Sentencia 2005-01174 de agosto 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200501174-01

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Nº Interno: 18264

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: edificio calle 100

Demandado: Codensa ESP y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Bogotá, D. C., catorce de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decidirá sobre el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 11 de febrero de 2010 que: (i) declaró la nulidad de los oficios 784175 del 27 de marzo de 2003 y 797034 del 2 mayo de 2003, expedidos por Codensa S. A., y de la Resolución 17633 del 31 de septiembre de 2004, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y (ii) a título de restablecimiento del derecho, declaró que la propiedad horizontal edificio calle 100, demandante en el proceso, estaba exenta del pago de la contribución de solidaridad, y, por tanto, ordenó a Codensa refacturar la contribución desde el mes de septiembre de 2001 hasta tanto persista la irregularidad, y devolver a la demandante el valor refacturado debidamente indexado.

Sea lo primero precisar que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no objetó, en el recurso de apelación, que el tribunal partiera de la consideración de que la demandante estaba exenta de la contribución de solidaridad, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 675, pese a que en la contestación de la demanda alegó que la exención solo recaía sobre determinados sujetos, esto es, los hospitales, las clínicas, los centros de salud, cualquiera que sea su naturaleza, pública o privada, con o sin ánimo de lucro; los centros educativos asistenciales sin ánimo de lucro y los centros asistenciales sin ánimo de lucro.

En consecuencia, la Sala circunscribirá el análisis del recurso de apelación a lo que fue expresamente objetado por la superintendencia, esto es, si el tribunal incurrió en una vía de hecho porque, según dijo, habría inaplicado el artículo 86 de la Ley 675 de 2001, y, aplicado indebidamente la Circular 78 de 2003, expedida por el Viceministerio de Minas y Energía. Por lo mismo, y porque la parte demandante tampoco apeló la orden de indexación que profirió el tribunal respecto de la suma que ordenó devolver la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre el particular.

• De la falta de aplicación del artículo 86 de Ley 675 de 2001

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el tribunal no tuvo en cuenta el régimen de transición previsto en el artículo 86 de la Ley 675 de 2001. Para la superintendencia, la exención de la contribución de solidaridad, en favor de la demandante, se le debería reconocer pero a partir del vencimiento del año y medio que tenía para someterse al nuevo régimen de propiedad horizontal.

En el caso en examen, la Sala considera que el tribunal no violó el artículo 86 de la Ley 675 de 2001 por falta de aplicación, por las siguientes razones:

El artículo 86 de la Ley 675 de 2001, dispone:

“ART. 86.—Régimen de transición. Los edificios y conjuntos sometidos a los regímenes consagrados en las leyes 182 de 1948, 16 de 1985 y 428 de 1998, se regirán por las disposiciones de la presente ley, a partir de la fecha de su vigencia y tendrán un término de un (1) año para modificar, en lo pertinente, sus reglamentos internos, prorrogables por seis (6) meses más, según lo determine el Gobierno Nacional. Transcurrido el término previsto en el inciso anterior, sin que se hubiesen llevado a cabo las modificaciones señaladas, se entenderán incorporadas las disposiciones de la presente ley a los reglamentos internos y las decisiones que se tomen en contrario serán ineficaces”.

Pues bien, la corporación ha sostenido que la violación de la ley por falta de aplicación ocurre bien porque el juzgador ignora su existencia, o porque a pesar de que conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa, no la aplica a la solución del caso(7).

En el caso concreto, la falta de aplicación se configuraría, según la superintendencia, porque el tribunal ignoró la existencia del artículo 86 la Ley 675 de 2001. Sin embargo, eso no ocurrió así porque, en la demanda, la parte actora no alegó la violación de ese artículo. Por tanto, el tribunal no tenía por qué hacer un análisis de violación de esa norma. Y, de otra parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios siempre alegó que la demandante era sujeto pasivo de la contribución de solidaridad, por tanto, nunca cuestionó el plazo a partir del cual habría que reconocer a la demandante el derecho a la exención a la contribución de solidaridad.

