Sentencia 2005-01253 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 54001-23-31-000-2005-01253-01

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Ref.: acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Cooperativa de la Construcción “El Palustre”, “Coopalustre”

Demandado: municipio de Cúcuta - Secretaría de Hacienda

Temas: exoneración del impuesto de industria y comercio. Pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo solo afecta situaciones jurídicas no consolidadas en vigencia de aquel.

Sentencia segunda instancia

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico.

En los términos de los recursos de apelación, y de acuerdo con el marco de competencia del ad quem, le corresponde a la sección determinar si el acto administrativo en virtud del cual, la Alcaldía del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) negó la solicitud de revalidación de la exención del impuesto de industria y comercio para el año 2004, es o no ajustado a derecho.

Para ello, la Sala deberá establecer si la demandante había obtenido el derecho a ser exonerada del impuesto por el período subsiguiente al reconocimiento inicial (realizado en el 2003). A fin de determinar tal circunstancia, analizará los alcances de la Resolución 239 de 2003, que concedió la exención al impuesto de industria y comercio a favor de la Cooperativa de la Construcción “El Palustre” - Coopalustre, en armonía con la reglamentación del beneficio tributario, contenida en el Acuerdo 192 de 1999.

Todo, en el marco de los principios de irretroactividad de la norma tributaria y la confianza legítima.

2. Excepción de inepta demanda.

2.1. Según el municipio de Cúcuta, el acto administrativo demandado no fue acompañado de la respectiva constancia de notificación, que permitiera establecer la fecha de inicio del cómputo del término de caducidad, de tal suerte, que no existe certeza sobre la oportuna presentación de la demanda; luego, no puede realizarse un pronunciamiento de fondo sobre la misma.

2.2. Para la Sala, contrario a lo afirmado por la parte demandada, sí existe constancia de la fecha de notificación de la resolución enjuiciada y esta da cuenta de que la acción se ejerció dentro del término legal para la presentación de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para el efecto, repárese que al reverso de la página contentiva del aparte resolutivo de dicha decisión, que fue aportada con la demanda en original, se encuentra el sello de notificación personal, en el que consta que esta fue comunicada a la señora Deasy Fabiola Gélvez Jiménez(7), el 6 de julio de 2005(8).

De tal suerte que la actora podía hacer uso de la acción, hasta el 7 de noviembre de ese mismo año, esto es, por un período de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 136-2 del Código Contencioso Administrativo(9).

Por eso, ya que la demanda fue instaurada el 4 de noviembre de 2005, esta se entiende presentada dentro de la oportunidad legal con la que contaba la cooperativa para ello; luego, no queda duda, de que no operó el fenómeno de caducidad alegado por el ente territorial demandado.

En consecuencia, el cargo no prospera.

3. Congruencia interna de la sentencia.

3.1. Se afirma en el recurso de apelación que la sentencia de primera instancia, a pesar de indicar en su parte considerativa que accederá parcialmente a las súplicas de la demanda, declara la nulidad del acto demandado, sin condicionamiento o salvedad alguna, es decir, sin precisar si la declaratoria recae únicamente sobre la negativa al reconocimiento por el año 2004 o si por el contrario, debe entenderse que la demandante tiene derecho a la exoneración por un período de ocho años.

Sobre el particular, debe decirse que, a juicio de la Sala, la providencia objeto de apelación no incurre en la incongruencia que se le atribuye. En efecto, la declaratoria de nulidad no fue parcial, porque el acto administrativo cuestionado, se refería únicamente a la revalidación de la exoneración para el año 2004, frente al cual el tribunal encontró procedente el beneficio tributario.

Desde esa perspectiva, la determinación de acceder parcialmente a las súplicas de la demanda obedece a que esta última estaba dirigida no solo a obtener la declaratoria de la existencia de la exención para el año 2004, pues con ella, además, se procuró la concesión de dicha prerrogativa para los años siguientes, una vez se declarase que la Resolución 239 de 2003, que había reconocido tal derecho por un período de ocho (8) años, no había perdido fuerza ejecutoria y que en esa medida, era necesario que en la sentencia se ordenara la devolución de los dineros pagados por los períodos gravables posteriores.

