Sentencia 2005-00997 de enero 15 de 2009

 

Sentencia 2005-00997 de enero 15 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Expediente Número 11001-02-03-000-2005-00997-00

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., quince de enero de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Corte

1. Uno de los fines esenciales que cumple el derecho reside en el propósito de estabilizar las expectativas de quienes actúan en el espacio social guiados por las reglas que el ordenamiento establece.

Del mismo modo, el proceso como herramienta para dirimir las controversias entre los particulares, rige el comportamiento de quienes concurren en los dominios público y privado al amparo del concepto de relación jurídica, todo sobre la base de que una vez ha finalizado el juicio, la solución impuesta por la jurisdicción adquiere la virtud de ser definitiva, perentoria e intangible.

Así, cuando surge un conflicto entre intereses o hay una crisis de la relación jurídica, se autoriza a los interesados para que convoquen la intervención del Estado con el fin de que disipe la incertidumbre de los derechos, a través del ejercicio de la jurisdicción. En este contexto, el sistema jurídico no puede permitir, sin negarse a sí mismo, que una y otra vez los destinatarios del imperium de la jurisdicción, puedan levantarse contra lo decidido, pues ese regressus ad infinitum produce un estado de indeterminación que repugna a los fines estabilizadores del sistema jurídico.

Por lo que acaba de decirse, una vez ha sido clausurado el debate y se ha agotado la jurisdicción del Estado mediante la sentencia judicial con alcance de cosa juzgada, en principio, ninguna posibilidad subsiste de reabrir la controversia, pues aquella decisión definitiva provee a los individuos la expresión de la norma in concreto, como forma condensada y depurada de todo el ordenamiento jurídico, que sirve para la solución de la incertidumbre que ab initio hizo necesaria la intervención jurisdiccional.

Con todo, el propio sistema jurídico proporciona, por circunstancias excepcionales, que esa intangibilidad de las sentencias judiciales abra paso a un nuevo escrutinio de la actuación, por haber sido fruto de yerros cuya intensidad pone en peligro los altos postulados del derecho de defensa o por la presencia de inequidades intolerables de distinta naturaleza que el legislador se ocupa de regular expresamente como causales del recurso extraordinario de revisión.

2. Ahora bien, en lo que aquí concierne, ha de observarse que la sentencia cuya revisión se intenta quedó ejecutoriada el día 1º de septiembre de 2003. Por su parte, la demanda de revisión se presentó el día 12 de agosto de 2005, habiendo sido admitida mediante proveído de 16 de diciembre de 2005, mismo que se dio a conocer a los demandantes por anotación en el estado de 11 de enero de 2006. Sin embargo, la notificación personal del auto admisorio a Sofía Salgado Vda. de Garzón solamente se logró el 17 de abril de 2008.

A ese respecto, es menester recordar que apenas el 12 de julio de 2006 —más de 5 meses después de admitida la demanda— los demandantes sufragaron las expensas para realizar la notificación de Sofía Salgado Vda. de Garzón (fl. 157) y solo hasta el 22 de noviembre de 2006 solicitaron la elaboración de la comunicación prevista en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil (fl. 164), la cual remitieron por correo certificado el 28 de diciembre de 2006 (fl. 165).

Luego, con fundamento en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y en memorial allegado el 26 de marzo de 2007, solicitaron la elaboración del aviso de notificación a la demandada (fl. 167), y el 23 de abril de 2007 remitieron tal escrito, mismo que se había elaborado y retirado desde el 13 de abril de esa anualidad.

Como los reportes de las empresas de correo a través de las cuales se envió el mencionado aviso, indicaron que el “destinatario [era] desconocido” y que “la dirección no se encontró” (fl. 169), el 10 de julio de 2007 los demandantes solicitaron el emplazamiento de Sofía Salgado Vda. de Garzón, petición que negó la Corte por la incoherencia de dichos informes. Por ende, el 26 de julio de 2007 se ordenó nuevamente el envío del aviso de comunicación a la demandada, lo cual se realizó el 25 de octubre de 2007 (fl. 175), orden que se reiteró en auto de 3 de diciembre de 2007 y que fue cumplida el 26 de febrero de 2008. Finalmente, Sofía Salgado Vda. de Garzón, por conducto de apoderado, concurrió al despacho el 17 de abril de 2008 y recibió los anexos de la demanda.

