Sentencia 2005-01352/42187 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 42187

Rad.: 41001-23-31-000-2005-01352-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: L... A... A... y otros

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional y otros

Naturaleza: acción de reparación directa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila en un proceso que, por su cuantía (fl. 26, c. 1)(3), tiene vocación de doble instancia.

8.1. Se precisa en este punto que al presente caso le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009(4) en el que se autoriza a las salas, secciones o subsecciones de las altas cortes, otorgar prelación a los procesos en los siguientes eventos: por razones de seguridad nacional, para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, en caso de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o asuntos de especial trascendencia social. Se resuelve con prelación el presente caso, en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sesión llevada a cabo el 26 de enero de 2017, tal como consta en el acta Nº 02 del mismo año.

II. Validez de los medios de prueba

9. El material probatorio del proceso se encuentra compuesto por diversas pruebas documentales, entre las cuales se encuentran algunos folios en copia simple, los cuales podrán ser apreciados toda vez que no han sido tachados de falsos por las partes, esto último en aplicación del criterio jurisprudencial recientemente fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera(5). También podrán apreciarse los recortes periodísticos arrimados al plenario, en la medida en que los mismos tengan armonía con los demás medios de convicción obrantes dentro del proceso, tal como lo tienen establecido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las diferentes subsecciones que la componen(6).

III. Hechos probados

10. Valoradas las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por evidenciados los sucesos que pasan a mencionarse.

10.1. L... A... A... G... es cónyuge de G... M... B... quien, a su vez, es la madre de los demandantes H... A... A... M..., L... A... A... M..., J... F... A... M... y É... A... A... M..., procreados todos ellos con el primeramente mencionado (registros civiles y visibles a folios 11 y siguientes, c. 8).

10.2. Los señores L... A... A... G... y G... M... B... son educadores de profesión, y laboraron como docentes oficiales departamentales adscritos a la Secretaría de Educación del Huila, nombrados mediante decretos 641 de 1983 y 964 de 1993, respectivamente (fls. 194 y 197, c. 1).

10.3. El 19 de mayo de 2002, cuando la pareja de educadores se encontraba realizando una visita a unos amigos en la vereda La Esperanza en zona rural del municipio de San Agustín en donde laboraban para la época, se produjo un combate entre miembros del Ejército Nacional e integrantes de la guerrilla de las FARC, que dejó como saldo el deceso de 3 soldados y 4 guerrilleros, así como también la captura de algunas personas respecto de las cuales se decía que eran integrantes del grupo al margen de la ley, entre ellas el señor L... A... A... G...

10.3.1. Sobre el suceso, en la edición del diario La Nación fechada el 21 de mayo de 2002 se hizo el siguiente recuento de los acontecimientos:

Mueren tres soldados y cuatro guerrilleros en San Agustín

En los enfrentamientos que tuvieron lugar en la vereda La Esperanza de San Agustín, murieron los uniformados adscritos al Batallón Magdalena mientras que cuatro guerrilleros de las Farc fueron abatidos.

Cuatro guerrilleros y tres soldados murieron en combates registrados en área rural de San Agustín, según confirmaron agentes de la Novena Brigada del Ejército. Tropas del Batallón Magdalena se enfrentaron con guerrilleros del frente Cacica La Gaitana en la vereda La Esperanza (a 18 kilómetros de la cabecera municipal), donde además fueron capturados otros dos insurgentes e incautado abundante material de guerra.

(...)

El escenario de los hechos fue la vereda La Esperanza a pocos metros de la escuela donde según el informe del comandante del Batallón Magdalena, los guerrilleros preparaban una reunión para advertir a los poblaciones (sic) sobre la prohibición para votar en las elecciones.

Según lo señaló el comandante Valero, los guerrilleros usaron varios niños de las casas vecinas a la escuela como escudos humanos para defenderse de la acción del Ejército.

(…)

Los guerrilleros capturados fueron identificados como M... E... S... H… de 20 años, alias T…, natural de San Sebastián, Cauca, y D… M…, natural de Suaza, reclutado por la guerrilla en San Juan de Villalobos, Cauca.

De igual manera se conoció que fue retenido L... A... A... G..., profesor sindicado de ser miliciano de las Farc... (fI. 218, c. pruebas 1).

10.3.2. En el Informe de la “Operación Manantial”, elaborado el 20 de mayo de 2002 por el comandante de la Compañía “Búfalo”, se hizo el siguiente recuento del combate y de las circunstancias en que fue capturado el señor L... A... A... G...:

Se logra recuperar el área garantizando la tranquilidad y la paz ciudadana. Se da de baja a cuatro bandoleros de las ONT-FARC, dos guerrilleros capturados, un presunto miliciano, según inteligencia humana, incautación de material de guerra, intendencia y comunicaciones.

PROPIAS TROPAS

Tres soldados asesinados por la cuadrilla XIII de las ONT FARC.

PERSONAL ENEMIGO

Dados de baja

PERSONAL CAPTURADO

Dos guerrilleros de la Cuadrilla XIII de las ONT-FARC, con los alias de “T…” y alias “G…”, y al parecer un miliciano según informaciones obtenidas por los habitantes de esta jurisdicción con el nombre de L... A... A... G... alias “T…” (fls. 764 y sgts. c. pruebas 4).

10.3.3. En el expediente aparecen dos informes de inteligencia, de carácter confidencial, elaborados por el Batallón Magdalena de la Novena Brigada del Ejército Nacional, calendados el 14 y 17 de mayo de 2002, en donde se deja constancia de los movimientos bélicos del bloque “Cacica La Gaitana” de las FARC, según las comunicaciones de radio interceptadas a los guerrilleros (fls. 275 y sgts., 382 y sgts., c. pruebas 6). En dichas atestaciones no se hace mención alguna del señor L... A... A... G...

10.4. El señor L... A... A... G... fue puesto a órdenes de la Fiscalía General de la Nación el día 20 de mayo de 2002, y en dicha situación permaneció detenido en la cárcel del municipio de Pitalito hasta el día 31 de mayo de los mismos mes y año, momento en el cual se resolvió su situación jurídica con la decisión de no librar medida; de detención en su contra, lo que posteriormente se vio respaldado con una decisión de preclusión de la investigación que, por los delitos de rebelión y porte ilegal de armas, fue proferida por el ente investigador mediante proveído del 9 de diciembre de 2002. A continuación se mencionan los hitos más importantes del sumario adelantado en contra del hoy demandante en reparación.

10.4.1. Mediante Oficio 0085/BR9-BIMAG-S2-JUD-263 del 20 de mayo de 2002, el Batallón de Infantería Nº 27 “Alto Magdalena” puso al señor L... A... A... G... en manos de la Fiscalía General de la Nación, quien fue retenido “... por tropas de esta Unidad Táctica el día 19 de mayo de 2002 mediante desarrollo de la operación Manantial realizada en la vereda La Esperanza jurisdicción del municipio de San Agustín Huila…” (fl. 360, c. pruebas 6).

10.4.2. La Fiscalía 26 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pitalito, mediante resolución del 21 de mayo de 2002, dio apertura a la instrucción en contra del señor L... A... A... G..., entre otros (fl. 376, c. pruebas 6).

10.4.3. Por medio de proveído del 30 de mayo de 2002, la Fiscalía Primera Especializada Delegada ante los Juzgados Penales Especializados de Neiva resolvió la situación jurídica del señor L... A... A... G..., en el sentido de abstenerse de dictar en su contra medida restrictiva de la libertad. Para tal efecto, argumentó el ente investigador:

En consecuencia, de acuerdo tenemos que decir que L... A... A... G..., no fue capturado en flagrancia, ni reúne los requisitos formales y sustanciales de que trata el artículo 336 del C. de P. P., que establece dos indicios graves de responsabilidad, para imponer medida de aseguramiento de detención preventiva, pues además de los requisitos formales y sustanciales (dos indicios graves de responsabilidad) se tiene que tener en cuenta también la necesidad de imponer la medida de aseguramiento por el principio de la necesidad, la razonabilidad y proporcionalidad que trata la Sentencia 774 de 2001 de nuestra Corte Constitucional, pues surgen serias dudas en torno a la participación o complicidad de A... G... en lo que tiene que ver con los delitos de REBELIÓN, HOMICIDIO CON FINES TERRORISTAS y el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PRIVATIVO DE LAS F.F.M.M. Pues en primer término para el suscrito fiscal resultan serios y creíbles los descargos rendidos por este cuando manifiesta que se encontraba en compañía de su señora G... M... B..., quien también es institutora, quien ayuda a la junta del restaurante de la escuela de la vereda de Isnos, en lo referente a la compra de mercados para el restaurante escolar de donde surgen serias dudas de que L... A... A... en compañía de su señora se encuentren colaborándole a la subversión con alimentos, pues su actividad está relacionada con alimentar al estudiantado de ese municipio, en cuanto al hecho de ser cómplice en el homicidio con fines terroristas o el porte ilegal de armas de uso privativo de las F.F.M.M. Tenemos que decir que no existe un indicio grave que los vincule en actividades que dieran a la postre a la muerte de los soldados pues según declaración rendida por el propio oficial J... A... R..., los que dispararon contra el Ejército fue (sic) la guerrilla, mas no los profesores, ni mucho menos el profesor A... En consecuencia, nos abstendremos de imponer medida de aseguramiento alguna en contra de L... A... A... G..., por no reunirse los requisitos formales y sustanciales de que trata el artículo 356 del C. de P. P., en consecuencia se ordena su LIBERTAD INMEDIATA (fl. 465, c. pruebas 5, mayúsculas del texto citado).

