Sentencia 2005-01066/42598 de mayo 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 70001-23-31-000-2005-01066-02(42598)

Actor: Bonifacio Román Parra Contreras

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Ref.: Acción de reparación directa - Apelación sentencia

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: Consideraciones

I. Competencia.

22. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía supera la exigida por la norma para el efecto(2), teniendo en cuenta que aquella es aplicable al asunto porque el recurso de apelación fue presentado el 11 de octubre de 2011.

II. Validez de los medios de prueba.

23. En el proceso obran algunos documentos en copias simples aportados por ambas partes. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias sólo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, recientemente la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos, en los siguientes términos:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.N., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(…)

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho) (…).

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia —en los procesos ordinarios— la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes (…)(3).

24. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida es posible valorar los documentos aportados en copia simple para efectos de verificar los supuestos fácticos del caso, teniendo en cuenta que las parte no los tacharon de falso.

25. Adicionalmente, con la demanda se aportaron sendos recortes de prensa titulados “explosión y reacción”, del diario El Meridiano del 26 de mayo de 2003 (fls. 19-20, cdno. 1); “Combates en las goteras de Sincelejo”, de diario y fecha desconocidas (fls. 21, 67, cdno. 1); “Combates en las goteras de Sincelejo”, del diario el Universal del 11 de febrero de 2003 (fl. 66, cdno. 1); y “Granja integral: alternativa de producción” del diario El Meridiano de 3 de febrero de 2003 (fls. 62-63, cdno. 1).

26. Respecto del valor probatorio de dichos documentos, el 14 de julio de 2015 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado modificó la jurisprudencia vigente al respecto(4) y dispuso lo siguiente(5):

La regla general que se ha venido aplicando desde 2012 por esta Corporación, señala que los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas, noticias que aparecen en los diversos medios de comunicación tiene valor probatorio si en conjunto con otros medios de prueba, permiten determinar o corroborar hechos alegados en el respectivo proceso.

Por sí solos, entonces, solo sirven para determinar que un hecho se registró, sin que puedan tenerse como prueba de lo que en ellos se dice reproducir(6).

(…)

Es decir, hasta la fecha se ha diferenciado entre la publicación en sí misma considerada y lo que en ella se divulga, para restarle valor probatorio a lo que en ella se registra sino (sic) está acompañada de otros medios probatorios.

(…)

La regla expuesta será reiterada por la Sala Plena Contenciosa en esta ocasión, pero a partir de esta decisión, aquella será complementada en estos dos eventos: i) cuando en dichos medios se reproducen hechos públicos y/o notorios y ii) cuando en ellos se reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos, Vgr. Congresistas, Presidente de la República, ministros, alcaldes, gobernadores, etc.

Estas excepciones son las mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia(7) y que en razón de su relevancia e importancia, serán acogidas por la Sala Plena de lo Contencioso a partir de esta decisión.

En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro.

De esta manera, la Sala Plena Contenciosa adiciona y complementa la postura que, hasta la fecha de esta decisión, solo reconocía a los reportajes, entrevistas, crónicas registradas en los diferentes medio[s] de comunicación valor probatorio si, en conjunto con otras pruebas, le permitían al funcionario judicial llegar a la convicción sobre la veracidad del hecho registrado en ellos(8).

27. La Sala considera que es preciso negar todo valor probatorio al segundo de los documentos referidos, en la medida en que se desconoce con exactitud quién fue el autor de la nota periodística, así como la fecha en la que fue expedida. Efectivamente, si bien en cada una de las copias aportadas del mismo documento se escribió “febrero 11 de 2003 El Meridiano de Sucre” y “El Universal 11 de febrero de 2002”, no puede otorgársele ningún valor a dichas anotaciones manuscritas, teniendo en cuenta que fueron agregadas por el actor y no son originales del texto. Adicionalmente, ambas son contradictorias en cuanto al medio periodístico en donde circuló el artículo citado. En esas condiciones el documento no puede considerarse un verdadero recorte de prensa, susceptible de ser valorado en los términos de la providencia antedicha, pues se desconoce si realmente fue publicado en medios de comunicación o si simplemente se trata de un documento privado, de fuente y fecha desconocidos.

28. En cuando a los demás medios de prueba reseñados deberán valorarse siempre que sean contestes con las demás pruebas obrantes en el expediente. Adicionalmente, según la sentencia de unificación atrás referida, debe dársele valor probatorio, según las reglas de la sana crítica, a la declaración que rinde el comandante de Policía de Sucre dentro del artículo “Explosión y reacción”, quien adujo: “[l]os guerrilleros fueron sorprendidos a caballo en la región de El Yeso y los explosivos y otros materiales que llevaban en las bestias son los mismos que se utilizaron para el ataque realizado contra la finca El Paraíso, lo cual nos confirma su participación en el hecho”.

29. De otro lado, obran en el expediente algunas pruebas que fueron practicadas en el proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación para investigar los hechos de los que fue víctima el señor Parra, tanto el 21 de marzo de 2001, como el 9 de febrero de 2003. Al respecto, cabe recordar que el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo señalado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

30. De conformidad con lo anterior, es posible darle valor a los medios de convicción practicados dentro del referido proceso penal, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la Nación, entidad demandada dentro del proceso de la referencia a través de sus representantes el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

31. A su vez, la parte demandante aportó dos videos en formato VHS. El primero de ellos se trata de una presunta grabación del estado en el cual quedó la finca “El Paraíso”, supuestamente captada por Noticias Caracol el 24 de mayo de 2003, la cual, según una anotación agregada al medio audiovisual, fue presentada en la emisión del 26 del mismo mes y año —sin que haya una constancia de dicho hecho—. El segundo video comporta una grabación presuntamente realizada por la fundación Gavota y la Asociación de Paneleros de Sucre, el 21 de noviembre de 2001, que da cuenta del funcionamiento agropecuario del predio del demandante.

32. Si bien la jurisprudencia de esta Subsección ha valorado este tipo de elementos como documentos privados(9), lo cierto es que, en este caso, a los videos aportados no puede otorgársele ningún valor probatorio. Efectivamente, tras visualizarlos, se tiene que no se identificaron las personas que realizaron las distintas tomas y fungieron como narradoras o que participaron en ellas. En el mismo sentido, se desconocen las fechas en las que fueron grabados —pues no basta para el efecto con las constancias realizadas por el actor, ni con las anotaciones realizadas mediante edición a los medios audiovisuales— y no hay certeza que el lugar de las grabaciones en efecto corresponda al predio del señor Parra “El Paraíso”.

