin que medie una conducta reprochable de la Administración, por regla general se aplica la teoría del riesgo excepcional, en tanto que el daño constituye la materialización de un riesgo creado lícitamente por el Estado, en desarrollo de las competencias y deberes previstos a su cargo por el ordenamiento jurídico”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, exp. 05001-23-24-000-1994-02073-01(17927), actor: Elizabeth Pérez Sosa y otros, C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

52 [9] Hasta 1989, la jurisprudencia del Consejo de Estado resolvió los casos relacionados con daños causados por armas de dotación oficial a través de la falla del servicio probada -sentencia de octubre 21 de 1982- con alguna incursión en la presunción de culpa -sentencia de octubre 24 de 1975, Exp. 1631-. Pero en sentencia del 20 de febrero de ese año, Exp. 4655, el Consejo de Estado habló de falla del servicio presunta. En tal sentencia se dijo que el actor sólo debía acreditar que ha sufrido un perjuicio indemnizable y la existencia de una relación causal con el servicio y, por su parte, la Administración sólo podía exonerarse de toda responsabilidad si probaba que aunque el daño fue causado por un hecho a ella imputable, obró de tal manera prudente y diligente, que su actuación no puede calificarse como omisiva, imprudente o negligente, que dé lugar a comprometer su responsabilidad. Posteriormente se consideró que los daños producidos por cosas o actividades peligrosas, como el uso de armas de fuego de dotación oficial, debían analizarse bajo el régimen de presunción de responsabilidad -sentencias de agosto 24 de 1992, Exp. 6.754 y, de septiembre 16 de 1999, Exp. 10922- en el entendido de que la falla sólo habrá de presumirse en los eventos de responsabilidad médico hospitalaria. Más adelante, la Sala señaló que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo, posición que se mantiene en la actualidad -sentencias de julio 14 de 2004, Exp. 14308; de febrero 24 de 2005, Exp. 13967 y; de marzo 30 de 2006, Exp. 15441-.

53 [10] Al respecto existen abundantes antecedentes jurisprudenciales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de agosto 19 de 2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; marzo 10 de 2005, Exp. 14808, C.P. Germán Rodríguez y; abril 26 de 2006, Exp. 15427, C.P. Ruth Stella Correa.

54 [11] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, exp. 05001-23-24-000-1994-02073-01(17927), actor: Elizabeth Pérez Sosa y otros, C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 e mato de 2013, exp. 410001-23-31-000-1993-07422-01(31850), actor: Marco Tulio Mahecha y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

56 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2011, exp. 66001-23-31-000-1998-00241-01(18429), actor: María Doris Henao y otros, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01405-01(18950), actor: Segundo Gregorio Mosquera Forero y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 05001-23-24-000-1993-00169-01(19426), actor: Myriam Yaneth Ramirez Herrera, C.P. Enrique Gil Botero.

57 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de 2001, exp. 05001-23-31-000-1992-1670-01(12338), actor: Gladys Arango de Fernández y otro, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; y sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 47001-23-31-000-1993-03518-01(15459), actor: Francisco Javier Echavarría y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

58 Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2012, exp. 25000-23-26-000-2000-00066-01(27232), actor: Fredesminda Baquero Lasso y otros, C.P. Hernán Andrade Rincón.

59 “Al respecto, reitera la Sala que la revisión de legalidad cobra particular importancia en la aprobación del acuerdo conciliatorio a que llega el Estado, sin que dicho control, en modo alguno, suponga por parte de esta instancia un prejuzgamiento, debido a que no se anticipa concepto alguno sobre la legalidad de la actuación de la Administración, sino que dicha tarea se restringe a la revisión de la conciliación judicial en orden a verificar su entera sujeción al ordenamiento jurídico, situación que no se presenta en el sub lite, como quiera que no se cuenta con el material probatorio suficiente para concluir que el mencionado acuerdo se ajusta a la ley y no lesiona el patrimonio público”. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de enero de 2007, exp. 68001-23-11-000-1998-01307-01(31420), actor: Casimiro Francisco Arzuaga Guerra y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

60 “Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251), actor: Ana Rita Alarcón Vda. De Gutiérrez y otros, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

62 “PREGUNTADO: Diga la testigo si sabe y le consta que con la muerte de Numan David Pabón su mujer y sus hijos han sufrido perjuicios materiales porque éstos dependían del fallecido. CONTESTÓ: Si les ha causado daños materiales por lo que él era el sostén de su familia”.

63 “PREGUNTADO: Diga el testigo si sabe y le contra que con la muerte de Numan Pabón su mujer y sus hijos han sufridos perjuicios materiales porque éstos dependían económicamente del fallecido. CONTESTÓ: Si señora porque dependían del fallecido”.