Sentencia 2005-01538 de abril 13 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 250002326000200501538 01 (38079)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: María Consuelo Castaño Giraldo y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Asunto: Reparación directa

Tema: Privación injusta de la libertad. Valoración probatoria de la diligencia de indagatoria rendida por la persona privada de la libertad. Culpa exclusiva de la víctima.

Bogotá, D.C., trece de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 9 de septiembre de 2009, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(14).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(15), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(16).

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad a que fue sometida la señora María Consuelo Castaño Giraldo desde el 29 de enero y hasta el 16 de octubre de 2002, comoquiera que, posteriormente, la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación adelantada en su contra por el delito de “lavado de activos”.

Obra en el expediente constancia secretarial suscrita por el jefe de la secretaria común de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación(17), según la cual, el 4 de julio de 2003 venció el término de ejecutoria de la providencia de 18 de junio del mismo año, por medio de la cual se precluyó la investigación a favor de la señora María Consuelo Castaño Giraldo, sin que se formulara recurso alguno, por lo que al haberse presentado la demanda el 24 de junio de 2005(18), resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora está encaminado a que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones, discutiendo en concreto la valoración que realizó el a quo, en punto a señalar que estaba acreditado en el caso concreto la causal eximente de responsabilidad, consistente en la culpa exclusiva de la víctima.

4. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

• Que por medio de resolución de 3 de octubre de 2001, la Fiscalía Novena Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, decretó la apertura de la investigación previa dentro del radicado 1037 L.A., “contra aquellas personas que en una u otra forma resultaran involucradas en movimientos bancarios que tuvieran como destino final las cuentas del señor Bernardo Martínez Romero y su organización criminal en la ciudad de Cali”(19).

• Que mediante resolución de 7 de diciembre de 2001, la Fiscalía Novena Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, ordenó que la señora María Consuelo Castaño Giraldo fuera vinculada a la investigación 1037 L.A. mediante diligencia de indagatoria(20).

• Que en la diligencia de indagatoria celebrada el 1º de febrero de 2002, la señora María Consuelo Castaño Giraldo se mostró ajena a los hechos por los cuales se le preguntaba, específicamente que hubiera sido autorizada para el manejo de alguna cuenta corriente o de ahorros y negó conocer al señor Julián Cardona, así como haber realizado con él algún tipo de transacción comercial(21).

• Que mediante resolución de 5 de febrero de 2002, la Fiscalía Novena Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, resolvió la situación jurídica de varios procesados, entre ellos de la señora María Consuelo Castaño Giraldo, a quien le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin beneficio de libertad provisional, como presunta autora responsable del delito de lavado de activos.

Sobre la situación de la sindicada, expuso el ente investigador (se transcribe de forma literal):

“En el presente caso diremos que se puede determinar cómo indicio grave, el giro de un título valor a nombre de Julián Cardona, por valor de $ 9.500.000, persona inexistente, pues su cupo numérico anotado al respaldo del cartular no corresponde a dicha persona, el cual de manera inexplicable fue a parar a la cuenta del señor Bernardo Martínez Romero.

De otro lado podemos predicar que igualmente se pueden extractar de la diligencia de indagatoria de la procesada indicios de mentira y mala justificación, en primer término de mentira, ya que si observamos parte de su indagatoria asegura no haber sido autorizada para el manejo de alguna cuenta corriente, sin embargo al ser revelado el informe de la Superbancaria donde se pone de manifestó el giro de tres títulos valores procedentes de la cuenta del señor Jhon Alexander Velásquez Castaño, simple y llanamente dice que no sabía.

De mala justificación y sea dicho de paso, demuestran a las claras las inconsistencias dadas por la procesada en torno a los cheques que la comprometen en la investigación, pues en la explicación entregada por el giro de los cheques dijo que todo se trató de una operación de compra de dólares en una casa de cambios en la ciudad de Medellín, explicando que los cheques se giraban a personas que ellos dijeran en horas de la mañana y mientras hacían las averiguaciones pertinentes en horas de la tarde se entregaban los dólares, sin embargo al ser interrogada sobre la razón por la cual dos de los tres cheques girados por ella el mismo día y por los mismos valores no fueron pagados por la entidad bancaria, adujo que seguramente no tenía fondos, luego entonces encuentra el despacho una contradicción en su dicho, ya que ella aseguró que los cheque se entregaban en la mañana para que los empleados de la casa de cambios, analizaran su veracidad y pagar en las divisas en la tarde, sin embargo se observa que los títulos valores fueron consignados el día 26 de mayo de 1998, luego entonces es claro que el dicho de la procesada no merece consideración alguna.

