Sentencia 2005-01358 de julio 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 470012331000200501358 01

Nº interno: 18138

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Demandado: Municipio de Fundación - Magdalena

Impuesto de alumbrado público

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

Vistos los antecedentes del proceso, la Sala anticipa que decide revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se inhibe para emitir fallo de fondo porque en el presente proceso está probado que se configuró la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa.

Como fundamento de la decisión, la Sala tienen como relevantes y ciertos los siguientes hechos probados:

1. El 22 de enero de 2004, el municipio de Fundación expidió emplazamiento para declarar, mediante el que instó a Electricaribe a presentar las declaraciones del impuesto de alumbrado público, correspondientes a los periodos comprendidos entre los meses de noviembre de 2002 y enero de 2004.

La copia auténtica del emplazamiento que aparece en el expediente(4) tiene escrito a mano alzada, en la parte superior derecha, una rúbrica [sin nombre] y la siguiente leyenda: “Electrificadora AB [ilegible] 01-22-04”

2. El 5 de marzo de 2004, el municipio de Fundación expidió la liquidación oficial de aforo 00002, mediante la que determinó el impuesto de alumbrado público a cargo de Electricaribe por los periodos referidos en el emplazamiento para declarar.

En la copia auténtica que reposa en el expediente(5), aparece escrito a mano alzada la misma rúbrica que aparece en el emplazamiento para declarar. Además, figura la siguiente leyenda: “Se recibe para revisión no implica aceptación por parte de Electricaribe ESP”. Sin embargo, no aparece fecha.

3. El 24 de mayo de 2005, el municipio de Fundación libró mandamiento de pago contra Electricaribe por las obligaciones determinadas mediante la liquidación oficial 00002 del 24 de marzo de 2004(6).

4. El 24 de mayo de 2005, el municipio de Fundación citó a Electricaribe para que se notificara del mandamiento de pago librado en su contra(7). Aparece la constancia de recibido, a mano alzada, el 25 de mayo de 2005.

5. El 29 de junio de 2005, Electricaribe presentó ante el municipio de Fundación solicitud de revocatoria directa de la liquidación oficial 00002 del 5 de marzo de 2004 y del mandamiento de pago librado en su contra(8).

En esa petición, el demandante alegó la falta de notificación del emplazamiento para declarar y la indebida notificación de la liquidación de aforo. Citó el artículo 83 del Acuerdo 12 de 2001 que regula la notificación personal, para fundamentar el hecho de que tales actos no le fueron notificados personalmente.

Explicó que en la copia informal de tales actos solo hay constancia del recibido por parte de Michel Saer Dacared(9) que, según dijo, no era el representante legal de Electricaribe. Alegó que no se entiende configurada la notificación por conducta concluyente en los términos del artículo 48 Código Contencioso Administrativo(10), “ya que Electricaribe (i) nunca se ha dado por suficientemente enterada de la liquidación oficial 00002, razón por la cual no presentó en tiempo los recursos de ley, y (ii) jamás aceptó su contenido, tal como lo exige la norma en mención”.

6. El 16 de agosto de 2005, mediante la Resolución 39, el municipio de Fundación resolvió la petición de revocatoria directa formulada por Electricaribe en el sentido de negar la solicitud presentada(11), concretamente, porque la liquidación oficial fue recibida en la empresa por el director de alumbrado público de Electricaribe S.A. ESP, señor Michel Saer Dacared.

7. El 26 de octubre de 2005, el señor Michel Saer Daccaret rindió, ante notario, declaración jurada que fue aportada al proceso con la demanda(12). La declaración dice:

“Declaro bajo juramento en forma libre y espontánea que la firma colocada en la parte posterior derecha se corrige parte superior derecha del documento expedido por la Alcaldía Municipal de Fundación el día 22 de enero de 2004, dirigida a la Electrificadora del Caribe y que lleva como título central “Emplazamiento previo por no declarar” (impuestos de alumbrado público período gravable noviembre de 2002 hasta enero de 2004), no es la mía, así como tampoco la frase Electricaribe S.A. ESP y la fecha 01-22-04, las cuales no obedecen a mi tipo de letra ni escritura, bajo la gravedad del juramento también afirmo que el tipo de documento que contiene lo señalado anteriormente y su diseño nunca lo conocí ni se me puso de presente durante el período que laboré en Electricaribe y Electrocosta. Durante el período comprendido entre el 01-06-99 al 31-07-2005. Adjunto a la presente declaración para que se constituya parte integral de ella fotocopia simple de dicho documento, aclarando que previamente se me puso de presente una fotocopia autenticada por parte del municipio de Fundación”.

