Sentencia 2005-01442/42973 de agosto 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2005-01442-01 (42973)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: M.V. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., diez de agosto de dos mil dieciséis.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia fechada el 20 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el 14 de julio de 2005, los señores E.O., F.U. y otros(1), a través de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial por los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados como consecuencia de la privación de la libertad que soportaron los mencionados actores dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

Los demandantes solicitaron que se condenara a la entidad demandada al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e inmateriales, en las sumas indicadas para cada uno de ellos(2).

2. Los hechos.

Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró que a raíz de las declaraciones de algunos desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —en adelante FARC—, se adelantó una investigación penal en contra de los señores E.O. y otros, señalados de milicianos, informantes y/o auxiliadores de las FARC.

Se narró que los actores fueron capturados el 15 de julio de 2003 por orden de la fiscalía delegada ante el Cuerpo Técnico de Investigación —en adelante CTI— de Cundinamarca, por considerarlos presuntamente responsables del delito de rebelión.

Se indicó en la demanda que el 27 de junio de 2003 la fiscalía delegada ante el CTI de Cundinamarca profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, contra los mencionados demandantes.

Se expuso que la Fiscalía Veinte de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá, en numerosas decisiones, revocó la medida de aseguramiento impuesta a los hoy actores.

Finalmente, se señaló que el 4 de diciembre de 2003 la Fiscalía General profirió resolución de preclusión de la investigación seguida contra los demandantes.

3. Trámite en primera instancia.

3.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 15 de septiembre de 2005(3), providencia que fue notificada en debida forma a la parte demandada(4) y al Ministerio Público(5).

3.2. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que su actuación se desarrolló en cumplimiento de sus deberes legales. En este sentido, sostuvo que no incurrió en falla en el servicio, en la medida que contaba con razones fundadas para vincular a los aquí demandantes al proceso penal e imponerles medida de aseguramiento en el marco de dicha actuación, razón por la cual no se configuraron las privaciones injustas de la libertad de las que se hizo mención en la demanda.

Propuso las excepciones que denominó i) “ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia del nexo causal”, bajo el argumento de que sus actuaciones estuvieron ajustadas al ordenamiento constitucional y legal e ii) “indebida acumulación de pretensiones”, comoquiera que, en su criterio, no era procedente integrar de manera colectiva a todos los demandantes bajo la misma pretensión, toda vez que los hechos generadores de un probable daño antijurídico tenían soporte en etapas procesales diferentes(6).

4. Concluido el período probatorio, mediante proveído del 14 de julio de 2011(7), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual la parte demandante(8) y la Fiscalía General de la Nación(9) se refirieron a lo expuesto en la demanda y en su contestación, respectivamente(10).

Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

5. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 20 de octubre de 2011, declaró no probadas las excepciones presentadas por la Fiscalía General y negó las pretensiones de la demanda.

El a quo realizó un análisis general en punto de la responsabilidad del Estado con ocasión de la actividad judicial, particularmente en lo que atañe al título de imputación de privación injusta de la libertad, para arribar a la conclusión de que los hoy demandantes no probaron que fueron cobijados con una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

En conclusión, el argumento central de la decisión estuvo orientado a que no se acreditó el daño antijurídico consistente en la privación de la libertad de los actores, comoquiera que no se allegó al proceso una certificación de la institución carcelaria que informara el tiempo en que los afectados habrían estado privados de su libertad(11).

6. El recurso de apelación.

Inconforme con la mencionada sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación e insistió en que debía declararse la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de la que fueron víctimas los demandantes.

Como sustento de su oposición, señaló que se probó que la Fiscalía General ordenó la captura de los hoy demandantes, mandato ejecutado por unidades de la Dijin; asimismo, indicó que a partir de la orden de captura no medió decisión de preclusión diferente a la fechada el 4 de diciembre de 2003(12).

7. El trámite en segunda instancia.

El recurso presentado en los términos expuestos fue admitido por auto calendado el 2 de marzo de 2012(13). Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo(14), oportunidad en la que solo intervino la parte demandante(15) y la entidad demandada, Fiscalía General de la Nación(16), para reiterar lo expuesto a lo largo del proceso(17).

II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1. Cuestión previa; 2. Prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 3. La competencia de la Sala; 4. El ejercicio oportuno de la acción; 5. Los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 6. Las pruebas aportadas al proceso; 7. El caso concreto; 8. El estudio de las pretensiones indemnizatorias; 9. Otra determinación y 10. La procedencia o no de la condena en costas.

1. Cuestión previa.

Previo a abordar el fondo del litigio, se debe determinar la calidad de parte, o no, de las señoras D.G. y A.Y.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de decisión calendada el 6 de abril de 2006, reconoció al señor J.T. como agente oficioso de las señoras D.G. y A.Y.(18).

El proceso se remitió por competencia al Juzgado Único Administrativo del Circuito de Facatativá, autoridad judicial que avocó conocimiento el 15 de agosto de 2006. No obstante lo anterior, mediante proveído fechado el 14 de mayo de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso por falta de competencia, incluida la providencia dictada en relación con la ratificación de quien compareció en calidad de agente oficioso de las señoras D.G. y A.Y.(19).

Advierte la Sala que el Tribunal Administrativo a quo no emitió pronunciamiento al respecto, omisión esta que de ninguna manera significa que las demandadas habrían quedado excluidas ipso facto de la litis. Por consiguiente, dadas las circunstancias del caso, corresponde a esta Sala resolver este punto.

Bajo la figura de la agencia oficiosa se puede promover demanda a nombre de quien se encuentre ausente o impedido para suscribir un poder, de conformidad con los requisitos establecidos por el Código de Procedimiento Civil:

“ART. 47.—El agente oficioso deberá prestar caución dentro de los diez días siguientes a la notificación a él del auto que admita la demanda, para responder de que el demandante la ratificará dentro de los dos meses siguientes. Si este no la ratifica, se declarará terminado el proceso y se condenará al agente a pagar las costas y los perjuicios causados al demandado” (se destaca).

De tal manera, dado que la señora D.G. allegó el respectivo poder dentro de la oportunidad procesal establecida, debe tenerse como parte en este proceso; sin embargo, no puede predicarse lo mismo en relación con la señora A.Y., toda vez que su ratificación se presentó por fuera del término previsto para ello, 2 meses.

2. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en la privación injusta de la libertad de los demandantes en mención, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

3. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por los actores en contra de la sentencia proferida el 20 de octubre de 2011, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(20).

4. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa u de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(21).

En el caso bajo estudio no obra prueba de la ejecutoria de la resolución de preclusión proferida por la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá, sin embargo, tal situación no es óbice para estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda de reparación directa.

En efecto, la mencionada decisión fue proferida el 4 de diciembre de 2003(22), de tal suerte que, sin perjuicio del término de ejecutoria de la providencia, la demanda podía ser presentada hasta el 5 de diciembre de 2005, y como ello ocurrió el 14 de julio de 2005(23), resulta evidente que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico de caducidad de la acción.

5. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se podrá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva—.

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio de in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos de acreditación.

6.1. Documentales.

6.1.1. Relacionadas con la legitimación de los demandantes.

— Registro civil de matrimonio de los señores J.B. y D.G.(24).

— Registro civil de matrimonio de los señores G.G. y M.R.(25).

6.1.2. Relacionadas con el proceso penal adelantado en contra de los hoy demandantes.

— Oficio 148 fechado el 15 de junio de 2003, mediante el cual el fiscal delegado ante la dirección seccional del CTI de Cundinamarca solicitó la captura de los demandantes G.G. y otros(26).

— Listado expedido el 15 de junio de 2003 por el fiscal delegado ante el CTI de Cundinamarca, a través de la cual informó que “fueron objeto de aprehensión dentro de la comprensión territorial del municipio de Quipile por considerarlos en situación de flagrancia y captura” los siguientes demandantes: M.P. y otros(27).

— Actas de captura calendadas el 15 de junio de 2003 de los señores V.A.(28), B.M.(29), M.V.(30), A.V.(31), A.B.(32), M.P.(33), E.O.(34), A.R.(35), C.C.(36), F.H.(37), F.U.(38), E.G.(39), J.Z.(40), N.A.(41), E.E.(42) y J.C.(43).

— Providencia del 27 de junio de 2003, en virtud de la cual la fiscalía delegada ante el CTI de Cundinamarca profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, dentro de la investigación adelantada en contra de los actores, así(44):

“1. Proferir resolución de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, dentro de estas sumarias, en contra de (…) M.P., (…), E.G., (…), J.Z, (…), E.O., A.R., (…), y otros (…), de condiciones civiles y personales conocidas en autos por el delito de rebelión indicada en la calificación jurídica provisional y, por los motivos expuestos en el contexto de esta decisión judicial.

2. Los sindicados, no son acreedores al beneficio de la libertad provisional, por no acreditarse los requisitos del artículo 365 del CPP.

