Sentencia 2005-01438 de abril 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Rad.: 25000 23 24 000 2005 01438 01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Barragan Lombana y CIA. S. en C.

Demandado: Distrito Capital – Departamento Administrativo de Planeación Distrital – y otros.

Referencia: Asignación de tratamiento especial de incorporación de predio rústico a usos urbanos. Decreto Distrital 259 de 2000. Distrito – Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Falta de legitimación en la causa por pasiva.

Bogotá, D.C., catorce de abril de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «X. Consideraciones

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación advierte la Sala que los problemas jurídicos consisten en dilucidar los siguientes aspectos: (i) definir si el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (en adelante DAPD) está legitimado en la causa por pasiva, (ii) determinar si era necesario que el predio estuviese conformado por vías vehiculares, (iii) definir si existe o no impacto urbanístico, (iv) precisar si la negativa de conceder la licencia redundó en la vulneración del derecho a la igualdad, (v) establecer si las condiciones del proceso de concertación fueron variadas en relación con las decisiones que se censuran y por ende, hubo desconocimiento del derecho a la igualdad y confianza legítima y (vi) determinar si es posible acceder a las pretensiones de la demanda habida cuenta de que el predio actualmente cumple con las condiciones de conformación de vías vehiculares.

10.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva del DAPD.

Insiste el DAPD en considerar que no se encuentra legitimado en la causa por pasiva, habida cuenta de que no expidió los actos administrativos que ahora se impugnan.

La Sala observa que ante la solicitud de licencia de construcción presentada por la actora, el Curador Urbano 3 de Bogotá D.C. expidió la Resolución 05-0-0025 del 23 de febrero de 2005 por medio de la cual negó tal petición.

Inconforme con tal decisión la sociedad Barragán Lombana CIA. E. EN C. interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

A través de la Resolución 05-0-0064 del 3 de mayo de 2005 el Curador Urbano 3 resolvió el recurso de reposición contra la anotada decisión en el sentido de confirmarlo.

A su turno, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto 2150 de 1995, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital desató el recurso de apelación mediante Resolución 444 del 14 de junio de 2005 en el sentido de confirmar la decisión del Curador. La norma en comento es del siguiente tenor:

“Artículo 59.— Recursos. Contra los actos que resuelvan las solicitudes de licencias de urbanismo o construcción procederán los recursos de reposición y apelación. Este último se interpondrán para ante la oficina de planeación o en su defecto para ante el alcalde distrital o municipal y deberá resolverse de plano” (resaltado fuera de texto).

La demandante, en atención a las exigencias recogidas en los artículos 135 y 138 del Código Contencioso Administrativo, impugnó las anotadas resoluciones, dado que se trata de un presupuesto de procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Veamos:

“Artículo 135.—Posibilidad de demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra actos particulares. La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.

El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa.

Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos” (resaltado fuera de texto).

“Artículo 138.—Individualización de las pretensiones. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, solo procede demandar la última decisión.

Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren” (resaltado fuera de texto).

De lo expuesto se desprende con absoluta claridad que uno de los actos censurados fue expedido por el DAPD en ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le atribuye, y que ello hace que dicho ente deba comparecer al proceso, so pena de vulnerar sus derechos de defensa y contradicción, todo lo cual indica que sí existe legitimación en la causa por pasiva.

Bajo tales razonamientos es procedente confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en lo pertinente.

10.2. Desconocimiento de las normas urbanísticas.

Arguye el actor que la exigencia invocada por las demandadas contenida en el numeral primero del artículo 14 del Decreto 737 de 1993 no resulta aplicable al caso, pues la norma hace referencia a urbanizaciones residenciales, en tanto que la asignación de áreas y zonas para el predio en cuestión fue fijada como de actividad múltiple, es decir, en donde todos los usos del suelo son permitidos sin que ninguno de ellos predomine sobre otro.

Para resolver tal cargo es necesario primero aclarar que el inmueble de propiedad de la demandante fue objeto de un proceso de incorporación de predio rústico a zona urbana según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 259 de 2000(3), que se transcribe a continuación:

“Artículo 1º—Asignación de tratamiento y reglamentación del proceso de desarrollo: Asignar el Tratamiento Especial de Incorporación al predio rústico denominado Altamar II, a que se refiere la parte motiva del presente decreto, ubicado en la zona de reglamentación Nº 01 establecida en el Acuerdo 26 de 1996.

