Sentencia 2005-01126 de mayo 25 de 2005 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 110011102000200501126 01

Magistrada Ponente:

Dra. Leonor Perdomo Perdomo

Aprobado según acta sesenta y seis de la fecha

Bogotá, D.C., mayo veinticinco de dos mil cinco.

Tema a decidir:

Se resuelve la impugnación formulada por la señora Omaira Osorio Barrios, contra el fallo del 6 de abril del año en curso, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, le negó la acción de tutela interpuesta contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Sociedad Administradora de Fondos, Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Reseña:

1. Argumentos de la demandante:

La accionante quien dijo obrar a nombre de su hija, María Alejandra Díaz Osorio, precisó que la menor es fruto de su unión con el señor Alejandro Díaz Calderón, con quien contrajo matrimonio el 4 de enero de 1997; precisando que en el mes de diciembre de 2000 se decretó la cesación de los efectos civiles del rito católico ya señalado.

Agregó, que tan sólo el 9 de marzo de 2004, se enteró de la muerte de su ex esposo, ocurrida en forma violenta el 23 de enero de la misma anualidad en la ciudad de Villavicencio, lo que motivó de su parte la presentación de la solicitud de pensión a favor de su hija ante Porvenir S.A. —oficina Las Nieves—.

Adujo, que frente a la demora en obtener pronunciamiento por parte de la entidad, el 18 de enero del año que avanza presentó derecho de petición a fin de que se le informara cuánto tiempo más tenía que esperar para que se definieran los derechos pensionales.

Consecuente con lo anterior, Porvenir S.A., el 14 de febrero hogaño, le respondió que debido a la falta de pago del bono pensional por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y como quiera que dicha entidad carece de los recursos para el efecto, no se cuenta con el capital para financiar el pago de la pensión de sobrevivencia.

Informa que para el actual momento no cuenta con trabajo, por lo que ha tenido que acudir a sus padres quienes la acogieron junto con su hija y les satisfacen sus necesidades básicas, señala que la niña no tiene servicio médico pues ni siquiera está amparada por el Sisbén, y requiere un tratamiento odontológico, lo mismo que ser tratada de un dolor en el lado izquierdo del pecho.

Al tenor de lo dicho, la accionante estima injusto que Porvenir S.A., le esté negando el derecho de beneficiaria a su hija “... tomándose un año para resolver y adjudicar lo correspondiente a mi pequeña ...”.

Finalmente, depreca el amparo de los derechos fundamentales de la menor a la vida en condiciones dignas, ordenándole a la demandada le reconozca las mesadas pensionales en la proporción legal que le corresponda “... teniendo en cuenta que lleva un año sin cancelar ...” (fls. 1 a 4 cdno. o.).

2. Actuación procesal y pruebas allegadas al infolio:

La Sala de instancia el 28 de marzo hogaño, avocó conocimiento de la acción constitucional, ordenando entre otras cosas, la notificación de la solicitud de amparo a las partes involucradas y a los terceros con interés en el resultado de la misma (fls. 21 a 35 cdno. o.).

Enterado de las pretensiones de protección excepcional el jefe de la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público aportó al expediente escrito, en el cual al referirse al caso presentado por la accionante señaló que:

“... Se trata de un eventual bono pensional tipo A, en estado de liquidación provisional en donde participan eventualmente como contribuyentes del mismo la Nación en su calidad de emisor con un cupón principal de bono, y el ISS con un cupón o cuota parte del mismo ... En el caso del bono pensional del señor Alejandro Díaz Calderón, se informa que la AFP Porvenir, hizo la última solicitud de liquidación provisional el día 15 de marzo de 2005. Quedando desde el día 22 de marzo del corriente año en liquidación provisional. Hasta la fecha la AFP no ha solicitado la emisión y redención del bono pensional. Lo anterior quiere decir que los plazos para la OBP no ha empezado a correr ...”.