33. Finalmente, debe recordarse que los documentos aportados con la adición de la demanda no pueden ser valorados, en la medida en que dicha adición fue rechazada expresamente por el a quo, mediante auto del 26 de junio de 2008 (fls. 181-184, cdno. 1), sin que tampoco fueran decretados como pruebas en la providencia del 23 de octubre del mismo año (fls. 186-189, cdno. 1).

III. Hechos probados.

34. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes para la litis(10):

35. El señor Bonifacio Román Parra Contreras es propietario de un predio rural denominado “La Quinta Nº 2” o “El Paraíso”, en el municipio de Sincelejo —Sucre—, identificado con el número de matrícula 340 71238, que según la escritura pública allegada al expediente tiene “una cabida de once hectáreas seis mil quinientos metros cuadrados (11-6566) que se identifica por los siguientes linderos generales: Norte: Con predio de Raúl Jiménez y predio del grupo Buenos Aires adjudicatarios del Incora manga en medio; Oriente: Con la Parcela Nº 1 de José de los Santos Gómez. Sur: Con predio La Quinta adjudicatarios del Incora parcela de Eduardo Antonio Vilola, manga en medio, zona del lago comunicatorio y parcela Nº 4 de Luis Felipe Zabala y Occidente: Con carreteable (sic) Sincelejo-Brisas del Mar (…)”. Dicho bien fue adquirido por compraventa celebrada con los señores José Rafael Sierra Julio, Nelcy del Socorro Suárez Romero, Ángel Custodio Padilla Ramos y Maritza Isabel Salcedo Tovar, elevada a escritura pública el 18 de marzo de 1999 (copia del folio de matrícula inmobiliaria del bien referido, f. 38, cdno. 1; copia auténtica de la escritura pública 532, fls. 40-41, cdno. 1).

36. En una fecha indeterminada, se detonaron en el predio rural El Paraíso unos artefactos explosivos. Con el fin de establecer los daños causados, el 6 de julio de 2004 el Tribunal Administrativo de Sucre practicó una inspección judicial como prueba anticipada y señaló lo siguiente (acta diligencia aprobada por los intervinientes para el expediente 2003-01576, fls. 54-58, cdno. 1):

(…) Una vez se arribó al sitio, predio denominado “Finca El Paraíso”, vereda Buenos Aíres, corregimiento de La Peñata, compresión del municipio de Sincelejo, ubicado en cercanía al barrio Villa Katy, que según se informó está habitado por familias desplazadas (…). Se trata de un predio rural de aproximadamente unas 11 a 12 Has. de superficie, al que se accede por la vía que de Sincelejo conduce al Corregimiento de Tumbatoro, del Municipio de Morroa - Sucre. Como primer punto de constatación estuvo un área de aproximadamente 70 metros cuadrados, donde se aprecian huellas o vestigios de lo que habría sido una construcción en concreto, caso de una placa a modo de piso de unos 8 metros cuadrados, con fragmentos alrededor de la aludida construcción en concreto; un muro en escombros; así mismo se aprecian vestigios de lo que habrían sido especies de compartimientos, también en concreto, destacándose fragmentos de enchape en cerámica; en general, la observación de esta área indica la destrucción de lo que en ella se habría construido. En sus contornos se constató la existencia de una zona con cierta vegetación silvestre y en la tierra considerables sedimentos de carbón vegetal; más allá una zona de unos 15 metros cuadrados, sin ninguna clase de vegetación, con suelo arcilloso de color negro, rodeado de unas palmas de vino o palmito dulce. Allí se observa un poste de energía eléctrica de unos 8 metros de altura con perchas y aisladores pero sin cables de conexión ni pantallas de alumbrado. Desde aquí se visualiza la existencia de un lago de cierta extensión, que según se informa tiene la característica de ser de plurales copropietarios. Seguidamente se dio con la presencia de un estanque, cerca del lago reseñado, con longitud aproximada de 75 de metros de largo y 10 metros de ancho y más allá, en la dirección occidente - oriente se comprueba la existencia de otro estanque de 60 x 60 mts. aproximadamente con la característica, predicable de todos los demás que se especificarán, de estar lleno de vegetación, hierba henea y tarullas. Al lado un caño de una longitud aproximada de 160 metros de canal por 10 de ancho. Siguiendo la misma alineación del caño con dirección de occidente a oriente, existe otro estanque de unos 120 x 15 mts., igualmente enmalezado y entarullado. En la misma línea, se verificó la existencia de dos estanques más, el uno de aproximadamente 50 x 15 metros de área y el otro de 40 x 20 mts., y al pie otro poste de energía de alumbrado de unos 8 metros de altura con rezagos de sus perchas, sin líneas eléctricas ni pantallas. En el recorrido así mismo se apreció un nuevo estanque, también lleno de maleza, de unos 30 x 30 mts. En la parte norte de la propiedad se observan vestigios de lo que habría sido una plantación de plátano en un área aproximada de media Ha. Al lado de la plantación de plátano, los vestigios son de lo que habría sido una plantación de caña de azúcar, sin poder precisar o mejor evitando aproximar su extensión para no incurrir en inexactitudes. En el mismo sentido y más hacia el norte de donde se constató lo anterior se observa otro poste de luz eléctrica con sus perchas, aisladores y cableado. Lo descrito en cuanto a los residuos de plantas de caña de azúcar llega hasta el lindero norte de la finca flanqueada por la vía que va al corregimiento de Tumbatoro y en este punto se pudieron constatar señales para evidenciar lo que habría sido una cerca eléctrica, al parecer de 5 hilos, observándose una columna con terminales en varilla para el soporte de lo dicho. En el recorrido se llegó al sitio donde se aprecian de lado y lado columnas, la una todavía en pie y la otra destruida, que pudieron servir de puerta de entrada, que según se indica sería la puerta de entrada principal al predio. Al lado se aprecia otro poste eléctrico de altura aproximada de 12 mts., sin ninguna clase de aditamentos que reseñar. En sentido oriente se observa un camino de herradura y al lado un estanque de agua de aproximadamente 30 x 20 mts., lleno de maleza. Por el camino lindero oriente, se llega a un sitio que da comienzo a un área, según se indica parte del predio, con vegetación enteramente descuidada y plagada de malezas, la cual va hasta el límite del predio; al lado se aprecia una casa de habitación en bahareque que no hace parte del mismo. En el mismo sentido de orientación, se encontró otro estanque de contorno irregular, con un área aproximada de 200 mts. cuadrados, del propio modo lleno de maleza; conforme indicación que hace el propietario del predio y solicitante de la prueba, el área de pastizales descuidada que desde aquí se observa hace parte del mismo con una extensión de 7 Has. aproximadas. En la parte norte de la propiedad se pudo apreciar sobre el terreno plantas de plátano malogradas, esto en un área que por simple orientación calcula en media Ha.; al lado de esta, igualmente se aprecian vestigios de lo que pudo ser al cultivo de caña de azúcar, con un área mucho mayor que la anterior. En el mismo sentido hacia el norte, se observa otro poste de luz eléctrica con sus perchas, aisladores, cableado y retenida, todo esto claro está con alto grado de deterioro. Los rezagos del cultivo de caña de azúcar avanza hasta el lindero norte de la finca y en el extremo se pudieron percibir señales de la aludida cerca eléctrica, esto por cuanto hay terminales de cables recortados, allí hay una columna deteriorada donde sobresalen las varillas que pudieron soportar la cerca eléctrica siguiendo el recorrido se constató la existencia de otro estanque circular de unos 200 metros cuadrados y uno más, casi contiguo, éste de aproximadamente 250 mts. cuadrados. Al lado de este último estanque y en sentido norte, en el desplazamiento a pie por el predio se constató un área de cultivo de frutales de aproximadamente una hectárea, denominado cultivo asociado, por contener diferentes clases de árboles frutales, notándose si el actual abandono. Allí fue dable verificar la existencia de árboles de cocotero, mango, naranja, guayaba ácida, lima, níspero, guama, guanábana, limón mandarina, guayaba manzana, achiote, guayaba dulce, limón, pera, zapote, anón, membrillo (…).

