Sentencia 2005-01651 de noviembre 5 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2005-01651-01(16591)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Humana Vivir S.A. EPS

Demandado: Dirección Distrital de Impuestos

Bogotá, D.C., cinco de noviembre de dos mil nueve.

Fallo

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Sala

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la demandante, corresponde a la Sala decidir si son nulos los actos administrativos demandados.

Toda vez que las partes coinciden en afirmar que la EPS Humana Vivir S.A. es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio respecto de los ingresos obtenidos durante los periodos en discusión, excepto los percibidos por concepto de la unidad de pago por capitación (UPC), la Sala no hará mayores consideraciones sobre este aspecto.

Por tanto, la controversia se centrará en establecer si la demandante debió presentar declaraciones de corrección del impuesto de industria y comercio para obtener la devolución de pagos de lo no debido, derivados de la liquidaciones del impuesto de industria y comercio sobre las “Unidades de pago por capitación” (UPC) que recaudó durante los periodos objeto de discusión en los actos administrativos demandados o, sí era suficiente con que presentara la solicitud de devolución por pago de lo no debido, como en efecto lo hizo.

El pago de lo no debido surge cuando se efectúan pagos “sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento”. En el caso concreto no se discute que el demandante pagó sin causa legal unos valores que liquidó por concepto de impuesto de industria y comercio sobre los ingresos percibidos por concepto de la unidad de pago por capitación.

El a quo denegó las pretensiones de la demandada por cuanto, si bien admitió que el demandante percibió ingresos por unidades de pago por capitación, dijo que por el hecho de haber percibido ingresos por otros conceptos, debió seguir el procedimiento establecido en el artículo 20 del Decreto 807 de 1993.

El demandante discrepa de la decisión del a quo por cuanto considera que el pago que hizo fue no debido y, como tal, su devolución podía formularse dentro de los términos de prescripción de la acción ejecutiva previstos en el artículo 2536 del Código Civil(3) y sin adelantar el procedimiento previo de la corrección de la declaración.

La Sala considera que le asiste razón al demandante, en cuanto a que no era necesario que siguiera el procedimiento establecido en el artículo 20 del Decreto 807 de 1993 y en cuanto a que, el término para solicitar la devolución es el establecido para la prescripción de la acción ejecutiva previsto en el Código Civil.

Esta Sala en sentencia que ahora se reitera(4), al referirse a si es procedente la corrección previa de la declaración privada para obtener la devolución de lo que se pagó de manera indebida por concepto del impuesto de industria y comercio liquidado sobre la UPC, precisó que no por cuanto, precisamente, el pago de lo no debido es el que se efectúa “sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento”. En consecuencia, si con la solicitud de devolución no se pretende establecer un mayor saldo a favor sino probar la inexistencia legal para realizar un pago, el trámite pertinente no es el previsto en el artículo 20 del Decreto 807 de 1993 que remite al artículo 589 del estatuto tributario y que limita la petición de devolución a tan solo dos años.

De ahí que en sentencia del 12 de noviembre de 2004(5) esta Sala haya precisado “(...) está claro que tratándose de ejercer el derecho a devolución de pagos en exceso o de lo no debido, si bien no existe en la normatividad tributaria nacional disposición alguna que señale el término dentro del cual debe formularse la solicitud respectiva, se ha entendido que dicho término es el previsto para la prescripción de la acción ejecutiva de que tratan los artículos 2535 y 2536 del Código Civil; y precisamente por ello el Decreto 1000 de 1997 “por el cual se reglamenta parcialmente el procedimiento de las devoluciones y compensaciones”, dispuso en sus artículos 11 y 21, que las solicitudes de devolución o compensación por pagos en exceso o de lo no debido “deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil”, esto es dentro del término de diez años”.

Bajo este contexto, se procede a analizar el caso concreto. Para el efecto, se destacan los siguientes hechos probados:

— La demandante presentó y pagó las siguientes declaraciones del impuesto de industria y comercio(6).

