Sentencia 2005-01119 de abril 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200501119 01

Exp.: 38.276

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Enrique Alejandro Arenas Anzola y otro

Demandado: Nación - Rama Judicial - Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—

Referencia: acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de octubre de 2009, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, comoquiera que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, independientemente de la cuantía del proceso(17).

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que el daño por cuya indemnización se demandó —según se indicó—, devino de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el demandante dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Ahora bien, para determinar el momento en el cual ha de efectuarse el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa para el caso concreto, la Sala tendrá como punto de referencia el día siguiente al de la fecha de ejecutoria de la providencia de fecha 22 de septiembre de 2004, a través de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá decidió confirmar la absolución del señor Enrique Arenas Anzola(18), razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 3 de mayo de 2005, se impone concluir que la misma se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2.2. Previo a decidir el fondo del sub examine, la Sala considera pertinente hacer la siguiente precisión:

Según se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, el libelo introductorio se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Sobre el particular, la Sala estima necesario precisar que si bien cada una de las entidades demandadas ostentan la representación de la Nación en casos en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la administración de justicia (inc. 2º, art. 49, L. 446/98(19) y num. 8º, art. 99, L. 270/96(20)), lo cierto es que las decisiones que se discuten en el presente litigio y que habrían ocasionado el daño por cuya indemnización se reclama, fueron proferidas por la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual una vez efectuado el recuento probatorio, se concretará si el aludido daño antijurídico reclamado se encuentra acreditado y, de estarlo, se establecerá si el mismo le resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación, (la cual fue debidamente notificada y representada), de lo contrario habrá lugar a confirmar la decisión apelada(21).

2.3. Régimen de responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la privación de la libertad.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Enrique Arenas Anzola, desde el 30 de abril de 2003 hasta el 22 de septiembre de 2004, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala deben ser analizados con base en la Ley 270 de 1996.

En este sentido, procede comenzar por la alusión al artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta cuando esta sea ilegal o arbitraria. En reiterada jurisprudencia(22), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad, es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta. Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-03[7] de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(23).

Ahora bien, la Sala en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(24). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(25).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(26). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(27).

Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(28), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(29), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(30).

En una tercera línea, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(31), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(32).

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e, incluso, cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(33)—.

Estas últimas tesis han estado fundadas en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad. En relación con estos aspectos, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006, precisó:

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas (...).

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general (...).

De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder(34) y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto(35). No en vano ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798(36), en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

‘ART. 2º—El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión’ (...).

Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el Capítulo 1 del Título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —arts. 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho.

Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva, los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civl, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima— el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad(37).

La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si están demostrados en este caso, como en efecto lo están, los elementos de la responsabilidad de la entidad demandada respecto de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Enrique Arenas Anzola.

2.4. Los elementos de prueba allegados al proceso.

Obran en el expediente copias auténticas de las decisiones judiciales adoptadas en el proceso penal adelantado en contra del señor Enrique Alejandro Arenas Anzola (cdno. 2), entre las cuales, se encuentran las siguientes:

— Providencia proferida el 30 de abril de 2003 por la Fiscalía 263 Seccional de Bogotá D.C., mediante la cual decidió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola, por ser presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes(38).

— Proveído de fecha 20 de agosto de 2003, a través de la cual la Fiscalía 263 Seccional de Bogotá profirió resolución de acusación en contra de la mencionadas persona, por la presunta comisión del referido delito.

Como fundamento de dicha decisión se expusieron los siguientes argumentos (se transcribe con errores):

“Hechos:

Tienen su origen en un informe de policía judicial del DAS —Seccional Cundinamarca—, según el cual, el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola hizo entre en las instalaciones de ese organismo el 20 de marzo de 2003 de unos elementos según él, le habrían sido entregados por Luz Mercedes Lozada Rodríguez con la finalidad de introducirlos a Europa, los cuales fueron: un par de zapatos color negro en regular estado, dos plantillas para zapatos con sustancias en su interior, dos plaquetas prensadas con cinta de color amarillo y fondo negro, un pasaporte de ciudadanía venezolana Nº V61364422 a nombre de Enrique Alejandro Lozada, una cédula de residente de extranjería de España a nombre de Enrique Alejandro Lozada.