De manera que la limitación a que se refirió el juez de primera instancia no versó sobre la declaratoria de nulidad del acto cuestionado pues, como se vio, esta debía ser total, sino, respecto de la pretensión que subyace al restablecimiento del derecho demandado, que no es otra que la ratificación de la vigencia de la Resolución 239, que fue negada por el Tribunal, como se desprende con claridad del ordinal 3º(10) de la parte resolutiva de la providencia impugnada.

Por eso, mal podría afirmarse que aquella carece de congruencia interna, esto es, de coherencia entre la decisión y el análisis jurídico-normativo que la antecedió. Así las cosas, el cargo no prospera.

4. Efectos del principio de irretroactividad de la norma tributaria: los actos administrativos expedidos con fundamento en una norma que posteriormente es derogada, pierden fuerza ejecutoria solo cuando la situación jurídica que estos regulan no se encuentra definida o consolidada.

4.1. La prohibición de aplicar en forma retroactiva las normas tributarias es un mandato constitucional, que se desprende en forma clara del artículo 363 de la Carta, que expresamente señala:

“ART. 363.—El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad” (resaltado fuera del texto).

Tratándose de tributos de período, como el impuesto de industria y comercio, la limitante se concreta en la imposibilidad de acudir a la norma nueva, hasta tanto no finalice la vigencia fiscal en curso al momento de su expedición. En otras palabras, solo rige “... a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”(11).

De esta manera, el constituyente materializó el principio de seguridad jurídica que debe gobernar las relaciones del estado con los ciudadanos y, en mayor medida, cuando se trata de la configuración de obligaciones tributarias.

4.2. Ya que los efectos de la norma tributaria son hacia el futuro, solo pueden recaer sobre las situaciones jurídicas indefinidas, luego aquellas que se consolidaron en forma definitiva al amparo de la normativa anterior, escapan de su ámbito de aplicación.

Eso es así, porque una vez se ha concretado una situación jurídica, v.gr. la configuración indiscutible de un derecho subjetivo, esta altera o modifica la condición, el estatus del sujeto sobre la cual recae, quien adquiere un bien jurídico tutelable (ya sea que se le otorgue una prerrogativa o se le libere de una obligación), que puede ser de contenido patrimonial o extrapatrimonial, dotado de la estabilidad y seguridad que, en el marco de la solidaridad y la prevalencia del interés general, le reconoce el Estado social de derecho.

En ese orden de ideas, los derechos y obligaciones del contribuyente determinan su situación jurídica frente al Estado y la sociedad; hacen parte del patrimonio inmaterial de este y por ende, demandan el mayor grado de certeza y estabilidad que, dentro de las limitantes propias del ejercicio de cualquier derecho, pueda brindársele.

4.3. La relevancia del respeto a las situaciones jurídicas consolidadas exige, en forma paralela, precisión en la definición de este último concepto y, principalmente, rigurosidad al subsumir una situación fáctica bajo el mismo.

Existe situación jurídica definida cuando esta produce una variación en la condición o estado jurídico del administrado, de la cual pueda predicarse firmeza; sea concreta, indiscutible; no esté sujeta a cuestionamientos o habiéndolo estado, estos hayan sido resueltos. En particular, si se trata de la adquisición de un derecho, este tiene que ser exigible, perfecto y cierto, “que como tal, se incorpora al patrimonio del administrado”(12), a tal punto, que se pueda hacer ejercicio del mismo en forma directa, sin condicionamiento alguno.

De otro lado, la inclusión o referencia que realice un acto administrativo a determinada situación no la convierte en forma automática en inmutable, pese al carácter definitivo que tienen estos, pues como se vio, son otras las características que le otorgan esa naturaleza. De ahí, que cuando no concurren los elementos a los que se viene refiriendo la Sala, la decisión administrativa no tiene la virtualidad de configurar una situación jurídica consolidada.

En ese escenario, el acto administrativo bien puede verse afectado por un fenómeno que en la teoría del acto y la legislación colombiana se ha denominado como “pérdida de fuerza ejecutoria”(13) por desaparición de sus fundamentos de derecho, que sin invalidar ni cuestionar la legalidad o juridicidad de la decisión, lo despoja de la ejecutoriedad que caracteriza a esta institución, impidiendo que produzca efectos.