Parágrafo—El desarrollo por urbanización y construcción del citado predio se sujetará a las disposiciones del presente decreto”.

Como se desprende de la lectura del parágrafo el desarrollo que pretendiese adelantarse en ese predio debe sujetarse a las previsiones de dicho decreto(4).

El artículo 6º ibídem determina que el predio tiene asignada un área de actividad múltiple:

“Artículo 6º—Áreas de actividad y zonas: Para la asignación de las normas específicas que regirán los usos urbanos en el predio a que se refiere el presente decreto, se adopta la siguiente zonificación al interior del mismo, según delimitación consignada en el Plano Nº 01, que es parte integrante del presente decreto:

Área de actividad múltiple.

Eje Zonal de Actividad. Código: I-M-R-01. (E. Zon. A). El cual tiene el siguiente significado:

I - Tratamiento de incorporación

M - Área de actividad múltiple

R - Densidad restringida.

01 - Tipología de uso.

Corresponde a la franja de hasta ciento cincuenta (150) metros de profundidad, medida desde el paramento de cada costado de la avenida El Tintal, aplicable a las áreas resultantes del proceso de desarrollo por urbanización, con frente sobre dicha avenida”.

Las áreas de actividad múltiple son definidas como “aquellas que por su localización estratégica dentro de la ciudad y por las características adquiridas a través del proceso de formación y consolidación de sus estructuras, constituyen sectores de atracción de la actividad citadina. Por lo tanto muestran tendencia a la mezcla de usos urbanos y a la intensificación de algunos de ellos, especialmente los comerciales (…). Desde el punto de vista de la Zonificación, las Áreas de Actividad Múltiple se caracterizan por ser sectores de las áreas urbanas donde se pueden ubicar los usos permitidos que están gobernados por las normas del Tercer Nivel de Zonificación, sin que haya uno que predomine sobre los demás” (art. 324 del A.6/90)(5).

El artículo 7º del Decreto 259 de 2000 asignó los usos del suelo del inmueble en cuestión de la siguiente forma:

“Artículo 7º—Asignación de usos: Los usos urbanos permitidos en el eje de tratamiento establecido en el artículo anterior son los siguientes:

Eje Zonal de Actividad. Código I-M-R-01 (E. Zon. A.).

Principales:

a) Comercio de cobertura local (Clase I-A y I-B).

Se permite en el primer piso de edificaciones desarrolladas con el uso comercial zonal.

En edificaciones aisladas de hasta dos (2) pisos que formen parte del uso comercial zonal sin sobrepasar los 2.000 m2 de construcción.

b) Comercio de cobertura zonal (Clase II-A y II-B), oficinas.

En superlote comercial con área útil de hasta 5.000 m2, conformado por vías vehiculares” (resaltado fuera de texto).

Del último inciso del citado artículo se desprende que el desarrollo para urbanización y construcción del predio de la demandante debe estar conformado por vías vehiculares, circunstancia que era conocida por la actora habida cuenta de que fue parte del proceso de concertación del proceso de incorporación de su predio y pese a ello no manifestó ninguna inconformidad.

En tal sentido, no encuentra la Sala fundamento alguno para declarar la nulidad de los actos administrativos con base en el cargo que se estudia.

Ahora bien, la aplicación del Decreto 737 de 1993 resulta innecesaria en el caso que nos ocupa, pues el Decreto 259 de 2000 definió claramente las condiciones de urbanización y construcción, norma esta que al tenor de lo dispuesto en los artículos 17 y 211 del Acuerdo 6 de 1990 hacen parte de las Reglamentaciones Urbanísticas del Distrito Capital y son de carácter imperativo para quienes participen en el proceso de concertación y para toda la sociedad. Las disposiciones anotadas son las siguientes:

“Artículo 17.—Actos del alcalde mayor comprendidos dentro de la denominación genérica de “reglamentaciones urbanísticas”. Con arreglo a las competencias específicas originadas en la Ley y en los acuerdos distritales, se entienden comprendidos dentro de la denominación genérica de “Reglamentaciones Urbanísticas”, los siguientes decretos del Alcalde Mayor de Bogotá:

1. Los decretos expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias conforme al numeral 15 del Artículo 13 del Decreto Nacional 3133 de 1968 sobre las materias de que trata el artículo anterior.