En efecto, como se precisó en los antecedentes del proceso, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en la contestación de la demanda, nunca alegó que la exención debió reconocerse.

Fue a partir de la interposición del recurso de apelación que la superintendencia dejó de cuestionar el derecho a la exención que el tribunal le reconoció a la demandante, por cuanto, se reitera, no objetó que en la sentencia apelada se partiera de la consideración de la calidad de exento del edificio calle 100 de la contribución de solidaridad. La objeción se concretó a alegar que la exención se debió reconocer a partir del año y medio de entrada en vigencia de la Ley 675 de 2001.

Sin embargo, esa objeción es inoportuna en la instancia del recurso de apelación porque no se propuso ni en la vía administrativa ni en la judicial, por la sencilla razón de que la Resolución 17633 de 2004, acto administrativo demandado que expidió la superintendencia, partió del hecho de desconocer el derecho a la exención de la contribución de solidaridad del edificio calle 100.

Además, en esa resolución, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decidió aplicar el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 que dispone que “En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos”(8). De ahí que, la superintendencia analizó el recurso de apelación a partir del hecho de que el edificio calle 100 presentó la reclamación “el 11 de abril de 2003”, a efectos de revisar las últimas 5 facturas anteriores a esa fecha. Por tanto, es evidente que en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del a quo, la superintendencia ni siquiera defendió el contenido de los actos administrativos demandados ni cuestionó la decisión del tribunal.

En esa medida, la vía de hecho que se habría configurado en el fallo apelado no tuvo ocurrencia pues el tribunal no violó el artículo 86 de la Ley 675 de 2001 por falta de aplicación. No prospera el recurso de apelación.

• De la aplicación indebida de la Circular 78 de 2003 del Ministerio de Minas y Energía

En cuanto a la presunta indebida aplicación de la Circular 78 de 2003 del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios alegó que si bien en esa circular se decía que la exención de la contribución de solidaridad se predica respecto del consumo de energía eléctrica en las zonas comunes de las propiedades horizontales, el tribunal ignoró que se probó que el medidor del consumo de energía eléctrica del edificio calle 100, para el momento en que solicitó la devolución de lo que pagó por concepto de la contribución exenta, era uno solo para toda la copropiedad, es decir, tanto para las unidades privadas como para las zonas comunes. De tal manera que, a su juicio, el tribunal propició el enriquecimiento sin justa causa a favor de los copropietarios porque no precisó que la exención de la contribución de solidaridad recaía, exclusivamente, por el consumo de energía eléctrica en las zonas comunes del edificio.

La Sala considera que el tribunal no aplicó indebidamente la Circular 078 de 2003 por las siguientes razones:

La Circular 078 de 2003 precisó los requisitos que debían cumplir las propiedades horizontales, para ser beneficiarias de la exención del pago de la contribución (impuesto) de solidaridad, en los siguientes términos:

“Circular 078

(23 de diciembre de 2003)

Para: empresas comercializadoras de energía eléctrica

De: viceministro de Minas y Energía

Asunto: precisión sobre las circulares MME 031 y 050 de 2003

— Cobro de contribución de solidaridad a las áreas

Comunes de propiedad horizontal.

Con el fin de dar alcance a las circulares 031 y 050 del 28 de mayo y del 29 de agosto de 2003, respectivamente, sobre la exención de contribución de solidaridad de las áreas comunes de las propiedades horizontales, de acuerdo con lo establecido por la Ley 675 de 2001; este despacho precisa los requisitos que deben cumplir las propiedades horizontales, para ser beneficiarias de la exención del pago de contribución de solidaridad y determina las obligaciones de las empresas comercializadoras de la energía eléctrica, así:

1. No son sujeto pasivo de la contribución de solidaridad, en relación con las áreas comunes, aquellas personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal, siempre y cuando las actividades que se desarrollen en dichas áreas no sean industriales y/o comerciales.

(...)

