Sentencia 2005-01423 de febrero 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 25000-23-24-000-2005-01423-02 (Acumulado 25000-23-24-000-2005-01426)

Actor: Peñaloza y Rodríguez Ltda.

Demandado: Ministerio de Educación Nacional

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho - Fallo de segunda instancia.

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Bogotá D.C., quince de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos de Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 129 numeral 1º del Código Contencioso Administrativo y, en cumplimiento al Acuerdo 357 de 5 de diciembre de 2017 celebrado entre las Secciones Quinta y Primera ante la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta de la corporación es competente para proferir la decisión de segunda instancia en el proceso de la referencia, en tanto ha sido remitido dentro del acuerdo de descongestión por la Sección Primera.

1. Cuestión previa

Del impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Carlos Enrique Moreno Rubio

El doctor Moreno Rubio manifestó impedimento(25) para resolver esta apelación por haber participado en el trámite de instancia, al haber hecho parte de la decisión que profirió el auto del 28 de septiembre de 2006, por medio del cual adicionó la providencia que admitió la demanda del expediente 2005-1423, disponiendo negar la solicitud de suspensión provisional de las resoluciones demandadas(26).

El Consejero, entonces, consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 141 del Código General del Proceso —anteriormente contenida en el mismo numeral del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil—.

La Sala aceptó su impedimento y lo separó del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal, ya que, de conformidad con el alcance de la misma, esta se configura por «Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente»(27).

2. El fondo del asunto

En vista que la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de agosto de 2014, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nº 25000-23-24-000-2005-01346-01, actor el señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández y demandados la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Junta Central de Contadores, con ponente de la Consejera María Elizabeth García González, ya se pronunció sobre la situación fáctica y jurídica(28), que ahora ocupa la atención de la Sala, en consecuencia, se aviene a las consideraciones y conclusiones jurídicas allí contenidas, para el presente caso, así:

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las resoluciones 63 de 15 de abril de 2004, expedida por el Presidente de la Sala Disciplinaria de la Junta Central de Contadores, por medio de la cual se impuso a los accionantes una sanción disciplinaria; 179 de 19 de agosto de 2004, expedida por el mencionado Presidente, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición, en el sentido de no reponer el antes citado acto demandado, y 1451 de 2 de mayo de 2005, dictada por la Ministra de Educación, que al resolver el recurso de apelación, confirmó el antes citado acto.

Se observa que las resoluciones acusadas fueron expedidas como resultado del proceso disciplinario adelantado contra los demandantes, en su condición de contadores públicos, por la violación de los artículos 10, 37, en sus numerales 2, 3, 4, 6, y 50 de la Ley 43 de 1990, al comprobar que eran responsable por las siguientes conductas:

i) Por «omitir», en calidad de revisor fiscal designado por la firma Peñaloza y Rodríguez Ltda., en la sociedad Ático Inversiones Ltda., pronunciarse oportunamente y por escrito «ante los órganos de dirección y gobierno» de dicha sociedad acerca de las irregularidades, que afectan la confiabilidad y fidedignidad de la contabilidad (al no advertir de forma oportuna que el capital de la compañía no se encontraba pagado);

ii) Por «dictaminar» los estados financieros a 31 de diciembre de 1997, 31 de diciembre de 1998 y a 30 junio de 1999, sin advertir que se presentaban irregularidades significativas en la situación financiera de la referida sociedad;

iii) Desempeñarse como revisor fiscal principal cuando tenía parentesco con la contadora del ente económico, Jeaqueline Ardila Hernández, en segundo grado de consanguinidad y con el representante legal de Ático Inversiones Ltda., Milciades Enrique Ospina Zuluaga, en segundo grado de afinidad.

Conforme se anotó en el resumen de los fundamentos del recurso, los actores insisten en que el problema jurídico consiste en que las resoluciones acusadas fueron expedidas por fuera del término de caducidad, previsto en el artículo 38 del CCA, para que las autoridades administrativas impongan sanciones en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos.

