Sentencia 2005-01313/43530 de febrero 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 19001-23-31-000-2005-01313-01(43530)

Actor: Jhon Alexander Farinango y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad - Absolución porque no cometió el delito / Valoración probatoria - Copias simples / Acreditación del vínculo de esposa o compañera permanente - Declaración o testimonio ratificado dentro del proceso.

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordara los siguientes temas: 1. Prelación de fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2. Competencia de la Sala; 3. Ejercicio oportuno de la acción; 4. Los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por privación injusta de libertad; 5. Valoración probatoria de las copias simples; 6. Caso concreto; 7. Indemnización de perjuicios y 8. Procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad de los señores Jhon Alexander Farinango Medina, Hugo Prada Orozco, Jhon Jairo Betancur Murillo, Sergio Jascue Valencia y Luis Fernando Camelo Lozada, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que se ha fijado una jurisprudencia. consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(13).

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso(14).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada dé esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quedó en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(15).

En el presente caso, la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la restricción de la libertad padecida por los señores Jhon Alexander Farinango Medina, Hugo Prada Orozco, Jhon Jairo Betancur Murillo, Sergio Jascue Valencia y Luis Fernando Camelo Lozada, dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

En el caso bajo estudio no obra prueba de la ejecutoria de las resoluciones de preclusión proferidas por la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Unidad de Delitos Contra la Seguridad Pública y la Fiscalía Seccional de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca; sin embargo, tal situación no es óbice para estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda de reparación directa.

En efecto, las mencionadas decisiones fueron proferidas el 19 de abril y el 12 de noviembre de 2004(16) respectivamente, de tal suerte que, sin perjuicio del término de ejecutoria de las providencias, la demanda podía ser presentada hasta el 20 de abril y el 13 de noviembre de 2006, respectivamente, y como ello ocurrió el 31 de agosto de 2005(17), resulta evidente que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico de caducidad de la acción.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(18) por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(19).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

5. Valoración probatoria de las copias simples.

La Sala considera necesario señalar que a partir de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013(20), se le ha venido dando validez probatoria a los documentos aportados en copia simple por una de las partes, cuando estas dentro del curso del proceso han tenido la oportunidad de controvertir su contenido, de conformidad con los principios de contradicción y de defensa, razón por la cual, en el presente caso, a las pruebas que fueron aportadas en copia simple por la parte demandante se les dará el valor probatorio correspondiente.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. Caso concreto.

Una vez revisado el expediente, la Sala encuentra acreditado que mediante providencia del 29 de enero del 2004, la Fiscalía 005 URJ de Popayán, Cauca, dio apertura a una investigación preliminar con la finalidad de identificar a las personas que estuvieren relacionadas con las FARC-EP en el departamento del Cauca, y para ello, ordenó la captura de Jhon Alexander Farinango Medina, Hugo Prada Orozco, Jhon Jairo Betancur Murillo, Sergio Jascue Valencia y Luis Fernando Camelo Lozada, así como de recibir su declaración, al ser señalados como actores del punible de rebelión(21).

Asimismo, está probado que, recibidos los testimonios de los precitados señores, mediante proveído del 6 de febrero de 2004, el ente instructor resolvió, la situación jurídica de los señores Hugo Prada Orozco y Sergio Jascue Valencia y les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación(22).

Más adelante, el ente instructor resolvió la situación jurídica de los señores Jhon Alexander Farinango Medina, Jhon Jairo Betancur Murillo y Luis Fernando Camelo Lozada y les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación(23); sin embargo, la misma fue revocada en favor de Jhon Alexander Farinango Medina, Luis Fernando Camelo Lozada, Jhon Jairo Betancur Murillo mediante providencia 20 de mayo de 2004(24), concediéndoles libertad provisional, previo el pago de tina caución prendaria y la suscripción de diligencia de compromiso(25).

Igualmente, evidencia la Sala que, a través de providencias fechadas el 19 de abril y 12 de noviembre de 2004, se precluyó la investigación seguida contra los mencionados actores(26). Las consideraciones que empleó la Fiscalía para precluir la investigación estuvieron asociadas con la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, comoquiera que se determinó que los demandantes no cometieron el delito de rebelión.

Las razones de la preclusión en la resolución del 19 de abril de 2004 que calificó el mérito probatorio dentro de la investigación adelantada en contra de Hugo Prada Orozco y Sergio Jascue Valencia fueron las siguientes:

“(…) Como podemos apreciar las declaraciones del señor Jhon Eider Parra Anaya son afirmaciones generales e indefinidas que por su naturaleza no están sujetas a pruebas, no se pueden probar, no son susceptibles de demostrar en principio, no fue posible en la fase de investigación ni confirmarlas, como tampoco desvirtuarlas.

“Para dar pleno valor probatorio a este testimonio se requería que mediante otras pruebas y otros elementos de juicio se demostrara siquiera alguno de los cargos que en principio les hizo el testigo con tanta vehemencia, lo cual no ha ocurrido.

“(…).

“Tales circunstancias nos llevan a demandar mayores elementos de prueba, para poder sostener con alguna verosimilitud tales cargos, porque así las cosas, como plantea el testigo, no aparecen razonables y menos soportadas con otros elementos de convicción.

“De igual manera en este evento la información es genérica, no está soportada en evidencias, es insular, son afirmaciones indefinidas que se debieron probar, no les encuentran armas, uniformes, documentos u otros elementos de los cuales se pueda inferir que se trataba de guerrilleros.

“(…).

“Otras pruebas dejan sin piso el insular testimonio de cargos, como las certificaciones del Cabildo de Tacueyó que dan cuenta como el señor Prada Orozco es comunero de esa comunidad y conserva sus usos y costumbres, su identidad cultural y está registrado al número 8523, (…).

“De igual manera, obran (sic) en la foliatura, una serie de documentos privados y públicos, que dan cuenta de la inocencia de los procesados, de su dedicación exclusiva a quehaceres lícitos, ajenos por completo a la actividad subversiva (…).

“En fin, no existe una sola prueba que de algún modo confirme aunque fuese solo un cargo en contra de los procesados, no existen indicios por leves que estos sean en esa dirección, por el contrario, la seriedad de tal declaración se destruyó como se demostró por la prueba subsiguiente.

“(…).

“Tales razonamientos eran válidos en sede de definición de la situación jurídica, mas no son suficientes para correr pliego de cargos, dada la prueba testimonial insular en el decurso de la instrucción fue siendo desvanecida, perdiendo paulatinamente su valor suasorio, al punto, que al final tal testimonio no merece credibilidad en términos responsables serios”(27).