2. Los decretos reglamentarios.

3. Los decretos del Alcalde Mayor de Bogotá expedidos en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo para reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver a los organismos distritales encargados de la aplicación de las reglamentaciones urbanísticas.

4. Los decretos del Alcalde Mayor de Bogotá, contentivos de normas urbanísticas específicas y restricciones administrativas, en los casos expresamente contemplados en el presente Acuerdo y en los demás acuerdos que regulen el urbanismo.

Se destacan entre ellos como herramienta fundamental de la planeación física, los decretos mediante los cuales, previa aprobación de la Junta de Planeación Distrital, se instrumentan los Tratamientos que prevé el presente Acuerdo como alternativas de manejo diferenciado de las normas urbanísticas reguladoras de los usos del suelo y de las características de las edificaciones y demás estructuras materiales, a fin de que sean sustentáculo apropiado para el funcionamiento de dichos usos en los distintos sectores en que se divide el territorio distrital. Estos decretos han sido denominados en el presente acuerdo ‘decretos de asignación de tratamiento’” (resaltado fuera de texto).

“Artículo 211.—Régimen impositivo a partir de la culminación del proceso de concertación. Una vez concluido el proceso de concertación, el régimen para las áreas objeto de incorporación será de tipo impositivo, aunque la definición de su desarrollo haya sido producto de la concertación y se adoptará mediante un Decreto de Asignación de Tratamiento.

El régimen impositivo es inherente a las reglamentaciones urbanísticas, entre las cuales figuran los Decretos de Asignación de Tratamiento, de suerte que estas obligan a todos los ciudadanos y no solo a los partícipes del proceso de concertación.

Dichas reglamentaciones también pueden ser reformadas unilateralmente por las autoridades con arreglo al presente Acuerdo, salvo que se trate de disposiciones que concedan ventajas específicas a los partícipes de la concertación en el orden urbanístico y se haya dejado expresamente estipulado, que de no haber sido adoptadas, no se habría celebrado la concertación.

Para modificar este tipo de disposiciones se requiere de la aquiescencia del partícipe en la concertación, siempre y cuando haya cumplido con las obligaciones por él contraídas y subsista su interés económico en el desarrollo del sector objeto de regulación, interés que se infiere de los vínculos patrimoniales o institucionales que liguen al partícipe a los inmuebles y demás elementos de la estructura urbana del sector”.

10.3. Impacto urbanístico.

Como se advirtió en el anterior acápite la aplicación del artículo 14 del Decreto 737 de 1993 sobre control de impacto resulta inocuo a la hora de resolver el caso, dado que el proyecto de construcción de la Estación de Servicio nació limitado a las condiciones que el artículo 7º del Decreto 259 de 2000 le impuso cuando le dio un tratamiento especial y lo incorporó como área urbana dentro de las reglamentaciones urbanísticas del Distrito, es decir, estar conformado por vías vehiculares.

Tal restricción debe entenderse como una forma de control de impactos al tenor de lo dispuesto en el artículo 60 del Acuerdo 6 de 1990. Así dice la norma:

“Artículo 60.—El control de los impactos como motivo determinante de las reglamentaciones urbanísticas. La necesidad de controlar efectivamente los impactos ambiental, social y urbanístico que las actividades ciudadanas generan, impactos que inciden, tanto en la calidad de vida de los ciudadanos como en la estabilidad de las propias estructuras urbanas y de los elementos materiales que las conforman y que están destinados a servir de sustentáculo físico a la ciudad, es la principal razón de ser de las restricciones y exigencias que son inherentes a las reglamentaciones urbanísticas”.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 59 del Acuerdo 6 de 1990 los impactos generados por la construcción de obras sometidas a la obtención de licencias o permisos tienen diferentes tipologías y el hecho de que se haya entregado viabilidad ambiental al proyecto(6) no significa que no pueda analizarse el caso a la luz de los demás impactos existentes, tales como los físicos o sociales.

“Artículo 59.—Impacto de los usos en la estructura urbana. Impacto es el efecto producido en un sector, zona o área determinada por la actividad inherente a un uso específico.

El impacto generado por los usos puede ser de carácter positivo cuando aporta beneficios al sector, zona o área y negativo, en caso de que ocasione o propicie deterioro de los mismos.

Por lo general los usos permitidos tienen ambas características; de suerte que las reglamentaciones perseguirán el propósito de controlar los impactos negativos y consolidar los usos que fomenten impactos positivos.