3. Disponer que los mencionados sean trasladados a la Penitenciaria Central de Colombia - Picota, de esta capital, y a la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor para que sea allí donde permanezcan detenidos, líbrense las correspondientes boletas de detención.

(…)” (se destaca).

— Boletas de detención fechadas el 27 de junio de 2003, dirigidas al director de la cárcel La Picota, relacionadas así: i) 24 del señor F.U.(45); ii) 1 del señor F.H.(46); iii) 27 del señor B.M.(47); iv) 40 del señor M.V.(48); v) 37 del señor E.E.(49); vi) 9 del señor E.G.(50); vii) 34 del señor J.C.(51); viii) 35 del señor J.C.(52); ix) 11 del señor J.Z.(53); x) 29 del señor J.V.(54); xi) 36 del señor G.G.(55); xii) 28 del señor A.V.(56); xiii) 50 de la señora A.B.(57); xiv) 33 del señor C.C.(58); xv) 49 de la señora N.A.(59); xvi) 26 del señor V.A.(60) y xvii) 46 de la señora M.P.(61).

— Resolución calendada el 12 de agosto de 2003, a través de la cual la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuestacontra los señores J.Z, G.G., J.C y E.O., ordenando su libertad inmediata(62).

— Decisión fechada el 19 de agosto de 2003, mediante la cual la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor B.M.(63).

— Providencia del 8 de septiembre de 2003, a través de la cual la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta a los actores A.B., N.A., C.C. y F.U. y, como consecuencia, ordenó la libertad inmediata de ellos(64).

— Proveído del 10 de septiembre de 2003, en virtud del cual la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta a los procesados J.B y A.V., ordenando su libertad inmediata(65).

— Decisión calendada el 15 de septiembre de 2003, mediante la cual la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta a los procesados M.V. y J.V. y, como consecuencia, ordenó su libertad inmediata(66).

— Proveído del 19 de septiembre de 2003, en virtud del cual la Fiscalía Veintitrés ante el Tribunal Superior de Bogotárevocó la medida de aseguramiento impuesta al señor V.A. ordenando su libertad inmediata(67).

— Providencia del 6 de octubre de 2003, a través de la cual la Fiscalía Trece de la Unidad Especializada de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta al señor F.H y, como consecuencia, le otorgó la libertad inmediata(68).

— Resolución fechada el 4 de diciembre de 2003, en virtud de la cual la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá calificó el mérito del sumario, revocando la medida de aseguramiento impuesta a los señores M.P., E.G. y E.E. y precluyendo la investigación respecto de los procesados(69):

“RESUELVE:

1. REVOCAR la medida de aseguramiento impuesta a (…), M.P, E.G., (…), E.E., (…), de conformidad con lo expuesto en la pare motiva de esta providencia.

2. Precluir la investigación a (…) M.P., (…), E.G., (…), J.Z, (…), E.O., A.R., (…), N.A., (…), F.U., M.M., V.A., B.M., A.V., J.V., (…), F.H., (…), C.C., (…), J.C., J.C, G.G., E.E., A.B., (…), M.V., (…), de conformidad con lo expuesto en este pronunciamiento”.

6.2. Testimoniales.

Se recibieron los siguientes testimonios:

i) Del señor J.B., quien declaró que el actor C.C., para la época de los hechos, se desempeñaba como constructor y que su familia, especialmente su compañera permanente A.Y., resultó afectada con ocasión de la privación de su libertad(70).

ii) Del señor J.G, quien expresó que la privación de la libertad del demandante E.G. afectó a su núcleo familiar(71).

iii) Del señor I.C., quien manifestó que el actor J.Z. fue vinculado injustamente a la investigación penal y que la señora M.C. convivía en unión libre con el señor J.Z. desde hacía 20 años(72).

7. El caso concreto.

7.1. En cuanto al señor E.M.

La Sala observa que el material probatorio no permite establecer que este demandante fue privado de la libertad, por la elemental razón de que no obra en el expediente la imposición de una medida de aseguramiento en su contra ni tampoco, como en los demás casos, una decisión de preclusión. En otras palabras, la ausencia de pruebas relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del señor E.M. imposibilitan acreditar la existencia del daño antijurídico por él alegado.

En tal orden de ideas, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece que las partes tienen la obligación, y la necesidad, de la carga de la prueba; asimismo, esta Sección ha sido enfática respecto de los efectos que su inobservancia acarrea, así(73):

“La noción de carga ha sido definida como “una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto”. La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta la aludida carga, a aquél en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree.

En ese orden de ideas, el concepto de carga de la prueba se convierte en (i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadernamiento la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo”.

En esa misma línea, en un caso similar al que ahora se analiza, esta Subsección sostuvo(74):

“No ofrece discusión alguna que la persona interesada en reclamar del Estado la reparación de los daños antijurídicos cuya causación imputa a la acción o a la omisión de una autoridad pública y que, con tal propósito, ejerce la acción de reparación directa, tiene la carga de acreditar en el proceso la concurrencia de los elementos inherentes al régimen de responsabilidad en el cual ampara sus pretensiones, esto es, si se trata de un régimen objetivo de responsabilidad, deberá demostrar, además del daño, el hecho dañoso de que se trate, así como el nexo de causalidad entre aquel y este; por su parte, si es de un régimen de falla del servicio, además de los pre mencionados elementos, tiene el actor, en principio, la carga de demostrar que el servicio o la función a la cual se refiere, no funcionó, funcionó mal o lo hizo tardíamente(75).

Así pues, el primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad es la existencia del daño, el cual, además debe ser antijurídico, comoquiera que este constituye un elemento necesario de la responsabilidad, de allí la máxima “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado.

En consecuencia, como no se acreditó la ocurrencia del daño invocado en la causa petendi de la demanda, consistente en la privación injusta de la libertad a la que se dijo fue sometido el señor C.S., es claro que la ausencia de este primer elemento de la responsabilidad hace innecesario profundizar en el estudio de la imputación, por lo que el argumento planteado en el recurso de apelación no está llamado a prosperar”.

Por tal razón, resulta jurídicamente improcedente abordar el análisis de la imputación con el fin de determinar si se presentó una privación injusta de la libertad, en tanto que, ante la ausencia total de prueba, no se acreditó lo invocado en la causa petendi de la demanda respecto del señor E.M.

7.2. En cuanto a los señores E.O., F.U., B.M., M.V., E.E., E.G., A.R., J.B., J.C., J.Z., J.V., G.G., A.V., A.B., C.C., N.A., V.A., M.P.

Teniendo en cuenta el material probatorio obrante en la actuación, para la Sala se encuentra establecido que la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación penal contra los mencionados demandantes, por la supuesta comisión del delito de rebelión. De igual manera, se encuentra probado que la mencionada autoridad judicial impuso contra ellos medida de aseguramiento consistente en detención preventiva(76).

De la actuación judicial adelantada por la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá, la Sala encuentra acreditado que, mediante decisión fechada el 4 de diciembre de 2003, se precluyó la investigación seguida contra los mencionados actores(77). Las consideraciones que empleó la Fiscalía para precluir la investigación estuvieron asociadas con la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, comoquiera que se determinó que los demandantes no cometieron el delito de rebelión o que la conducta por ellos desplegada era atípica.

Con fundamento en la línea jurisprudencial que impera sobre la materia, se expondrán los fundamentos por los cuales se precluyó la investigación respecto de cada uno de los demandantes; por lo cual la Sala, a efectos prácticos y para una mayor comprensión, procederá a consignarlos en un cuadro, así:

NombreConsideraciones por la cuales se precluyó la investigaciónEvento determinante de la privación injusta
E.O.“Se afirma de este procesado, por parte del testigo del cargo, que suministra gasolina a la guerrilla, colabora con dinero y presta vehículos de propiedad de su padre para que se movilicen (…).
Así las cosas (…) está demostrado que E.O., es conductor del alcalde con el que permanece los siete días de la semana, a quien nunca ha visto atendiendo la gasolinera y de quien ni siquiera se ha establecido que sea propietario de una ferretería en ese municipio y, en el evento de serlo, tampoco se ha establecido, como lo señala el testigo, la forma de la venta y las circunstancias que rodearon el envío del citado ladrillo para la construcción de la residencia del campesino y si este era conocedor de esta circunstancia, si la venta existió, en qué forma, a qué persona y cómo se realizó. Luego no se ha demostrado ni siquiera la titularidad de la ferretería menos podíamos concluir que la venta se dio”(78).
El sindicado no lo cometió.
F.U.“[Y.E. se refiere a F.U.] como un miliciano bolivariano que tiene un renault 18 color rojo oscuro. En el mismo sentido lo hace S.C. al señalarlo como colaborador activo del frente 42 y 22 de las FARC y se le señala en el informe como colaborador de la subversión.
(…).
Así las cosas tanto Y.E. como S.C. nunca indicaron de manera especial, concreta, los motivos por los cuales se refieren a esta persona como miliciano y cuál era la labor cumplida, desde hace cuánto tiempo que se relacionaba con el grupo insurrecto de ser cierto, actividad que no ha sido posible establecer y cuál era la eficacia de la colaboración, si existió, toda vez que ha sido el procesado quien ha demostrado las labores realizadas en el municipio, ajenas todas ellas a la actividad subversiva como lo expuso D.V. y F.F., quienes contaron a la Fiscalía que lo conocían desde hace cinco años aproximadamente, dedicado a la actividad del ganado y de las bestias”(79) (se destaca).
El sindicado no lo cometió.
B.M.“A él se ha referido en su testimonio un desmovilizado del frente 24 de las Farc identificado como R.C., identificando en el informe del 20 de junio presentado por la Dijin que la persona a quien se refiere el testigo como B.M.responde al nombre de B.M. procesado en esta investigación. Sin embargo, al ampliar el testimonio de R.C. y llevar a cabo la diligencia de señalamiento, la que es considerada una prolongación de su declaración, no reconoció ni señaló al hoy procesado, amén de que las características físicas dadas por el testigo sobre esa persona no son muy semejantes a las dejadas en la diligencia de indagatoria, coincide en la cara alargada y cabello negro, mas no en la edad, ni en el color de la piel, habiéndolo señalado como blanco y en su injurada lo señaló como trigueño, no existiendo parecido entre el retrato hablado elaborado de esta persona anexo al proceso y el sindicado.
Existe incertidumbre en la identidad y el nombre así como en los rasgos físicos dados por el testigo del cargo que no corresponden al sindicado identificado como B.M., por lo que (…) ha de precluirse la investigación por existir dudas si se trata o no de la misma persona”(80) (se destaca).
El sindicado no lo cometió.
M.V.“El despacho se refirió “rindió diligencia de indagatoria en la que manifestó llevar viviendo 29 años en la Botica, sitio en el cual desde hace 12 años opera el frente 42 y 22 de las Farc, viéndose obligado a asistir a las reuniones que estas personas realizan amenazándolo con matarlo si cuenta o los delatan, obligándolos a contribuir económicamente so pena de convertirlos en objetivo militar”.
Al proceso se incorporaron los testimonios de (…) quienes han corroborado el secuestro del que fue víctima el hoy procesado por los grupos insurgentes, quienes lo señalaron de “sapo” por haber llamado a las fuerzas del Estado, indicando además la celebración de asambleas de trabajos y la ausencia total de la Fuerza Pública desde 1995, confirmando la privación de la libertad del procesado por la organización insurgente”(81).
La conducta es atípica.
E.E. y J.V.“De E.E. la resolución del 25 de febrero lo señala como el propietario de la finca La Samaria, además a él se refiere Y.E. y S.C. como la persona que en la finca negocia ganado perteneciente a la guerrilla.
Aparece el informe 869 del 5 de junio en el que se dice que en la vereda La Hamaca se ubica la finca La Samaria, de la que también se afirma es propietario E.V.(sic)
(…).
Al momento de aplicar su declaración fue el mismo declarante el que manifestó que si las personas se negaban a lo solicitado por la subversión eran desplazados de la zona y que el citado campamento funcionaba en la zona boscosa del predio La Samaria.
(…).
Así las cosas, (…) habiéndose establecido que no tienen vínculo alguno de forma voluntaria con la organización insurgente y sí, por el contrario, está demostrado que su colaboración es obligada, ajena y de no acceder es desterrado del sitio en el que vive hace 30 años con su familia, o su vehículo quemado o desplazado, como lo han expuesto los testigos del cargo.
(…).
Así las cosas, se procederá a precluir la investigación a J.V. y E.E. al encontrarse desvirtuados los cargos que originaron su vinculación (…)(82)”.
Las conductas son atípicas.
E.G.“Al proceso se incorporó (sic) declaraciones de buena conducta (…) y certificación de 30 personas que dan fe de su honestidad y de ser cumplidor de su deber.
Así las cosas, accederá a la petición como ha quedado planteado, toda vez que se ha demostrado la buena conducta y que la versión del testimoniante E. ha perdido credibilidad, no solo en su contenido, sino en sus afirmaciones como quedó analizado, por ello acorde con lo dispuesto en el artículo 399 del CPP se precluirá la investigación y se revocará la medida impuesta ordenando su libertad”(83).
El sindicado no lo cometió.
A.R.“A él se refirió el despacho: “se sabe que la presente investigación, se originó con las informaciones vertidas al proceso las que daban cuenta de su operancia del grupo insurrecto FARC en el municipio de Quilipe, entre otros, y que, de acuerdo con lo expuesto por los testigos, algunos pobladores auxiliaban sus actividades”, contra quien ha formulado cargos de participación S.C., versión que se encuentra desvirtuada como quedó analizado, toda vez que la deponente no estuvo en el municipio de Quipile en su tiempo de permanencia y la vinculación con el Frente 42 de las FARC no se lo permitió, por lo que sus manifestaciones no pueden ser objeto de credibilidad, habiéndose establecido que no es portador de celular ni medios de comunicación portátil.
Así las cosas, como fue este el testimonio que originó la vinculación del procesado, ha de procederse a precluir la investigación (…)”(84).
El sindicado no lo cometió.
J.C. y A.B.“Así las cosas, de conformidad con lo expuesto se precluirá la investigación de J.C. y A.V.como ha quedado analizado en los párrafos anteriores, amén de que no se indicó qué funciones, qué actividades desarrollaban distintas a la de permanecer en la finca como administradores, no se encontró arma alguna, ni persona distinta a la familia y menos aún se indicó qué otra labor cumplía y no se halló elemento, como lo decía el informe, sin que el mismo hubiera podido ser corroborado, lo que solo se quedó en un “principio orientador” de la investigación que no fue constatado”(85). Los sindicados no lo cometieron.
J.C.“De él se afirma en el informe del 5 de junio que hace parte de las milicias comandadas por quien es conocido como El Piojo, informe que como lo solicitó el investigador debería ser “comprobado” con el testigo del cargo, Y.E., quien no se refirió a esta persona en sus cinco intervenciones, las que se aprecian en el cuaderno número uno, ni en los cinco videos contentivos de su ampliación de declaración”(86). El sindicado no lo cometió.
J.Z.“Finalmente, la actividad de la que se señala al procesado de quien se afirma es agricultor, actividad que ejerce con sus hermanos, su sitio de residencia y el señalamiento de las personas de su familia, (…), podríamos concluir que sí se trata de la misma persona, pero al no haberse establecido plenamente su identificación se procederá a precluir la investigación por no darse los presupuestos para tomar otra determinación”(87).El sindicado no lo cometió.
G.G.“Revisado el proceso, se observa que el hoy procesado efectivamente aparece mencionado en el informe del 5 de junio presentado por la autoridad judicial en la que se señala no como un simple músico, sino como integrante del grupo de milicias bolivarianas de las FARC, escrito en el cual ha solicitado en su conclusión el investigador que se corrobore el contenido del informe con el señor Y.E., desmovilizado del movimiento insurgente, quien ha declarado en 5 oportunidades dentro de la investigación, sin señalamientos por parte de este declarante y de los demás exponentes arriba señalados contra el hoy sindicado, como integrante de la organización a la que pertenecieron (…), por lo que al no reunirse los presupuestos del artículo 399 del CPP ha de prelucirse la investigación“(88).El sindicado no lo cometió.
A.B.“El despacho se refirió “rindió diligencia de indagatoria en la que manifestó que se dedica al hogar, no es cierto que administra la finca La Samaria, es cierto que va con su esposo, pero los propietarios son los que administran la finca (…)”.
(…).
Así las cosas, no habiéndose establecido que la hoy procesada tiene funciones de mando o que ejerce actividades de dirigencia en el predio referenciado, igualmente que el mismo pertenece a una empresa comunitaria, menos aún la colaboración que presta, se han desvirtuado los elementos de juicio que dieron lugar a imponer la medida que fue revocada, hoy ha de precluirse la investigación en su favor”(89).
La sindicada no lo cometió.
C.C.“El despacho se refirió: “rindió diligencia de indagatoria, quien manifestó que trabajaba en el campo”, versión que no se encuentra desvirtuada. Le asistió razón a la defensa en el sentido de señalar que no se reunían los presupuestos del artículo 356 del CPP para imponer medida de aseguramiento en contra del procesado como se encuentra establecido. Por lo que no cumpliéndose los requisitos exigidos por la ley en su momento la medida le fue revocada y hoy ha de precluirse la investigación en su favor por no haber variado las circunstancias que originaron la decisión de revocar la medida impuesta”(90). El sindicado no lo cometió.
N.A.“Aparece el informe 869 en el que se dice que es informante de la subversión y en sus desplazamientos a Bogotá consigue medicamentos, situación a la que alude el declarante Y.E., quien dijo que conocía de su calidad de informante de movimientos de las Fuerza Pública de las FARC, que labora en oficios varios, lleva medicamentos al frente, agregando que la vio en La Virgen entrevistándose con el comandante alias Indicio.
(…).
Así las cosas se ha establecido que a la hoy procesada nunca se le han regalado medicamentos y siempre ha laborado en casas de familia, quien además no cuenta con recursos económicos para la adquisición de medicamentos o compra de los mismos (…).
Igualmente la función que afirma el declarante cumple la procesada no se estableció, toda vez que tampoco informó las circunstancias que rodearon tal hecho, de haberse realizado, y en qué épocas, sitios, llevaba información, cuando se ha estableció (sic) que permanece realizando trabajos en casas de familias debido a la falta de recursos económicos y que su grado de cultura no le permite realizar labores distintas”(91).
La sindicada no lo cometió.
V.A.“Si bien es cierto concurre un informe de inteligencia que señala a dicho implicado, este no ha sido en ningún momento mencionado por los testigos de cargo; luego entonces mal podría predicarse igualdad de situación frente a la ley, con relación a los restantes sindicados, por lo que atendiendo a los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho nuestra honorable Corte Constitucional, respecto de los informes de policía judicial, se observa que no se reúnen en desfavor del precitado sindicado, los requisitos de ley para proferir medida”(92). El sindicado no lo cometió.
M.P.“Luego conforme ha quedado expuesto se han desvirtuado las pruebas que dieron origen a la vinculación de la procesada, quien sí es conocida como promotora de salud en la región, así lo exponen los antes citados y desmovilizados del movimiento insurgente, habiéndose establecido que el contenido de los informes de inteligencia se encuentran desvirtuados no solo por apolinares (sic) del orden como J.P., sino por quienes trataron de confirmar la versión de Y.E. como los comandantes de la policía de Quilipe, quienes informaron que no fue corroborada y que por el contrario su versión se mostraba incoordinada (sic) y que señalaba a todas las personas que pasaban por el puesto de policía como guerrilleros”(93).La sindicada no lo cometió.

