Sentencia 2005-01346 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Ref.: Exp. 2005-01346-01.

Consejera Ponente:

Dr. Doctora Maria Elizabeth García González

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Actor: HHRH

Recurso de apelación contra la sentencia de 20 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Bogotá D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Mediante providencia de 12 de marzo de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, de esta Corporación, en el expediente de Acción de Tutela 2015-01105-00, se ordenó dictar un nuevo fallo en el proceso de la referencia en el “que se valoren las pruebas obrantes el plenario, en relación con el reconocimiento y pago de los perjuicios solicitados por el actor en la demanda, independientemente de la decisión de fondo que adopte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 2005-01346, que interpuso HHRH contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Junta Centra de Contadores”.

En cumplimiento de dicha orden, procede la Sala a dictar nueva sentencia de segunda instancia en el proceso de la referencia.

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las resoluciones 63 de 15 de abril de 2004, expedida por el Presidente de la Sala Disciplinaria de la Junta Central de Contadores, por medio de la cual se impuso a HHRH una sanción disciplinaria, consistente en la suspensión de la inscripción como contador público, por el término de un (1) año, período durante el cual no podía ejercer la profesión; 179 de 19 de agosto de 2004, expedida por el mencionado presidente, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición, en el sentido de no reponer el antes citado acto demandado, y 1451 de 2 de mayo de 2005, dictada por la Ministra de Educación, que al resolver el recurso de apelación, confirmó el antes citado acto.

Se observa que las Resoluciones acusadas fueron expedidas como resultado del proceso disciplinario adelantado contra el actor, en su condición de contador público, por la violación de los artículos 10, 37, en sus numerales 2º, 3º, 4º, 6º, y 50 de la Ley 43 de 1990, al comprobar que era responsable por las siguientes conductas: “omitir”, en calidad de revisor fiscal designado por la firma XXX & XXX Ltda. en la sociedad XXX Ltda., pronunciarse oportunamente y por escrito “ante los órganos de dirección y gobierno” de dicha sociedad acerca de las irregularidades, que afectan la confiabilidad y fidedignidad de la contabilidad (al no advertir de forma oportuna que el capital de la compañía no se encontraba pagado); “dictaminar” los estados financieros a 31 de diciembre de 1997, 31 de diciembre de 1998 y a 30 junio de 1999, sin advertir que se presentaban irregularidades significativas en la situación financiera de la referida sociedad; y desempeñarse como revisor fiscal principal cuando tenía parentesco con la contadora del ente económico, JAH, en segundo grado de consanguinidad y con el representante legal de XXX Ltda., MEOZ, en segundo grado de afinidad.

Conforme se anotó en el resumen de los fundamentos del recurso, el actor insiste en que el problema jurídico consiste en que las Resoluciones acusadas fueron expedidas por fuera del término de caducidad, previsto en el artículo 38 del C.C.A., para que las autoridades administrativas impongan sanciones en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos.

Aduce que el fallo de primera instancia desconoció dicho término de caducidad, teniendo en cuenta que los tres (3) años, a que hace referencia la citada disposición, deben ser contados a partir de la fecha en que se produce el acto que pueda ocasionarlas, y no a partir de la fecha en que la Administración tuvo conocimiento de los hechos, conforme lo indica la sentencia de 15 de noviembre de 2007 de la Sección Primera del Consejo de Estado (Expediente 88001-23-31-000-2003-00072-01, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón), que trata, específicamente, de asuntos aduaneros.

Atendiendo el problema jurídico planteado, es menester tener en cuenta la preceptiva del artículo 38 del C.C.A, el cual dispone:

Caducidad respecto de las sanciones

“ART. 38.—Salvo disposición especial en contrario, lafacultadquetienenlasautoridadesadministrativasparaimponersancionescaducaalostres(3)añosdeproducidoelactoquepuedaocasionarlas”.

Sobre la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos, esta Sección en la sentencia de 29 de septiembre de 2011 (Expediente 1101-03-24-000-2007-00028-00, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), precisó:

“1) Caducidad de la facultad sancionatoria de la administración en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos.

