Sentencia 2005-00981 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 2005-00981-01.

Consejera ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 5 de diciembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actora: Venus Colombiana S.A.

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

De los hechos de la demanda y de los documentos obrantes en el proceso, se tiene que la Administración Local de Aduanas de Cali, División de Fiscalización, formuló a Venus Colombiana S.A. el Requerimiento Especial Aduanero 05 070 2001 04 35 0351 de 28 de mayo de 2004, que dio origen a las resoluciones 109 de 13 de octubre de 2004 y 708 de 8 de febrero de 2005, actos administrativos acusados, mediante los cuales se expidió liquidación oficial de revisión de valor a las declaraciones de importación 2303503067153-2 de 4 de septiembre de 2002; 2303503067119-1 de 27 de agosto de 2002; 0137402061939-1 y 0137402061938-2 de 17 de septiembre de 2002; 0137402061940-8 de 18 de septiembre de 2002; y 2303503067234-0 y 2303503067235-8 de 25 de septiembre de 2002, por un valor total de $ 294.948.829.

La razón para expedir dicha liquidación oficial de revisión fue el hecho de encontrar que los precios declarados por las mercancías resultan por debajo del margen inferior del rango establecido por el director de aduanas en la Resolución 7010 de 19 de julio de 2002, para las subpartidas arancelarias 64.01.92.00.00; 64.04.11.10.00; 64.04.11.20.00; y 64.04.11.19.00, correspondientes a calzado.

La aplicación de dicha Resolución DIAN 7010 de 2002, “por la cual se establecen precios estimados”, fue objeto de calificación por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones mediante Resolución 710 de 21 de marzo de 2003, en razón a que Plasticaucho S.A. y Venus Colombiana S.A. (aquí demandante), tal como se lee en sus considerandos[1], le solicitaron que:

“… dictaminara que la aplicación, a productos originarios y provenientes del Ecuador, de la Resolución 7010 del 19 de julio de 2002, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) y publicada en el Diario Oficial 44879 del 26 de julio de 2002, por la cual se fijaron los “precios estimados” para ser utilizados como mecanismo de control de los precios declarados en la importación de varias clases de calzado, constituye un incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y, en especial, de los artículos 72, 74 y 84 del Acuerdo de Cartagena”.

La secretaría general de la CAN, en la citada Resolución 710, también consideró que:

“… en uso de la atribución prevista en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 54 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, corresponde a este órgano comunitario resolver si la medida adoptada por la República de Colombia constituye una restricción al comercio intrasubregional;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se informa que contra la presente resolución procede recurso de reconsideración, dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia” y, en consecuencia, resolvió:

ART. 1º—Determinar que la aplicación por parte de la República de Colombia de “precios estimados”, en la forma actualmente contenida en el Decreto 1161 de 31 de mayo de 2002, así como en las resoluciones 5973 de la DIAN del 25 de junio de 2002 y 9517 del 26 de septiembre de 2002, como mecanismo de control de los valores declarados en la importación de calzado originario de la subregión, constituye una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, que incide sobre la importación de productos originarios del territorio de los países miembros y les otorga un tratamiento menos favorable que al concedido a productos similares de origen nacional.

ART. 2º—De conformidad con el literal e) del artículo 55 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se concede a la República de Colombia un plazo máximo de quince (15) días calendario para el levantamiento de la restricción determinada en el artículo anterior para las importaciones originarias de los demás países miembros.

ART. 3º—Comuníquese a los países miembros y notifíquese a las empresas denunciantes la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.

En cumplimiento de lo anterior, el director de aduanas expidió la Resolución 2905 de 9 de abril de 2003, “Por la cual se limita la aplicación de unas resoluciones que establecen precios estimados”, mediante la cual resolvió[2]:

ART. 1º—Las resoluciones 7011 del 19 de julio de 2002, 9517 del 26 de septiembre de 2002; 10324 del 23 de octubre de 2002, 12481 del 24 de diciembre de 2002 y 0980 del 13 de febrero de 2003, por las que se establecen precios estimados para algunos productos, no son aplicables a las mercancías originarias de los países miembros de la Comunidad Andina.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación”.