Ahora bien, con ocasión de la demanda interpuesta, la empresa demandante solicitó, entre otras, la práctica de la siguiente prueba:

“3. Testimonios y cotejo de firma con dictamen de grafología. Solicito se cite y haga comparecer a las siguientes personas en calidad de testigos:

3.1. Michel Saer Daccarett, identificado con cédula de ciudadanía 73.104.728 de Cartagena, quien fue empleado de Electricaribe en el área de alumbrado público y quien supuestamente fue notificado del emplazamiento para declarar y de la liquidación 00002 de 2004. (…) El objeto de la prueba es que este testigo declare sobre los hechos de este proceso, en especial, sobre las supuestas notificaciones realizadas a él; además, en desarrollo de esta prueba y/o con independencia de la misma, también solicito según lo previsto en el artículo 293 del Código de Procedimiento Civil, que se tome una muestra de la firma de esta persona y/o que se tenga como tal muestra la firma plasmada en su declaración jurada que adjunté como anexo 8 de este libelo, y que cualquiera de esas dos (2) firmas se coteje con la firma que aparece en el texto del emplazamiento para declarar que adjunté a este libero como anexo 7, para lo cual solicito que se obtenga dictamen pericial de grafología en el que se determine si las firmas coinciden y provienen de la misma persona”.

El 11 de diciembre de 2008, la ponente del proceso en primera instancia recibió el testimonio del señor Michael Saer Dacaret, quien impuso su firma para efectos de practicar la prueba grafológica solicitada.

Se destaca del testimonio las siguientes preguntas y respuestas que se reproducen textualmente(13):