En relación con los demandantes Jhon Alexander Farinango Medina, Jhon Jairo Betancur Murillo y Luis Fernando Camelo Lozada, en la resolución del 12 de noviembre de 2004, que calificó el mérito probatorio dentro de la investigación, se indicó lo siguiente:

“En la resolución que revocó la medida de aseguramiento por la prueba sobreviniente en el proceso, se hace un concienzudo análisis de las múltiples contradicciones que este sujeto testigo clave y principal de cuyo primer testimonio se derivó todo el proceso y la medida de aseguramiento. Contradicciones de fondo tan importantes que permiten concluir a este ente investigador que el famoso testigo clave, mintió sobre las sindicaciones que hizo a los procesados por rebelión.

“(…).

“En criterio de esta Fiscalía el testimonio es genérico e inesperado, en el sentido de poder citar fechas, detallar circunstancias concretas sobre las tomas, aunque muy rico y descriptivo en relación con las presuntas armas que portaba cada uno de los sindicados. Resulta muy sospechoso que el informante, al que en su primer testimonio la Fiscalía le otorga absoluta credibilidad, tener una memoria prodigiosa para señalar descripciones sobre armamento, hiperlimitada para fechas y genérica para circunstancias concretas.

“(…).

“Evaluando la totalidad de la prueba recaudada, podemos decir que la prueba sobreviviente, posterior al momento de resolver la situación jurídica, desvirtúa de manera radical el testimonio que sirvió de base para proferir medida de aseguramiento, colocando al mismo en un plano de falacia y desdibujando su presunta objetividad.

“(…).

“En ningún momento a los sindicados les fue encontrado elemento alguno que permitiera siquiera vislumbrar así fuera a modo de sospecha su participación en la guerrilla; no fueron capturados con armas, panfletos, propaganda, uniformes, explosivos o cualquier elemento probatorio que hiciera la menos deducir su participación en el grupo alzado en armas. Pero más aún el testimonio de Parra Amaya, no pudo en ninguna de las posteriores declaraciones a la inicial, mantener un hilo conductor coherente frente a sus dichos iniciales, lo cual desvirtuó con creces el testimonio inicial al que la Fiscalía le dio absoluta credibilidad. Bastó el simple señalamiento de un ciudadano ansioso de entrar a un programa estatal de beneficios para los delatores, que creía que esa era la forma de tener plata, para que se produjera la captura de los sindicados. Captura que en su momento pudo tener bases en la credibilidad del testimonio inicial, pero que al final queda absolutamente descartado.

“(…).

“Así como la detención preventiva soportada en el testimonio inicial de Parra Amaya perdió su razón de ser y revisada minuciosamente la prueba allegada al proceso, no se vislumbra ningún elemento que comprometa la responsabilidad de los sindicados en el delito de rebelión.

“(…).

“De los elementos probatorios allegados, está claro que los sindicados no pueden encontrarse responsables de una conducta que el Estado no pudo demostrar que la han cometido, pues dentro del proceso, la única prueba que comprometía la responsabilidad de lo sindicados como presuntos miembros de las FARC, quedó absolutamente desvirtuada con la nueva prueba recopilada(28)” (negrillas nuestras).

Como se observa de los apartes transcritos de las providencias, la Fiscalía precluyó la investigación adelantada en contra de los sindicados, toda vez que no había elemento de prueba alguno que demostrara que ellos tenían algún vínculo con las FARC-EP, o en otras palabras, porque no cometieron ningún delito, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de privación injusta de libertad.

Así las cosas, como la preclusión de la investigación de los señores Jhon Alexander Farinango Medina, Hugo Prada Orozco, Jhon Jairo Betancur Murillo, Sergio Jascue Valencia y Luis Fernando Camelo Lozada se debió a que estos no cometieron ningún delito, se impone concluir que los ahora demandantes no se encontraban en la obligación de soportar la restricción de su derecho fundamental a la libertad.

Adicionalmente, no se acreditó en el proceso que los sindicados hubieren dado lugar, con su conducta, a la privación de la libertad, como tampoco que se hubiere presentado, en este caso, algunos de los eventos de exoneración de la endilgada responsabilidad de la entidad demandada, de ahí que el daño a ellos irrogado se torne en antijurídico, y nazca la correlativa obligación para la entidad demandada de reparar los perjuicios ocasionados, según lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

Como corolario de lo expuesto en precedencia, la Sala revocará la sentencia apelada y procederá a declarar patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fueron objeto los señores Jhon Alexander Farinango Medina, Hugo Prada Orozco, Jhon Jairo Betancur Murillo, Sergio Jascue Valencia y Luis Fernando Camelo Lozada.

Así pues, se procederá entonces a estudiar las pretensiones indemnizatorias formuladas en la demanda.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Primer grupo familiar Jhon Alexander Farinango Medina.

7.1.1. Perjuicios inmateriales.

Se solicitó en la demanda, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Jhon Alexander Farinango Medina, Yei Alejandro Farinango Noscue, Erminia Medina Muñoz, Victoria Collaguazo, Flor de María Farinango Collaguazo, Manuel Amado Farinango Collaguazo, Emérita Farinango Collaguazo, Diana Farinango Medina y Nelly Bibiana Noscue Cayapu.

En relación con la tasación de perjuicios morales derivados del daño ocasionado por la restricción de la libertad, siguiendo lo reiterado por parte de esta corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectan por la situación de zozobra por la que atraviesa su ser querido.

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos, según corresponda.

De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, la Sala encuentra que los señores Erminia Medina Muñoz, Manuel Amado Farinango Collaguazo, Yei Alejandro Farinango Noscue y Diana Patricia Farinango Medina acreditaron su relación de parentesco, en su calidad de madre, padre, hijo y hermana con el señor Jhon Alexander Farinango Medina, víctima directa del daño, por lo que se infiere que a todos estos se les causó una afectación moral(29).

Ahora bien, respecto de la calidad de compañera permanente del señor Jhon Alexander Farinango Medina alegada por la señora Nelly Bibiana Noscue Cayapu, se tiene que en el expediente obran varios medios probatorios de los cuales es posible desprender su convivencia y los lazos de afecto entre ellos.

Al respecto, para probar tal situación, de convivencia y unión permanente con el señor Jhon Alexander Farinango Medina, se allegaron tres declaraciones extrajudiciales suscritas por terceros(30) y que fueron ratificadas en los testimonios rendidos por quienes las suscribieron dentro de este contencioso(31), con las cuales se demuestra su convivencia desde hace más de seis años.

Finalmente, en relación con las señoras Victoria Collaguazo, Flor de María Farinango Collaguazo y Emérita Farinango Collaguazo, si bien se indicó en la demanda un grado de parentesco con la víctima directa, este no fue probado a través de ningún medio probatorio, motivo por el cual la Sala negará las pretensiones hechas en favor de las mismas.