2. Las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal, deberán acreditar su existencia y representación legal mediante la certificación expedida por el alcalde municipal o distrital del lugar de ubicación del edificio o conjunto, o la persona o entidad en quien esta delegue.

Este será el único documento exigible por parte de las empresas comercializadoras de energía para hacer efectiva la exención de la contribución de solidaridad, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en el numeral 1º de la presente circular. La aplicación de dicha exención se entiende a partir de la fecha de vigencia de la Ley 675 de 2001.

3. Las empresas que actualmente atiendan a las propiedades horizontales y a las cuales se les haya facturado la contribución de solidaridad, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 675 de 2001, deberán hacer las respectivas refacturaciones de los cobros realizados desde la fecha que acrediten su existencia y representación legal, de acuerdo con la vigencia de aplicación establecida en el párrafo anterior. (...).

(...)

4. La refacturación total la hará el comercializador que actualmente atienda al usuario de propiedad horizontal y su comprobación podrá hacerse con base en la facturación que demuestre el pago, presentada por el usuario solicitante o mediante certificación del comercializador anterior de haber facturado dicha contribución”.

La Sala ha dicho que la aplicación indebida se presenta cuando a pesar de darle a la norma el sentido original que esta predica, esta se aplica sin ser pertinente al asunto materia de decisión, esto es, a supuestos no regulados por ella(9). En otros términos, cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer, se usan o aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto objeto de decisión.

En el caso concreto, es evidente que la Circular 078 de 2003 era pertinente al asunto materia de discusión. Por lo tanto, el tribunal hizo bien en mencionarla y advertir, como en efecto lo hizo, que dicha circular no estaba vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos. En ese entendido, para la Sala, el tribunal no violó esa circular por aplicación indebida.

Ahora bien, como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios alegó que la exención de la contribución de solidaridad solo se aplicaba por el consumo del servicio de energía eléctrica en las zonas comunes de las propiedades horizontales, la Sala insiste en que ese argumento no se opone a la sentencia apelada en cuanto reconoció el derecho a la exención de la contribución de solidaridad que tiene el edificio calle 100.

La oposición, en realidad, apunta al análisis de los hechos que hizo el tribunal para ordenar la refacturación de la contribución y la devolución de lo pagado por ese concepto y que quedó plasmada en el numeral segundo de la sentencia en los siguientes términos:

“SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE que la propiedad horizontal edificio calle 100 se encuentra exenta del pago del impuesto de solidaridad de conformidad con la Ley 675 de 2001, por lo que se ORDENA a la entidad prestadora del servicio Codensa S. A. efectuar la refacturación correspondiente desde el mes de septiembre del año 2001 y hasta tanto persista la irregularidad. Así mismo, se ORDENA a la entidad prestadora del servicio que una vez efectuada la refacturación proceda a DEVOLVER a la accionante las sumas debidamente indexadas”.

En la parte considerativa, después de transcribir los apartes pertinentes de la Circular 078 de 2003, y de valorar las pruebas de los hechos que atañen a la existencia de un solo medidor del consumo del servicio de energía eléctrica del edificio calle 100, el tribunal concluyó:

— Que “resulta claro que para la propiedad horizontal sea exenta de contribución para el servicio de energía eléctrica, debe acreditar ante la empresa prestadora del servicio público, su existencia y representación legal, fecha desde la cual deberán hacerse las respectivas refacturaciones de los cobros realizados”.

— Que mediante escrito de fecha 11 de septiembre de 2002(10), el edificio calle 100 solicitó a Codensa que lo reconociera como beneficiario de la exención de la contribución de solidaridad “correspondiente al consumo de energía de la cuenta Nº 14648333”, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 675 de 2001.

— Que mediante oficio del 24 de septiembre de 2002(11) Codensa le informó al representante legal del edificio calle 100 que cumplía los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 675 de 2001 para tener derecho a la exención. Y que ese derecho se lo empezarían a reconocer a partir de la próxima factura.

