Sentencia 2005-01564 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 19001 2331 000 2005 01564 01 [19782]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Álvaro Correa Reyes (C.C. 16586259)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Impuesto sobre la Renta – 1999

Fallo

Bogotá, D. C., diez de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada, la Sala decide sobre la legalidad de los actos mediante los cuales la DIAN modificó la declaración de renta que Álvaro Correa Reyes presentó por el año gravable 1999. En concreto, determina si procedía la adición de ingresos, el rechazo de costos y deducciones y la sanción por inexactitud.

1. Adición de ingresos.

En los actos demandados, la DIAN adicionó $261.314.000 a las ventas brutas declaradas por el demandante ($3.651.784.000).

El tribunal anuló los actos oficiales en este aspecto, porque concluyó que la DIAN no aplicó la presunción de ingresos por consignaciones bancarias prevista en el artículo 755-3 del Estatuto Tributario, dado que no fue el fundamento de la liquidación de revisión y la DIAN solo se refirió a dicha norma al resolver el recurso de reconsideración. Además porque no siguió el procedimiento que dicho artículo señala para el efecto, pues trató como ingresos por ventas todas las consignaciones bancarias.

En el recurso de apelación, la DIAN sostuvo que sí aplicó la presunción y que lo hizo en debida forma, pues otorgó al demandante la posibilidad de desvirtuarla y este no probó que los valores depositados en sus cuentas provinieran de fuentes distintas al ejercicio de su actividad.

El artículo 755-3 del Estatuto Tributario, vigente para el periodo en discusión, establece la renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro, de la siguiente forma(8):

“ART. 755-3.—Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. Cuando existan indicios graves de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro, que figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el período gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 15% del valor total de las mismas. Esta presunción admite prueba en contrario.

Para el caso de los responsables del impuesto sobre las ventas, dicha presunción se aplicará sin perjuicio de la adición del mismo valor, establecido en la forma indicada en el inciso anterior, como ingreso gravado que se distribuirá en proporción a las ventas declaradas en cada uno de los bimestres correspondientes.

Los mayores impuestos originados en la aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán afectarse con descuento alguno”.

De acuerdo con la norma transcrita, si existen indicios graves de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorros, que figuren a nombre de terceros o no figuren en la contabilidad del contribuyente, registran ingresos originados en operaciones de este, se presume que el total de las consignaciones efectuadas en dichas cuentas en el periodo gravable, originó una renta líquida equivalente al 15% del total de estas.

Respecto de las cuentas en que deben depositarse los supuestos ingresos, la Sección ha dicho que deben ser de terceros o que estén a nombre del contribuyente y que no figuren en su contabilidad, es decir, aquellas que el contribuyente decide manejar “extracontablemente”. Al respecto, la Sala sostuvo lo siguiente(9):

“La presunción a que se refiere la norma transcrita [se refiere al artículo 755-3 E.T.], tiene como presupuestos principales, la existencia de indicios graves de los cuales se pueda interpretar que las consignaciones realizadas en las cuentas de terceros, o en cuentas que no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos derivados de las operaciones realizadas por el contribuyente, esto es, ingresos propios del contribuyente.

De acuerdo con la disposición las cuentas en cuestión, de ahorro o bancarias, pueden hallarse en dos circunstancias de titularidad:

1. Figurar a nombre de terceros. Caso en el cual se parte de la base de que formalmente su titular no es el contribuyente, pero se establece que real y materialmente este la utiliza para realizar sus operaciones.

2. O, que siendo del propio contribuyente ‘no correspondan a las registradas en la contabilidad’. Es claro que las cuentas de ahorro o corrientes que deben registrarse en la contabilidad, son aquellas que por pertenecer al contribuyente, deben aparecer debidamente incluidas en su contabilidad, no las de terceros. Lo que significa que el legislador sí incluyó las cuentas que figuran a nombre del propio contribuyente (formal y materialmente le pertenecen) pero que ‘no correspondan a las registradas en la contabilidad’, en otras palabras, cuentas que siendo del contribuyente irregularmente no se incluyen en su contabilidad, sino que son manejadas extracontablemente.

En efecto, tal interpretación es la que se desprende del presupuesto legal contenido en la expresión que ‘figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad’, por cuanto en aquella no pueden registrarse las de terceros, que es la que se debate en el presente caso” (negrillas y subrayas propias del texto).

No obstante, en este caso la DIAN no liquidó la renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias, o lo que es lo mismo, no aplicó el artículo 755-3 del Estatuto Tributario. La adición de ingresos se produjo porque el demandante no justificó la diferencia hallada entre el total de las consignaciones efectuadas en sus cuentas bancarias en el año 1999 y las ventas brutas declaradas, como lo advirtió el a quo.

En efecto, por requerimiento ordinario de información, la DIAN solicitó al demandante la depuración detallada de los movimientos bancarios que realizó en el año 1999(10).

En respuesta, el actor presentó una relación de los movimientos efectuados en sus cuentas bancarias durante ese año(11) y explicó que no coincidían los ingresos declarados con lo reportado por las entidades financieras porque la sociedad Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C., constituida en el año gravable 1999 y de la cual era socio gestor, depositó en sus cuentas personales el valor de varias facturas expedidas a nombre de la compañía, para que con esos dineros se pagaran dichas facturas, pues eran pasivos de la sociedad(12).

Como prueba, el demandante aportó copia de algunas facturas expedidas a nombre de Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C. y de algunos “comprobantes de cheque” en los que consta la fecha, número, entidad bancaria y valor de los cheques con que se pagaron esas facturas(13).