Como quedó plasmado anteriormente, los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal penal, se cumplen a cabalidad ya que en contra de la señora María Consuelo Castaño Giraldo, aparecen indicios graves que la comprometen en los hechos investigados, siendo del caso imponer en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin el beneficio de la libertad provisional, como presunta responsable del delito de lavado de activos a título de autora”.

• Que el 29 de enero de 2002 se hizo efectiva la captura de la señora María Consuelo Castaño Giraldo(22).

• Que mediante providencia de 11 de octubre de 2002, la Fiscalía Novena Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, revocó la medida de aseguramiento impuesta a la señora María Consuelo Castaño Giraldo. Se expuso en esa oportunidad (se transcribe de forma literal):

“Con relación a la participación de la señora María Consuelo Castaño, esta testigo por demás directa dada su relación estrecha para con esta empresa, afirma en forma coherente que quien realizaba las transacciones siempre era su compañero, el señor Jesús Álvarez, hecho que se corrobora por el desplazamiento que éste debió hacer a los Estados Unidos, la factura cambiaria dirigida a la empresa por él representada, la factura de descripción de mercancía de la empresa americana, así como la declaración bimestral del IVA por el mismo y que además la aquí procesada en su condición de esposa y compañera y obviamente colaboradora de la empresa le firmaba los cheques que obviamente por razón de los embargos en las cuentas de su esposo, debía ser de una cuenta diferente y lo fue la aquí cuestionada”(23).

• Que el 16 de octubre de 2002 la señora María Consuelo Castaño Giraldo recobró su libertad(24).

• Que el 11 de junio de 2003 la señora Castaño Giraldo rindió ampliación de indagatoria, oportunidad en la cual manifestó que su firma era la autorizada para girar los títulos que dieron origen a la investigación en su contra; que la cuenta de la cual se emitieron la manejaba ella y su esposo, no así su hijo, quien solo figuraba como titular de la misma, que los cheques son de un préstamo que su esposo obtuvo del señor Julián Cardona, quien al momento de su devolución les sugirió el nombre de las personas a las que debían girar los cheques(25).

• Que mediante resolución de 18 de junio de 2003, la Fiscalía Novena Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, calificó el mérito del sumario y precluyó la investigación a favor de la señora María Consuelo Castaño Giraldo(26).

La anterior decisión se fundamentó en los siguientes hechos y consideraciones (se transcribe de forma literal):

“De la cuenta corriente Bancafe oficina calle Amador de la ciudad de Medellín, 274-03254 a nombre de JHON ALEXANDER VELÁZQUEZ CASTAÑO, se giraron los siguientes cheques:

(…).

“Los dos primeros títulos valores fueron devueltos por fondos insuficientes, de tal forma que tan solo uno de ellos concluyó en la cuenta del referido Bernardo Martínez.

(…).

“Allí observamos el nombre de la persona autorizada para la firma de la cuenta, CONSUELO CASTAÑO y dentro del registro de firmas de la cuenta corriente como cuenta conjunta de manejo individual.

(…).

“Sobre los títulos valores cuestionados, ellos fueron firmados por CONSUELO CASTAÑO.

Al rendir su diligencia de injurada, refirió haber tenido la empresa LABORMÉDICOS, no tener cuenta como autorizada y sobre JHON ALEXÁNDER VELÁZQUEZ CASTAÑO, aseguró ser su hijo, respecto de los beneficiarios de los títulos valores cuestionados, adujó no conocerlos, esto es, ALBA LUCÍA CASTAÑO, ANGELA GIRALDO y JULIÁN CARDONA, sin embargo admite que la firma que reposa en los mismos es suya.

(…).

“Explica que tales cartulares fueron girados en una casa de cambio, expedidos para la compra de unos dólares, lugar donde le exigían girar los títulos a nombre de la persona indicada por ellos.