10.4.4. La Fiscalía Primera Especializada Delegada ante los Juzgados Penales Especializados de Neiva, por medio de providencia del 9 de diciembre de 2002, calificó el mérito del sumario con preclusión de la investigación a favor del señor L… A… A… G... Para tal efecto consideró el ente investigador:

En cuanto a L... A... A... G..., como se dijo, se debe o se tiene que tener en cuenta que desde un principio nos abstuvimos de imponer medida de aseguramiento alguna, por cuanto no hubo la necesidad de imponer la medida de aseguramiento por el principio de necesidad, la razonabilidad y la proporcionalidad que trata la Sentencia 774 de 2001, de nuestra Corte Constitucional, pues surgen serias dudas en torno a la participación o complicidad de A… G…, en lo que tiene que ver con los delitos de rebelión, homicidio con fines terroristas y el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las FF.MM., pues en primer, término para el suscrito Fiscal resulta serio (sic) y creíbles los descargos rendidos por este cuando manifiesta que se encontraba en compañía de su señora G... M... B..., quien también es institutora, quien ayuda a la junta del restaurante de la escuela de la vereda de lsnos, con otros campesinos de la región.

Pues está demostrado lo referente a la compra de mercados para el restaurante escolar, al igual que el hecho donde surgen serias dudas de que L... A... A... en compañía de su señora se encuentren colaborándole a la subversión con alimentos, pues su actividad como ya está demostrada está relacionada con alimentar el (sic) estudiantado de ese municipio, motivo por el cual el principio del in dubio pro reo... tiene relievancia (sic) jurídica al momento de la calificación de la instrucción, en este caso no se requiere la certeza sobre la inocencia del procesado (artículo 399 C.P.P.) pues la conducta es atípica.

(...).

En cuanto a L... A... A... G..., estamos de acuerdo con lo solicitado por el señor agente del Ministerio Público en el sentido de precluir la presente investigación de conformidad con el artículo 399 del C.P.P., aplicando el principio del in dubio pro reo, pues el hecho de estar presente el inmueble junto a su esposa y demás personas donde se presentó el enfrentamiento no significa que este o aquellos hubieran participado o colaborado con los rebeldes en ataque a miembros del Ejército, de tal suerte que su conducta es atípica (fls. 205 –vuelto– y 206, c. pruebas 6).

10.5. El señor L... A... A... G... y su cónyuge presentaron solicitudes de protección ante varios entes gubernamentales pues, según narraron en aquellas oportunidades, estaban siendo objeto de intimidaciones y amenazas por parte de miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, lo que implicó que tuvieran que desplazarse para alejarse del municipio de San Agustín, en donde habían tenido su vivienda desde hace varios años. Sobre el punto en existen en el expediente las piezas probatorias que pasan a reseñarse.

10.5.1. En certificación del 26 de diciembre de 2005, emanada del Ministerio del Interior y de Justicia, se dejó constancia de lo siguiente:

1. Los hechos ocurridos el 19 de mayo de 2002, fueron conocidos por esta dirección el pasado 20 de septiembre del mismo año, a través de comunicación remitida por la Procuraduría General de la Nación mediante denuncia que hicieran los accionantes de los hechos atrás señalados, ante la Procuraduría Regional de Neiva - Huila.

2. Una vez conocidas las denuncias de los accionantes, esta dirección procedió a solicitar al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la realización de la Evaluación de Riesgo y Grado de Amenaza del Sr. L… A… A… y la Sra. G... M... B..., la cual dio como resultado Medio-Bajo.

3. Dicha evaluación fue recibida por esta dirección el pasado 8 de octubre de 2002, y conforme a ella se aprobaron las siguientes medidas de protección:

— Mediante Acta 16 del 31 de, octubre de 2002, se aprobaron tres (3) meses de apoyo de reubicación temporal, por valor de novecientos diecisiete mil pesos mcte. ($917.000) C/U, recibiendo en total un valor de dos millones setecientos cincuenta y un mil pesos mcte. ($2.751.000) los cuales fueron debidamente entregados al beneficiario, mediante cheque en la ciudad de Bogotá; esta medida se asigna cuando ante una situación de riesgo, la(s) persona(s) necesitan trasladarse a una zona que les ofrezca mejores condiciones de seguridad.

— El día 27 de febrero de 2003, en sesión del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos CRER, el caso del Sr. A… fue analizado y se acordó dejar pendiente la entrega de los tiquetes aéreos internacionales con destino a Canadá, a verificación que realizará la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, quienes posteriormente manifestaron a través del Secretario General y el Director de Derechos Humanos y representante ante el CRER, lo siguiente: “nos abstenemos de votar pasajes internacionales hasta tanto conozcamos los casos, ya que no han pasado por nuestra central, y en el caso es mayor nuestra responsabilidad” (anexo copia). Frente a este tema es preciso señalar que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos CRER ha fijado como criterios para la asignación de tiquetes aéreos internacionales, que el resultado del estudio de nivel de riesgo, sea igual o superior a MEDIO - MEDIO, que la salida del país fuera por un tiempo superior a un (1) año, y que la persona tuviera definida su situación legal a la llegada al país receptor, requisitos no cumplidos en su totalidad por el accionante. Lo anterior teniendo en cuenta, que esta medida está destinada a personas que por su nivel de riesgo no pueden permanecer en el país.

En consecuencia, es claro que esta dirección brindó los medios de protección adecuados a los accionantes, de conformidad con su nivel de riesgo y grado de amenaza (fls. 185 y sgts. c. 1).

10.5.2. La agencia Acción Social de la Presidencia de la República, por medio de oficio del 13 de enero de 2006 certificó que los demandantes se encuentran inscritos dentro del Sistema de Información de la Población Desplazada (fl. 187, c. 1).

10.5.3. La gobernación del departamento del Huila, en certificación del 6 de enero de 2006, dejó constancia de que los educadores L… A… A… G… y G... M... B... hacen parte de la planta docente departamental (fl. 189, c. 1). Del mismo modo, el evite departamental acogió a dichas personas como amenazados, mediante oficio del 6 de septiembre de 2002 (fl. 192, c. 1).

10.6. Las versiones consignadas en las solicitudes antes reseñadas, son coincidentes con lo que después se dijo en los testimonios recogidos dentro del trámite contencioso administrativo, según los cuales el señor L... A... A... G... y su familia sufrieron múltiples hostigamientos por parte de agentes de las fuerzas armadas y de inteligencia estatales, lo que implicó que los hoy demandantes en reparación se desplazaran de San Agustín hacia Bogotá y que después emigraran hacia Canadá en calidad de exiliados.

10.6.1. Al respecto, en el testimonio de la señora H… T… A…, quien dijo ser prima hermana del señor L... A... A... G..., se habló de la situación de congoja y estrés en la que se vio sumida la familia de los demandantes después de los hechos ocurridos el 19 de mayo de 2002. En los términos expuestos por la testigo:

... Sí me consta que L… y G… son docentes, y sí pertenecieron la mayoría de tiempo al sindicato del magisterio, L… A… fue elegido por el magisterio de San Agustín, para varios periodos en la subdirectiva ADIH, defendiendo los derechos de los maestros y comunidades educativas, como también el dinero que ellos ganaban me consta que era para los gastos de la familia A… M... … Sí, después de la detención de L... A... A... G..., toda la familia permanecía en mucha angustia y zozobra ya que L... A... A... G..., era amenazado a toda hora y momento y hasta en la misma casa de él por parte del DAS y del Ejército, como también G… M… su esposa, donde la encontraban le decían que lo que era acabar con L... A... A..., acababan... Eso siempre desde que él estaba en el sindicato fue amenazado y en los últimos años, después de que fue detenido, siempre que lo encontraban solo y un día que fueron a la casa, un día que lo encontraron en Pitalito, también lo trajeron al puesto de Policía y le tomaron fotografías... (fls. 241 y 242, c. pruebas 1).

10.6.2. En la declaración de la señora R… A… A… de T…, tía del señor L... A... A... G..., se dijo lo siguiente:

... El Ejército vivía amenazándolo y por eso tuvieron que salir del país por seguridad, porque vivían unidos les tocó irse del país, y unidos se fueron, dejando lo poco que tenían abandonado... Claro que uno se siente mal, al saber cómo se encontraba él, no andaba tranquilo y por cualquier momento, salían a decirle que lo iban a matar, todos tenían temor, a G… cuando la encontraban por allá le decían que qué hubo de su marido, que lo vamos a matar y le mandaban razones, así que lo iban a matar, que lo iban a echar al río... (11. 243, c. pruebas 1).