En contraposición, un acto que regula una situación cierta y definida, sigue produciendo efectos jurídicos, incluso si la norma que le sirvió de sustento desaparece o es modificada. Así pues, el surgimiento de una nueva disposición superior no se opone a la conservación de los efectos propios de una condición que se materializó y perfeccionó bajo la vigencia de la normativa anterior.

5. La confianza legítima: protección a las expectativas legítimas.

5.1. Existen circunstancias específicas, en las que, no obstante no haberse configurado una situación jurídica definida, es posible que el advenimiento de la normativa tributaria nueva no apareje la modificación de la realidad jurídica a la cual, en principio, le sería aplicable. Se trata de aquellos eventos en los que se tiene una expectativa en relación con la consolidación de una situación, por lo general relativa a un derecho, en virtud de la cual, bajo precisas condiciones, es factible la aplicación del principio de confianza legítima.

La confianza legítima es un principio o valor que aunque carece de positivización expresa en el plano constitucional, se desprende de otras máximas constitucionales como la buena fe. Su aplicación propende por la protección de las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden albergar los administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas situaciones jurídicas de carácter particular y concreto(14).

Dichas expectativas, valga decir, deben fundarse en hechos o circunstancias objetivas atribuibles al estado, capaces de propiciar el surgimiento de la confianza(15), de manera, que no toda probabilidad puede ser protegida mediante este precepto, pues necesariamente tendrá que ser una proyección seria, que tenga la fuerza de llevar al administrado a la convicción de que su situación jurídica es una y no cualquier otra, en particular, que bajo ciertas condiciones, se hará acreedor de un derecho o mantendrá uno ya adquirido.

De lo contrario, se produciría el efecto inverso al perseguido, es decir, se generaría un estado de inseguridad e indeterminación jurídica, en el que las creencias infundadas en torno a la consolidación de una situación jurídica, hagan exigibles prerrogativas que objetivamente, nunca se configurarían.

5.2. Lo anterior explica, que la identificación de una expectativa objetiva, sujeto de protección por la vía de la aplicación de este principio, requiera un análisis individual de las precisas circunstancias que enmarcan la presunta confianza que se generó en el administrado, en virtud del cual puedan advertirse aquellos “signos externos de carácter concluyente que tienen la capacidad de generar expectativas razonables, ciertas y plausibles, alrededor de los cuales los administrados pueden fincar su credibilidad y esperanza, con la relativa seguridad de que no serán defraudados”(16).

Por eso, ha dicho la Corte Constitucional, que su ejercicio se justifica a fin de salvaguardar “expectativas favorables para los administrados”(17), de los cambios súbitos que generan “un desequilibrio en la relación administración-administrado”(18), protegiendo así, “la confianza que los ciudadanos depositan en las actuaciones de la administración”(19).

6. Análisis del caso concreto: efectos del reconocimiento contenido en la Resolución 239 de 2003.

6.1. Para la demandante, la exención del impuesto de industria y comercio que le fue reconocida mediante la Resolución 239 de 2003, le otorgó un derecho subjetivo, estable, que se consolidó en vigencia del Acuerdo 192 de 1999 y que por lo tanto, no podía ser objeto de modificaciones con ocasión de la expedición del Acuerdo 46 de 2004, que derogó algunas disposiciones del primero. Por eso, la revalidación era un simple trámite para corroborar que se mantuvieran las condiciones exigidas para acceder al tratamiento tributario preferencial.

Por su parte, en sentir de la demandada, dicha resolución perdió fuerza ejecutoria con la desaparición del artículo 162 del referido Acuerdo 192, en consecuencia, la cooperativa de la construcción “El Palustre” - Coopalustre, no gozaba del beneficio de exoneración, y era su deber pagar el impuesto.

6.2. De conformidad con las pautas fijadas en los puntos 4 y 5 de esta providencia, si se analizan en forma conjunta la Resolución 239 y el Acuerdo 192 de 1999, puede concluirse que aquella produjo dos clases de efectos, así: en relación con el año 2003, se consolidó una situación jurídica estable, en la medida en que se adquirió y formalizó el derecho a la exención; por el contrario, frente a los años siguientes, existía una mera expectativa sobre su concesión.

