Sentencia 2005-01320 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 250002324000-2005-01320-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades distritales

Actora: Transportes Radio Taxi - Confort S. A.

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

6.1. Consideración previa.

A juicio de la Sala no resulta pertinente transcribir los actos administrativos demandados dada la naturaleza de la decisión que se adopta.

6.2. Naturaleza del acto demandado.

Mediante los actos administrativos acusados se resolvió una investigación administrativa en contra de la empresa Transportes Radio Taxi Confort S. A. la cual culminó con una multa de $ 156.735.000, por encontrarse in cursa en violación a las normas de transporte público terrestre de pasajeros.

La parte resolutiva de la Resolución 188 de 2005 resolvió textualmente lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 1012 del 13 de diciembre de 2004, el cual había sido reformado por el artículo primer de la Resolución 215 del 14 de febrero de 2005, dentro de la investigación administrativa en contra de la empresa Transportes Radio Taxi Confort S.A., el cual quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR a la empresa Transportes Radio Taxi Confort S. A., con multa de ciento cincuenta y seis millones setecientos treinta y cinco mil pesos m/cte. ($ 156.735.000), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, pagaderos a favor del Fondatt”.

No cabe duda acerca de la naturaleza y del carácter de acto administrativo particular y concreto que fue expedido por la demandada en contra de la empresa transportadora, como quiera que era la única afectada por la multa pecuniaria de la que fue objeto a título de sanción, por incumplimiento de la legislación que regula la prestación del servicio público de transporte público de pasajeros.

Bien es sabido que de acuerdo con el artículo 85 Código Contencioso Administrativo: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declara la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño…” (resaltado del despacho).

Siendo ello así, la actora debió haber interpuesto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de simple nulidad del artículo 84 Código Contencioso Administrativo, comoquiera que la presentación de la acción del artículo 85 ídem objeto de estudio, no estaba encaminada a lograr la simple declaración de nulidad de los actos acusados por violación en abstracto del ordenamiento legal invocado como vulnerado, sino que en caso de haber prosperado las pretensiones de la demanda, la empresa de transportes Radio Taxi Confort S. A. hubiera obtenido el restablecimiento de su derecho como lo solicitó en la demanda donde dijo:

“Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se señale que la demandante no está obligada a cancelar la multa de que tratan los actos demandados”. (Esta era la segunda pretensión de la demanda fl. 2).

Por tanto, al resultar evidente que en caso de haber prosperado la declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas, dicha nulidad aparejaba el restablecimiento automático del derecho patrimonial de la sancionada, no cabe duda que la acción de simple nulidad no era la acción apta para reclamar el supuesto perjuicio soportado.

Sobre el particular conviene transcribir el siguiente aparte jurisprudencial proferido por esta misma Sala, con ocasión de la demanda de nulidad incoada casualmente por la misma empresa Transconfort S. A. en contra de las resoluciones 091 de 24 de mayo de 2004, 168 de 15 de julio de 2004 y 737 de 26 de julio de 2004, proferidas todas por la Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito Capital, mediante las cuales impuso multa por infracciones a la legislación de tránsito. En dicho precedente jurisprudencial se determinó lo siguiente:

“Tanto por el texto de la demanda, específicamente de las pretensiones, como por el contenido del acto administrativo demandado, la acción que procede en este caso es la de nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que en la demanda hay pretensiones con alcances concretos y subjetivos, según lo pone de presente la apelante, como son las de darle cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, los cuales implican consecuencias a favor de la parte actora cuando se declara la nulidad del acto administrativo enjuiciado, comoquiera que en virtud de los mismos hay que realizar actos y acciones encaminadas a la ejecución de la sentencia cuando en ella se condena a la entidad demandada, y es sabido que en las acciones de simple nulidad no hay lugar a condena y que ella tiene lugar es en las acciones subjetivas.

En ese orden, la nulidad del acto administrativo aquí demandado puede tener esas consecuencias, toda vez que ella genera el restablecimiento automático del derecho de la accionante, ya que si se llegare a declarar, la multa impuesta quedaría sin piso alguno, desaparecería, de suerte que si no hubiese sido cancelada, no habría lugar a hacerla efectiva, por cuanto el título correspondiente habría dejado de existir. No puede cobrarse obligación alguna sin el título que la contiene. Extinguido el título, se extingue la obligación. Si hubiere sido pagada por la actora, su monto tendría que ser restituido, en razón a que la anulación de los actos administrativos retrotrae jurídicamente las situaciones al estado anterior a la expedición del acto anulado, de allí el restablecimiento automático del derecho que en esos casos se da.

De modo que es evidente que la acción bajo la cual debió asumirse y examinarse la demanda, es la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que las resultas del proceso podían ir mucho más del simple y único fin de salvaguardar la mera legalidad del acto administrativo impugnado, toda vez que son inescindible su existencia y la suerte de la situación jurídica subjetiva y concreta que el mismo contiene” (resaltado fuera de texto) (sent. de mar. 25/2010, Rad. 25000-23-24-000-2005-01465-01, M. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta).

Es necesario entonces el análisis de la caducidad de la acción a fin de determinar si esta se interpuso de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente, la Resolución 188 de febrero 23 de 2005 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 1012 de fecha 13 de diciembre del año 2004, dentro del Expediente 1130-03”, acto administrativo mediante el cual quedó agotada la vía gubernativa, fue notificada por edicto que se desfijó el día 16 de marzo de 2005(4), lo cual indica que computados los cuatro meses a partir del día hábil siguiente al 16 de marzo, contaba la transportadora Radio Taxi Confort S. A. para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho hasta el día 18 de julio del mismo año(5), como término máximo para interponer la acción.

Sin embargo la demanda fue presentada hasta el 14 de octubre de 2005(6), por lo que muy seguramente esta situación fue la que pudo haber conducido a la actora para hacer aparecer la acción como de simple nulidad, pese a su clara improcedencia y a sus aspiraciones para obtener un beneficio por la eventual anulación solicitada, lo cual la traducía en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala al haberse configurado la caducidad la declarará de oficio y se inhibirá de pronunciar sobre el fondo del asunto, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo, previa revocación de la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de noviembre de 2008 y, en su lugar, se dispone: DECLÁRASE DE OFICIO la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en las consideraciones expuestas.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, INHÍBASE para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(4) Según certificación visible a folio 215 del cuaderno de anexos.

(5) Comoquiera que el 17 de julio de 2005 fue un domingo por lo que se corre al día hábil siguiente.

(6) De acuerdo con el sello de recibido de la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, visible a folio 12 del cuaderno principal.