Atendiendo el problema jurídico planteado, es menester tener en cuenta la preceptiva del artículo 38 del CCA, la cual dispone:

Caducidad respecto de las sanciones

“ART. 38.—Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.”(29)

Sobre la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos, la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 29 de septiembre de 2011 (Exp. 1101-03-24-000-2007-00028-00, C.P. dra. María Elizabeth García González), precisó:

“1) Caducidad de la facultad sancionatoria de la administración en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos.

(…)

Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 28 de octubre de 2010 (Exp. 2007-00145, Consejero Ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), con ocasión de una acción instaurada contra la Junta Central de Contadores, por hechos análogos a los que aquí se analizan, precisó, en torno al término de caducidad de la facultad sancionatoria, que era aplicable el artículo 38 del CCA. Al respecto, sostuvo la Sala:

“Al punto, se ha de reiterar que según la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, para que no tenga ocurrencia la caducidad de la acción, la notificación del acto administrativo que pone fin a la actuación administrativa debe darse dentro de los 3 años en comento. Así las cosas, es evidente que el acto que puso fin a la actuación administrativa fue notificado mucho después de vencido el término de 3 años contado a partir de realizada la conducta por la actora, y que por lo mismo tuvo ocurrencia la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de ella, de allí que efectivamente el acto sancionatorio es violatorio del artículo 38 del CCA, por lo cual el cargo tiene vocación de prosperar, y se ha de acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del acto administrativo enjuiciado”(30)

Para ahondar en razones, se observa que la Ley 143 de 1990, “por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público, y se dictan otras disposiciones”, fundamento legal de los actos administrativos acusados, en su artículo 28 consagra el proceso sancionatorio para quienes incumplan las normas que rigen dicha profesión y en su artículo 22 dispone que los pronunciamientos de la Junta Central de Contadores —Tribunal Disciplinario de dicha profesión— están sujetos a los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.

El tenor de la norma señala lo siguiente:

“ART. 22. De las decisiones. Las decisiones de la Junta Central de Contadores sujetas a los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo, se adoptarán con el voto favorable de las ¾ partes de sus miembros. Las demás decisiones se aprobarán por mayoría absoluta de sus miembros.” (Resaltado fuera del texto).

Teniendo en cuenta que la Ley 43 de 1990, guardó silencio sobre el término de caducidad para que la Junta Central de Contadores imponga sanciones disciplinarias, indefectiblemente debe acudirse a la norma general contenida en el Código Contencioso Administrativo y no en el Código Disciplinario Único, que es un estatuto especial aplicable a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales, a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales,(31) por ser el régimen más acorde frente a quienes se predica el calificativo de «particulares».

Y desde un espectro teleológico porque, por regla general, las irregularidades de conducta y su sanción, al afectar a las personas, debe contener predicados que permitan finiquitar la investigación, juzgamiento y sanción, pues dentro del contexto del estado social del derecho, Colombia no ha sido un país con tendencia a las penas irredimibles, salvo en excepcionalísimos casos, como la anterior pérdida de investidura, que incluso fue variado por la ley

De interés trascendental resulta el criterio, por demás vinculante, al tratarse de un pronunciamiento dado dentro del estudio de constitucionalidad de la norma, cogido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 de 2000(32), en la que sostuvo que los vacíos de la Ley 43 de 1990 se suplen con las normas del Código Contencioso Administrativo o en su defecto, las del Código Único Disciplinario.

En tal sentido, señaló la Corte:

“La lectura integral de la ley y el examen detenido de la norma cuestionado permite concluir, que aun cuando ésta, comparada con las regulaciones de otros estatutos disciplinarios, puede presentar algunas falencias, por la circunstancia de no regular de manera minuciosa los trámites propios del proceso disciplinario que debe seguirse para juzgar las faltas en que incurran los sujetos disciplinados, ello no la hace inconstitucional, porque los vacíos del procedimiento pueden llenarse acudiendo a la integración normativa. Por consiguiente, tratándose de actuaciones administrativas disciplinarias contra sujetos privados aquéllos pueden llenarse con las normas del CCA o en su defecto, con las normas del Código Único Disciplinario. Precisamente, se observa que el artículo 22 de la Ley 43 de 1990 dispone la integración normativa, cuando ordena que los pronunciamientos de la Junta de Contadores están sujetas a los recursos establecidos en el CCA” (Resaltado fuera del texto).