Período
Adhesivo
Impuesto pagado
3/95
13401010001013
67.000
6/95
13073010214431
589.000
1/96
20002040106771
531.000
2/96
13178010091548
1’394.000
3/96
13401010001550
78.000
3/96
13693010091646
1’862.000
4/96
113401010001543
681.000
4/96
13401010003328
3’773.000
5/96
13401010001536
441.000
5/96
13401010003485
881.000
6/96
13132010034695
4’982.000
1/97
13401010004111
2’597.000
2/97
13178010130814
10’614.000
3/97
13136010338830
12’743.000
4/97
13337010092472
12’824.000
5/97
13401010010532
15’151.000
6/97
13401010011421
9’195.000
6/97
22042420010961
907.000
1/98
22042420010977
19’964.000
2/98
22042420017942
24’746.000
3/98
22042420021006
21’029.000
4/98
22012120227514
12’481.000
5/98
22042420022527
14’397.000
6/98
22044440013191
21’886.000
1/99
22044440015845
15’182.000
2/99
22044440022386
22’775.000
3/99
05021650048226
23’797.000
3/99
22044440025785
120.000
4/99
02204440026593
32’897.000
5/99
05021620056359
37’778.000
6/99
05021650048430
43’936.000
1/00
05021650048899
45’879.000
2/00
05021620062232
54’789.000
3/00
05021650054740
48’352.000
4/00
05021620065119
91’685.000
5/00
05021640067651
86’503.000
6/00
05021650056270
89’822.000
1/01
05021650057247
17’777.000
2/01
05021650061740
17’205.000
3/01
05021630084611
8’370.000
4/01
05021630084990
17’786.000
5/01
05021650070650
11’916.000
6/01
05021620000221
14’741.000
1/02
05021640002028
35’340.000
2/02
05021630000501
25’545.000
3/02
05021620006919
27’769.000
4/02
05028660010996
72’924.000
5/02
05007660020735
50’337.000
6/02
05007660001845
34’920.000
1/03
05021620017491
8’184.000
1/03
05021640001148
39’092.000
2/03
05021630017162
36’232.000
3/03
05021630019230
39’056.000
4/03
05021630024804
32’214.000
Total
pagado

1.276’736.000

— El día 29 de diciembre de 2003, la representante legal de Humana Vivir EPS presentó ante el grupo de devoluciones y compensación de la Secretaría de Hacienda Distrital, solicitud de devolución de pago de lo no debido por concepto de impuesto de  industria y comercio correspondiente a los anteriores periodos y por la suma de $ 1.197.466.000(7).

— La anterior solicitud fue resuelta desfavorablemente mediante la Resolución 264 del 5 de octubre de 2004, confirmada por la Resolución EE-98484 del 11 de mayo de 2005.

En el caso in examine, la parte actora afirmó que el impuesto de industria y comercio que pagó de más sobre los ingresos recibidos por unidades de pago por capitación, son pagos de lo no debido cuya devolución se sujeta a los términos establecidos en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por la Ley 791 de 2002.

Por el contrario, la demandada asevera que si la demandante reflejó en sus declaraciones del impuesto de industria y comercio ingresos que se encontraban exentos o excluidos del impuesto, estos se convertían en saldos a su favor que podían ser devueltos de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 20 del Decreto Distrital 807 de 1993, es decir, previa presentación de solicitud de corrección, en donde se disminuya el saldo a pagar.

Conforme con las pruebas que obran dentro del proceso(8), la Sala evidencia que la empresa actora incluyó, a título de ingresos, dentro de las declaraciones del impuesto de industria y comercio objeto de discusión, los recursos que percibió a título de unidades de pago por capitación (UPC), por la suma de $ 429’187.021.000, los que, según se afirmó anteriormente, no son susceptibles de ser gravados con el impuesto.

La anterior situación conllevó a que la actora declarara y pagara a título de impuesto de industria y comercio por los periodos discutidos, la suma de $ 1.274.181.000, cuando realmente debía pagar la suma de $ 76’715.000, es decir, resulta una diferencia de $ 1.197’466.000, suma objeto de devolución, que a juicio de esta Sala es procedente por carecer de causa legal, discriminada así:

Período
Pago de lo no debido
3/95
2.000
6/95
353.000
1/96
480.000
2/96
1.034.000
3/96
1.388.000
3/96
1.000
4/96
3.528.000
4/96
59.000
5/96
1.124.000
5/96
242.000
6/96
842.000
1/97
1.560.000
2/97
9.641.000
3/97
12.598.000
4/97
12.453.000
5/97
14.717.000
6/97
8.879.000
6/97
750.000
1/98
19.322.000
2/98
22.888.000
3/98
20.193.000
4/98
10.795.000
5/98
12.691.000
6/98
19.386.000
1/99
13.728.000
2/99
20.030.000
3/99
22.144.000
4/99
31.394.000
5/99
35.991.000
6/99
41.459.000
1/00
44.508.000
2/00
53.739.000
3/00
46.559.000
4/00
89.705.000
5/00
84.939.000
6/00
87.294.000
1/01
16.061.000
2/01
14.315.000
3/01
4.633.000
4/01
14.389.000
5/01
9.466.000
6/01
11.670.000
1/02
32.926.000
2/02
24.104.000
3/02
26.759.000
4/02
72.221.000
5/02
48.849.000
6/02
33.455.000
1/03
35.101.000
1/03
6.442.000
2/03
35.089.000
3/03
35.065.000
4/03
30.505.000
Total pagado
1.197’466.000