Lo que pretende la abogada accionante, en representación de la menor María Alejandra Díaz Osorio consiste en que la OBP emita y pague su bono pensional, sin que la representante o tutor de la beneficiaria, haya autorizado su emisión y sin que el ISS haya reconocido su cuota parte en dicho bono.

Hasta tanto el representante legal o tutor de la menor, en forma expresa, manifieste a la AFP Porvenir, su aceptación o reprobación a la última liquidación provisional del bono pensional, ni la administradora de pensiones, ni la OBP pueden adelantar gestión alguna relacionada con las pretensiones de emisión del bono pensional ...” (fls. 36 a 45 cdno. o.).

A su vez, la directora de prestaciones de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., respecto de las intenciones de tutela adujo:

“... En el evento que nos ocupa la señora Omaira Osorio Barrios solicitó pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge afiliado, para lo cual esta administradora le informó por medio de diversas comunicaciones que tal solicitud no procedía a su favor, por cuanto a la fecha existía sentencia de divorcio lo cual hacía que perdiera la calidad de beneficiaria, y en consecuencia el estudio de la solicitud pensional se continuaría respecto de la menor María Alejandra Díaz Osorio hija del afiliado ...”.

Por lo anterior, es claro que Porvenir S.A., sí ha cumplido dicha labor, gestionando e impulsando el procedimiento de emisión del bono pensional ante las entidades involucradas, e informando en su momento a la accionante sobre la documentación requerida, y si no se a (sic) podido terminar el trámite, se debe única y exclusivamente a que la accionante no ha atendido nuestro requerimiento de acercarse a nuestras oficinas para verificar el estado de la historia laboral, documento sin el cual no es posible conocer si el afiliado fallecido reunía los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes solicitada ...” (fls. 55 a 65 cdno. o.).

3. Fallo de primera instancia:

La Sala de instancia, repitiendo los argumentos que expusieron las entidades encargadas de absolverle la petición a la accionante, referente a normatividad aplicable al caso lo mismo que los términos y en general el trámite que al interior de las mismas se debe dar a solicitudes como la incoada por la señora Osorio Barrios; negó la acción de tutela precisando que “... teniendo en cuenta que en el presente diligenciamiento existe una obligación de la accionante sin la cual no puede continuarse el trámite del expediente prestacional, por la AFP Porvenir S.A., no es posible acceder al amparo propuesto, dado que no es posible ordenarle que prosiga el trámite cuyo requisito sine qua non es la aceptación, firma y autorización de la historia laboral del señor Díaz y de la liquidación provisional pluricitada por aquella ...” (fls. 103 a 117 cdno. o.).

4. Argumentos de la recurrente:

Inconforme con la anterior determinación, la peticionaria allegó escrito de impugnación señalando que el pasado 18 de abril del año en curso se acercó a la oficina de Porvenir S.A., para cumplir con la supuesta omisión que se le endilga, sin que le fuera dable verificar la historia laboral propia del proceso de liquidación provisional del bono pensional en tanto, dentro del expediente 7679 no existe la citada liquidación. Sobre el tema expone los pormenores que rodearon su visita a la entidad mencionando el nombre de la empleada que la atendió, quien además le sugirió formular un nuevo derecho de petición en formato de la entidad.

La actora soporta su dicho enrrostrándole a la entidad negligencia en el trámite y calificando de espurias las respuestas que Porvenir S.A., ofreció a la Sala a quo. Igualmente, respalda su manifestación aduciendo que el doctor César Brausin le acompañó el día de marras y fue testigo de lo anotado.

Finalmente, deprecando la revocatoria del fallo de primera instancia, insiste en la afectación del mínimo vital de su menor hija (fls. 125 a 129 cdno. o.).

Consideraciones:

1. Competencia de la Sala:

Al tenor de lo previsto en el inciso primero del artículo 116 de la Constitución Política, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y las respectivas salas de los consejos seccionales de la judicatura como órganos integrantes de la rama judicial les asiste la facultad de administrar justicia, razón por la cual tienen competencia para conocer de las acciones de tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente conculcados.