Según puede observarse, la parte demandante, por demoras que le son del todo atribuibles, no logró la notificación de la demandada dentro del término de un año previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, entre otras cosas, porque tardó un tiempo más que razonable —superior a 5 meses— para gestionar el aviso de comunicación del artículo 315 ibídem, e hizo lo propio para enviarlo, lo cual ocurrió después de 10 meses de haberse admitido la demanda. Amén de ello, los demandantes tardaron casi 3 meses para solicitar la elaboración del aviso de notificación que regula el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y un mes más para remitirlo. Toda esa parsimonia, que también caracterizó los actos tendientes al emplazamiento de Sofía Salgado Vda. de Garzón, deja ver que los recurrentes en revisión incumplieron la carga de notificar oportunamente a la demandada, a pesar de los efectos que tal omisión aparejaba.

3. En esas condiciones, la presentación de la demanda fue inútil para impedir la caducidad del recurso de revisión, pues como reza el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, tal acto “interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado”.

Bajo esta perspectiva, a la luz del artículo 381 ibídem, como se invocó la causal 1ª del artículo 380 de esa misma normatividad y esta tiene una caducidad de dos años contados desde la ejecutoria de la sentencia, es evidente que desde que este fenómeno ocurrió (sep. 1º/2003) hasta la notificación del auto admisorio de la demanda de revisión (abr. 17/2008), pasaron más de cuatro años, sin que en el ínterin se hubiese interrumpido dicho término, razón por la cual ha de concluirse que operó la caducidad de la acción de revisión, circunstancia que da al traste con las aspiraciones del demandante.

Ha de tenerse en cuenta, al respecto, que “si para interponer el recurso de revisión la ley fija términos de caducidad, al punto que si la demanda no se presenta en el término legal, esta, sin más trámite, debe ser rechazada, como lo dispone el artículo 383, in fine, del Código de Procedimiento Civil, con mayor razón habría que hacerlo cuando, introducido el recurso oportunamente, la parte interesada no hubiere cumplido con las cargas previstas en el artículo 90, ibídem, con la reforma que le introdujo el Decreto 2282 de 1989, a efectos de impedir que la caducidad se produzca.

Esto último, porque como lo tiene explicado la Corte, la ‘revisión es en el fondo un verdadero proceso y, como tal, llama la aplicación de la regla general a que alude la consabida disposición legal. A la verdad, el cuestionamiento que a través de ella se ejerce presenta aristas tan particulares que, sin dejar de ser un modo de impugnar una decisión jurisdiccional —al fin y al cabo es la propia ley la que lo consagra como tal— lo aleja de la reglamentación común y ordinaria que atañe a los recursos en general, y más bien da la idea de estructurarse como un nuevo proceso, autónomo e independiente de aquel que concluyó con la sentencia que precisamente combate, razones que sirvieron de base para que la jurisprudencia denotara que tal concepción rima perfectamente con el ordenamiento jurídico patrio, no solo por la idea finalística de la revisión, entendida ‘como remedio extraordinario para conseguir la anulación de una sentencia ejecutoriada, la que por tanto presupone la total extinción de la acción en que tal providencia se profirió’, sino en cuanto que ‘para proveer sobre la pretensión impugnatoria deducida en este recurso extraordinario es menester realizar una serie concatenada de actos, que es lo que caracteriza al proceso’ (CXLVI, pág. 91)” (1) .

De ahí que en el mismo antecedente se haya concluido que si de ‘entrada se advierte que la caducidad ya está consumada, el juzgador deberá rechazar in limine la impugnación’. Pero si no lo está, para que la presentación oportuna de la demanda impida que el término de caducidad continúe corriendo, al recurrente le corresponde cumplir la ‘carga de notificación al demandado dentro del término del artículo 90’ del Código de Procedimiento Civil, pues si la inobserva, ‘pierde la presentación de la demanda aquel efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendrá sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hipótesis esta que alude a una consumación de caducidad sobreviniente, la que por razones obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que concluya el trámite de la revisión’...” (Sent. de Rev. de oct. 18/2006, exp. 7700).

De ello se sigue que si bien la demanda de revisión fue tempestiva, el incumplimiento de la carga prevista en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, hizo que caducara la presente acción.

4. En consecuencia, se declarará infundado el recurso aquí analizado, pues se superó con creces el término de caducidad previsto en el numeral 1° del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por Pedro José y José Teodulfo Prada Beltrán contra la sentencia dictada el 13 de agosto de 2003 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, cuando conoció del recurso de apelación propuesto contra la sentencia dictada el 4 de octubre de 2002 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, como cierre del proceso ordinario promovido por los demandantes en revisión contra Sofía Salgado Vda. Garzón.

CONDENAR a los recurrentes al pago de las costas y los perjuicios ocasionados con ocasión del presente trámite, como manda el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil; liquídense en su oportunidad.

ENTÉRESE de lo aquí decidido a la aseguradora garante, para los efectos que son de su incumbencia.

DEVUÉLVASE el expediente a la oficina de origen.»

(1) Vid. Sentencia 071 de 21 de agosto de 1998, CCVL-413.

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