En el requerimiento especial, la DIAN advirtió que el total de los depósitos bancarios del actor ($3.913.097.727) superaba en $261.314.000 el total de las ventas brutas declaradas ($3.651.784.000). Por tal razón y con fundamento en el artículo 786 del Estatuto Tributario, que obliga al contribuyente a demostrar las razones por las cuales los ingresos que recibió no constituyen renta(14), propuso adicionar la diferencia de $261.314.000 a las ventas brutas declaradas y fijarlas en $3.913.098.000.

Por su parte, en la liquidación de revisión, la DIAN modificó la declaración de renta del actor con base en los cálculos y argumentos planteados en el requerimiento especial(15).

Frente a la adición de ingresos por $261.920.000, el acto liquidatorio sostuvo lo siguiente:

“a) [El valor adicionado se obtiene] De la diferencia de los ingresos brutos declarados inicialmente por el contribuyente en el renglón (IL) ventas brutas por valor de $3.651.784.000 y el total de los ingresos informados por el contribuyente producto de las consignaciones bancarias $3.913.098.000. Se obtuvo el valor de los ingresos a adicionar como producto de la actividad económica desarrollada por el contribuyente que corresponde a una actividad mercantil de $261.314.000. Es importante tener en cuenta que este incremento de ingresos se realiza también con base en los resultados de la investigación tributaria realizada por la división de fiscalización tributaria al contribuyente para lo cual se tuvo como marco tanto la visita de inspección tributaria y la contable; así como también del análisis a las pruebas presentadas en forma oportuna por el contribuyente mediante oficio de fecha 21 de noviembre 2002. En dicho oficio podemos observar como el contribuyente reconoce en primer lugar como las cuentas de ahorro y corrientes tenidas en cuentas (sic) en esta investigación si (sic) corresponden a él, al igual que los movimientos que presentan dichas cuentas si (sic) corresponden al año gravable 1999, textualmente manifiesta entre otras cosas lo siguiente: ‘(…) a continuación me permito dar respuesta, detallando los movimientos financieros correspondientes a mis cuentas corrientes y de ahorro durante el año gravable 1999’. Lo anterior permitió que no se presentara duda de tomar dichos ingresos como ventas producto de su actividad comercial y se establecieron de acuerdo al análisis en la suma de $3.913.098.000 de la siguiente manera: (…)” (resalta la Sala)

Así pues, la adición de ingresos no obedeció a la aplicación de la presunción del artículo 755-3 del Estatuto Tributario sino a que el demandante no justificó el mayor valor de los ingresos por consignaciones bancarias, frente a los ingresos declarados por ventas brutas.

A su vez, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, dijo aplicar el artículo 755-3 del Estatuto Tributario y sostuvo que no se desvirtuó la presunción “que por indicios graves le genera una renta presunta del 15% sobre las consignaciones bancarias dejadas de declarar en el denuncio rentístico”(16). Sin embargo, no aplicó realmente la norma porque no calculó la renta presunta en los términos del artículo 755-3 del Estatuto Tributario.

En conclusión, la DIAN no adicionó ingresos a la actora con base en la presunción por consignaciones bancarias del artículo 755-3 del Estatuto Tributario. Tampoco adicionó a la renta líquida declarada, el 15% de las consignaciones ni cuestionó si las cuentas bancarias estaban registradas en la contabilidad o no.

Dado que el artículo 755-3 del Estatuto Tributario no constituyó el fundamento de la adición de ingresos, el hecho de que la actuación de la DIAN no se ajustara a los parámetros establecidos en la norma, no es razón para anular en ese aspecto los actos oficiales y desconocer dicha adición.

Por consiguiente, la Sala determina si, como afirma el demandante, las pruebas que presentó demuestran que los ingresos que declaró son los correctos.

En vía gubernativa, el actor aportó los extractos de las cuentas bancarias 866-760166-50(17), 866-762250-41(18) y 866-762168-43(19) abiertas en Bancolombia y la relación de los movimientos efectuados en dichas cuentas y en la cuenta 7110-00173-2 abierta en Megabanco(20). El informe de movimientos discrimina las consignaciones efectuadas, los cheques devueltos, los cheques girados, las cuotas de crédito pagadas, los intereses generados por sobregiro, las notas crédito y la contribución al Fogafin(21).

Para establecer el total de las consignaciones efectuadas en las cuentas bancarias del actor que podían representarle ingresos, la DIAN efectuó el siguiente cálculo(22):

866-760166-50 Bancolombia
        
MesConsig.InteresesRetefteDev.Notas créditoPréstamosTotal
Enero$ -$ 294.642$ 20.621$ -$ -$ -$ -294.642
Febrero$ -$ 22.070$ 1.493$ -$ -$ -$ -22.070
Marzo$ -$ 2.517$ -$ -$ -$ -$ -2.517
Abril$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Mayo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Junio$ -$ 8.434$ -$ -$ -$ -$ -8.434
Julio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Agosto$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Septiembre$ -$ 8.292$ -$ -$ -$ -$ -8.292
Octubre$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Noviembre$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Diciembre$ 24.789.450$ 76.079$ 4.738$ 1.052.035$ -$ -$ 23.661.336
Total$ 24.789.450$ 412.034$ 26.852$ 1.052.035$ -$ -$ 23.325.381
 