Así mismo, por ser esta corporación su superior jerárquico, es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Por último, es de resaltar que al figurar como demandada una entidad del orden nacional como lo es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, acorde con el mandato previsto por el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, igualmente le compete a la corporación desatar la impugnación interpuesta.

2. Improsperidad del amparo - Ausencia del perjuicio irremediable - Otro medio de defensa judicial.

La Corte Constitucional a propósito del reconocimiento de un derecho en este caso referente a la pensión ha precisado que solamente en los eventos en que con ocasión de la demora en el trámite de una solicitud pensional se afecte i) la dignidad humana, ii) la subsistencia en condiciones dignas, iii) la salud, iv) el mínimo vital; que existan lazos de conexidad con derechos fundamentales, o se acredite que someter a la persona a los trámites de un proceso judicial ordinario fuera excesivamente gravoso, la tutela puede desplazar al mecanismo ordinario de defensa, en la medida que aquel pierde su eficacia material frente a las particulares circunstancias de la persona y evidencia un daño irremediable (1) .

En este sentido, los operadores jurídicos deben tener en cuenta que por regla general la acción de tutela resulta improcedente como mecanismo judicial para lograr el efectivo pago de obligaciones relacionadas con la seguridad social, salvo en aquellos casos en los cuales, las personas se encuentren en condiciones que ostensiblemente comprometan sus derechos a la vida en condiciones dignas y justas, a la salud y al mínimo vital.

En materia de bonos pensionales, por ejemplo se ha explicado que en aquellos casos en los que la liquidación y remisión de bonos pensionales constituye fundamento para que se consolide y reconozca una pensión de jubilación, procede excepcionalmente la acción de tutela para proteger derechos como la vida, el del mínimo vital y la seguridad social de quien cumpliendo con los requisitos de ley para obtenerla, queda sometido a una prolongada e indefinida espera con ocasión del trámite para la expedición del bono pensional (2) .

Así, es preciso concluir que la protección constitucional referida al trámite pensional no se orienta a soslayar los medios judiciales ordinarios con que cuenta el solicitante, sino a garantizar la efectividad de los derechos como la vida y el mínimo vital, conforme lo dispone el artículo 2º de la Carta Política.

3. Procedencia de la medida de amparo - Conculcación del derecho de petición - Ausencia de respuesta concreta sobre el pedimento formulado por la accionante.

La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa cuando señala que a fin de tener como satisfecho el derecho de petición, la parte obligada en responder el petitum debe en todo caso ofrecer una respuesta cierta sobre lo pedido en un plazo no superior a 15 días, o en su defecto le debe informar a la persona interesada, el término aproximado en el cual le va a responder, explicándole en todo caso, las razones del nuevo término.

Igualmente, está decantado que la respuesta debe resolver el núcleo fundamental del derecho de petición, vale decir, serán tutelables aquellas respuestas evasivas o que no definen el fondo de lo pedido.

En el presente evento, más allá de la afectación o desconocimiento del mínimo vital alegado por la accionante del cual no existe prueba sumaria, toda vez que el dicho de la misma aparece huérfano de respaldo probatorio, lo cual le impide a la Sala abordar de fondo el tema del reconocimiento del derecho que le asiste a la hija de la accionante respecto del bono pensional, frente a la posibilidad que le asiste a su representante legal de someterse al trámite de ley que informa este tipo de solicitudes; para la colegiatura lo que se advierte es la conculcación del derecho fundamental de petición en cabeza de la actora por parte de Porvenir S.A. respecto de la solicitud de información que la misma elevara el pasado mes de enero del año en curso.

En efecto, véase que al momento de deprecar pronunciamiento de parte de la entidad demandada en el escrito contentivo del derecho de petición la señora Osorio Barrios fue clara en manifestarle a Porvenir S.A., le informara “... Cuánto tiempo falta para que se otorgue lo correspondiente a la pensión de sobrevivientes ... Si hace falta otro documento para anexa (sic) al estudio no se me ha manifestado ...”.