Establecido lo anterior, para efectos de cuantificar los perjuicios morales irrogados a los demandantes, como guía de su tasación, la Sala tomará los criterios esgrimidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013(32), diferenciando, tal y como en recientes pronunciamientos lo ha venido realizando, entre el período durante el cual el señor Jhon Alexander Farinango Medina estuvo privado físicamente de su libertad y el tiempo durante el cual permaneció cobijado con otro tipo de medida restrictiva de su libertad; sin embargo, en la demanda solo se pretende el reconocimiento de perjuicios por el tiempo en el cual estuvo privado de la libertad en un centro carcelario y en virtud de ello se procederá a su indemnización.

Visto el expediente, se tiene que el señor Jhon Alexander Farinango Medina estuvo privado físicamente de su libertad por un período de tres meses y veintidós días(33).

En ese sentido, la Sala, con base en lo anteriormente expuesto, concederá el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así las cosas, el monto total concedido, por concepto de perjuicios morales, en favor de los señores Jhon Alexander Farinango Medina, Erminia Medina Muñoz, Manuel Amado Farinango Callaguazo, Yei Alejandro Farinango Noscue y Nelly Bibiana Noscue Cayapu es el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno y para Diana Patricia Farinango Medina el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

Sea lo primero manifestar que la jurisprudencia de esta corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud(34) (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos, convencional y constitucionalmente amparados(35), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

Reparación en la que se privilegiará la compensación, a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, las cuales operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. Lo anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición y, las demás definidas por el derecho internacional.

En el caso particular se solicitó el reconocimiento de una indemnización de perjuicios a favor del señor Jhon Alexander Farinango Medina y su grupo familiar por el “goce a la vicia” sufrido por estos, con ocasión de la privación injusta de la que fue objeto, así como también sé solicitó, en favor de cada uno de los demandantes, la correspondiente indemnización por la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad, a la integridad, a la honra, al buen nombre, a la familia, al trabajó y a la intimidad personal.

Una vez revisado el material probatorio obrante en el expediente, advierte la Sala, tal y como lo manifestó de manera precedente, que además de los registros civiles de nacimiento de los demandantes; no obra medio probatorio alguno con el cual se pudiere acreditar la concreción de tales perjuicios por quienes los solicitan.

De conformidad con el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente(36), razón por la cual negará el reconocimiento de alguna suma de dinero por este concepto en favor de los demandantes.

7.1.2. Perjuicios materiales.

7.1.2.1. Lucro cesante.

Tal y como lo ha puesto de presente esta Subsección(37), el reconocimiento de perjuicios materiales en casos de privación de la libertad o de restricción jurídica de la libertad dependerá, en cada caso concreto, de las probanzas del proceso, esto es, de lo que la parte demandante logre demostrar que debió asumir como consecuencia del proceso penal que afrontó (daño emergente), así como de aquello que dejó de percibir (lucro cesante), en razón de la acción penal de la que fue objeto de manera injusta.

En el presente caso, dado que el señor Jhon Alexander Farinango Medina estuvo privado físicamente de su libertad por un período de tres meses y veintidós días(38), resulta claro que durante ese tiempo se encontró imposibilitado para ejercer su actividad como trabajador independiente; sin embargo, a pesar de que obra certificación que indica que devengaba $ 800.000 mensuales, dicha certificación no es expedida por un empleador; además, no se allegaron otras pruebas que permitan soportar ese valor y los testimonios que fueron recibidos indican que devengaba entre $ 700.000 y $ 800.000 como ganancia por la venta de ganado(39), por lo que no es posible determinar con precisión el valor devengado como salario, por tanto, la Sala aplicará la presunción, según la cual, toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente.

Además, frente al período respecto del cual el señor Jhon Alexander Farinango Medina estuvo cobijado bajo medida de excarcelación caucionada(40), la Sala no realizará reconocimiento alguno, por cuanto, tal y como en acápites precedentes se advirtió, no se solicitó en la demanda dicho reconocimiento.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:

Período de privación de la libertad a indemnizar: 3,73 meses.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($ 737.717), en tanto que resulta más favorable que el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se le adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $ 922.146,25.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado.

S =Ra(1 + i)n - 1
  i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Jhon Alexander Farinango Medina $ 922.146,25.

i = Interés puro o técnico: 0,004867.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: 3.73 meses.

Reemplazando tenemos:

S =$ 922.146,25(1 + 0,004867)3.73 - 1
  0,004867

S = $ 3.462.520,57

Total indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: $ 3.462.520,57.

Finalmente, la Sala no reconocerá la indemnización por concepto de “pérdida de oportunidad” solicitada en la demanda por cuanto quedó acreditado, a través de los testimonios obrantes en el proceso, que la víctima directa logró continuar con una actividad laboral de la cual obtenía los ingresos suficientes para su sostenimiento y el de su familia(41).

7.1.2.1. Daño emergente.

La Sala no accederá al reconocimiento de esta tipología de perjuicio, comoquiera que no se encuentra acreditado en el expediente que los demandantes hubieran asumido alguna erogación como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Jhon Alexander Farinango Medina.

Y si bien dentro de las consideraciones de la demanda se indicó que se canceló la suma de $ 20.000.000 al abogado que asumió la defensa judicial de la víctima directa del daño, no reposa ni el contrato de prestación de servicios profesionales ni alguna cuenta de cobro o certificación suscrita por dicho profesional del derecho, con la cual se pudiera demostrar que dicho monto se pagó.

7.2. Segundo grupo familiar Hugo Prada Orozco.

7.2.1. Perjuicios inmateriales.

Se solicitó en la demanda, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Hugo Prada Orozco, María del Socorro Pillimue Salamanca, Hugo Andrés Prada Pillimue, Carlina Orozco, Martha Cecilia Prada Orozco y Jairo Prada Orozco.

De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, la Sala encuentra que los señores Hugo Andrés Prada Pillimue y Carlina Orozco acreditaron su relación de parentesco, en su calidad de hijo y madre del señor Hugo Prada Orozco, víctima directa del daño, por lo que se infiere que a todos estos se les causó una afectación moral(42).

Ahora bien, respecto de la calidad de compañera permanente del señor Hugo Prada Orozco alegada por la señora María del Socorro Pillimue Salamanca, se tiene que en el expediente obran varios medios probatorios de los cuales es posible desprender su convivencia y los lazos de afecto entre ellos.

Al respecto, para probar tal situación, de convivencia y unión permanente con el señor Hugo Prada Orozco, se allegaron los testimonios rendidos dentro de este contencioso(43), con las cuales se demuestra su convivencia desde hace más de diez años.

