Sentencia 2005-01500 de abril 25 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUB-SECCIÓN C

Radicación: 470012331000200501500 01 (39.272)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Luis Francisco Bohórquez Castilla

Demandados: Departamento del Magdalena y otro

Asunto: Acción de reparación directa

Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar se concede parcialmente por encontrarse acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad demandada /Restrictor: Legitimación en la causa - Caducidad de la acción - Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual de Estado.

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Aspectos procesales previos.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(12), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante el señor Luis Francisco Bohórquez Castilla, en su condición de propietario del inmueble invadido por terceros, calidad que se encuentra acreditada con el folio de matrícula inmobiliaria 225-0006223(13) y sobre el cual alega que la Alcaldía del municipio de Fundación - Magdalena no cumplió una orden judicial emitida por el Juez Único Penal del Circuito de dicha municipalidad, quien en la calidad aducida se encuentra legitimado en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida en contra del municipio de Fundación - Magdalena, quien dentro del marco de sus funciones como máxima autoridad de policía del municipio, le correspondía atender a la orden judicial de desalojo dada por el Juzgado Único Penal del Circuito de dicha municipalidad, responsabilidad que será dilucidada en sede de imputación. En consecuencia, dicha entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

Ahora bien, en lo que respecta al demandado departamento del Magdalena, debe preverse que, como quiera que no se observa que este haya actuado en los hechos referidos en la demanda, esta Sala deberá declarar de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(14), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(15). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(16).

En el caso concreto, la Sala observa que la orden de desalojo dada a la Alcaldía municipal del Fundación - Magdalena por el Juzgado Único Penal del Circuito del mismo municipio, fue comunicada mediante oficio Nº 0156 de fecha 17 de febrero de 2005(17), en la que advirtió que a partir de dicha fecha contaba con seis (6) meses para el cumplimiento de la misma, término que se cumplió el 17 de agosto del mismo año, y como la demanda de reparación directa tuvo lugar el 25 de noviembre de 2005(18), para esta Corporación está acreditado entonces, que la acción fue interpuesta dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2. Acervo probatorio(19). 

Del acervo probatorio allegado al expediente, se destacan las siguientes pruebas:

2.1. Documentales.

1. Copia de escritura pública 247 de fecha 9 de mayo de 1989(20), por medio del cual se protocolizó la compraventa celebrada entre los señores Juan Antonio Cuello Bacca, José Antonio Cuello Bacca y Pedro Joaquín Cuello Bacca, como vendedores de los derechos de dominio y posesión material en pro-indiviso a favor de los señores Luis Francisco Bohórquez Castilla, Eugenio José Prada Daza y Flavio Julián Ramírez Conde, de un lote de terreno de aproximadamente de 4.035 metros cuadrados, ubicado en la calle 6 Nº 27-103 en la vía Fundación - Pivijay.

2. Copia de escritura pública 598 de fecha 14 de diciembre de 1995(21), en la que consta la compra-venta realizada por la señora Magola Castilla de Bohórquez al señor Flavio Julián Ramírez Conde, de los derechos de dominio y posesión material que ejerce de manera pro-indivisa y mancomunada en la cuota que le correspondía sobre un lote de terreno de aproximadamente de 4.035 metros cuadrados, ubicado en la calle 6 Nº 27-103 en la vía Fundación - Pivijay.

3. Copia de la Resolución 16 de fecha 16 de enero de 1996(22) por medio de la cual la Alcaldía del municipio de Fundación ordenó el lanzamiento de los ocupantes del predio ubicado en la calle 6 Nº 27-103 en la vía que conduce a los municipios de Fundación y Pivijay, promovido por los señores Magola Castilla de Bohórquez y Luis Francisco Bohórquez Castilla

4. Copia de escrito de demanda de Policía presentada por el señor Luis Francisco Bohórquez Castilla ante la Alcaldía del municipio de Fundación - Magdalena, de fecha 24 de junio de 1996(23), por medio del cual se pretendió la restitución del bien inmueble ubicado “en el área urbana del municipio de Fundación, departamento del Magdalena, el cual se desprende de una mayor extensión identificado con el número 27-103 de la calle 6ª de la actual nomenclatura” de ese municipio

5. Copia de Resolución 420 de fecha 14 de agosto de 1996(24), a través de la cual la Alcaldía del municipio de Fundación nuevamente ordenó el lanzamiento de los invasores de un predio ubicado sobre la vía fundación Pivijay, a solicitud de los señores Magola Castilla de Bohórquez y Luis Francisco Bohórquez Castilla.

6. Escrito radicado el día 11 de septiembre de 1996(25) por el señor Luis Francisco Bohórquez ante la Secretaría de Planeación, por medio del cual presentó para su revisión y aprobación un proyecto de distribución de lotes de la “Urbanización Bohórquez” del predio cuya matrícula inmobiliaria es el Nº 222-0006223 y escritura pública 247.

7. Copia de la Resolución 479 del 11 de septiembre de 1996(26), por medio de la cual la Alcaldía del municipio de Fundación - Magdalena, ordenó nuevamente el desalojo de varias personas del predio ubicado en la calle 6 Nº 27-103 de propiedad del hoy accionante.

8. Copia de certificación emitida por la Secretaría de Planeación del municipio de Fundación - Magdalena, de fecha 21 de septiembre de 1996(27), por medio de la cual afirmó que “los planos referentes a la Urbanización BOHÓRQUEZ, y el proyecto zona verde comunal recreacional Urbanización Simón Bolívar, se encuentran aprobados” por dicha dependencia.