10.6.3. El señor G… R… S…, quien afirmó haber sido el abogado que representó al señor L… A… A… de T… durante el sumario penal adelantado en su contra por la Fiscalía General de la Nación, también dio cuenta de las circunstancias que rodearon el caso, así:

... Hace aproximadamente unos cuatro años en mi oficio de abogado litigante asumí la defensa del señor L... A... A..., quien residía en el municipio de San Agustín y cuyo oficio era el de profesor, persona esta que fue capturada por miembros del Ejército Nacional y puesta disposición de la Fiscalía acusada de un sin número de delitos, como era de rebelión, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y otras acusaciones que en este momento no recuerdo, afortunadamente ya el proceso en la Fiscalía se pudo establecer la no responsabilidad del señor L... A... A... en los hechos, se le dejó en libertad inclusive, si no estoy mal, se abstuvieron de dictarle medida de aseguramiento. En razón a esas circunstancias siendo un hecho cierto que tanto el señor L... A... A... como su familia fue objeto de persecución, de presiones, de retenciones irregulares por parte del Ejército, de la Policía y por miembros del DAS; en varias ocasiones fue privado de la libertad, retenido, en alguna ocasión creo que le hicieron allanamiento a su residencia, es decir, a partir de su captura inicial tanto él como su familia continuaron en una permanente zozobra, circunstancia ésta que los obligó a irse del municipio de San Agustín, creo que en principio se fueron para la ciudad de Bogotá donde pidieron alguna colaboración en la oficina de desplazados si no estoy mal y después supe que habían logrado que les dieran asilo o residencia en Canadá, donde me parece que se encuentran actualmente L… A… y toda su familia... (fls. 250 y 251, c. pruebas 1).

10.6.4. En el testimonio de L… A… M… M…, quien dijo ser líder sindical al igual que el señor L... A... A... G..., hizo énfasis en las persecuciones de que fueron objeto el demandante en reparación y su familia. Tal como lo expresó:

... Es importante indicarle a este despacho que durante el proceso que nos correspondió asesorar a la familia A… esta sufrió serios inconvenientes de carácter familiar fundamentalmente en lo económico pues él tuvo que salir con su familia de la región causándose con ello importantes gastos que no estaban al alcance del presupuesto de un asalariado máximo cuando le tocó radicarse en la ciudad de Bogotá hasta donde llegaron los asedios, la persecución que hacía que esta familia debía trasladarse constantemente de residencia para poder salvar su vida, además se recurrió a organismos internacionales, en particular a la embajada del Canadá en donde se procedió a conceder protección y asilo y así fue como se salió del país con su familia incluso antes de que saliera la ayuda del Gobierno Nacional puesto que las dificultades de seguridad así lo exigían... Sí conozco de llamadas telefónicas y de amenazas proferidas por individuos que llegaron hasta el sitio de trabajo de la esposa G… en donde se le indicaba que él y ella serían eliminados, eso se le manifestó a vecinos y amigos de una familia, además en Bogotá en más de una oportunidad fueron seguidos por personajes extraños y por ello tocaba cambiarlos de sitio de residencia de manera constante, esto lo conozco porque A…, G… y la Comisión de Derechos Humanos de Fecode así me lo manifestaron, incluso una vez definido el estudio de la Embajada de Canadá y evaluada la situación de inminente peligro tocó adelantar el viaje varios meses... (fls. 252 y sgts. c. pruebas 1).

IV. Problema jurídico

11. Con miras a emitir un pronunciamiento definitivo dentro del caso de la referencia, la Sala debe estudiar los elementos que conforman la responsabilidad, como son el daño, un hecho –por acción u omisión– del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, así como también el nexo de causalidad entre ambos. En el análisis de la imputación del daño y la determinación de las reparaciones, si hubiere lugar a éstas, la Sala se concentrará en dar respuesta a las siguientes preguntas:

11.1. En lo que tiene que ver con la imputación del daño a las accionadas, ¿está probado dentro del proceso que el señor L... A... A... G... fue injustamente privado de su libertad por los miembros de esas entidades? Y, por la misma vía, ¿está probado que las demandadas tuvieron alguna participación en las amenazas recibidas por los peticionarios en resarcimiento después de los hechos ocurridos el 19 de mayo de 2002, que derivaron el desplazamiento forzado de la familia A... M...?

11.2. Como se dirá que el daño demostrado es imputable únicamente a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, entonces se procederá finalmente a revisar si hay lugar a disminuir las indemnizaciones decretadas a cargo de dicha entidad, tal como se pide en la alzada.

V. Análisis de la Sala

12. En lo atinente con el daño alegado por la parte actora, la Sala encuentra que en el caso concreto está demostrado que el señor L... A... A... G... fue privado de su libertad por miembros del Ejército Nacional en hechos ocurridos el día 19 de mayo de 2002, y que la reclusión se prolongó hasta el 31 de mayo del mismo año, fecha ésta en que su libertad fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación –párrs. 10.3.1 y 10.4.3, hechos probados–. Del mismo modo se acreditó que con posterioridad a los hechos antes narrados, los integrantes de la familia A... M... fueron objeto de hostigamientos que implicaron su desplazamiento forzado, primero a la ciudad de Bogotá y, posteriormente, hacia Canadá, todo lo cual está evidenciado con los testimonios recaudados dentro del trámite judicial contencioso administrativo –párr. 10.6, hechos probados–, a los cuales puede otorgarse plena credibilidad por ser coincidentes con las certificaciones emitidas por las entidades gubernamentales a las que los demandantes acudieron en búsqueda de protección gubernamental –párr. 10.5, hechos probados–.

12.1. Se precisa en este punto que, aunque es verdadera la afirmación del Ministerio Público quien en su concepto dijo que en la demanda no se solicitó como pretensión la indemnización de los daños relacionados con la privación injusta de la libertad –párr. 6, antecedentes–, lo cierto es que dicho pedimento sí fue consignado en los fundamentos del libelo introductorio –párr. 1.1, antecedentes–, lo que permite una interpretación de la demanda y la aplicación del principio iura novit curia para que sea posible proveer sobre todos los hechos dañosos que resultaron probados dentro del expediente, y que los peticionarios en resarcimiento delimitaron al momento de exponer las razones de sus súplicas en sede de reparación, tal como ya lo ha admitido esta Subsección “B”:

26.3.1. Al respecto la Sala observa que en las pretensiones del libelo introductorio se solicitó la indemnización de perjuicios morales “por la muerte de su única hija y hermana L… M… L… R...”, pero allí no se solicita que se indemnicen dichos perjuicios por el hecho de no haberse atendido debidamente el caso por parte de las autoridades de Policía.

26.3.2. No obstante, el Consejo de Estado ha dicho en otras oportunidades que, en aras del principio de prevalencia del derecho sustancial, el juez debe interpretar la demanda a efectos de desentrañar su verdadero alcance, y con el propósito de procurar la indemnización integral del daño, y en ese ejercicio interpretativo es posible develar la existencia de peticiones implícitas en la demanda, que deben ser analizadas en aplicación del principio iura novit curia...(7).

12.2. De tal forma que no se viola el principio de congruencia que debe irrigar la sentencia que resuelva el caso de autos, por el hecho de que se reconozca la existencia de un daño por la privación injusta de la libertad, pues lo cierto es que se trata de una alegación que hicieron los solicitantes del resarcimiento que, si bien no está contenida en el capítulo de pretensiones del libelo introductorio, fue expresamente mencionada en el aparte destinado a explicar el fundamento de las mismas, lo que implica que, después de efectuar una interpretación de la demanda que propenda por la primacía del derecho sustancial, sí existe una petición resarcitoria frente a la detención de que fue objeto el señor L... A... A... G...

13. Al revisar la imputación del daño, principiará la Sala por analizar lo relacionado con la detención de que fue objeto el señor L... A... A... G... y, acto seguido, se revisará lo tocante con el desplazamiento forzado que afectó al mencionado solicitante y a su familia conformada por los demás demandantes en reparación.

13.1. Frente a la privación injusta de la libertad de la cual, según dicen los peticionarios, fue víctima el señor L... A... A... G..., considera la Sala que la misma se encuentra plenamente demostrada con las pruebas arrimadas al plenario y que, adicionalmente, es un daño imputable en su totalidad a título de falla del servicio a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, pues dicha entidad determinó la detención administrativa del demandante sin que para el efecto se cumplieran los requisitos correspondientes, y fue copartícipe en el periodo de detención cumplido a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, pues se trata de un caso de solidaridad por pasiva en sede de responsabilidad extracontractual, en los términos del artículo 2341 del Código Civil.