Finalmente, en relación con los señores Martha Cecilia Prada Orozco y Jairo Prada Orozco, si bien se indicó en la demanda un grado de parentesco con la víctima directa, este no fue probado a través de ningún medio probatorio en relación con el señor Jairo Prada Orozco y respecto de la señora Martha Cecilia Parada (sic) Orozco, no obra en el expediente el poder otorgado para que la abogada la representara dentro de este contencioso y no fue incluida dentro de los demandantes al momento de presentar la demanda, motivo por el cual la Sala negará las pretensiones hechas en favor de los mismos.

Visto el expediente, se tiene que el señor Hugo Prada Orozco estuvo privado físicamente de su libertad por un período de dos meses y 20 días(44).

En ese sentido, la Sala, con base en lo anteriormente expuesto, concederá el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes(45).

Así las cosas, el monto total concedido, por concepto de perjuicios morales, en favor de los señores Hugo Prada Orozco, María del Socorro Pillimue Salamanca, Hugo Andrés Prada Pillimue y Carlina Orozco es el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

En el caso particular se solicitó el reconocimiento de una indemnización de perjuicios a favor del señor Hugo Prada Orozco y su grupo familiar por el “goce a la vida” sufrido por estos, con ocasión de la privación injusta de la que fue objeto, así como también se solicitó, en favor de cada uno de los demandantes, la correspondiente indemnización por la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad, a la integridad, a la honra, al buen nombre, a la familia, al trabajo y a la intimidad personal.

Una vez revisado el material probatorio obrante en el expediente, advierte la Sala, tal y como lo manifestó de manera precedente, que además de los registros civiles de nacimiento de los demandantes, no obra medio probatorio alguno con el cual se pudiere acreditar la concreción de tales perjuicios por quienes los solicitan.

De conformidad el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente, razón por la cual negará el reconocimiento de alguna suma de dinero por este concepto en favor de los demandantes.

7.2.2. Perjuicios materiales.

7.2.2.1. Lucro cesante.

En el presente caso, dado que el señor Hugo Prada Orozco estuvo privado físicamente de su libertad por un período de dos meses y 20 días(46), resulta claro que durante ese tiempo se encontró imposibilitado para ejercer su actividad de transportador de mármol y comerciante devengando $ 300.000 por viaje de mármol(47).

Sin embargo, no obra en el expediente prueba alguna testimonial, o documental, que permita acreditar la cantidad de viajes de mármol que transportaba diariamente o de sus ingresos como comerciante para determinar el monto exacto que devengaba para la época de su privación de la libertad, por tanto, la Sala aplicará la presunción, según la cual, toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente.

Además, frente al período respecto del cual el señor Hugo Prada Orozco estuvo cobijado bajo medida de excarcelación caucionada(48), la Sala no realizará reconocimiento alguno, por cuanto, tal y como en acápites precedentes se advirtió, no se solicitó en la demanda dicho reconocimiento.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:

Período de privación de la libertad a indemnizar: 2,6 meses.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($ 737.717), en tanto que resulta más favorable que el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se le adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $ 922.146,25.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado.

S =Ra(1 + i)n - 1
  i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Hugo Prada Orozco: $ 922.146,25.

i = Interés puro o técnico: 0,004867.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: 2.6 meses.

Reemplazando tenemos:

S =$ 922.146,25(1 + 0,004867)2.6 - 1
  0,004867

S = $ 2.406.924,55.

Total indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: $ 2.406.924,55.

Finalmente, la Sala no reconocerá la indemnización por concepto de “pérdida de oportunidad” solicitada en la demanda por cuanto quedó acreditado, a través de los testimonios obrantes en el proceso, que la víctima directa logró continuar con una actividad de la cual obtenía los ingresos suficientes para su sostenimiento y el de su familia(49).

7.3. Daño emergente.

La Sala no accederá al reconocimiento de esta tipología de perjuicio, comoquiera que no se encuentra acreditado en el expediente que los demandantes hubieran asumido alguna erogación como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Hugo Prada Orozco.

Y si bien dentro de las consideraciones de la demanda se indicó que se canceló la suma de $ 20.000.000 al abogado que asumió la defensa judicial de la víctima directa del daño, no reposa ni el contrato de prestación de servicios profesionales ni alguna cuenta de cobro o certificación suscrita por dicho profesional del derecho, con la cual se pudiera demostrar, como ocurrió con el primer grupo familiar, que esa suma se pagó.

7.3. Tercer grupo familiar Jhon Jairo Betancur Murillo.

7.3.1. Perjuicios inmateriales.

Se solicitó en la demanda, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Jhon Jairo Betancur Murillo, Melba Calambas Cuchillo, Liliana Betancur Calambas, Jhon Estiven Betancur Calambas, Martha Cecilia Betancur Murillo y Alba Nidia Betancur Murillo.

De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, la Sala encuentra que Liliana Betancur Calambas y Jhon Estiven Betancur Calambas acreditaron su relación de parentesco, en su calidad de hijos del señor Jhon Jairo Betancur Murillo, víctima directa del daño, por lo que se infiere que a todos se les causó una afectación moral(50).

Ahora bien, respecto de la calidad de compañera permanente del señor Jhon Jairo Betancur Murillo alegada por la señora Melba Calambas Cuchillo, se tiene que en el expediente obran varios medios probatorios de los cuales es posible desprender su convivencia y los lazos de afecto entre ellos.

Al respecto, para probar tal situación, de convivencia y unión permanente con el señor Jhon Jairo Betancur Murillo, se allegaron declaraciones extrajudiciales suscritas por terceros(51) y que fueron ratificadas en los testimonios rendidos por quienes las suscribieron dentro de este proceso(52), con las cuales se demuestra su convivencia desde hace más de seis años.

Finalmente, en relación con las señoras Martha Cecilia Betancur Murillo y Alba Nidia Betancur Murillo, si bien se indicó en la demanda un grado de parentesco con la víctima directa, este no fue probado a través de ningún medio probatorio, ni otorgaron poder para ser representadas dentro de este contencioso, motivo por el cual la Sala negará las pretensiones hechas en favor de las mismas.

Establecido lo anterior, para efectos de cuantificar los perjuicios morales irrogados a los demandantes, como guía de su tasación, la Sala tomará los criterios esgrimidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013(53), diferenciando, tal y como en recientes pronunciamientos lo ha venido realizando, entre el período durante el cual el señor Jhon Jairo Betancur Murillo estuvo privado físicamente de su libertad y el tiempo durante el cual permaneció cobijado con otro tipo de medida restrictiva de su libertad; sin embargo, en la demandada solo se pretende el reconocimiento de perjuicios por el tiempo en el cual estuvo privado de la libertad en un centro carcelario y en virtud de ello se procederá a su indemnización.

