Sentencia 2005-01488 de julio 29 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 760012331000200501488-01

Número Interno:1935-2009

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Autoridades Nacionales

Actor: Paulina Salcedo de Gómez

Bogotá, D.C., veintinueve de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico por resolver se contrae a determinar si la señora Paulina Salcedo de Gómez tiene derecho a ser beneficiaria nuevamente de la sustitución pensional de su ex cónyuge, capitán Antonio María Mojica Garzón, con base en lo dispuesto en la Sentencia C-464 de 11 de mayo de 2004, a pesar de haber contraído nupcias con anterioridad al 7 de julio de 1991.

Con tal objeto se precisa determinar la legalidad de las resoluciones 6685 de 7 de octubre de 1986 y 016 de 20 de enero de 2005, por las cuales se le extinguió el derecho pensional y se le negó su reactivación, respectivamente.

En tal sentido, se precisan los siguientes aspectos fácticos y jurídicos:

a. Del vínculo matrimonial de la accionante con el capitán Antonio María Mojica.

En atención al contenido de la partida de matrimonio obrante a folio 11 del expediente, expedida por la Notaría Primera del Circuito de Buga, la señora Paulina Salcedo contrajo matrimonio católico con el señor Antonio María Mojica el 8 de marzo de 1958.

b. Del reconocimiento de prestaciones por el fallecimiento del capitán Antonio María Mojica.

Por Resolución 2620 de 8 de junio de 1962 “por la cual se reconoce y ordena el pago de las prestaciones sociales causadas con ocasión de la muerte del capitán del Ejército, señor Antonio María Mojica Garzón, a sus beneficiarios Paulina Salcedo vda. de Mojica y Aura María, Clara Inés y Pablo Antonio Mojica Salcedo, cónyuge sobreviviente e hijos de aquel, con base en el Expediente 812 de 1962”, se ordenó el pago a los referidos beneficiarios de la cesantía y de la indemnización por muerte del capitán (fls. 18 a 20).

Mediante Resolución 00404 de 21 de enero de 1966, expedida por el Ministro de Defensa, se les reconoció a los beneficiarios una pensión mensual en los términos establecidos en el artículo 111, literal c), de la Ley 126 de 1959 (fls. 21 a 24).

Posteriormente, con las resoluciones 01911 de 27 de marzo de 1972 y 558 de 26 de enero de 1976, se les reajustó, entre otros

haberes, la pensión mensual por el fallecimiento del capitán Antonio María Mojica Garzón (fls. 25 a 31).

c. De la extinción del beneficio pensional a la accionante.

Mediante Resolución 6685 de 7 de octubre de 1986 el Ministerio de Defensa Nacional le extinguió a la señora Paulina Salcedo la cuota parte de la mesada pensional que venía percibiendo como beneficiaria del capitán fallecido, señor Antonio María Mojica Garzón, por haber contraído nuevas nupcias con el señor Rogelio Gómez Escobar el 16 de diciembre de 1981, en atención a lo establecido en el artículo 156 del Decreto 612 de 1977 (fls. 8 a 10).

d. De la reclamación de la accionante para la reactivación pensional.

Mediante derecho de petición de 17 de septiembre de 2004 la señora Paulina Salcedo de Gómez le solicitó al Ministerio de Defensa Nacional el restablecimiento de su derecho, en atención a que el artículo en el que se había sustentado la extinción de su derecho pensional se había declarado inconstitucional a través de la Sentencia C-464 de 2004. Al respecto precisó la actora:

“Al contraer nuevas nupcias en el año mil novecientos y dos (sic) (1982), por disposiciones legales que así lo exigían, renuncié a la pensión que gozaba, pero por información obtenida del diario El Tiempo, del día 15 de mayo de 2004, me he enterado que por sentencia de la Corte Constitucional quedó sin vigencia (sic) las normas que consagraban la pérdida de la pensión de las viudas de militares que volvieran a contraer matrimonio o formalizaran otras uniones como fue mi situación personal ya citada y en su defecto el de solicitar al Estado el reconocimiento retroactivo de las mesadas dejadas de pagar. Según el análisis de la sentencia y teniendo en cuenta que con fundamento a la Constitución colombiana de 1991, para reclamar el beneficio de la pensión perdida antes de 1991 como es mi situación, los magistrados adoptaron una fórmula intermedia y puedo reclamarlo desde el 7 de julio de ese año y hasta la fecha”.