Establecido como está que el término de caducidad de la facultad sancionatoria es el contemplado en el artículo 38 del CCA, cuyo tenor establece que «Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas, procede la Sala a resolver el problema jurídico del caso sub examine» (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por consiguiente, no cabe duda que el término de la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos es el contemplado en el artículo 38 del CCA, vale decir, el de tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionar reprocho y la sanción a imponer, como consecuencia de la investigación disciplinaria, debe ser notificada dentro de ese mismo término, a fin de que produzca efectos legales.

De acuerdo con lo anterior, no le asiste razón, en consecuencia, al a quo cuando sostiene que el término de los tres (3) años de la caducidad de la facultad sancionatoria se debe contabilizar «desde cuando la administración tuvo conocimiento del hecho que generó la investigación», con fundamento en la sentencia de 15 de noviembre de 2007 de la Sección Primera del Consejo de Estado (Expediente núm. 88001-23-31-000-2003-00072-01, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón).

Sobre el particular, es del caso aclarar que en manera alguna puede atenderse el derrotero de la sentencia en mención al presente caso, pues la misma se refiere exclusivamente a asuntos aduaneros,(33) conforme lo pusieron de presente los apelantes, además de que la queja o el momento en que la autoridad administrativa tuvo conocimiento del hecho no determina la iniciación del término de la caducidad.

Cabe resaltar que, la Sección Primera, en sentencia de 22 de mayo de 2014 (Exp. AC-2013-02392-00, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), luego de hacer una reseña sobre el análisis jurídico efectuado por la Corporación referente al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, prevista en el artículo 38 del CCA, precisó que el fenómeno de caducidad se cuenta frente a faltas permanentes o continuadas a partir del último acto, y cuando se trate de asuntos aduaneros «se parte de que existe conocimiento de la falta desde que la entidad inicie el trámite administrativo».

En efecto, al respecto expresó la mencionada providencia:

“Dado lo anterior, quedó demostrado que esta corporación ha realizado un análisis sobre el término de la caducidad de la facultad sancionatoria concerniente a hechos distintos, como las infracciones en materia de energía que fueron en forma continuada donde la ocurrencia del hecho se contó a partir del último acto, o en el caso aduanero que a pesar de tener norma especial que regula el tema, se parte que existe conocimiento de la falta desde que la entidad inicie el trámite administrativo…”.

Ahora, en sentencia de 28 de octubre de 2010 (Exp. 11001-03-24-000-2007-00145-00, Actora: Ana Dolores Pérez Benítez, C.P. dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta), sostuvo la Sección Primera:

Por lo tanto, no cabe aplicar aquí el criterio del momento en que la autoridad competente tuvo conocimiento de los hechos, para empezar a contar el término de caducidad, puesto que ello es pertinente cuando se trata de hechos o conductas que no han trascendido de la esfera del o de los sujetos activos o autores de esos hechos o conducta, que no han salido a la luz pública dentro del ámbito de interés respectivo.

De lo contrario se llegaría al absurdo de que en casos como el del sub lite, si la Junta Central de Contadores no llega a conocer de oficio los hechos, el término de caducidad quedaría dependiendo de la voluntad de los interesados o particulares conocedores de los hechos, en la medida en que cuando a bien tengan denunciarlos sólo entonces empezaría a correr el término, aunque hubieren transcurrido más de los 3 años que lo conforman.