En este orden de ideas, confrontados los anteriores hechos con la totalidad del recaudo probatorio allegado tenemos:

a) La razón del giro de los títulos valores, según lo expuesto por la sindicada en su ampliación de injurada, se encuentra corroborado por las declaraciones de los sujetos INGRID EMIR HOLGUIN RENDÓN, quien en su calidad de secretaria y testigo presencial del giro de los cartulares da cuenta de la entrega que se le hace al sujeto JAVIER CARDONA, persona que igualmente fue conocida por los deponentes ÁLVARO IGNACIO ZULUAGA, ÁNGEL y JORGE IVÁN ECHEVERRY HERNÁNDEZ; estos últimos miembros de la empresa MERCADOS y SERVICIOS, quienes acudieron al compañero de la sindicada MARÍA CONSUELO como proveedor en la adquisición de unos microscopios.

(…).

c) Sobre los dineros manejados en la cuenta investigada, tenemos lo relatado por la secretaria INGRID EMIR HOLGUÍN y JHON ALEXANDER VELÁSQUEZ CASTAÑO, la cual se aperturó en manos de una tercera persona, a fin de evitar los embargos que para el año 1998 tenía el señor JESÚS ANTONIO ÁLVAREZ MÉNDEZ para con la DIAN y otros acreedores.

(…).

“En orden a los anterior colegimos con meridiana claridad que el origen de los títulos valores investigados se soportan en la negociación que efectivamente hiciera el sujeto JESÚS ANTONIO ÁLVAREZ en su calidad de proveedor de MERCADEO y SERVICIOS, quien se obligó mediante los contratos 062 Bis y 063 Bis, en el suministro de 20 microscopios al servicio seccional de salud del Chocó, implementos que todo indica fueron adquiridos en el mes de mayo de 1998, por parte de Jesús Antonio Álvarez Méndez quien tal como efectivamente lo confirman los deponentes ya relacionados y bajo diligencia de declaración jurada, de la cual se califican sus relatos como serios, objetivos y efectivamente corroborados con la información documental allegada, debió adquirir un préstamos de manos del sujeto JAVIER CARDONA, prestamista y cambista, exigiendo como soporte del préstamo el giro de tres cheques los cuales fueron consignados en las cuentas del mentado MARTÍNEZ ROMERO, tan solo lográndose hacer efectivo uno de ellos por razón de fondos insuficientes.

Efectivamente, el no pago efectivo de los títulos se debió al pago tardío por parte del servicio seccional de salud del Chocó”(27).

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que la señora María Consuelo Castaño Giraldo fue procesada penalmente y, como consecuencia de ello, privada de su libertad por disposición de la Fiscalía General de la Nación entre el 29 de enero y el 16 de octubre de 2002, cuando se le concedió la libertad. Posteriormente, el 18 de junio de 2003, la Fiscalía Novena Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, resolvió precluir la investigación a su favor.

Importa señalar, en este punto, que aun cuando la providencia que precluyó la investigación a favor de la señora María Consuelo Castaño Giraldo no es muy clara en señalar el supuesto que utilizó la Fiscalía General de la Nación para absolverla de toda responsabilidad penal, esto no impide a la Sala que en uso de su facultad de interpretación concluya que el postulado aplicado para concluir acerca de su absolución del cargo por el cual se la privó de su libertad, consistió en que la conducta desplegada por la actora no constituía un hecho punible.

5. Sobre el hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad extracontractual al Estado.

Comoquiera que el hecho dañoso causado a la demandante fue ocasionado por la medida de aseguramiento dictada en su contra por la Fiscalía General de la Nación, mediante proveído calendado el 5 de febrero de 2001, se procede ahora a analizar si dadas las circunstancias del caso concreto, en los términos expuestos en el fallo recurrido y cuestionados por la parte actora, se dan los presupuestos para concluir que se trata de un evento constitutivo de hecho exclusivo de la víctima, que pueda dar lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

Lo anterior por cuanto el tribunal a quo consideró que en el sub lite operó la causal eximente de responsabilidad referida a la culpa exclusiva de víctima, conclusión a la que arribó al valorar la indagatoria que rindió la señora María Consuelo Castaño Giraldo ante la Unidad de Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín - Subunidad de Terrorismo, en la investigación penal adelantada en su contra por el delito de lavado de activos.