Visto el expediente, se tiene que el señor Jhon Jairo Betancur Murillo estuvo privado físicamente de su libertad por un período de tres meses y veintidós días(54).

En ese sentido, la Sala, con base en lo anteriormente expuesto, concederá el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así las cosas, el monto total concedido, por concepto de perjuicios morales, en favor de los señores Jhon Jairo Betancur Murillo, Melba Calambas Cuchillo, Liliana Betancur Calambas y Jhon Estiven Betancur Calambas es el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

En el caso particular se solicitó el reconocimiento de una indemnización de perjuicios a favor del señor Jhon Jairo Betancur Murillo y su grupo familiar por el “goce a la vida” sufrido por estos, con ocasión de la privación injusta de la que fue objeto, así como también se solicitó, en favor de cada uno de los derechos fundamentales a la libertad, a la integridad, a la honra, al buen nombre, a la familia, al trabajo y a la intimidad personal.

Una vez revisado el material probatorio obrante en el expediente, advierte la Sala, tal y como lo manifestó de manera precedente, que además de los registros civiles de nacimiento de los demandantes, no obra medio probatorio alguno con el cual se pudiere acreditar la concreción de tales perjuicios por quienes los solicitan.

De conformidad con el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente, razón por la cual negará el reconocimiento de alguna suma de dinero por este concepto en favor de los demandantes.

7.3.2. Perjuicios materiales.

7.3.2.1. Lucro cesante.

En el presente caso, dado que el señor Jhon Jairo Betancur Murillo estuvo privado físicamente de su libertad por un período de tres meses y veintidós días(55), resulta claro que durante ese tiempo se encontró imposibilitado para ejercer su actividad como trabajador independiente; sin embargo, a pesar de que obra certificación que indica que devengaba $ 800.000 mensuales, dicha certificación no es expedida por un empleador; además, no se allegaron otras pruebas que permitan soportar ese valor y los testimonios que fueron recibidos indican que se dedicaba a la agricultura sin que se pudiera determinar el valor por él devengado(56), por tanto, la Sala aplicará la presunción, según la cual, toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente.

Además, frente al período respecto del cual el señor Jhon Jairo Betancur Murillo estuvo cobijado bajo medida de excarcelación caucionada(57), la Sala no realizará reconocimiento alguno, por cuanto, tal y como en acápites precedentes se advirtió, no se solicitó en la demanda dicho reconocimiento.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:

Período de privación de la libertad a indemnizar: 3,73 meses.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($ 737.717), en tanto que resulta más favorable que el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se le adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $ 922.146,25.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado.

S =Ra(1 + i)n - 1
  i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre, el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Jhon Jairo Betancur Murillo $ 922.146,25.

i = Interés puro o técnico: 0,004867.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: 3.73 meses.

Reemplazando tenemos:

S =$ 922.146,25(1 + 0,004867)3.73 - 1
  0,004867

S = $ 3.462.520,57

Total indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: $ 3.462.520,57.

Finalmente, la Sala no reconocerá la indemnización por concepto de “pérdida de oportunidad” solicitada en la demanda por cuanto quedó acreditado, a través de los testimonios obrantes en el proceso, que la víctima directa logró continuar con una actividad laboral de la cual obtenía los ingresos suficientes para su sostenimiento y el de su familia(58).

7.3.2.1. Daño emergente.

La Sala no accederá al reconocimiento de esta tipología de perjuicio, comoquiera que no se encuentra acreditado en el expediente que los demandantes hubieran asumido alguna erogación como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Jhon Jairo Betancur Murillo.

Y si bien dentro de las consideraciones de la demanda se indicó que se canceló la suma de $ 20.000.000 al abogado que asumió la defensa judicial de la víctima directa del daño, no reposa medio de prueba alguno que demuestre el pago de esa cifra.

7.4. Cuarto grupo familiar Sergio Jascue Valencia.

7.4.1. Perjuicios inmateriales.

Se solicitó en la demanda, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Sergio Jascue Valencia, Rubiela Talaga Chilhueso, Jefferson Julián Jascue Talaga, Maryen Lisette Jascue Talaga, Ester Valencia de Jascue(59), José Ligio Jascue Mosquera, Ruth Francely Jascue Valencia, Yaneth Jascue Valencia, Marino Jascue Valencia, José Miller Jascue Valencia.

De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, la Sala encuentra que Jefferson Julián Jascue Talaga, Maryen Lisette Jascue Talaga, Ester Valencia de Jascue(60), José Ligio Jascue Mosquera, Ruth Francely Jascue Valencia, Yaneth Jascue Valencia, Marino Jascue Valencia y José Miller Jascue Valencia acreditaron su relación de parentesco, en su calidad de hijo, hija, madre, padre, hermanas y hermanos del señor Sergio Jascue Valencia, víctima directa del daño, por lo que se infiere que a todos estos se les causó una afectación moral(61).

Ahora bien, respecto de la calidad de compañera permanente del señor Sergio Jascue Valencia alegada por la señora Rubiela Talaga Chilhueso, se tiene que en el expediente obran varios medios probatorios de los cuales no es posible desprender su convivencia y los lazos de afecto entre ellos.

Al respecto, para probar tal situación, de convivencia y unión permanente con el señor Sergio Jascue Valencia, se allegaron algunos testimonios al proceso(62); sin embargo, de los mismos es posible determinar que el señor Sergio Jascue Valencia ha tenido dos compañeras permanentes sin que sea posible establecer si para la fecha de los hechos, la señora Rubiela Talaga Chilhueso ostentaba dicha calidad.

Visto el expediente, se tiene que el señor Sergio Jascue Valencia estuvo privado físicamente de su libertad por un período de dos meses y 20 días(63).

En ese sentido, la Sala, con base en lo anteriormente expuesto, concederá el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes y diecisiete coma cinco (17,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes(64).

Así las cosas, el monto total concedido, por concepto de perjuicios morales, en favor de los señores Sergio Jascue Valencia, Jefferson Julián Jascue Talaga, Maryen Lisette Jascue Talaga, Ester Valencia de Jascue(65), José Ligio Jascue Mosquera es el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno y, para Ruth Francely Jascue Valencia, Yaneth Jascue Valencia, Marino Jascue Valencia, José Miller Jascue Valencia, el equivalente a diecisiete coma cinco (17,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

En el caso particular se solicitó el reconocimiento de una indemnización de perjuicios a favor del señor Sergio Jascue Valencia y su grupo familiar por el “goce a la vida” sufrido por estos, con ocasión de la privación injusta de la que fue objeto, así como también se solicitó, en favor de cada uno de los demandantes, la correspondiente indemnización por la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad, a la integridad, a la honra, al buen nombre, a la familia, al trabajo y a la intimidad personal.