866-762250-41 Bancolombia
        
MesConsig.InteresesRetefteDev.Notas créditoPréstamosTotal
Enero$ 120.277.597$ -$ -$ 1.271.468$ -$ -$ 119.006.129
Febrero$ 208.224.025$ -$ -$ 2.234.268$ -$ -$ 205.989.757
Marzo$ 234.994.252$ -$ -$ 10.891.936$ -$ -$ 224.102.316
Abril$ 80.244.035$ -$ -$ 1.562.957$ -$ -$ 78.681.078
Mayo$ 19.224.267$ -$ -$ -$ -$ -$ 19.224.267
Junio$ 3.622$ -$ -$ -$ 3.600$ -$ 7.222
Julio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Agosto$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Septiembre$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Octubre$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Noviembre$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Diciembre$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Total$ 662.967.798$ -$ -$ 15.960.629$ 3.600$ -$ 647.007.169
 
866-762168-43 Bancolombia
        
MesConsig.InteresesRetefteDev.Notas créditoPréstamosTotal
Enero$ 620.433.117$ -$ -$ 36.825.542$ 70.657$ -$ 583.536.918
Febrero$ 437.670.818$ -$ -$ 5.764.638$ -$ -$ 431.906.180
Marzo$ 509.252.460$ -$ -$ 19.394.408$ -$ -$ 489.858.052
Abril$ 477.208.751$ -$ -$ 7.731.948$ -$ -$ 469.476.803
Mayo$ 325.746.980$ -$ -$ 1.246.234$ -$ -$ 324.500.746
Junio$ 285.842.199$ -$ -$ 46.591.066$ -$ -$ 239.251.133
Julio$ 227.101.928$ -$ -$ -$ 51.008$ -$ 227.050.920
Agosto$ 100.700.198$ -$ -$ 2.899.680$ 26.207$ -$ 97.774.311
Septiembre$ 126.008.364$ -$ -$ -$ -$ -$ 126.008.364
Octubre$ 153.964.979$ -$ -$ -$ -$ -$ 153.964.979
Noviembre$ 67.649.934$ -$ -$ 3.115.204$ 6.230$ 60.000.000$ 4.528.500
Diciembre$ 2.700.000$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.700.000
Total$3.334.279.728$ -$ -$123.568.720$ 154.102$ 60.000.000$ 3.150.556.906
 
7110-00173-2 Megabanco
        
MesConsig.InteresesRetefteDev.Notas créditoPréstamosTotal
Enero$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Febrero$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Marzo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Abril$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Mayo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Junio$ 102.476.092$ -$ -$ 10.267.818$ -$ -$ 92.208.274
Julio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Agosto$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Septiembre$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Octubre$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -
Noviembre$ 150.380$ -$ -$ 150.380$ -$ -$ -
Diciembre$ 1.766.699$ -$ -$ 1.766.699$ -$ -$ -
Total$ 104.393.171$ -$ -$ 12.184.897$ -$ -$ 92.208.274

El valor de las consignaciones por mes que estableció la DIAN corresponde al informado por Bancolombia en los extractos bancarios y por el demandante en la relación de movimientos de la cuenta en Megabanco. Al total de las consignaciones determinadas, la DIAN restó los intereses, las devoluciones y el préstamo otorgado por $60.000.000.

Entonces, para establecer el total de las consignaciones en cuentas bancarias que podrían constituir ingresos del demandante, la DIAN analizó las pruebas aportadas por el actor, excluyó las sumas que no representan ventas brutas (intereses, devoluciones y préstamos) y no tuvo en cuenta las erogaciones que pudieran considerarse como gastos (retención en la fuente y notas crédito) .

Adicionalmente, el dictamen pericial rendido en el proceso, que no fue objetado por las partes, confirma esta conclusión(23), pues indicó que si se excluyen los cheques devueltos, las notas crédito y los préstamos efectuados, el total de consignaciones efectuadas en las cuentas bancarias que podrían constituir ventas brutas es de $3.913.097.000(24).

Es de anotar que, el dictamen pericial sostiene que el mayor ingreso determinado por la DIAN ($261.314.000) corresponde a los cheques que el demandante giró para pagar a los proveedores de Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en. C. ($165.274.484) y al IVA generado en las operaciones realizadas por el demandante durante el año 1999 ($112.060.000).

Al respecto, se precisa que en vía gubernativa el demandante sostuvo que en sus cuentas se consignaron valores pertenecientes a Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en. C. y que se utilizaron para pagar deudas de esta. Para probar su afirmación, aportó copia de algunas facturas expedidas a nombre de la sociedad y de los “comprobantes de cheque” en los que consta que pagó esas facturas.

Las facturas demuestran que existían deudas a cargo de la sociedad y que el demandante las pagó. Sin embargo, no indican que la sociedad hubiera consignado parte de su dinero en las cuentas del actor. Además, el perito examinó la contabilidad de la sociedad y la del demandante, y concluyó que la sociedad compraba mercancía, la vendía al actor y este pagaba al proveedor de la sociedad(25).

De lo anterior se infiere que las sumas pagadas por el actor a los proveedores de la sociedad representan costos para el demandante, porque con ellas pagó la deuda que había contraído con la sociedad por la mercancía que esta le vendió. En consecuencia, el actor no probó que los depósitos por $261.314.000 pertenecieran a Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en. C.

En cuanto al IVA por $112.060.000, la Sala considera que debe descontarse del mayor ingreso liquidado por la DIAN, por tratarse de un ingreso del Estado y no de un ingreso propio del actor.