A la sustancia que iba con tales elementos se le practicó diligencia preliminar de identificación y pesaje por expertos del DAS en la misma fecha arrojando un peso bruto de 552 gramos de sustancia psicoactiva positiva para cocaína, y el 25 del mismo mes y año, fue analizada la droga encontrando el experto 387 gramos netos de la mencionada sustancia, razón por la cual con posterioridad fue judicializado el asunto.

(...).

(...) así que, como el comportamiento que se analiza resulta típico, antijurídico y culpable, demostrado en su realidad fáctica no solamente con las diligencias de identificación y pesaje que le fueron practicadas a las mencionadas sustancias por expertos en estupefacientes del DAS, sino con el propio testimonio de los detectives Evert Alberto Rubio y Ricardo Alfonso, sino desde el ángulo de la culpabilidad del mismo actuar, habida cuenta de que el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola era el portador, el poseedor de la sustancia quien a través de ‘un largo y tedioso y confuso relato’, como lo advirtió con acierto el agente del Ministerio Público, pretende se procese por narcotráfico a Luz Mercedes Lozada Rodríguez, aportando sustancia estupefaciente y documentos falsos con miras a tal objetivo indicando que se trata de un informante de vieja data del DAS y al parecer, actuaba así también en Medellín. Es por lo que la Fiscalía considera en este estadio procesal —salvo mejor criterio—, que dicha persona es quien verdaderamente registra compromiso penal en este asunto al pretender por el camino que escogió hacer creer a la justicia que en efecto se trata de un colaborador de ella cuando todo indica que se trata de un sujeto que por esta vía pretende conseguir dividendos”(39).

— Copia auténtica de la sentencia proferida el 19 de marzo de 2004, mediante la cual el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá decidió “[a]bsolver a Enrique Alejandro Arenas Anzola del delito de porte de estupefacientes de que fuera acusado”; en consecuencia, se ordenó libertad provisional en su favor. Como fundamentos de dicha decisión se plasmaron, entre otras razones, las siguientes:

“(...) Así las cosas, si bien es cierto que el aquí enjuiciado se había comprometido a transportar hacía el exterior sustancias prohibidas que se hallaban en una maleta presuntamente ubicada en Ecuador, no lo es menos que, este en momento oportuno decidió proceder de manera contraria, esto es, poniendo en conocimiento de autoridad competente —DAS—, los hechos sucedidos, así como también haciendo entrega de los objetos integrantes de la conducta punible, concretamente, los precitado zapatos y los documentos apócrifos que previamente le habían preparado para la consecución del viaje exterior.

Ahora bien, del contenido de los descargos ofrecidos en su oportunidad por la igualmente procesada Luz Mercedes Loaiza, a juicio del despacho, los mismos generan duda, toda vez que teniendo en cuenta el conjunto probatorio, se torna probable la posición esgrimida por el vinculado en la indagatoria y en la vista pública de juzgamiento, igualmente, identifica e individualiza a las personas que presuntamente hacen parte de la organización delictual, ubica sus lugares de residencia o domicilio, además, teniendo en cuenta el estado de insolvencia del aquí encartado expuesta por el mismo en sus descargos, es lógico presumir que carecía de recursos económicos para adquirir la sustancia estupefaciente aludida, asimismo, es creíble también que existe un despachador de la droga que la haya ubicado en esas condiciones dentro de los zapatos, que para el caso se concreta probablemente a la prenombrada Luz Mercedes Loaiza.

De otra parte cabe tener en cuenta que el sujeto actor se presentó voluntariamente ante el servidor público —DAS— al enterarse de la emisión de orden de privación de libertad en su contra, y en todas sus manifestaciones a los largo del interrogatorio penal admitió su pasado comportamental.

Con fundamento en lo precedente, las aseveraciones ofrecidas por el prementado reo, merecen plena credibilidad al intelecto del fallador de instancia, atendiendo el principio universal de inocencia de que trata el artículo 7º del estatuto procedimental vigente —L. 600/2000—, ya que a lo largo del proceso sus dichos no fueron desmentidos por medio de prueba alguna; concurre así, la presunción de buena fe en el actuar del plurimencionado justiciable, conforme a los postulados de que trata el artículo 83 de la Constitución Política (...).