Una vez revisado el material probatorio obrante en el expediente, advierte la Sala, tal y como lo manifestó de manera precedente, que además de los registros civiles de nacimiento de los demandantes, no obra medio probatorio alguno con el cual se pudiere acreditar la concreción de tales perjuicios por quienes los solicitan.

De acuerdo con el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente, razón por la cual negará el reconocimiento de alguna suma de dinero por este concepto en favor de los demandantes.

7.4.2. Perjuicios materiales.

7.4.2.1. Lucro cesante.

En el presente caso, dado que el señor Sergio Jascue Valencia estuvo privado físicamente de su libertad por un período de dos meses y 20 días(66), resulta claro que durante ese tiempo se encontró imposibilitado para ejercer su actividad como trabajador independiente; sin embargo, a pesar de que obra certificación que indica que devengaba $ 800.000 mensuales, dicha certificación no es expedida por un empleador; además, no se allegaron otras pruebas que permitan soportar ese valor y los testimonios que fueron recibidos indican que se dedicaba a la agricultura sin que se pudiera determinar el valor por él devengado(67), por tanto, la Sala aplicará la presunción, según la cual, toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente.

Además, frente al período respecto del cual el señor Sergio Jascue Valencia estuvo cobijado bajo medida de excarcelación caucionada(68), la Sala no realizará reconocimiento alguno, por cuanto, tal y como en acápites precedentes se advirtió, no se solicitó en la demanda dicho reconocimiento.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:

Período de privación de la libertad a indemnizar: 2,6 meses.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($ 737.717), en tanto que resulta más favorable que el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se le adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $ 922.146,25.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado.

S =Ra(1 + i)n - 1
  i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Sergio Jascue Valencia: $ 922.146,25.

i = Interés puro o técnico: 0,004867.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: 2.5 meses.

Reemplazando tenemos:

S =$ 922.146,25(1 + 0,004867)2.6 - 1
  0,004867

S = $ 2.406.924,55.

Total indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: $ 2.406.924,55.

Finalmente, la Sala no reconocerá la indemnización por concepto de “pérdida de oportunidad” solicitada en la demanda por cuanto quedó acreditado, a través de los testimonios obrantes en el proceso, que la víctima directa logró continuar con una actividad laboral de la cual obtenía los ingresos suficientes para su sostenimiento y el de su familia(69).

7.4.2.1. Daño emergente.

La Sala no accederá al reconocimiento de esta tipología de perjuicio, comoquiera que no se encuentra acreditado en el expediente que los demandantes hubieran asumido alguna erogación como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Sergio Jascue Valencia.

Y si bien dentro de las consideraciones de la demanda se indicó que se canceló la suma de $ 20.000.000 al abogado que asumió la defensa judicial de la víctima directa del daño, no reposa ni el contrato de prestación de servicios profesionales ni alguna cuenta de cobro o certificación suscrita por dicho profesional del derecho, con la cual se pudiera demostrar el pago de esa suma de dinero.

7.5. Quinto grupo familiar Luis Fernando Camelo Lozada.

7.5.1. Perjuicios inmateriales.

Se solicitó en la demanda, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Luis Fernando Camelo Lozada, Érika Fernanda Camelo Salazar, Mariela Lozada Grisales, Luis Ángel Camelo Lozada, Freddy Alexander Barona Lozada, David Alberto Camelo Lozada, Pablo Emilio Lozada, María Rosmira Grisales de Villota.

De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, la Sala encuentra que los señores Érika Fernanda Camelo Salazar (hija), Mariela Lozada Grisales (madre), Luis Ángel Camelo Lozada, Freddy Alexander Barona Lozada, David Alberto Camelo Lozada (hermanos), Pablo Emilio Lozada y María Rosmira Grisales de Villota (abuelos), acreditaron su relación de parentesco, por lo que se infiere que a todos estos se les causó una afectación moral(70).

Establecido lo anterior, para efectos de cuantificar los perjuicios morales irrogados a los demandantes, como guía de su tasación, la Sala tomará los criterios esgrimidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013(71), diferenciando, tal y como en recientes pronunciamientos lo ha venido realizando, entre el período durante el cual el señor Luis Fernando Camelo Lozada estuvo privado físicamente de su libertad y el tiempo, durante el cual permaneció cobijado con otro tipo de medida restrictiva de su libertad; sin embargo, en la demanda solo se pretende el reconocimiento de perjuicios por el tiempo en el cual estuvo privado de la libertad en un centro carcelario y en virtud de ello se procederá a su indemnización.

Visto el expediente, se tiene que el señor Luis Fernando Camelo Lozada estuvo privado físicamente de su libertad por un período de tres meses y 22 días(72).

En ese sentido, la Sala, con base en lo anteriormente expuesto, concederá el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes y veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así las cosas, el monto total concedido, por concepto de perjuicios morales, en favor de los señores Luis Fernando Camelo Lozada, Érika Fernanda Camelo Salazar, Mariela Lozada Grisales, Pablo Emilio Lozada y María Rosmira Grisales de Villota, es el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno y para Luis Ángel Camelo Lozada, Fredy Alexander Barona Lozada, David Alberto Camelo Lozada, es el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

Afectación relevante a bienes o derechos convencionales y constitucionalmente amparados.

En el caso particular se solicitó el reconocimiento de una indemnización de perjuicios a favor del señor Luis Fernando Camelo Lozada y su grupo familiar por el “goce a la vida” sufrido por estos, con ocasión de la privación injusta de la que fue objeto, así como también se solicitó, en favor de cada uno de los demandantes, la correspondiente indemnización por la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad, a la integridad, a la honra, al buen nombre, a la familia, al trabajo y a la intimidad personal.

Una vez revisado el material probatorio obrante en el expediente, advierte la Sala, tal y como lo manifestó de manera precedente, que además de los registros civiles de nacimiento de los demandantes, no obra medio probatorio alguno con el cual se pudiere acreditar la concreción de tales perjuicios por quienes los solicitan.

Según el contenido del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística qua realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente, razón por la cual negará el reconocimiento de alguna suma de dinero por este concepto en favor de los demandantes.

7.5.2. Perjuicios materiales.

7.5.2.1. Lucro cesante.

En esta modalidad de perjuicio material, la parte demandante solicitó el pago en favor del señor Luis Fernando Camelo Lozada de la suma de cinco millones ochocientos mil pesos ($ 5.800.000), como quiera que devengaba mensualmente un salario de un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 1.450.000), el que dejó de recibir con ocasión de la detención injusta de la que fue objeto.