37. El 23 de septiembre de 2003, en el marco del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación, se practicó otra inspección judicial en el predio “El Paraíso”. Allí se consignó (copia del acta de la diligencia, fls. 53-55, cdno. 1):

(…) Una casa destruida totalmente que utilizaba el cuidandero como vivienda la cual estaba construida en material, tenía unas dimensiones de tres por seis metros cuadrados, con sala y alcobas, un baño, y una fosa séptica destruida totalmente con una dimensión de 1.5 por dos metros, enchapado en baldosín con sus absesorios (sic) completos, una placa a 2.5 de alto que servía como techo del baño, y a la vez sostener un tanque de 1.250 litros de agua, y la fosa séptica tenía una dimensión de 1.3 por tres de profundidad, y con una placa en concreto sobre el nivel, una cocina con piso de cemento, techo en zinc, y cercada en madera con dimensión de tres por cinco, un corral con dimensión de 20 x 20 metros lineales hecho en madera de 4 x 4 hincados a un metro de distancia y con cuatro varetas, un embarcadero en concreto reforzado, un embudo y manga para embarcar con una dimensión de 28 metros lineales en postes y varetas, 400 metros en piso en concreto reforzado para el área del corral, es establo compuesto por cuarenta comederos individuales, dos abrevaderos para agua de dos metros cúbicos de agua cada uno, una cubierta en zinc de 200 metros cuadrados, cinco puertas en madera del corral del establo y el corral y una puerta de cuatro metros para entrar al área de estacionamiento y el área de vehículos, 250 metros lineales de cerca en madera con postes de 4 x 4 hincados a cada dos metros de distancia y cuatro varetas casa grande de palma amarga en madera totalmente destruida la cual contenía la bodega que se utilizaba para guardar los equipos, herramientas e insumos agrícolas los cuales se relacionan: Equipos, una bomba a gasolina de 6.5 Hp, que se utilizaba para el llenado y secado de los estanque[s] de la producción piscícola, una electrobomba de 5 Hp, que se utilizaba para el sistema de riego de las tres hectáreas de caña de azúcar cultivadas y media hectárea de frutales cultivadas, un generador de energía de 2.500 vatios a gasolina que se utilizaba para emergencia cuando la luz fallaba colocar la energía a la cerca eléctrica, una bomba para fumigar marca triunfo (…), una picadora de pasto y caña (…), un trapiche (…), un impulsador de energía (…) Esta casa tenía las dimensiones de 6 metros de ancho por 12 de largo, y la bodega estaba protegida en cerca de tabla. Kiosco: de palma amarga en madera con una circunferencia de 8 metros lineales destruidas totalmente, el cual se utilizaba para el descanso y recreación de los trabajadores, 2000 metros de cerca eléctrica con postes de 2.2 por 4 pulgadas hincados a cada dos metros de distancia y cinco hilos de alambre, esta cerca se utilizaba para la proyección y seguridad del cultivo de caña, los estantes se de proyecto piscícola, los frutales, corrales, establos y los ranchos la cual no existe quedó totalmente destruida, destrucción del sistema de riego que ese utilizaba para tres hectáreas de azúcar en su producción y media hectárea de frutales en producción, las tres hectáreas de caña de azúcar están totalmente destruidas, y la producción que tenían los cinco estanques piscícolas no existen la cual fue sembrada el día ocho de julio de 2002 diez mil bocachicos distribuidos en estanque Nº 1. (2.000), estanque Nº 4. (3.000), estanque Nº 5. (500), estanque Nº 5. (500), estanque Nº 6. (2.500) y en el estanque Nº 8. (2.000), y cinco mil mojarras que fueron sembradas el día diez de enero de 2003 distribuidas en: estanque Nº 5. (4.000), estanque Nº 6 (1.000), fue destruido el alumbrado que se utilizaba en las instalaciones y logísticas de la granja el Paraíso (…) cincuenta gallinas criollas, cinco gallos y 16 pavos adultos y cinco pavas, estos eran para cría y las gallinas para comercializar huevos. La mayoría de los animales representados en vacas, toros, novillas, terneros y terneras sufrieron maltratos y heridas producidas por los artefactos explosivos, los cuales por los maltratos de los mismos hubo que rematarlos en la subasta Nº 21 que realizó Cogasucre el día 28 de mayo de 2003 en el coliseo de ferias de Sincelejo, para un costo comercial por cría de treinta y seis millones $ 36.300.000 pesos y producía un promedio de 100 litros de leche diarios el cual se comercializaba a un valor de quinientos pesos el litro, igualmente se producía siete terneros de levante cada doce meses los cuales se comercializaban en quinientos mil pesos cada uno. Teniendo en cuenta que este es un ganado seleccionado doble propósito carne y leche, el ganado rematado relacionado anteriormente fue cancelado por un valor de quince millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y siete pesos $ 15.959000.247 (sic), mediante cheque 0009250053 del Banco Ganadero de Sincelejo, girado por Cogasucre a favor del propietario del ganado. El propietario manifiesta que los daños materiales causados superan los doscientos millones de pesos $ 200.000.000. El predio se encuentra totalmente abandonado puesto que nadie ha querido volver a trabajar allí después del atentado terrorista el día 24 de mayo de 2003, y el propietario no había vuelto a este predio desde el día 25 de mayo de 2003 por las amenazas y el peligro contra las amenazas y su integridad personal.