Debido a que “… el 2 de julio de 2004, al amparo de los artículos 23, 24, 25 y 26 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 56 y siguientes del Reglamento de Procedimientos de la Secretaría General (Decisión 425), la sociedad Venus Colombiana S.A. solicitó que se emita dictamen motivado de incumplimiento, por parte de la República de Colombia, de los artículos 72 a 78 del Acuerdo de Cartagena y de la Resolución 710 del 21 de marzo de 2003. Según afirma la empresa recurrente, la DIAN de Colombia, a través de la Administración Local de Aduanas de Cali, División de Fiscalización, expidió el Requerimiento Especial Aduanero 05 070 2001 04 35 0351 que se basa en la aplicación del mecanismo de los “precios estimados”, que fue calificado como restricción por la Resolución 710 de la Secretaría General”, la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones expidió la Resolución 861 de 6 de octubre de 2004, mediante la cual resolvió[3]:

ART. 1º—Dictaminar que, al haber expedido el Requerimiento Especial Aduanero 05 070 2001 04 35 0351 de 28 de mayo de 2004, que señala entre sus fundamentos de hecho y de derecho que la controversia de valor en la etapa de inspección física realizada durante el proceso de importación de calzado originario del Ecuador se inició por aplicación del régimen de precios estimados, la República de Colombia aplicó una medida calificada previamente por la Secretaría General como “restricción” y como discriminatoria a los efectos del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, y en consecuencia incurrió en incumplimiento de los artículos 72, 75 y 77 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Resolución 710 de la Secretaría General.

ART. 2º—De conformidad con el literal f) del artículo 65 de la Decisión 425, se concede al Gobierno de Colombia un plazo final de diez (15) días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, para que ponga fin al incumplimiento dictaminado.

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Decisión 425, se señala que contra la presente resolución procede recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial.

“Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 425, comuníquese a los Países Miembros la presente resolución”.

Contra la anterior resolución la República de Colombia interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por Resolución 902 de 7 de febrero de 2005, en la que la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones consideró[4]:

“(…)

Que si bien la mencionada aplicación del mecanismo de precios estimados constituye un incumplimiento en los términos expuestos en el Dictamen 12-2004 y así se ratifica en la presente resolución, la Secretaría General considera que, en el presente caso, los efectos jurídicos de la irregularidad incurrida en el marco del específico procedimiento interno de fiscalización, deben ser evaluados por las propias instancias administrativas y judiciales internas. Debe tenerse presente que la empresa Venus Colombiana S.A. informó y presentó pruebas que demuestran que ha planteado y se encontrarían en trámite ante las autoridades administrativas colombianas recursos contra actuaciones derivadas del Requerimiento Especial Aduanero materia del Dictamen 12-2004. En consecuencia, corresponderá a las autoridades nacionales que estén conociendo los recursos contra las actuaciones derivadas del señalado Requerimiento Especial Aduanero determinar si la violación a la Resolución 710 de la Secretaría General puede dar o no lugar a vicios susceptibles de anular tales acusaciones;

“Que por lo anteriormente expuesto, el Dictamen 12-2004 incurrió en un error al haber concedido a la República de Colombia un plazo de 15 días para que ponga fin al incumplimiento. No obstante, la Secretaría General, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información al Gobierno de Colombia sobre los resultados del procedimiento originado con el Requerimiento Especial Aduanero 05070200104350351 de 28 de mayo de 2004; (subrayado fuera de texto)

“RESUELVE:

ART. 1º—Declarar parcialmente fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la República de Colombia y, en consecuencia, confirmar el artículo 1 y revocar el artículo 2º de la Resolución 861.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 425, comuníquese a los países miembros la presente resolución”.