Por consiguiente, en situaciones como la examinada, la queja no determina el inicio del término de caducidad, sino el tiempo que resta para vencerse, de suerte que si la queja llega a ser presentada después de vencido los 3 años contados a partir de los hechos, cuyo acaecimiento es de conocimiento público en el ámbito de interés social o común sobre los mismos, no puede menos que considerarse que se ha presentado una queja después de caducada la facultad sancionatoria de la autoridad competente.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Corresponde ahora, luego de definir la posición de la operancia de la facultad sancionatoria, dilucidar a partir de qué momento se contabiliza el término de los tres (3) años, a que hace referencia la citada norma, en el caso concreto.

A este respecto, conviene destacar que la sentencia de la Sección Primera, inicialmente invocada, esto es, la de 29 de septiembre de 2011, también se pronunció sobre la forma de contabilización del término de la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, y al efecto razonó así:

“…Para contabilizar el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, la Jurisprudencia de esta Sección tiene establecido lo siguiente(34):

«Ante las diferentes posiciones e interpretaciones que se le ha dado al tema de la prescripción de la acción sancionatoria, acerca de cuándo debe entenderse “impuesta la sanción”, la Sala Plena de esta corporación con el fin de unificar jurisprudencia sostuvo mediante sentencia de 29 de septiembre de 2009 , que “la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa”. (Negrilla fuera de texto).

Asimismo sostuvo que “los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado.

Es, pues, claro, que en los términos del artículo 38 del CCA, la Administración debe ejercer la acción encaminada a sancionar personalmente al autor de la infracción administrativa, dentro de los tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho.En consecuencia, a partir de esa fecha la Administración cuenta con tres (3) años para proferir la resolución sancionatoria y notificarla al sancionado, independientemente de la interposición de los recursos». (Resaltado fuera del texto).

Tratándose de una falta continuada, el cómputo de la caducidad debe hacerse a partir del último acto que se tuvo conocimiento del ejercicio simultáneo de los cargos de revisor fiscal y contador público de la sociedad Mera Petroleums Colombia Inc., habida cuenta del parentesco de afinidad que existe entre quienes los ejercían...” (Las negrillas y subrayas fuera del texto).

De tal manera que la contabilización del término de la caducidad para imponer la sanción debe establecerse para las faltas permanentes o continuadas, a partir del último acto del que se tiene noticia en el que se actuó irregularmente, y en los demás casos, vale decir, para las faltas instantáneas, en la forma establecida por el artículo 38 del CCA, esto es, desde que el hecho se produce.

En el caso sub examine, debe tenerse en cuenta que las conductas imputadas por las irregularidades contables ocurridas en la sociedad Ático Inversiones Ltda., son constitutivas de faltas continuadas o permanentes, en la medida en que aquellas tuvieron ocurrencia en forma escalonada y progresiva, en relación con las actuaciones del revisor fiscal designado por la empresa Peñaloza y Rodríguez Ltda., y de ejecución instantánea, respecto de los dictámenes rendido por la señora Jeaqueline Ardila Hernández, como contadora del mencionado ente societario, de tal manera que el cómputo de la caducidad para imponer la sanción debe hacerse a partir del último acto de irregularidad contenido, así mutatis mutandi, que equivale a la fecha en la cual cesaron dichas conductas.

De los documentos aportados a los autos aparece probado que la última actuación de la sociedad Peñaloza y Rodríguez Ltda., tuvo ocurrencia el 25 de octubre de 1999, cuando entregó una actualización del dictamen sobre los estados financieros de la mencionada sociedad, con corte a 30 de junio de 1999, a través del señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández(35).

Y en cuanto a la señora Jeaqueline Ardila Hernández, en su calidad de contadora, su último acto fue con el que certificó la contabilidad de Ático Inversiones Ltda., registrada hasta el mes de junio, el día 27 de julio de 1999(36).

Ello quiere decir que a partir de esas calendas cesa la continuidad de las conductas imputadas, fundamento de la sanción, de allí que la Administración tenía para ejercer la facultad sancionatoria, respecto a señora Ardila Hernández, hasta el 27 de julio de 2002 y frente a la sociedad Peñaloza y Rodríguez Ltda., hasta el 25 de octubre de 2002, para expedir y notificar el acto administrativo, mediante el cual imponía las sanciones.