“PREGUNTADO. Dígale al despacho si conoce el motivo por el cual fue citado. CONTESTO: si, sobre el cobro de un impuesto de alumbrado público del municipio Fundación Electricaribe. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si reconoce el contenido y firma de los documentos que se le ponen de presente a folios 99, 100 y 102 y que presuntamente fueron suscritos por usted. CONTESTO: Con relación a folio 99 y 100 la firma que aparece no es mía ni la letra tampoco, ni conocía el documento ni su contenido, con respecto al folio 102 sí es mi firma y sí di esta declaración. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si usted laboro (sic) en la empresa Electricaribe y en caso afirmativo indíquele al despacho, durante que tiempo, que cargo desempeño y que labores cumplía. CONTESTO: Si laboré en Electricaribe desde el año 99 hasta julio de 2005, entré con contrato indefinido como ejecutivo de cuentas, al inicio estuve hasta el año 2001 en Cartagena y a partir de septiembre de 2001 en Barranquilla, me desempeñé en tres áreas de la empresa, grandes clientes, alumbrado público y gestión cuenta. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si siendo usted empleado de Electricaribe laboró en el municipio de Fundación, en cargo afirmativo en que periodo y que funciones desempeñaba. CONTESTO: No, ni tampoco estuve o viajé a Fundación en el ejercicio de mis funciones PREGUNTADO: Sírvase manifestar si recuerda qué funciones desempeñaba para el mes de enero de 2004 y en qué ciudad cumplía sus funciones. CONTESTO: Como ejecutiva de cuentas responsable del alumbrado público y lo ejercía en Barranquilla, como funciones tenia la normalización, venta de energía, recuperación de cartera y atención de los reclamos correspondientes a todo lo que tenía que ver con alumbrado público. PREGUNTADO: En este estado de la diligencia y teniendo en cuenta lo manifestado por el señor declarante en relación a que no acepta que la presunta firma estampada en el folio 99 sea de su autoría, se le solicitará que estampe en duplicado la firma al final de la presente declaración, y se remitirá al Instituto de Medicina Legal a efectos de que se realice el dictamen grafológico ordenado en el auto de pruebas, ordenando al municipio de Fundación que allegue en el término de 5 días el original del oficio del 22 de enero de 2004, referido en el citado folio 99, para que se pueda efectuar el respectivo cotejo. (…). En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte demanda PREGUNTADO: Señale el declarante si el municipio de Fundación le entregó personalmente o por correo un emplazamiento previo para que Electricaribe declarara el impuesto de alumbrado público de dicho municipio en las vigencias fiscales comprendidas entre primero de noviembre de 2002 y 31 de enero de 2004. De igual forma indique si recibió por cualquier otro medio dicho emplazamiento. CONTESTO: no recibí por ningún medio el emplazamiento o documento que se parezca en que hace mención a su pregunta. PREGUNTADO: Manifieste el declarante si conoce o si conoció el emplazamiento previo por no declarar que se le puso de presente por parte de la magistrada ponente y que se encuentra visible a folio 99 y 100 CONTESTO: No tenía conocimiento de ningún emplazamiento por parte del municipio, sobre el documento que aparece a folios 99 y 100 debo precisar que lo conocí en las oficinas jurídicas de Electricaribe donde se me cuestionó sobre una firma que aparecía en el documento que aparentemente era mía a lo que debo manifestar de manera tajante y enérgica que esa no es mi firma y que ese documento no lo conocí. PREGUNTADO: Manifieste al despacho cual era la ciudad donde laboraba en enero de 2004 y cual la ciudad donde tenía su domicilio. CONTESTO: yo laboraba en Barranquilla y residía en Cartagena, es importante precisar que todos los viernes en la tarde regresaba de Barranquilla a Cartagena y que era costumbre no laborar los sábados PREGUNTADO: Teniendo en cuenta su respuesta anterior no existe ninguna posibilidad que el sábado 24 de enero de 2004 se le hubiera entregado a usted el emplazamiento previo por no declarar que se le puso de presente tal como lo manifiesta en municipio de Fundación en la Resolución 396 de 2005 por medio de la cual decidió la petición de revocatoria directa. CONTESTO: No existe ninguna posibilidad. Toda documentación formal era recibida en recepción de Electricaribe en Barranquilla, antes de que me fuera entregada, adicionalmente ese sábado yo me encontraba en mi residencia en Cartagena. PREGUNTADO: Señale el declarante si alguna vez viajó a Fundación para desempeñar cualquier tipo de actividad propia de sus funciones. CONTESTO: No. PREGUNTADO: Manifieste el declarante si le consta la notificación personal al representante legal de Electricaribe de la liquidación 00002 del 5 de marzo de 2004 por un valor de doscientos siete millones trescientos setenta y siete mil quinientos pesos, la cual fue acompañada en la demanda como anexo tres obrante a folio 64 y que se le pone de presente. CONTESTO: No me consta que los representantes legales de Electricaribe hayan sido notificados personalmente de la liquidación en mención, tengo entendido que nunca fueron notificados personalmente de esta liquidación, lo cual, teniendo en cuenta que de parte del municipio tenían perfecto conocimiento de quien eran los representantes legales y por el monto de la liquidación es por decirlo menos extraño que no hayan sido notificados. Ahora bien la empresa Dolmen de manera informal y tal como me manifestaron en su momento me entregaron una liquidación para que los ayudara a interceder con mis superiores el pago de ese valor. (…)”.

Es menester precisar que la firma estampada en el acta de recepción del testimonio tiene la apariencia de la estampada en el emplazamiento para declarar y la liquidación de aforo. Por eso, el tribunal ordenó al municipio de Fundación que remitiera el original del emplazamiento.