Todo, porque la naturaleza de la exención y de los requisitos exigidos para su revalidación, e incluso, el carácter periódico que tiene el impuesto, dan cuenta, de que la revalidación del tratamiento preferencial solo podía materializarse al finalizar el período gravable respectivo y, en esa medida, su nacimiento estaba suspendido en el tiempo, hasta tanto no se dieran ciertas condiciones.

En efecto, por tratarse de un tributo de causación anual, la verificación del cumplimiento de las condiciones requeridas para la exoneración, tenía que efectuarse después del cierre del año fiscal y hasta antes de la presentación de la declaración privada del impuesto. Así precisamente lo estableció el Acuerdo 192, al exigir a los interesados(20):

“1) Certificado de constitución y gerencia o de inscripción en el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Cúcuta en que conste el capital pagado efectivamente hasta el cierre del respectivo año objeto de solicitud de la exención.

2) Certificado de la Cámara de Comercio de Cúcuta en que conste la inscripción de los libros de contabilidad exigibles según el Código de Comercio.

3) Copias de planillas de aportes efectuados a las EPS, fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales, fondos de cesantías, cajas de compensación familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes al mes de diciembre respectivo y a dos (2) meses adicionales del año, preferiblemente junio y septiembre, en donde se compruebe la vinculación real de los trabajadores informados y el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

4) Copia de la inscripción al registro único tributario llevado por la Administración de Impuestos Nacionales” (resaltado fuera del texto).

Estos requisitos de procedencia tenían como finalidad determinar la concurrencia y permanencia durante todo el año, de las situaciones que la medida buscaba fomentar; esto es, el desarrollo industrial, comercial y de servicios, la generación de empleo formal en la región, que garantizara la seguridad social de los trabajadores y la inversión de capital significativo(21), luego es natural, que el surgimiento de la situación jurídica, que se concretaba en la obtención del derecho a la exención, se suspendiera por el lapso de un año (equivalente al período gravable) en espera de las condiciones que daban lugar a la misma.

6.3. Si eso es así, es indiscutible que mientras no se revisaran dichas condiciones, y se declarara mediante acto administrativo la constitución del beneficio, no era dable afirmar la existencia de una situación jurídica consolidada, pues esta, cuando versa sobre la adquisición de derechos, supone siempre la exigibilidad de los mismos, la posibilidad de disponer de ellos en forma inmediata.

De tal suerte que un “derecho” sujeto a una condición suspensiva, como bien podría afirmarse lo era la revalidación de la exención, es indefinido y no subsumible bajo la figura de las situaciones jurídicas consolidadas. Afirmar lo contrario, llevaría a sostener que la administración estaba obligada a mantener el privilegio, incluso si los supuestos en virtud de los cuales se concedió inicialmente desaparecieran, haciendo abstracción de la diligencia y rigurosidad que caracterizan el régimen de beneficios fiscales.

6.4. Distinta conclusión cabe frente al primer reconocimiento, esto es, el del año 2003, pues a ese momento (diciembre del mismo año), la administración tenía las herramientas para establecer con certeza la procedencia de la exoneración, como se desprende con claridad de la Resolución 239, que en su parte considerativa precisó:

“Que una vez analizados los documentos aportados a tal petición, este despacho encuentra que efectivamente cumple con el lleno de los requisitos establecidos en el capítulo VIII del Acuerdo 192 de diciembre de 1999, en su artículo 162, para acceder al derecho de exención al impuesto de industria y comercio y de avisos y tableros.

(...).

Que, de conformidad con la visita técnica realizada por la Secretaría de Hacienda Municipal se puede certificar que la empresa Coopalustre, desarrolla actividades comerciales, genera empleo formal, garantizando la seguridad social de sus trabajadores, la inversión de capital significativo”(22).

Entonces, era indudable la configuración del derecho, pues la administración había comprobado el cumplimiento de los componentes que demandaba la aplicación del beneficio tributario y efectuado su reconocimiento en forma expresa.