(…)

Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 28 de octubre de 2010 (Expediente 2007-00145, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), con ocasión de una acción instaurada contra la Junta Central de Contadores, por hechos análogos a los que aquí se analizan, precisó, en torno al término de caducidad de la facultad sancionatoria, que era aplicable el artículo 38 del C.C.A. Al respecto, sostuvo la Sala:

“Al punto, se ha de reiterar que según la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, paraquenotengaocurrencialacaducidaddelaacción,lanotificacióndelactoadministrativoqueponefinalaactuaciónadministrativadebedarsedentrodelos3añosencomento. Así las cosas, es evidente que el acto que puso fin a la actuación administrativa fue notificado mucho después de vencido eltérminode3años contado a partir de realizada la conducta por la actora, y que por lo mismo tuvo ocurrencia la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de ella, de allí que efectivamente elactosancionatorioesviolatoriodelartículo38delC.C.A, por lo cual el cargo tiene vocación de prosperar, y se ha de acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del acto administrativo enjuiciado”.

Para ahondar en razones, se observa que la Ley 143 de 1990, “por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público, y se dictan otras disposiciones”, fundamento legal de los actos administrativos acusados, en su artículo 28 consagra el proceso sancionatorio para quienes incumplan las normas que rigen dicha profesión y en su artículo 22 dispone que los pronunciamientos de la Junta Central de Contadores —Tribunal disciplinario de dicha profesión— están sujetos a los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. El tenor de la norma señala lo siguiente:

ART. 22.—De las decisiones. LasdecisionesdelaJuntaCentraldeContadoressujetasalosrecursosestablecidosenelCódigoContenciosoAdministrativo, se adoptarán con el voto favorable de las ¾ partes de sus miembros. Las demás decisiones se aprobarán por mayoría absoluta de sus miembros” (Resaltado fuera del texto).

Teniendo en cuenta que la Ley 43 de 1990, no consagra el término de caducidad para que la Junta Central de Contadores imponga sanciones disciplinarias, debe acudirse a la norma general contenida en el Código Contencioso Administrativo y no en el Código Disciplinario Único, que es un estatuto especial aplicable a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales, a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales(5).

El anterior planteamiento fue acogido por la Corte Constitucional en la Sentencia C – 530 de 2000(6), en la que sostuvo que los vacíos de la Ley 43 de 1990 se suplen con las normas del Código Contencioso Administrativo oensudefecto, las del Código Único Disciplinario.

En tal sentido, señaló la Corte:

“La lectura integral de la ley y el examen detenido de la norma cuestionado permite concluir, que aun cuando esta, comparada con las regulaciones de otros estatutos disciplinarios, puede presentar algunas falencias, por la circunstancia de no regular de manera minuciosa los trámites propios del proceso disciplinario que debe seguirse para juzgar las faltas en que incurran los sujetos disciplinados, ello no la hace inconstitucional, porque los vacíos del procedimiento pueden llenarse acudiendo a la integración normativa. Porconsiguiente,tratándosedeactuacionesadministrativasdisciplinariascontrasujetosprivadosaquéllospuedenllenarseconlasnormasdelC.C.A.oensudefecto,conlasnormasdelCódigoÚnicoDisciplinario. Precisamente, se observa que el artículo 22 de la Ley 43 de 1990 dispone la integración normativa, cuando ordena que los pronunciamientosdelaJuntadeContadoresestánsujetasalosrecursosestablecidosenelC.C.A.” (Resaltado fuera del texto).

Establecido como está que el término de caducidad de la facultad sancionatoria es el contemplado en el artículo 38 del C.C.A., cuyo tenor establece que “Salvo disposición especial en contrario, la facultadquetienenlasautoridadesadministrativasparaimponersancionescaducaalostres(3)añosdeproducidoelactoquepuedaocasionarlas”, procede la Sala a resolver el problema jurídico del caso sub examine.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Por consiguiente, no cabe duda que el término de la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos es el contemplado en el artículo 38 del C.C.A., vale decir, el de tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionar las sanciones.