7.3. En cuanto al señor F.H.

Ahora bien, la Sala encuentra necesario señalar que la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá incurrió en incongruencias entre la parte considerativa y resolutiva de la providencia, toda vez que aunque en la parte resolutiva precluyó la investigación a favor del actor F.H., lo cierto es que en las consideraciones no fueron mencionadas las razones para adoptar tal decisión, como se hizo en los demás casos.

No obstante lo anterior, la Subsección advierte que, en la mayoría de los casos, los argumentos dados en la decisión de preclusión fueron idénticos a los expuestos en las providencias mediante las cuales se revocaron las medidas de aseguramiento. Así las cosas, se exponen las razones que tuvo en cuenta la Fiscalía General para revocar la medida de aseguramiento interpuesta en contra del señor F.H.:

“Adquiere especial importancia la exposición que hacen estos testigos sobre la actividad que F.H. realiza con la volqueta de su propiedad, aseverando que la ha destinado para actividades lícitas, básicamente comprometidas con la Alcaldía de la localidad de Quilipe, exposiciones estas que desvirtúan la sindicación que se formula sobre su colaboración con el grupo insurgente que ejerce marcada influencia en esa área del país.

En esas circunstancias y por reunirse los requisitos para ello se procederá a REPONER la providencia fechada el 25 de agosto del presente año, en el sentido de REVOCARSE la medida de aseguramiento que afecta a F.H. (…)”(94).

Los apartes transcritos permiten concluir que la privación de la libertad del señor F.H.devino en injusta. Así las cosas, dado que la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta en su contra se presentó porque la entidad demandada no encontró en el expediente prueba alguna acerca de la responsabilidad penal del demandante, la Sala estima que esos mismos argumentos deben predicarse respecto de la decisión de preclusión a favor de ese actor.

7.4. Conclusión.

Comoquiera que la Fiscalía precluyó la investigación seguida contra diecinueve de los demandantes, surgió el deber de repararlos por la restricción de su libertad, puesto que a partir de tal situación vieron limitados sus derechos fundamentales, en el marco de una actuación penal que concluyó con la preclusión, situación que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, da lugar a la reparación de los perjuicios irrogados.

La Sala concluye que los demandantes enunciados que estuvieron detenidos por cuenta de la decisión adoptada por la Fiscalía General no estaban en la obligación de soportar la restricción de su libertad, de ahí que deba calificarse como antijurídico el daño irrogado al extremo activo, de tal suerte que corresponde a la entidad demandada, Fiscalía General de la Nación, el resarcimiento de los perjuicios, contrario a lo decidido en la primera instancia.

Partiendo de lo anterior, se entiende que el tribunal de primera instancia se abstuvo de declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, al considerar que no obraba prueba que permitiera establecer la privación de la libertad de los actores, planteamiento que no resulta acertado, dado que los demandantes sí vieron restringida su libertad en la forma y por el término que se precisará en el acápite de indemnización de perjuicios.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada en relación con los señores E.O., F.U., F.H., B.M., M.V., E.E., E.G., A.R., J.B., J.C., J.Z., J.V., G.G., A.V., A.B., C.C., N.A., V.A., M.P., en el sentido de declarar patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que todos ellos fueron víctimas. De otra parte, se negarán las pretensiones respecto del demandante E.M.

8. Indemnización de perjuicios.

La Sala precisará los parámetros a tener en cuenta para liquidar los perjuicios de los hoy actores.

Previo a establecer los montos económicos derivados de la privación injusta de la libertad a la que se ha aludido en la presente providencia, la Sala aclara que el único demandante frente al cual no se efectuará reconocimiento alguno a favor es el señor E.M., por cuanto, según se explicó en precedencia, no se produjo un daño antijurídico que deba ser indemnizado.

Para los perjuicios materiales

i) En la mayoría de las liquidaciones que se procederá a realizar, dado que no obra en el expediente prueba que permita establecer los ingresos devengados para la época de los hechos por los hoy actores, la Sala aplicará la presunción, según la cual toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente ($689.455), en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos; adicionalmente, al mismo se le agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $861.818.

ii) Se aplicará la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado, la cual es:

formula 1 A
 

Donde:

S = es la indemnización a obtener.

Ra = ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado.

i = Interés puro o técnico: 0,004867.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización.

iii) La Sala no reconocerá el lapso de tiempo que una persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral, tal y como se ha reconocido en algunos casos de privación injusta de la libertad, comoquiera que no se probó que los actores se vieron obligados a buscar un nuevo trabajo por cuenta de la investigación penal que se adelantó en su contra.

Para los perjuicios morales

En la demanda se solicitó indemnización de perjuicios morales derivados de la privación de la libertad que soportó cada uno de los demandantes.

En efecto, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportaron los demandantes les causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, comoquiera que es razonable asumir que un ciudadano al que se le afecta su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensivo a sus seres queridos.

En los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, expediente 36.149 que a su tenor estableció:

“Sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smlmv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”(95) (negrillas y subrayas de la Sala).

Ahora bien, la demanda pretende reconocimientos económicos por concepto de perjuicio moral para los demandantes en orden a la duración de su privación desde cien (100) hasta seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al respecto, es necesario precisar que esta corporación ha establecido como tope indemnizatorio, para casos como el que nos ocupa, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el dolor alcanza su mayor grado de intensidad, sin perjuicio de que en casos en que se acrediten circunstancias excepcionales, dicho valor pueda ser incrementado, atendiendo a las características especiales del perjuicio.

Lo anterior, para significar que no se proferirá condena en la forma pretendida por la parte actora, sino bajo el derrotero fijado por la Sección Tercera de esta corporación, en atención al tiempo en que se prolongó la privación de la libertad de los demandantes(96).

Con las aclaraciones que anteceden, procede la Sala a pronunciarse frente a la liquidación de perjuicios.

8.1. A.R.

El actor estuvo privado de su libertad desde el 15 de junio(97) hasta el 27 de junio del 2003, de conformidad con la providencia emitida por la fiscalía delegada ante el CTI de Cundinamarca(98), mediante la cual si bien se profirió medida de aseguramiento en su contra, suspendió su cumplimiento por ser mayor de 65 años de edad(99).

Al respecto, si bien el ente acusador suspendió el cumplimiento de la medida de aseguramiento contra el hoy demandante, lo cierto es que sí limitó su libertad en el período enunciado, de ahí que como la decisión final en el proceso fue de preclusión de la investigación surge la responsabilidad objetiva del ente acusador en los términos ya decantados por vía jurisprudencial.

8.1.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

De la demanda se extrae que su solicitud económica por este concepto fue de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, en virtud de su profesión de comerciante para la época de los hechos.

En este punto resulta necesario precisar que aunque este actor, para el momento de su privación injusta de la libertad, tenía 65 años de edad, ello no puede o debe entenderse en el sentido de que no estaba en edad productiva.