— Que mediante oficio del 1º de noviembre de 2002, Codensa(12) —en respuesta a la petición de reintegro de lo pagado por concepto de la contribución de solidaridad, que data del 22 de octubre de 2002— le comunicó al representante legal del edificio calle 100 que le reliquidarían la contribución, pero que, para el efecto, tendría en cuenta, únicamente, las facturas que no tuvieran más de 5 meses de haberse expedido. Que, de acuerdo con el citado oficio, los valores reliquidados serían abonados en las facturas subsiguientes.

— Que mediante oficios del 16 de enero(13) y 19 de febrero de 2003(14), Codensa —en respuesta a las peticiones de devolución con pago retroactivo de lo pagado por concepto de la contribución de solidaridad, que datan del 30 de diciembre de 2002 y 30 de enero de 2003— le comunicó al representante legal del edificio calle 100 que no era procedente aplicar la exoneración de la contribución de solidaridad hasta tanto el edificio independice el suministro del servicio de energía, de tal manera que se pueda establecer el consumo correspondiente a las aéreas comunes.

— Que para el tribunal, el edificio calle 100 estaba exento del pago de la contribución de solidaridad, y que así lo había reconocido Codensa.

— Que para el tribunal, los copropietarios del edificio calle 100 sí eran sujetos pasivos de la contribución.

— Que no eran de recibo los argumentos de las entidades demandadas referidos a “la existencia de un solo medidor” porque si bien ese hecho era real, también lo era el hecho de que Codensa omitió el deber de “individualizar la facturación por cada usuario comercial y, facturar separadamente el consumo de las áreas comunes exento de este servicio de la propiedad horizontal del mentado tributo; si se mira que en el expediente obran diversas solicitudes desde el año 1996 cuando se suscribió la escritura de propiedad horizontal en la que se requería a Codensa S. A. para que adelantara los trabajos de individualización de cuentas, lo cual nunca se llevó a cabo”.

— Que en el entendido de que en el inmueble hay un solo usuario del servicio y, por tanto, una sola cuenta registrada ante Codensa, a pesar de que cada oficina y local de comercio cuenta con medidores instalados, Codensa no podía “pretender recaudar el impuesto a cargo de terceros usuarios en cabeza del accionante”.

— Que, ante la oportuna insistencia del edificio calle 100 de solicitarle a Codensa que normalizara esa situación, y ante la inactividad de Codensa, era impertinente “trasladar la falta de diligencia a un usuario que durante tantos años ha venido supliendo las obligaciones de dicha entidad al cobrarle a los propietarios de los locales comerciales el valor correspondiente al servicio de energía y el valor de la solidaridad con el fin de cancelar las facturas y no convertirse en un usuario moroso”.

— Que era Codensa la entidad obligada a facturar el valor real del consumo de conformidad con la Ley 142 de 1994, “situación que en el sub judice brilla por su ausencia, en tanto la facturación a cargo de la accionante incluye el valor del consumo de toda la edificación”.

— Que, “Por lo expuesto y en atención a que para la fecha en que se presentó la solicitud de refacturación de la solidaridad no se había expedido la Circular 078 de 2003 (en la cual se señala que la refacturación se hará desde el momento en que se acrediten la calidad de exento) la refacturación de los valores a favor de la propiedad horizontal edificio calle 100 se realizara (sic) desde la entrada en vigencia de la Ley 675 de 2001 la cual fue publicada el 4 de agosto del mismo año, razón por la cual la refacturación deberá hacerse desde el mes de septiembre del año 2001 y hasta tanto persista la irregularidad señalada, como quiera (sic) que es la ley la que declara exenta a esa persona a esa persona jurídica surgiendo de su vigencia el derecho a reclamar la exención aun cuando la reglamentación sea posterior al reconocimiento de tal derecho”.

Analizadas las consideraciones que expuso el tribunal, para la Sala es claro que no violó la Circular 078 de 2003 por indebida aplicación. Pero sí le asiste razón a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el sentido de que el tribunal no fue claro en las condiciones en que debía hacerse la refacturación de la contribución de solidaridad.