13.1.1. En efecto, en el proceso se demostró que cuando el señor L… A… A… G… se encontraba visitando a unas personas en la vereda La Esperanza del municipio de San Agustín –tal como se reseñó en las providencias de la Fiscalía General de la Nación, párr. 10.4, hechos probados–, sorpresivamente se vio atrapado en el medio de un cruce de disparos ocurrido entre miembros del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC, al término del cual resultaron muertos varios integrantes de ambos bandos y procedieron los efectivos de la institución castrense a capturar al señor L... A... A... G... –párr. 10.3.2, hechos probados–, a quien condujeron primero a un batallón y posteriormente remitieron a la Fiscalía General de la Nación con sede en Pitalito –párr. 10.4.1–, hechos probados, autoridad ésta bajo cuyas órdenes quedó recluido el demandante en la cárcel de dicho municipio, circunstancia que se prolongó hasta que se resolvió la situación jurídica con decisión de ordenar la inmediata libertad del capturado, asumida el día 30 de mayo de 2002, transcurridos 12 días desde la aprehensión –párr. 30, hechos probados–, decisión que a su vez fue confirmada cuando se precluyó la investigación el 9 de diciembre de 2002 –párr. 10.4.4, hechos probados–.

13.1.2. A juicio de la Sala, el aludido menoscabo es atribuible a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional pues, según lo ha dicho la jurisprudencia de esta subsección, cuando las autoridades administrativas cumplen funciones de policía y proceden a privar de la libertad de las personas, deben cumplir con ciertos criterios fijados por la jurisprudencia constitucional, en especial que la persona capturada sea puesta inmediatamente a órdenes de la autoridad judicial competente y, además, que existan motivos razonablemente fundados para la captura. De lo contrario, al no cumplirse alguno de los mencionados presupuestos, el daño resulta imputable a la autoridad de policía a título de falla del servicio. Tal como se dijo por la Sala en la sentencia del 8 de julio de 2016:

12.2.1. Frente a la privación de la libertad de que fue objeto el mencionado demandante, observa la Sala que la misma se dio por determinación policial, cuando el vehículo en el que se movilizaba fue detenido en un retén en las carreteras del departamento de Nariño, lo cual ocurrió el día 11 de noviembre de 2005. El señor J… E… A… C… inmediatamente fue puesto a órdenes de la Fiscalía Segunda Delegada de Pasto, quien ordenó su libertad mediante providencia calendada y notificada el día siguiente –12 de noviembre de 2005–, lo que implica que la detención tuvo una duración que no superó las 12 horas.

12.2.2. Ahora bien, aunque se probó en el proceso que el señor J... E... A... C... fue librado de toda responsabilidad penal por medio de resolución inhibitoria calendada el 17 de febrero de 2006, de ello no se deriva que fuera injusta o arbitraria la detención realizada por miembros de la Policía Nacional, pues existían sospechas de que los materiales transportados en su camión por el hoy demandante en reparación, podrían ser utilizados para el procesamiento de sustancias prohibidas.

12.2.3. A este respecto es preciso señalar que el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política no es una garantía absoluta, y la Corte Constitucional ha determinado que no se afecta el núcleo esencial de la misma Cuando la persona afectada es puesta ante las autoridades judiciales pertinentes dentro del término de 36 horas siguientes a la captura, y cuando esta última no sea arbitraria. En las palabras expresadas en la Sentencia C-239 de 2012:

“9. Empero, ese talante liberal de la Constitución no ha sido óbice para admitir al mismo tiempo que también corresponde al Estado la defensa de otros bienes jurídicos e intereses, dentro de los cuales se encuentra la seguridad y orden público, cuya afectación por el abuso de las libertades y el incumplimiento del derecho, afectan tanto la estabilidad institucional, como la convivencia y la realización de todos los derechos de personas y grupos... Por esto, hace parte de las propias garantías de la libertad, la previsión de restricciones destinadas a asegurar su ejercicio armónico por parte de todos los asociados, así como el cumplimiento de intereses generales soportados en la Constitución y concretados por el legislador”.

“10. Con referencia a la libertad personal, que es la faceta de la libertad que concierne al asunto bajo estudio, la propia Carta ha previsto las reglas para su limitación, que la Corte Constitucional ha reconocido reiteradamente, desde lo previsto en los artículos 28, 29, 30 y 32 C.P., como garantías constitucionales concretas para la salvaguarda de la misma”.

“En los artículos 28 y 29, por un lado, se contempla la reserva legal según la cual la privación de la libertad sólo puede ocurrir por motivos previamente establecidos por leyes preexistentes, con cumplimiento de las formas procesales, la aplicación del principio de presunción de inocencia y en general, con el cumplimiento de las garantías que integran el derecho de defensa y el debido proceso. Pero también en los artículos 28, 30 y 32 se determina el principio de reserva judicial con el que también se procura asegurar que las limitaciones de la libertad personal sólo puedan operar conforme la estricta legalidad que semejante limitación implica. En este sentido, tras la declaración abierta y expresa de que toda persona es libre, se reconoce la posibilidad de que esta condición pueda ser afectada por la orden de prisión, arresto o detención, siempre y cuando la misma sea determinada por un juez competente. En el mismo sentido, se garantiza la inviolabilidad del domicilio la cual podrá ser restringida cuando así lo determine el juez, con todas las formalidades de ley”.

“Igualmente, la Constitución admite la posibilidad de la detención preventiva que, conforme al artículo 28 constitucional, fuerza en todo caso a que la persona detenida sea puesta a disposición del juez competente, dentro de las 36 horas siguientes, para que éste adopte la decisión que corresponda en el término establecido por la ley. Además, en el artículo 32 C.P., se permite que en flagrancia el delincuente sea aprehendido por cualquier persona, caso en el cual debe ser llevado inmediatamente ante la autoridad judicial. En este caso se autoriza la persecución del delincuente por la autoridad, incluida la posibilidad de ingresar en el domicilio de aquel, con el propósito de lograr la aprehensión. Y junto con lo anterior, en el evento en que una persona estime estar privada de la libertad de manera ilegal, puede ejercer la garantía judicial por excelencia del Estado de derecho... el habeas corpus, que se deberá tramitar en el término no superior de 36 horas desde que fuese interpuesto”.

“11. En este apretado recuento se aprecia cómo en el orden superior, la libertad personal no sólo se garantiza con su reconocimiento expreso en tanto condición inherente a la persona humana, sino desde las reservas legales y judiciales exigidas para su limitación, las cuales incorporan en la dogmática de la libertad, los principios democrático... de separación y colaboración armónica entre los poderes públicos... y de reserva de la primera... y de la última palabra... para asegurar la legitimidad de la actuación del Estado sobre, si se quiere, uno de los bienes más preciados de la Constitución”.

(…)

“12. No obstante la claridad que arrojan los preceptos constitucionales y la jurisprudencia constitucional en lo relacionado con la defensa de la libertad personal y las exigencias para su limitación, conviene precisar a los efectos del presente proceso, las excepciones a la reserva judicial para la detención de la persona. Son ellas, la que establece el artículo 32 constitucional en caso de flagrancia, la figura de la detención preventiva del artículo 28 superior y finalmente, la detención excepcional que se autoriza conforme al artículo 250-1 C. P., para la Fiscalía General de la Nación”.

(...)

“17. Son pues cuatro las excepciones a la reserva judicial para la privación de la libertad, como reserva de la primera palabra: la captura en flagrancia (art. 32 C.P.), la captura excepcional en cabeza de la Fiscalía (art. 250.num. 1º C.P., modificado por el A.L. Nº 2 de 2003), la detención administrativa preventiva, y la retención transitoria, ambas bajo el cuestionamiento de la jurisprudencia constitucional, todas concebidas como excepciones de restrictiva interpretación a esa garantía constitucional con que se pretende preservar el valor, el principio y el derecho de la libertad personal”(8).

12.2.4. Del mismo modo, la jurisprudencia de esta Subsección “B”, en interpretación del Decreto 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre policía”, ha precisado que una detención preventiva como la que es materia de juzgamiento en el caso de análisis, debe cumplir con los siguientes requisitos: i) tiene que basarse en motivos fundados; ii) debe ser necesaria; iii) debe tener como único objeto verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona; iv) tiene estrictas limitaciones temporales; v) debe ser proporcional. Ello se plasmó en la sentencia del 29 de abril de 2015, en los siguientes términos:

“9.3. En virtud de los requisitos mencionados, la Corte Constitucional señaló que existe una estricta reserva legal en materia de libertad personal e inviolabilidad de domicilio, por lo cual estos derechos no pueden ser limitados sino por la ley. Pese a lo anterior, la Constitución contempla dos excepciones a dicha reserva legal: i) la detención preventiva prevista en el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución Nacional que consagra una facultad para que, en determinadas circunstancias y con ciertas formalidades, las autoridades no judiciales aprehendan materialmente a una persona sin contar con previa orden judicial; y ii) la flagrancia, reconocida en el artículo 32 constitucional que establece otra posibilidad en virtud de la cual una persona puede ser privada de la libertad por una autoridad administrativa, sin mandamiento de autoridad judicial, a fin de que sea puesta sin demora a disposición de la autoridad competente..”.