De otro lado, con relación a lo anteriormente manifestado por el encartado, el despacho estima que, de haber existido ánimo doloso de realizar la conducta ilícita, muy seguramente el procesado no se hubiera dado a la tarea de presentarse, en primer lugar a la DEA y posteriormente al DAS, a hacer entrega de los elementos que dieron origen al presente investigativo, y que hacían parte de la materialidad del comportamiento referido, si hubiera adoptado un quehacer intencional, naturalmente el enjuiciado habría consumado su conducta, procediendo a realizar el viaje antes previsto con los posibles resultados de beneficio económico para él, situación que ciertamente no ocurrió, sino por el contrario, inmediatamente puso los hechos en conocimiento de las autoridades correspondientes (...).

En cuanto al bien jurídico protegido por la legislación artículo 11 del Código Penal —salud pública—, observa esta instancia que el mismo no fue lesionado y menos puesto en peligro efectivamente, ya que el sometido a juicio, transportó la droga transitoriamente desde el momento que la recibió hasta que la entrego ante el servidor oficial, solo con la finalidad de entregarla a la autoridad y no para obtener un beneficio ilegal, ya que no hubo distribución onerosa o gratuita entre los asociados y no percibió rendimiento económico, lo que conlleva a concluir que no se produjo una afectación real del bien protegido por el legislador, sino por el contrario, su actuar, al informar a las autoridades los hechos sucedidos, procuró descubrir al presunto ordenador o determinador de la conducta, así como también a la organización, sus posibles partícipes o auxiliadores, por consiguiente se observa que no hubo dolo en su quehacer, lo que conlleva indefectiblemente a que su actuar no es antijurídico y menos culpable, brillando por su ausencia la antijuricidad de la conducta. Y para el asunto en estudio, como bien ha quedado reseñado, se ha presentado una situación en que el comportamiento perfectamente se acomoda a la descripción legal y sin embargo no constituye hecho punible.

Es por ello, por lo que a favor de Enrique Alejandro Arenas Anzola habrá de proferirse sentencia absolutoria, al no haberse demostrado su responsabilidad dolosa en la realización de la conducta social y jurídicamente reprochable, conocimiento de obrar en contra de derecho”(40) (negrillas y subrayas adicionales).

— La anterior decisión fue confirmada íntegramente por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia proferida el 22 de septiembre de 2004, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público(41).

2.5. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con las providencias que se dejan transcritas y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores respecto del régimen de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, ha de concluir la Sala que resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al ahora demandante que asuma en forma inerme y como si se tratase de una carga pública, que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante un (1) año aproximadamente, una privación de sus derechos a la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado.

Así pues, las circunstancias descritas evidencian que el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola fue objeto de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por haber sido sindicado del delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes; sin embargo, el juez de conocimiento, después de valorar detenidamente el material probatorio allegado al proceso penal, concluyó que la conducta por la cual se lo investigó “no constituye hecho punible”.

En consecuencia, no es posible considerar que el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola hubiere estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad, en los términos en que en ese entonces le impuso la justicia penal.

Resalta la Sala que la privación de la libertad del hoy actor no se produjo entonces como consecuencia de un hecho que fuere atribuible al sindicado, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permita establecer que la decisión se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquel.

Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al hoy demandante que asuma de forma impasible y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante aproximadamente un año, la privación de su derecho a la libertad, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que no estaba el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que, por tanto, debe calificarse como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir al demandante.

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que lo ampara y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás le desvirtuó.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que no estaban el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la administración de justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola tuviere que padecer de la limitación a su libertad durante un año aproximadamente hasta que se lo absolvió de responsabilidad penal, pues la conducta por la cual se lo investigó “no constituía hecho punible; en cambio, es a la entidad demandada a quien correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(42).

Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada y, en consecuencia, analizará el reconocimiento y monto de los perjuicios solicitados en la demanda.

2.6. Indemnización de perjuicios.

2.6.1. Perjuicios morales.

Según se dejó indicado, en la demanda se solicitó por concepto de indemnización de perjuicios morales, el monto equivalente en pesos a 1000 SMLMV a favor del principal afectado y la suma de 200 SMLMV a favor de la menor Silvana Spehania Arenas Anzola (sic).

Ahora bien, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(43) y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.

Para el caso sub lite, entiende la Sala que la restricción de la libertad a la cual fue sometido el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola por casi un año causa per se, una afección moral que debe ser indemnizada en su favor y en el de sus hija Silvana Stephania Arenas Cruz(44).