Se tiene que, de conformidad con lo normado en la Ley 1276 de 2009(100), una persona que cuenta con 60 años de edad o más adquiere la calidad de adulto mayor y, en ese sentido, la Corte Constitucional(101) ha señalado en reiterada jurisprudencia que aquellas personas son consideradas como sujetos de especial protección y, por ende, frente a ellos debe promoverse su integración a la vida activa(102).

Al respecto, esta Subsección en un pronunciamiento reciente manifestó(103):

“De ese modo, si para este caso la víctima directa del daño, por su edad, es una persona que amerita especial protección, la Sala estima que antes de ser excluida debe ser admitida a una vida activa, pues qué mejor manera de aplicar y garantizar esa especial protección, a través de considerarla como una persona laboralmente idónea y productiva, máxime cuando en el proceso no se acreditó que hubiere tenido una discapacidad o afección física que le impidiera o la limitara para ejercer una determinada actividad económica, ni que estuviere percibiendo un ingreso por concepto de pensión de invalidez o de vejez”.

Por lo expuesto, frente al señor A.R. se aplicará la presunción según la cual toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, al menos, un salario mínimo, razón por la cual se le reconocerá la indemnización solicitada por lucro cesante. En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización(104):

FORMULA A2
 

Indemnización a favor del señor A.R. = $370.069.

8.1.2. Perjuicios morales.

Teniendo en cuenta que el demandante A.R. estuvo privado injustamente de su libertad por el término de 13 días(105), se reconocerá la suma de 15 smlmv.

8.2. G.G.

Estuvo privado de su libertad desde el 15 de junio de 2003(106) hasta el 12 de agosto de 2003(107), fecha en la cual la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento interpuesta en su contra(108).

8.2.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Solicitó por este concepto el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su profesión de músico para la época de los hechos. Se realizará la siguiente liquidación(109):

SA 1
 

S = $ 1.641.039

No obstante lo anterior, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor G.G. a la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$1.378.908(110)—, valor que se le reconocerá al demandante, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

Así las cosas, la Sala reconocerá a favor del señor G.G. la suma de un millón trescientos setenta y ocho mil novecientos ocho mil pesos (1.378.908), por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante.

8.2.1. Perjuicios morales.

Dado que el señor G.G. estuvo privado injustamente de su libertad por 1 mes y 27 días(111) y que se encuentra probado que la demandante M.R. es su cónyuge, se les reconocerá, por concepto de perjuicios morales, el monto de 35 smlmv a cada uno de ellos.

8.3. J.Z.

El período a reconocer será el comprendido entre el 15 de junio de 2003(112) y el 12 de agosto de 2003, en virtud de la decisión emanada por la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá, por cuya virtud recobró su libertad(113).

8.3.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Pidió por este concepto el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su profesión de obrero para la época de los hechos. Así las cosas, procede la siguiente indemnización(114):

SA 1
 

S = $ 1.641.039

Sin embargo, dado que en la demanda se limitó el monto de la indemnización a la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$1.378.908—, se le reconocerá este monto al demandante.

8.3.2. Perjuicios morales.

En relación con la señora M.C., compañera permanente de la víctima directa del daño, se decretó y se practicó el testimonio del señor I.C., quien indicó que convivía en unión libre con el señor J.Z. desde hace más de 20 años.

Comoquiera que el actor estuvo privado injustamente de su libertad por 1 mes y 27 días(115), se les reconocerá al señor J.Z. y a la señora M.C., por concepto de perjuicios morales, el monto de 35 smlmv para cada uno.

8.4. J.C.

Estuvo privado de su libertad desde el 15 de junio de 2003(116) hasta el 12 de agosto de 2003, en virtud de la decisión emanada por la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá(117).

8.4.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Reclamó por este concepto el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su profesión de comerciante para la época de los hechos. En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización(118):

SA 1
 

S = $ 1.641.039

Pero la demanda restringió el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor J.C. a la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$1.378.908—, cifra que se le reconocerá al actor.

8.4.2. Perjuicios morales.

En relación con la señora A.F., la Subsección advierte que no acreditó que era la compañera permanente del señor J.C., motivo por el cual no se le reconocerá dicho perjuicio, ni obran pruebas en el proceso que permitan determinar que la referida actora podría ser considerada como una tercera damnificada respecto de la víctima.

Como consecuencia, dado que el demandante J.C. estuvo privado injustamente de su libertad por 1 mes y 27 días(119), se le reconocerá, por concepto de perjuicios morales, el monto de 35 smlmv

8.5. E.O.

Estuvo privado de su libertad desde el 15 de junio de 2003(120) hasta el 12 de agosto de 2003, en virtud de la decisión emanada por la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá, por cuya virtud recobró su libertad(121).

8.5.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

No se solicitó monto alguno por este concepto a favor de este actor en la demanda, por lo cual la Sala no efectuará pronunciamiento, máxime cuando se encuentra acreditado en el expediente al señor E.O. le fue suspendido su contrato de trabajo el tiempo que duró la privación de su libertad(122).

8.5.2. Perjuicios morales.

Teniendo en cuenta que el señor E.O. estuvo privado injustamente de su libertad por 1 mes y 27 días(123), se le reconocerá el monto de 35 smlmv.

8.6. B.M.

El período a reconocer será el comprendido entre el 15 de junio de 2003(124) y el 19 de agosto de 2003, según se advierte en la providencia de la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá, mediante la cual se revocó la medida de aseguramiento impuesta en su contra(125).

8.6.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Solicitó por este concepto el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su profesión de conductor para la época de los hechos. Así las cosas, procede la siguiente indemnización(126):

SA 2
 

S = $ 1.840.721

Igualmente, se limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor B.M. a la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$1.378.908—, cifra que se le reconocerá al hoy actor.

8.6.2. Perjuicios morales.

Comoquiera que el demandante estuvo privado injustamente de su libertad por 2 meses y 4 días(127), se le reconocerá, por concepto de perjuicios morales, el monto de 35 smlmv.

8.7. A.B.

Estuvo privada de su libertad desde el 15 de junio de 2003(128) hasta el 8 de septiembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el proveído proferido por la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá(129).

8.7.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Se solicitó por este concepto el equivalente a tres (3) salarios mínimos, dado que, de conformidad con lo expuesto, la señora A.B. se desempeñaba como ama de casa.

Al respecto, esta corporación(130) ha reconocido el valor de la actividad de las amas de casa que, sin devengar un salario, proporcionan al hogar un apoyo, lo cual, necesariamente, connota un perjuicio material ante su ausencia. Por lo anterior, esta Subsección le reconocerá la indemnización solicitada por lucro cesante con base en el salario mínimo. En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización(131):

SA 3
 

S = $ 2.388.817

No obstante lo anterior, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia, se reconocerá a la señora A.B. la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$2.068.365—.

8.7.2. Perjuicios morales.

Dado que la señora A.B. estuvo privada injustamente de su libertad por 2 meses y 23 días(132), se le reconocerá, por concepto de perjuicios morales, 35 smlmv.

8.8. C.C.

Estuvo privado de su libertad desde el 15 de junio de 2003(133) hasta el 8 de septiembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el proveído dictado por la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá(134).

8.8.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Solicitó por este concepto el equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su profesión de comerciante para la época de los hechos. Así las cosas, procede la siguiente indemnización(135):

SA 3
 

S = $ 2.388.817

Sin embargo, la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor C.C. a la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$2.068.365— valor que se le otorgará.

8.8.2. Perjuicios morales.

El señor C.C. estuvo privado injustamente de su libertad por 2 meses y 23 días(136), razón por la cual se le reconocerá el equivalente a 35 smlmv.

8.9. F.U.

Estuvo privado de su libertad desde el 15 de junio de 2003(137) hasta el 8 de septiembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en la decisión proferida por la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá(138).

8.9.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Solicitó por este concepto el equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su profesión de conductor para la época de los hechos. Así las cosas, procede la siguiente indemnización(139):

SA 3
 

S = $ 2.388.817

En la demanda se restringió el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor F.U. a la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$2.068.365—, monto que se le reconocerá al demandante.

8.9.2. Perjuicios morales.

En relación con la señora B.S., la Subsección advierte que no se acreditó que era la compañera permanente del señor F.U., motivo por el cual no se le reconocerá dicho perjuicio, así como tampoco obran en el expediente pruebas que permitan establecer que la referida actora podría ser considerada, al menos, como una tercera damnificada.

Como consecuencia, teniendo en cuenta que el ahora demandante estuvo privado injustamente de su libertad por 2 meses y 23 días(140), se le reconocerá 35 smlmv.

8.10. N.A.

El lapso en el cual la actora estuvo privada de su libertad fue el comprendido entre el 15 de junio de 2003(141) y el 8 de septiembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en la providencia de la Fiscalía Veinte Especializada de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá(142).

8.10.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Solicitó por este concepto el equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su labor como trabajadora independiente para la época de los hechos. En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización(143):

SA 3
 

S = $ 2.388.817

No obstante lo anterior, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia, se le reconocerá a la señora N.A. la suma de (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$2.068.365—.