Según el medio sobre el cual se produce el efecto, los impactos negativos pueden ser de tres tipos:

• Impacto ambiental, cuando se presentan contaminación y deterioro del medio ambiente.

• Impacto físico, cuando se alteran condiciones de las estructuras urbanas en perjuicio de las mismas.

• Impacto social, cuando se presentan incomodidades y factores deteriorantes de la calidad de la vida de una determinada comunidad, en virtud de una actividad urbana”.

10.4. Violación del derecho a la igualdad.

Alega el demandante que es un hecho notorio que las Estaciones de Servicio en Bogotá D.C. no cumplen con las condiciones que le son exigidas en los actos impugnados y que ello viola el derecho a la igualdad.

Para resolver si existe la vulneración aludida es necesario determinar si es viable calificar como hecho notorio la circunstancia reseñada.

De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, los hechos notorios son hechos públicos, conocidos tanto por las partes como por un grupo de personas de cierta cultura, que pertenecen a un determinado círculo social o gremial. La existencia de un hecho notorio exime de prueba y el juez debe tenerlos por cierto.

En opinión del profesor Jairo Parra Quijano, para que se configure un hecho notorio deben concurrir una serie de requisitos:(7)

— No se requiere que el conocimiento sea universal.

— No se requiere que todos lo hayan presenciado, basta que esas personas de mediana cultura lo conozcan.

— El hecho puede ser permanente o transitorio; lo importante es que las personas de mediana cultura y el juez lo conozcan.

— El hecho notorio debe ser alegado en materia civil; en materia penal no se requiere que sea alegado y debe tenerse en cuenta sobre todo cuando favorece al procesado.

Por su parte, el profesor Hernán Fabio López Blanco(8) manifiesta lo siguiente sobre esta figura:

“Se entiende por tal aquel que dadas las características que originaron su ocurrencia se supone conocido por la generalidad de los asociados, cualquiera que sea su grado de cultura y conocimientos(9), dentro de un determinado territorio y en determinada época, pues la notoriedad puede ser a nivel mundial, continental, regional o puramente municipal y está referida a un determinado lapso, de modo que dada la índole del proceso lo que para uno podría erigirse como hecho notorio, para otro proceso no necesariamente tiene esa connotación.

Es entonces, una noción eminentemente relativa que debe el juez apreciar en cada caso.

Así, por ejemplo, puede citarse como hecho notorio a nivel mundial, en su momento, el arribo del hombre a la luna o, a escala regional colombiana, l insurrección del 9 de abril de 1948 que por varios años fue un hecho notorio, connotación que para cuando esto se escribe, año 2000, no tiene en nuestro concepto tal carácter, como si lo tendría aún la toma e incendio del palacio de justicia o la avalancha que destruyó a Armero”.

Para la Sala, que las estaciones de servicio no se encuentren formadas por vías vehiculares no es un hecho que no requiera prueba, dado que la extensión del territorio y la complejidad de sus vías le impiden al Juez tener un conocimiento certero de esa condición.

En tal medida, resulta desacertada la consideración del recurrente en este cargo pues parte de un supuesto que no existe para concluir que hay violación del derecho a la igualdad, lo cual dará lugar a confirmar la decisión del tribunal en este aspecto.

10.5. Violación del principio de confianza legítima.

La confianza legítima ha sido definida como la “protección jurídica a las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden albergar los administrados con respecto a la estabilidad y proyección futura de determinadas situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, cuando ellas han sido promovidas, permitidas, propiciadas o toleradas por el mismo Estado”(10).

Producto del proceso de concertación entre el Distrito y la demandante resultó el Decreto 259 de 2000, acto este que goza de presunción de legalidad y que indicó en el último inciso del artículo 7º que el predio que fue objeto de la solicitud de la licencia de construcción de una estación de servicio debía estar formado por vías vehiculares.

Tal exigencia fue exactamente la misma que invocó el Curador Urbano 3 al expedir las resoluciones acusadas y la que trajo a colación el DAPD para esos mismos efectos, luego mal puede hablarse de un cambio en las condiciones establecidas de manera repentina o abrupta por parte de la Administración y por ende no puede colegirse la violación del principio de confianza legítima en la forma en que ha sido entendido por la doctrina y jurisprudencia nacional, veamos:

“De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina nacional, para poder dar aplicación al principio de confianza legítima, es preciso que a partir de las acciones, omisiones o declaraciones de las propias autoridades, se hayan generado unas expectativas ciertas lo suficientemente razonables y fundadas, capaces de inducir al administrado a tomar algunas decisiones, a asumir ciertas posturas o a realizar determinados comportamientos, amparado en la situación de confianza propiciada por el Estado, y que posteriormente resulta defraudada de manera sorpresiva e inesperada por parte de las autoridades, incurriendo en un desconocimiento inadmisible de sus deberes de lealtad y coherencia”(11).