A través de la Resolución 016 de 20 de enero de 2005, proferida por la secretaría general del Ministerio de Defensa Nacional, se atendió negativamente dicha petición, al considerar que los efectos del fallo de inexequibilidad aducido no afectaban su situación, la cual se consolidó con anterioridad al 7 de julio de 1991. Al respecto, se concluyó (fls. 4 a 7):

“Que por lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Defensa Nacional procederá a declarar que no es procedente acceder al requerimiento efectuado por la señora Paulina Salcedo de Gómez, tendiente a obtener la reactivación de la pensión que percibía en calidad de cónyuge superstite del capitán del Ejército Nacional, Antonio María Mojica Garzón, (q. e. p. d.), toda vez que su nuevo matrimonio se produjo con anterioridad al 7 de julio de 1991, fecha a partir de la cual la honorable Corte Constitucional en sentencias C-182 de 1997, y C-464 de 2004, declaró se debían restablecer los derechos constitucionales vulnerados”.

Establecido lo anterior, la Sala procede al estudio del asunto sometido a consideración en el siguiente orden: (i) De la extinción de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional para el cónyuge superstite por haber contraído nuevas nupcias: Marco normativo y jurisprudencial; y, (ii) Del caso concreto.

(i) De la extinción de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional para el cónyuge superstite por haber contraído nuevas nupcias: Marco normativo y lurisprudencial.

En vigencia del orden jurídico instaurado con la Constitución Política de 1991, tanto la sustitución pensional como el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes son vistos como institutos jurídicos que tienen como finalidad amparar económicamente al grupo familiar más cercano que resulta despojado material y moralmente de uno de sus integrantes y, de esta forma, garantizarle a los afectados el acceso a los recursos necesarios para subsistir en condiciones dignas con un nivel de vida similar al que ostentaban con anterioridad al fallecimiento del pensionado o asegurado.

En este sentido, el acceso a este tipo de prestaciones toca con importantes derechos de índole constitucional, tales como la vida, el mínimo vital y la dignidad humana, de personas que se encuentran en estado de indefensión ante la ausencia de quien probablemente proveía de todo lo necesario para su subsistencia. En este sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-002 de 1999(1) reiterada por la Sentencia C-1035 de 2008(2), sostuvo:

“De esta manera, con la pensión de sobrevivientes se pretende garantizar a la familia del causante el acceso a los recursos necesarios para garantizarse una existencia digna y continuar con un nivel de vida similar al que poseían antes de su muerte. Esta corporación, específicamente refiriéndose a esta figura ha sostenido que su propósito:

“(...) es el de ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte. (...) Concretamente, la pensión busca [evitar] que ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento. Desde esta perspectiva, ha dicho la Corte, “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria (...)” [énfasis fuera de texto].

En similares términos, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, ha considerado frente al derecho a la sustitución pensional que:

“La jurisprudencia de Colombia ha reiterado que el derecho a la sustitución pensional está instituido como un mecanismo de protección a los familiares del trabajador pensionado, ante el posible desamparo en que puedan quedar por razón de la muerte de este pues al ser beneficiarios del producto de su actividad laboral, traducido en la mesada pensional, dependen económicamente de la misma para su subsistencia (...)”(3).

Ahora bien, en vigencia de la nueva Carta Política la Corte Constitucional ha construído una sólida jurisprudencia tendiente a admitir el igual derecho que le asiste a la (el) cónyuge y a la (el) compañera (o) de acceder al derecho pensional derivado del fallecimiento de su cónyuge o compañero (a); así como también, ha resaltado el carácter vitalicio de este reconocimiento, sin permitir que decisiones provenientes de la libre intención particular de las (los) beneficiarias (os), que no afectan a la comunidad, determinen la extinción del derecho.

Concretamente, en este último caso, el máximo tribunal constitucional ha abordado en reiteradas oportunidades la constitucionalidad de una disposición, existente en diversos cuerpos normativos, según la cual a la viuda (o) beneficiaria (o) de una sustitución pensional o de una pensión de sobrevivientes se le extinguía su derecho por contraer nuevas nupcias.