“9.4. En el presente asunto, interesa entender los alcances de la detención preventiva consagrada en el artículo 71 del Decreto-Ley 1355 de 1970, vigente y aplicable para el momento de los hechos, que prescribe:”

“Con el solo fin de facilitar la aprehensión de delincuentes solicitados por autoridad competente, la policía previa venia del alcalde del lugar, podrá efectuar capturas momentáneas de quienes se hallen en sitios públicos o abiertos al público”.

“Esta operación se ejecutará en sitios urbanos o rurales predeterminados”.

“Las personas contra quienes no exista petición de captura deberán ser puestas inmediatamente en libertad, a menos que su identificación se dificulte, caso en el cual la captura podrá prolongarse hasta por 12 horas (se destaca)”.

“9.5. El anterior artículo establece que en caso de que la identificación de una persona se dificulte, esta podrá ser detenida preventivamente hasta por doce horas. Respecto al inciso tercero del artículo 71 del Decreto 1355 de 1970, antes referido, la Corte Constitucional, en Sentencia C-024 de 1994, declaró su exequibilidad, en el siguiente sentido:”

“El inciso [tercero] es exequible pues remite al cumplimiento de las funciones preventivas propias de las autoridades judiciales a fin de colaborar en la conservación del orden público. En ella se fija un término muy inferior a las 36 horas a que hace referencia el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución, además de la obligación de remitir al aprehendido ante la autoridad judicial competente. Este criterio es compartido por la vista fiscal”.

“9.6. La Corte Constitucional estableció en la Sentencia C-024 de 1994 las condiciones de la detención preventiva, las cuáles derivan de la naturaleza excepcional de este tipo de aprehensiones y del régimen constitucional de la policía en un Estado social de derecho, así:”

“En primer término, la detención preventiva gubernativa tiene que basarse en razones objetivas, en motivos fundados. Esta exigencia busca tanto proteger los derechos ciudadanos contra injerencias policiales arbitrarias como permitir que la legitimidad de la aprehensión pueda ser controlada tanto por los superiores del funcionario que la practicó como por las autoridades judiciales y los organismos de vigilancia y control del Estado (...) los motivos fundados son hechos, situaciones fácticas, que si bien no tienen la inmediatez de los casos de flagrancia sino una relación mediata con el momento de la aprehensión material, deben ser suficientemente claros y urgentes para justificar la detención. El motivo fundado que justifica una aprehensión material es entonces un conjunto articulado de hechos que permitan inferir de manera objetiva que la persona que va a ser aprehendida es probablemente autora de una infracción o partícipe de ella. Por consiguiente, la mera sospecha o la simple convicción del agente policial no constituye motivo fundado (...) Más allá de la simple sospecha, la detención debe estar entonces basada en situaciones objetivas que permitan concluir con cierta probabilidad y plausibilidad que la persona está vinculada a actividades criminales”.

“En segundo término, la detención preventiva debe ser necesaria, esto es, debe operar en situaciones de apremio en las cuáles no pueda exigirse la orden judicial, porque si la autoridad policial tuviera que esperar a ella para actuar, ya probablemente la orden resultaría ineficaz. Por eso, sólo en aquellos casos en los cuales se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación judicial o cuando la demora implique un peligro inminente, podrá la autoridad policial proceder a una detención preventiva sin orden judicial. Estaríamos frente a una detención arbitraria si no se dan estas situaciones de urgencia o de evidente peligro, y las autoridades policiales deciden detener preventivamente, incluso con motivo fundado, simplemente por eludir el control judicial previo o ahorrar tiempo o trabajo. Esto significa que la retención sólo es constitucionalmente legítima si es la única alternativa para que la Policía pueda cumplir de manera adecuada sus deberes constitucionales. Admitir otra interpretación sería convertir la excepción –detención sin orden judicial– en la regla”.

“En tercer término, esta detención preventiva tiene como único objeto verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona y, si es el caso, poner a disposición de las autoridades judiciales competentes a la persona aprehendida para que se investigue su conducta. Es pues una aprehensión material con estrictos fines de verificación a fin de constatar si hay motivos para que las autoridades judiciales adelanten la correspondiente investigación”.

“En cuarto término, esta facultad tiene estrictas limitaciones temporales. La detención preventiva tiene un límite máximo que no puede en ningún caso ser sobrepasado: antes de 36 horas la persona debe ser liberada o puesta a disposición de la autoridad judicial competente”.

“(...) En quinto término, la aprehensión no sólo se debe dirigir a cumplir un fin preciso –verificar ciertos hechos o identidades– adecuadamente comprendido dentro de la órbita de las autoridades de policía sino que, además debe ser proporcionada. Debe tener en cuenta la gravedad del hecho y no se puede traducir en una limitación desproporcionada de la libertad de la persona (...). Por eso es deber de las autoridades policiales utilizar todos los medios técnicos disponibles a fin de reducir al mínimo esas aprehensiones materiales, no sólo en el sentido de limitar su número a lo estrictamente necesario sino también de reducir tanto como sea posible la duración de las mismas. Para ello deberán, por ejemplo, establecer sistemas ágiles de verificación de identidad que permitan establecer antecedentes criminales en los lugares mismos de la aprehensión”.

“En sexto término, como es obvio, para estos casos se aplica plenamente el derecho de habeas corpus como una garantía del control de la aprehensión, puesto que el artículo 30 señala que éste se podrá invocar “en todo tiempo”. Por consiguiente, todo ciudadano que considere que ha sido objeto de una detención gubernativa ilegal tiene derecho a invocar el habeas corpus”.

“En séptimo término, esas aprehensiones no pueden traducirse en la práctica en una violación del principio de igualdad de los ciudadanos. Por eso ellas no pueden ser discriminatorias y derivar en formas de hostilidad hacia ciertos grupos sociales debido a la eventual existencia de prejuicios peligrosistas de las autoridades policiales contra ciertas poblaciones marginales o grupos de ciudadanos”.

“En octavo término, reitera la Corte, que la inviolabilidad de domicilio tiene estricta reserva judicial, pues, salvo los casos de flagrancia, el allanamiento sólo puede ser ordenado por autoridad judicial. Por consiguiente, no podrán aducir las autoridades policiales la práctica de una detención preventiva para efectuar de manera abusiva registros domiciliarios sin orden judicial (...)”.

“En noveno término, la persona objeto de una detención preventiva no sólo debe ser “tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (art. 10-1 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, C.P. art. 5º) sino que además se le deberá informar de las razones de la detención y de sus derechos constitucionales y legales, como el derecho a ser asistido por un abogado (C.P. art. 29) o el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (C.P. art. 33)”.

“Finalmente, y como es obvio en un Estado social de derecho en donde la administración está sometida al principio de legalidad, la regulación de las detenciones preventivas es materia legal, a fin de que se establezcan las formalidades que debe reunir toda detención preventiva y se delimiten los eventos y motivos en los que ella puede operar”.

“9.7. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en fallos posteriores ha sido clara en señalar que solo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad; sin embargo, frente a la excepción de que trata el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución desarrollado por el inciso tercero del artículo 71 del Decreto 1355 de 1970, la jurisprudencia no ha sido muy explícita”.

(...)

“9.11. En vista de lo anterior, se vislumbra claramente que el medio que suscita controversia a los ojos de los demandantes es la detención preventiva, contemplado por el artículo 71 del Código Nacional de Policía, cuyos requisitos particulares son: i) se da en cumplimiento de las funciones preventivas propias de las autoridades de policía a fin de colaborar en la conservación del orden público; ii) en personas contra quienes no exista petición de captura; iii) por existir circunstancias y motivos fundados que dificulten su identificación; y iv) bajo un límite en su prolongación, hasta por 12 horas”.

“9.12. Frente al medio de policía de detención preventiva, la Corte Constitucional estableció, de conformidad con la Sentencia C-024 de 1994 citada anteriormente, unos límites que, en razón de su naturaleza excepcional, deben cumplirse antes de practicar este tipo de aprehensiones, así: i) tiene que basarse en motivos fundados; ii) debe ser necesaria; iii) debe tener como único objeto verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona; iv) tiene estrictas limitaciones temporales; v) debe ser proporcional; vi) como garantía del control de la aprehensión se aplica plenamente el derecho de habeas corpus; vii) no puede traducirse en la práctica en una violación del principio de igualdad de los ciudadanos; viii) la inviolabilidad de domicilio tiene estricta reserva judicial, pues, salvo los casos de flagrancia, el allanamiento sólo puede ser ordenado por autoridad judicial; ix) la persona objeto de una detención preventiva debe ser “tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; x) las detenciones preventivas son reguladas por la ley, a fin de que se establezcan las formalidades que deben reunir y se delimiten los eventos y motivos en los que ella puede operar(9) (negrilla del texto citado)”.