El municipio, en comunicación del 29 de enero del año 2009(14) le informó al tribunal “que no se encontró el documento original relacionado con el Emplazamiento previo por no declarar efectuado por el señor Secretario de Hacienda de la anterior administración municipal señor Martín Sánchez Cantillo de fecha 22 de enero de 2004 dirigido a la empresa Electricaribe S.A. ESP” También informó que el documento que reposaba en esa dependencia se encontraba en fotocopia, tal como fue enviado al tribunal.

Por lo anterior, el tribunal, mediante auto del 13 de febrero de 2009(15) decidió no insistir en el recaudo de la prueba dado que sin la misma era imposible realizar el dictamen grafológico. Esa decisión no fue objeto de recursos por la parte demandante(16).

Valoradas las pruebas en lo que concierne al hecho de si la demandante tuvo conocimiento de la liquidación 00002 de 5 de marzo de 2004, la Sala tiene el convencimiento de que Electricaribe tuvo conocimiento de la liquidación oficial de aforo que le formuló el municipio de Fundación el día 25 de mayo de 2005, fecha en que se la citó para notificarse del mandamiento de pago de esa liquidación, por las siguientes razones:

Las pruebas aportadas por la parte actora para demostrar la tacha de falsedad de la firma que aparece en la copia auténtica del emplazamiento para declarar no son relevantes para desvirtuar el hecho de que la demandante conoció la liquidación oficial, puesto que el propósito de esas pruebas era demostrar que el municipio de Fundación violó el derecho al debido proceso de Electricaribe por el supuesto hecho de haber formulado la liquidación oficial sin previa expedición del emplazamiento para declarar, tal como se evidencia en la petición de revocatoria directa que presentó la demandante ante el municipio de Fundación(17).

La declaración juramentada y el testimonio que rindió el señor Michael Saer Dacaret se encauzan a tratar de demostrar que no recibió ni conoció el emplazamiento para declarar. Pero el testimonio es prueba evidente de que confesó que recibió la liquidación de aforo porque, según dijo, la empresa Dolmen le entregó una copia informal para que los ayudara a interceder ante sus superiores para el pago de la deuda.

Nada dijo el testigo sobre las gestiones que hizo sobre el particular puesto que las preguntas que formuló la apoderada de la empresa demandante se encauzaron a tratar de demostrar si el representante legal de Electricaribe fue notificado personalmente de esa liquidación de aforo.

Pero prueba de que la liquidación de aforo se recibió para efectos de revisión es la misma liquidación pues, como se precisó, en ese documento se dejó la constancia de que se recibía para esos efectos y que no implicaba la aceptación por parte de Electricaribe S.A. Esta prueba constituye indicio de que el señor Michael Saer Dacaret hizo las gestiones necesarias para enterar a sus superiores de la actuación administrativa que inició de oficio el municipio de Fundación.

La petición de revocatoria directa que presentó Electricaribe ante el municipio de Fundación también constituye indicio evidente de que tuvo conocimiento previo y anticipado de la liquidación puesto que nunca negó que la liquidación de aforo hubiera sido entregada en la empresa. Simplemente alegó que la liquidación la recibió el señor Michel Saer Dacared, empleado que no era representante legal.

En consecuencia, la Sala considera que es cierto el hecho de que la empresa demandante recibió la liquidación de aforo.

Ahora bien, pese a que en la liquidación de aforo no se puso ninguna fecha de recibo, para la Sala, al tenor del artículo 774 estatuto tributario(18) se entiende confesado el hecho de que la empresa demandante conoció de la liquidación de aforo, puesto que en ese escrito de revocatoria directa, que fue suscrito por la representante legal de Electricaribe, simplemente alegó, se reitera, que la notificación no se surtió de forma personal como, según dijo, lo exigía el artículo 83 del Acuerdo 12 de 2001.

Ese acuerdo no reposa en expediente, por tanto, no puede ser objeto de análisis. Sin embargo, si la Sala se atiene al texto transcrito en la petición de revocatoria directa del artículo 83 del Acuerdo 12 de 2001, se tiene que este solamente describe la forma en que se practica la notificación personal. Nada dice respecto de las actuaciones administrativas del municipio que se deben notificar de esa manera.