En este punto es pertinente advertir que, la jurisprudencia de esta corporación ha definido los parámetros con base en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder —activo u omisivo— de quien sufre el perjuicio. Así pues, en punto de los requisitos para considerar que concurre, en un supuesto específico, el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, la Sala ha expresado:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

‘… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño...’(28).

De igual forma, se ha dicho:

‘…. para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración...’”(29)-(30) (se resalta).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, resulta necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —se repite, activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello comoquiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así,

“... se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo:

Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la ‘teoría de la equivalencia de las condiciones’ y ‘la teoría de la causalidad adecuada’. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”(31)-(32).

De acuerdo con la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de responsabilidad estatal por el hecho de la privación de la libertad ordenada por autoridad judicial competente y de acuerdo a los presupuestos fácticos del sub lite, en principio, el caso concreto, podría ser encuadrado en el régimen de responsabilidad derivado de la privación injusta de la libertad que tiene lugar cuando, a pesar de que la medida de aseguramiento hubiere sido legalmente proferida, comoquiera que si bien reunía el pleno de los requisitos legales para ser emitida, a la postre la imputada fue puesta en libertad porque durante el curso del proceso penal no se logró demostrar su responsabilidad sobre el hecho por el cual se le acusaba.

No obstante lo anterior, para la Sala resulta menester dejar sentado el valor probatorio que se le dará a la indagatoria rendida por la señora María Consuelo Castaño Giraldo, así como a su ampliación, pues, sin duda alguna, depende de dicho estudio la posibilidad de determinar si operó o no, la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad.

5.1. El valor probatorio de la indagatoria rendida en el proceso penal.

En relación con la práctica de las diligencias de indagatoria o versión libre, la posición de la Subsección ha sostenido que aquéllas no son objeto de valoración, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden someterse a ratificación, dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del juramento, como sí ocurre con la prueba testimonial(33).

No obstante lo anterior, el Consejo de Estado en reiteradas oportunidades, ha dado valor probatorio a las indagatorias rendidas en procesos penales con el objetivo de alcanzar la verdad material. Así lo ha sostenido por ejemplo la Sala Plena de la corporación, en los siguientes términos:

“Valga aclarar que la Sala Plena de esta corporación, ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica(34) (se resalta).

En igual sentido, la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación ha señalado:

“Así las cosas, la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no autoincriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios.

(…).

En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal (…).

En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento…”(35) (se resalta).

Por su parte, la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación, en lo que hace a la valoración de la indagatoria, ha considerado que existen eventos en los cuales es aceptable la valoración de dicha prueba como indicio, pero solamente cuando establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y se valoren en conjunto con todo el acervo probatorio(36).

Ahora bien, para el caso concreto, la indagatoria rendida por la señora María Consuelo Castaño Giraldo, así como su ampliación, son susceptibles de ser valoradas por la Sala, comoquiera que se trata de declaraciones rendidas por la misma persona que ahora pretende ser indemnizada por la privación injusta de que fue objeto, todo en aras de buscar la justicia material.

Como es apenas lógico la Sala no puede obviar el hecho de que la parte actora haya solicitado expresamente que la prueba antes mencionada fuera traída al proceso de reparación directa, circunstancia que implica, ineludiblemente, sea valorada tanto en lo que le resulte favorable, como en lo que no(37).

Ahora bien, dadas las particularidades del presente caso y consecuentemente con la línea jurisprudencial a la que, igualmente, se aludió en precedencia —de acuerdo con la cual la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad a la administración—, no puede menos que concluirse que está demostrada en el expediente la culpa exclusiva y determinante de la víctima, señora María Consuelo Castaño Giraldo, en el acaecimiento del resultado en que se tradujo la decisión de la Fiscalía General de la Nación al proferir una medida de aseguramiento en su contra, esto es, la pérdida de su libertad.