12.2.5. En el presente caso, si bien se acreditó que los agentes de la Policía Nacional detuvieron a J... E... A... C..., también se aprecia que ello se hizo de forma preventiva y ante un posible transporte de sustancias prohibidas, de lo que surge que la privación de la libertad no fue arbitraria, máxime cuando se cumplieron los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Sala para ese tipo de detención, a saber, i) que fue una transitoria limitación de la libertad que estuvo basada en motivos fundados –se requería comprobar la naturaleza de las sustancias trasladadas por el demandante–, ii) que era indispensable –pues era necesario efectuar estudios químicos a los elementos que se encontraban dentro del camión–, iii) que tuvo como fin hacer unas verificaciones de interés para la actividad de la Policía Nacional –en este caso lo relacionado con los químicos transportados–, iv) que estuvo limitada a un periodo de tiempo razonablemente corto –pues el demandante fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes–, y v) fue una medida proporcional –en la medida en que existió una relación entre la detención como medio y el fin que con la misma persiguieron los miembros del cuerpo policial–. Del mismo modo, se aprecia que el detenido fue puesto a órdenes de la autoridad judicial competente antes de 24 horas siguientes a la restricción, en donde se decidió la inmediata libertad del hoy demandante en reparación, sin que al respecto pueda endilgársele a la Policía Nacional falla alguna en su proceder. Lo anterior indica que no hubo falla del servicio por parte de la Policía Nacional al haber detenido preventivamente al señor J... E... A... C...(10)...

13.1.3. En el caso concreto, es claro que el Ejército Nacional no cumplió con los requisitos necesarios para detener preventivamente al señor L... A... A... G..., pues no existe en el proceso demostración de que la mencionada institución contara con indicios o informes de inteligencia que señalaran al demandante como integrante de la guerrilla de las FARC, ni de que el mismo portara armas o las hubiera utilizado en contra de los militares participantes del operativo del 19 de mayo de 2002 y, antes bien, está acreditado en el plenario que la aludida persona era un docente reconocido dentro de la comunidad del municipio de San Agustín –párr. 10.2, hechos probados–, que se encontraba haciendo una visita en el sitio en donde fue retenido y que nada tenía que ver con los guerrilleros que se enfrascaron en un combate con los miembros de las Fuerzas Armadas estatales.

13.1.4. Ello quiere decir que la entidad demandada decidió capturar al señor L... A... A... G... por el sólo hecho de que era un circunstante de la vereda en la cual ocurrieron los hechos, lo cual desvirtúa toda proporcionalidad en la medida restrictiva de la libertad, y la torna irrazonable, tal como lo hizo ver la Fiscalía General de la Nación en el momento de resolver la situación jurídica del investigado y de proferir decisión de preclusión en su favor. Ello constituye una clara falla delservicio que hace procedente la imputación del daño a la entidad demandada –Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional–.

13.1.5. Ahora bien, el daño será imputado en su totalidad a la mencionada entidad, a pesar de que el señor L... A... A... G... permaneció privado de la libertad a órdenes de la Fiscalía General de la Nación entre el 20 y el 30 de mayo de 2002, y sólo el día 19 de mayo a órdenes del Ejército Nacional, quien puso al capturado en manos de las autoridades judiciales antes de que transcurrieran 36 horas desde la retención. Ello por cuanto se trata de un daño en el que son copartícipes las dos entidades mencionadas, lo que hace procedente el surgimiento de solidaridad pasiva entre ambas en los términos del artículo 2344 del Código Civil(11), pudiendo el demandante reclamar de cualquiera de ellas la totalidad de los daños padecidos durante la privación de la libertad.

13.1.6. En el orden de ideas anteriormente expuesto, se concluye que resulta imputable al Ejército Nacional el daño surgido por la privación injusta de la libertad padecida por el señor L... A... A... G... entre los días 19 y 20 de mayo de 2002, y en el acápite de liquidación de perjuicios se revisará que la indemnización por ese respecto decretada por el tribunal de primera instancia esté acorde con la jurisprudencia unificada establecida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

13.2. Al estudiar el desplazamiento forzado del que fueron víctimas los demandantes, se aprecia que el mismo también es imputable únicamente a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional pues, aunque es cierto que en el expediente no existe una prueba que de forma indiscutible señale a los miembros de esa fuerza armada como responsables de los hostigamientos de que fueron víctimas los miembros de la familia A... M..., también es verdadero que en el contexto del conflicto armado interno colombiano que se estaba desarrollando por la época de los hechos, era de esperarse que los diferentes actores del mismo quisieran atentar con la integridad de los accionantes, máxime cuando la mencionada entidad hizo divulgaciones en medios periodísticos de amplia circulación, en las que claramente se señalaba al señor L... A... A... G... como perteneciente a las milicias de las FARC, cuando ello no era cierto. En este punto, se precisa que en el proceso no existe una prueba fehaciente de que en esas perturbaciones hayan tenido papel alguno los agentes de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, razón ésta por la cual se denegarán las pretensiones formuladas en contra de estos entes administrativos.

13.2.1. En efecto, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado que cuando las autoridades públicas hacen señalamientos carentes de fundamento en contra de personas respecto de las cuales se dice que tienen participación activa dentro del conflicto armado, con ello crean una situación de peligro frente a los particulares afectados, y adquieren una posición de garantes respecto de los mismos, de tal forma que se convierten en responsables de los daños que de allí puedan surgir. Tal como se expuso en la sentencia del 1º de agosto de 2016:

15. Al revisar las alegaciones que en la demanda y el recurso de apelación hizo la parte actora para atribuir responsabilidad a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Ejército Nacional, estima la Sala que es necesario preguntarse si en el expediente existe prueba alguna que señale que las mencionadas instituciones tuvieron o debieron tener conocimiento sobre la situación de amenaza que existía sobre los habitantes de la urbanización lnaia Sue, o que indique que aquellas actuaron en contubernio con el grupo paramilitar Colsingue que perpetró el ataque del 16 de noviembre de 1997 por el cual resultó muerto el señor L… T…, y que ocasionó, además, el desplazamiento forzado de los residentes de lnaia Sue e integrantes de la Cooperativa Multiactiva de Vecinos y Amigos.

(...)

15.3. Ahora bien, frente al deber de protección que le competía a las mencionadas instituciones estatales por virtud de la obligación que normativamente les atañe conforme con lo dispuesto en los artículos 2º... 216... 217... y 218… de la Constitución Política, se aprecia por la Sala que el Ejército Nacional y la Policía Nacional incumplieron dicha carga frente a los residentes de la urbanización lnaia Sue y los integrantes de la Cooperativa Multiactiva de Vecinos y Amigos pues, aunque en el proceso no hay prueba de que existiera una amenaza o advertencia previas que indicaran que dichas personas podrían ser objeto de un atentado por parte de grupos de autodefensa, o de que haya sido solicitado algún amparo especial por parte de las personas que resultaron afectadas con el ataque paramilitar, lo cierto es que fueron de público conocimiento los señalamientos hechos por el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, de lo que puede deducirse que, en las condiciones de violencia vividas por Colombia en la época de los hechos, los ciudadanos señalados como colaboradores de la guerrilla de las FARC tenían una alta probabilidad de ser objeto de ataques por parte de los contendores armados de esta última...

(...)

15.4. Postura que ha sido confirmada por la Subsección “C” al reiterar que, para establecer la omisión en el cumplimiento del deber de protección de los ciudadanos, no es necesario acreditar que la amenaza fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional o del Ejército Nacional, sino que basta con comprobar que dicha circunstancia fue conocida, o por lo menos debió ser advertida por dichas instituciones, por virtud del carácter notorio de los acontecimientos que dieron lugar al riesgo. Según se dijo en la sentencia del 26 de noviembre de 2015...

(...)

15.5. De manera que, aunque es cierto que no se probó dentro del proceso que el municipio de Tenjo viviera un contexto de especial violencia por virtud de la proliferación de grupos paramilitares, o que la Policía Nacional o el Ejército Nacional colaboraran con las actividades de este tipo de grupos en el sitio de los hechos materia del presente litigio, también es verdadero que, en las condiciones de violencia vividas en Colombia en la época de los hechos, era de público conocimiento que los habitantes de la urbanización lnaia Sue, al ser públicamente señalados como colaboradores de la guerrilla de las FARC, automáticamente se convirtieron en objetivo militar de los otros grupos ilegales que, en el marco del conflicto armado interno, eran los contendores de la mencionada organización subversiva. Dicha circunstancia era suficiente para que les fuera exigible a los cuerpos armados estatales hoy demandados –la Policía Nacional y el Ejército Nacional– asumir las medidas procedentes para procurar la protección de la integridad de las mencionadas personas, sin que para el efecto resultara necesario que estas últimas dirigieran peticiones o conminaciones a dichas autoridades.

