Sentencia 2005-01459 de agosto 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 250002326000200501459 01

Expediente: 38.532

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Banco del Estado S.A.

Demandado: Nación - Aeronáutica Civil

Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia proferida el 4 de febrero de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, comoquiera que la demanda se presentó el 17 de junio de 2005 y la mayor pretensión se estimó en la suma de $1.105’194.240 por concepto de daño emergente, consistente en la diferencia del avalúo comercial del precio del inmueble afectado con su inclusión en el Plan Maestro del aeropuerto El Dorado, monto que supera el exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación para aquella época, esto es $ 190’750.000, equivalentes a 500 SMLMV(13).

2.2. La acción procedente en el caso concreto.

Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta sentencia, el Banco demandante interpuso acción de reparación directa con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad de la Aeronáutica Civil por los perjuicios sufridos como consecuencia de la inclusión de un predio de su propiedad dentro del Plan Maestro del aeropuerto El Dorado, circunstancia que afectó sus derechos de uso y goce de sobre el bien, así como su valorización económica.

Ahora bien, según la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado, la acción de reparación directa es la vía procesal procedente para solicitar la indemnización de perjuicios causados como consecuencia de la afectación al derecho de propiedad causada por la reglamentación de los usos del suelo(14). Al respecto, en sentencia de 26 de agosto de 2015 se precisó lo siguiente:

“La jurisprudencia de la Corporación, a lo largo de los años, ha consolidado las diferentes hipótesis en las que se puede encontrar configurada la responsabilidad del Estado por afectaciones o delimitaciones del derecho de propiedad, particularmente referido a la propiedad inmobiliaria. Así, se pueden identificar cuatro escenarios concretos en los que las actividades del Estado sobre los bienes inmuebles de los particulares pueden configurar su responsabilidad, los cuales serán reseñados brevemente: a. La ocupación de bien inmueble; b. La responsabilidad por afectación de propiedad privada generada por obras públicas; c. La —mal llamada— ocupación jurídica de bienes inmuebles; y, d. La responsabilidad del Estado por delimitación del derecho de propiedad, la cual se compondría de dos vertientes: d.1. La responsabilidad del Estado por afectaciones al interés general y d.2. La responsabilidad del Estado por la reglamentación general de los usos del suelo. (…)

“d. La responsabilidad del Estado por delimitación del derecho de propiedad. Hasta 2012 para resolver el conflicto que se presentaba entre la garantía constitucional del derecho de propiedad y la necesidad de proteger determinados bienes jurídicos de relevancia colectiva —como la protección del medio ambiente, el desarrollo urbanístico de las ciudades, la conservación de la memoria histórica del país, entre otras—, esta Corporación desarrolló una línea jurisprudencial que permite equilibrar los distintos intereses en juego, permitir el respeto al interés general pero mantener, en la medida de lo posible, la garantía de los derechos adquiridos a la que hace referencia el artículo 58 constitucional, con la que se pretende abandonar el fundamento teórico que se encuentra en la llamada teoría de la “ocupación jurídica” y reemplazarlo por una postura más acorde con los postulados constitucionales vigentes. Este escenario de responsabilidad patrimonial del Estado presenta dos vertientes:

“d.1. La responsabilidad del Estado por afectaciones al interés general(15)

(…).

d.2. La responsabilidad del Estado por la reglamentación general de los usos del suelo. Algunas aproximaciones teóricas.

“Cuestión distinta se presenta —como ocurre en el sub lite— cuando la limitación del derecho de propiedad cuyo resarcimiento se pretende obtener deviene del ejercicio de las competencias de ordenación del territorio legalmente atribuido a las autoridades administrativas.

“(…) En este sentido, la sentencia de 2012 en estudio, postura que se reitera en esta oportunidad, distinguió dos hipótesis según el alcance de la intervención del Estado en el derecho de propiedad:

“i. Aquellas intervenciones que tocaran el núcleo esencial de la propiedad privada, vaciándolo completamente de contenido, y que por ello generaban, entonces, lo que se puede denominar efectos expropiatorios de las decisiones administrativas, intervenciones materialmente expropiatorias o bien, si se quiere acudir a la teoría del derecho internacional, una expropiación indirecta, que no una ‘ocupación jurídica’ —puesto que este último fenómeno requiere de una expresión física— su configuración dará lugar, además, a la aplicación de lo normado en el artículo 220 del Código Contencioso Administrativo —hoy 191 del CPACA—.