En estos casos, al tenor del alcance de la protección de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad, la Corte ha sostenido que con la entrada en vigencia de la nueva Constitución este tipo de limitaciones son contrarias al ordenamiento jurídico. Al respecto, se sostuvo en la Sentencia C-309 de 11 de julio de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en donde se revisaron los artículos 2º de la Ley 33 de 1973, 2º de la Ley 12 de 1975 y 2º de la Ley 126 de 1985, que:

“No se requieren de muchas elucubraciones para concluir que la condición resolutoria, viola la Constitución Política. La mujer tiene iguales derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios legales como consecuencia del ejercicio legítimo de su libertad (C.P. arts. 16, 42 y 43). No puede plantearse una relación inequívoca entre la conformación de un nuevo vínculo y el aseguramiento económico de la mujer, menos todavía hoy cuando la consideración paritaria de los miembros de la pareja no se ajusta más a la antigua concepción de aquella como sujeto débil librada enteramente a la protección masculina. La norma legal que asocie a la libre y legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, el riesgo de la pérdida de un derecho legal ya consolidado, se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que vulnera el libre desarrollo de su personalidad, sin ninguna justificación comoquiera que nada tiene que ver el interés general con tales decisiones personalísimas (...).

La Corte encuentra que la norma derogada se revela en la actualidad como causa de un tratamiento inequitativo con respecto a las personas que, durante su vigencia, perdieron el derecho a la pensión sustitutiva y que, por consiguiente, no podrían acogerse al nuevo régimen legal. Desde este punto de vista, no cabe duda de que la norma derogada sigue produciendo efectos frente a las personas afectadas durante su vigencia, aunque estos sean de signo negativo y solo se revelen al contrastar su situación de pérdida del derecho a la pensión con la de las personas que pueden acogerse al nuevo régimen legal. En efecto, se toma mayor conciencia del daño y adquiere este connotación actual a través de la comparación de la situación que enfrenta la persona privada de la pensión por haber contraído nuevas nupcias o haberse unido a otra con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y la persona que habiendo realizado la misma conducta, con posterioridad a dicha norma, adquiere o sigue gozando el mencionado derecho.

(...)”.

De conformidad con lo anterior, entonces, para la Corte Constitucional la vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad se evidencia cuando se sujeta el pago de un beneficio prestacional a la decisión, inducida y no voluntaria, de no contraer nuevas nupcias; y, el de la igualdad cuando dentro de otro régimen pensional, el implementado con la Ley 100 de 1993, dicho condicionante no existe.

Ahora bien, también debe resaltarse que el pronunciamiento que en esta oportunidad efectuó la Corte Constitucional lo condicionó en el tiempo, dado el alcance de su competencia como máximo guardián de la Constitución Política de Colombia expedida en 1991, en los siguientes términos:

“Segundo. Las viudas que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el derecho a la que en la actualidad se denomina pensión de sobrevivientes, podrán, como consecuencia de este fallo y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales conculcados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia”.

Con posterioridad a esta providencia, la Corte en múltiples ocasiones se ha pronunciado en similares términos frente a disposiciones con idéntico contenido normativo, así: C-182 de 1997, C-653 de 1997, C-1050 de 2000 y C-464 de 2004(4).

En este último caso, vale la pena resaltar, se declaró la inconstitucionalidad, entre otras disposiciones aplicables a los miembros de la Fuerza Pública, del artículo 156 del Decreto 612 de 1977(5) en los siguientes términos:

“Segundo. Las viudas y viudos que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, hayan perdido el derecho a la pensión de que tratan las normas mencionadas, podrán, como consecuencia de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia”.

Con base en dicha decisión la señora Paulina Salcedo de Gómez le solicitó en el 2004 al Ministerio de Defensa Nacional la reactivación de su derecho pensional por el fallecimiento de su ex esposo, capitán Antonio María Mojica Garzón, situación que a continuación pasa a decidirse.

(ii) Del caso concreto.

Tal como quedó establecido en la formulación del problema jurídico, la Sala debe resolver si es viable acceder a la petición de la accionante a pesar de haber contraído nuevas nupcias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.

En este sentido, cabe precisar si el hecho de que la Corte Constitucional haya considerado en las diferentes providencias de constitucionalidad que ha proferido sobre este tópico que la aplicación de esta condición resolutoria es inconstitucional frente a quienes contrajeron nuevo vínculo matrimonial con posterioridad al 7 de julio de 1991, impide la protección respecto de aquellos que lo hicieron con anterioridad a dicha fecha.

Con tal objeto, se hace un recuento de lo que hasta el momento se ha considerado en esta corporación y en la Corte Constitucional al respecto, veamos:

— En sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de 25 de enero de 2001, C.P. Alberto Arango Mantilla, actor: Eliécer Peláez Suárez, se consideró que en la medida en que la Corte Constitucional mediante Providencia C-309 de 1996 había fijado los alcances de su fallo “nuevas nupcias o uniones maritales con posterioridad al 7 de julio de 1991” y a que la suspensión de la pensión del actor por nuevas nupcias ocurrió con anterioridad a dicha fecha, la sentencia de la Corte no tenía por qué afectar su situación pensional.