Fue claro en cuanto ordenó que la refacturación debía hacerse desde el mes de septiembre del año 2001. Pero no fue claro en cuanto al límite de tiempo que debía tenerse en cuenta para hacer la refacturación, pues, como se puede apreciar en el numeral 2º de la sentencia apelada, el tribunal condicionó el periodo límite para hacer la refacturación “hasta tanto persista la irregularidad señalada”. Sobre este aspecto nada alegó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el recurso de apelación. Sin embargo, es pertinente recordar que la Resolución 17633 del 31 de diciembre de 2004 no reconoció el derecho a la exención y mucho menos el derecho a la devolución de la contribución de solidaridad, ni siquiera partiendo del presupuesto de que el reclamo se concretaba a las último cinco (5) facturas anteriores a la fecha de reclamación.

Tampoco es clara la sentencia sobre la base de la contribución que se debería tener en cuenta para hacer la refacturación.

El hecho de que Codensa haya omitido hacer las gestiones necesarias para individualizar el consumo de energía eléctrica de las zonas comunes del edificio calle 100 del consumo de energía de los copropietarios de esa propiedad horizontal, pareciera que el tribunal la tuvo en cuenta para ordenar la refacturación de la contribución, pero no para distinguir la base sobre la que se debería liquidar esa contribución, pues no lo dijo de manera expresa en la parte considerativa, ni en la parte resolutiva de la sentencia.

De ser así, la Sala considera que si bien Codensa no solucionó a tiempo la situación que se venía presentando en el edificio calle 100(15), ese hecho no justifica exonerar de la contribución de solidaridad a los copropietarios del edificio calle 100.

Por lo tanto, la Sala considera que se debe mantener la decisión del a quo de ordenar la refacturación de la contribución de solidaridad a cargo del edificio calle 100, puesto que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no la objetó realmente. Pero sí es necesario aclarar la sentencia en cuanto a los parámetros que se deben tener en cuenta para hacer esa refacturación a efectos de que Codensa liquide la suma cierta y determinable que será objeto de devolución al edificio calle 100.

En ese sentido, la Sala precisa que la base para refacturar la contribución de solidaridad comprende el valor del servicio por el consumo de energía eléctrica de las zonas comunes del edificio calle 100, exclusivamente.

Para determinar el valor del servicio por el consumo de energía eléctrica de las zonas comunes del edificio calle 100, Codensa aplicará el parágrafo del artículo 32 de la Ley 675 de 2001, que dispone:

“ART. 32.—Objeto de la persona jurídica. (...).

PAR.—Para efectos de facturación de los servicios públicos domiciliarios a zonas comunes, la persona jurídica que surge como efecto de la constitución al régimen de propiedad horizontal podrá ser considerada como usuaria única frente a las empresas prestadoras de los mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro del servicio se hará únicamente con fundamento en la lectura del medidor individual que exista para las zonas comunes; en caso de no existir dicho medidor, se cobrará de acuerdo con la diferencia del consumo que registra el medidor general y la suma de los medidores individuales”.

Ahora bien, habida cuenta de que para las fechas en que el edificio calle 100 pagó la contribución de solidaridad contaba con un medidor para la lectura del consumo del edificio, pero los copropietarios también contaban con medidores individuales, Codensa liquidará el valor del servicio por el consumo de energía eléctrica de las zonas comunes del edificio calle 100 —sobre el cual, se reitera, se liquidará la contribución de solidaridad— de acuerdo con la diferencia del consumo que registró el medidor general y la suma de los medidores individuales, tal como lo dispone el artículo 32 de la Ley 675 de 2001.

Al valor del servicio por el consumo de energía eléctrica de las zonas comunes del edificio calle 100, Codensa le aplicará la tarifa de la contribución que, conforme con el artículo 89-1 de la Ley 142 de 1994(16), no podía ser superior al equivalente del 20% del valor del servicio. Ahora bien, como la tarifa con la que se tasó la contribución nunca se cuestionó, la Sala advierte que Codensa deberá aplicar la misma tarifa que aplicó para el periodo que a continuación se precisa. En los hechos que se narraron en la demanda, la parte actora precisó que la tarifa que se le aplicó fue del 20%.