“ii. Aquellos casos en los que no se vacía de contenido el derecho de propiedad del demandante —o algún otro derecho de contenido patrimonial que se ejerza sobre un bien—, pero sí se disminuye. En esta segunda hipótesis se podrán identificar tres eventos: a. La aminoración del derecho se identifica como una carga tolerable que debe ser soportada por el titular del derecho de propiedad atendiendo el caso concreto; b. La limitación del derecho de propiedad —o de otros de contenido patrimonial respecto de un bien— es particular y especial, pero el ordenamiento jurídico establece mecanismos de compensación de dicha aminoración, en cuyo caso le corresponderá al juez de la reparación directa determinar si la compensación establecida por el ordenamiento jurídico es suficiente respecto de la aminoración patrimonial sufrida por el titular del derecho; y, finalmente, c. La limitación del derecho de propiedad —o de otros de contenido patrimonial respecto de un bien— es particular y especial, pero el ordenamiento jurídico no creó mecanismos de compensación, caso el cual (sic) le compete al juez establecer la manera más adecuada de compensar el detrimento del derecho de propiedad.

“(…) De esta manera, el Estado se encuentra habilitado por la propia Constitución Política para modificar el alcance de los derechos del propietario en cada caso concreto, lo que se enmarca en el ámbito normal de las cargas públicas que debe asumir el propietario por virtud de la cláusula de la función social y ecológica de la propiedad. En otras palabras, la delimitación general del ejercicio del derecho de propiedad urbana —así incida de manera particular en un predio en concreto— no es, por regla general, anormal, excepcional o, para esos efectos, especial, razón por la cual se excluyen de la posibilidad de ser constitutivas de daños antijurídicos. En este orden de ideas, aquellas decisiones mediante las cuales se modifiquen los usos del suelo, se cambien los índices de edificabilidad, se clasifique un bien como de interés cultural, se establezcan cesiones obligatorias gratuitas, etc., no comprometen, como regla general —aunque ello admite excepciones—, la responsabilidad del Estado.

“Ahora bien, ello no implica que éste (sic) ámbito —como ninguno que pertenezca a la órbita de intervención del Estado— se encuentre exento o fuera del espectro de aplicación del artículo 90 constitucional, puesto que en la medida en que se acredite la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado —bajo cualquier régimen— se deberá proceder a compensar el detrimento de los elementos concretos del derecho de propiedad o a indemnizar, si es del caso y así se acredita, la pérdida del derecho por la vía de la calificación de intervenciones administrativas materialmente expropiatorias o de expropiación indirecta.

“Pero a ello sólo habrá lugar en la medida en que se evidencie que, siguiendo el contenido del derecho de propiedad, reconocido por la Ley y, en cada caso en particular, por la reglamentación local, se ha producido una disminución anormal y/o excepcional del contenido del derecho de propiedad respecto del predio en concreto, de los colindantes y, principalmente, deberá resultar desproporcionada respecto de las limitaciones que pesen previamente sobre el derecho de propiedad respecto de cuya reducción se pretende el resarcimiento”(16) (se ha resaltado).

A manera de conclusión, la Sala encuentra pertinente reiterar que, de una manera general, el Estado puede limitar el derecho de propiedad, ya sea ocupando materialmente el bien inmueble privado, despojando al propietario de su posesión material, o mediante la constitución de afectaciones que delimiten su ejercicio, por razones de diversa índole y con distintos alcances.

Asimismo, forzoso resulta concluir que, comoquiera que en este caso los daños alegados por el Banco demandante devienen de la expedición del Plan Maestro de Ampliación del aeropuerto El Dorado, es claro que se está frente a un caso de responsabilidad del Estado por delimitación del derecho de propiedad por reglamentación general de los usos del suelo y, por ende, la acción de reparación directa es el cauce procesal adecuado para obtener la eventual indemnización de perjuicios que por ese hecho se hubiere producido.