Ahora, se observa la Resolución 63 de 15 de abril de 2004 acusada(37), por medio de la cual el Presidente de la Sala Disciplinaria de la Junta Central de Contadores sancionó a los accionantes, se notificó, por fuera del término referido, habiendo superado incluso un año y medio desde el último acto por el que se sancionaron a los demandantes.

En consecuencia, como la Resolución que impuso la sanción fue expedida y notificada después del término de los tres (3) años previsto en el artículo 38 del CCA, se tiene que en el caso concreto operó la caducidad de la acción sancionatoria, por lo cual, se impone para la Sala declarar la nulidad de los actos demandados, previa revocatoria del fallo de primera instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la demandada eliminar cualquier anotación o registro que se hubiere efectuado, con ocasión de la expedición de los actos administrativos anulados.

3. Perjuicios reclamados.

3.1. La sociedad Peñaloza y Rodríguez Ltda. (Exp. 2005-1423)

A juicio de este actor se le causaron perjuicios con los actos administrativos acusados, por lo cual solicitó, que se condene a la Nación - Ministerio de Educación Nacional a indemnizarlo. Tales perjuicios los estimó en $350.000.000, discriminados, así:(38)

3.1.1. Por asesorías jurídica, tanto en sede gubernativa como ante lo contencioso administrativo, que tasó en $50.000.000.

Para la Sala, si bien, con las pruebas de la demanda se aportaron tres cuentas de cobro, suscritas por el apoderado judicial, en las que se indica que la sociedad Peñaloza y Rodríguez Ltda., le debe aquel, por los siguientes conceptos:

a) Cuenta de Cobro Nº 001 por valor de $20.000.000 «por concepto de honorarios profesionales en asistencia jurídica en sede gubernativa, proceso disciplinario adelantado por la Junta Central de Contadores»(39).

b) Cuenta de Cobro Nº 002 por valor de $10.000.000 «por concepto de honorarios profesionales en asistencia jurídica en sede gubernativa, Recurso de Reposición (sic) y en subsidio de Apelación (sic) proceso disciplinario adelantado por la Junta Central de Contadores»(40).

c) Cuenta de Cobro Nº 003 por valor de $20.000.000 «por concepto de honorarios profesionales en asistencia jurídica en sede Contenciosa Administrativa(sic), demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho(sic) en contra de los actos administrativos emanados de la Junta Central de Contadores y el Ministerio de Educación Nacional»(41).

Frente a lo anterior, no se allegó elemento demostrativo de su efectiva cancelación por parte de la sociedad Peñaloza Y Rodríguez Ltda., ni el contrato de servicios profesionales suscrito entre estos para verificar el valor de los honorarios pactados, motivo por el cual no se podrá acceder a su reconocimiento.

3.1.2. Daño grave e injusto en su imagen comercial, por hacer constar en el certificado de vigencia e inscripción y antecedentes disciplinarios, la sanción de suspensión de su registro, por el término de un (1) año. Para ello, estimó la reparación del daño en $150.000.000.

Lo mismo ocurre con lo reclamado en este ítem, toda vez que no se allegó ninguna prueba que permita tenerlo como demostrado ni el quantum del mismo.

3.1.3. Por la imposibilidad de ejercer su objeto social, que fijó en $150.000.000.

El lucro cesante está debidamente demostrado y en vista que la suspensión del registro fue temporal, el valor a reconocer será por dicho término.

Lo anterior se probó con los documentos visibles 424 a 437 y 442, anexos demanda Nº 1. Exp. 2005-1423, pues como consecuencia de la sanción impuesta por la Junta Central de Contadores, la sociedad Peñaloza y Rodríguez Ltda. presentó renuncia al contrato de prestación de servicio de revisoría fiscal que tenía con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), entre los soportes se allegó: i) el contrato de prestación de servicio, suscrito el 1º de abril de 1995, por un valor de $250.000 mensuales; ii) certificado de la directora ejecutiva de dicha entidad del 19 de julio de 2005, donde indica que desde el 6 de diciembre de 1990 el demandante viene prestado sus servicios como revisor fiscal y con honorarios inicialmente pactados de $187.500; iii) renuncia presentada sociedad Peñaloza Y Rodríguez Ltda., a FENAVI, como resultado de las actuaciones de la Junta Central de Contadores y, iv) la aceptación de la renuncia por parte de FENAVI, con fecha del 15 de septiembre de 2005.