De tal forma que, para establecer si el término para presentar la solicitud de devolución se encuentra prescrito, debe analizarse cuál era el término que aplicaba a cada periodo. Para el efecto, debe tenerse en cuenta que los pagos por concepto del impuesto de industria y comercio del periodo comprendido entre el tercer bimestre de 1995(9) y el quinto de 2002(10), el término que había empezado a correr era de 10 años, que se vencían en el año 2005 para los pagos realizados en el año 1995 y, en el año 2012 para los pagos realizados en el año 2002. En cambio, para las declaraciones que fueron presentadas entre el sexto bimestre de 2002(11) y cuarto de 2003(12) el término de prescripción era de cinco años, es decir que vencían en los años 2007 y 2008, respectivamente.

En el caso in examine, la EPS Humana Vivir S. A. presentó la solicitud de devolución de los pagos realizados por Impuesto de industria y comercio de los bimestres 3 de 1995 a 4 de 2003, sobre los ingresos incluidos en la base gravable por concepto de UPC el día 29 de diciembre de 2003.

Si se tiene en cuenta que la solicitud de devolución fue presentada el 29 de diciembre de 2003, de acuerdo con las fechas de los pagos efectuados y los términos antes referidos, resulta evidente que esta fue oportuna y procedente.

Por lo expuesto, la Sala revocará la decisión apelada que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar anulará los actos acusados. A título de restablecimiento del derecho ordenará a la demandada devolver a la EPS Humana Vivir S. A. la suma de mil ciento noventa y siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil pesos m/cte. ($ 1.197’466.000), previas las compensaciones a que haya lugar.

Por último, se observa que la demandante solicitó, además de la devolución de lo pagado indebidamente, “las actualizaciones a que haya lugar”sobre dicha suma.

Si bien, el  estatuto tributario nacional y el estatuto tributario distrital no regulan la posibilidad de reconocer actualizaciones sobre valores que se haya ordenado devolver por pago de lo no debido, dichos ordenamientos, así como el Código Civil, sí permiten reconocer intereses corrientes, moratorios y legales sobre dichas sumas.

El artículo 154 del Decreto 807 de 1993 dispone que en los trámites de devolución se causarán intereses corrientes y moratorios, conforme lo prescrito en los artículos 863 y 864 del estatuto tributario(13) . De acuerdo con el artículo 863, los intereses corrientes se causan desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, hasta el acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor; en tanto que los moratorios, se causan a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha de giro del cheque, emisión o título de consignación.

Intereses corrientes

En el caso objeto de estudio hay lugar al reconocimiento de intereses corrientes desde el 25 de mayo de 2005(14), momento en que fue notificado a la demandante el acto que negó la devolución, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Intereses moratorios

De acuerdo con los artículos 863 ibidem del estatuto tributario  y 148 del Decreto 807 de 1993(15), estos se causan desde la fecha de vencimiento del término legal para devolver y hasta el momento en que la administración efectúe el giro del cheque, emisión del título o consignación.

Como la solicitud de devolución fue presentada el 29 de diciembre de 2003, la administración tenía plazo para devolver las sumas solicitadas hasta el 12 de febrero del 2004. Sin embargo, como esta decretó la práctica de pruebas dentro del trámite de la devolución, el término de 30 días fijado por el artículo 148 del Decreto 807 ibídem, se suspendió por el tiempo de duración de la práctica de las mismas(16), de conformidad con el artículo 11 del Decreto Distrital 499 de 1994(17).

En consecuencia, como el periodo probatorio culminó el 29 de septiembre de 2004, el término para devolver lo solicitado vencía el 11 de noviembre del 2004, momento a partir del cual se deberán reconocer intereses moratorios, hasta la fecha en que se efectúe el giro del cheque, emisión del título o consignación.

Intereses legales

El pago indebido de tributos genera una desvalorización monetaria, que debe ser resarcida con la respectiva actualización que, por originarse en sumas de dinero, se presume en el 6% anual, de conformidad con el artículo 1617 del Código Civil.