6.5. Con todo, la Sala considera que respecto del período restante, bajo determinadas condiciones, podría existir la posibilidad de que se reconociera la configuración de una expectativa, merecedora de la protección que ofrece el principio de confianza legítima, luego, resulta imperativo establecer si en el caso concreto, dicha tesis es o no procedente.

6.6. ¿Pueden las expectativas de la demandante frente a la procedencia de la exención para los años siguientes al 2003, protegerse mediante la aplicación del principio de confianza legítima?

6.6.1. La situación de confianza que eventualmente produjo el comportamiento de la administración con la expedición de la Resolución 239, en la que el municipio decidió “exonerar a partir de la fecha por el término de ocho (8) años, del pago del impuesto de industria y comercio y de avisos y tableros a la empresa Coopalustre”(23), podría ser objeto de protección, bajo el entendido, de que pueda calificarse de legítima, prevalente, fundada, seria y objetiva, conforme se expuso en el punto 5) de la sentencia.

6.6.2. Para el efecto, sea lo primero precisar que la revalidación, en los términos en que fue delimitada en el acuerdo de creación, más que una ratificación formal implicaba un verdadero estudio de fondo sobre la procedencia del beneficio tributario y solo se distingue del reconocimiento inicial, en que la exigencia de ser empresa nueva se agotaba con la primera solicitud, luego era materialmente imposible que tal condición se requiriera nuevamente.

Esa conclusión se impone, de la interpretación del parágrafo 1º, artículo 162 del precitado Acuerdo 192, que ordenó:

“Para los años subsiguientes durante los cuales goce de exención y dentro del plazo previsto para presentar la respectiva declaración, el contribuyente deberá solicitar la revalidación de la exoneración, demostrando la procedencia de la misma y el cumplimiento de los requisitos previstos para el efecto, so pena de prescribir o caducar los mismos” (resaltado fuera del texto).

6.6.3. De otra parte, la Sala no desconoce que esta clase de incentivos producen en el contribuyente la confianza para emprender iniciativas industriales, comerciales o de servicios, bajo la esperanza de que la rentabilidad de la misma se medirá sin tener que contabilizar egresos por el pago del impuesto de industria y comercio. El contribuyente, entonces, proyecta sus actividades contando con el alivio fiscal y de esa manera estructura su presupuesto y planifica su funcionamiento.

Sin embargo, el álea al que estaba sometido el beneficio tenía la entidad suficiente para impedir que se fijara, de manera objetiva, la creencia de que se tenía una especie de “derecho adquirido”, pues el administrado, desde una perspectiva racional, informada en la norma que daba sustento a la exención, sabía de antemano que solo si se mantenían por todo el año gravable las condiciones o requisitos exigidos por el Acuerdo 192, podría contar con dicha prerrogativa.

Por eso, era al cierre del período que sus expectativas adquirían un respaldo sólido y razonable, alcanzando ese alto grado de probabilidad que caracteriza a una proyección debidamente fundada.

6.6.4. Surge de lo dicho que la razonabilidad o seriedad de las expectativas difería año a año, por la periodicidad en la causación del impuesto y las variaciones a que eventualmente podían estar sometidas las condiciones requeridas a fin de ser exento del ICA, v.gr. la disminución del personal vinculado mediante contrato de trabajo, como expresamente se dispuso en el Acuerdo 192:

“Si se llegare a reducir el personal vinculado a las empresas beneficiarias de las exenciones, se revisará su situación para ajustar la exención o determinar su terminación, según el caso”.

6.6.5. De acuerdo con las anteriores premisas, a juicio de la Sala solo es susceptible de amparo, en ejercicio del principio de confianza legítima, la expectativa que se generó en relación con la exención del impuesto correspondiente al año 2004, pues es la única que tiene la objetividad suficiente para producir tal efecto.

6.6.5.1. Toda vez que a la fecha en que fue solicitada la exención había finalizado el período sobre el cual recaía, la demandante tenía certeza sobre el cumplimiento de los requisitos y podía, válida y razonablemente, confiar en que le sería otorgado el alivio fiscal.