Así las cosas, a partir de las pruebas allegadas al proceso procederá la Sala a analizar si la presente acción fue presentada oportunamente.

2.3. Los hechos probados.

Con base en los elementos de prueba allegados al proceso, la Sala tiene por demostrados los siguientes hechos:

— Que el Banco del Estado S.A. es propietario del predio Lote 1, Manzana A, antigua hacienda El Escritorio, ubicado en la localidad de Fontibón de Bogotá, D.C., con un área de 5.756,2 metros cuadrados, según consta en el certificado de matrícula inmobiliaria 50C-1411300; asimismo, se hizo constar que ese inmueble fue adquirido mediante escritura pública del 30 de septiembre de 1996 a través de la cual la Fiduciaria Tequendama realizó una dación en pago al Banco del Estado S.A.(17).

— Mediante oficio de 31 de agosto de 2000 el Jefe de la División de Estudios y Diseños y el Director de Infraestructura Aeroportuaria del Aeropuerto El Dorado, le manifestaron al Jefe de División de Comercialización de Bienes del Banco del Estado, lo siguiente:

“(…) Dando cumplimiento al compromiso internacional adquirido, el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil generó la Resolución 2450 de 1994, mediante la cual se adopta el manual de Reglamentos Aeronáuticos, llamado a regular los aspectos principalmente técnicos de la OACI, a lo cual nos hemos obligado.

Con respecto a los permisos de construcción en servidumbres de aeródromos el manual de Reglamentos Aeronáuticos parte sexta, expresa textualmente:

‘6.5.1. Permisos para construcción en servidumbres de aeródromos: para construir, plantar o levantar obras permanentes o transitorias en las zonas de servidumbres de los aeródromos, los interesados deben obtener el permiso correspondiente de la Aerocivil’.

El sitio propuesto por Ustedes se encuentra pegado a la malla del cerramiento del Aeropuerto El Dorado, cerca de las antenas GLIDE SLOPE y de otras ayudas que hacen parte de la infraestructura aeronáutica de la pista paralela 13R-31L; adicionalmente, no existe la barrera de tierra para disminución de la afectación por ruido.

En consecuencia, por su cercanía a la pista y por la situación descrita, una construcción se convertiría en una amenaza para la seguridad operacional.

El área en mención hace parte del contorno de servidumbre del aeropuerto El Dorado, desde su construcción y puesta en funcionamiento”(18).

— Posteriormente, el 19 de marzo de 2003 el Secretario Aeroportuario de la Aeronáutica Civil informó al representante del Banco del Estado S.A. que,

“(…) El Plan para esta zona [se refiere al predio del Banco demandante] es la construcción de la pista STOLL, un área para almacenamiento de combustibles, hangares para helicópteros y aerotaxis y plantas de tratamiento de aguas residuales, todas son construcciones que se tienen previstas para ser terminadas en el año 2025.

De acuerdo con las fases previstas para el Desarrollo del Plan Maestro, éstos terrenos deberían ser parte del total del Aeropuerto El Dorado alrededor del año 2025”(19).

Debe señalarse que entre el oficio de 31 agosto de 2000 y el de 19 de marzo de 2003, tanto el Banco demandante como la entidad demandada guardaron silencio respecto de la referida restricción a la que se hizo referencia en la comunicación de agosto de 2003.

— A través de oficio calendado el 30 de mayo de 2003, el Director de Infraestructura de Aeronáutica Civil informó al representante del Banco del Estado S.A. que, con base en el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado, el área correspondiente al Lote 1 Manzana A de la Urbanización El Escritorio - Fontibón, se encontraba afectada de conformidad con el siguiente cronograma:

“— Hasta 2005 - Adquisición de predios.

Hasta 2015 - En el sector, aparecerán las instalaciones para almacenamiento de combustible y planta de tratamiento de aguas residuales.

Hasta 2025, según las coordenadas del plazo anexo al oficio, mediante el cual se realizó la solicitud, se encuentra que el estudio prevé en ésta área la construcción de la cabecera 31 de la pista STOLL”(20).

