Sentencia 2005-01404 de febrero 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 25000-23-24-000-2005-01404-01

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araujo Oñate

Demandantes: María del Rosario Cruz Pedreros y otro

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Asunto: nulidad y restablecimiento —fallo de segunda instancia—

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 129 del CCA y con el numeral 1º del Acuerdo 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del citado acuerdo, el despacho del doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.

En el caso concreto la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(15), de conformidad con el cual “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

2. Acto demandado.

La demanda recae sobre la nulidad de las resoluciones: i) 3239 de 20 de junio de 2005, por medio de la cual el director de registro de la Superintendencia de Notariado y Registro decidió un recurso de apelación, ii) 25 de 3 de marzo de 2005, proferida por el registrador de instrumentos públicos de Facatativá, por medio de la cual decidió un recurso de reposición, iii) 161 de 16 de noviembre de 2004, proferida por el registrador de instrumentos públicos de Facatativá, por medio de la cual se decide una actuación administrativa.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar o revocar la sentencia apelada, para lo cual, se examinará si los actos acusados son nulos por no haberse ajustado a la legalidad el trámite de registro y unificación de los folios de matrícula inmobiliaria del inmueble objeto de controversia o si hubo falsa motivación en la expedición de los actos, caso en el cual, se analizará si hay lugar al restablecimiento del derecho de los demandantes; o si, por el contrario, no son nulos y, en consecuencia, hay lugar a confirmar la decisión de primera instancia.

En aras de resolver el problema jurídico planteado y en atención a los argumentos de la apelante, se hace necesario precisar que:

i) El fallador de la primera instancia, luego de valorar las pruebas y transcribir algunos apartes de las anotaciones existentes en los libros de registros, decidió negar las pretensiones de la demanda al encontrar que los actos demandados se habían ajustado a la legalidad, al haberse fundamentado en las disposiciones legales que regulan la corrección de errores en que se haya incurrido al momento de la inscripción de un título en el registro, así mismo, que se trató de una actuación realizada por quien estaba facultado para ello, como lo es el registrador de instrumentos públicos de Facatativá, quien inició la actuación administrativa tendiente a la corrección de errores y precisar la real situación jurídica del inmueble; conforme a la normativa que establece que respecto de cada inmueble, solo debe existir un folio de matrícula inmobiliaria, que contenga la situación jurídica real del bien y es a la administración a la que le corresponde subsanar cualquier circunstancia que afecte la certeza sobre la realidad traslaticia.

ii) En la sentencia de primera instancia se señaló a los demandantes que los posibles perjuicios causados, deben perseguirse a través de la acción adecuada para ello, y que no se deriva de la corrección que se realizó sobre la duplicidad de folios de matrícula de un mismo bien, sino del error en que se incurrió al abrirse un folio de matrícula adicional para la inscripción de la escritura pública 12 de 12 de enero de 1913, que correspondía a la compra que le hizo el señor Ricardo Duque al señor Elisio Cruz (q.e.p.d.), desconociéndose que el bien ya tenía asignado un folio de matrícula.

iii) Los apelantes, a través de apoderada judicial, cuestionan el fallo de primera instancia al considerar que con él se avalan actos administrativos que no garantizan la existencia física, ni jurídica de sus predios, al aceptar el señalamiento de que sus predios eran inexistentes registralmente; por ello consideraron que debía determinarse si se trataba entonces de predios baldíos, como ha sido su verdadera tradición o si son los que en realidad hacen parte de la sucesión del señor José Miguel Cruz, quien le vendió parte a Elisio Cruz mediante escritura pública 313 de 17 de noviembre de 1912, pues aducen que no hay información sobre cuál folio registra la otra parte de ese lote 3 mencionado por la entidad de registro.

iv) En el escrito de apelación, se considera necesario que, en aplicación del principio de la buena fe, se le aclare a los demandantes si sus predios son o no han sido incorporados al sistema registral, ya que “no saben qué pasa”.

v) Los apelantes aducen que es un caso especial de legitimación de la propiedad que no puede culminarse con una decisión de abrir y cerrar foliaturas, pues consideran que algo faltó en la decisión de la entidad ya que en ninguno de los procesos han coincidido los linderos y, en consecuencia solicitan que se revoque la decisión de primera instancia.