10(sic). Copia de Resolución 496 de fecha 23 de septiembre de 1996(28), por medio de la cual la Alcaldía municipal de Fundación resolvió el impedimento presentado por el Inspector Norte de Policía, dada la amistad que este tenía con algunos sujetos procesales y en consecuencia, se comisionó al Inspector Central de Policía “para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento ordenada por medio de la Resolución 479 de septiembre 11 de 1996”.

11. Copia de escrito suscrito por el señor Luis Francisco Bohórquez, radicado el día 30 de septiembre de 1996(29), por medio del cual presentó y entregó ante la secretaría de planeación del municipio de Fundación, el proyecto para la zona verde comunal de la urbanización Simón Bolívar.

12. Copia de Resolución 520 de fecha 7 de octubre de 1996(30), por medio de la cual la Alcaldía Municipal de Fundación resolvió negar una petición de anulación en contra de la Resolución 479 del 11 de septiembre de 1996.

13. Copia de Resolución 521 de fecha 7 de octubre de 1996(31), por medio de la cual la Alcaldía Municipal de Fundación comisionó a la “inspección central de policía para realizar la notificación de una resolución y para llevar a cabo una diligencia de lanzamiento”.

14. Copia de Resolución 65 de fecha 31 de enero de 1997(32) por medio de la cual la Alcaldía Municipal de Fundación resolvió un recurso de queja interpuesto por una de las partes, en contra de la Resolución 563 de fecha 17 de octubre de 1996, que dejó en libertad a los interesados del lanzamiento para acudir a la jurisdicción ordinaria, dado que había operado la prescripción de la acción administrativa en contra de ellos.

15. Copia del Oficio 258 de fecha 4 de noviembre de 1998(33), mediante el cual el secretario de planeación municipal de Fundación, le manifestó al señor Luis Bohórquez que en dicha dependencia “no existe ningún documento que apruebe la construcción de cualquier tipo de obra en su predio”.

16. Copia de la escritura 221 de fecha 5 de noviembre de 1999(34), en la que consta la compra-venta realizada por el municipio de Fundación - Magdalena al señor Eugenio José Prada Daza, de los derechos de dominio y posesión material que ejerce de manera pro-indivisa y mancomunada en la cuota que le correspondía sobre el predio referido, esto es, de una tercera parte (1/3).

17. Copia de folio de matrícula inmobiliaria 225-0006223 expedido el día 28 de febrero de 2003(35), por el Registrador de Instrumentos Públicos Seccional Fundación - Magdalena, correspondiente a un lote de terreno de 4.035 metros cuadrados, cuyos linderos se encuentran referidos en la escritura pública 247 del 9 de mayo de 1989, y en donde constan como propietarios los señores Luis Francisco Bohórquez Castillo, Magola Castilla de Bohórquez y el municipio de Fundación - Magdalena.

18. Copia de la sentencia emitida por el Juzgado Único Penal Municipal de Fundación - Magdalena de fecha 12 de agosto de 2002(36), por medio de la cual se condenó en primera instancia a varias personas por el delito de invasión de tierras o edificaciones perpetrado en el predio del hoy accionante.

19. Copia de escrito de recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Bohórquez Castilla ante el Juez Único Penal Municipal de Fundación de fecha 30 de agosto de 2002(37), en donde solicitó que en el fallo condenatorio emitido por dicho despacho judicial se acepte la constitución en parte civil elevada por el hoy accionante y en consecuencia, se ordene la restitución del predio invadido.

20. Copia de la sentencia emitida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación de fecha 6 de noviembre de 2002(38), por medio del cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte civil, en el sentido de adicionar la sentencia de fecha 12 de agosto de ese mismo año proferida por el Juzgado Único Penal Municipal de Fundación - Magdalena, en donde se ordenó restablecer el derecho del actor mediante la restitución del bien inmueble invadido por parte de los procesados, a su legítimo propietario, dentro del término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia.

21. Copia de escrito de tutela presentado por los invasores del predio de fecha 14 de marzo de 2003(39), en contra de los juzgados Único Penal Municipal y Único Penal del Circuito de Fundación - Magdalena, al considerar que en las providencias donde fueron perjudicados, existieron vías de hecho que atentaban contra su derecho fundamental al debido proceso.

22. Copia de diligencia de inspección judicial de fecha 31 de marzo de 2003(40), adelantada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fundación, en la cual se describió el estado actual del predio invadido, así como los linderos, además, se tomó la declaración de varios habitantes quienes manifestaron que el lote era un basurero cuando ellos lo invadieron.

23. Copia de sentencia de fecha 1º de abril de 2003 emitida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dentro del proceso de tutela radicado bajo el número 00086-03, en contra de los Jueces Penal Municipal y Penal del Circuito de Fundación - Magdalena, en la cual se decidió no tutelar los derechos fundamentales solicitados (debido proceso por vía de hecho), al considerar que la propiedad del predio invadido se encontraba acreditada, y agregó que, aunque el predio sea un bien inmueble pro indiviso, la invasión sucedió en la totalidad del predio, lo que hace imposible determinar a cuál de los propietarios perjudica los efectos de la misma.

24. Copia de auto de fecha 21 de abril de 2003(41) dictado dentro del proceso de tutela 00086/2003 seguido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, por medio del cual se concedió la impugnación interpuesta por la accionante en contra del proveído del 1º de abril del mismo año, proferido por dicho estrado judicial, en el que había decidido no tutelar los derechos fundamentales alegados.