10.6. Nueva solicitud de actualización del plano topográfico.

En lo que hace a la afirmación de la demandante en el recurso de apelación relacionada con que su predio actualmente se encuentra conformado por cuatro vías vehiculares, observa la Sala que tal circunstancia debe estudiarse a la luz de las condiciones normativas aplicables al caso al momento en que se solicite nuevamente la licencia de construcción, habida cuenta de que el régimen pudo haber cambiado y no sería procedente jurídicamente resolver el asunto bajo examen con una situación fáctica que no fue planteada en primera instancia, so pena de desconocer los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de quienes se vincularon al expediente de la referencia.

En tal orden, no hay lugar a acoger tampoco ese cargo del recurso de apelación y por ende hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones que se esbozaron anteriormente.

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 14 de abril de 2016».

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2

3 “Por el cual se asigna el tratamiento especial de incorporación al predio rústico denominado Altamar II, ubicado en área suburbana de expansión de la localidad 8 de Kennedy”.

4 Las normas que regulan los procesos de tratamiento especial y de incorporación se encuentran regulados en los artículos 17, 211, 218, 384, 387 y 524 del Acuerdo 6 de 1990 proferido por el concejo Distrital de Bogotá.

5 Las siguientes normas se refieren al tema:
“Artículo 324.—Características de las áreas de actividad múltiple. Las áreas de actividad múltiple son aquellas que por su localización estratégica dentro de la ciudad y por las características adquiridas a través del proceso de formación y consolidación de sus estructuras, constituyen sectores de atracción de la actividad citadina. Por lo tanto muestran tendencia a la mezcla de usos urbanos y a la intensificación de algunos de ellos, especialmente los comerciales.
Como elemento de la estructura urbana, las áreas de actividad múltiple están conformadas por centros de generación de empleo y prestación de servicios y ciertos ejes viales que arrancan en estos centros y se prolongan como formas de expansión y desplazamiento de los centros, durante las distintas épocas de la ciudad. Desde el punto de vista de la zonificación, las áreas de actividad múltiple se caracterizan por ser sectores de las áreas urbanas donde se pueden ubicar los usos permitidos que están gobernados por las normas del Tercer Nivel de Zonificación, sin que haya uno que predomine sobre los demás”.
“Artículo 325.—Viabilidad de las estructuras en las áreas de actividad múltiple. Como contrapartida a la multiplicidad y mezcla de usos en las áreas de actividad múltiple, los aspectos de viabilidad de las estructuras requieren de atención especial y de un manejo diferenciado de la norma con particular detalle de los sectores reglamentados. o aún en edificios individualizados.
Se destaca como connotación propia de las reglamentaciones urbanísticas de las áreas de actividad múltiple la posibilidad de extremar y detallar dentro del marco de los decretos de asignación de tratamiento, las exigencias arquitectónicas, referidas inclusive a espacios muy reducidos, o a partes y aspectos concretos de las edificaciones.
Lo anterior tiene su fundamento en la necesidad de controlar los impactos que unos usos ocasionan en las estructuras destinadas a otros, en los elementos estéticos de valioso entorno y en la calidad de la vida y bienestar de la abundante población que labora en las áreas de actividad múltiple y transita por ellas”.
“Artículo 326.—Diversidad normativa dentro de las áreas de actividad múltiple. Dada la pluralidad de valores urbanísticos que se concentran eh las áreas de actividad múltiple y que demandan por ello distintas formas de tutela legal, es allí donde más se habrán de dar distintos, matices del tratamiento de actualización, dentro de ámbitos espaciales propios y probablemente reducidos en su extensión. que por lo tanto habrán de precisarse con el máximo detalle, para determinar el alcance de las reglamentaciones mediante las cuales se instrumentan estos matices.
Como factor adicional de interrelación normativa que incide en las Áreas de Actividad Múltiple, debe destacarse la circunstancia de coincidir allí la presencia de la mayoría de los sectores y edificaciones con tratamientos especiales de conservación histórica, artística, arquitectónica y urbanística, los cuales gozan de la prevalencia emanada del Primer Nivel de Zonificación, así como también la presencia de zonas deterioradas en vía de recuperación. sometidas a Programas de Renovación y que están amparadas por la prevalencia emanada del Segundo Nivel de zonificación.