Al efecto, cabe destacar, conforme se puso en evidencia en el antecedente jurisprudencial de la Sección, transcrito, que no sólo es necesario imponer la sanción dentro del término de los tres (3) años en mención, sino que es indispensable que se de la notificación del acto administrativo que pone fin a la investigación disciplinaria dentro de ese mismo término, a fin de que produzca efectos legales.

De acuerdo con lo anterior, no le asiste razón, en consecuencia, al a quo cuando sostiene que el término de los tres (3) años de la caducidad de la facultad sancionatoria se debe contabilizar “desde cuando la administración tuvo conocimiento del hecho que generó la investigación”, con fundamento en la sentencia de 15 de noviembre de 2007 de la Sección Primera del Consejo de Estado (Expediente 88001-23-31-000-2003-00072-01, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón).

Sobre el particular, es del caso aclarar que en manera alguna puede atenderse el derrotero de la sentencia en mención al presente caso, pues la misma se refiere exclusivamente a asuntos aduaneros(7), conforme lo puso de presente el apelante, además de que la queja o el momento en que la autoridad administrativa tuvo conocimiento del hecho no determina la iniciación del término de la caducidad.

Cabe resaltar que, recientemente, la Sala en sentencia de 22 de mayo de 2014 (Expediente AC-2013-02392-00, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), luego de hacer una reseña sobre el análisis jurídico efectuado por la Corporación referente al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, prevista en el artículo 38 del C.C.A, precisó que el fenómeno de caducidad se cuenta a partir de la ocurrencia del hecho, excepto cuando se trate de asuntos aduaneros, pues “se parte de que existe conocimiento de la falta desde que la entidad inicie el trámite administrativo”.

En efecto, al respecto dijo la Sala:

“Dado lo anterior, quedó demostrado que esta Corporación ha realizado un análisis sobre el término de la caducidad de la facultad sancionatoria concerniente a hechos distintos, como las infracciones en materia de energía que fueron en forma continuada donde la ocurrencia del hecho se contó a partir del último acto, o en el caso aduanero que a pesar de tener norma especial que regula el tema, se parte que existe conocimiento de la falta desde que la entidad inicie el trámite administrativo…”.

Ahora, en sentencia de 28 de octubre de 2010 (Expediente 11001-03-24-000-2007-00145-00, Actora: Ana Dolores Pérez Benitez, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta), sostuvo esta Sección:

Porlotanto,nocabeaplicaraquíelcriteriodelmomentoenquelaautoridadcompetentetuvoconocimientodeloshechos,paraempezaracontareltérminodecaducidad, puesto que ello es pertinente cuando se trata de hechos o conductas que no han trascendido de la esfera del o de los sujetos activos o autores de esos hechos o conducta, que no han salido a la luz pública dentro del ámbito de interés respectivo.

De lo contrario se llegaría al absurdo de que en casos como el del sub lite, si la Junta Central de Contadores no llega a conocer de oficio los hechos, el término de caducidad quedaría dependiendo de la voluntad de los interesados o particulares conocedores de los hechos, en la medida en que cuando a bien tengan denunciarlos solo entonces empezaría a correr el término, aunque hubieren transcurrido más de los 3 años que lo conforman.

Por consiguiente, en situaciones como la examinada, laquejanodeterminaeliniciodeltérminodecaducidad,sinoeltiempoquerestaparavencerse, de suerte que si la queja llega a ser presentada después de vencido los 3 años contados a partir de los hechos, cuyo acaecimiento es de conocimiento público en el ámbito de interés social o común sobre los mismos, no puede menos que considerarse que se ha presentado una queja después de caducada la facultad sancionatoria de la autoridad competente”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Dicho lo anterior, debe la Sala dilucidar a partir de qué momento se contabiliza el término de los tres (3) años, a que hace referencia dicha norma, en el caso concreto.