De lo reseñado se evidencia que si bien es cierto que la Secretaría General de la Comunidad Andina, en últimas, consideró que en la Resolución 861 de 6 de octubre de 2004 incurrió en un error al haber otorgado a la República de Colombia un plazo de 15 días para que pusiera fin al incumplimiento de los artículos 72, 75 y 77 del Acuerdo de Cartagena y 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y al de la Resolución 710 de 2003 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por cuanto ello debe ser objeto de pronunciamiento de las autoridades administrativas y judiciales colombianas, lo cierto es que ratificó dicho incumplimiento, al haber aplicado la DIAN el régimen de precios estimados a la mercancía importada por la actora (calzado) del Ecuador, régimen que pese a que con anterioridad había sido calificado como una restricción al comercio intrasubregional, fue el fundamento de la DIAN para expedir el Requerimiento Especial Aduanero 05 070 2001 04 35 0351 de 28 de mayo de 2004, el cual dio origen a los actos administrativos aquí acusados.

Establecen los artículos citados:

Acuerdo de Cartagena:

ART. 72.—Se entenderá por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados.

Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un país miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral. No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la:

a) Protección de la moralidad pública;

b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad;

c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los demás artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre tránsito irrestricto vigentes entre los países miembros;

d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales;

e) Importación y exportación de oro y plata metálicos;

f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y

g) Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear”.

ART. 75.—El Programa de liberación será automático e irrevocable y comprenderá la universalidad de los productos, salvo las disposiciones de excepción establecidas en el presente acuerdo, para llegar a su liberación total en los plazos y modalidades que señala este acuerdo.

“Este programa se aplicará, en sus diferentes modalidades:

a) A los productos que sean objeto de programas de integración industrial;

b) A los productos incluidos en la lista común señalada en el artículo 4 del Tratado de Montevideo de 1960;

c) A los productos que no se producen en ningún país de la subregión, incluidos en la nómina correspondiente; y

d) A los productos no comprendidos en los literales anteriores”.

ART. 77.—Dentro del plazo señalado en el artículo anterior la comisión, a propuesta de la secretaría general, determinará los productos que serán reservados para programas sectoriales de desarrollo industrial.

Antes del 31 de octubre de 1978, la comisión, a propuesta de la secretaría general, aprobará una lista de productos que serán excluidos de la nómina de reserva para programación y reservará de entre los no producidos, sendas nóminas de productos para ser producidos en Bolivia y el Ecuador, señalando las condiciones y plazo de la reserva.

El 31 de diciembre de 1978 Colombia, Perú y Venezuela adoptarán para los productos de esta lista el punto de partida de que trata el literal a) del artículo 82 y eliminarán las restricciones de todo orden aplicables a la importación de dichos productos.

Los gravámenes restantes serán suprimidos mediante cinco reducciones anuales y sucesivas del diez, quince, veinte, veinticinco y treinta por ciento, la primera de las cuales se efectuará el 31 de diciembre de 1979.

Colombia, Perú y Venezuela eliminarán el 31 de diciembre de 1978 los gravámenes aplicables a las importaciones originarias de Bolivia y el Ecuador.

Bolivia y el Ecuador liberarán la importación de estos productos en la forma prevista en el literal b) del artículo 130 de este acuerdo.

Antes del 31 de diciembre de 1995, la comisión aprobará programas y proyectos de integración industrial con relación a los productos que hayan sido reservados para el efecto”.

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

ART. 4º—Los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”.

Como quiera que Colombia hace parte de la Comunidad Andina de Naciones, está obligada a acatar los anteriores preceptos, lo cual, según lo estableció la Secretaría General de la CAN, no hizo, al expedir el Requerimiento Especial Aduanero 05 070 2001 04 35 0351 de 28 de mayo de 2004, con fundamento en la aplicación del régimen de precios estimados a la mercancía importada del Ecuador por la actora, calificado previamente por ella como una restricción al comercio intrasubregional (Res. 710/2003).