Sin embargo, no obra en el expediente prueba alguna testimonial, o documental, que permita acreditar su labor, o el monto que devengaba para la época de su privación de la libertad, pues la certificación allegada indica un tiempo laborado pero anterior a su captura, por tanto, la Sala aplicará la presunción, según la cual, toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente.

Además, frente al período respecto del cual el señor Luis Fernando Camelo Lozada estuvo cobijado bajo medida de excarcelación caucionada(73), la Sala no realizará reconocimiento alguno, por cuanto, tal y como en acápites precedentes se advirtió en relación con todos los actores, no se solicitó en la demanda dicho reconocimiento.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:

Periodo de privación de la libertad a indemnizar: 3.73 meses.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($ 737.717), en tanto que resulta más favorable que el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se le adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $ 922.146,25.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado.

S =Ra(1 + i)n - 1
  i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Luis Fernando Camelo Lozada $ 922.146,25.

i = Interés puro o técnico: 0,004867.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: 3.73 meses.

Reemplazando tenemos:

S =$ 922.146,25(1 + 0,004867)3.73 - 1
  0,004867

S = $ 3.462.520,57.

Total indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: $ 3.462.520,57.

Finalmente, la Sala no reconocerá la indemnización por concepto de “pérdida de oportunidad” solicitada en la demanda por cuanto quedó acreditado, a través de los testimonios obrantes en el proceso, que la víctima directa logró continuar con una actividad laboral de la cual obtenía los ingresos suficientes para su sostenimiento y el de su familia(74).

7.1.2.1. Daño emergente.

La Sala no accederá al reconocimiento de esta tipología de perjuicio, comoquiera que no se encuentra acreditado en el expediente que los demandantes hubieran asumido alguna erogación como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Luis Fernando Camelo Lozada.

Como se pudo ver, fue respecto de todos los actores que se indicó en la demanda que se canceló la suma de $ 20.000.000 al abogado que asumió la defensa judicial por cada víctima directa del daño; sin embargo, al proceso no se allegó la prueba de tal pago, por lo cual no procede reconocimiento por este concepto.

12. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 24 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la liberdad de la que fueron objeto los señores Jhon Alexander Farinango Medina, Hugo Prada Orozco, Jhon Jairo Betancur Murillo, Sergio Jascue Valencia y Luis Fernando Camelo Lozada.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

— Para Jhon Alexander Farinango Medina, Erminia Medina Muñoz, Manuel Amado Farinango Collaguazo, Yei Alejandro Farinango Noscue y Nelly Bibiana Noscue Cayapu el equivalente a cincuenta (50) salarios mimos legales mensuales vigentes para cada uno y para Diana Patricia Farinango Medina, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Hugo Prada Orozco, María del Socorro Pillimue Salamanca, Hugo Andrés Prada Pillimue y Carlina Orozco es el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

— Para Jhon Jairo Betancur Murillo, Melba Calambas Cuchillo, Lilian Betancur Calambas y Jhon Estiven Betancur Calambas el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

— Para Sergio Jascue Valencia, Jefferson Julián Jascue Talaga, Maryen Lisette Jascue Talaga, Ester Valencia de Jascue, José Ligio Jascue Mosquera es el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno y, para Ruth Francely Jascue Valencia, Yaneth Jascue Valencia, Marino Jascue Valencia, José Miller Jascue Valencia, el equivalente a diecisiete coma cinco (17,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

— Para Luis Fernando Camelo Lozada, Érika Fernanda Camelo Salazar, Mariela Lozada Grisales, Pablo Emilio Lozada y María Rosmira Grisales de Villota, es el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno y, para Luis Ángel Camelo Lozada, Fredy Alexander Barona Lozada, David Alberto Camelo Lozada, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de lucro cesante los siguientes valores:

• Para el señor Jhon Alexander Farinango Medina la suma de tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos veinte pesos con cincuenta y siete centavos ($ 3.462.520,57).

• Para el señor Hugo Prada Orozco la suma de dos millones cuatrocientos seis mil novecientos veinticuatro pesos con cincuenta y cinco centavos ($ 2.406.924,55).

• Para el señor Jhon Jairo Betancur Jaramillo la suma de tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos veinte pesos con cincuenta y siete centavos ($ 3.462.520,57).

• Para el señor Sergio Jascue Valencia la suma de dos millones cuatrocientos seis mil novecientos veinticuatro pesos con cincuenta y cinco centavos ($ 2.406.924,55).

• Para el señor Luis Fernando Camelo Lozada la suma de tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos veinte pesos con cincuenta y siete centavos ($ 3.462.520,57).

4. Negar las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de la sentencia.

5. Sin condena en costas.

6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando dentro del proceso.

Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la providencia mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad que afectó a los señores Jhon Alexander Farinango Medina, Hugo Prada Orozco, Jhon Jairo Betancur Murillo, Sergio Jascue Valencia y Luis Fernando Carmelo Lozada, por el delito de rebelión, a quienes se les precluyó la investigación, por cuanto no lo cometieron, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del in dubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se dé por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de, la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del in dubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (D. 2700/91, art. 414) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del in dubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de las detenciones preventivas que afectaron a Jhon Alexander Farinango Medina, Hugo Prada Orozco, Jhon Jairo Betancur Murillo, Sergio Jascue Valencia y Luis Fernando Carmelo Lozada, por el delito de rebelión, ya que la Fiscalía General de la investigación les precluyó la investigación, por cuanto no cometieron el delito imputado.

Fecha ut supra. 

13 De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en sesión del 25 de abril de 2013, según acta 9.

14 Auto del 9 de septiembre de 2003 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, exp. 11001-03-26-000-2006-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia de la Sección Tercera, Sub Sección A, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 11 de agosto de 2011, exp. 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub Sección A, auto de 19 de julio de 2010, exp. 37410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

16 Folios 24 a 49 del cuaderno principal.

17 Folio 1 del cuaderno principal 2.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 17 de octubre de 2013, exp. 23.354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168 y sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas en la sentencia del 26 de mayo de 2011, exp. 20.299 de la misma Subsección, entre muchas otras.