A este respecto, conviene destacar que la sentencia de esta Sección inicialmente invocada, esto es, la de 29 de septiembre de 2011, también se pronunció sobre la forma de contabilización del término de la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, y al efecto razonó así:

“… Para contabilizar el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, la Jurisprudencia de esta Sección tiene establecido lo siguiente(8):

“Ante las diferentes posiciones e interpretaciones que se le ha dado al tema de la prescripción de la acción sancionatoria, acerca de cuándo debe entenderse “impuesta la sanción”, la Sala Plena de esta Corporación con el fin de unificar jurisprudencia sostuvo mediante sentencia de 29 de septiembre de 2009 , que “la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa”. (Negrilla fuera de texto).

Asimismo sostuvo que “los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado.

Es, pues, claro, queenlostérminosdelartículo38delC.C.A.,laAdministracióndebeejercerlaacciónencaminadaasancionarpersonalmentealautordelainfracciónadministrativa,dentrodelostres(3)añoscontadosapartirdelaocurrenciadelhecho.Enconsecuencia,apartirdeesafechalaAdministracióncuentacontres(3)añosparaproferirlaresoluciónsancionatoriaynotificarlaalsancionado,independientementedela interposición de los recursos”. (Resaltado fuera del texto).

Tratándose deunafaltacontinuada,elcómputodelacaducidaddebehacerseapartirdelúltimoacto que se tuvo conocimiento del ejercicio simultáneo de los cargos de revisor fiscal y contador público de la sociedad Mera Petroleums Colombia Inc., habida cuenta del parentesco de afinidad que existe entre quienes los ejercían...” (Las negrillas y subrayas fuera del texto)

De tal manera que la contabilización del término de la caducidad para imponer la sanción debe contarse paralasfaltaspermanentesocontinuadas,apartirdelúltimoacto, y en los demás casos, vale decir, para las faltas instantáneas, se contabilizará en la forma establecida por el artículo 38 del C.C.A., esto es, desde que el hecho se produce.

En el caso sub examine, debe tenerse en cuenta que las conductas imputadas al señor HHRH, en calidad de revisor fiscal designado por la firma XXX & XXX Ltda. en la sociedad XXX Ltda., son constitutivas de faltas continuadas o permanentes, en la medida en que aquellas tuvieron ocurrencia de manera continuada, de tal manera que el cómputo de la caducidad para imponer la sanción debe hacerse a partir del último acto, esto es, desde la fecha en la cual cesaron dichas conductas.

De los documentos aportados a los autos aparece probado que la última actuación del actor tuvo ocurrencia el 25 de octubre de 1999, cuando entregó una actualización del dictamen sobre los estados financieros de la mencionada sociedad, con corte a 30 de junio de 1999 (folio “9” del Cuaderno “A4” “Anexos Demanda”).

Ello quiere decir que a partir de ese momento cesan las conductas imputadas, fundamento de la sanción, de allí que la Administración tenía hasta el 25 de octubre de 2002 para expedir y notificar el acto administrativo, mediante el cual imponía la sanción al actor.

Ahora, se observa que la Resolución 63 de 15 de abril de 2004 acusada, por medio de la cual el Presidente de la Sala Disciplinaria de la Junta Central de Contadores resolvió declarar al actor responsable y sancionarlo con un (1) año de suspensión de la inscripción profesional, se notificó el 25 de junio de 2004 (folio 57 vuelto de la Carpeta “Expediente 497. Cuaderno 4 Copias”).

En consecuencia, como la Resolución que impuso la sanción fue expedida y notificada después del término de los tres (3) años previsto en el artículo 38 del C.C.A., se tiene que en el caso concreto operó la caducidad de la acción sancionatoria, por lo cual, se impone para la Sala declarar la nulidad de los actos demandados, previa revocatoria del fallo de primera instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la demandada eliminar cualquier anotación o registro que se hubiere efectuado, con ocasión de la expedición de los actos administrativos anulados.

Por último, a juicio del actor se le causaron perjuicios con los actos administrativos acusados, por lo cual solicitó, tanto en el escrito de la demanda como en la complementación a la corrección de la misma, que se condene a la Nación - Ministerio de Educación Nacional a indemnizarlo. Tales perjuicios los estimó en $733´008.000, discriminados, así:

- Costos en asesoría jurídica en cuantía $30.00.000.