IV. Problema jurídico

38. Compete a la Sala determinar si es posible imputar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional la responsabilidad por el daño que sufrió el demandante como consecuencia de las detonaciones de unos artefactos explosivos, el 24 de mayo de 2013, en el municipio de Sincelejo, en la finca “El Paraíso”. Con ese fin se deberán establecer cuáles fueron las circunstancias fácticas en las que se produjo el siniestro, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente y, según los resultados obtenidos, estudiar si éste es producto de la omisión en la prestación del servicio de protección por parte del Ejército Nacional.

V. Consideraciones

39. Como asunto previo debe advertirse que si bien en el presente caso ha sido la Armada Nacional quien ha actuado en representación del Ejército Nacional, ese hecho no comporta el acaecimiento de ninguna irregularidad, teniendo en cuenta que la notificación fue realizada correctamente, pues el oficio fue dirigido a dicha entidad por conducto del comandante de la brigada de infantería de marina (fl. 124, cdno. 1).

40. De allí que si con posterioridad la Nación - Ministerio de Defensa consideró pertinente que fuera la Armada Nacional la encargada de representarla dentro del proceso sub lite, ese hecho no exime al Ejército Nacional, perteneciente a esa misma persona jurídica, de la responsabilidad patrimonial que eventualmente podría establecerse.

41. Aclarado lo anterior, el daño alegado por el demandante se funda en las pérdidas materiales sufridas por cuenta del ataque explosivo del que fue objeto la finca “El Paraíso”, ubicada en el municipio de Sincelejo, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada con base en el acervo probatorio disponible —ver párrafo 33 a 36—, teniendo en cuenta que con posterioridad a los hechos se practicaron en el predio sendas inspecciones judiciales que dieron cuenta del daño que sufrió la propiedad.

42. En cuanto a las circunstancias fácticas en las que se produjo el siniestro, debe advertirse que en el expediente no obran muchas pruebas sobre el particular; sólo se tiene la certificación expedida por el personero municipal de Sincelejo, que reza (fl. 23, cdno. 1):

Que el señor Bonifacio Parra Contreras (…) sufrió daños en su propiedad llamada “El Paraíso” ubicada frente al barrio Villa Katty vía a Tumba Toro en el pase del oleoducto Caño Limón Coveñas, por la acción terrorista de varias cargas explosivas ocurrida el día 24 de mayo de 2003 a las 10:00 p.m., lo que lo constituye en víctima de ataque terrorista en el marco del conflicto armado interno por motivos ideológicos y políticos perpetrados según informe de prensa, por el frente 35 de la FARC (negrilla).

43. Dicho documento, aunque fue proferido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, para la Sala no constituye prueba suficiente sobre las circunstancias de las que da fe, teniendo en cuenta que, como allí mismo se aduce, la fuente de información del defensor no proviene de su propia verificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino que se basa, únicamente, en un informe de prensa. Adicionalmente, se echa en falta que el funcionario público hiciera un recuento de los elementos de prueba o del razonamiento que lo llevó a hacer tal afirmación.

44. Así pues, respecto de lo que presuntamente sucedió el 24 de mayo de 2003, sólo se cuenta con lo que al respecto consta en unos artículos de prensa, los cuales, como bien se explicó, no pueden servir, por sí mismo, como fuente de conocimiento de entidad suficiente para determinar la responsabilidad de la entidad del Estado.

45. Sin embargo, debe reiterarse que dentro del artículo “Explosión y reacción”, el comandante de policía de Sucre adujo que: “[l]os guerrilleros fueron sorprendidos a caballo en la región de El Yeso y los explosivos y otros materiales que llevaban en las bestias son los mismos que se utilizaron para el ataque realizado contra la finca El Paraíso, lo cual nos confirma su participación en el hecho”.

46. Dicha declaración, en los términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sí puede ser valorada, en la medida en que proviene de un funcionario público. Ahora bien, eso no significa que debe dársele de forma automática total credibilidad, pues para medir el poder de convicción de la prueba debe primero ser estudiada bajo las reglas de la sana crítica.

47. En el caso concreto se advierte, en primer lugar, que contrario a lo que acontece en cuanto al dicho del defensor del pueblo de Sincelejo, es plausible considerar que el comandante de policía del departamento, por ser el encargado del mantenimiento del orden público dentro del ente territorial, debía tener un conocimiento directo respecto de las circunstancias que afirma.

48. Así pues, al no haber una prueba que desmienta su dicho, debe creerse que fueron sorprendidos dos presuntos guerrilleros en El Yeso, Sucre, que en opinión del declarante coincidían con quienes perpetraron el ataque a la finca El Paraíso. Ese hecho, aunque no revela nada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se produjo la destrucción del inmueble, sí resulta suficiente para establecer que fueron guerrilleros de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia quienes perpetraron el siniestro.

49. Adicionalmente, por medio de una deducción lógica puede colegirse que el ataque a la propiedad del señor Bonifacio Román Parra acaeció el 24 de mayo de 2003, como se narra en la demanda, teniendo en cuenta que el artículo de prensa —que por lo demás aduce que esa fue la fecha del siniestro—, fue publicado el 26 de mayo de 2003, debiendo haber transcurrido por lo menos un día entre la redacción del mismo y el insuceso. Dicha conclusión es coincidente en este punto con lo señalado por el señor defensor del pueblo.

50. Ahora bien, debe establecerse si los hechos narrados son imputables jurídicamente a la entidad demandada Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

51. Al respecto cabe señalar que, por regla general, los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico. No obstante, la jurisprudencia ha considerado que los daños derivados de ataques cometidos por grupos insurgentes contra personas ajenas al conflicto, pueden ser imputados a la administración si esta ha contribuido en su producción a través de acciones u omisiones que se relacionan con el incumplimiento de sus funciones(11).

52. De esta forma, la Corporación ha considerado que el Estado debe reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación de la guerrilla(12); (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente(13); (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(14); y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella(15).