En similar sentido, más recientemente, mediante providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 26 de junio de 2008, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, Radicado Interno 5601-2005, actor: Bertilda Alvarado de Melo, consideró, al amparo del artículo 45 de la Ley 270 de 1996 así como también de las sentencias C-309 de 1996 y 037 de 1996, que la accionante, quien había contraído nuevas nupcias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política, no se encontraba legitimada para reclamar la reactivación de su beneficio pensional, pues: ”su situación no se adecua (sic) a los supuestos fijados por la misma Corte Constitucional al definir los efectos del fallo”.

— A su turno, en sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 31 de julio de 2003, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, Radicado Interno 0675-2002, actor: Bertha Rivera de Corrales, se acogió una tesis diversa con fundamento en la protección del derecho a la igualdad, así:

“El artículo 109 de la Ley 126 de 1959 es inconstitucional, pues supone un tratamiento desigual sin una razón constitucionalmente válida que soporte la diferencia entre los cónyuges superstites que contraigan nuevas nupcias o hagan vida marital con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución Política, respecto de quienes lo hicieron pero con anterioridad a ella. Estos deben soportar la carga de perder su derecho pensional sustitutivo, mientras para los otros se mantiene vigente el goce del derecho a pesar de ostentar el mismo título jurídico que da origen al derecho pensional, esto es, que a pesar de encontrarse bajo el mismo supuesto fáctico tienen un tratamiento jurídico injustificadamente diferente.

Por otro lado, cabe recordar que la Constitución Política es norma de normas y que de acuerdo al artículo 4º ibidem, en cualquier caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley anterior o posterior, u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Por este motivo la Sala se aparta del concepto del tribunal toda vez que lo relevante en el sub lite, no es que la actora Bertha Rivera de Corrales haya contraído segundo matrimonio mucho antes de la entrada en vigor de la Constitución, como se afirma para desestimar las pretensiones, sino que en vigencia de la Constitución actual, la extinción del derecho pensional no armoniza con el artículo 13 ibidem, y por tal motivo, la norma que estableció la prohibición ha perdido su fuerza normativa”.

Con fundamento en este argumento, y aplicando la excepción de inconstitucionalidad frente al aparte del artículo 109 de la Ley 126 de 1959 que establecía el contraer nuevas nupcias como causal de extinción de la sustitución pensiona!, accedió a las pretensiones de la demanda.

— Por su parte, la Corte Constitucional en varias providencias de tutela ha concedido el derecho pensional de viudas y viudos a los que con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política se les extinguió el pago de la prestación por haber contraído nuevas nupcias. Dicha protección, la ha sustentado en la figura del decaimiento del acto administrativo a través del cual se decretó la extinción del beneficio con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de la norma en que se fundaba.

También ha precisado la Corte que la protección por vía de control abstracto de constitucional sobre aquellos viudas y viudos que contrajeron nuevas nupcias con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 no implica la desprotección frente a aquellos que lo hicieron con anterioridad a dicho momento. Al respecto, se puntualizó en la Sentencia T-693 de

2 de octubre de 2009, C.P. Jorge Iván Palacio Palacio:

“Esta modulación del efecto temporal de la Sentencia [C-309/96], como se indicó, tuvo como sustento principal la vigencia de la Constitución y la protección de los derechos de las mujeres que, en virtud del libre desarrollo de la personalidad, decidían celebrar un nuevo matrimonio. Como se observa, la sentencia de constitucionalidad bajo cita únicamente se refirió a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres que contrajeron nuevas nupcias con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Carta Política. Sin embargo, ello no significa que la Corte haya negado la posibilidad de inferir atribuciones de carácter fundamental en cabeza de las mujeres que hubieren contraído nuevas nupcias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Agregado nuestro.

(...).

Es indudable que en la Sentencia C-464 de 2004 también se definió una modulación temporal de los efectos del fallo respecto de las mujeres que deciden contraer nuevas nupcias. Sin embargo, una interpretación restrictiva de esta modulación, contraria al principio pro-homine y a la prohibición de discriminación entre hombres y mujeres, conllevaría a restringir que la protección de derechos solo cobija a las mujeres que celebran matrimonio después de 1991, lo que implicaría dejar desprotegidas a las mujeres restantes, es decir, las que decidieron contraer nuevas nupcias con anterioridad. Es evidente que tal sentencia se refirió expresamente al primer grupo de personas pero ello no implica que hubiere excluido del ámbito de protección constitucional a las mujeres restantes.