25. Copia de solicitud de cumplimiento de la sentencia del Juzgado Penal del Circuito de Fundación, impulsada por el Señor Luis Francisco Bohórquez Castillo mediante escrito de fecha 3 de junio de 2003(42), correspondiente a la orden de desalojar el bien inmueble de su propiedad.

26. Copia de la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta de fecha 25 de junio de 2003(43), referida a la omisión de haber notificado a todas las personas que resultaron favorecidas con la decisión, en donde se dispuso nuevamente a resolver la acción de tutela instaurada por la señora Luz Marina Rojano Rangel y otros (en calidad de afectados con la sentencia penal por el delito de invasión de tierras) dentro del proceso radicado bajo el Nº 00086-03, la cual decidió no tutelar los derechos fundamentales solicitados (debido proceso por vía de hecho), al considerar que la propiedad del predio invadido sí se encontraba acreditada.

27. Copia de escrito de tutela presentado por el apoderado del municipio de Fundación de fecha 5 de septiembre de 2003(44), en contra de la providencia de fecha 6 de noviembre de 2002, en donde solicitó se protejan los derechos fundamentales del debido proceso, la seguridad social y orden justo, se suspenda la ejecutoria de dicha providencia, en lo que respecta a la restitución del inmueble hasta tanto no se haga el deslinde del predio objeto de la invasión a sus respectivos dueños.

28. Copia de sentencia de fecha 29 de octubre de 2003(45), proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual resolvió la impugnación interpuesta por la defensa del Municipio de Fundación - Magdalena, contra el fallo del 19 de septiembre de 2003, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta; al respecto decidió confirmar el fallo atacado al considerar que, “no se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales del municipio de Fundación con ocasión de la actuación procesal cumplida por los juzgados accionados, ni se demostró o señaló siquiera en forma concreta que tal afectación hubiera tenido lugar, máxime cuando las sentencias proferidas por los falladores de instancia “en el fondo está protegiendo los intereses económicos de la entidad territorial”, y por otro lado, afirmó que la accionante carecía de legitimación en la causa para interponer dicha acción, toda vez que, esta no había comparecido como parte dentro del proceso penal de invasión de tierras.

29. Copia de avalúo comercial de fecha 5 de agosto de 2004(46), realizado por la seccional de Magdalena del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el cual se identificó al predio objeto del avalúo con número predial 01-04-0102-0010-000 ubicado en la dirección transversal 28 Nº 6-150, con folio de matrícula inmobiliaria 225-0006223, cuyos propietarios corresponden a los señores Luis Francisco Bohórquez Castillo, Magola Castillo de Bohórquez y el Municipio de Fundación, por un valor total de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 33.894.000).

30. Copia de oficio de fecha 30 de septiembre de 2004(47) por medio del cual la sede central del Instituto Geográfico Agustín Codazzi respondió solicitud elevada por el secretario general y de gobierno del municipio de Fundación Magdalena, relacionada con el resultado del avalúo correspondiente al predio ubicado en la transversal 28 Nº 6-150 (carretera a Pivijay), identificado catastralmente con el número 01-04-0102-0010-000 en el municipio de Fundación.

31. Copia de Oficio 0156 de fecha 17 de febrero de 2005(48), por medio del cual el Juzgado Único Penal Municipal de Fundación - Magdalena, le informó al Alcalde municipal que diera cumplimiento al fallo judicial de fecha 12 de agosto de 2002 adicionado mediante providencia del 6 de noviembre del mismo año.

32. Copia de escrito suscrito por el señor Luis Francisco Bohórquez Castilla de fecha 1º de septiembre de 2005(49), dirigido al Juez Único Penal Municipal de Fundación Magdalena, en el que vuelve a poner bajo su conocimiento la falta de cumplimiento por parte de la Alcaldía de dicho municipio para la restitución del inmueble de su propiedad invadido por terceros.

33. Certificación suscrita por el Secretario de Planeación e Infraestructura municipal de Fundación - Magdalena de fecha 27 de junio de 2006(50), por medio del cual afirmó que en los archivos de dicha dependencia no se encontró documento relacionado con un proyecto urbanístico denominado Bohórquez.

34. Copia de escrito de constitución en parte civil presentado por el apoderado del señor Luis Francisco Bohórquez Castilla dentro del proceso penal seguido en contra de varias personas por el delito de invasión de tierras de fecha 17 de marzo de 2009(51).

2.2. Periciales.

1. Informe pericial de fecha 4 de agosto de 2009(52), por medio del cual el perito designado por el a quo, estimó como valor del lote de terreno en CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 161’400.000), el valor del proyecto de construcción en MIL CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 1.042’592.300), y la suma de QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 526’564.840) por concepto de daño emergente, lucro cesante y frutos civiles dejados de percibir. Además, indicó como advertencia que “toda la información aportada por el interesado y que obra (…) expediente se tomó como cierta, real y eficaz, cualquier incompetencia escapa a la responsabilidad del avaluador”.

3. Problema jurídico.

El problema jurídico que se plantea la Sala consiste en determinar si ¿es imputable a la entidad demandada, municipio de Fundación - Magdalena, el daño antijurídico alegado en la demanda, al omitir dar cumplimiento a una orden de desalojo dada por un Juez de la República, lo que le impidió ejecutar un proyecto de vivienda que había sido aprobado por la secretaría de planeación de dicho municipio?

4. Presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(53).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, el régimen común de la falla del servicio o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

5. El caso en concreto.

En el presente asunto, la defensa de la parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia negatoria de primera instancia, al considerar que las piezas documentales aportadas en copia simple debían ser valoradas y analizadas con el conjunto de las demás pruebas, que acreditaban la propiedad del predio en cabeza de su poderdante, por ello solicitó que el fallo del a quo fuera revocado, y en consecuencia se concedan cada una de las pretensiones de la demanda.

De esta manera, y en atención a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, los documentos aportados en copia simple, serán valorados bajo los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, expediente 25.022.

Por tanto, superado el tema que soportó la sentencia negatoria de primera instancia, referente al valor probatorio de las copias simples, le corresponde a la Sala determinar si le asiste razón a la parte demandante cuando afirma en su demanda que el daño antijurídico consistente en el incumplimiento de una orden de desalojo por parte de un Juez de la República en un proceso judicial le es imputable a la entidad demandada.

Así las cosas, una vez analizado el material probatorio aportado, la Sala encuentra demostrado que el señor Luis Francisco Bohórquez Castilla adquirió los derechos de dominio y posesión del inmueble ubicado en la calle 6ª Nº 27-103 de la vía que conduce del municipio de Fundación a Pivijay en el departamento de Magdalena, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 225-0006223, derecho que comparte con la señora Magola Castilla de Bohórquez y el municipio de Fundación en pro indiviso.

Que de acuerdo a lo expresado en el certificado de instrumentos públicos así como en la escritura 247 del 9 de mayo de 1989, dicho predio se segregó de uno de mayor extensión, y actualmente corresponde a un área de 4.035 metros cuadrados, con los siguientes linderos:

“(…) NORTE, carretera Fundación - Pivijay en medio con terrenos de propiedad de la Aeronáutica Civil midiendo por este lado treinta y cinco (35) metros; SUR, con predio de Armando De la Rosa, mide por este lado cincuenta y dos (52) metros con setenta (70) centímetros; ESTE, con Colegio Simón Bolívar, antes Cárcel Municipal, mide por este lado cien (100) metros; OESTE, con Barrio Simón Bolívar (Tanque de Agua) con longitud de ciento dos (102) metros en diagonal. Este inmueble se segrega de uno mayor cabidad(sic) superficiaria inscrito en el Catastro Municipal de Fundación a nombre de CUELLO BACCA JOSE bajo el Nº 01-04-102-0002-000-03-01 con avalúo de $ 11’770.000,oo, con la denominación casa situado en la calle 6 Nº 27-103, con cabida superficiaria de 34 Has, según certificado catastral expedido el 27 de abril de 1989 por la tesorería municipal de Fundación, el cual se presenta e inserta, firmado y sellado, y en el que además se dice que está a paz y salvo por concepto de impuesto predial hasta el 31 de diciembre de 1989 (…)”.

Por otro lado, se demostró mediante las resoluciones 16 de fecha 16 de enero de 1996(54) y 420 de fecha 14 de agosto de 1996(55), que el predio ubicado en la calle 6ª Nº 27-103, identificado con número de matrícula inmobiliaria Nº 225-0006223 de propiedad del hoy accionante fue invadido por varias personas en diferentes oportunidades en el año 1996, y que frente a ello, sus propietarios tomaron las acciones policivas correspondientes para buscar su restitución.

Finalmente, el municipio de Fundación - Magdalena mediante Resolución 65 del 31 de enero de 1997 al resolver la queja presentada por una de las partes afectadas con el desalojo, decidió dar vía libre para que los propietarios del predio afectado acudieran a la jurisdicción ordinaria en busca de la protección a su derecho de propiedad, dado que la acción administrativa de lanzamiento había prescrito en contra del solicitante, el señor Bohórquez Castilla.

Fue así como luego de interponerse la correspondiente denuncia penal, el Juzgado Único Penal Municipal de Fundación mediante sentencia del 12 de agosto de 2002(56), condenó a varias personas al encontrarlas responsables del delito tipificado en el artículo 367 del Decreto-Ley 100 de 1980 (Código Penal vigente al momento de los hechos) correspondiente al tipo penal de invasión de tierras o edificaciones, a una pena de veinticuatro (24) meses de prisión. Decisión que en virtud del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte civil, fue adicionada mediante providencia de segunda instancia del 6 de noviembre del mismo año(57) emitida por el Juzgado Único Penal del Circuito de esa municipalidad, en el sentido de ordenar el desalojo de dicho predio invadido en el término de seis (6) meses, y restituirlo a su legítimo propietario.

No obstante, el cumplimiento de dicha orden fue interrumpida en varias ocasiones en virtud de las acciones de tutela interpuestas tanto por los condenados como por el municipio de Fundación - Magdalena, en contra de los jueces penales que habían decidido el asunto.

Una vez resueltas dichas acciones mediante providencias del 25 de junio y 29 de octubre de 2003 proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, el Juzgado Único Penal Municipal de Fundación a través de Oficio 0156 de fecha 17 de febrero de 2005(58), conminó al hoy demandado al cumplimiento del fallo de fecha 6 de noviembre de 2002 proferido por su superior jerárquico, referente al desalojo de las personas que habían invadido el predio referido, advirtiéndole que contaba con seis (6) meses para la ejecución de dicha orden, a partir de la fecha del oficio de comunicación.

Frente a esta situación, la entidad demandada en la contestación de la demanda sostuvo que la orden no pudo cumplirse dado a que el interesado no prestó su colaboración con los medios idóneos para su práctica, refiriéndose con ello, a que el demandante había incumplido el mandato legal que obliga a las partes de un proceso a colaborar con las autoridades en la práctica de pruebas y diligencias, establecida en el artículo 71 del Decreto 1400 de 1970 (CPC vigente al momento de los hechos).