4. Razones jurídicas de la decisión.

Bajo el panorama expuesto, la Sala resuelve el problema jurídico que subyace al caso concreto, para lo cual, por razones de orden metodológico, abordará los siguientes ejes temáticos: i) de la existencia física y jurídica del bien inmueble objeto de la controversia. Dilucidar si tal como lo señala la apoderada judicial de la parte demandante erró el fallador de la primera instancia al “avalar la legalidad de actos administrativos que no garantizan la existencia ni jurídica ni física de los predios de [sus] poderdantes” y ii) análisis de legalidad de los actos demandados.

4.1. De la existencia física y jurídica del bien inmueble objeto de la controversia.

La apelante cuestiona el hecho de que el fallador hubiera avalado la legalidad de unos actos administrativos, que no garantizan la existencia física ni jurídica de los predios de sus poderdantes, por cuanto, para negar las pretensiones de la demanda, tuvo en cuenta las anotaciones realizadas por la autoridad demandada en los libros de registro que establecen que:

“[...] En relación con los linderos que se señalan el trabajo de partición de la sucesión comentada, se observa que los linderos que identifican el inmueble adjudicado en sucesión no concuerdan con la realidad del mismo, pues los linderos del predio objeto de sucesión, [...] son linderos inexistentes, ya que no solo no fueron actualizados en la forma establecida en el Decreto [...] sino que dichos linderos de acuerdo a la sentencia penal plagian los predios de la señora Virgilia Castro de Rivera [...] es decir que está identificando un predio registralmente inexistente, pues no corresponde a los establecidos en las escrituras 313 de 17 de noviembre de 1912 y 12 de enero de 1913, las que como ya se ha dicho muchas veces, describen un predio completamente diferente a los de la señora Castro de Rivera [...]”.

La parte apelante adujo que es falso que haya linderos inexistentes, como lo demuestra la certificación expedida por el IGAC, que anexó y señaló que debían identificarse cuáles eran en realidad los linderos inexistentes, ya que si no eran los de sus poderdantes, serían los de los quejosos.

Frente a este primer aspecto a resolver, la Sala considera que esta segunda instancia no es el escenario para definir si en realidad hay linderos inexistentes en los predios objeto de la controversia y, en caso de haberlos, si son los de los demandantes o los de la señora Castro de Rivera, pues debe haber congruencia entre lo planteado en la demanda, la decisión y lo que se argumenta en el recurso de apelación y este, constituye un elemento nuevo en segunda instancia que no se planteó en la demanda.

La Sala indica que la parte demandante en su escrito inicial, consideró que las resoluciones 161 de 2004 y 3239 y 25 de 2005 eran nulas por violación de las normas y por estar falsamente motivadas.

Lo anterior por cuanto luego de habérseles adjudicado un predio, por sucesión de la herencia causada por el señor Elisio Cruz, la oficina de registro de instrumentos público de Facatativá inició actuación administrativa por advertirse que sobre el mismo bien inmueble coexistía doble foliatura, por lo que ordenó el cierre de uno y su unificación en el otro, dando validez a la compra que le hizo el señor Ricardo Duque al señor Elisio Cruz el 12 de enero de 1912, por ser anterior a la sucesión de este, lo que para la entidad evidenció que para el momento de la adjudicación por sucesión, el predio ya no era de propiedad del causante, por lo que debía corregirse la situación y ajustar los folios de matrícula a la verdad jurídica del inmueble.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en descongestión, encontró ajustado el procedimiento adelantado por la oficina de registro de instrumentos públicos de Facatativá, que culminó con la expedición de las resoluciones demandadas y, como parte del estudio de fondo realizado, trajo algunos apartes de las anotaciones del libro de registros que era el idóneo con anterioridad al Decreto 1250 de 1970, dentro de los cuales la autoridad de registro de instrumentos públicos señaló que el predio había sido comprado por el señor Ricardo Duque al señor Elisio Cruz, previo a que se causara la sucesión, pero que, en todo caso, los linderos del bien que erróneamente se había adjudicado en sucesión, “eran inexistentes registralmente” y no coincidían con los de la señora Virgilia Castro viuda de Rivera, quien se determinó, era la verdadera propietaria del inmueble.

Para esta Sala, se trata de un argumento nuevo de la demanda sobre el contenido del libro de registros, que constituye prueba dentro del libelo y que no fue tachada de falso en la forma como lo establecen los artículos 289 y 290 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso concreto; prueba que el fallador de la primera instancia, valoró en conjunto junto con las demás aportadas, de acuerdo a la sana crítica (CPC, art. 187), a partir de lo cual concluyó que los actos demandados no estaban viciados de nulidad y por ello denegó las pretensiones de la demanda.