A lo cual la obligada con el petitum aduciendo falta de presupuesto para la emisión del bono pensional, se limitó a sugerirle que se acercara a la entidad para verificar el estado actual de la conformación de la historia laboral, sin que en parte alguna de la respuesta le resolviera de fondo la inquietud planteada por la petente, y menos aún Porvenir S.A., le explicó que el trámite estaba a la espera de que ella aceptara, firmara y autorizara la historia laboral del señor Díaz y de la liquidación provisional.

Nótese que el novedoso argumento de que el trámite adelantado por Porvenir S.A., se encontraba paralizado por la falta de comparecencia de la señora Osorio Barrios a las instalaciones de la entidad, surgió como motivo de la presentación del libelo tutelar, más exactamente al momento en que la demandada se pronunció sobre los hechos de la tutela, pues los oficios anexos al expediente nada informan sobre el supuesto requerimiento hecho a la accionante, a quien Porvenir S.A., le imputa la mora en el trámite de la liquidación y reconocimiento del derecho que demanda.

Por si lo anterior fuera poco resulta realmente preocupante que la demandada —Porvenir S.A.—, desatendiendo el imperativo constitucional que obliga a dar un trato preferente a los menores de edad, en el caso a estudio, se limite a endilgarle a la madre de la menor incuria, cuando lo que informan las probanzas aportadas al expediente, es falta de diligencia al interior de la entidad para abordar el estudio de la solicitud que desde hace más de un año presentó la representante legal de la niña María Alejandra.

No se compadece entonces, que tan sólo ahora cuando la madre de la menor presenta la acción de tutela, Porvenir S.A., trate de justificar la exagerada mora en decidir el derecho de petición que involucra el reconocimiento del derecho pensional a favor de la infante, imputándole a la señora Osorio Barrios, el incumplimiento de un requerimiento que nunca se presentó por parte de la demandada en los términos que adujo en el escrito de descargos.

En el anterior orden de ideas, y como quiera que no resulta jurídicamente acertado tal y como lo resolvió el a quo aceptar la respuesta que al interior del trámite tutelar le brindó la demanda a la accionante, la Sala en aras a ampararle el derecho fundamental de petición a la actora, revocará el fallo objeto de impugnación, ordenándole a Porvenir S.A., dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del presente fallo, se resuelva de fondo su derecho de petición, explicando el trámite que se ha cumplido respecto del derecho pensional radicado en dicha entidad, dejándole en todo caso dentro del mismo lapso, a disposición de la misma la historia laboral ya mencionada para que la señora Osorio Barrios se enteré en concreto cuál ha sido la suerte de su pedimento.

Finalmente, la Sala ve la necesidad de prevenir a la Sociedad Administradora de Fondos, Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para que de conformidad con lo expuesto en la presente providencia, adopte los correctivos al interior de la entidad, a fin de que entratándose de solicitudes que involucren el reconocimiento de un derecho en cabeza de un menor, cumpla estrictamente los términos de ley, y así se concrete en la práctica la intención del constituyente plasmado en la Carta Política, referido al trato preferencial que merecen entre otros los menores de edad en un Estado social de derecho.

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia materia de impugnación, que negó la petición de amparo excepcional, para en su lugar TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señor Omaira Osorio Barrios, para tal efecto se ORDENA a Porvenir S.A., dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del presente fallo, le resuelva de fondo su derecho de petición, explicando el trámite pormenorizado que se ha cumplido respecto del derecho pensional radicado en dicha entidad, dejándole en todo caso a disposición la historia laboral ya mencionada para que la señora Osorio Barrios se enteré en concreto cuál ha sido la suerte de su pedimento.

2. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la Secretaría Judicial de esta Sala REMITIRÁ el presente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando Coral Villota—Eduardo Campo Soto—Guillermo Bueno Miranda—Jorge Alonso Flechas Díaz (ausente por comisión)—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Nárvaez (aclaró voto)—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) Corte Constitucional. Sentencia T-634 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(2) Sobre este tema pueden estudiarse, entre otras, las sentencias T-1565 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-136 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-235 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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