53. Aunado a lo anterior, en opinión de la Sala, el cumplimiento defectuoso de la obligación de proteger a la población civil de violaciones cometidas por terceros —en el marco del conflicto interno o incluso fuera de él—, podrá comprometer la responsabilidad de la administración, dependiendo del mayor o menor grado de diligencia que le era exigible, según el carácter abstracto (principio) o concreto (regla) de la norma que le imponía intervenir activamente en la evitación del daño. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que para declarar la falta de la administración es necesario contrastar el contenido obligacional que fijan las normas específicas a la entidad demandada, junto con las circunstancias del caso concreto:

La responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden [se refiere a la policía vial] (…) no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada.

Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la Constitución Política, sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1994 (exp. 8487, Actor: Víctor Julio Pardo, ponente Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una falla en el servicio (…).

2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como anormalmente deficiente”(16).

54. De conformidad con la sentencia citada, para entrar a revisar la responsabilidad del Estado por la omisión en el deber de protección, se debe valorar (i) el alcance de la obligación incumplida, (ii) las concretas circunstancias que justificaban la intervención de la Fuerza Pública y (iii) la eficacia, idoneidad y diligencia de las medidas adoptadas para evitar la concreción del daño.

55. En cuanto al primero de los elementos antedichos, es preciso advertir que resulta de gran utilidad diferenciar entre reglas y principios, teniendo en cuenta que la obligación del Estado en materia de protección revestirá un mayor o menor grado de intensidad en atención a la fuerza normativa que contenga dicho deber.

56. Así, se tiene que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas. Esto significa que pueden ser satisfechos en grados diferentes y que la medida ordenada de su satisfacción depende no sólo de las posibilidades fácticas sino jurídicas, que están determinadas no solo por reglas sino también, esencialmente, por los principios opuestos(17). Esto último implica que los principios son susceptibles de ponderación y, además, la necesitan. La ponderación es la forma de aplicación del derecho que caracteriza a los principios.

57. En cambio, las reglas son normas que siempre o bien son satisfechas o no lo son. Si una regla vale y es aplicable, entonces está ordenado hacer exactamente lo que ella exige; nada más y nada menos. En este sentido, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Su aplicación es una cuestión de todo o nada(18). No son susceptibles de ponderación y tampoco la necesitan.

58. Llevando al plano de la responsabilidad del Estado las anteriores reflexiones, se puede afirmar que cuando la obligación de intervención del Estado resulte de la consagración de principios como los contenidos en la Constitución, leyes o tratados internacionales, de los cuales se derive la obligación para las autoridades públicas de proteger a todos los residentes en el territorio nacional en su vida, honra, bienes, creencias, libertades y derechos(19), esta revestirá un menor grado de exigencia.

59. Pero cuando la obligación de evitar el daño tenga como fuente una norma de contenido concreto, tipo regla, que establezca situaciones específicas —v.g. en atención a la función o cargo de la persona que el Estado debe proteger—, el grado de exigencia de dicho cumplimiento será mayor.

60. Como segundo criterio para establecer la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de su deber de protección, esta Corporación ha sido enfática en señalar la importancia y necesidad de tener en cuenta las circunstancias del caso concreto, a fin de precisar y concretar la obligación del Estado, siempre en el marco, claro está, de la relatividad de la falla del servicio. Entre ellas destacan las siguientes: (a) la acción que haya emprendido quien sufrió el daño ante las autoridades, (b) la calidad especial que pueda ostentar y (c) al contexto en el que ocurrieron los hechos(20).

61. El criterio a) busca evaluar aquellas situaciones en las que una persona que está amenazada eleva la denuncia respectiva ante las autoridades y, a pesar de ello, estas adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes para protegerla. Al respecto ha dicho esta Subsección del Consejo de Estado(21):

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que éstas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente.

62. La jurisprudencia de la Corporación también ha mantenido la exigencia del deber de protección frente a aquellas entidades ante las cuales la víctima elevó la denuncia por las amenazas recibidas, a pesar de que no fuera la llamada a brindar el servicio de protección, siempre y cuando le sea reprochable a esta última la omisión de poner en conocimiento las circunstancias a la autoridad competente. Ha considerado la Sala que, si bien, el deber de protección se predica especialmente de los organismos encargados de garantizar y mantener el orden público, como lo es la Policía o el Ejército Nacional, tal carga recae también sobre todos los entes del aparato estatal, los cuales deben obrar conforme a dicha obligación en relación con sus funciones y competencia, sin perder de vista el deber de colaboración armónica en la consecución de los fines del Estado tal como lo prevé el artículo 113 de la Constitución Política.

63. El postulado (b) se refiere al daño que puede ser causado a un particular que, por sus calidades especiales, goza de especial protección constitucional o de reconocimiento entre los habitantes y autoridades del sector. En estos casos la responsabilidad del Estado es más clara, toda vez que resulta evidente y previsible para los organismos de seguridad del Estado el posible peligro que puede correr esa persona, en el contexto de intensa guerra interna que vivió el país.

64. Sobre el particular, ha manifestado la Corte Constitucional que habrá lugar a proceder a reconocer el amparo del derecho a la seguridad personal, identificar el tipo de amenaza que se cierne sobre la persona y definir de manera oportuna las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar la consumación de un daño, “especialmente cuando se trata de personas que por su actividad misma están expuestas a un nivel de amenaza mayor, como sería el caso de los defensores de derechos humanos, altos funcionarios, periodistas, líderes sindicales, docentes en zona de conflicto, minorías políticas o sociales, reinsertados, personas en condiciones de indigencia, desplazados por el conflicto armado, personas privadas de la libertad, soldados que prestan servicio militar obligatorio, niños y niñas y sujetos de un especial grado de protección por su notoria situación de indefensión (…)(22)”.

65. Finalmente, se debe tener en cuenta si el Estado pudo prever el peligro y actuar de conformidad. La determinación de dicha previsibilidad estará atada al contexto —el cual, dígase de paso, no es una prueba más, sino la descripción de un escenario que facilita el análisis probatorio— y al examen riguroso que se haga del mismo para la fecha y lugar de los hechos, y que permita establecer, sin asomo de duda, que la previsibilidad del daño era, como se estableció, alta y razonable para las autoridades(23).

66. La Sala considera que se podrá iniciar un análisis contextual cuando se cumplan, al menos, los siguientes elementos: i) que su análisis haga parte de la causa pretendi, ii) que las pruebas debidamente aportadas al expediente hagan alusión a dicho contexto, o que de las mismas se pueda inferir su indicación, y iii) que la consulta de fuentes adicionales sólo tengan como finalidad apoyar y complementar la información contenida en esas pruebas.