Por lo anterior, considera esta Sala que no es la oportunidad procesal para que la apelante cuestione el contenido del libro de registros del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en descongestión, transcribió unos apartes en la decisión de primera instancia, pues para ello contó con la oportunidad procesal establecida en el artículo 289 del CPC.

Tampoco es dable que la apelante haga dicho cuestionamiento, como un argumento nuevo en esta etapa procesal, donde transcurrió toda una instancia sin haberlo señalado, pues ello es violatorio del derecho al debido proceso de la contraparte, que no tuvo la oportunidad de oponerse a tal argumento en el plazo para la contestación de la demanda. Así mismo, se reitera que el fallo debe ser congruente con las pretensiones de la demanda, por lo que al ser un argumento que no se incluyó en el escrito inicial, no puede formar parte del litigio, pues si bien fue parte de la transcripción del fallador de primera instancia, para señalar que los actos demandados no eran ilegales, ello no habilita al apelante para cuestionar la prueba en esta instancia.

Máxime, si se trata de un argumento que tampoco sirvió de fundamento en los actos acusados y que no fue cuestionado por las partes y frente al cual, los interesados pueden solicitar que se inicien las actuaciones administrativas a que haya lugar.

En todo caso, tal como se anunció, la Sala realiza el análisis de legalidad de los actos demandados, teniendo en cuenta que, en todo caso, se trata de una crítica contra el procedimiento del tribunal que decidió en primera instancia:

4.2. Análisis de legalidad de los actos demandados.

La apelante consideró que en el presente caso no está definida la situación de unos inmuebles que son de los demandantes, quienes pagan impuestos por ellos y piden seguridad jurídica sobre sus bienes.

Para la Sala, dicha situación se encuentra resuelta en las resoluciones 161 de 16 de noviembre de 2004, 25 de 3 de marzo de 2005 y 3239 de 20 de junio de 2005, con las que, luego de adelantarse la actuación administrativa correspondiente, se ordenó reabrir y unificar el folio 156-00100317, trasladando las anotaciones al folio 156-65176 y cerrar el primero con la salvedad de que se había unificado en el segundo.

De las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que en el trámite de la investigación administrativa, que se inició por la queja presentada por la señora Virgilia Castro viuda de Rivera, a través de curadora, la oficina de registro de instrumentos públicos de Facatativá encontró que en relación con el bien inmueble adjudicado a los demandantes en la sucesión del señor Elisio Cruz, que inició en 1994 y culminó en el 2004, hubo una venta previa del terreno por parte del causante, al señor Ricardo Duque, por lo que dicho bien no podía hacer parte de la sucesión y, en consecuencia, se iniciaron los trámites establecidos para subsanar el error que se dio por una duplicidad de folios respecto del mismo inmueble, que en consecuencia, debía corregirse.

La Sala encuentra que la actuación administrativa se adelantó, de conformidad con el trámite que correspondía, esto es, de acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 82 del Decreto 1250 de 1970(16), lo anterior, ya que inició por queja presentada por la propietaria del inmueble, en virtud de la cual se abrió la actuación administrativa que culminó con la expedición de la Resolución 161 de 16 de noviembre de 2004, que fue recurrida en reposición y apelación, y con la que se decidió:

“ART. 1º—Ordénase reabrir y unificar el folio de matrícula inmobiliaria 156-00100317, trasladando las anotaciones en ella existentes al folio de matrícula inmobiliaria 156-65176.

ART. 2º—Ordénase cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 156-100317, dejando la salvedad ‘Unificado en el 156-65176’”(17).

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que para llegar a tal determinación, el registrador de instrumentos públicos de Facatativá, advirtió que en el folio de matrícula 156-65176 se evidenciaba la adquisición del bien por parte del señor Elisio Cruz (q.e.p.d.), de venta que le hiciera la señora Cándida Cruz, mediante escritura 313 de 17 de noviembre de 1912, de la Notaría de La Vega, sin que obraran más anotaciones en él; así mismo, que en el folio de matrícula inmobiliaria 156-100317 constaba la venta que con posterioridad le hizo el señor Elisio Cruz al señor Ricardo Duque, mediante escritura 12 de 12 de enero de 1913, a partir de lo cual pudo determinar que la realidad jurídica del bien inmueble era que pertenecía al señor Ricardo Duque y que, en consecuencia, no formaba parte de la herencia causada por el señor Elisio Cruz, por lo que debía corregirse el error de la doble foliatura sobre el mismo bien y dar fe de la verdadera realidad jurídica del inmueble.