El periodo de la refacturación comprenderá desde la vigencia de la Ley 675 de 2001, conforme lo señaló la Circular 78 de 2003(17), hasta el mes de agosto de 2004, fecha en que el edificio calle 100 terminó el contrato con Codensa y contrató el suministro del servicio domiciliario de energía eléctrica con la empresa Conenergía, conforme lo precisó la parte demandante en el numeral 28 de los hechos de la demanda, y lo admitió Codensa en el acápite de hechos de la contestación de la demanda.

Codensa devolverá al edificio calle 100 el monto de la contribución que resulte de los parámetros antedichos.

Ahora bien, dado que las partes no apelaron la orden de indexación de las sumas objeto de devolución que dictó el tribunal, la Sala se abstiene de pronunciarse sobre el particular y, por tanto, confirmará la sentencia en ese sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2. MODIFICASE el numeral segundo de la sentencia apelada, el que quedará así:

“SEGUNDO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho: (i) DECLÁRESE que la propiedad horizontal edificio calle 100 se encuentra exenta del pago del impuesto de solidaridad de conformidad con la Ley 675 de 2001. (ii) ORDÉNASE a Codensa S. A. refacturar el cobro de la contribución de solidaridad por el período comprendido desde la vigencia de la Ley 675 de 2001 hasta el mes de agosto de 2004. La contribución de solidaridad se liquidará sobre el valor del servicio por el consumo de energía eléctrica de las zonas comunes del edificio calle 100, exclusivamente, base a la que se le aplicará la tarifa del 20%. (iii) CONDÉNASE a Codensa S. A. a devolver la cantidad que resulte de la refacturación de la contribución de solidaridad debidamente indexada”.

2. (Sic) RECONÓCESE personería al abogado Mario Luis Hinestroza Ortiz como apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los términos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen.

Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial Transitoria de Decisión Nº 1 A, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D. C., 2 de mayo de 2011, Expediente 11001-03-15-000-2003-00572-01, demandante Compañía Urbanizadora López y Suárez Ltda. Demandado: Nación - Superintendencia de Notariado y Registro.

(8) Folio 153 CAA.

(9) Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 2 de agosto de 2005, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado, Expediente S-00791.

(10) Folio 177 c. a.

(11) Folio 163 c. a.

(12) Folio 165 c. a.

(13) Folio 166 c. a.

(14) Folio 167 c. a.

(15) En el expediente consta que solo hasta el 29 de enero de 2004, Codensa formalizó una propuesta de arreglo a la situación presentada en el edificio calle 100. Según esa propuesta, Codensa independizaría las cuentas del edificio (212 oficinas y zonas comunes) y asumiría el costo de la obra ($9.000.000). Y que una vez independizado el servicio y determinado el consumo facturable de las zonas comunes se efectuarían “las refacturaciones respectivas de cinco (5) meses aplicando el derecho a la exención de la contribución”.

(16) 89.1 Se presume que el factor aludido nunca podrá ser superior al equivalente del 20% del valor del servicio y no podrán incluirse factores adicionales por concepto de ventas o consumo del usuario. Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta ley, las comisiones sólo permitirán que el factor o factores que se han venido cobrando, se incluyan en las facturas de usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6, y en las de los usuarios industriales y comerciales. Para todos estos, el factor o factores se determinará en la forma atrás dispuesta, se discriminará en las facturas, y los recaudos que con base en ellos se hagan, recibirán el destino señalado en el artículo 89.2 de esta ley.

(17) Esta circular fue demandada y la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 15 de octubre de 2009, proferida dentro del proceso Nº 2005 00031 01, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón, negó las pretensiones de nulidad de la demanda. Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2010, proferida dentro de los expedientes acumulados números 2004-00333 01 y 2004-00345-01, la Sección Primera del Consejo de Estado decidió estarse a lo resuelto en la sentencia del 15 de octubre de 2009.