- Daño grave e injusto en su imagen profesional, por hacer constar en el Certificado de Vigencia e Inscripción y Antecedentes Disciplinario, la sanción de suspensión de su inscripción como Contador Público, por el término de un (1) año. Para ello, estimó la reparación del daño en la imagen profesional en $135’108.000.

- Grave afectación de su estado anímico, desde la fecha en que se notificó del auto de apertura de investigación disciplinaria y el pliego de cargos, que ha comprometido su vida personal, familiar y laboral, que le han provocado un estado de angustia, depresión y abatimiento. Estos daños morales los cuantificó en $135.108.000.

- Con el despido, a su juicio, se le privó de la remuneración mensual que recibía de BANCÓLDEX, esto es, la suma de $12’000.000.

Sobre los perjuicios materiales, cabe advertir que si bien es cierto que fueron allegadas pruebas documentales, entre ellas, la certificación expedida por BANCÓLDEX, en la que consta la fecha de vinculación, cargo y remuneración del actor, también lo es que de conformidad con la comunicación de 15 de noviembre de 2005, suscrita por el Presidente de dicha entidad, visible a folios 131 a 133 del cuaderno principal, la terminación unilateral del contrato de trabajo con el señor HHRH no solo tuvo origen en la suspensión por un año para ejercer la profesión de contador público, sino también por la falta de ética, al no haber comunicado de manera oportuna esa circunstancia, a lo cual estaba obligado, según el “numeral 5º del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo y en el numeral 5º del artículo 51 del reglamento interno de trabajo del Banco”, omisión que le permitió permanecer en el cargo por 6 meses aproximadamente luego de la firmeza del acto que lo sancionó; y por el hecho de mediar en su contra Resolución de acusación de 13 de junio de 2003(9), como coautor de la comisión del delito de estafa, proferida por la Fiscalía Seccional 179 de la Unidad Tercera de Delitos contra la Fé Pública y el Patrimonio Económico.

En efecto, con el objeto de dar por terminado el contrato de trabajo, en la citada comunicación, el Presidente de BANCÓLDEX le manifestó al actor, lo siguiente:

“Es de anotar que el Banco se enteró indirecta e informalmente de lo acontecido y por ello debió tomar la iniciativa para contar con la debida información de parte suya, por lo que encuentra igualmente negativo que no hubiera asumido Ud. directamente su obligación de poner en conocimiento del Banco una situación de tal gravedad, que supone que en uno de los cargos de mayor importancia, se encontraba ejerciendo la función de contralor una persona inhabilitada para el efecto, dada la suspensión de la licencia para ejercer como contador.

Dentro de las funciones de contador Ud debía “Verificar que el Sistema de control interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidades de mando”; “Fomentar la formación de una cultura de control, que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional”; “Llevar a cabo gestión de control con las políticas y lineamientos definidos por la Junta Directiva de Bancóldex” y “Velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas de crédito aprobadas por la Junta Directiva relacionados con riesgo crediticio”.

Estasresponsabilidades,porlaespecialimportanciadesucargo,implicabantambiénlaobligacióndeadoptaruncomportamientoéticoyprofesionalquefueraejemploparasuscompañerosysubalternosyqueestuvieraceñidoalcódigodecomportamientoinstitucional,locualesconsecuenteconloshechosdescritos.

4. Actualmente existe en su contra una resolución de acusación como coautor responsable de la comisión del delito de estafa.

En efecto, la Fiscalía Seccional 179 de la Unidad Tercera de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, mediante providencia del 13 de junio de 2003, confirmado el 16 de abril de 2004 por la Fiscalía 24 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, consideróquesuconductaseadecuabatípicamenteaestepunible,situaciónqueresultamuypreocupantedadasucondicióndecontralordeunaentidadcomoelBanco.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Aunado a lo anterior, no se encontró prueba alguna que demostrara los costos efectuados en asesoría jurídica para el presente caso, pues conforme se observa en la relación de probanzas, realizada en el acápite de pruebas del escrito de la demanda, en los numerales 1º a 68, y en la complementación de la demanda adjunta a la corrección de la misma, en el numeral 69, no se indicó la prueba relativa a demostrar dichos costos.