Para calcular el lucro cesante consolidado (LCC), se hará uso de la siguiente fórmula:(42)

LCC = Ra x (1 + i)n – 1

i

Donde:

Ra= Renta actualizada

n= Número de periodos (meses)

i= interés técnico(43)

Entonces:

La renta actualizada (Ra), es el valor probado de honorarios en el contrato de prestación de servicios suscrito en abril de 1995 por un valor de $250.000, se actualizará a valor presente.

RA = Valor a actualizar x IPC final

IPC inicial

RA = $250.000 x 139,72 enero 2018(44)

28,92 abril de 1995

RA = $1.207.815

El Número de periodos (n), corresponde al término de la sanción impuesta, esto es, a la suspensión por un año del registro de la sociedad.

(n) = 12 meses

El interés técnico (i), equivale al 6% efectivo anual, para la fórmula se sacará el correspondiente mensual.

Conversión de la Tasa Efectiva Anual a la Tasa Efectiva Mensual:

TEM = ((1 + TEA) 1/12 − 1)

TEM = ((1 + 6%) 1/12 − 1)

TEM = ((1 + 0,06) 0,0833333333 − 1)

TEM = ((1,06) 0,0833333333 − 1)

TEM = (1,0048675506− 1)

TEM = 0,004867

Lucro cesante consolidado:

LCC = $1.207.815 x (1 + 0,004867)12 – 1

0,004867

LCC = $14.888.121

En consecuencia, el monto a reconocer a favor de la sociedad Peñaloza y Rodríguez Ltda., por concepto de lucro cesante consolidado demostrado, la suma de catorce millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento veintiuno pesos ($14.888.121).

3.2. La señora Jeaqueline Ardila Hernández (Exp. 2005-1426)

A juicio de la accionante se le causaron perjuicios con los actos administrativos acusados, por lo cual solicitó, que se condene a la Nación - Ministerio de Educación Nacional a indemnizarla. Tales perjuicios los estimó en $114.425.256, discriminados, así:(45)

3.2.1. Por asesorías jurídica, tanto en sede gubernativa como ante lo contencioso administrativo, que tasó en $10.000.000

Para la Sala, si bien, con las pruebas de la demanda se aportó la cuenta de cobro Nº 001 por valor de $10.000.000 «por concepto de honorarios profesionales en asistencia jurídica en sede gubernativa y contencioso administrativa, proceso disciplinario adelantado por la Junta Central de Contadores»,(46) no se allegó elemento demostrativo de su efectiva cancelación por parte de la señora Ardila Hernández, ni el contrato de servicios profesionales suscrito entre estos para verificar el valor honorarios pactados, motivo por el cual no se podrá acceder a su reconocimiento.

3.2.2. Daño grave e injusto en su imagen profesional, por hacer constar en el certificado de vigencia e inscripción y antecedentes disciplinario, la sanción de suspensión de su registro, por el término de un (1) año. Para ello, estimó la reparación del daño en $45.112.628.

Lo mismo ocurre con lo reclamado en este ítem, toda vez que no se allegó ninguna prueba que permita tenerlo como demostrado ni el quantum del mismo.

3.2.3. Por daño moral, que lo fijó en $34.200.000.

En lo concerniente a los perjuicios morales, la Sección Primera(47) del Consejo de Estado ha considerado que para acceder a su reconocimiento, la demandante debía encontrarse en un trastorno emocional significativo, susceptible de ser reparado, situación que no se dio en el sub lite, pues la publicidad de las Resoluciones acusadas a terceros y la anotación de la sanción, efectuada en el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, no son demostrativas de la afectación del estado anímico de la actora, habida cuenta de que las mismas no prueban que la reclamante de los perjuicios hubiera padecido de un trastorno emocional significativo, susceptible de ser reparado o un daño moral de tal magnitud y trascendencia que deba indemnizarse.