6.6.5.2. Convicción que se reforzaba por la seguridad de que para ese período fiscal, el artículo 162 del Acuerdo 192, continuaba vigente, habida cuenta de que el Acuerdo 46 de septiembre 30 de 2004, que eliminó la exención, entraba a regir a partir del año 2005, pues su vigencia, por efectos del principio de irretroactividad de la norma tributaria, iniciaba en el período gravable siguiente al de su expedición.

6.7. De lo dicho hasta aquí, concluye la Sala:

La Resolución 239 de 2003, que otorgó una exención al impuesto de industria y comercio a la demandante, constituyó a favor de esta una situación jurídica definida para el año 2003, y generó una expectativa de revalidación anual, que solo se materializó para el año 2004.

Desde el año 2005, entró a regir el Acuerdo 46 de 2004, que suprimió los tratamientos preferenciales al Ica. Ya que para esa fecha (año 2005 y posteriores), la demandante no tenía una situación jurídica consolidada, o en su defecto, una expectativa legítima, razonable y objetiva, esta era susceptible de ser afectada por el advenimiento de una nueva normativa que regulara la materia y la consecuente derogatoria de la disposición vigente al momento de su expedición, lo que se traduce en la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 239, en relación con los efectos que esta produciría frente al período posterior al 2004, por desaparición de sus fundamentos de derecho.

Por eso, tenía derecho a que se hiciera el reconocimiento pretendido respecto al año 2004, no así para los años subsiguientes, tal como se determinó en la providencia apelada.

6.8. Finalmente, resulta del caso aclarar que las providencias invocadas por la demandante en el recurso de apelación(24), cuyas tesis fueron reiteradas en sentencias recientes, aunque analizaron un asunto similar al presente, difieren de este en que, para dichos casos, el derecho a la exoneración no se fraccionó en virtud de una figura como la revalidación, es decir, que su reconocimiento se efectuó en forma plena, sin condicionarlo al cumplimiento de requisitos que se verificarían en forma posterior, luego las mismas no constituyen en estricto sentido, precedente aplicable al caso concreto.

6.9. La Sala no se pronunciará en punto a la oportunidad para solicitar la revalidación, toda vez que tal planteamiento no fue expuesto en primera instancia, por consiguiente, se trata de un argumento nuevo, cuyo análisis constituiría un desconocimiento al derecho al debido proceso y la defensa.

6.10. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia impugnada, que declaró la nulidad del acto que negó la solicitud de revalidación para el año 2004 y ordenó la devolución de las sumas pagadas por el impuesto causado en ese período gravable y negó las pretensiones relativas a la devolución del gravamen pagado en los años posteriores.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Se CONFIRMA la sentencia de 11 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en esta providencia.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) Representante legal de la cooperativa, de acuerdo al certificado de existencia y representación legal que obra a folios 28 a 32 del cuaderno principal.

(8) Folios 22 a 26 del cuaderno principal.

(9) “ART. 136.—Caducidad de las acciones: (...)

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe (...)”.

(10) “Tercero: niéguese las demás pretensiones de la demanda”. Folio 355, cuaderno principal.

(11) Artículo 338 ibídem.

(12) Dromi, Roberto. Acto administrativo. Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires. 2009. Página 223.

(13) Recuérdese que este es uno solo uno de los eventos en los que puede presentarse la pérdida de fuerza ejecutoria, habida cuenta de que el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, contempla otros tres supuestos en los que este se configura, así:

“ART. 66.—Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1. Por suspensión provisional.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan su vigencia”.

(14) Cfr. Valbuena Hernández, Gabriel. La defraudación de la confianza legítima. Aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2008. Página 152.

(15) Óp. cit. Página 158.

(16) Óp. cit. Página 160.

(17) Corte Constitucional. Sentencia T-881 de noviembre 30 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(18) Ibídem.

(19) Ibídem.

(20) Artículo 162.

(21) Artículo ibídem, con las modificaciones introducidas por el Acuerdo 48 de agosto 20 de 2002. Folio 35 del cuaderno de pruebas 1.

(22) Folio 16 del cuaderno principal.

(23) Folio 16 cuaderno principal.

(24) Sentencias 14897 de agosto 3 de 2006, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; 7173 de agosto 25 de 1995, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo y 15503 de septiembre 13 de 2007, C.P. Ligia López Díaz.