Ahora, como lo observó el a quo, la regla general señalada en el numeral 4º de la nota interpretativa al artículo 6º del acuerdo, sobre valoración de la OMC, no resultaba aplicable en este caso, pues la cifra reportada como margen bruto para Plasticaucho Industrial S.A. sí concordaba con las que eran usuales en las ventas de mercancías de la misma especie o clase de la mercancía importada, efectuada por los productores en Ecuador, tal como lo certificó la directora regional encargada del servicio de rentas internas del Centro de Ecuador, y pese a que este documento fue aportado por Venus Colombiana S.A. al responder el requerimiento especial 351, no fue tenido en cuenta por la DIAN.

En cuanto a que la vinculación entre el vendedor Plasticaucho Industrial S.A. y la importadora Venus Colombiana S.A. sí influyó en el precio, debido a que los beneficios globales de esta última del año inmediatamente anterior no son los usuales en el sector, la Sala destaca que tal argumento se desvirtúa con el Oficio 118042004O000136 de 27 de febrero de 2004, mediante el cual la directora regional (E) del servicio de rentas internas del Centro (Ecuador), a la petición presentada por el gerente de Plasticaucho Industrial S.A. respondió:

“En relación con los oficios de fecha 2 de junio de 2003 y 29 de octubre de 2003, mediante los cuales el servicio de rentas internas informó los ratios de rentabilidad del sector de la industria manufacturera y de la compañía Plasticaucho Industrial S.A. PISA, me permito aclarar lo siguiente:

El margen bruto en ventas que se indicó, para el sector de la industria manufacturera, para Plasticaucho Industrial S.A. PISA, así como para los sectores de prendas de vestir, corresponde realmente al porcentaje del costo de ventas dividido para las ventas netas y no al de margen bruto en ventas.

En el oficio de octubre 29 de 2003 se corrigió el error mencionado en relación con Plasticaucho Industrial S.A. PISA, pero no en relación con el sector de la industria manufacturera ni en relación con los otros sectores. Por lo expuesto, nos permitimos certificar que el margen bruto en ventas para los sectores a que nos estamos refiriendo son:

Industria manufacturera:26.11
“Fabrica de prendas de vestir adobo y tejidos de pieles28.90
“Fabrica de prendas de vestir, excepto prendas de pieles30.31
Plasticaucho Industrial S.A. PISA:26.80”

 

Surge de lo anterior que si bien es cierto que entre la demandante Venus Colombiana S.A. y Plasticaucho Industrial S.A. existe vinculación, en cuanto la totalidad de los accionistas de la primera de las citadas son accionistas de la segunda, también lo es que la misma no influyó en el precio de venta de la mercancía adquirida por Venus Colombiana S.A. a Plasticaucho Industrial S.A., dado que el margen bruto en ventas para la industria manufacturera fue del 26.11%, en tanto que para Plasticaucho Industrial fue de 26.80%, conforme a la corrección proveniente de la Directora Regional del Servicio de Rentas Internas del Centro de Ecuador.

Además de lo anterior, la Sala destaca que en su recurso de apelación la DIAN expone como otro de los argumentos que demuestran que la vinculación existente entre Venus Colombiana S.A. y Plasticaucho Industrial S.A. sí influyó en el precio de la mercancía, fue el hecho de que “La parte actora tanto en la contestación del requerimiento especial aduanero como en la vía gubernativa señaló que el descuento de aproximadamente 5% otorgado por el proveedor estaba efectivamente demostrado, pero si se observan los antecedentes administrativos allegados y, específicamente en las facturas 0000784 del 29 de agosto de 2002 y 0000 del 22 de agosto del 2002, 0001104 del 05 de septiembre de 2002 y 0001116 del 19 de septiembre de 2002, no se encuentra en ellas el supuesto descuento obtenido del precio de la mercancía, incumpliendo de tal manera los presupuestos exigidos por la norma aduanera y de valor…”.

Sobre el particular, la Sala observa que al responder el requerimiento especial aduanero, Venus Colombiana S.A. señaló:

“El artículo 250 establece que para que se acepten los descuentos concedidos, éstos deben, entre otras, aparecer distinguidos en la factura comercial. Si bien es cierto que este caso … el descuento representado en el pago de los fletes por parte del proveedor no apareció distinguido en la factura comercial, también lo es que los tributos se pagaron incluyendo el valor de dichos fletes. Esta norma no autoriza ni regula la posibilidad de que por el hecho de que el proveedor asuma el pago de los fletes se entienda que el valor de transacción no está demostrado. Nótese que en todo caso, a pesar de que el proveedor pagó los fletes, éstos estuvieron soportados con los documentos de transporte”[5].