Y es que, a juicio de la Sala, está plenamente acreditada en el expediente la inexistencia de vínculo causal —desde la perspectiva de la causalidad adecuada, se entiende— entre la tantas veces mencionada medida de aseguramiento y los perjuicios por cuya indemnización se reclama en el sub lite, previa declaratoria de la responsabilidad del Estado por los hechos que dieron lugar a la iniciación del trámite procesal que esta providencia decide, pues, como lo decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia —cuyo criterio la Sala comparte—, la privación de la libertad de la señora Castaño Giraldo no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la administración de justicia —a pesar de ser la causa inmediata—, sino en la conducta asumida por la víctima.

Para la Sala no ofrece duda alguna el hecho de que la señora María Consuelo Castaño Giraldo no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible, pues las explicaciones que ofreció desde su vinculación a la investigación penal iniciada en su contra por el delito de lavado de activos, esto es, durante la diligencia de indagatoria, permiten patentizar que su intención, no era otra, que la de desviar el objeto de la investigación y entorpecer el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, esto en vista de que el ente fiscal dedicaba su esfuerzo a corroborar cada una las explicaciones que brindó.

Así, en efecto, al momento de ser interrogada en la diligencia de indagatoria sobre si en alguna ocasión había sido autorizada para el manejo de alguna cuenta de ahorros o corriente, expresó de manera categórica que no. En esa oportunidad también negó conocer al señor Julián Cardona y haber realizado algún tipo de transacción con él. Esta fue su declaración (se transcribe de forma literal):

“PREGUNTANDO: Informe a la Fiscalía si usted ha sido autorizada para el manejo de alguna cuenta de ahorros o corriente, se ser positiva su respuesta, dirá en cual y que tipo de operaciones realizaba?. CONTESTO: No, solo he manejado la mía.

“(…).

“PREGUNTADO: En la cuenta corriente 271-03254-9, usted aparece con firma autorizada para firmar dentro de ella, quiere decirle a la Fiscalía que razón o motivo existió para que se presentara tal situación y si sabe que dineros se movían en dicha cuenta, cuál es su origen? CONTESTO: Esla cuenta de Alexander [hijo], pero no recuerdo que yo tuviera firma autorizada.

“(…).

“PREGUNTADO: Dígale a la Fiscalía si la cuenta corriente donde usted tiene la firma autorizada, era utilizada para hacer operaciones en otras ciudades del país? CONTESTO: No, nunca hicimos transacciones a ninguna parte fuera de Medellín.

“(…).

“PREGUNTADO: Usted conoce de vista, trato y comunicación a los señores ALBA LUCÍA CASTAÑO, ÁNGELA GIRALDO y JULIAN CARDONA, en caso afirmativo desde que época los conoce y si ha tenido relaciones comerciales con ellos. CONTESTO: (…) a ÁNGELA GIRALDO y al otro señor no los conozco. A mi hermana nunca le he prestado algo, o sea que no he tenido relaciones comerciales con ninguno de ellos.

PREGUNTADO: Usted recuerda haber girado algún cheque a las personas antes reseñadas, en caso afirmativo, para que época, en que monto y que operación la ampara. CONTESTO: Yo no recuerdo si en alguna ocasión gire algún cheque a nombre de ellos.

PREGUNTADO. De los cheques que aparecen a folios 55 y 56 del cuaderno de anexo 3, diga a la Fiscalía si la firma que allí aparece es la suya, cual es la razón o motivo para el giro de esos cheques y quienes son los beneficiarios de los mismos: CONTESTO: Si esa es mi firma, fue para la compra de unos dólares, yo no recuerdo los nombres de las personas, porque los de la casa de cambio le decían que uno hiciera los cheques a nombre de tal o cual persona, verificaban que el dinero estuviera en el banco y me llamaban por la tarde para entregarme los dólares. En los cheques están los nombres de las personas pero no las conozco, en ellos leo ALBA LUCÍA CASTAÑO, ÁNGELA GIRALDO y JULIAN CARDONA, como beneficiarios. La letra corresponde a la mía”(…)”(38).