En cuanto al criterio para liquidar dicho perjuicio por razón de la privación injusta de la libertad, se debe precisar que con base en las máximas de la experiencia y en las pruebas recaudadas, puede inferirse que el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola padeció el perjuicio moral por cuya reparación demandó, comoquiera que es propio de la naturaleza humana que toda persona privada injustamente de la libertad, experimente un profundo sufrimiento de angustia, temor, impotencia e inseguridad por causa de dicha situación.

Así pues, teniendo en cuenta que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso concreto, según su prudente juicio y de acuerdo con parámetros establecidos por la jurisprudencia de esta Sección(45), en el presente asunto se considera que la indemnización a favor del señor Enrique Alejandro Arenas Anzola debe ser el equivalente en pesos a 80 SMLMV, dada su permanencia en un centro de reclusión por casi 12 meses, así como se reconocerá esa misma cantidad para su hija Silvana Stephania Arenas Cruz.

2.6.2. Perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia.

La parte demandante solicitó que por concepto de “daño a la vida de relación”, la suma equivalente en pesos a 200 SMLMV a favor del principal afectado. Al respecto, cabe resaltar que mediante sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(46), la Sala se refirió a dicho perjuicio en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no solo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado social de derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que ‘[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que estas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él’.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que ‘para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismo tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece’(47).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d'éxistence(48) pueden entenderse como ‘una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos’(49) o ‘las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral’(50).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

Asimismo, la Sala ha considerado que cuando se trata de alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—(51), estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(52).

Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza o el alcance de la lesión sufrida por la víctima, las secuelas que le hubiere dejado el daño antijurídico causado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida cotidiana en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en su ámbito placentero o de otra índole, e incluso con base en las reglas de la experiencia; no obstante debe advertirse que no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio.

En el presente asunto advierte la Sala que si bien la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el demandante ocasionó un cambio en su vida y en la de su familia, ningún elemento de juicio acredita que esa modificación haya sido de tal entidad que le produjera una alteración transcendental a sus condiciones de existencia o a la de algún miembro de su núcleo familiar. Por lo tanto la Sala se abstendrá de efectuar reconocimiento alguno por dicho perjuicio reclamado(53).

2.6.3. Perjuicios materiales.

— Daño emergente.

En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados por este rubro, se solicitó en la demanda que se condenara al pago de la suma de $ 35'000.000 derivado de los gastos en que tuvieron que incurrir los demandantes para sufragar los gastos del hogar mientras el señor Enrique Alejandro Anzola estuvo detenido.

La Sala recuerda que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.

Se tiene entonces que los gastos a que se refiere la parte demandante corresponden, por una parte, a la manutención de su hija menor que habrían quedado desprotegida en virtud de la detención de que fue objeto la referida víctima directa y que en razón de este hecho se vio abocado a contraer obligaciones personales y enajenar algunos bienes de su propiedad.

Debe señalarse que los gastos de manutención del hogar, constituyen erogaciones que no se originan como consecuencia de la medida privativa de la libertad, sino que surgen de las naturales obligaciones consustanciales a la propia subsistencia y para atender los deberes de manutención de la familia, los cuales, obviamente, son previos y ajenos a la ocurrencia del hecho generador del daño, en tanto no existe relación causal que los sustente(54). Por lo que habrá de negarse el reconocimiento de dicho perjuicio.

De otra parte, no le cabe duda a la Sala que los gastos de honorarios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad injustamente, constituyen un daño emergente que debe ser reparado en la medida que se compruebe su pago por parte del solicitante(55).

Al respecto, la Subsección estima procedente la indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, esto es el monto de las sumas específicas de dinero que debió cancelar el actora a su(s) representante(s) judicial(es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este proceso— es posible determinar que el señor Enrique Arenas Anzola sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño material deprecado.

Ahora bien, la circunstancia de que en el expediente no exista constancia del quantum al cual debe ascender la indemnización por concepto del daño emergente, no constituye óbice para que la Sala proceda a la liquidación de dicho perjuicio, teniendo en cuenta que en el ordenamiento existen parámetros objetivos que el juez puede y debe aplicar en aquellos eventos en que, como el presente, resultan indispensables para definir de manera concreta e inmediata —sin mayores dilaciones— los extremos del proceso sometido a conocimiento del operador judicial.