En todo caso, dado que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002 los municipios debían aplicar en materia de procedimiento el estatuto tributario, sea aplicándolo directamente o adoptándolo mediante acuerdo municipal o aplicando el que se hubiera expedido con anterioridad a esa ley, por compatibilidad con el estatuto tributario, lo cierto es que la notificación de la liquidación de aforo, al tenor del artículo 565 estatuto tributario(19), vigente para el año 2004, podía notificarse por correo o personalmente.

Dentro de las pruebas que enlistó la demandante en la demanda se aprecia que también pidió que se oficiara al municipio demandado para que informara el nombre e identificación completa de la empresa de correo que entregó la liquidación de aforo, pero el tribunal no decretó esa prueba, y el demandante no apeló esa decisión.

Por tanto, la Sala considera que si bien no obra en el expediente una prueba que determine que la liquidación de aforo fue entregada por la empresa oficial de correos o por una empresa de mensajería especializada, obra la confesión de la empresa demandante en el sentido de que el señor Michel Saer Dacared, funcionario de la misma empresa, recibió la liquidación. Y el recibo de la liquidación de aforo y la nota impuesta en el documento son indicios de que el señor Michel Saer Dacared puso al tanto a sus superiores de la existencia de esa liquidación.

De manera que, en el contexto fáctico precisado, la Sala considera que hay prueba indiciaria suficiente que conduce al convencimiento de que la empresa demandante tuvo conocimiento de la liquidación de aforo demandada. Y dado que no estuvo conforme con la liquidación, bien pudo interponer el recurso de reconsideración contra la misma. Sin embargo, prefirió dejar que el tiempo pasara para interponer la petición de revocatoria directa, mecanismo de defensa judicial que procede, precisamente, cuando no se hizo uso de los recursos pertinentes.

El demandante no puede alegar en su favor el hecho de haber decidido no presentar los recursos, para después argumentar que no se surtió la notificación por conducta concluyente, por el hecho de que interpretó el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo en el sentido de que si se tiene conocimiento de la actuación y no se interponen los recursos pertinentes, no se configura la notificación por conducta concluyente.

Para la Sala, esa interpretación es irrazonable porque deja al arbitrio desmedido e injustificado del contribuyente el agotamiento de la vía gubernativa o el ejercicio del derecho de demandar ante la jurisdicción los actos administrativos de los que tuvo conocimiento pero que fueron notificados, presuntamente, de manera irregular.

La interpretación plausible del artículo 48 Código Contencioso Administrativo, en las condiciones fácticas del caso presente, es que Electricaribe se notificó por conducta concluyente el 25 de mayo de 2005, fecha en que se citó a la empresa para que fuera a notificarse personalmente del mandamiento de pago de la liquidación de aforo. Lo anterior por cuanto, si bien el señor Michel Saer Dacared no dejó constancia de la fecha en que recibió la liquidación de aforo, ni precisó la fecha exacta de cuándo informó a sus superiores sobre la existencia de la liquidación de aforo, es un hecho cierto, admitido y no discutido que la empresa demandante recibió la mentada citación y que, por eso, según sus propias palabras, “se vio obligada” a presentar la petición de revocatoria directa, cuando bien pudo acudir directamente a la jurisdicción o interponer los recursos en tiempo.

De manera que, a partir del 25 de mayo de 2005, Electricaribe tuvo la posibilidad de agotar la vía gubernativa, pero no lo hizo.

Por el contrario, dejó transcurrir el tiempo y después de aproximadamente un año y dos meses de haberse entregado la liquidación de aforo en las instalaciones de la empresa, decidió acudir al mecanismo de la revocatoria directa, hecho que para la Sala constituye otro indicio de que tuvo conocimiento de la liquidación de aforo y de que tenía conciencia de que pretermitió los términos para interponer el recurso de reconsideración para intentar agotar, tardíamente, la vía gubernativa.

Por lo tanto, la Sala reitera que tiene el convencimiento de que Electricaribe tuvo conocimiento de los actos administrativos demandados el 25 de mayo de 2005.