En términos generales, el IVA se genera por la venta de bienes corporales muebles, la prestación de servicios y las importaciones de bienes corporales muebles(26). El adquirente de los bienes y servicios asume la carga fiscal y, en las ventas, los comerciantes actúan como responsables del impuesto(27), es decir, se encargan de recaudarlo para luego trasladarlo al Estado.

En la contabilidad, el comerciante registra el valor de venta del bien como ingreso(28) y el IVA pagado por el adquirente se registra como pasivo, en la cuenta 2408(29). Por ende, aunque los adquirentes de bienes pagan a los comerciantes tanto el valor de venta del bien como el IVA, solo el primero constituye ingreso propio del comerciante, pues el IVA pertenece al Estado.

En el caso en estudio, la DIAN determinó que el total de consignaciones efectuadas en las cuentas bancarias del actor en el año 1999 superaba las ventas brutas declaradas en $261.314.000 y, por tal razón, adicionó ese valor a las ventas brutas declaradas. Así, la DIAN asumió que la totalidad de las consignaciones en cuentas bancarias corresponden a ingresos propios del actor.

Dado que las sumas pagadas por los adquirentes comprenden el valor de los bienes y el IVA generado y que este no es un ingreso propio de los comerciantes, pues pertenece al Estado, en este caso el IVA generado por las operaciones del demandante debe descontarse de los ingresos que la DIAN determinó con fundamento en consignaciones bancarias.

En ese orden de ideas, se revoca la sentencia apelada en cuanto anuló los actos demandados por la adición de ingresos. En su lugar, se determina que las ventas brutas del demandante en el año 1999 fueron por $3.801.038.000, que es el resultado de restar a las ventas brutas que estableció la DIAN ($3.913.098.000) el IVA generado en las operaciones desarrolladas por el actor ($112.060.000).

2. Costos y deducciones.

En la inspección tributaria, la DIAN solicitó al demandante los soportes de los costos y deducciones declarados, pero este no los presentó, porque se destruyeron en un incendio en enero de 2000. En consecuencia, la demandada rechazó costos por $376.580.000 y deducciones por $106.896.000.

Para determinar los costos del actor, la DIAN se basó en el artículo 82 del Estatuto Tributario que dispone lo siguiente:

“ART. 82.—Determinación de costos estimados y presuntos. Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real o cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su determinación mediante pruebas directas, tales como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, puede fijar un costo acorde con los incurridos durante el año o período gravable por otras personas que hayan desarrollado la misma actividad del contribuyente, o hayan hecho operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables.

Su aplicación y discusión se hará dentro del mismo proceso.

Si lo dispuesto en este artículo no resultare posible, se estimará el costo en el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio de las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de renta o por no llevar debidamente los libros de contabilidad”.

Conforme con la norma transcrita, cuando existan indicios de que el costo declarado por el contribuyente no es real, o no se conozca el costo de los activos enajenados ni pueda determinarse por pruebas directas, entre ellas, la contabilidad y los comprobantes internos o externos, la DIAN puede fijar un costo acorde con los incurridos durante el año por personas que hayan desarrollado la misma actividad del contribuyente o atendiendo a datos estadísticos suministrados por las entidades que allí se indican. Si esto no es posible, el costo equivale al 75% de la enajenación.

La DIAN fijó las ventas brutas del actor en $3.913.098.000 y sobre ese valor calculó el 75%. Al resultado ($2.934.824.000), adicionó el inventario inicial declarado ($230.363.000), y determinó el costo de ventas en $3.165.187.000. Dado que el demandante declaró costos por $3.541.767.000, la diferencia entre esa suma y los costos determinados constituye el monto rechazado ($376.580.000)(30).

En la demanda y el recurso de apelación, el actor alega que con la respuesta al requerimiento especial presentó los soportes de los costos y deducciones declarados, pero la DIAN no los valoró porque fueron aportados después de vencido el plazo para responder el requerimiento especial.

En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos:

• El 15 de septiembre de 2003, la DIAN notificó el requerimiento especial(31).

• El 15 de diciembre de 2003, el actor respondió el requerimiento especial y aportó copia de los soportes de costos por $1.132.604.159(32). Asimismo, solicitó la ampliación del término para responder con el fin de allegar posteriormente los soportes de los costos faltantes(33).

• El 15 de marzo de 2004, el demandante entregó los siguientes documentos(34):

— Certificación de costos expedida por Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C. por $21.800.000. En el escrito que radicó en la fecha en mención, dijo que adjuntaba una certificación de costos expedida por Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C. por $562.680.000(35). Sin embargo, la certificación que figura en el expediente es por $21.800.000(36).

— Certificación de gastos expedida por Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C. por $86.400.000(37).

— Certificación expedida por Héctor Ramos por concepto de asesoría tributaria y contable por $ 6.710.000.

— Relación de soportes por empresas por $1.132.604.159(38), que ya había entregado con la respuesta al requerimiento especial(39).

— Relación de soportes por compras de productos agrícolas y pecuarios a responsables del régimen simplificado por $1.878.040.009(40).

En la liquidación de revisión de 1º de junio de 2004, la DIAN reconoció costos por $1.132.604.159, pues aceptó los soportes que el actor anexó con la respuesta al requerimiento especial. Sin embargo, mantuvo los costos presuntos propuestos en el requerimiento especial por $3.165.187.000, porque los costos aceptados no superaban los costos determinados y los documentos entregados el 15 de marzo de 2004 no podían valorarse por extemporáneos(41).

En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN confirmó los costos presuntos establecidos en la liquidación de revisión, porque el demandante no “acreditó plenamente” los comprobantes requeridos por la administración(42).