Así entonces, la Sala deberá determinar si el registrador de instrumentos públicos de Facatativá estaba facultado para corregir los mencionados folios que se abrieron sobre un mismo inmueble, o si no estaba facultado para ello por cuanto afectaba derechos de quienes ejercían una confianza en el registro, como lo son los demandantes.

Frente a ello, se tiene que el artículo 82 del Decreto 1250 de 1970 establece que “el modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ordenación de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien”, disposición que, como lo ha señalado la Sección Primera de esta corporación “constituye el principal fundamento para la corrección de aquellos errores en los que se haya incurrido al momento de inscribir el título en el registro, bien sea imputable a los particulares o a las oficinas de registro, puesto que, en cualquier caso y por expresa disposición legal, el folio de matrícula debe publicitar el estado jurídico real del bien en cuestión”(18).

Además, el artículo 35 de la misma normativa consagra que los registradores de instrumentos públicos están expresamente facultados para enmendar los errores en que se haya incurrido, al momento de realizar la inscripción de instrumentos públicos.

De conformidad con lo anterior, al registrador de instrumentos públicos de Facatativá le asistía la facultad de enmendar el error cometido, para lo cual adelantó la actuación administrativa que culminó con los actos demandados. En dicho aspecto es necesario precisar que si bien la falla cometida era imputable a un error de la propia oficina de instrumentos públicos, ello no era óbice para que no se realizara la corrección con el fin de que se publicitara y dejara clara la real situación jurídica del inmueble, cual era, que el mismo era propiedad del señor Ricardo Duque por la compraventa que le hiciera al señor Elisio Cruz mediante escritura 12 de 12 de enero de 1913, lo que en efecto ocurrió con anterioridad a la sucesión causada por este último, lo que demuestra que dicho bien no podía ser adjudicado ya que no era parte de su herencia.

Así las cosas, en concordancia con lo decidido en un caso similar al que ocupa la atención de la Sala(19) se concluye, que la actuación de la oficina de registro de instrumentos públicos de Facatativá, se encuentra ajustada a la legalidad ya que por cada inmueble solo debe existir un folio de matrícula inmobiliaria que contenga su situación jurídica real.

Por lo tanto, como se indicó en la decisión de primera instancia los perjuicios que se le hubieran podido ocasionar a los demandantes no derivan de la corrección del registro que culminó con la expedición de los actos demandados sino, eventualmente, de la apertura de una foliatura adicional sobre el mismo inmueble, lo que no es objeto de análisis en este proceso.

Así mismo, frente al argumento conforme al cual los apelantes manifiestan haber poseído el inmueble por más de 20 años, se advierte que ello deberá pedirse y tramitarse en otro tipo de juicios y no en la segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos por los cuales se corrigió un error en la oficina de registro de instrumentos públicos de Facatativá.

Por las anteriores consideraciones, se concluye que los argumentos presentados por la parte actora en el recurso de apelación no tienen vocación de prosperidad, y por lo tanto la sentencia de primera instancia debe ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 16 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en descongestión, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

15 Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c) del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación”. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar corrió entre el 10 y el 23 de julio de 2013 (fl. 186 reverso, cdno. 3), el presente asunto se encuentra para fallo previó a la entrada en vigencia del Código General del Proceso (ene. 1º/2014), como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente 49.299, C.P. Enrique Gil Botero.

16 ART. 35.—Los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción, se corregirán subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deban agregarse y salvando al final lo corregido, reproduciéndolo entre comillas e indicando si vale o no vale lo suprimido o agregado. Podrá hacerse la corrección enmendando lo escrito o borrándolo y sustituyéndolo y así se indicará en la salvedad que se haga. Las salvedades serán firmadas por el registrador o su delegado. Sin dichos requisitos no valdrán las correcciones y se tendrán por verdaderas las expresiones originales.

[...]
ART. 82.—El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ordenación, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien.

17 Folios 20 y 21 del anexo 1 y sus constancias de notificación, visibles a folios 88 a 103 del cuaderno anexo.

18 Sentencia de 7 de abril de 2011, Rad.: 730012331000200400530-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso, en el que se trae a colación la decisión de 23 de octubre de 2003, Exp. 1997-05610-01, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

19 Ídem.