67. Así, aclarado el deber normativo del Estado y las circunstancias particulares del caso concreto, deberá revisarse la eficacia e idoneidad de su intervención, si es que hubo alguna. Como se sabe, la falla relativa del servicio delimita el cumplimiento de las obligaciones que están a cargo del Estado, y por lo tanto la determinación de la responsabilidad frente a su trasgresión al estudio del caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo.

68. Es decir que, el análisis del cumplimiento de las obligaciones de medio en materia de protección “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención”(24).

69. En el caso concreto, se advierte que la vulneración de los derechos del señor Bonifacio Román Parra Contreras, debido a la destrucción de su propiedad, no puede ser imputable al Estado, teniendo en cuenta que, como se verá, no se probó que existiera una verdadera regla jurídica que dispusiera su protección, las circunstancias del caso acreditadas —teniendo en cuenta la incuria probatoria de las partes— no son suficientes para revelar una exigencia especial para la demandada para acometer dicho deber y su actuación, dentro del marco de los medios limitados con los que contaba, fue diligente.

70. En primer lugar, se destaca que la seguridad que se le debía garantizar al demandante aludido no proviene de una regla en específico, sino de la aplicación de los principios constitucionales y convencionales —entre otros— que le imponen al Estado proteger y garantizar los múltiples derechos de las personas residentes en Colombia —tener en cuenta que dicha obligación irradia toda nuestra normativa a partir de lo contemplado en el artículo 2º de la Constitución Política, pero no tiene un contenido preciso—, como lo era el derecho de propiedad de aquél, de manera que la intensidad de su exigencia, como se precisó, es menor en comparación con la vulneración de normas o reglas especiales de protección sobre ciertos derechos, bienes o personas en específico.

71. Igualmente, en cuanto a las circunstancias concretas del referido actor, se observa que éste no ostentaba una calidad especial que ameritara la prestación de una protección especial, puesto que no se probó que sobre él se cerniera un riesgo de mayor entidad en comparación con aquel que otras personas, con su mismo nivel social y económico, tenían que soportar.

72. Adicionalmente, no hay prueba alguna que permita considerar que el señor Parra Contreras solicitó ante la entidad demandada que se le brindara protección a su predio, a fin de evitar que le fueran destruidos su bienes muebles e inmuebles.

73. Efectivamente, no obra en el expediente ningún medio de convicción, susceptible de ser valorado, que de fe sobre dicho hecho. Al respecto, cabe recordar que según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(25), la carga de acreditar los hechos favorables a sus pretensiones le corresponde a los demandantes, de modo que, si no cumplen con tal labor, la consecuencia prevista para el efecto es la denegación de las pretensiones invocadas. Sobre el particular se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, en los siguientes términos:

La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses(26).

74. Ahora bien, no desconoce la Sala que el señor Parra Contreras presentó una denuncia ante el detective de carnet 4087 del Departamento Administrativo de Seguridad, perteneciente a un Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, advirtiendo que el 10 de febrero de 2003 había sido objeto de un intento de secuestro (fl. 356, cdno. 5).

75. Sin embargo, ese hecho no resulta suficiente para concluir que le fue informado a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional el peligro particular que sufría el señor Bonifacio Román Parra Contreras, teniendo en cuenta que: (i) la denuncia fue interpuesta ante un funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad, entidad que para entonces contaba con patrimonio propio, que no fue demandado en el caso concreto; (ii) aquella fue tramitada por la Fiscalía General de la Nación, centro de imputación que, de nuevo, tampoco fue demandado; (iii) no obra constancia de que alguna de esas entidades hubiera corrido traslado de tal denuncia al Ejército Nacional, a fin de que esta tomara las medidas pertinentes para proteger el patrimonio del señor Parra; y (iv) en este caso la denuncia se interpuso por cuenta de una tentativa de secuestro, circunstancia que ameritaría la protección de la integridad personal del denunciante, pero no necesariamente la de sus bienes.

76. De otro lado, en el escrito introductorio el señor Bonifacio Román Parra aseguró que el deber de protección que a su juicio incumplió la entidad demandada derivaba también de dos circunstancias, a saber: el haber apostado a sus soldados en el predio del demandante, circunstancia que propicio que fuerzas al margen de la ley en revancha atentaran contra el inmueble, y la proximidad del predio destruido a un puesto de control del Ejército Nacional —en las inmediaciones de la cárcel La Vega—, hecho que obligaba a la demandada a impedir el acaecimiento del atentado.

77. Pues bien, en lo que atañe al primero de los hechos referidos, encuentra la Sala que no obra en el expediente ningún medio de convicción que brinde certeza respecto de la ocupación temporal del predio por parte de agentes del Ejército Nacional, el cual debió haber sido aportado por el demandante, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ya referido con anterioridad. Debe agregarse que incluso aunque dicho hecho se hubiera acreditado, nada se sabe sobre las causas o los móviles del ataque perpetrado.

78. En cuanto a la segunda de las circunstancias invocadas, cabe advertir que a través de oficio del 5 de mayo de 2009, la primera brigada de infantería de señaló que no existe puesto de vigilancia por parte de las fuerzas públicas en el lugar señalado por el demandante (oficio 0257/IMD-CG-CARMA-SECAR-CIMAR-CBRIM1-SCBRIM1-JB3-ASJUROP, presentado por el coronel Cesar Augusto Cardona Ortiz, fl. 312, cdno. 4):

Respecto a la solicitud si en la vía Tumba Toro se encontraba el pasado 24/mayo/2003 un puesto de vigilancia con permanencia las 24 horas del día, cuya función fuera vigilar la Cárcel Nacional la Vega de Sincelejo, los alrededores de la Vereda Buenos Aires, corregimiento Peñata, municipio de Sincelejo, me permito informar que no había puesto de vigilancia con la misión de vigilar la Cárcel de Sincelejo ni sus alrededores; se efectuaban rondas esporádicas a éste centro carcelario, como se muestra en las copias anexas, con personas procedente del batallón de fusileros de I.M. Nº 4 de Corozal-Sucre.

Con relación a sí el señor Bonifacio Román Parra identificado con cédula de ciudadanía 6.918.661 solicitó protección especial por amenazas contra su vida, bienes e integridad física, le informó que revisados los archivos de las unidades tácticas adscritas a ésta unidad militar, no se encontraron registros documentales sobre solicitud de protección especial.