— En respuesta dada el 6 de octubre de 2003 al Presidente del Banco del Estado sobre la solicitud de compra del predio Lote 1 Manzana 1, el Secretario General de la Aeronáutica Civil manifestó que “El Plan Maestro presenta fases definidas hasta el año 2025, pero no se tiene certeza de las prioridades de desarrollo aeroportuario, por lo que las fechas para la adquisición específica de predios no se han definido. Por lo anterior y de ser necesaria la adquisición del predio por parte de la Aeronáutica Civil, esta entidad se comunicará con Ustedes para los fines pertinentes”(21).

— En similar sentido, el 2 de diciembre de 2003 el Secretario General de la Aeronáutica Civil le manifestó al representante del Banco del Estado que “el predio en cuestión se encuentra afectado por razones técnicas y es de inclusión en el Plan Maestro a desarrollar en el aeropuerto El Dorado, por lo cual, no es viable autorizar la construcción de Bodega industrial. En lo referente a la adquisición del citado predio tal y como se señaló en el oficio de 6 de octubre del presente año se contempla dentro de una posible compra por parte de la entidad, adquisición que no es posible en forma inmediata por falta de recursos”(22).

— En el dictamen pericial decretado en el proceso y presentado el 29 de febrero de 2008 por el perito avaluador de ASOLONJAS, se concluyó, entre otros tópicos, lo siguiente:

El lote [se refiere al del presente asunto] se encuentra en suelo de protección no urbanizado, no desarrolla en la actualidad ningún tipo de uso por tener total restricción de desarrollo según Decreto 765 de 9 de noviembre de 1999, el cual lo incorpora dentro del Sector o Área de influencia Aeroportuaria.

— Resultado del avalúo comercial 07-2008.

A. Descripción: A época de enero de 1999 sin afectación y/o restricciones, estando en plena vigencia el acuerdo 6 de 1990 sobre normas urbanísticas específicas para la zona de influencia del Aeropuerto El Dorado (…). El índice promedio de los valores por metro cuadrado en pesos nominales y reales se encontraba en 92,13% en descenso comparado con su pico más alto logrado en el año 1995 del 127,15%, es decir que el valor del metro cuadrado de terreno para el año 1999 por la vocación comercial y/o industrial en concordancia con la normatividad urbanística vigente y la preaprobación urbanística de la Urbanización El Escritorio era de $ 266.000 el Mt2. Área de terreno 5.776,22 mts2 X $ 266.000 = $ 1.531’154.520.

B. Descripción: En época enero de 2008 con afectación y/o restricciones bajo el Decreto 765 de noviembre de 1999 reglamentario del Acuerdo 6 de 1990. (…). Se encuentra que se permiten usos para predios ubicados dentro del cono de aproximación y el área de influencia aeroportuaria y es por ello que para los inmuebles que según la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Secretaría Distrital de Planeación están dentro del área de influencia aeroportuaria y del Sector Aeropuerto tienen total restricción para su desarrollo. Sin embargo nos hemos de trasladar a la Ley de reforma urbana y/o de ordenamiento territorial Ley 388 de 1997 que reglamenta el uso de cargas y beneficios, lo que impulsa a que aquellos predios que contribuyan de alguna manera a la actividad aeronáutica sean incentivados de aquellos usos y/o el reconocimiento pecuniario equitativo.

Área de terreno no urbanizado en suelo protegido: 5.756,22 mts2.

Valor mt2= $ 250.000,

Valor total del terreno: $ 1.439.055.000.

Ocurre que como el bien está afectado totalmente, no se permite ningún uso de suelo o desarrollo, su comercialización se torna supremamente difícil, puesto que a ninguna persona natural o jurídica bien formada a excepción de la Aerocivil le va a interesar hacer oferta económica por un inmueble en dicha condición”(23) (se ha resaltado).

Del anterior dictamen pericial se dio traslado a las partes, término durante el cual la parte demandada formuló objeción por error grave, la cual fue rechazada por el Tribunal de primera instancia a través de auto del 10 de julio de 2008(24).

— Finalmente, se observa que se allegaron tres dictámenes más en copia simple en relación con el avalúo del inmueble referido(25).