Corresponde a las Autoridades y Organismos de Planificación adelantar una gestión especialmente coordinada en la preparación de los planes y programas en los que se prevea actuar sobre las áreas de actividad múltiple y en las zonas de conservación aledañas, pues una modificación en cualquiera de los aspectos que gobiernan una parte de su estructura urbana, se refleja en todo lo demás de su complejo conjunto de valores y elementos”.
“Artículo 327.—Usos permitidos en las áreas de actividad múltiple. Los usos urbanos permitidos pueden funcionar en cualquier predio de estas áreas de actividad, sin perjuicio de las restricciones originadas en el manejo diferenciado de las normas urbanísticas y en las particulares exigencias de aptitud de las estructuras arquitectónicas y urbanas.
Lo anterior es sin perjuicio de las restricciones, limitaciones y aún prohibiciones al funcionamiento de ciertos usos, que se contengan en los decretos dictados dentro del contexto de los distintos tratamientos establecidos en el presente acuerdo”.
“Artículo 65.—Tercer nivel de zonificación. El Tercer Nivel de Zonificación comprende las siguientes formas de Zonificación, según la naturaleza de los elementos de la estructura urbana, los valores urbanísticos y las actividades que tutelan las normas respectivas:
A. Zonificación para la división de las áreas urbanas de actividad múltiple y áreas de actividad especializada, como criterio de distinción entre aquellos sectores en los cuales no se establece como exigencia urbanística la consolidación del área a partir de usos principales o predominantes, sino a partir de la mezcla de usos permitidos y los sectores en los que en mayor o menor grado deban predominar ciertos usos, calificables de principales, y que, como tales, coexisten con otros que han sido permitidos solo como complementarios o compatibles con respecto de los usos principales.
(…)”.
“Artículo 281.—Materias comprendidas en el tercer nivel de zonificación. Estarán referidas al tercer nivel de zonificación las materias de que tratan las normas del presente título y las que expresamente se señalen como atinentes a dicho nivel en otras disposiciones de este acuerdo.”
“Artículo 282.—Naturaleza de las normas del tercer nivel de zonificación. Las normas del tercer nivel de zonificación tutelan la política urbana de segregar, dentro de las áreas urbanas, algunos sectores que se denominan áreas de actividad múltiple en las que se pueden dar todos los usos permitidos sin que predomine ninguno, y otros sectores que se denominan áreas de actividad especializada, en las que predominan determinados usos urbanos principales de manera que en dichas áreas se consoliden tales usos, sin perjuicio de que, con ciertas restricciones, se puedan dar otros que sean complementarios o compatibles con respecto a los principales”.
“Artículo 285.—División de las áreas urbanas en áreas de actividad múltiple y áreas de actividad especializada. Para los efectos de la aplicación de las reglamentaciones urbanísticas de tercer nivel de zonificación, las áreas urbanas se dividen en áreas de actividad múltiple y áreas de actividad especializada y estas a su vez se dividen en zonas residenciales, zonas industriales y zonas cívicas o institucionales”.

6 Resolución 108 del 21 de enero de 2000 expedida por la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca, CAR.

7 Manual de Derecho probatorio, Jairo Parra Quijano, Décima Tercera Edición ampliada y actualizada, ediciones Librería del profesional, 2002, pág. 132.

8 Procedimiento Civil, Pruebas, Tomo III, Hernán Fabio López Blanco, Dupre, Editores, Bogotá, D.C., Colombia, 2001, pág. 45.

9 El profesor López Blanco no comparte la opinión del doctrinante Parra Quijano, cuando en su obra citada en la nota de pie de página número 13 de este fallo, indica que debe ser conocido por personas de “!mediana cultura”. “Por el contrario, el carácter notorio hace que incluso las de una mínima cultura puedan conocerlo”.

10 Valbuena Hernández Gabriel “La defraudación de la confianza legítima”, Bogotá Universidad Externado de Colombia, 2008.

11 Sentencia del 16 de febrero de 2012, Rad. 25000-23-15-000-2011-00213-01(PI), Actor: Mauricio Alberto Pérez Ruiz, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).