79. Dicho hecho se confirma si se tiene en cuenta que en el libro de minuta del batallón de fusileros de la Armada Nacional del 24 de mayo de 2003, se consignó que, en efecto, los patrulleros realizaban rondas al centro penitenciario, sin necesidad de establecer allí una base estable: “20:30 Dispositivo Salgo a pasar ronda a la cárcel la Vega de Sincelejo, subestación de Corozal y Casco Urbano y rural de Corozal” (fls. 313-316, cdno. 4).

80. En ese entendido, y ante la ausencia de otras pruebas al respecto, es evidente que el demandante no acreditó las circunstancias particulares que, en su opinión, obligaban a que la administración protegiera de forma especial al predio “El Paraíso”, circunstancia que, aunada a la ausencia de denuncia previa, da pie para pensar que la administración no tenía un deber cualificado de proteger el patrimonio.

81. A esto debe sumársele que no está acreditado que el contexto de conflicto armado, en el tiempo y el lugar de los hechos —el municipio de Sincelejo—, se caracterizó por la amenaza y ataque a los predios rurales de los particulares. Sobre el asunto, debe recordarse que un análisis de este tipo, que tenga como propósito establecer la previsibilidad para la administración del daño que le fue causado a un particular por terceros, debe adelantarse con absoluto rigor y fundarse, inicialmente, en elementos obrantes dentro del expediente.

82. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el conflicto armado interno colombiano permeó prácticamente todo el territorio nacional y afectó, de una forma u otra, a casi la totalidad de la población civil, es preciso que los antecedentes del conflicto armado, en el momento y el lugar de los hechos, afectaban al mismo grupo social al que pertenece la víctima y den cuenta de los mismos delitos por este sufrido.

83. En este sentido, no resulta acertado afirmar que el simple hecho de habitar o residir en un lugar en el que exista presencia de grupos al margen de la ley, sin más consideraciones, da lugar a presumir que cualquier daño ocasionado por un tercero le es atribuible al Estado en razón del incumplimiento de los deberes constitucionales de brindar seguridad y vigilancia a todos los habitantes del territorio.

84. Al respecto, en el plenario obra solamente el proceso penal adelantado por cuenta de la tentativa de secuestro del señor Parra Contreras, así como aquel que se llevó a cabo para dilucidar las circunstancias de la muerte del señor Alberto Manuel Hernández (cdno. 5, 6, 7 y 8). Para la Sala, si bien dichos elementos de convicción dan fe de que en la finca El Paraíso acaecieron hechos violentos, de ello no se puede colegir automáticamente que estos antecedentes obligaran al Estado a prestar una especial protección al patrimonio del señor Bonifacio Román Parra Contreras.

85. En cuanto al segundo de los hechos referidos, debe advertirse que la investigación concluyó con resolución inhibitoria del 24 de julio de 2002, la cual se adoptó en la medida en que no había elementos que permitieran establecer cuál fue el motivo por el cual se lanzó a las aguas de una laguna, donde pereció por anoxia (copia de la providencia, fls. 1065-1068, cdno. 7). Por ese motivo, debe descartarse de plano tal hecho como un antecedente que evidencie la existencia de un conflicto armado en la zona, en la medida en que, simplemente, se desconocen las causas de la muerte del señor Hernández.

86. En consecuencia, se está solo ante un hecho violento, el cual, por tanto, por sí solo no cumple las características de sistematicidad y generalidad necesarias para poder predicar que existía un verdadero contexto de conflicto armado en el sector, de tal magnitud que debía ser conocido por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

87. Adicionalmente, debe recalcarse que mientras que el delito del que fue víctima el señor Parra fue el de tentativa de secuestro simple —según lo decidió la justicia ordinaria mediante sentencia de segunda instancia de 26 de febrero de 2004—, el daño por el cual se demanda es por la destrucción de un bien inmueble de su propiedad. En ese entendido, el antecedente no guarda homogeneidad con el hecho dañoso que finalmente acaeció.

88. Esta circunstancia, aunque pudiera parecer fútil, es particularmente relevante a fin de desentrañar la responsabilidad de la entidad demandada, teniendo en cuenta que, como ya se ha puesto de presente con anterioridad, las medidas de seguridad que debe adoptar la administración en un caso y en otro son completamente diferentes. Así, como es apenas natural, ante la posibilidad de un secuestro a la entidad le corresponde proteger la misma corporalidad del afectado, mientras que si se trata de una amenaza contra su patrimonio, los esfuerzos de la entidad deben centrarse en garantizar la seguridad de sus bienes.

89. Pero incluso aunque se constatara que existen elementos suficientes para establecer que existía un contexto desfavorable de orden público que, de forma previsible para el Estado, lo obligaba a proteger de forma especial los bienes del afectado, este hecho no resultaría suficiente para constatar la responsabilidad de la Nación, teniendo en cuenta que no se evidencia que hubiera una negligencia en la actuación de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en lo que atañe a la evitación y superación del daño generado por un tercero.

90. Efectivamente, debe recordarse, en primer término, que el mismo día de los hechos la fuerza pública realizó una ronda de vigilancia sobre el sector, incluyendo el centro penitenciario de La Vega, el cual, según el libelo introductorio, colinda con la finca “El Paraíso”, inmueble objeto del ataque. Sobre el particular da fe el libro de minuta de guardia, que ya ha sido transcrito con anterioridad —ver párrafo 82—. Si bien es cierto que no hay anotación expresa de que los efectivos de la entidad ingresaran dentro del predio, durante su ronda, ello se debe a que este es un inmueble privado, sin que se haya acreditado que contaban con autorización para introducirse al mismo.

91. Ciertamente, el hecho de que el ataque haya acaecido dentro de un predio privado resulta relevante para efectos de estudiar el comportamiento de la administración ante el siniestro, puesto que, contrario a lo que sucede cuando los daños acaecen en espacios no privados, para la fuerza pública resulta mucho más difícil garantizar la seguridad dentro de espacios a los que no puede acceder, por regla general, salvo que medie una orden judicial debidamente otorgada.

92. Para la Sala, dicha medida de seguridad adoptada por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional resulta proporcional a la obligación que le era exigible de proteger el patrimonio del señor Parra, teniendo en cuenta que, como se ha analizado, no había una regla de derecho específica que ordenara la protección de la víctima, esta no tenía una calidad de vulnerabilidad especial y no mediaba una solicitud especial de protección previa. Asimismo, es coherente con los medios con los que contaba la entidad, teniendo en cuenta su escasez de recursos.