Con todo lo anterior, y examinado cada uno estos elementos probatorios, para esta Subsección está acreditado que el demandante sufrió un daño antijurídico consistente en el incumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación - Magdalena en providencia del 6 de noviembre de 2002, al no habérsele restituido la posesión de su predio invadido, situación demostrada cuando en la contestación de la demanda la parte accionada admitió no haber desalojado a la fecha el referido predio.

Ahora bien, con respecto a la imputación de la responsabilidad a las entidades demandadas, esta Subsección en atención a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia analizará el caso sub examine, desde la falla del servicio por omisión del ente territorial demandado de cumplir con la orden emanada de una providencia judicial.

Así pues a través de las providencias referidas, se tiene que al haberse acreditado el derecho de propiedad que ostentaba el señor Luis Francisco Bohórquez Castilla sobre el predio identificado con matrícula inmobiliaria Nº 225-0006223, motivó a que el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación adicionara la sentencia del 12 de agosto de 2002 proferida por el Juzgado Único Penal Municipal de dicho municipio, en el sentido de ordenar a la entidad demandada efectuar el desalojo del predio objeto del delito, para que fuera restituido a sus propietarios.

Orden, que fue desacatada como quedó acreditada con los diferentes medios probatorios, y en la manifestación hecha por la accionada en su contestación, a pesar de justificar su proceder en la actitud del interesado al no haber colaborado en su realización, pues consideró, que fue la parte accionante quien negligentemente no cumplió el deber que la norma de procedimiento civil vigente al momento de los hechos le imponía (D. 1400/70, art. 71, num. 6º(59)).

Al respecto, para la Sala dicho argumento resulta infructuoso en la medida en que los deberes del interesado traídos a colación por el accionado no pueden servir de justificación para el no cumplimiento de una orden judicial, dada su condición de máxima autoridad de policía del municipio(60), en virtud de los deberes y principios que la Constitución y la ley le imponen, como el de colaborar con las autoridades jurisdiccionales(61), y de actuar de forma eficiente en el cumplimiento de sus funciones(62), sin olvidar que como ente territorial cuenta con capacidad económica y administrativa suficiente para el cumplimiento de sus objetivos, actuaciones que no se evidencian en el presente caso, por el contrario, se observa una omisión en el cumplimiento de la orden dada por el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación.

Por lo tanto, para esta Subsección la falla en el servicio por la omisión en el cumplimiento de una providencia judicial por parte de la entidad demandada municipio de Fundación Magdalena se encuentra acreditada en el plenario.

Con todo, satisfechos los elementos que dan por acreditada la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, la Sala procederá a liquidar los perjuicios solicitados en la demanda, siempre y cuando estos hayan sido demostrados con el material probatorio allegado al plenario.

6. Perjuicios.

6.1. Daño moral.

Con relación del perjuicio solicitado, por concepto de daño moral, el libelista hizo consistir dicho daño en dos eventos totalmente diferentes, i) el que surgió como consecuencia de la angustia padecida por los propietarios al no haber podido ejecutar y construir el proyecto de vivienda para el cual había comprado el predio referido, e ii) incluyó las sumas que por concepto de daño moral, habían sido condenadas las personas por el delito de invasión de tierras o edificaciones, por el Juez Único Penal Municipal de Fundación.

Así las cosas, para la Sala una vez verificado el expediente, en lo que tiene que ver con el primer punto, no se encontró prueba que acreditara la angustia, el desespero o desasosiego aludido por el apoderado del demandante en sus pretensiones, razón que lleva a que la misma se despache desfavorablemente.

En lo que respecta al segundo punto, para esta corporación la solicitud elevada por el apoderado de la parte demandante, resulta improcedente en la medida en que la acción de reparación directa no es la adecuada para la ejecución de sumas reconocidas en providencias judiciales, tal y como lo establece el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual deberá negarse dicha pretensión.

6.2. Daño emergente.

El libelista solicitó como daño emergente el perjuicio ocasionado en su contra por concepto del pago de honorarios profesionales a abogados y gastos procesales, sufragados como consecuencia del trámite judicial tendiente a recuperar el lote de su propiedad, el cual fue estimado en VEINTIUN MILLONES DE PESOS ($ 21’000.000).

No obstante, del acervo probatorio allegado al expediente no se observó prueba que acreditara dichos gastos, razón por la cual no habrá lugar a su reconocimiento.

Por otro lado, el accionante bajo este mismo perjuicio material solicitó le fuera reconocida la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 251’731.900) por concepto del precio del lote invadido.

Al respecto, la Sala debe precisar que el demandante circunscribió el daño antijurídico en la no restitución del derecho de posesión del predio invadido, contrario sensu, en la estimación del perjuicio material pidió el valor total del lote invadido, por lo cual solo se reconocerá el valor del derecho de posesión del accionante, que fue lo realmente afectado.

Entonces, de los elementos probatorios pertinentes para tasar este perjuicio, se tiene que, se allegó en debida forma con la contestación de la demanda, avalúo comercial urbano realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi(63), en el que se indicó como precio del predio la suma de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 33’894.000).