2.4. La oportunidad para formular la presente acción.

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, numeral 8º, dispone sobre el término para intentar la acción de reparación directa, lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” (resaltados adicionales).

Así, pues, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998(26), contempla la ocupación como uno de los eventos en los cuales los particulares interesados pueden ejercer la acción de reparación directa con el fin de obtener los perjuicios causados. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, este artículo no hace referencia exclusiva a la ocupación material, esto es, aquella en la cual la Administración ingresa efectivamente a los predios de propiedad de los particulares y ejecuta allí actos diversos, sino que incluye también lo que se ha denominado ocupación jurídica, esto es, “las limitaciones al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado”(27).

Así lo recordó recientemente la Subsección cuando mencionó hipótesis de ocupación que pueden surgir en el marco de procesos de adquisición voluntaria de bienes y/o expropiación:

“… puede suceder que la entidad estatal autorizada por la ley declare de utilidad pública un inmueble pero no adelante el procedimiento señalado en la ley para obtener su enajenación voluntaria ni tramite el proceso de expropiación y, sin embargo, lo ocupe materialmente con la obra pública. (…)

También puede suceder que la entidad declare de utilidad pública un inmueble pero no adelante el procedimiento señalado en la ley para obtener su enajenación voluntaria ni tramite el proceso de expropiación ni lo ocupe materialmente, pero se niegue a expedir las autorizaciones administrativas necesarias para que el propietario pueda realizar construcciones sobre el mismo, reformarlo, urbanizarlo, lotearlo, etc. Es decir, que se hubiera producido una ocupación jurídica, en tanto si bien no se despoja materialmente del bien a su titular, sí se le limita el ejercicio de las facultades propias de los derechos reales o de la posesión que se ejerce respecto del predio ocupado, como ocurre en los casos en los cuales se le impide la explotación económica del bien(28) (se ha resaltado).

En materia de la llamada ocupación jurídica, se ha considerado que la caducidad de la acción de reparación directa opera al cabo de dos años contados desde la inscripción de la limitación a la propiedad en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble objeto de la decisión administrativa, o desde que el afectado tiene conocimiento de la misma. En ese sentido la Sala ha precisado lo siguiente:

“En relación con el término para formular las pretensiones de reparación directa, en las que se pretende la indemnización de perjuicios en razón de la ocupación jurídica de un bien, debe señalarse que el término para la interposición de la demanda no se cuenta desde el momento en que se declaró afectado el bien por razones de utilidad pública, sino desde el instante en el que el interesado tiene conocimiento del hecho de que con ocasión de tal declaratoria, se limitó el ejercicio de su derecho de dominio por la imposibilidad jurídica y material que tiene de usar o disponer del mismo.

En efecto, si bien el término para incoar la acción de reparación directa, como ya se indicó, por regla general coincide con el hecho generador del daño y en los eventos de ocupación temporal o permanente de inmuebles, con la cesación de dicha ocupación o con la terminación de la obra, en los casos en que los bienes resultan afectados por una decisión administrativa (ocupación jurídica) para efectos de la construcción de una obra pública y sobre los mismos no se adelantan las labores de adquisición o expropiación, el término para interponer la demanda, por regla general, debe empezar a correr desde el momento en que el particular tuvo conocimiento de que no podía darle al bien la destinación que pretendía, a consecuencia de esa determinación de la entidad pública(29).

En el caso que ocupa hoy la atención de la Sala, se tiene que a través del Decreto 765 del 9 de noviembre de 1999 se expidió el Plan Maestro del Aeropuerto El Dorado, con el cual se limitó el derecho de dominio sobre el predio de propiedad del Banco demandante, razón por la cual, necesariamente habrá de entenderse que el término de caducidad debe contarse en este caso desde el momento en que los afectados tuvieron conocimiento de esa limitación a su propiedad.