15.6. Como en el proceso no se acreditó que la Policía Nacional y el Ejército Nacional hayan efectuado medida de protección alguna encaminada a resguardar a los residentes del conjunto residencial lnaia Sue y a los integrantes de la Cooperativa Multiactiva de Vecinos y Amigos, quienes se encontraban en amenaza por virtud de los señalamientos contenidos divulgados en la prensa... y en informes de inteligencia... provenientes del Departamento Administrativo de Seguridad, entonces es posible concluir que el daño padecido por los accionantes le es atribuible al Ministerio de Defensa Nacional a título de falla del servicio, imputación que más adelante se revisará en forma conjunta con el juicio de reproche que deba hacerse con respecto a la entidad postreramente mencionada que, como se verá, también incurrió en un defecto en el desempeño de sus funciones. Obviamente, la imputación de daños cobija a los allegados del fallecido celador del conjunto de casas, señor L… T…, quien en los hechos del 16 de noviembre de 1997 murió asesinado por el grupo paramilitar Colsingue.

(...)

16. De otro lado, la sentencia de primera instancia será confirmada en relación con los reproches y la declaración de responsabilidad que se decidieron en lo atinente con la conducta del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, pues en el plenario existen elementos suficientes para sostener que dicha entidad incurrió en una falla del servicio al haber hecho unos señalamientos respecto de los hoy peticionarios en resarcimiento, sobre quienes afirmó que eran colaboradores de la guerrilla de las FARC, lo que incluso generó la apertura de una investigación por la Fiscalía General de la Nación en el marco de la cual pudo establecerse, con base en la misma información remitida por el organismo de seguridad y también la recaudada durante la investigación preliminar en sede penal, que carecían de cualquier fundamento las acusaciones hechas por el hoy liquidado departamento administrativo.

(...)

16.8. En el orden de ideas anteriormente expuesto, para la Sala es claro que el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– incurrió en una falla del servicio cuando, de forma imprudente y contraria al deber de protección que le atañe con respecto a los ciudadanos, divulgó a los medios de comunicación la afirmación de que los integrantes de la Cooperativa Multiactiva de Vecinos y Amigos, y también los habitantes de la urbanización Inaia Sue, eran colaboradores de la guerrilla de las FARC y lavaban dineros provenientes de actividades ilícitas, razón por la cual le son imputables a dicha entidad todos los daños derivados del ataque paramilitar perpetrado el 16 de noviembre de 1997, incluido el menoscabo relacionado con el homicidio del celador de la unidad de casas, señor L… T…, quien murió acribillado por acción del grupo paramilitar atacante(12).

13.2.2. Y en el caso concreto está, demostrado que cuando el señor L... A... A... G... fue capturado en el marco de los hechos ocurridos el 19 de mayo de 2002 en la vereda La Esperanza del municipio de San Agustín, los miembros del Ejército Nacional pusieron ese hecho en conocimiento del diario La Nación que es de amplia circulación en el departamento del Huila, en cuya edición del 21 de mayo de 2002 se dijo que “... se conoció que fue retenido L... A... A... G..., profesor sindicado de ser miliciano de las Farc…” –párr. 10.3.1, hechos probados–, en clara concordancia con las proclamas consignadas en los informes de operaciones militares elaborados ex post facto por la institución castrense –párr. 10.3.2, hechos probados–, con lo que de forma inmediata se puso a los demandantes, en la posición de objetivo militar de quienes participan en el conflicto armado, lo que a la postre implicó que tuvieran que desplazarse hacia la ciudad de Bogotá y que después emigraran hacia Canadá.

13.2.3. No obstante, se aprecia en el expediente que, en contraste con lo que ocurre con la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, no existe prueba alguna de que los miembros de la Policía Nacional o del Departamento Administrativo de Seguridad DAS hayan tenido participación alguna en la divulgación de la información sobre el supuesto involucramiento del señor L... A... A... G... en la guerrilla de las FARC, razón por la cual habrán de denegarse las pretensiones formuladas en relación con los entes administrativos recién aludidos, aspecto este en el cual será modificada la sentencia objeto del recurso de apelación.

13.3. De tal forma que en el sub lite es posible responsabilizar únicamente a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por el daño consistente en la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor L... A... A... G... y el desplazamiento forzado al que fueron sometidos los peticionarios en reparación, según las probanzas obrantes dentro del plenario.

VI. Conclusión

14. De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, observa la Sala que la decisión de primera instancia, esto es, la providencia proferida el 12 de julio de 2011 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, será mantenida en cuanto a la declaración de responsabilidad a cargo de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, pero se modificará frente a las condenas proferidas contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y las medidas resarcitorias a las que hay lugar, esto último de conformidad con las consideraciones que pasan a exponerse.

VII. Medidas de reparación

15. En la sentencia de primera instancia se estimaron demostrados los daños morales y los daños materiales por lucro cesante padecidos por los demandantes, detrimentos todos ellos que resultaron evidenciados en el caso concreto, según las consideraciones más arriba expuestas. Así las cosas, estima la Sala que procede actualizar a valor presente dichas indemnizaciones, con la finalidad de mantener el valor adquisitivo de las mismas. No pasa lo mismo con lo que el a quo denominó alteraciones graves a las condiciones de existencia, pues no se acreditó dentro del proceso el padecimiento de algún padecimiento en la salud física o psicológica de los peticionarios, que diera lugar al aludido tipo de perjuicios, por lo que la sentencia de primer grado será revocada frente a este punto. De otra parte, es necesario establecer la posibilidad de decretar algunas medidas de satisfacción y no repetición, a pesar de que la entidad demandada es apelante única.

15.1. En lo que tiene que ver con la indemnización decretada por perjuicios morales, en la medida en que la misma quedó tasada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y comoquiera que sus montos no sobrepasan los baremos de resarcimiento fijados por la Sala Plena de la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013(13) para los casos de privación injusta de la libertad, entonces procederá la Sala a confirmar las determinaciones asumidas en la sentencia contra la cual se dirige el recurso de alzada. En este punto se precisa que en otras oportunidades, por situaciones relacionadas con el desplazamiento forzado de personas, se ha reconocido una indemnización de perjuicios equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales(14), suma que no puede ser reconocida en segunda instancia debido a que se desmejoraría la situación del apelante único con desconocimiento del artículo 31 de la Constitución Política. De tal forma, se mantendrán las condenas decididas por este concepto en el fallo contra el que se dirigió la alzada.

15.2. Al revisar la indemnización por perjuicios materiales –lucro cesante–, se observa que la misma también fue tasada con utilización de las fórmulas y reglas de liquidación establecidas por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, razón esta por la cual será procedente sólo efectuar una actualización de las condenas fijadas por el a quo, con miras a preservar el poder adquisitivo de las mismas, reducido por efecto de la devaluación de la moneda y del paso del tiempo transcurrido entre la liquidación efectuada en el fallo de primer grado y la época en la que se profiere la presente sentencia en sede de apelación. Para tal efecto se utilizará la fórmula recurrentemente utilizada por esta corporación para efectos de la indexación, según la cual: renta actualizada = renta histórica * [índice final de precios al consumidor ÷ índice inicial de precios al consumidor]. Aplicada dicha fórmula al caso concreto, se tiene lo que se pormenoriza a continuación.

15.2.1. A favor del demandante L... A... A... M… se reconoció una indemnización equivalente a $40 173 721,103 pesos moneda corriente, suma que se actualiza matemáticamente así:

Ra = 40 173 721,103 * [138,07187 ÷ 107,89544]

Ra = $41 409 594

15.2.2. En beneficio de la demandante G... M... B... se reconoció una indemnización equivalente a $46 352 306,40 pesos moneda corriente, cantidad dineraria que se actualiza de la siguiente forma:

Ra = 46 352 306,40 * [138,07187 107,89544]

Ra = $59 316 220

15.3. De otro lado, deberán revocarse las condenas relacionadas con las alteraciones graves a las condiciones de existencia pues, tal como lo tiene determinado la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera(15), ese reconocimiento sólo es procedente cuando en el litigio se acredita el padecimiento de alguna merma física o psicológica que implique un daño a la salud, lo cual no ha sido evidenciado en el caso de autos.

15.4. Ahora bien, es necesario determinar la posibilidad de decretar unas medidas de satisfacción y no repetición, habida cuenta de que el sub lite versa sobre graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario; punto este en el cual debe tenerse en consideración, además, el hecho de que la parte demandada, Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, fue el único extremo litigioso que presentó recurso de apelación, y dicha entidad se encontraría, por tanto, cobijada por la garantía de la non reformatio in pejus. Al respecto procede la Subsección “B” a reiterar los planteamientos unificados de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado(16), según los cuales, en casos en los que se debaten graves afectaciones a las garantías esenciales de las personas, es procedente decretar todas las medidas que sean necesarias en aras de lograr la rehabilitación de las víctimas, sin que el logro de ese objetivo pueda verse perjudicado por principios de corte procesal como la congruencia y la prohibición de reforma en perjuicio del apelante único. Del mismo modo, se expondrán los razonamientos que se estiman pertinentes para ordenar la realización de unas medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición encaminadas a una transformación de las condiciones estructurales que, según lo probado en el proceso, dieron lugar a la victimización del occiso y de sus familiares que persiguen la indemnización de perjuicios en el proceso de la referencia.

15.4.1. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, debe atender a los principios de reparación integral y de equidad. Esto significa que, en los procesos en los que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado, el juez de lo contencioso administrativo deberá verificar con qué potestades y facultades cuenta para lograr el resarcimiento pleno del perjuicio y el restablecimiento de los derechos conculcados.