Por otro lado, el Tribunal Administrativo de primera instancia mediante auto de fecha 11 de marzo de 2009(64) decretó la práctica de un dictamen de un perito avaluador en bienes raíces, en donde se tasaron los perjuicios generados con la no construcción del proyecto de vivienda “Urbanización Bohórquez”, el cual fue rendido mediante escrito del 4 de agosto de 2009(65), y arrojó como resultado la suma de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 161’400.000), por concepto del valor del lote de terreno invadido.

Ahora bien, la Sala entrará a determinar cuál de los dos medios probatorios reseñados le ofrecen la convicción y certeza necesarias para estimar el valor del derecho de posesión que no fue restituido al actor con motivo de la invasión, y para ello, tendrá en cuenta las reglas básicas del dictamen pericial establecidas en los artículos 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil, el cual debe ser claro, preciso y detallado, amén de explicar el fundamento de sus conclusiones y que no puede contener opiniones personales que en nada tienen que ver con los aspectos técnicos exigidos por parte del juez de la causa.

De manera que, al valorar el dictamen el juez debe contar con la firmeza, precisión y claridad suficientes para que pueda ser tenido en cuenta, así mismo, es necesario que sus fundamentos estén debidamente cimentados y que se acompasen con los demás elementos materiales probatorios que obran en el proceso, ya que si el operador jurídico acude a los auxiliares de la justicia es para contar con el concepto de la persona experta en determinada área, quien debe brindarle al juzgador la información técnica y científica requerida para solucionar el asunto que ha sido sometido a su consideración.

Entonces, el perito se convierte en un apoyo para el Juez en la construcción de la convicción respecto a la verdad de los hechos, debiendo ser neutral en sus dictámenes y proporcionar toda la información especializada necesaria, que ofrezca certeza y se acompase íntegramente con los demás medios probatorios que obren en el expediente.

Así las cosas, una vez analizado el dictamen allegado por el perito avaluador de fecha 4 de agosto de 2009, por medio del cual el demandante solicitó fuera tenido en cuenta para demostrar lo dicho en su demanda, al hacer una valoración a la luz de los principios de la sana crítica y la libre apreciación de la prueba, este no le ofrece a la Subsección los elementos técnicos y metodológicos suficientes que le permitan tener por acreditado el perjuicio alegado, esto es, el valor del derecho de posesión del predio invadido, pues tal y como se observó, la fuente de su información no fue otra que lo afirmado por el actor en su demanda, lo que no lo hace objetivo en su fundamento y por ende, sus conclusiones se encuentran alejadas de la realidad.

Contrario sensu, el avalúo comercial urbano allegado por la parte accionada en su escrito de contestación realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores, cuenta con los elementos necesarios para que sea tenido en cuenta por este fallador, pues no solo indica la identificación plena del predio objeto de dictamen, sino que también justifica cada una de las fuentes metodológicas y técnicas con que finalmente liquida el valor del mismo.

Por lo anterior, será el avalúo comercial urbano realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el que esta corporación tendrá en cuenta para la tasación del perjuicio en la modalidad de daño emergente.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el daño resultante del no cumplimiento de la orden judicial, referida únicamente afectó el derecho de posesión que el hoy accionante ostentaba sobre el predio invadido, (pues su derecho de dominio permaneció incólume) la Sala deberá deducir del dictamen valorado allegado por el IGAC, la suma correspondiente al derecho de posesión del predio indicado, para lo cual tendrá en cuenta lo expresado en su acápite “valor adoptado”, en el cual hizo la siguiente precisión:

“VALOR ADOPTADO: Para el lote de terreno invadido adopté un 30% menos de la media aritmética o valor promedio resultante por metro cuadrado, teniendo en cuenta las condiciones encontradas, ya que hay mejoras y poseedores que tienen varios años de ocupación (…)”(66).

De acuerdo a lo anterior, la Subsección concluye que el valor correspondiente al derecho de posesión del predio invadido corresponde precisamente a ese 30% del valor que se le descontó del total del valor del predio, que para el presente caso representa la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($ 14’526.000).

Ahora bien, teniendo en cuenta que al momento de la interposición de la demanda, sobre dicho predio había otros dos propietarios, el valor que le corresponde al hoy accionante será el de una tercera parte de aquel, esto es, la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 4’842.000).

En atención a lo anterior, se procederá a actualizar la suma de dinero referida, con aplicación de la fórmula acogida por la corporación, así:

Sin título
 

Rh: $ 4’842.000

IPC inicial: agosto de 2005(67) = 83,40

IPC Final: marzo de 2018 = 141,05

Ra = $ 4’842.000* 141,05 = $ 8’189.017,98

83,40

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de daño emergente a favor del señor Luis Francisco Bohórquez Castilla la suma de OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 8’189.017,98).

6.3. Lucro cesante.

Frente a este punto, la parte accionante indicó en su demanda que con la omisión en el cumplimiento de la multicitada orden judicial, se le impidió (i) desarrollar el proyecto urbanístico y de vivienda denominado “Urbanización Bohórquez”, y (ii) se le vedó de “las utilidades brutas que debe producir las viviendas construidas”.

Respecto del primer ítem, consistente en el desarrollo de un proyecto urbanístico y de vivienda denominado “Urbanización Bohórquez”, el libelista afirmó que con la actuación de la administración se le había impedido ejecutarlo, aseveración que según su dicho se respaldó con planos(68), comunicaciones(69) y con el certificado expedido por la secretaría de planeación del municipio de Fundación Magdalena de fecha 21 de septiembre de 1996(70), “en el que se indicaba que dicho proyecto se encontraba aprobado”.