8.10.2. Perjuicios morales.

Se tiene que la señora N.A. estuvo privada injustamente de su libertad por 2 meses y 23 días(144), motivo por el cual se le reconocerá 35 smlmv.

8.11. A.V.

Estuvo privado de su libertad desde el 15 de junio de 2003(145) hasta el 10 de septiembre de 2003, fecha en la cual la Fiscalía Veinte de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta en su contra(146).

8.11.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Pidió por este concepto el equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su labor como agricultor para la época de los hechos. Así pues, se procederá a realizar la siguiente liquidación(147)

SA 4
 

S = $ 2.449.820

No obstante lo anterior, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor A.V. a la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$2.068.365—, valor que se le reconocerá a este actor.

8.11.2. Perjuicios morales.

Dado que el señor A.V. estuvo privado injustamente de su libertad por 2 meses y 25 días(148), se le reconocerá 35 smlmv.

8.12. J.C.

El período a reconocer será el comprendido entre el 15 de junio de 2003(149) y el 10 de septiembre de 2003, fecha en la cual la Fiscalía Veinte de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta en su contra(150).

8.12.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

De la demanda se extrae que la solicitud económica por este concepto para el señor J.C. fue de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su profesión de agricultor para la época de los hechos. Así pues, se procederá a realizar la siguiente liquidación(151):

SA 4
 

S = $ 2.449.820

Sin embargo, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia, se le reconocerá al señor J.C. la suma de (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$2.068.365—.

8.12.2. Perjuicios morales.

Dado que el señor J.C. estuvo privado injustamente de su libertad por 2 meses y 25 días(152) y que se encuentra probado que la demandante D.G. es su cónyuge, se les reconocerá, por concepto de perjuicios morales, el monto de 35 smlmv a cada uno de ellos.

8.13. M.V.

Estuvo privado de la libertad desde el 15 de junio de 2003(153) hasta el 15 de septiembre de 2003, según se advierte en la providencia de la Fiscalía Veinte de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá(154).

8.13.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Pidió por este concepto el equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su labor como comerciante para la época de los hechos. En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización(155):

SA 5
 

S = $ 2.598.057

Sin embargo, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor M.V. a la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$2.068.365—, valor que se le reconocerá al demandante.

8.13.2. Perjuicios morales.

Dado que el ahora demandante estuvo privado injustamente de su libertad por 3 meses(156), se le reconocerá, por concepto de perjuicios morales, 50 smlmv.

8.14. J.V.

El período a reconocer será el comprendido entre el 15 de junio de 2003(157) y el 15 de septiembre de 2003, según se advierte en la providencia de la Fiscalía Veinte de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá(158).

8.14.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

De la demanda se extrae que la solicitud económica por este concepto para el señor J.V. fue de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su profesión de agricultor para la época de los hechos. Así pues, se procederá a realizar la siguiente liquidación(159):

SA 5
 

S = $ 2.598.057

Aun así, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia, se le reconocerá al señor J.V. la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$2.068.365—.

8.14.2. Perjuicios morales.

Comoquiera que el ahora demandante estuvo privado injustamente de su libertad por 3 meses(160), se le reconocerá, por concepto de perjuicios morales, 50 smlmv.

8.15. V.A.

Estuvo privado de la libertad desde el 15 de junio de 2003(161) hasta el 19 de septiembre de 2003, según se advierte en la providencia de la Fiscalía Veintitrés ante el Tribunal Superior de Bogotá,mediante la cualrevocó la medida de aseguramiento impuesta en su contra(162).

8.15.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Exigió por este concepto el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su labor como obrero para la época de los hechos. En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización(163):

SA 6
 

S = $ 2.711.498

Sin embargo, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor V.A. a la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$1.378.908—, valor que se le reconocerá al demandante, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

8.15.2. Perjuicios morales.

Dado que el actor estuvo privado injustamente de su libertad por 3 meses y 4 días(164), se le reconocerá 50 smlmv.

8.16. F.H.

El período a reconocer será el comprendido entre el 15 de junio de 2003(165) y el 6 de octubre de 2003, según se señala en la decisión de la Fiscalía Veinte de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá y en la boleta de libertad 18919(166).

8.16.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

De la demanda se extrae que la solicitud económica por este concepto para el señor señor F.H. fue de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su profesión de comerciante para la época de los hechos. Así pues, se procederá a realizar la siguiente liquidación(167):

SA 7
 

S = $ 3.209.735

No obstante lo anterior, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor F.H. a la suma de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$2.757.816—, valor que se le reconocerá al demandante, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

8.16.2. Perjuicios morales.

Teniendo en cuenta que el actor estuvo privado injustamente de su libertad por 3 meses y 21 días(168), se le reconocerá 50 smlmv.

8.17. M.P.

Estuvo privada desde el 15 de junio de 2003(169) hasta el 4 de diciembre de 2003, fecha en la cual la Fiscalía Veinte de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta en su contra(170).

8.17.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Se narró en la demanda que se desempeñaba como empleada de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, con un salario promedio de setecientos mil pesos mensuales.

Revisada la demanda en su integridad, encuentra la Sala que la señora M.P. se desempeñaba como líder voluntaria en Salud en la ESE Hospital San Antonio, circunstancia que se certificó con el Oficio OG-246-2010 en el que, además, figura la suma de dinero mensual por ella devengada, así(171):

“La señora M.P., prestó sus servicios como líder voluntaria en salud en el municipio de Quilipe y sus honorarios mensuales en el año 2003, fueron de trescientos nueve mil pesos ($309.000)”.

En ese sentido, la Sala tomará como base de liquidación la suma de $309.000, valor que actualizado a la fecha de la presente providencia arroja la suma de $546.958, de acuerdo con los siguientes cálculos:

SA 8
 

(172) (173)

No obstante lo anterior, resulta más favorable utilizar el salario mínimo actual ($689.455) que actualizar el devengado por la actora para la época de los hechos, al cual se le agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $861.818.

Así pues, procede la siguiente liquidación(174):

SA 9
 

S = $4.907.026

8.17.2. Perjuicios morales.

Como consecuencia, teniendo en cuenta que la actora estuvo privada injustamente de su libertad por 5 meses y 19 días(175), se le reconocerá 50 smlmv.

8.18. E.G.

El período a reconocer será el comprendido entre el 15 de junio de 2003(176) y el 4 de diciembre de 2003, fecha en la cual la Fiscalía Veinte de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta en su contra(177).

8.18.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

De la demanda se extrae que la solicitud económica por este concepto para el señor señor E.G. fue de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su profesión de electricista para la época de los hechos. Así pues, se procederá a realizar la siguiente liquidación(178):

SA 10
 

S = $4.907.026

Con todo y eso, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor E.G. la suma de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$4.136.724—, valor que se le reconocerá al demandante, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

8.18.2. Perjuicios morales.

Comoquiera que el actor estuvo privado injustamente de su libertad por 5 meses y 19 días(179), se le reconocerá el equivalente a 50 smlmv.

8.19. E.E.

Estuvo privado desde el 15 de junio de 2003(180) hasta el 4 de diciembre de 2003, fecha en la cual la Fiscalía Veinte de la Subunidad Especial de Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta en su contra(181).

8.19.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Solicitó por este concepto el equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de su labor como agricultor para la época de los hechos. En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización(182):

SA 10
 

S = $4.907.026

No obstante lo anterior, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor E.E. la suma de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes —$4.136.724—, valor que se le reconocerá al actor.

8.19.2. Perjuicios morales.

Dado que el ahora actor estuvo privado injustamente de su libertad por 5 meses y 19 días(183), se le reconocerá, por concepto de perjuicios morales, 50 smlmv.

9. Otra determinación.

Por último, se solicitó en la demanda “reconocer el valor de los emolumentos que pagaron los actores como honorarios profesiones”(184).

Tal y como lo ha puesto de presente esta Subsección(185), el reconocimiento de perjuicios materiales en casos de privación de la libertad o de restricción jurídica de la libertad dependerá de las probanzas del proceso, en este caso, de lo que la parte demandante logre demostrar que debió asumir como consecuencia del proceso penal que afrontó (daño emergente), en razón de la acción penal de la que fue objeto de manera injusta.

Así las cosas, ha de señalarse que en el expediente no aparece probada la existencia de dicho perjuicio, dado que no se acreditó cuáles fueron los gastos en los que incurrieron los demandantes como consecuencia de la privación injusta de su libertad, esto es, no se probó el rubro cancelado al profesional del derecho —o profesionales del derecho—, motivo por el cual la Sala no accederá a la petición en mención.