3.2.4. Por la renuncia al cargo de profesional universitario grado 10, con funciones de contador, que desempeñaba en el Instituto Caro y Cuervo y por la dificulta de una nueva vinculación bajo la figura de contrato de trabajo, por la publicidad de la sanción, lo fijó en $25.112.268

El lucro cesante está debidamente demostrado y en vista que la suspensión del ejercicio de la profesión fue temporal, el cual el valor a reconocer será por dicho término.

Lo anterior se probó con los documentos visibles 234 a 239, anexos demanda Nº 2. Exp. 2005-1426, pues como consecuencia de la sanción impuesta por la Junta Central de Contadores, la señora Jeaqueline Ardila Hernández presentó renuncia al cargo de profesional universitario, código 3020, grado 10 del Instituto Caro y Cuervo, la cual le fue aceptada, mediante la Resolución 783 del 6 de septiembre de 2005; también se aportó constancia del jefe de personal del mencionado instituto, con fecha del 4 de octubre de 2005, que el cargo desempeñado tenía una asignación básica mensual de $1.332.942.

Para calcular el lucro cesante consolidado (LCC), se hará uso de la siguiente fórmula, ya indicada, para lo cual se tiene, que en el caso de la señora Ardila Hernández, son:

La renta actualizada (Ra), es el valor probado salario certificado al momento de la renuncia, que se actualizará a valor presente.

RA = $1.332.942 x 139,72 enero 2018(48)

83,95 octubre de 2005

RA = $2.218.447

El Número de periodos (n), corresponde al término de la sanción con suspensión en el ejercicio de la profesión, por 3 meses.

(n) = 3 meses

El interés técnico (i), equivale al 6% efectivo anual, siendo la tasa efectiva mensual, ya indicada: TEM = 0,004867.

Lucro cesante consolidado:

LCC = $2.218.447 x (1 + 0.004867)3 – 1

0,004867

LCC = $6.687.785

En consecuencia, el monto a reconocer a favor de la señora Jeaqueline Ardila Hernández por concepto de lucro cesante consolidado demostrado, la suma de seis millones seiscientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos ($6.687.785).

4. Costas.

Finalmente, en lo que concierne con la solicitud de condena en costas, se estima que la misma no procede concederse, porque el artículo 171 del CCA establece que en los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo esta condena procederá «…teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes…», es decir, que corresponde al juez administrativo valorar el comportamiento en el proceso, quedando en sus manos la ponderación de este aspecto(49).

En estos términos, se advierte que el comportamiento de la parte demandada, no estuvo precedido de la mala fe, ni la intención de entorpecer el proceso, pues si bien, los argumentos esbozados por las accionadas en segunda instancia no fueron acogidos, ello no conlleva automáticamente a la condena en costas, pues al contestar la demanda y presentar sus alegatos, las demandadas sólo estaban ejerciendo su derecho de defensa, razón por la cual no se accederá a la solicitud de la parte demandante en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. Aceptar el impedimento manifestado por el Consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, de conformidad con las razones expuestas en la cuestión previa de esta providencia.

2. Revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: declarar la nulidad de la Resolución 63 de 15 de abril de 2004, por medio de la cual la Junta Central de Contadores sancionó disciplinariamente a la señora Jeaqueline Ardila Hernández y a la sociedad Peñaloza y Rodríguez Ltda., y las resoluciones, que confirmaron dicha decisión, Nº 179 de 19 de agosto de 2004, de la Junta Central de Contadores y 1451 de 2 de mayo de 2005, del Ministerio de Educación Nacional.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la demandada eliminar cualquier anotación o registro que se hubiere efectuado, con ocasión de la expedición de los actos administrativos anulados.