Es de anotar que la DIAN finalmente valoró los documentos entregados por el actor el 15 de marzo de 2004, porque también fueron aportados con el recurso de reconsideración y de acuerdo con el artículo 744 del Estatuto Tributario esta es una oportunidad para presentar pruebas(43). Sin embargo, la DIAN no reconoció todos los costos y deducciones declarados, porque estimó que dichos documentos no constituían soporte válido, porque no cumplían los requisitos legales.

Los soportes que el demandante presentó el 15 de marzo de 2004 y con el recurso de reconsideración, que la DIAN valoró, fueron los siguientes:

Soportes de costosValor
Soportes que también se entregaron con la respuesta al requerimiento especial.$1.132.604.159
Certificación expedida por Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C.$ 21.800.000
Relación de compras de productos agrícolas y pecuarios a proveedores del régimen simplificado.$1.878.040.009
Total$3.032.444.168
Soportes de gastosValor
Certificación expedida por Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C.$86.400.000
Certificación expedida por Héctor Ramos por concepto de asesoría tributaria y contable.$6.710.000
Total$ 93.110.000

Se reitera que en la liquidación de revisión, la DIAN reconoció costos por $1.132.604.159, de acuerdo con los documentos anexos a la respuesta al requerimiento especial, documentos que el actor volvió a entregar el 15 de marzo de 2004.

Por consiguiente, la Sala determina si los restantes documentos entregados el 15 de marzo de 2004 y con el recurso de reconsideración, esto es, las certificaciones de costos por $21.800.000 y gastos por $86.400.000, expedidas por Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C., la relación de compras de productos agrícolas y pecuarios a proveedores del régimen simplificado por $1.878.040.009, y la certificación expedida por Héctor Ramos por $6.710.000 constituyen soporte válido de los costos y gastos declarados por el actor.

El demandante sostuvo que en el año 2000 un incendio destruyó su contabilidad y que, por tal razón, no presentó los soportes cuando la DIAN los requirió. Como prueba, anexó el reporte de incendio que emitió el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Corinto (Cauca)(44).

De acuerdo con el artículo 134 del Reglamento General de la Contabilidad (D. 2649/93), si los libros y papeles de contabilidad son destruidos, los comerciantes deben denunciar el hecho a las autoridades competentes y, dentro de los seis meses siguientes al incidente, reconstruir los registros en los libros, con base en comprobantes de contabilidad, declaraciones tributarias, estados financieros certificados, informes de terceros y demás documentos que se consideren pertinentes. A su vez, los papeles destruidos pueden ser reemplazados con la copia que esté en poder de terceros(45).

En este caso, los libros de contabilidad no se destruyeron, pues fueron presentados en la inspección contable que practicó la DIAN(46). Se incineraron los soportes de los costos y gastos declarados y, por tanto, el demandante debió reemplazarlos con copia de los documentos respectivos que estuvieran en poder de terceros.

El artículo 771-2 del Estatuto Tributario establece lo siguiente:

“ART. 771-2.—Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.

Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario.

Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca.

PAR.—En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal d) del artículo 617 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración”.

Por su parte, el artículo 617 ibídem dispone que:

“ART. 617.—Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:

a. Estar denominada expresamente como factura de venta.

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

c. Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, cuando este exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al correspondiente descuento.

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

e. Fecha de su expedición.

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.

g. Valor total de la operación.

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.

PAR.—En el caso de las empresas que venden tiquetes de transporte no será obligatorio entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar copia de la misma”.

A su vez, conforme con el inciso primero del artículo 615 ibídem, los comerciantes están obligados a expedir factura o documento equivalente por cada una de las operaciones que realicen, y a conservar copia de los mismos, independientemente de si son contribuyentes o no de los impuestos administrados por la DIAN(47).

En consecuencia, para la procedencia de costos y deducciones por operaciones realizadas con comerciantes, los documentos soporte pueden ser facturas de venta o documentos equivalentes. Si son facturas de venta deben contener apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor, apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes (cuando este exija la discriminación del impuesto pagado), numeración consecutiva, fecha de expedición, descripción de los artículos vendidos, y valor total de la operación. Si son documentos equivalentes solo deben contener apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor, numeración consecutiva, fecha de expedición, descripción de los artículos vendidos, y valor total de la operación.

De otra parte, para la procedencia de costos y deducciones por operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado, que no están obligados a facturar(48), el documento soporte debe cumplir los requisitos mínimos señalados por el Gobierno Nacional en el artículo 3º del Decreto 3050 de 1997(49). Es decir, puede ser expedido por el vendedor o el adquirente del bien, y debe contener (i) apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad beneficiaria del pago o abono, (ii) fecha de la transacción, (iii) concepto, (iv) valor de la operación, y (v) la discriminación del impuesto generado en la operación, para el caso del impuesto sobre las ventas descontable(50).

2.1. Certificaciones expedidas por Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C.

Como soporte de los costos por $21.800.000 y gastos por $86.400.000, el demandante aportó certificaciones expedidas por el revisor fiscal de la sociedad Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C., que dicen lo siguiente:

• Certificación de costos ($21.800.000)(51):

“El suscrito revisor fiscal de Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C.

CERTIFICA

Que durante el año gravable 1999, la compañía recibió dineros por parte del señor Álvaro correa reyes (sic) identificado con el NIT 16.586.259-3, por concepto de cancelación de obligaciones por los siguientes conceptos:

Venta de estantería y góndolas $ 21.800.000”.

• Certificación de gastos ($86.400.000)(52):

“El suscrito revisor fiscal de Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C.