En la ampliación de dicha indagatoria, la señora María Consuelo Castaño Giraldo cambió totalmente su versión inicial de los hechos y aceptó que sí figuraba como autorizada en una cuenta corriente que abrió a nombre de su hijo, que sí conocía al señor Javier Cardona a quien había solicitado el préstamo de un dinero y, además, sostuvo que sí había girado los cheques por los que le abrió investigación por el delito de lavado de activos. En dicha oportunidad expresó (se transcribe de forma literal):

“El fiscal me acusa de que mentí en el sentido de que no firmaba en una chequera autorizada y en ese momento se me olvido porque esa cuenta la maneje como si fuera mía, porque mi hijo casi nunca me firmó los cheques, siempre la maneje yo y también mi esposo JESÚS ANTONIO, solo yo estaba autorizada, pero la cuenta la manejábamos entre los dos porque eran dineros que entraban de la empresa de él que se llama LABOMET DE COLOMBIA, nosotros abrimos esa cuenta para colaborarle a mi esposo, ya que él estaba pasando por una quiebra y los hicimos para que los dineros fueran depositados en esa cuenta, porque si los depositábamos en la cuenta de él los embargaban. El otro punto que me dice el fiscal son los tres cheques, estos cheques son de un negocio que hicimos con el señor JAVIER CARDONA. A mi esposo se le presentó un negocio en los días de abril de 1998, era para comprar 20 microscopios y en ese momento nosotros no teníamos el dinero para comprarlos. Mi esposo, para conseguir el dinero, recurrió a JAVIER CARDONA y él le planteó el negocio que tenía para que nos prestara el dinero y el aceptó pero dándole tres cheques posfechados.

“(…).

“Estos señores nos quedaron mal a nosotros y empezaron los problemas con este señor JAVIER CARDONA, empezó a acosarnos y amenazarnos porque no le cubríamos los cheques, le alcanzamos a cubrir un solo cheque y los otros cheques no tuvimos para cubrirlos y nos empezó a amenazar y ser grosero.

“(…).

“Este señor JAVIER a nosotros nos amenazó de que iba a negociar esos cheques, que nos teníamos que atener a las consecuencias, porque los señores a los cuales se los iba a entregar nos iban a cobrar el 1% diario. (…). Él sugirió los nombres de las personas a las que debíamos girarles los cheques. Cuando hicimos los cheques, nos dio tres nombres diferentes, uno se siente en desventaja porque uno es quien necesita el dinero, uno no pone las condiciones y no hicimos preguntas(39)”.

El caudal probatorio que se acaba de referir permite a la Sala llegar a la conclusión de que en el expediente está plenamente probado no sólo el hecho de la privación de la libertad a la que se vio sujeta la señora María Consuelo Castaño Giraldo, por orden de autoridad competente, sino también las circunstancias que precedieron a la adopción de esa decisión por parte de la Fiscalía General de la Nación en cuanto que la reprochable conducta de la víctima dio lugar a que, con el lleno de los requisitos legales —se insiste—, se profiriera la referida medida de aseguramiento en su contra, lo que hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca como plenamente proporcionada y resultante del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos que se hallaban en cuestión en el caso concreto: la efectividad de las decisiones a adoptar por la administración de justicia, de un lado y la esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro, circunstancias estas que configuran la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima aludida en el fallo de primera instancia.

En casos similares al que ocupa hoy la atención de la Sala, en los cuales se ha declarado probada la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, con ocasión de la imposición de una medida de aseguramiento en su contra, la jurisprudencia de esta Sección ha discurrido de la siguiente manera:

“Para la Sala no ofrece duda alguna el hecho de que la señora Adiela Molina Torres no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible en el desempeño de sus funciones como almacenista. Por el contrario, actuando con negligencia e imprudencia máximas, dado el desorden, la impericia, el desgreño y la incuria con las cuales manejó los bienes y haberes a su cargo, dio lugar a que, cuando se practicó la experticia correspondiente dentro de la investigación penal, apareciera comprometida por los faltantes encontrados en el almacén, lo cual la implicaba seriamente en la comisión del presunto delito que se le imputaba y que dio lugar a que, con el lleno de los requisitos legales —se insiste—, se profiriera la referida medida de aseguramiento en su contra.