15.4.2. Por regla general, estas facultades se encuentran limitadas por los principios de congruencia, de jurisdicción rogada y de no reformatio in pejus, de manera que para que proceda el reconocimiento de medidas tanto de carácter compensatorio –como son la indemnización de los perjuicios morales y materiales causados– como de carácter restitutorio, es necesario que exista una petición expresa de la parte demandante en tal sentido.

15.4.3. Con todo, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado(17), existen casos en los que el juez puede ordenar medidas que atiendan a la reparación integral del daño, aunque ello conlleve restricciones a los mencionados principios procesales. Esto ocurre cuando se juzga la responsabilidad del Estado por graves violaciones de los derechos humanos pues, en estos eventos, la obligación de reparar integralmente el daño surge, principalmente, de distintos tratados y convenios de derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno(18), pero también de otros instrumentos de derecho internacional(19) que, aunque no tienen carácter estrictamente vinculante –razón por, la cual se los denomina “derecho blando” o “soft law”–, gozan de cierta relevancia jurídica y práctica en el ámbito internacional y nacional en tanto exhiben “una clara e inequívoca vocación axiológica o normativa general”(20) y sirven como “criterio[s] auxiliar[es] de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos”(21).

15.4.4. Así las cosas, se ha considerado que es posible establecer restricciones a los principios de congruencia, jurisdicción rogada y no reformatio in pejus con el fin, bien sea de dar cumplimiento a los mandatos contenidos en normas internacionales de derechos humanos con prevalencia en el orden interno, o de proteger otros derechos, valores y principios constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia.

15.4.5. De manera que en el sub lite, donde las medidas no patrimoniales de reparación no fueron decretadas en la sentencia de primera instancia y la parte demandada actúa como apelante única en la presente instancia, el principio procesal de la prohibición de reforma en perjuicio del impugnante debe ceder ante la necesidad de ordenar unas medidas no indemnizatorias que tengan por finalidad lograr una verdadera rehabilitación de las víctimas, máxime si se tienen en cuenta las condiciones de conflicto en medio de las cuales se produjeron los hechos materia de debate.

15.4.6. De conformidad con lo anterior, se ordenará a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional que, previa autorización de las personas que integran la parte demandada, se publique en un diario escrito de amplia circulación en el departamento del Huila, un artículo en el que se haga mención de la presente sentencia, en el que se expresamente se diga que el señor L... A... A... G... no es un integrante de la guerrilla de las FARC y en el que se desmienta la información que al respecto fue consignada en la edición del 21 de mayo de 2002 del diario La Nación.

VIII. Costas

16. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes o de los demás intervinientes procesales, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se profiera una condena de ese tipo.

17. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 12 de julio de 2011 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor L... A... A... M…, y por el desplazamiento forzado de que fue víctima el aludido y también los demandantes G... M... B..., H… A…, A... M..., L... A... A... M..., J... F... A... M... y É... A... A... M...

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de reparación del daño padecido por los demandantes CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar los siguientes valores por concepto de los perjuicios causados a los demandantes:

2.1. Por perjuicios materiales:

A. Para L... A... A... G..., la suma de cincuenta y un millones cuatrocientos nueve mil quinientos cincuenta y cuatro pesos ($51 409 594) moneda corriente.

B. A favor de G... M... B... la suma de cincuenta y nueve millones trescientos dieciséis mil doscientos veinte pesos ($59 316 220) moneda corriente.

3.2. Por perjuicios inmateriales:

A. Para el demandante L... A... A... G..., el equivalente a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo.

B. Para G... M... B..., la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo.

C. Para H... A... A... M... la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo.

D. A L... A... A... M... la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo.

E. A J... F... A... M... la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo.

F. Para E… A… A... M..., el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del fallo.

TERCERO: Previa autorización de las personas que aparecen como demandantes en el presente proceso, ORDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional publicar en un diario escrito de amplia circulación en el departamento del Huila, un artículo en el que se haga mención de la presente sentencia, en el que se expresamente se diga que el señor L... A... A... G... no es un integrante de la guerrilla de las FARC y en el que se desmienta la información que al respecto fue consignada en la edición del 21 de mayo de 2002 del diario La Nación.

CUARTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A., se expedirán copias de la sentencia con constancia de ejecutoria con destino a los demandantes - como al Ministerio Público, con las constancias previstas en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

SEXTO: En firme la presente sentencia archívese el expediente una vez realizadas las correspondientes anotaciones en el software de gestión.

2. Sin condena en costas en el trámite de la presente instancia.

3. Expedir por Secretaría copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

4. Aplicar lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. En firme este proveído, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

3 El presente asunto tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía corresponde a la suma de $2 576 620 (fl. 520, c. 1), la cual resulta superior a los 500 s.m.l.m.v. exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2004 ($179 000 000), teniendo en cuenta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.

4 “Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia: las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación”. ║ “Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos”. ║ “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio…”.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –en pleno–, sentencia del 28 de agosto de 2013, C. P. Enrique Gil Botero, Radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros.

6 Para un recuento jurisprudencial acerca de la posibilidad de valorar reportes periodísticos, puede revisarse, entre otros, el siguiente pronunciamiento de la Subsección “B”: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “B”, sentencia del 29 de agosto de 2014, C. P. Danilo Rojas Betancourth, Radicación 25000-23-26-000-1997-14961-01 (acumulado), número interno 28373, actor: Triturados del Tolima Limitada y otros, demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Allí se dijo: “... la Sala dará valor probatorio a los recortes de prensa, en el sentido de considerar que está demostrada la divulgación de ciertos hechos en medios de comunicación de amplia circulación, según se dejará explicado en el siguiente punto de las consideraciones de la presente providencia. En caso de que exista correspondencia entre los sucesos narrados por los reportes periodísticos y los hechos señalados por las demás pruebas del proceso, se tendrán por ciertos los hechos narrados en tales medios de convicción, según la postura contenida en las providencias a las que se hizo referencia en los acápites anteriores…”.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección “B”, sentencia del 6 de abril de 2011, C. P. Danilo Rojas Betancourth, Radicación 25000-23-26-000-1995-01604-01 (18887), actor: Luz Mery Ruiz de Linares y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

8 [13] “Corte Constitucional, Sentencia C-239 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez”.

9 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “B”, sentencia del 29 de abril de 2015, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, Radicación 05001-23-31-000-1997-00615-01 (25775), actor: Héctor de Jesús Arbeláez Arbeláez y otros, demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional”.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “B”, sentencia del 8 de julio de 2016, C. P. Danilo Rojas Betancourth, Radicación 52001-23-31-000-2008-00436-01 (39429), actor: Jorge Edmundo Andrade Celis y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otros.

11 A cuyo tenor: “ART. 2344. Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa...”.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “B”, sentencia del 1º de agosto de 2016, C. P. Danilo Rojas Betancourth, Radicación 25000-23-26-000-1999-02677-01 (acumulado), actor: Flor Helena Rodríguez y otros, demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y otros.

13 Véase, entre otras providencias, la siguiente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –en pleno–, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, Radicación 25 022.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “B”, sentencia del 3 de mayo de 2013, C. P. Danilo Rojas Betancourth, Radicación 50001-23-31-002-1992-000392-00 (32274), actor: Félix Adruan Peña Pineda, demandado: La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –en pleno–, sentencia del 14 de septiembre de 2011, C. P. Enrique Gil Botero, Radicación 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222), actor: José Darío Mejía Herrera y otros.

16 En pronunciamiento ya citado más arriba en la presente providencia. Se refieren nuevamente los datos de consulta jurisprudencial: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –en pleno–, sentencia del 11 de septiembre de 2013, C. P. Danilo Rojas Betancourth, Radicación 41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601), actor: María del Carmen Chacón y otros, demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2001, Exp. 20046, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; de 26 de marzo de 2009, Exp. 17.794, C. P. Enrique Gil Botero; de 20 de febrero de 2008, Exp. 16996, C.P. Enrique Gil Botero.

18 Entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 63), la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 13), y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (art. 9º). Se hace claridad en que, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política, para que un tratado de derechos humanos ratificado por el Congreso prevalezca en el orden interno –en resultado de integrarse al bloque de constitucionalidad como lo ha entendido la Corte Constitucional– es necesario que se refiera a derechos ya reconocidos en la propia Constitución. Siendo así, se entiende que los tratados mencionados prevalecen en el orden interno, debido a que el derecho de las víctimas de hechos delictivos a la reparación, se encuentra expresamente estipulado en el artículo 250 del ordenamiento superior.

19 Entre ellos, el conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad; los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones; la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y de abuso de poder; y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

20 Luis Manuel Castro. “Soft law y reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos: Reflexiones iniciales”, en Rodrigo Uprimny (coord.), Reparaciones en Colombia: Análisis y propuestas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009. p. 66.

21 Corte Constitucional, Sentencia C-872 de 2003, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.