CERTIFICA

Que durante el año gravable 1999, la compañía recibió dineros por parte del señor Álvaro correa reyes (sic) identificado con el NIT 16.586.259-3, por concepto de cancelación de obligaciones por los siguientes conceptos:

1. Transportes fletes y acarreos$ 20.654.200
2. Arrendamiento de góndolas17.000.000
3. Adecuaciones e instalaciones10.450.000
4. Arrendamiento de bodegas14.400.000
5. Combustibles y lubricantes8.645.000
6. Suministros y papelería1.800.000
7. Consumo de energía4.400.000
8. Teléfonos2.150.600
9. Arrendamiento de góndolas3.600.000
10. Bolsas y empaques3.300.000
Total conceptos facturados$86.399.800

De conformidad con su objeto social, Álvaro Correa Reyes y Cía. S. en C. es comerciante, pues se dedica a la “compra, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de mercancías, productos, materias primas y artículos necesarios para el sector del comercio en general”(53). En tal calidad, está obligada a expedir factura o documento equivalente en las operaciones que realice. Por ende, para soportar las compras que el demandante efectuó a dicha sociedad, debió presentar copia de la factura o documento equivalente respectivo.

Si bien el artículo 777 del Estatuto Tributario dispone que las certificaciones de contadores y revisores fiscales son prueba contable suficiente, la Sala ha dicho que para que estos sean válidos deben contener “algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrase, para que la misma pueda tener la eficacia y suficiencia probatoria”(54).

Los certificados aportados contienen simples afirmaciones del revisor fiscal, pues no precisan qué libros, cuentas o asientos examinó para determinar las compras y servicios adquiridos por el actor. Tampoco señalan el número de la factura ni la fecha de su expedición, requisitos exigidos por el artículo 771-2 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos y deducciones por operaciones con comerciantes. Por consiguiente, los costos por $21.800.000 y gastos por $86.400.000 no pueden ser reconocidos porque carecen de soporte.

2.2. Relación de compras de productos agrícolas y pecuarios a proveedores del régimen simplificado por $1.878.040.009.

Respecto de la “relación de compras de productos agrícolas y pecuarios a proveedores del régimen simplificado” por $1.878.040.009, se observa que es un documento elaborado por el actor que indica las operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado, discriminadas por nombre del proveedor, número de identificación, valor de compra y la dirección del proveedor(55).

Como se explicó, para la procedencia de costos y deducciones por operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado, el documento soporte puede ser expedido por el adquirente y debe cumplir los requisitos mínimos señalados por el Gobierno Nacional en el artículo 3º del Decreto 3050 de 1997, entre ellos, debe precisar la fecha de la transacción, el concepto, y la discriminación del impuesto generado en la operación. La relación presentada por el demandante no cumple estos requisitos, luego los costos por $1.878.040.009 no son procedentes.

2.3. Certificación expedida por Héctor Ramos por $6.710.000.

La certificación expedida por Héctor Ramos dice lo siguiente:

“El suscrito asesor contable y tributario

CERTIFICA:

Que Álvaro Correa Reyes, identificado con el NIT 16.586.259-3, me canceló durante el año gravable año (sic) 1999, la suma de seis millones setecientos diez mil pesos ($6.710.000), por concepto de asesoría tributaria y contable”.

Al respecto, se advierte que el actor no precisó a cuál régimen de IVA pertenece Héctor Ramos y, por ende, no es posible establecer si estaba obligado a expedir factura, documento equivalente o el documento de que trata el artículo 3º del Decreto 3050 de 1997, para así determinar qué requisitos debe cumplir el soporte de la operación.

En todo caso, la certificación mencionada no constituye soporte válido, debido a que no discrimina el impuesto generado en la operación y este es un requisito común de las facturas, documentos equivalentes y los documentos de que trata el artículo 3º del Decreto 3050 de 1997.

Además, por ser responsable del régimen común, el actor debió retener a Héctor Ramos el IVA generado en la operación(56), o si Héctor Ramos pertenecía al régimen común, debió liquidar el directamente el IVA. En consecuencia, el gasto por $6.710.000 no es procedente, porque no cuenta con el documento soporte válido.

En conclusión, los documentos presentados por el actor en vía gubernativa no soportan los costos y gastos declarados, y, por tal razón, la Sala mantendrá los costos presuntos y los gastos liquidados por la DIAN. Sin embargo, como para calcular los costos presuntos la DIAN se basó en los ingresos que determinó ($3.913.098.000) y dichos ingresos fueron modificados por la Sala ($3.801.038.000), los costos presuntos se liquidarán sobre el último valor.

3. Sanción por inexactitud.

En la demanda, el actor solicitó que se levantara la sanción por inexactitud como consecuencia de la nulidad de los actos demandados.

En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN liquidó la sanción únicamente sobre el mayor impuesto generado por la adición de ingresos, pues estimó que como no comprobó la inexistencia de los costos y deducciones desconocidos, no debía incluir el mayor impuesto generado por el rechazo parcial de estas glosas en la base para la liquidación de la sanción por inexactitud.

Toda vez que la Sala determinó las ventas brutas del demandante en $3.801.038.000, liquida la sanción por inexactitud con base en el mayor impuesto generado sobre esos ingresos.