10. Condena en costas.

En vista de que en este caso no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 20 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:

“1. DECLARAR que la Nación - Fiscalía General de la Nación es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad que soportaron los señores E.O., F.U., F.H., B.M., M.V., E.E., E.G., A.R., J.C., J.C., J.Z., J.V., G.G., A.V., N.B., C.C., N.A., V.A., M.P.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, así:

DemandantePerjuicio moral
A.R.(víctima del daño)15 smlmv
G.G. (víctima del daño)35 smlmv
M.R. (cónyuge del señor G.G.) 35 smlmv
J.Z. (víctima del daño)35 smlmv
M.C. (compañera permanente de J.Z.)35 smlmv
J.C. (víctima del daño)35 smlmv
E.O.(víctima del daño)35 smlmv
B.M.(víctima del daño)35 smlmv
A.B. (víctima del daño)35 smlmv
C.C. (víctima del daño)35 smlmv
F.U. (víctima del daño)35 smlmv
N.A. (víctima del daño)35 smlmv
A.V. (víctima del daño)35 smlmv
J.C. (víctima del daño)35 smlmv
D.G. (cónyuge del señor J.C.)35 smlmv
M.V. (víctima del daño)50 smlmv
J.V. (víctima del daño)50 smlmv
F.H. (víctima del daño)50 smlmv
V.A. (víctima del daño)50 smlmv
M.P. (víctima del daño)50 smlmv
E.G. (víctima del daño)50 smlmv
E.E. (víctima del daño)50 smlmv

3. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, por las siguientes sumas de dinero:

DemandantePerjuicio material (lucro cesante)
A.R. (víctima del daño)$370.069
G.G. (víctima del daño)$1.378.908
J.Z. (víctima del daño)$1.378.908
J.C. (víctima del daño)$1.378.908
B.M. (víctima del daño)$1.378.908
A.B. (víctima del daño)$2.068.365
C.C. (víctima del daño)$2.068.365
F.U. (víctima del daño)$2.068.365
N.A. (víctima del daño)$2.068.365
A.V. (víctima del daño)$2.068.365
J.C. (víctima del daño)$2.068.365
M.V (víctima del daño)$2.068.365
J.V. (víctima del daño)$2.068.365
F.H. (víctima del daño)$2.757.816
V.J. (víctima del daño)$1.378.908
M.P. (víctima del daño)$4.907.026
E.G. (víctima del daño)$4.136.724
E.E. (víctima del daño)$4.136.724

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Sin condena en costas.

8. Ejecutoriada la presente providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen”.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marta Nubia Velásquez Rico—Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera, aclaró voto.

1 La demanda también fue interpuesta por las señoras A… F… A…, M… I… C…, M…, M... L... R..., B... N....S..., D... M... G... S... y A... Y... C... —quien, tal y como se expondrá más adelante, no puede tenerse como parte en este proceso—.

2 Folios 13 a 17 del cuaderno principal.

3 Folios 49 y 50 del cuaderno de primera instancia.

4 Folio 25 del cuaderno de primera instancia.

5 Reverso folio 50 del cuaderno de primera instancia.

6 Folios 49 a 63 del cuaderno de primera instancia.

7 Folio 177 del cuaderno de primera instancia.

8 Folios 178 a 181 del cuaderno de primera instancia.

9 Folios 211 a 223 del cuaderno de primera instancia.

10 Folios 225 a 241 del cuaderno de primera instancia.

11 Folios 232 a 242 del cuaderno de Consejo de Estado.

12 Folios 244 a 252 del cuaderno del Consejo de Estado.

13 Folios 258 a 260 del cuaderno del Consejo de Estado.

14 Folio 262 del cuaderno del Consejo de Estado.

15 Folio 263 del cuaderno del Consejo de Estado.

16 Folios 264 a 269 del cuaderno del Consejo de Estado.

17 Folios 610 a 613 del cuaderno del Consejo de Estado.

18 Como consecuencia de una solicitud de corrección de la demanda presentada por la parte actora con la finalidad de incluir algunos demandantes, obrante a folios 77 a 94 del cuaderno principal.

19 Folios 149 a 151 del cuaderno principal.

20 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: L… E… y otros.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterado en sentencia del 11 de agosto de 2011 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, expediente 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. Al respecto puede consultarse igualmente: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

22 Folio 196 del cuaderno de pruebas.

23 Folio 26 del cuaderno principal.

24 Folios 323 y 324 del cuaderno de pruebas.

25 Folio 331 del cuaderno de pruebas.

26 Folios 14 a 16 del cuaderno de pruebas.

27 Folios 29 y 20 del cuaderno de pruebas.

28 Folio 142 del cuaderno 3.

29 Folio 37 del cuaderno 3.

30 Folio 26 del cuaderno 3.

31 Folio 29 del cuaderno 3.

32 Folio 40 del cuaderno 3.

33 Folio 41 del cuaderno 3.

34 Folio 43 del cuaderno 3.

35 Folio 45 del cuaderno 3.

36 Folio 47 del cuaderno 3.

37 Folio 49 del cuaderno 3.

38 Folio 33 del cuaderno 3.

39 Folio 51 del cuaderno 3.

40 Folio 58 del cuaderno 3.

41 Folio 60 del cuaderno 3.

42 Folio 65 del cuaderno 3.

43 Folio 68 del cuaderno 3.

44 Folios 31 a 57 del cuaderno de pruebas.

45 Folio 58 del cuaderno de pruebas.

46 Folio 59 del cuaderno de pruebas.

47 Folio 60 del cuaderno de pruebas.

48 Folio 61 del cuaderno de pruebas.

49 Folio 62 del cuaderno de pruebas.

50 Folio 63 del cuaderno de pruebas.

51 Folio 64 del cuaderno de pruebas.

52 Folio 65 del cuaderno de pruebas.

53 Folio 66 del cuaderno de pruebas.

54 Folio 67 del cuaderno de pruebas.

55 Folio 68 del cuaderno de pruebas.

56 Folio 69 del cuaderno de pruebas.

57 Folio 70 del cuaderno de pruebas.

58 Folio 71 del cuaderno de pruebas.

59 Folio 72 del cuaderno de pruebas.

60 Folio 73 del cuaderno de pruebas.

61 Folio 74 del cuaderno de pruebas.

62 Folios 81 a 121 del cuaderno de pruebas. A continuación se transcribe la parte resolutiva:
“Resuelve:
“(…).
“2. MODIFICAR LA IMPUTACIÓN JURÍDICA realizada en la providencia recurrida en el sentido de que el delito por el cual deben responder los procesados (…) J… A… Z… LO ES DE ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO y por ende se REVOCARÁ LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO IMPUESTA, por ser de aquellos delitos que no es necesario resolver la situación jurídica como lo dispone el artículo 356 del CPP. Por la secretaría líbrense las correspondientes boletas de libertad por ante el director del sitio de reclusión donde se encuentran los procesados a quienes además se les hará suscribir diligencia de compromiso en los términos que lo dispone el artículo 361 del CPP.
“3. REPONER LA PROVIDENCIA RECURRIDA Y ACCEDER A LAS PETICIONES DE LA DEFENSA en el sentido de REVOCAR LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO impuesta a G… G… L…, (…), J… N… (…), E…O…, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído y como consecuencia se revocara la medida de aseguramiento impuesta ordenando su libertad (…)”.

63 Folios 125 a 136 del cuaderno de pruebas. A continuación se transcribe la parte resolutiva:
“RESUELVE:
“(…).
“3. ACCEDER PARCIALMENTE A LA PETICIÓN PRESENTADA POR EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA en el sentido de revocar la MEDIDA DE ASEGURAMIENTO IMPUESTA A B… M… D…, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y disponer que debe firmar diligencia de compromiso en la que se compromete a presentarse cuando se le requiera. Por la secretaría se libra la boleta de libertad por ante el DIRECTOR DEL CENTRO DE RECLUSIÓN donde se encuentra”.

64 Folios 138 a 243 del cuaderno de pruebas. A continuación se transcribe la parte resolutiva:
“RESUELVE:
“1. REVOCAR LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO IMPUESTA A LOS PROCESADIOS (…) A… N… B…, (…), N… A…, C… H… C… G…, (…), F… U…. V…, de conformidad con lo expuesto en este pronunciamiento (…)”.

65 Folios 154 a 163 del cuaderno de pruebas. A continuación se transcribe la parte resolutiva: “RESUELVE:
“1. REVOCAR LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO IMPUESTA A LOS PROCESADOS J… C… B…, A… V…, (…) de conformidad con lo expuesto en este pronunciamiento”.

66 Folios 164 a 181 del cuaderno de pruebas. A continuación se transcribe la parte resolutiva:
“RESUELVE:
“1. REVOCAR LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO IMPUESTA A LOS PROCESADOS (…), M… F… V… y J… E… V… V… de conformidad con lo expuesto en este pronunciamiento”.