Así, en definitiva, la definición de efectos retroactivos en la Sentencia C-464 de 2004 no excluye, como se advierte, que los hechos o declaraciones que se hubieren consolidado en vigencia del Decreto 612, inclusive si estos ocurrieron con anterioridad al 7 de julio de 1991, tengan la posibilidad del restablecimiento de los derechos constitucionales vulnerados”.

Referido el anterior marco, a continuación procede la Sala a reexaminar el tópico sometido a consideración y a fijar la viabilidad del amparo reclamado por la actora.

— Al respecto, lo primero que ha de resaltarse es que no cabe duda alguna del derecho que le asiste al cónyuge o compañera (o) permanente superstite a continuar devengando la sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes a pesar de contraer nuevas nupcias con posterioridad a la Constitución Política de 1991.

— Tampoco cabe duda de que el beneficio a la sustitución pensional o a la pensión de sobrevivientes, aun con anterioridad al año 1991, tenía una clara inspiración de ayuda y socorro a quienes se veían desamparados con la pérdida del familiar que les proveía, total o ;parcialmente, lo necesario para su digna subsistencia.

— También puede afirmarse que la filosofía de la pérdida del benefició pensional para la viuda o viudo por contraer nuevas nupcias radica en el hecho de la pertenencia a un nuevo núcleo familiar dentro del cual deben producirse los medios para proveer una vida digna a sus integrantes. Al respecto, se refirió en la Providencia C-309 de 1996:

“4. En las ponencias presentadas en la Cámara y el Senado, se expone la justificación de la aludida condición resolutoria o extintiva del derecho a la pensión de sobrevivientes. Las nuevas nupcias o la renovada vida marital, comporta el aporte del nuevo cónyuge o compañero, lo que torna innecesaria la continuación de esta forma de protección económica a la vida familiar. De otro lado, la afrenta a la memoria del marido, que sufriría menoscabo a raíz de la nueva relación, abonaría la pérdida del derecho a la pensión”.

Esta justificación, empero, a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad ha sido considerada como violatoria de la Constitución Política de 1991, en la medida en que la decisión de constituir una nueva familia, amparada constitucionalmente en el artículo 42, no tiene por qué incidir en un derecho que ha sido catalogado como irrenunciable y vitalicio.

— Considerar la viabilidad de amparar el derecho pensional de una (un) cónyuge o compañera (o) superstite que vuelve a establecer un vínculo familiar, legal o de hecho; y, en cambio, negar el derecho de otra (o) cobijada (o) por el mismo supuesto, solo por la consideración temporal de haber constituido el nuevo vínculo antes o después de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, implicaría atentar contra el derecho a la igualdad al amparo de lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto:

a. El derecho a la pensión en cabeza del cónyuge o compañera (o) permanente superstite es irrenunciable y vitalicio; razón por la cual, si este se niega, los efectos lesivos se extienden en el tiempo hacia adelante y cada día el perjuicio se consuma indefinidamente.

b. En el caso en cuestión, si bien es cierto existió una norma en virtud de la cual, se consideró viable la extinción del beneficio pensional, esta limitación del derecho se sigue presentando, cuando en la actualidad personas ubicadas en la misma situación, e incluso pensionadas con fundamento en el mismo cuerpo normativo aplicado a la actora, continúan siendo beneficiarias de la prestación.

c. En la actualidad, entonces, bajo el amparo de la Constitución Política el perjuicio que se le continúa causando a la acccionante no tiene asidero jurídico y, en consecuencia, se impone su amparo.

Esta protección, empero, ha de resaltarse que no se genera por una distorsión interpretativa sobre los efectos de los fallos de inexequibilidad que ha proferido la Corte sobre la materia, sino en atención a la protección del derecho a la igualdad de situaciones que se encuentran vigentes en la actualidad y a las cuales no se les ha dispensado un trato igualitario.

Por lo anterior, es viable acceder a las pretensiones de la demanda, previas las siguientes consideraciones:

a. En cuanto a los actos demandados.