En este sentido, tanto el Código Contencioso Administrativo, como el Código de Procedimiento Civil, prevén la posibilidad de condenar a la parte vencida en el proceso al pago de las expensas judiciales y las agencias en derecho causadas durante el trámite de la litis.

Las agencias en derecho pueden definirse como “la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entra esta y aquel(56)(57).

Los numerales 3º y 4º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, disponen que el magistrado ponente fijará las agencias en derecho con aplicación de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

En cualquier caso, ante la existencia de tarifas mínimas y máximas, el juez deberá tener en cuenta i) la naturaleza, ii) calidad y iii) duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente. Los mencionados supuestos deben valorarse por el Juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.

El Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— mediante Acuerdo Nº 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló los siguientes criterios para su liquidación:

“ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia”.

Con todo, al revisar el citado acuerdo, se encuentra que allí no se regularon las tarifas mínimas y máximas, para efectos de liquidar las agencias en derecho causadas en un proceso penal. Lo anterior encuentra justificación en la sencilla pero potísima razón de que en los procesos de naturaleza penal, salvo casos específicos, en los eventos en los cuales el proceso termina por preclusión o fallo absolutorio, no hay lugar fijar agencias en derecho(58).

Lo anterior adquiere relevancia en la medida en que el Acuerdo 1887, para efectos de fijar las tarifas de las agencias en derecho, se fundamenta, principalmente en el monto de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia correspondiente, circunstancia que al momento de pretender aplicarse en un proceso penal, por obvias razones, encuentra dificultades, en la medida en que, en estricto sentido, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación no se fundamenta, generalmente, en la formulación de pretensiones de índole económica.

No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 4º del mencionado Acuerdo 1887, fija un parámetro que bien puede ser de utilidad en casos como el presente en los cuales se pretende calcular, de nuevo, de manera objetiva, razonable y proporcional, los gastos generados por concepto de la defensa judicial en un proceso penal.

Dice el aludido parágrafo:

“ART. 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o esta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes” (se resalta y subraya).

Así las cosas, para liquidar las agencias en derecho tratándose de los procesos judiciales que terminen con sentencia solo declarativa, deberán tenerse en cuenta los criterios previstos en el artículo 3º de ese acuerdo y en ningún caso deberá superar el monto equivalente a 20 SMLMV.

En la misma dirección, la Sala considera pertinente tener en cuenta, como criterio auxiliar, las tarifas que por concepto de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado han sido fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados —Conalbos—, en la medida en que allí se hace una discriminación detallada acerca del monto al cual podrían ascender los honorarios de un profesional del derecho que ejerza la representación en un proceso penal, dependiendo de las actuaciones que este realice.

En este sentido, según la mencionada corporación, las siguientes son las tarifas que por concepto de honorarios corresponderían a un abogado que ejerza la representación judicial en un proceso penal:

“18. Derecho penal.

18.1. Consulta oral. Un salario mínimo legal vigente.

18.2. Consulta escrita. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.3. Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.4. Visita a la cárcel y estudio de documentos. Un salario mínimo legal vigente.

18.5. Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6. Asistencia a indagatoria.

18.6.1. Ante juez penal municipal. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.2. Ante fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.

Si se trata de versión libre: se cobrará el honorario respectivo disminuido en un 50%.

18.7 Etapa instructiva.

18.7.1. Ante fiscal local. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.2. Ante fiscal seccional. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.3. Ante fiscal especializado. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.4. Ante fiscal delegado ante tribunal. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.5.- Ante magistrado Sala Penal de la Corte. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.8. Etapa de juicio.

18.8.1. Ante los juzgados penales municipales. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.2. Ante los juzgados del circuito. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.3. Ante los juzgados del circuito especializados. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.4. Ante los tribunales superiores. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.5. Ante la Corte Suprema de Justicia. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.9. Constitución de la parte civil dentro del proceso penal. Diez salarios mínimos legales vigentes.

(...).

18.11. Recursos.

18.11.1. Extraordinarios.

18.11.1.1. Casación. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.11.1.2. Revisión. Quince salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2. Ordinarios.

18.11.2.1. Ante juzgados penales municipales. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.2. Ante juzgados penales del circuito. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.3. Ante juzgados penales del circuito especializado. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

(...)”(59).