Sin embargo, la parte demandante, así como la entidad demandada, allegaron el Oficio 258 de fecha 4 de noviembre de 1998(71) y esta última, la certificación del 27 de junio de 2006(72), emitidos por la secretaría de planeación del municipio de Fundación - Magdalena, en los cuales se afirmó que en dicha dependencia no existían documentos que aprobaran la construcción de alguna obra en el predio del señor Luis Francisco Bohórquez, y tampoco de la existencia de un proyecto urbanístico denominado “Bohórquez”, respectivamente.

Ante dicha inconsistencia, el apoderado de la parte demandante solicitó(73) que la entidad demandada aclarara los motivos por los cuales no reposaba en sus archivos el proyecto que bajo la certificación de fecha 21 de septiembre de 1996 aparecía como aprobado, solicitud que finalmente fue contestada por la entidad mediante oficio de fecha 27 de noviembre de 2009(74), en la que insistió en la inexistencia del registro de un proyecto denominado Urbanización Bohórquez.

Al respecto, la Sala debe precisar que la supuesta prueba donde se indica que existe un documento que certifica la existencia del proyecto denominado “Urbanización Bohórquez”, no afirma tal circunstancia, sino que señala que “los planos referentes a la urbanización Bohórquez…” se encuentran aprobados por esta dependencia”, sin que ello implique que se haya registrado y mucho menos aprobado un proyecto urbanístico denominado de esa manera.

Sumado a lo anterior, reposa en el plenario el oficio del 4 de noviembre de 1998 expedido por la Secretaria de Planeación Municipal de Fundación (Magdalena) en el que se indica que “en esta oficina no existe ningún documento que apruebe la construcción de cualquier tipo de obra en su predio”, lo que evidencia y ratifica que lo indicado en la certificación de fecha 21 de septiembre de 1996, no fue la aprobación del proyecto “Urbanización Bohórquez” sino la prueba de que se presentaron unos planos ante dicha dependencia, lo que a todas luces no implica que el desconocimiento de la orden de desalojo dada por el Juzgado Único Municipal de Fundación le haya impedido llevar a cabo el proyecto de construcción.

De igual manera, no existe dentro de las pruebas allegadas al plenario otras acciones positivas como la solicitud de una licencia de construcción que demuestre que el interesado actuó en aras de la concreción de realizar un proyecto de construcción, pues a pesar de que allegó una certificación en la que se indicaba que los planos referentes a la “Urbanización Bohórquez” estaban aprobados, lo cierto es que no es suficiente para dar por hecho la realización de un proyecto de construcción, tal y como lo requiere el Decreto 958 de 1992 (vigente para la época de los hechos) por medio del cual se dictaron “normas para el trámite y expedición de licencias de urbanización, parcelación y construcción”, a nivel nacional.

Al respecto, el decreto mencionado en sus artículos 2º, 11, 16, 17 y 18, consagran que para la aprobación de un proyecto urbanístico de construcción se requiere primero que nada que un acto administrativo que conceda una licencia de construcción emanado por la autoridad competente, esto es, por el municipio o el distrito, y que una vez suplido dicho requerimiento, la autoridad competente deberá recibir la siguiente información:

“ART. 16.—Con base en el acto administrativo que concede la licencia el titular de la misma radicará y la entidad o autoridad competente para tramitar y expedir la licencia recibirá la siguiente información:

1. Para licencias de urbanismo y/o parcelación:

a. Plano topográfico con su respectiva cartera y memoria de cálculo del levantamiento;

b. Proyecto urbanístico original en el cual se indiquen las afectaciones, vías, aislamientos, alturas, cesiones, etapas de desarrollo y su correspondiente cuadro general de áreas, elaborado y firmado por un arquitecto con tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura;

c. Proyectos de redes y memorias de cálculo de servicios públicos domiciliarios, firmados para el caso de energía eléctrica y teléfonos, por un ingeniero eléctrico o electrónico; para el caso de acueducto y alcantarillado, por un ingeniero civil, hidráulico o sanitario, y para gas, por la entidad o empresa competente. Estos profesionales deberán tener tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura;

d. Memorias de los estudios de suelos;

e. Diseño de vías y rasantes, firmado por un ingeniero civil con tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura;

f. Linderos del predio y de las áreas de cesión de uso público propuestas, con la manifestación de voluntad de cederlas, señalados gráficamente y desarrollados por escrito;

g. Toma fotográfica donde conste la fijación de una valla en el inmueble, la cual deberá informar respecto de la característica del proyecto, e incluirá un plano de deslinde de las áreas públicas y privadas, el área del predio, el nombre del propietario, y el nombre y número de la tarjeta profesional responsable de la ejecución de las obras.

h. Nombre y número de la tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y arquitectura, del profesional responsable de la ejecución de las obras.

(…) PAR. 1º—Cuando se prevea en el acto administrativo por el cual se otorga la licencia, se deberá acompañar los conceptos positivos, permisos, autorizaciones o similares que se requieran para la realización del proyecto, de acuerdo a lo contemplado en el último inciso del artículo 12 del presente decreto.

(…) ART. 18.—La entidad o autoridad competente para el trámite y expedición de la licencia liquidará en el momento de radicación del proyecto o de su aprobación según sea el caso, los impuestos a que haya lugar.

Si no se pagan los impuestos correspondientes dentro del plazo que se establezca, se procederá a su cobro por vía coactiva.

ART. 19.La ejecución de las obras correspondientes podrá iniciarse una vez se hayan pagado los impuestos a que haya lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo 4º. Del artículo 16 del presente decreto”.