La Sala considera que no es pertinente tomar como fecha de notificación por conducta concluyente la de presentación de la petición de revocatoria directa pues, como se precisó, en esa petición Electricaribe invocó la indebida notificación, no la falta de conocimiento de la actuación administrativa. Además alegó que no se configuró la notificación por conducta concluyente porque “nunca se ha dado por suficientemente enterada de la liquidación oficial 00002, razón por la cual no presentó en tiempo los recursos de ley”, afirmación que le permite inferir a la Sala que pese a que se enteró de la actuación, por voluntad propia no quiso interponer los recursos para que no se entendiera configurada la notificación por conducta concluyente.

Por eso, la Sala halla injustificado que el demandante haya decidido no agotar la vía gubernativa a pretexto de que no se configure la notificación por conducta concluyente.

En esa medida, para la Sala, la petición de revocatoria directa que Electricaribe presentó y la decisión que el municipio de Fundación adoptó no revivieron los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, tal como lo precisa el artículo 72 del Código Contencioso Administrativo(20), ni subsanan el hecho de que la empresa demandante haya decidido no agotar la vía gubernativa. Y, en todo caso, el acto que resolvió la petición de revocatoria directa no es demandable porque no contiene decisiones nuevas respecto de la liquidación de aforo.

Por lo expuesto, la Sala se inhibe de fallar de fondo la demanda interpuesta por Electricaribe S.A. ESP contra el municipio de Fundación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 30 de septiembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en su lugar, la Sala se declara INHIBIDA para resolver el asunto de fondo.

2. RECONÓCESE personería al abogado Rafael Emilio Reales Ibarra como apoderado de Electrificadora del Caribe S.A. ESP, en los términos del poder que le fue otorgado.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(4) Folios 99 y 100 del C.P. Según el sello de autenticidad, es una copia auténtica de la fotocopia que reposa en los archivos. Certifica el tesorero municipal.

(5) Folio 64 del C.P. Según el sello de autenticidad, es una copia auténtica de la fotocopia que reposa en los archivos. Certifica el tesorero municipal.

(6) Folios 160 y 161 del C.P.

(7) Folio 162 del C.P.

(8) Folios 66 al 76 del C.P.

(9) De conformidad con la Resolución 396 de 2005, que resolvió la petición de revocatoria directa, el señor Michel Saer Dacared era el director de alumbrado público de Electricaribe S.A. ESP.

(10) ART. 48.—Falta o irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.

Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso del artículo 46.

(11) Folios 79 al 94 del C.P.

(12) Folio 102 cuaderno principal.

(13) Incluye errores. No se utiliza el sic.

(14) Folio 438 c.p.

(15) Folios 450 a 452 c.p.

(16) El municipio demandado sí interpuso recurso pero porque el auto ordenó el traslado para alegar y faltaban otras pruebas por recaudar, concretamente, faltaba la información pedida a la empresa Desarrollo Urbano de Colombia S.A. Dolmen, referente a los “costos que incurre por operación, expansión, reposición y mantenimiento del sistema de alumbrado público y determinar si el recaudo es superior a tales gastos incurridos”.

Dolmen es una empresa de servicios públicos domiciliarios que fue contratada por el municipio de Fundación, bajo la modalidad de contrato de concesión, para operar, expandir y mantener en el municipio el servicio de alumbrado público. Folio 476 c.p.

(17) No se transcriben los apartes pertinentes de ese alegato contenidos en la petición de revocatoria directa, por ser irrelevantes para lo que se pretende demostrar en torno a la notificación de la liquidación de aforo.

(18) ART. 747.—Hechos que se consideran confesados. La manifestación que se hace mediante escrito dirigido a las oficinas de impuestos por el contribuyente legalmente capaz, en el cual se informe la existencia de un hecho físicamente posible que perjudique al contribuyente, constituye plena prueba contra éste.

Contra esta clase de confesión sólo es admisible la prueba de error o fuerza sufridos por el confesante, dolo de un tercero, o falsedad material del escrito contentivo de ella.

(19) “ART. 565.—Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente. (…)”.

(20) ART. 72.—Efectos. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.