En consecuencia, la Sala, para liquidar el daño emergente, por concepto de los honorarios de abogado solicitados en la demanda, tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

— La naturaleza, la calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente.

— El parágrafo del artículo 4º del Decreto 1887 de 2003.

— Las tarifas fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados.

Así las cosas, una vez revisadas las actuaciones surtidas en el proceso penal que obra en el presente encuadernamiento, hay constancia de que la señora Sonia Magaly Urrea Ordóñez contó con la asistencia de un profesional del derecho, labor de defensa que se extendió hasta la fecha en la cual se dictó la providencia del Tribunal Superior de Bucaramanga en la cual se decidió confirmar la absolución de responsabilidad penal de dicha persona y, en consecuencia, se dispuso su libertad incondicional inmediata.

En cuanto a la calidad de la gestión, se encuentra que en términos generales, la labor de defensa resultó adecuada para los intereses de los defendidos, en la medida en que obran en el expediente diferentes actuaciones por medio de las cuales se pretendió hacer cesar la acción penal en contra de la sindicado, esto es, hubo diferentes peticiones con el fin de que se ordenara la libertad de la procesadas, se interpusieron recursos de reposición y apelación contra la resolución mediante la cual se dictó medida de aseguramiento en su contra, se contó con la asistencia del profesional del derecho a varias audiencias e, incluso, se presentaron varios memoriales tendientes a exponer razones por las cuales el juez penal debía absolver de responsabilidad penal al señor Enrique Arenas Anzola.

A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta la duración de su gestión y la naturaleza del proceso, se fijará, por concepto de daño emergente, un monto equivalente a 15 SMLMV(60) en contra de la Fiscalía General de la Nación y a favor del señor Enrique Arenas Anzola.

— Lucro cesante.

La parte demandante solicitó que se reconocieran perjuicios por lucro cesante, en la cantidad de $ 24'000.000, correspondientes a los sueldos dejados de percibir por razón de la detención injusta que padeció, así como los intereses y actualización a la fecha de la sentencia definitiva; no obstante, no se aportó prueba alguna sobre la actividad económica que desarrollaba, sin embargo, se acudirá a la presunción respecto de que toda persona en edad productiva devenga para su supervivencia, por lo menos el salario mínimo legal mensual.

En cuanto al período a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 30 de abril de 2003 —fecha de la captura de la demandante— y el 19 de marzo de 2004, fecha de la sentencia de primera instancia que ordenó la libertad provisional del demandante.

Sin embargo, se liquidará no solo ese período en el que estuvo privado de la libertad el demandante principal, sino también el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral.

En efecto, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(61)(62).

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:

Ingresos de la víctima al momento de su detención: $332.000

Período a indemnizar: 20 meses

Actualización de la base:

2005-01119 Fórmula 1
 

RA = $514.631, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($616.000), se tomará este último para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($770.000).

2005-01119 Fórmula 2
 

Total perjuicios materiales por lucro cesante: Dieciséis millones ciento treinta y tres cuarenta pesos ($16'133.040).

2.7. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 28 de octubre de 2009.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación, a pagar las siguientes sumas de dinero:

3.1. Por lucro cesante para el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola, la suma de dieciséis millones ciento treinta y tres cuarenta pesos ($16'133.040).

3.2. Por daño emergente para el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola, la suma equivalente en pesos a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

3.3. Por daño moral, a favor del señor Enrique Alejandro Arenas Anzola y de la menor Silvana Stephania Arenas Cruz, la suma equivalente en pesos a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia para cada uno de tales demandantes.

4. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(17) Al respecto consultar las precisiones que sobre el particular realizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 110010326000200800009 00.

(18) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2001, Exp. 13.392, M.P. Dr. Alier Hernández Enríquez, entre muchas otras.

(19) “En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

(20) “(...) Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:

8. Representar a la Nación - rama judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados judiciales”.

(21) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el 8 de julio del 2009, Exp. 17.517, del 23 de abril de 2008, Exp. 17.534 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras, todas con ponencia del Consejero, Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, Exp. 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, y el 26 de marzo de 2008, Exp. 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, ambas con ponencia del Consejero Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, Exp. 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(24) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, Exp. 9734.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, Exp. 8.666.