Finalmente, no se analiza el cargo relativo a la violación del principio de la sana crítica, en el que se argumenta que el requerimiento especial y la liquidación de revisión fueron expedidos por el mismo funcionario, ya que fue introducido por el actor en el recurso de apelación, y este no es la oportunidad para adicionar o modificar la demanda y plantear aspectos que esta no contempló y que, por lo mismo, no fueron objeto de estudio en la sentencia recurrida, pues, de permitirse tal actuación, se desconocería el deber de lealtad entre las partes y se vulneraría el debido proceso de la parte contraria que, en este caso, defendió la legalidad de los actos acusados con argumentos que respondieron al concepto de violación que el actor presentó en la demanda(57).

En consecuencia, se confirma la sentencia apelada en cuanto anuló parcialmente los actos acusados y se modifica frente a la nueva liquidación que la Sala practica en los siguientes términos:

ConceptoL. privadaDIANC. de E.
Total patrimonio bruto226.223.000226.223.000226.223.000
Total pasivo104.723.000104.723.000104.723.000
Total patrimonio liquido121.500.000121.500.000121.500.000
Intereses y rendimientos financieros 412.000412.000
Ventas brutas3.651.784.0003.913.098.0003.801.038.000
Otros ingresos37.304.00037.498.00037.498.000
Total ingresos brutos3.689.088.0003.951.008.0003.838.948.000
Total ingresos recibidos3.689.088.0003.951.008.0003,838.948.000
Total ingresos netos3.689.088.0003.951.008.0003.838.948.000
Inventario inicial230.363.000230.363.000230.363.000
Compras3.311.404.0002.934.824.0002.850.778.000
Total costos3.541.767.0003.165.187.0003.081.141.000
Intereses y rendimientos financieros 8.307.0008.307.000
Más: otras deducciones116.477.0001.244.0001.244.000
Total deducciones116.477.0009.551.0009.551.000
Total costos y deducciones3.658.244.0003.174.738.0003.090.692.000
Renta liquida30.844.000776.270.000748.256.000
Renta líquida gravable30.844.000776.270.000748.256.000
Impuesto sobre renta gravable4.146.000263.395.000253.590.000
Impuesto neto de renta4.146.000263.395.000253.590.000
Total impuesto a cargo4.146.000263.395.000253.590.000
Total retenciones 27.00027.000
Menos anticipo año gravable5.422.0005.422.0005.422.000
Más: anticipo año gravable3.109.0003.109.0003.109.000
Más: sanciones3.365.000141.971.00075.622.000
Total saldo a pagar5.198.000403.026.000326.872.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada.

MODIFÍCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, el cual quedará así:

“A título de restablecimiento del derecho, FÍJASE, como saldo a cargo de Álvaro Correa Reyes la suma de trescientos veintiséis millones ochocientos setenta y dos mil pesos mcte. ($326.872.000)”, según liquidación practicada por la Sala.

RECONÓCESE a Olga Lucía Rodríguez López como apoderada de la demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

(8) El texto transcrito corresponde a la redacción original del artículo 755-3 del Estatuto Tributario, que regía para el año gravable 1999, pues la norma fue modificada por el artículo 29 de la Ley 863 de 2003.

(9) Sentencia de 1º de marzo de 2002, Exp. 12354, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié que se reitera en sentencias de 3 de abril de 2002, Exp. 16043, C. P. Ligia López Díaz; de 12 de julio de 2012, Exp. 18032, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y de 5 de junio de 2014, Exp. 19789, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia, entre otras.

(10) Fl. 181 del cuaderno de pruebas 1.

(11) Fls. 182 a 284 de los cuadernos de pruebas 1 y 2.

(12) Fl. 320 del cuaderno de pruebas 2.

(13) Fls. 286 a 317 del cuaderno de pruebas 2.

(14) Estatuto Tributario. Artículo 786. “Las de los ingresos no constitutivos de renta. Cuando exista alguna prueba distinta de la declaración de renta y complementarios del contribuyente, sobre la existencia de un ingreso, y este alega haberlo recibido en circunstancias que no lo hacen constitutivo de renta, está obligado a demostrar tales circunstancias”.

(15) Fls. 527 a 541 del cuaderno de pruebas 3.

(16) Fl. 593 del cuaderno de pruebas 3.

(17) Fls. 133 a 139 del cuaderno de pruebas 1.

(18) Fls. 112 a 132 del cuaderno de pruebas 1.

(19) Fls. 50 a 111 del cuaderno de pruebas 1.

(20) Fl. 278 del cuaderno de pruebas 2.

(21) Fls. 182 a 282 del cuaderno de pruebas 3.

(22) Fl. 410 del cuaderno de pruebas 3.

(23) Fls. 174 a 76 del cuaderno principal.

(24) Fls. 19 y 20 del cuaderno de pruebas 1.

(25) Fls. 17 a 19 del cuaderno de pruebas 1.

(26) Estatuto Tributario. Artículo 420.

(27) Ibídem. Artículo 437.

(28) Plan único de cuentas para comerciantes. Cuenta 4. Descripción. “Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado, *(así como el valor del ajuste por inflación de los conceptos que componen esta clase, susceptibles de ser ajustados)*.

Mediante el sistema de causación se registrarán como beneficios realizados y en consecuencia deben abonarse a las cuentas de ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro. (…)”.

(29) Ibídem. Cuenta 2408. Impuesto sobre las ventas por pagar. Descripción. “Registra tanto el valor recaudado o causado como el valor pagado o causado, en la adquisición o venta de bienes producidos, importados y comercializados, así como de los servicios prestados y/o recibidos, gravados de acuerdo con las normas fiscales vigentes, los cuales pueden generar un saldo a favor o a cargo del ente económico, producto de las diferentes transacciones ya que se trata de una cuenta corriente”.