De igual manera, en el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 109 de 13 de octubre de 2004, sobre dicho aspecto sostuvo la demandante:

“El artículo 178 de la Resolución DIAN 4240 de 2000, en concordancia con la nota interpretativa al artículo 1º del acuerdo de valoración de la OMC, permiten, en los casos de vinculación entre exportador e importador, demostrar que la vinculación no influyó en el precio, demostrando, entre otras cosas, que con el precio declarado en la importación y el precio de reventa en Colombia, se recuperaron todos los gastos y costos y se obtuvo un beneficio. En el expediente está demostrado hasta la saciedad, y ha sido expresamente reconocido por la división de liquidación, que en este caso Venus Colombiana S.A. recuperó sus costos y obtuvo beneficios.

El artículo 183 de la Resolución 4240 de 2000 establece en definitiva que cuando no sea posible probar el valor de los fletes se descartará la aplicación del valor de transacción. En este caso el valor de los fletes se demostró plenamente con los documentos de transporte, los cuales no son objeto de cuestionamiento alguno. El hecho de que el valor de estos fletes haya sido asumido por el vendedor no impide establecer el valor de los mismos, razón por la cual no hay causa para, con este argumento, desconocer el valor de transacción pactado entre el exportador y el importador”.

De lo que ha quedado trascrito, advierte la Sala que ni en la respuesta al requerimiento especial aduanero ni en el recurso de reconsideración la demandante hizo alusión a que el descuento otorgado por la vendedora Plasticaucho S.A. se encontraba demostrado en las facturas comerciales, ya que, por el contrario, expresamente señaló que en las mismas tal descuento no apareció reflejado, pero que lo cierto es que los tributos se pagaron incluyendo el valor de los fletes, aspecto que, a juicio de la Sala, debió ser controvertido por la DIAN, por lo menos en la contestación de la demanda. Es de observar que el argumento en estudio, como ya se dijo, solo es traído a colación por la entidad demandada en el recurso, cuando debió esbozarlo al contestar la demanda, lo cual no ocurrió.

Concluye la Sala que la sentencia apelada debe confirmarse, pues el requerimiento especial aduanero fue expedido con fundamento en el mecanismo aduanero de control de precios denominado “precios estimados”, expresamente prohibido para los miembros de la Comunidad Andina; amén de que el método de valor de transacción sí le era aplicable a la demandante, al estar demostrado que la renta bruta declarada estaba dentro del margen certificado para el sector y la DIAN en manera alguna controvirtió el argumento del pago de los tributos correspondientes, incluyendo el valor de los fletes.

Ahora, es preciso resaltar que la Sala mediante auto para mejor proveer de 11 de noviembre de 2010, solicitó a la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la remisión del expediente “completo VG 2002 2002 0534 de 23 de agosto de 2002, tramitado ante dicha entidad, que según se afirma en la demanda, dio lugar a un acuerdo conciliatorio respecto de una sanción impuesta a las mismas partes de este proceso…”.

En respuesta a la solicitud la entidad demandada allegó copia del expediente VG-2002 2002 0534 de 23 de agosto de 2002, de cuyo examen se pudo constatar lo siguiente:

Que mediante requerimiento especial aduanero 518 de 10 de octubre de 2003, la Jefe de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Aduanas de Cali, formuló propuesta de liquidación oficial de revisión de valor para las declaraciones de importación 2303503067002-9 de 30 de julio de 2002; 2303503067013-1 de 2 de agosto de 2002; 2303503067049-4 de 13 de agosto de 2002 y 2303503067064-5 de 15 de agosto de 2002(1), siendo importador Venus Colombia S.A., aquí demandante, al encontrar que los precios declarados por las mercancías estaban por debajo del margen inferior del rango establecido en la Resolución 7010 de 19 de julio de 2002 de la DIAN.

