Sentencia 2005-01465 de marzo 25 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000-23-24-000-2005-01465-01

Referencia: Apelación sentencia

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Transportes Radio Taxi Confort S.A. Transconfort S.A.

Demandado: Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS:«Consideraciones

1. El acto acusado.

Se trata del constituido por las resoluciones 091 de 24 de mayo de 2004, expedida por el subsecretario jurídico de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, D.C., por medio de la cual decidió una investigación administrativa y le impuso una multa por valor de $ 200.200.000; 168 de 15 de julio de 2004, proferida por el mismo funcionario, mediante la cual resolvió el recurso de reposición que interpuso contra la anterior, en el sentido de confirmarla; y 737 de 26 de julio de 2004, emanada del secretario de tránsito y transporte de Bogotá, D.C., y con la cual desató el recurso de apelación interpuesto contra la primera, en el sentido de reducir la multa a un monto de $ 4.293.000.

2. Examen del recurso.

Tanto por el texto de la demanda, específicamente de las pretensiones, como por el contenido del acto administrativo demandado, la acción que procede en este caso es la de nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que en la demanda hay pretensiones con alcances concretos y subjetivos, según lo pone de presente la apelante, como son las de darle cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, los cuales implican consecuencias a favor de la parte actora cuando se declara la nulidad del acto administrativo enjuiciado, como quiera que en virtud de los mismos hay que realizar actos y acciones encaminadas a la ejecución de la sentencia cuando en ella se condena a la entidad demandada, y es sabido que en las acciones de simple nulidad no hay lugar a condena y que ella tiene lugar es en las acciones subjetivas.

En ese orden, la nulidad del acto administrativo aquí demandado puede tener esas consecuencias, toda vez que ella genera el restablecimiento automático del derecho de la accionante, ya que si se llegare a declarar, la multa impuesta quedaría sin piso alguno, desaparecería, de suerte que si no hubiese sido cancelada, no habría lugar a hacerla efectiva, por cuanto el título correspondiente habría dejado de existir. No puede cobrarse obligación alguna sin el título que la contiene. Extinguido el título, se extingue la obligación.

Si hubiere sido pagada por la actora, su monto tendría que ser restituido, en razón a que la anulación de los actos administrativos retrotrae jurídicamente las situaciones al estado anterior a la expedición del acto anulado, de allí el restablecimiento automático del derecho que en esos casos se da.

De modo que es evidente que la acción bajo la cual debió asumirse y examinarse la demanda, es la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que las resultas del proceso podían ir mucho más del simple y único fin de salvaguardar la mera legalidad del acto administrativo impugnado, toda vez que son inescindible su existencia y la suerte de la situación jurídica subjetiva y concreta que el mismo contiene.

Así las cosas, habrá de interpretarse la demanda como de nulidad y restablecimiento del derecho, como en efecto lo es, en orden a lo cual cabe examinar la excepción de caducidad de la acción, propuesta por la entidad demandad demandada, en tanto se trata de un presupuesto de procedibildiad(sic) de dicha acción.

En ese orden, se observa que el acto que agotó la vía gubernativa fue notificado el 20 de agosto de 2004, mediante edicto que fue desfijado en esa fecha, por ende el término de caducidad de 4 meses previsto en el artículo 136, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo, corrió a partir del día siguiente, hasta el 5 de diciembre de ese año.

Pero la demanda fue presentada el 22 de noviembre de 2005, es decir, después de vencido con creces el referido término, de donde es notoria la caducidad de la acción, situación que al parecer fue la que condujo a la actora de utilizar la argucia de hacer aparecer la acción como de simple nulidad, pese a su clara improcedencia y a sus aspiraciones y la posibilidad jurídica de obtener un beneficio de la eventual anulación solicitada.

Por consiguiente está probada la ocurrencia de la excepción propuesta, de allí que la Sala así deba declararlo e inhibirse de conocer el fondo de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia, previa revocación de la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada de 30 de agosto de 2007, mediante la cual la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declara la nulidad de las resoluciones 091 de 24 de mayo de 2004, 168 de 15 de julio de 2004 y 737 de 26 de julio de 2004, emanadas de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito Capital.

2. DECLÁRASE probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la entidad demandada, e INHÍBISE de pronunciarse sobre el fondo de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 25 de marzo del 2010».