93. Asimismo, si se le da credibilidad a la declaración del funcionario público contenida en la nota periodística “Explosión y reacción”, se debe tener también por probado que la entidad demandada intentó capturar a los presuntos causantes del hecho dañoso —ver párrafo 45—, los cuales, lamentablemente, resultaron muertos en el enfrentamiento.

94. Esa circunstancia, aunada al hecho de que en el libelo introductorio el actor confesó que fue por la llamada de un miembro del Ejército Nacional que se enteró de la destrucción de su inmueble, de forma inmediatamente posterior al acaecimiento del siniestro, permite determinar que la entidad demandada sí intentó, en la medida de sus posibilidades, determinar quiénes fueron los causantes del daño y así paliar de alguna forma los perjuicios causados con éste.

95. En ese entendido, se concluye que la Nación no incumplió sus deberes de protección y seguridad, toda vez que en la medida de sus posibilidades y teniendo en cuenta las particularidades del sub lite cumplió con su obligación de proteger los bienes del señor Parra Contreras. Si bien es cierto que a pesar de sus esfuerzos el predio El Paraíso resultó destruido por cuenta del ataque de terceros, dicho daño no puede imputársele a la administración, por las razones expuestas. Por ese motivo, se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia.

VIII. Costas

96. Encuentra la Sala que no hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 25 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

2. En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010 se tiene que la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda en el presente asunto, tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía asciende a la suma de $ 462 448 540,90, la cual resulta superior a 500 smlmv, exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2005 ($ 190.750.000).

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 1996-00659 (25022), C.P. Enrique Gil Botero.

(4) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de mayo de 2012, exp. 2011-01378, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(5) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de julio de 2015, exp. 2014-00105, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(6) [62] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 6 de 2007, exp. AP-00029, C.P. María Elena Giraldo Gómez”.

(7) [67] “Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; Caso Fairen Garbi y Solis Corrales, de 15 de marzo de 1989, párr. 145. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 44, párr. 25, Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla Pacheco vs. Estado Unidos Mexicanos. Igualmente, Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia, caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia”.

(8) [69] “Es importante advertir que esta regla que el Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa, expuso en la providencia de 2012, es la misma que ha defendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1988, en las decisiones reseñadas en otros apartes de esta providencia”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 3 de septiembre de 2015, exp. 1997-012523 (34255), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(10) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 01 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la validez de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(…) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

(11) En el sistema interamericano de protección de derechos humanos también se ha admitido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En estos casos, el fundamento de la obligación de reparar se sustenta en el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía consignadas en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 111.

(12) En este sentido, véase la sentencia el 11 de julio de 1996, exp. 10822, C.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.

(13) Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; del 27 de junio de 1995, exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; del 3 de abril de 1995, exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; y del 29 de marzo de 1996, exp. 10920, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(14) La providencia del 12 de noviembre de 1993, exp. 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”.

(15) Esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo. Sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 15838, 18075, 25212 (acumulados), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En este caso la responsabilidad que se imputa al Estado “es por el resultado en atención a que i) no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención); ii) la calidad de la respuesta que se tuvo para defender a los miembros de la fuerza militar (…) fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo), y; iii) a que el apoyo o reacción del Estado fue tardío, insuficiente y drásticamente limitado, lo que llevo a dejar sin alternativa alguna a los ciudadanos soldados, que produjo la muerte de uno de ellos y las lesiones de los otros dos. Por lo tanto, se sustenta dicha atribución, en su conjunto, en la falta absoluta de la “debida diligencia” que debía aplicar el Estado en el caso concreto de la toma de la base militar de Las Delicias por parte de un grupo armado insurgente”.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 1997, exp. 11764, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2014, exp. 35194, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(17) Cfr. C.W. Canaris, Sustemdenken und Systembegriff in der jurisprudenz, 2ª edición, Berlín, 1983, pp. 53 y ss.

(18) R. Dworkin, Taking rights seriously, 2ª edición, Londres, 1978, pp. 42 y ss. Con respect al citerio de todo o nada, cfr. R. Alexy, “Zum Begriff des Rechtsprinzips”, en Rechtstheorie Beiheft 1 (1979), pp. 68 y ss.

(19) Así, por ejemplo, los principios o deberes funcionales contenidos en normas de carácter genérico, como el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución, según el cual “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”; el artículo 218 de esa carta política, que establece que “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz; así como muchas de las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, y en el derecho de La Haya o de Ginebra y en el tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, en materia de Derecho Internacional Humanitario, comportan una menor intensidad de exigencia para el Estado.

(20) En parte, es el análisis que suele hacer la Corte IDH al estudiar el deber de garantía, que se traduce, en esencia, en el análisis del riesgo que corría la víctima. Ver Yarce y otros vs. Colombia, sentencia del 22 de noviembre de 2016, párrs. 182 y ss.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(22) Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-078 de 14 de febrero de 2013, exp. T-3627445, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(23) La Sala ha acudido en ocasiones anteriores a revisar este aspecto para apoyar el análisis de los hechos; en la sentencia del 28 de febrero de 2013, exp. 27959, C.P. Danilo Rojas Betancourth (e), con el propósito de analizar la creación del riesgo que se concretó en la destrucción de los bienes de propiedad de la señora Elizabeth Torres de Sabagh, se analizó, además de las pruebas allegadas, el contexto de violencia derivada del conflicto armado por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el poder económico, político y militar que representa la zona estratégica de los Montes de María en el departamento del Bolívar, para lo cual se tomó como fuente el artículo “Diagnóstico Departamental Bolívar” publicado por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la República en el año 2007. En la sentencia del 3 de mayo de 2013, exp. 32274, C.P. Danilo Rojas Betancourth, con la intención de revisar el riesgo al que estaba sometida la familia actora y que se concretó con la incursión paramilitar ocurrida el 21 de febrero de 1999, en el corregimiento de La Cooperativa, municipio de Mapiripán-Meta, se tuvieron en cuenta las masacres de Puerto Alvira, ocurrida entre los días 15 y 20 de julio de 1997, y Mapiripán, de mayo de 1998, y se concluyó que estos eventos permitían inferir razonablemente que los grupos armados, siguiendo la misma táctica y modus operandi empleados en aquellas otras incursiones y masacres, ocuparían la región de La Cooperativa y arremeterían contra sus pobladores. Para el efecto se analizaron varios recortes de prensa, y pruebas documentales sobre la masacre de Puerto Alvira allegadas por la parte actora.

(24) Sentencia del 8 de abril de 1998, exp. 11837, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(25) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, exp. 1995-05072 (17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.