Así las cosas, la Sala no encuentra probados los perjuicios materiales irrogados.

En lo concerniente a los perjuicios morales, la Sala considera que para acceder a su reconocimiento, el demandante debía encontrarse en un trastorno emocional significativo, susceptible de ser reparado, situación que no se dio en el sub lite, pues la publicidad de las Resoluciones acusadas a terceros y la anotación de la sanción, efectuada en el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, no son demostrativas de la afectación del estado anímico del actor y de su imagen profesional, habida cuenta de que las mismas no prueban que el reclamante de los perjuicios hubiera padecido de un trastorno emocional significativo, susceptible de ser reparado o un daño moral de tal magnitud y trascendencia que deba indemnizarse.

Frente a la condena de estos perjuicios, la Sección Primera del Consejo de Estado, ha precisado, entre otras, en sentencia de 19 de noviembre de 2009 (Expediente 1998-90773-01, Actores: Héctor Sánchez Pérez y Julia Cristina Cruz Gómez, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), lo siguiente:

“En cuanto a la condena por perjuicios morales y el argumento de los apelantes según el cual, aquéllos se infieren de la simple declaratoria de nulidad de los Decretos 137 y 151 de 1998, la Sala reitera queelperjuiciomoralderivado de la pérdida de bienes o deimposicióndesanciones, debe demostrarse mediante cualquier medio de prueba, yaqueeljuezsólohabrádereconocerloscuandoexistaconvicciónycertezadequequiénlosreclama,efectivamentehapadecidountrastornoemocionalsignificativo,susceptibledeserreparado.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Así mismo, se estima que las certificaciones, expedidas por la Universidad Libre de Colombia y la Universidad Central, en las que consta la fecha en que ejerció el demandante la docencia, solo permiten demostrar ese hecho, es decir, el de que es docente o profesor, pero en manera alguna se puede colegir la existencia de un perjuicio, del cual se derive un menoscabo patrimonial y mucho menos que haya sufrido un trastorno emocional significativo a cuenta de la actuación ilegal del Estado.

En este orden de ideas, la Sala concluye que el actor no demostró los perjuicios reclamados, lo que conduce a denegar la pretensión de restablecimiento del derecho, fundamentado en la existencia de tales perjuicios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DECRÉTASE la nulidad de la Resolución 63 de 15 de abril de 2004, por medio de la cual la Junta Central de Contadores sancionó disciplinariamente a HHRH con suspensión de la inscripción profesional por un (1) año, y las Resoluciones, que confirmaron dicha decisión 179 de 19 de agosto de 2004, de la Junta Central de Contadores y 1451 de 2 de mayo de 2005, del Ministerio de Educación Nacional.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la demandada eliminar cualquier anotación o registro que se hubiere efectuado, con ocasión de la expedición de los actos administrativos anulados.

3. DENIÉGASE la indemnización de perjuicios solicitada en el escrito de la demanda y en la complementación, que adjuntó el actor, a la corrección de la misma, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, e infórmese a la Sección Segunda, Subsección B, de esta Corporación sobre la decisión adoptada en este proceso, para los fines del Expediente 2015-00105-00.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 29 de abril de 2015».

5 Artículo 53, modificado por el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011.

6 Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.

7 “El artículo 38 del Código Contencioso Administrativo que invoca el actor como violado, prescribe:
“ART. 38.—Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.
La correcta interpretación de la norma transcrita sugiere que la fecha oportuna para decidir si se impone o no una sanción, se cuenta a partir del momento en que la Administración tiene conocimiento de la conducta reprochable. Así lo ha sostenido la Sala en asuntos aduaneros, al indicar que el proceso sancionatorio comienza con el requerimiento aduanero, la aprehensión de la mercancía o el acta de liquidación oficial “pues a partir de ese momento la administración identifica o tiene conocimiento de la conducta constitutiva de la infracción”. (Negrillas fuera de texto).

8 (sic)

9 Hechos anteriores a la sanción impuesta a través de los actos administrativos acusados en el proceso 2005-01346-03, si se tiene en cuenta que los mismos son del año 2004 y 2005.