En atención a que la legalidad de un acto se analiza frente a las normas que le sirvieron de sustento al momento de su expedición, la Sala no accederá a declarar la nulidad de la Resolución 6685 de 7 de octubre de 1986; pues, tal como se deduce de lo anteriormente expuesto, al momento de su expedición era una causa legal de extinción de la pensión para la viuda el hecho de contraer nuevas nupcias.

Por lo anterior, se procederá a declarar la nulidad solamente de la Resolución 016 de 20 de enero de 2005, pues esta si fue expedida luego de que la Corte Constitucional se hubiera pronunciado sobre la inconstitucionalidad del artículo 156 del Decreto 612 de 1977.

b. En cuanto a la fecha a partir de la cual se restablece el derecho pensional.

Al respecto, en atención al alcance dado por la Corte Constitucional a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 156 del Decreto 612 de 1977, se ordenará la reactivación de la mesada pensional a la actora a partir de la fecha de notificación de la Sentencia C-464 de 11 de mayo de 2004.

Del restablecimiento del derecho

De conformidad con lo expuesto, hay lugar a acceder parcialmente a las súplicas de la demanda, y en consecuencia, a ordenar la reactivación del derecho pensional de la actora a partir de la fecha de notificación de la Sentencia C-464 de 11 de mayo de 2004, en las condiciones en que le fue reconocida y teniendo en cuenta los acrecimientos a que hubiera habido lugar.

El pago de las sumas que resulten a favor de la actora se ajustarán en su valor, de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:

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En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la actora por concepto de mesada pensional, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el Dane (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada salarial y prestacional teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

Es de agregar, adicionalmente, que durante este lapso la condena debe ser actualizada pero no genera intereses moratorios, en la medida en que la causación de estos se sujeta expresamente al evento regulado por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y a que la actualización de dinero está siendo cobijada por la orden de la indexación.

Tampoco se accederá al pago de los perjuicios solicitados en la demanda, en la medida en que la accionante no los acreditó.

Finalmente, en atención a la conducta asumida por las partes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, tampoco se accederá al pago de cosas y agencias procesales.

Por, último, en atención a que la providencia del tribunal no se pronunció sobre algunos aspectos que esta Sala si aborda de manera concreta, situación justificada en la medida en que la decisión del a quo fue negativa y en consecuencia no debía conocer, tales como el reconocimiento de los perjuicios presuntamente acusados y los intereses moratorios, se procederá a revocar totalmente el fallo recurrido y a proferir un pronunciamiento que incluya de forma integral las pretensiones de la demanda.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 13 de agosto de 2009, por la cual el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda formulada por Paulina Salcedo de Gómez contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar:

DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 016 de 20 de enero de 2005, proferida por la secretaría general del Ministerio de Defensa Nacional, por la cual se resolvió negativamente la solicitud incoada por la señora Paulina Salcedo de Gómez, relativa al restablecimiento del derecho a la pensión causada por el fallecimiento de su cónyuge, capitán del Ejército Nacional Antonio María Mojica Garzón. En consecuencia,

CONDÉNASE a la Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional a ordenar la reactivación del derecho pensional de la señora Paulina Salcedo de Gómez, a partir de la fecha de notificación de la Sentencia C-464 de 11 de mayo de 2004, en las condiciones en que le fue reconocida, teniendo en cuenta los acrecimientos a que hubiera habido lugar y con aplicación de la fórmula de indexación anteriormente referida.

Dése cumplimiento a esta providencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese; notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) M.P. Antonio María Carbonell.

(2) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(3) Sentencia de 20 de septiembre de 2007, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, Radicado Interno 2410-2004, actor: María Lilia Alvear Castillo.

(4) Valiéndose de idénticas consideraciones, el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia de 6 de septiembre de 2001, C.P. Ana Margarita Olaya Forero, Radicado Interno 1512-00, se declaró la nulidad del numeral 1º, literal a), artículo 77 del Decreto 1091 de 1995, así:

“1. Declarase la nulidad de las siguientes expresiones del numeral 1º del literal a) del artículo 77 del Decreto 1091 de 1995:

“1. Cuando contraiga nupcias o haga vida marital”.

2. Las viudas(os) que con posterioridad al 27 de junio de 1995 hubieren contraído nupcias o hecho vida marital y por este motivo hayan perdido el derecho a la pensión de que trata la norma anulada, podrán como consecuencia de este proveído y a fin de que se restablezcan sus derechos constitucionales vulnerados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia”.

(5) El cual sirvió de sustento para declarar la extinción del beneficio pensional de la accionante.