Para la Sala es claro que ese conocimiento tuvo lugar en con el oficio fechado el 31 de agosto de 2000, a través del cual el Jefe de la División de Estudios y Diseños y el Director de Infraestructura Aeroportuaria del Aeropuerto El Dorado, informaron al Jefe de División de Comercialización de Bienes del Banco del Estado sobre la imposibilidad de adelantar un proyecto urbanístico en el predio, dado que —según se indicó— ésta hace parte del contorno de servidumbre del Aeropuerto, el cual se encuentra “pegado a la malla de cerramiento del Aeropuerto, cerca de las antenas de radiocomunicación”, motivo por el que tal proyecto de construcción “por su cercanía a la pista se convertiría en una amenaza para la seguridad operacional”.

Nótese que la parte actora sólo se percató y tuvo certeza del daño a ella infligido con ese oficio mediante el cual se le informó acerca de la afectación a su propiedad, hecho que, como resulta apenas natural, también afectaba su comercialización y explotación económica, razón por la cual la Sala tomará ese día —31 de agosto de 2000—, como el inicio del cómputo del término de la caducidad en el presente asunto. Por lo tanto, al haberse interpuesto la demanda el 17 de junio de 2005, resulta evidente que se demandó por fuera del plazo legal para hacerlo.

No puede afirmarse, como lo sugiere el demandante, que el término de caducidad de la acción de reparación directa deba contarse en este evento desde el 19 de marzo de 2003 (cuando el Secretario Aeroportuario de la Aeronáutica Civil le informó al Banco demandante que sobre su predio se tenía planeada la construcción de hangares y tanques de almacenamiento de combustibles), pues es claro que los daños antijurídicos por los cuales se demanda no se conocieron con dicha respuesta, sino que ya se habían advertido con anterioridad, esto es desde el 31 de agosto de 2000, cuando la misma entidad le informó acerca de la imposibilidad de construcción en el área de servidumbre del aeropuerto.

Adicionalmente, observa la Sala que —como se advirtió anteriormente—, entre el oficio de agosto de 2000 y el de marzo de 2003, tanto el Banco demandante como la entidad demandada guardaron silencio respecto de la referida restricción a la que se hizo referencia en el oficio de agosto de 2000, de lo cual se puede inferir que en ese lapso no hubo comunicación alguna que hubiere generado una expectativa legitima a la demandante y que, por esa razón, se hubiera ampliado el término de caducidad de la acción.

Finalmente, debe precisar la Sala que teniendo en cuenta que le corresponde al juez, al momento de dictar sentencia, analizar aquellos presupuestos de la acción que le permitan decidir el fondo del asunto, el tema relacionado con la caducidad de la acción no puede, ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de pronunciamientos previos u omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, toda vez que en aplicación del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil:

Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes. En este caso, si el superior considera infundada aquella excepción, resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia” (resaltado fuera del texto original).

De igual forma, sobre la procedencia de las excepciones de fondo en los procesos adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, establece:

“En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

“Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión” (resaltado de la Sala).

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, declarar probada la excepción de caducidad de la acción.

2.5. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A el 4 de febrero de 2010 y en su lugar se dispone:

DECLARAR PROBADA la caducidad de la presente acción.

2. Sin condena en costas.

3 Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

13 Artículo 40, Ley 446 de 1998.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de febrero de 2016, expediente 36.832, actor: Ingenieros Calderón y Jaramillo S.A. y otra.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, expediente 21.906, Mauricio Fajardo Gómez.

16 Proceso radicado 660012331000199900671 02 (33.113).

17 Folios 1 a 3, cuaderno 2.

18 Folios 52 a 53, cuaderno 2.

19 Folio 56, cuaderno 2.

20 Folio 54, cuaderno 2.

21 Folio 59, cuaderno 2.

22 Folio 62, cuaderno 2.

23 Folios 1 a 10, cuaderno 6.

24 Folios 22 a 43, cuaderno 6.

25 Folios 28 a 38, cuaderno 2, 7 a 27, cuaderno 2 y 1 a 3, cuaderno 3.

26 “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

27 Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2005, expediente 15338. En el mismo sentido ver Sección Tercera-Sala Plena, auto de unificación de jurisprudencia de 9 de febrero de 2011, expediente 38271, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

28 Subsección B, sentencia de 9 de mayo de 2014, expediente 24679, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de febrero de 2012, expediente 19048, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.