En suma, en el presente caso si bien se allegó una certificación en la que se afirmó encontrarse aprobados unos planos de una urbanización denominada “Bohórquez”, lo cierto es que con lo esgrimido en párrafos anteriores, dicho documento no evidencia que se encontraba aprobado un proyecto de construcción, pues además de no haberse acreditado la licencia de construcción sobre el predio afectado por la invasión de terceros, tampoco se acreditó que el interesado haya seguido el trámite establecido por la ley, a través de la presentación de todos los documentos y el pago de impuestos que ella le exigía para el inicio de obras.

Por lo anterior, la Sala al no encontrar acreditado que sobre el predio invadido distinguido con matrícula inmobiliaria 225-0006223 de propiedad en pro indiviso del señor Luis Francisco Bohórquez Castilla, se fuera a realizar un proyecto de urbanización, no se accederá a las pretensiones alegadas por el demandante respecto a dicho concepto.

7. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 1º de julio de 2010, y en su lugar DISPONER:

1. DECLARAR de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de la demandada departamento de Magdalena.

2. DECLARAR al MUNICIPIO DE FUNDACIÓN - MAGDALENA administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios causados al señor Luis Francisco Bohórquez Castilla como propietario del predio identificado bajo matrícula inmobiliaria 225-0006223, por el incumplimiento de la sentencia de fecha 6 de noviembre de 2002, emitida por el Juzgado Único Penal del Circuito de dicha municipalidad.

3. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE al MUNICIPIO DE FUNDACIÓN - MAGDALENA al pago de OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 8’189.017,98), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor del demandante señor Luis Francisco Bohórquez Castilla.

4. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.»

12 Corte Constitucional, Sentencia C-965 de 2003.

13 Folios 62-63, cuaderno 1.

14 ART. 21.—SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente leyo hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (resaltado fuera de texto).

15 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, radicación 10909.

16 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, radicación 33372.

17 Folios 197-198, cuaderno 1.

18 Folios 103-121, cuaderno 1

19 Los documentos aportados en copia simple, serán valorados bajo los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, expediente 25.022.

20 Folios 57-59, cuaderno 1.

21 Folios 54-55, cuaderno 1.

22 Folios 78-79, cuaderno 1.

23 Folios 92-94, cuaderno 1.

24 Folio 80, cuaderno 1.

25 Folio 85, cuaderno 1.

26 Folios 70-71, cuaderno 1.

27 Folio 82, cuaderno 1.

28 Folio 90, cuaderno 1.

29 Folio 87, cuaderno 1.

30 Folios 76-77, cuaderno 1.

31 Folios 74-75, cuaderno 1.

32 Folio 72, cuaderno 1.

33 Folio 244, cuaderno 1.

34 Folios 60-61, cuaderno 1.

35 Folios 62-63, cuaderno 1.

36 Folios 103-132, cuaderno 1.

37 Folios 99-100, cuaderno 1.

38 Folios 133-136, cuaderno 1.

39 Folios 137-138, cuaderno 1.

40 Folios 144-145, cuaderno 1.

41 Folio 139, cuaderno 1.

42 Folio 193, cuaderno 2.

43 Folio 146-151, cuaderno 1.

44 Folios 158-160, cuaderno 1.

45 Fls,168-177, cuaderno 2.

46 Folios 228-243, cuaderno 1.

47 Folio 227, cuaderno 1.

48 Folios 197-198, cuaderno 1.

49 Folio 196, cuaderno 1.

50 Folio 245, cuaderno 1.

51 Folios 95-98, cuaderno 1.

52 Folios 308-314, cuaderno 1.

53 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

54 Folios 78-79, cuaderno 1.

55 Folio 80, cuaderno 1.

56 Folios 103-132, cuaderno 1.

57 Folios 133-136, cuaderno 1.

58 Folios 197-198, cuaderno 1.

59 Decreto 1400 de 1970, artículo 71: “Son deberes de las partes y sus apoderados: (…) 6. Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuencia sea apreciada como indicio en contra (…)”.

60 Ley 136 de 1994, artículo 84: “(…) El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio o distrito y tendrá el carácter de empleado público del mismo. (…)”

61 Ley 136 de 1994, artículo 91 literal c numeral 5º: “(…) 5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando éstas requieran de su apoyo e intervención (…)”.

62 Ley 136 de 1994, artículo 5º: “(…) Los municipios deberán optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organización administrativa racional que les permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo, crear sistemas adecuados de información, evaluación y control de resultados, y aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u organizaciones de carácter público o privado.

En desarrollo de este principio se establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del municipio, evitar dilaciones que retarden el trámite y la culminación de las actuaciones administrativas o perjudiquen los intereses del municipio (…)”

63 Folios 228-243, cuaderno 1.

64 Folios 288-290, cuaderno 1.

65 Folios 314, cuaderno 1.

66 Folio 241-240, cuaderno 1.

67 Se tomará dicha fecha para realizar la actualización del valor de la posesión del predio, pues fue hasta ese momento en que el municipio demandado se encontró en mora de dar cumplimiento a la orden de desalojo dada por el Juzgado Único Penal Municipal de Fundación - Magdalena a través de Oficio 0156 del 17 de febrero de 2005 (fls. 197-198, cdno. 1).

68 Folios 184 a 192, cuaderno 1.

69 Folios 82 a 88, cuaderno 1.

70 Folio 82, cuaderno 1.

71 Folio 244, cuaderno 1.

72 Folio 245, cuaderno 1.

73 Folio 317, cuaderno 1.

74 Folio 329, cuaderno 1.