En este caso, tales intereses se causan a la tarifa del 6%, conforme lo previsto en el Código Civil(18), desde la fecha en que se efectuó el pago hasta el momento en que se solicitó su devolución, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:

I= Vh. x N x 0.5%

Donde N es el número de meses transcurridos desde el pago indebido, hasta la fecha en que se presentó la solicitud de devolución.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar se dispone:

1. ANÚLANSE las resoluciones 264 del 5 de octubre de 2004 y EE - 98484 del 11 de mayo de 2005.

2. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE la devolución de la suma de mil ciento noventa y siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil pesos m/cte. ($ 1.197’466.000)a favor de la empresa Humana Vivir S. A. EPS por el pago de lo no debido en las declaraciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros correspondientes a los bimestres 3 a 6 de 1995, 1 a 6 de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 1 a 4 de 2003, previas las compensaciones a que haya lugar y junto con los intereses corrientes y moratorios que se liquidarán conforme con lo dispuesto en los artículos 863 y 864 del estatuto tributario, y los civiles causados en los términos antes explicados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

SALVO VOTO

Corrección de declaración tributaria - Es obligatoria cuando se pretende disminuir el saldo a pagar de la declaración / Declaración de industria y comercio - No es aceptable que el contribuyente alegue que su contenido es equivocado sin modificarla / pago de lo no debido - Para lograr su devolución el contribuyente debe corregir la declaración / firmeza de la declaración tributaria - Implica que la situación se consolida tanto para la administración como para el contribuyente

Con todo respeto, me aparto de la decisión de la Sala, en cuanto consideró que no era necesario seguir el procedimiento establecido en el artículo 20 del Decreto Distrital 807 de 1993, el cual remite al artículo 589 del estatuto tributario nacional, cuando los contribuyente pretenden disminuir el saldo a pagar contenido en una declaración tributaria. La declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la demandante se presumen ciertas, de conformidad con el artículo 746 del estatuto tributario, por tanto, no resulta aceptable que el mismo contribuyente alegue que su contenido es equivocado, sin modificarlas. Para corregir los errores en las declaraciones, que implican disminuir el valor a pagar, como cuando se paga un impuesto de más, el artículo 589 del estatuto tributario establece un procedimiento que exige solicitar a la administración la corrección de la declaración. La entidad está obligada a aceptar la corrección y solo podrá objetarla por aspectos formales. No puede oponerse a la corrección por asuntos sustanciales porque para eso existe el proceso de revisión que le garantiza al contribuyente el derecho de defensa. En el presente caso, si la sociedad demandante consideraba que había incluido valores no debidos en sus declaraciones del impuesto de industria y comercio, debió acudir a este trámite con el fin de disminuir su valor a pagar. La firmeza de la declaración implica que la situación jurídica se consolida y, por tanto, se torna en inmodificable tanto por la administración como por el contribuyente. En este caso, las declaraciones presentadas por la demandante adquirieron firmeza. No es posible modificar una obligación que ya se consolidó y para la cual el plazo de discusión también concluyó. El proceso de devoluciones es un proceso que solo debe verificar aspectos formales y se debe limitar a comprobar si existe el saldo a favor en la declaración, por pago en exceso o de lo no debido.

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto, me aparto de la decisión de la Sala, en cuanto consideró que no era necesario seguir el procedimiento establecido en el artículo 20 del Decreto Distrital 807 de 1993, el cual remite al artículo 589 del estatuto tributario nacional, cuando los contribuyente pretenden disminuir el saldo a pagar contenido en una declaración tributaria.

En el presente caso, la demandante presentó sus declaraciones del impuesto de industria y comercio por los bimestres de 1995 al 2003, incluyendo ingresos que corresponden al sistema de seguridad social en salud, pero además, como lo reconocen las partes, ingresos por concepto de otras actividades de naturaleza comercial, que no pueden considerarse excluidos del tributo. Esto significa, que la sociedad Humana Vivir S.A. EPS es sujeto pasivo del gravamen y, por tanto, estaba obligada a declarar aquellos ingresos sujetos al impuesto de industria y comercio.

La declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la demandante se presumen ciertas, de conformidad con el artículo 746 del estatuto tributario(19), por tanto, no resulta aceptable que el mismo contribuyente alegue que su contenido es equivocado, sin modificarlas.

Para corregir los errores en las declaraciones, que implican disminuir el valor a pagar, como cuando se paga un impuesto de más, el artículo 589 del estatuto tributario establece un procedimiento que exige solicitar a la administración la corrección de la declaración. La entidad está obligada a aceptar la corrección y solo podrá objetarla por aspectos formales. No puede oponerse a la corrección por asuntos sustanciales porque para eso existe el proceso de revisión que le garantiza al contribuyente el derecho de defensa. En el presente caso, si la sociedad demandante consideraba que había incluido valores no debidos en sus declaraciones del impuesto de industria y comercio, debió acudir a este trámite con el fin de disminuir su valor a pagar.