4. A título de indemnización de perjuicios condenar a la Junta Central de Contadores y al Ministerio de Educación Nacional, por lucro cesante consolidado, los siguientes valores:

A favor de la sociedad Peñaloza y Rodríguez Ltda., la suma de catorce millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento veintiuno pesos ($14.888.121).

Para la señora Jeaqueline Ardila Hernández, la suma de seis millones seiscientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos ($6.687.785).

5. No se condena en costas.

6. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

25 Fl. 26. Cdno. 2. Exp. 2005-1423

26 Fls. 124 – 126. Cdno. 1. Exp. idem.

27 Énfasis propio.

28 La demanda y apelaciones en el ambos procesos son los mismos, el doctor Álvaro Hernán Trujillo Mahecha, representó los intereses judicial de los tres sanciones en la actos demandados, esto es señora Jeaqueline Ardila Hernández (Exp. 2005-1426), el señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández (Exp. 2005-1346) y la sociedad Peñaloza y Rodríguez Ltda. (Exp. 1423), procesos que se iniciaron de forma individual, dos de los cuales, fueron acumulados (Exp. 2005-1423 y el 1426), lo que se están resolviendo, en el presente fallo.

29 Resaltados viene del fallo en cita.

30 Resaltados del fallo en cita.

31 Artículo 53, modificado por el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011.

32 Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell.

33 “El artículo 38 del Código Contencioso Administrativo que invoca el actor como violado, prescribe:
“ART. 38.—Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.
La correcta interpretación de la norma transcrita sugiere que la fecha oportuna para decidir si se impone o no una sanción, se cuenta a partir del momento en que la Administración tiene conocimiento de la conducta reprochable. Así lo ha sostenido la Sala en asuntos aduaneros, al indicar que el proceso sancionatorio comienza con el requerimiento aduanero, la aprehensión de la mercancía o el acta de liquidación oficial “pues a partir de ese momento la administración identifica o tiene conocimiento de la conducta constitutiva de la infracción”. (Negrillas fuera de texto)

34 (sic)

35 Fls. 129 – 131. Cdno. 13. Exp. 2005-1423.

36 Fl. 33. Cdno. Anexos Demanda 2. Exp. 2005-1426.

37 Fls. 228 -423. Cdno. Anexos demanda 1. Exp. 2005-1423.

38 Fls. 104 – 107. Cdno. 1. Exp. 2005-1423.

39 Fls. 438. Anexos demanda 1. Exp. 2005-1423.

40 Fls. 439. Idem.

41 Fls. 440. Idem.

42 Sobre la fórmula aplicada se puede consultar entre otras: Sentencia del 28 de enero de 2015, proferida por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del Radicado 05001-23-31-000-2002-03487-01 (32.912); demandante el señor Darío de Jesús Jiménez Giraldo y otros contra el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Fallo del 10 de diciembre de 2004, de la misma subsección, expediente No. 05001-23-31-000-2004-04210-01 (40.060), accionantes la señora Alba Lucía Rodríguez Cardona y otros contra la Nación- Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial; C.P. Enrique Gil Botero.

43 Sobre el interés técnico legal, fijado en el artículo 1617 del Código Civil, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que este es que se reconoce a título de lucro cesante, por la privación temporal del uso del capital. Así, en el proceso radicado No. 73001-23-31-000-1998-01417-01 (17.616), Actor: Óscar Guerra Bonilla y demandados: Nación - Consejo Superior de la Judicatura y otro; C.P. Ruth Stella Correa Palacio:
«Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación».

44 Último certificado por el DANE en la serie de empalme. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc

45 Fls. 53 – 56. Cdno. 6. Exp. 2005-1426.

46 Fl. 242. Anexos demanda 2. Exp. Idem.

47 Sentencia del 29 de abril de 2015, nulidad y restablecimiento del derecho Nº 25000-23-24-000-2005-01346-01, C. P. María Elizabeth García González.

48 Último certificado por el DANE en la serie de empalme. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc

49 «En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».