(28) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, Exp. 10.056.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, Exp. 10.229.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2002, Exp. 13.606.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, Exp. 11.601.

(33) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); Rad. 20001-23-31-000-3423-01; Exp. 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación - rama judicial.

(34) Sobre el punto, véase De Asis Roig, Agustín. Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder. Madrid: Debate, 1992; Rodríguez-Toubes Muñiz, Joaquín, La razón de los derechos. Madrid: Técnos, 1995.

(35) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo, Tomo I, Introducción. Bogotá, D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2003, pág. 375.

(36) Se toma la cita de la trascripción que del texto de la Declaración efectúa Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales (...), Op. cit., p. 139.

(37) En similares términos puede consultarse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517, 25 de febrero del 2009, Exp. 25.508 y del 15 de abril del 2010, Exp. 18.284, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(38) Fls. 115 a 117, cdno. 2.

(39) Fls. 241 a 244, cdno. 1.

(40) Fls. 74 a 110, cdno. 2.

(41) Fls. 630 a 653, cdno. 2.

(42) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.

(43) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(44) Toda vez que obra el respectivo registro civil de nacimiento a folio 1 del cuaderno 3.

(45) Al respecto consultar, sentencias proferidas el 24 de agosto de 2012, Exp. 26.027, 23 de junio de 2011, Exp. 22.591 y 8 de junio de 2011, Exp. 21.010, en las cuales se reconoció el mismo monto por perjuicios morales a favor de la víctima directa y sus parientes en primer grado de consanguinidad.

(46) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.

(47) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado. Ed. Comlibros, tercera edición, 2006, pág. 98.

(48) Navia Arroyo, Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2000, pág. 78.

(49) Chapus, René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, “El daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado”, en Derecho colombiano y francés. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998, pág. 252.

(50) Paillet, Michel. La responsabilidad administrativa. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001, pág. 278.

(51) Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud” consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2012, Exp. 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros, M.P. Enrique Gil Botero.

(52) Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, Exp. 16.407.

(53) En ese mismo sentido consultar, Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2013, Exp. 25.634, M.P. Carlos A. Zambrano Barrera, en la cual se denegaron tales perjuicios con base en consideraciones similares a las planteadas en este asunto.

(54) En sentencia de 12 de diciembre de 2005, Exp. 13.558, la Sección señaló que sólo hay lugar a indemnizar los perjuicios que se originen como consecuencia de la medida privativa de la libertad, lo que no ocurre respecto de los gastos y obligaciones ya existentes y que son consustanciales al giro ordinario de la vida familiar. En ese sentido denegó la indemnización solicitadas en la demanda por las cuotas pagadas por un crédito hipotecario de vivienda, las cuotas de administración del apartamento donde residía el procesado, el pago de servicios públicos, los gastos de manutención de uno de los hijos y del hogar, el pago del colegio de otro de los hijos, gastos odontológicos, el salario de la secretaria de la oficina de abogado del procesado y el pago del arrendamiento de la citada oficina, egresos que se dijo, fueron cubiertos con ahorros personales y adquisición de préstamos. Al respecto puede consultarse igualmente la sentencia proferida por esta Subsección el 11 de agosto de 2011, Exp. 25000-23-26-000-1997-04613-01 (21801).

(55) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de septiembre de 2013, Exp. 36.566.

(56) Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido, Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 28 de junio de 1995, Exp. 4571, M.P. Héctor Marín Naranjo.

(57) Corte Constitucional, Sentencia C-089 del 13 de febrero de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(58) Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 13 de abril de 2011, Exp. 34145, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.

(59) http://conalbos.com/tarifas. Ultimo ingreso: jun. 6/2013.

(60) En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de junio de 2013, Exp. 31.033 M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(61) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza. “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3. Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA - Dirección general de empleo y trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22.

(62) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Aclaración de voto

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la decisión mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Enrique Alejandro Arenas Anzola por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quien fue exonerado por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, por atipicidad de la conducta, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del indubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se dé por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o esta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del indubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (art. 414, D. 2700/91) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del indubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquel no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó al señor Enrique Alejandro Arenas Anzola, teniendo en cuenta que la justicia penal lo exoneró de responsabilidad, por atipicidad de la conducta.

Fecha ut supra. 

Carlos Alberto Zambrano Barrera.