A través de la Resolución 3 de 13 de febrero de 2004(2) se expidió la liquidación oficial de revisión de valor, en la que se estableció como mayores valores a pagar por concepto de IVA $ 94.969.701 y de sanción del 50% $ 296.780.311, decisión esta contra la cual la actora, Venus Colombia S.A., interpuso recurso de reconsideración(3).

No obstante, estando en trámite el citado recurso de reconsideración, la aquí demandante solicitó ante la DIAN la terminación por mutuo acuerdo de la actuación administrativa, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 863 de 29 de diciembre de 2003(4), “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”, expedida por el Gobierno Nacional, disposición que es del siguiente tenor:

ART. 39.—Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos. Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los usuarios aduaneros a quienes se les haya notificado o se les notifique hasta el 31 de marzo de 2004, requerimiento especial, pliego de cargos o liquidación oficial, podrán solicitar transar con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hasta el 30 de junio del año 2004, el sesenta por ciento (60%) del mayor impuesto discutido y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, como consecuencia del requerimiento especial, pliego de cargos o liquidación oficial, siempre y cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o usuario aduanero corrija su declaración privada y pague el cuarenta por ciento (40%) del mayor impuesto propuesto.

Para tal efecto, se deberá adjuntar la prueba del pago de la liquidación privada del impuesto sobre la renta por el año gravable 2002, del pago de la liquidación privada del impuesto o retención, según el caso, correspondiente al período materia de la discusión, y la del pago de los valores transados, según el caso.

Lo dispuesto en el presente artículo aplicará en igual forma para las sanciones impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por infracciones cambiarias, aduaneras o tributarias, pudiendo el particular conciliar en cualquiera de las etapas del proceso administrativo el sesenta por ciento (60%) del valor de la misma y su correspondiente actualización cuando haya lugar a ella, para lo cual se deberá pagar el cuarenta por ciento (40%) del valor de la sanción.

La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del estatuto tributario, y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en discusión.

Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 y 713 del estatuto tributario, se extenderán temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición.

En materia aduanera, la transacción aquí prevista no aplicará en relación con la definición de la situación jurídica de las mercancías.

La fórmula de transacción deberá acordarse y suscribirse a más tardar el día 31 de julio de 2004.

PAR.—La terminación por mutuo acuerdo podrá ser solicitada por aquellos que ostenten la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado”.

Lo anterior, pone de manifiesto que si bien en el expediente VG-2002 2002 0534 se ventiló, frente a la misma sociedad —Venus Colombia S.A.—, una situación similar a la que ahora ocupa la atención de la Sala, la que, como quedó visto, finalizó por mutuo acuerdo con la DIAN, por cuanto la actora se acogió a los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional a través de la Ley 863 de 29 de diciembre de 2003 a los contribuyentes y usuarios aduaneros, entre otros, no lo es menos que no puede considerarse que la conducta observada por aquélla y los argumentos esgrimidos por la administración en esa oportunidad, sirvan de soporte para dar por cierto los hechos objeto de la presente acción, como lo pretende la entidad demandada, pues se trata de actos administrativos diferentes, independientemente de que en ambos casos, la mercancía importada pertenezca al grupo de calzado plástico y de lona, procedente de Ecuador.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. TIÉNESE a la doctora Jacqueline E. Prada Ascencio, como apoderada de la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes a folios 9 a 21 del cuaderno del recurso.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

[1] Folio 86 del cuaderno principal.

[2] Folio 237 del cuaderno de antecedentes administrativos 2.

[3] Folio 96 del cuaderno principal.

[4] Folio 107 del cuaderno principal.

[5] Folio 199 del cuaderno de antecedentes administrativos 2.

(1) Folio 2388 del tomo 18B

(2) Folios 2381 a 2409, ibídem.

(3) Folios 2410 a 2434, ibídem.

(4) Folios 2448 y 2449, ibídem.