El pago de lo no debido surge cuando se cancela un valor sin que exista causa legal para ello. Sin que exista un título que contenga la obligación. En el presente caso, las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la demandante constituyen título ejecutivo, de conformidad con el numeral 1º del artículo 828 del estatuto tributario(20)  En ellas consta una obligación clara, expresa y exigible, proveniente del deudor, por concepto del mencionado tributo. Esto significa que existe causa legal para el pago de las sumas que se reconocen en las declaraciones, lo que descarta que exista pago indebido.

De acuerdo con el artículo 24 del Decreto Distrital 807 de 1993, las declaraciones tributarias quedan en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar no se ha notificado requerimiento especial. La firmeza de la declaración implica que la situación jurídica se consolida y, por tanto, se torna en inmodificable tanto por la administración como por el contribuyente. En este caso, las declaraciones presentadas por la demandante adquirieron firmeza. No es posible modificar una obligación que ya se consolidó y para la cual el plazo de discusión también concluyó.

El proceso de devoluciones es un proceso que solo debe verificar aspectos formales y se debe limitar a comprobar si existe el saldo a favor en la declaración, por pago en exceso o de lo no debido. En estos últimos casos, la administración confronta el valor a pagar que señala el título (declaración, liquidación oficial o sentencia) y cuánto se canceló efectivamente; si hay exceso, habrá un saldo a favor. Si se hizo un pago y no hay título o el título no tiene efecto legal alguno (como las declaraciones de los no obligados o las que se tienen como no presentadas) habrá pago indebido.

En el presente caso, no hay pago indebido ni pago en exceso porque las declaraciones fueron válidamente presentadas, no fueron corregidas y en ellas consta que el valor a pagar fue el que efectivamente se canceló. Por tanto, debió confirmarse la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Por último, considero oportuno advertir, que no suscribí la sentencia del 16 de julio de 2009, expediente 16655, que se reitera en esta ocasión. Pero, en mi opinión, la Sala posteriormente modificó el criterio allí expuesto, en la sentencia del 20 de agosto de 2009, expediente 16142.

Fecha ut supra.

William Giraldo Giraldo

(3) Modificado por el artículo 8º de la Ley 791 del 2002. Redujo el término de prescripción a 5 años.

(4) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil nueve (2009). Consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, radicación 25000-23-27-000-2005-00326-01 (16655). Actor: Salud Total S.A. EPS, demandado: Secretaria de Hacienda - Dirección Distrital de Impuestos

(5) Sentencia del 12 de noviembre de 2004, expediente 11604, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(6) Folios 1 a 53, cuaderno de antecedentes.

(7) Folios 59 a 61, cuaderno de antecedentes.

(8) Cuaderno de antecedentes administrativos.

(9) Presentada el 4 de octubre de 1995.

(10) Presentada el 21 de noviembre de 2002.

(11) Presentada el 21 de enero de 2003.

(12) Presentada el 19 de septiembre de 2003.

(13) “ART. 863.—Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, solo se causarán intereses corrientes y moratorios, en los siguientes casos:

Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.

Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

Lo dispuesto en este artículo solo se aplicara a las solicitudes de devolución que se presenten a partir de la vigencia de esta ley.

ART. 864.—Tasa de interés para devoluciones. El interés a que se refiere el artículo anterior, será igual a la tasa de interés prevista en el artículo 635 del estatuto tributario”.

(14) Folio 48.

(15) “ART. 148.Término para efectuar la devolución o compensación. La administración tributaria distrital deberá devolver; previas las compensaciones a que haya lugar; los saldos a favor originados en los impuestos que administra, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma.

PAR.—Cuando la solicitud de devolución se formule dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la declaración o de su corrección, la administración tributaria dispondrá de un término adicional de un (1) mes para devolver”.

(16) Auto 347 del 31 de diciembre de 2003, folio 62 del cuaderno de antecedentes.

(17) “ART. 11º.—Pruebasen el trámite de devoluciones o compensaciones. Cuando dentro del proceso de devoluciones se decreten pruebas, el término para decir sobre la solicitud de devolución se suspenderá durante el tiempo que dure la práctica de las mismas, sin perjuicio de la suspensión de que trata el artículo 151 del Decreto 807 de 1993”.

(18) Artículos 1617 y 2232 del Código Civil.

(19) Esta disposición es aplicable al Distrito Capital por remisión expresa del artículo 113 del Decreto 807 de 1993.

(20) Esta disposición es aplicable al Distrito Capital por remisión expresa del artículo 140 del Decreto 807 de 1993.