(30) Fl. 533 del cuaderno de pruebas 3.

(31) Fl. 424 del cuaderno de pruebas 3.

(32) Fls. 507 y 508 del cuaderno de pruebas 3.

(33) Fls. 425 a 508 del cuaderno de pruebas 3.

(34) Fls. 545 a 551 del cuaderno de pruebas 3.

(35) Fl. 551 del cuaderno de pruebas 3.

(36) Fl. 545 del cuaderno de pruebas 3.

(37) Fl. 546 del cuaderno de pruebas 3.

(38) Fl. 550 del cuaderno de pruebas 3.

(39) Fl. 549 del cuaderno de pruebas 3.

(40) Fls. 547 y 548 del cuaderno de pruebas 3.

(41) Fls. 536 y 537 del cuaderno de pruebas 3.

(42) Resolución 170012005000002 de 2 de junio de 2005. “Revisado el expediente vemos como el contribuyente no presentó todos sus comprobantes cuando la administración los exigió y tampoco los ha acreditado plenamente en alguna de las instancias de este proceso, razón por la que confirmará lo dispuesto en la liquidación oficial” (fl. 619 del cuaderno de pruebas 3).

(43) “ART. 744.—Oportunidad para allegar pruebas al expediente. Para estimar el mérito de las pruebas, estas deben obrar en el expediente, por alguna de las siguientes circunstancias:

(…)

4. Haberse acompañado al memorial de recurso o pedido en este;

(…)”.

(44) Fl. 387 del cuaderno de pruebas 2.

(45) Decreto 2649 de 1993. Artículo. 135. “Pérdida y reconstrucción de los libros. El ente económico debe denunciar ante las autoridades competentes la pérdida, extravío o destrucción de sus libros y papeles. Tal circunstancia debe acreditarse en caso de exhibición de los libros, junto con la constancia de que los mismos se hallaban registrados, si fuere el caso.

Los registros en los libros deben reconstruirse dentro de los seis (6) meses siguientes a su pérdida, extravío o destrucción, tomando como base los comprobantes de contabilidad, las declaraciones tributarias, los estados financieros certificados, informes de terceros y los demás documentos que se consideren pertinentes.

Cuando no se obtengan los documentos necesarios para reconstruir la contabilidad, el ente económico debe hacer un inventario general a la fecha de ocurrencia de los hechos para elaborar los respectivos estados financieros.

Se pueden remplazar los papeles extraviados, perdidos o destruidos, a través de copia de los mismos que reposen en poder de terceros. En ella se debe dejar nota de tal circunstancia, indicando el motivo de la reposición”.

(46) Fls. 403 a 406 del cuaderno de pruebas 3.

(47) Estatuto Tributario. Artículo 615. “Obligación de expedir factura. Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. (…)”.

(48) Decreto 1001 de 1997. Artículo 2º. “No obligados a facturar. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, no se encuentran obligados a expedir factura en sus operaciones: (…)

c) Los responsables del régimen simplificado; (…)”.

(49) Decreto 3050 de 1997. Artículo 3º. “Requisitos para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables por operaciones realizadas con no obligados a facturar. De conformidad con lo estipulado en el inciso 3º del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, el documento soporte para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables por operaciones realizadas con personas no obligadas a expedir facturas o documento equivalente, será el expedido por el vendedor o por el adquirente del bien y/o servicio, y deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad beneficiaria del pago o abono.

2. Fecha de la transacción.

3. Concepto.

4. Valor de la operación.

5. La discriminación del impuesto generado en la operación, para el caso del impuesto sobre las ventas descontable.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para la procedencia de los costos, deducciones e impuestos descontables correspondientes a la retención asumida en operaciones realizadas con responsables del impuesto sobre las ventas del régimen simplificado.

PAR.—Cuando se trate de impuestos descontables originados en operaciones cambiarias realizadas por entidades financieras no obligadas a facturar, el documento soporte de que trata el presente artículo deberá ser expedido por quien preste el servicio”.

(50) Sentencia de 23 de septiembre de 2010, Exp. 16739, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(51) Fl. 545 del cuaderno de pruebas 3.

(52) Fl. 546 del cuaderno de pruebas 3.

(53) Fls. 542 a 544 del cuaderno de pruebas 3.

(54) Sentencias de 30 de abril de 1998, Exp. 8725, C. P. Delio Gómez Leyva; 27 de noviembre de 1998, Exp. 9099, C. P. Julio Enrique Correa Restrepo; 15 de octubre de 1999, Exp. 9387, C. P. Delio Gómez Leyva; 20 de marzo de 2003, Exp. 12951, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 1º de abril de 2004, Exp. 13681, C. P. María Inés Ortiz Barbosa, reiteradas en la sentencia de 8 de julio de 2010, Exp. 16508, C. P. William Giraldo Giraldo, entre otras.

(55) Fls. 547 y 548 del cuaderno de pruebas 3.

(56) Estatuto Tributario. Artículo 437. “Los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos y los importadores son sujetos pasivos. Son responsables del impuesto: (…)

e. Los contribuyentes pertenecientes al régimen común del impuesto sobre las ventas, cuando realicen compras o adquieran servicios gravados con personas pertenecientes al régimen simplificado, por el valor del impuesto retenido, sobre dichas transacciones”.

(57) Sentencia de 4 de noviembre de 2004, Exp. 14403, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié, reiterada en la sentencia de 30 de abril de 2009, Exp. 16225.