20 Sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, exp. 25.002, M.P. Enrique Gil Botero.

21 Folios 6 y 7 del cuaderno principal y 2 y 3 del cuaderno contentivo del proceso penal.

22 Folios 17 a 23 del cuaderno principal.

23 Folios 126 a 134 del cuaderno principal.

24 Folios 304 y ss. del cuaderno contentivo del proceso penal.

25 Folios 341 y ss. del cuaderno contentivo del proceso penal.

26 Folios 24 a 49 del cuaderno principal.

27 Folio 31 del cuaderno principal.

28 Folios 38 y ss. del cuaderno principal.

29 A folios 112, 119 y 134 del cuaderno principal obran los registros civiles que acreditan esa condición.

30 Escritos obrantes a folios 144 a 146 del cuaderno principal, en el cual los señores Orlando Delgado Conde, Esau Yule Morales y Hugo Nelson Sánchez Loaiza manifestaron que Jhon Alexander Farinango Medina y Nelly Bibiana Noscue Cayapu conviven en unión libre desde hace más de seis años.

31 Folios 107 a 116 del cuaderno principal 2.

32 “Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto Ia privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (e). Actor: José Delgado Sanguino y otros. Demandada: La Nación, Rama Judicial (negrilla fuera del texto).

33 Desde el 29 de enero de 2004, fecha de la captura y el 21 de mayo de 2004, fecha de la suscripción de la diligencia de compromiso y de la boleta de libertad. Folios 341 y 347 del cuaderno de pruebas.

34 “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (...) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. 31170, M.P. Enrique Gil Botero.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia del 29 de mayo de 2012, exp. PI 2011-01378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia 9 de marzo de 2016, exp. 34.554.

38 Entre el 29 de enero de 2004 y el 21 de mayo del mismo año.

39 Calidad que se encuentra acreditada en el certificado expedido por el cabildo indígena de Tacueyó, Cauca y los testimonios obrantes en el expediente. Folio 115 del cuaderno principal y 108 del cuaderno de pruebas.

40 Comprendido entre el 21 de mayo de 2004 y el 12 de noviembre de 2004.

41 Folios 107 a 111 del cuaderno de pruebas.

42 Folios 149 y 150 del cuaderno principal.

43 Folios 117 a 125 del cuaderno principal 2.

44 Entre el 29 de enero de 2004, fecha de la captura y el 19 de abril de ese mismo año, fecha de la resolución que calificó el mérito sumarial, precluyendo la investigación y que ordenó la libertad, sin que obre otra prueba que indique la fecha en la que efectivamente recobró la libertad.

45 Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (e), Actor: José Delgado Sanguino y otros, Demandada: La Nación - Rama Judicial (negrilla fuera del texto).

46 Entre el 29 de enero de 2004 y el 14 de abril del mismo año de acuerdo con el informe de policía que dejó a disposición de la Fiscalía al capturado obrante a folio 5 del cuaderno principal 1 y de la resolución de ejecutoria que precluyó la investigación ordenando su libertad obrante a folio 37 del cuaderno principal 1, sin que obre otra prueba que indique una fecha diferente.

47 Calidad que se encuentra acreditada en el certificado expedido por el cabildo indígena de Tacueyó, Cauca y Mineros La Muela y los testimonios obrantes en el expediente. Folio 163 del cuaderno principal y 117 a 125 del cuaderno de pruebas.

48 Comprendido entre el 21 de mayo de 2004 y el 12 de noviembre de 2004.

49 Folios 107 a 111 del cuaderno de pruebas.

50 Folios 93 y 94 del cuaderno principal.

51 Escritos obrantes a folios 107 a 109 del cuaderno principal, en el cual los señores Orlando Valencia Lemus y Elcy Mirey Rivera manifestaron que Jhon Jairo Betancur Murillo y Melba Calambas Cuchillo conviven en unión libre.

52 Folios 126 a 133 del cuaderno principal 2.

53 “Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (e), Actor: José Delgado Sanguino y otros, Demandada: La Nación - Rama Judicial (negrilla fuera del texto).

54 Así se desprende del acta de derechos del capturado obrante a folio 160 del cuaderno principal 2 y de la diligencia de compromiso obrante a folio 343 del cuaderno de pruebas.

55 Entre el 29 de enero de 2004 y el 21 de mayo del mismo año de conformidad con el acta de derechos del capturado obrante a folio 160 del cuaderno principal 2 y el acta de compromiso y boleta de libertad obrante a folio 142 del cuaderno de pruebas.

56 Calidad que se encuentra acreditada en el certificado expedido por el cabildo indígena de Tacueyó, Cauca y los testimonios obrantes en el expediente. Folio 115 del cuaderno principal y 108 del cuaderno de pruebas.

57 Comprendido entre el 21 de mayo de 2004 y el 12 de noviembre de 2004.

58 Folios 126 a 133 del cuaderno de pruebas.

59 Aunque en su registro civil de nacimiento a folio 62 del cuaderno principal figura como Esther Valencia Talaga.

60 Aunque en su registro civil de nacimiento a folio 62 del cuaderno principal figura como Esther Valencia Talaga.

61 Obran a folios 52 a 87 del cuaderno principal los registros civiles de nacimiento.

62 Folios 135 a 143 del cuaderno principal 2.

63 Así se desprende del informe de policía que deja a disposición al capturado y que obra a folio 5 del cuaderno principal 1 y de la resolución que precluyó la investigación obrante a folio dejando en libertad al capturado, sin que obre otra prueba que indique otra fecha en la que efectivamente haya recobrado su libertad.

64 “Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (e), Actor: José Delgado Sanguino y otros, Demandada: La Nación - Rama Judicial (negrilla fuera del texto).

65 Aunque en su registro civil de nacimiento a folio 62 del cuaderno principal figura como Esther Valencia Talega.

66 Entre el 29 de enero de 2004 y el 19 de abril del mismo año de conformidad con el informe de policía que deja a disposición al capturado y la fecha de la resolución que precluyó la investigación y ordenó la libertad obrante a folio 37 del cuaderno principal 1, sin que obre otra prueba que indique una fecha diferente en la que recuperó efectivamente la libertad.

67 Calidad que se encuentra acreditada en el certificado expedido por el cabildo indígena de Tacueyó, Cauca y los testimonios obrantes en el expediente. Folio 56 del cuaderno principal y 135 a 143 del cuaderno de pruebas.

68 Comprendido entre el 21 de mayo de 2004 y el 12 de noviembre de 2004.

69 Folios 135 a 143 del cuaderno de pruebas.

70 Obran a folios 170 a 180 del cuaderno principal los registros civiles de nacimiento.

71 “Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (e), Actor: José Delgado Sanguino y otros, Demandada: La Nación - Rama Judicial (negrilla fuera del texto).

72 Así se desprende del acta de derechos del capturado obrante a folio 161 del cuaderno principal 2 y de la diligencia de compromiso y boleta de libertad obrantes a folios 342 y 348 del cuaderno de pruebas.

73 Comprendido entre el 21 de mayo de 2004 y el 12 de noviembre de 2004.

74 Folios 135 a 143 del cuaderno de pruebas.