Sólo como consecuencia de las diligencias adelantadas posteriormente dentro de la investigación penal y, en especial, con ocasión de la inspección judicial, se logró establecer que el faltante que hacía aparecer el desorden en el cual se encontraba la dependencia en cuestión, realmente no tenía la trascendencia como para ser considerado un hecho punible. Pero los elementos de prueba obrantes en contra de la aquí accionante estuvieron gravitando hasta cuando la propia autoridad pública investigadora se ocupó de establecer que el ilícito no había ocurrido, razón por la cual el proceder negligente, imprudente y gravemente culposo de la víctima, en el presente caso, determina que la misma deba asumir la privación de la libertad de la que fue objeto, como una carga que le corresponde por el hecho de vivir en comunidad, a fin de garantizar la efectividad de la función de administración de pronta y cumplida justicia.

La reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca como plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos colisionantes en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la administración de justicia, de un lado y esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro”(40).

Así las cosas, forzoso resulta concluir que el proceder de la víctima en el presente caso determinó que deba asumir la privación de la libertad de la que fue objeto, por lo que con fundamento en los argumentos expuestos, se tiene que el recurso de apelación incoado por la parte actora no tiene vocación de prosperidad, lo que amerita la confirmación del fallo apelado.

6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en el proceso de la referencia, el 9 de septiembre de 2009, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

14 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

15 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

16 Al respecto consultar, por ejemplo, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

17 Folio 25, cuaderno de pruebas 5.

18 Folio 21, reverso del cuaderno principal.

19 Folios 3 a 4, cuaderno de pruebas 9.

20 Folios 6 a 7, cuaderno de pruebas 9.

21 Folios 13 a 19, cuaderno de pruebas 3.

22 A folios 77 a 81, cuaderno de pruebas 3, obran el Informe 597 de 30 de enero de 2002, suscrito por la coordinadora del grupo especial de capturas CTI Antioquia, por medio del cual deja a la disposición de la Fiscalía Novena Especializada UNCLA, a la señora María Consuelo Castaño Giraldo; el acta de derechos del capturado y el acta de buen trato, documentos que dan cuenta de que la señora Castaño Giraldo fue capturada el día 29 de enero de 2002.

23 Folios 27 a 41, cuaderno de pruebas 6.

24 A folio 25 a 26, cuaderno 7, obra la certificación suscrita por la Fiscal Nueve Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado adscrita a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos.

25 A folio 25 a 26, cuaderno 7, obra la certificación suscrita por la Fiscal Nueve Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado adscrita a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos.

26 Folios 29 a 31, cuaderno de pruebas 8.

27 Folios 2 a 25, cuaderno de pruebas 5.

28 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

29 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Ramiro Saavedra Becerra; radicación 05001-23-24-000-1994-00103-01(15784); Actor: Francisco Luis Vanegas Ospina y otros; Demandado: Municipio de Tarso.

31 Nota original de la sentencia citada: Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2, Santafé de Bogotá, 1996, págs. 245, 246.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de dieciocho de octubre de dos mil, radicación 11981, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Actor: María Celeny Zapata Zapata y otros.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de julio de 2011, expediente 21.047.

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 12 de marzo de 2013, radicado 11001-03-15-000-2011-00125-00. Consultar también: Radicado 2012-00899 y 2012-00960, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

35 Consejo de Estado, sentencia de 26 de noviembre de 2015, expediente 36.170, C.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth.

36 “la jurisprudencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia avanza y considera que cuando no se cumple con alguna de las anteriores reglas o criterios, se podrán valorar las declaraciones rendidas en procesos diferentes al contencioso administrativo, especialmente del proceso penal ordinario, como indicios cuando ‘establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar […] ya que pueden ser útiles, pertinentes y conducentes para determinar la violación o vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario’. Con similares argumentos la jurisprudencia de la misma Subsección considera que las indagatorias deben contrastadas con los demás medios probatorios ‘para determinar si se consolidan como necesarios los indicios que en ella se comprendan’ con fundamento en los artículos 1.1, 2º, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Sentencia de 1º de febrero de 2016, expediente: 48.842, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

37 Al respecto ver la Sentencia de 26 de noviembre de 2015, expediente 36.170, C.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth.

38 Folios 13 a 19, cuaderno de pruebas 3.

39 Folios 29 a 31, cuaderno 8.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, criterio reiterado por esta Subsección en sentencia de 9 de octubre de 2013, expediente 33.564.