67 Folios 203 a 236 del cuaderno 3.

68 Folios 185 a 188 del cuaderno de pruebas. A continuación se transcribe la parte resolutiva:
“RESUELVE:
“1. REPONER la providencia calendada el 25 de agosto del presente año y, consecuentemente, REVOCAR la medida de aseguramiento que afecta a F… A… H…, al reunirse los requisitos previstos en el artículo 363 del CPP, conforme se expuso en la parte motiva de este pronunciamiento.
“2. CONCEDER LA LIBERTAD INMEDIATA a F… A… H… (…)”.

69 Folio 196 del cuaderno de pruebas.

70 Folio 162 del cuaderno principal.

71 Folio 264 del cuaderno principal.

72 Folios 165 y 166 del cuaderno principal.

73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de marzo de 2014, exp. 29732, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de abril de 2016, exp. 38044, M.P. Hernán Andrade Rincón.

75 En este sentido puede consultarse lo expuesto por esta Subsección en la sentencia de 8 de febrero de 2012, expediente 21.803.

76 Folios 31 a 57 del cuaderno de pruebas.

77 Folio 196 del cuaderno de pruebas.

78 Folio 293 del cuaderno 3.

79 Folio 321 del cuaderno 3.

80 Folio 259 del cuaderno 3.

81 Folio 161 del cuaderno 3.

82 Folio 168 del cuaderno 3.

83 Folio 274 del cuaderno 3.

84 Folio 325 del cuaderno 3.

85 Folio 146 del cuaderno 3.

86 Folio 282 del cuaderno 3.

87 Folio 288 del cuaderno 3.

88 Folio 281 del cuaderno 3.

89 Folio 366 del cuaderno 3.

90 Folio 317 del cuaderno 3.

91 Folio 317 del cuaderno 3.

92 Folio 270 del cuaderno 3.

93 Folio 319 del cuaderno 3.

94 Folio 192 del cuaderno de pruebas.

95 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 36.149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

96 En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, Nº de expediente 36.149, se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.

97 Según el acta de captura que obra a folio 45 del cuaderno 3.

98 Folios 31 a 57 del cuaderno de pruebas.

99 “Suspender el cumplimiento de la detención preventiva a favor de A... R... y (…), por ser mayores de 65 años de edad, sin que con la prueba hasta ahora obtenida, pueda colegirse que la personalidad de los procesados genere un riesgo para la comunidad donde residen. Deberán consignar a órdenes de esta Fiscalía el equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, igualmente suscribirán diligencia de compromiso, deberán permanecer en sus residencias y sitios de trabajo, tal y como lo ordena el artículo 362 del CPP”.
“(…).
“RESUELVE:
“(…).
“7. Suspéndase la detención preventiva previo el cumplimiento de las condiciones anotadas en la parte motiva de esta decisión a favor de A... R... R... y A... O... M....
“(…)”.

100 “ART. 7º—Definiciones. Para fines de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones:
“(…).
“b). Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más (…)”.

101 Corte Constitucional, sentencia T-655 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

102 Ibídem.

103 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de junio de 2016.

104 Período de privación de la libertad: 0.43 meses.

105 “vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa –se insiste– y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”.

106 De conformidad con la tabla expedida el 15 de junio de 2003 por el Fiscal Delegado ante el CTI de Cundinamarca obrante a folios 29 y 20 del cuaderno de pruebas.

107 Folios 81 a 121 del cuaderno de pruebas.

108 Adicionalmente, obra en el expediente la boleta de libertad número 00018842 del señor G… G… L… fechada el 12 de agosto de 2003.

109 Período de privación de la libertad: 1.9 meses.

110 Se aplica al salario mínimo actual ($ 689.454), dado que es más favorable que actualizar el que regía para la época de los hechos.

111 “vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv”.

112 Según el acta de captura del 15 de junio de 2003 obrante a folio 58 del cuaderno 3.

113 Folios 81 a 121 del cuaderno de pruebas.

114 Período de privación de la libertad: 1.9 meses.

115 “vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv”.

116 Según el acta de captura del 15 de junio de 2003 obrante a folio 68 del cuaderno 3.

117 Folios 81 a 121 del cuaderno de pruebas.

118 Período de privación de la libertad: 1.9 meses.

119 “vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv”.

120 Según el acta de captura del 15 de junio de 2003 obrante a folio 43 del cuaderno 3.

121 Folios 81 a 121 del cuaderno de pruebas.

122 En cuanto a la medida de suspensión derivada del acatamiento de una orden judicial, la Sección Segunda de esta corporación, reiteradamente, ha manifestado que dicha condición no comporta la extinción del vínculo laboral, toda vez que esta medida consiste en una condición resolutoria que, posteriormente, será determinada con las consecuencias del proceso penal, razón por la cual en los eventos donde el trabajador resulte favorecido, la suspensión del contrato desaparece de manera retroactiva, debiendo el empleador cancelar los salarios y prestaciones sociales por todo el tiempo que duró la suspensión. En tal sentido, es claro que los perjuicios derivados de la suspensión de un cargo deben ser reclamados inicialmente a la entidad a la cual se prestaban los servicios, tal como lo ha considerado esta Sala, razón por la cual no se reconoce indemnización por concepto de lucro cesante en estos eventos. Ver en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de junio de 2016, exp. 40031, entre otras decisiones.

123 “vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv”.

124 Según el acta de captura que obra a folio 37 del cuaderno 3.

125 Folios 125 a 136 del cuaderno de pruebas.

126 Período de privación de la libertad: 2.13 meses.

127 “vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv”.

128 Según el acta de captura obrante a folio 40 del cuaderno 3.

129 Folios 138 a 243 del cuaderno de pruebas.

130 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2010, exp. 18108, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras decisiones.

131 Período de privación de la libertad: 2.76 meses.

132 “vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv”.

133 Según el acta de captura obrante a folio 47 del cuaderno 3.

134 Folios 138 a 243 del cuaderno de pruebas.

135 Período de privación de la libertad: 2.76 meses.

136 “vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv”.

137 Según el acta de captura obrante a folio 33 del cuaderno 3.

138 Folios 138 a 243 del cuaderno de pruebas.

139 Período de privación de la libertad: 2.76 meses.

140 “vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv”.

141 Según el acta de captura obrante a folio 60 del cuaderno 3.

142 Folios 138 a 243 del cuaderno de pruebas.

143 Período de privación de la libertad: 2.76 meses.

144 “vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv”.

145 De conformidad con la tabla expedida el 15 de junio de 2003 por el Fiscal Delegado ante el CTI de Cundinamarca obrante a folios 29 y 20 del cuaderno de pruebas.

146 Folios 154 a 163 del cuaderno de pruebas.

147 Período de privación de la libertad: 2.83 meses.

148 “vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv”.

149 De conformidad con la tabla expedida el 15 de junio de 2003 por el Fiscal Delegado ante el CTI de Cundinamarca obrante a folios 29 y 20 del cuaderno de pruebas.

150 Folios 154 a 163 del cuaderno de pruebas.

151 Período de privación de la libertad: 2.83 meses.

152 “vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv”.

153 De conformidad con la tabla expedida el 15 de junio de 2003 por el Fiscal Delegado ante el CTI de Cundinamarca obrante a folios 29 y 20 del cuaderno de pruebas.

154 Folios 164 a 181 del cuaderno de pruebas.

155 Período de privación de la libertad: 3 meses.

156 “v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv”.

157 De conformidad con la tabla expedida el 15 de junio de 2003 por el Fiscal Delegado ante el CTI de Cundinamarca obrante a folios 29 y 20 del cuaderno de pruebas.

158 Folios 164 a 181 del cuaderno de pruebas.

159 Período de privación de la libertad: 3 meses.

160 “v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv”.

161 Según el acta de captura que obra a folio 142 del cuaderno 3.

162 Folios 203 a 236 del cuaderno 3.

163 Período de privación de la libertad: 3.13 meses.

164 “v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv”.

165 De conformidad con la tabla expedida el 15 de junio de 2003 por el Fiscal Delegado ante el CTI de Cundinamarca obrante a folios 29 y 20 del cuaderno de pruebas.

166 Folio 189 del cuaderno de pruebas.

167 Período de privación de la libertad: 3.7 meses.

168 “v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv”.

169 Según el acta de captura obrante a folio 41 del cuaderno 3.

170 Folio 196 del cuaderno de pruebas.

171 Folio 339 del cuaderno 3.

172 IPC vigente a la fecha de la presente sentencia (jul./2016).

173 IPC vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es, cuando se capturó a la demandante.

174 Período de privación de la libertad: 5.63 meses.

175 “v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv”.

176 Según el acta de captura obrante a folio 51 del cuaderno 3.

177 Folio 196 del cuaderno de pruebas.

178 Período de privación de la libertad: 5.63 meses.

179 “v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv”.

180 Según el acta de captura obrante a folio 65 del cuaderno 3.

181 Folio 196 del cuaderno de pruebas.

182 Período de privación de la libertad: 5.63 meses.

183 v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv.

184 Folio 17 del cuaderno principal.

185 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia 9 de marzo de 2016, expediente 34.554.