Sentencia 200501676 de junio 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200501676 01

Número interno: 16710

Magistrado Sustanciador:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Fernando López Gutiérrez.

Demandados: Distrito Capital de Bogotá Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.

Acumulado con los procesos

Rad.: 250002327000200800019 01

Número interno: 17423

Demandantes: Wilson Ruiz Orejuela.

Yadira Castillo Meneses.

Demandado: Distrito Capital de Bogotá.

Rad.: 250002327000200700007 02

Número interno: 18147

Demandante: Catalina Hoyos Jiménez.

Demandado: Distrito Capital de Bogotá.

Bogotá, veinte de junio de dos mil trece.

FALLO

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Objeto de la sentencia

Le corresponde a la Sala decidir si son nulos los actos por los cuales se estableció en el Distrito de Bogotá el llamado impuesto de teléfono, en los términos de las pretensiones de las demandas ya reseñadas, impuesto que, por cierto, en Bogotá tomó el nombre de “impuesto o fondo al deporte”.

En efecto, como se verá, el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos a que se refiere la Ley 97 de 1913, en Bogotá, nació en principio como contribución impuesta a los suscriptores de aparatos telefónicos instalados por la Empresa de Teléfonos de Bogotá y luego derivó hacía un impuesto de apoyo o fomento al deporte debido al destino que ha tenido este ingreso público en la ciudad de Bogotá.

En general, las partes demandantes han señalado el conjunto de normas que constituyen el régimen jurídico de ese impuesto y que serán objeto de análisis por parte de la Sala en orden a verificar su legalidad.

En ese sentido, le corresponde a la sala, en concreto, definir si son nulas o no las siguientes normas distritales, que han sido invocadas como acusadas, en lo que atañe al establecimiento del impuesto a los teléfonos o fondo al deporte y sus diferentes y sucesivas reformas:

• El artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967, por el cual se crea el Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de Bogotá,

• El artículo 12, numeral 10, del Acuerdo 4 de 1978, por el cual se crea el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte,

• El artículo 5º del Acuerdo 19 de 1987, por el cual se expide el presupuesto de rentas e ingresos y de inversiones y gastos de las entidades descentralizadas y fondos rotatorios del Distrito Especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones,

• El artículo 30 de Acuerdo 11 de 1988, por el cual se reforma la estructura tributaria distrital y se dictan otras disposiciones, y

• El artículo 9, parágrafos 1º y 2º del Acuerdo 21 de 1997, por el cual se reforma la naturaleza jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá y se dictan otras disposiciones.

Concretamente, resolverá si el Concejo Distrital de Bogotá ha tenido competencia para establecer el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos creado por la Ley 97 de 1913, denominado actualmente en Bogotá contribución al Fondo Cuenta Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte o fondo del deporte y que se suele liquidar y cobrar con la factura del servicio de teléfono por las empresas que prestan el servicio en Bogotá.

Temas objeto de análisis

Con ese propósito, la Sala analizará los siguientes temas:

a) De la vigencia de la autorización para crear el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos prevista por la Ley 97 de 1913 y de los alcances de la función impositiva de los municipios frente a esa materia.

b) Del desarrollo y vigencia de las normas distritales que regulan el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos creado por la Ley 97 de 1913 en Bogotá.

c) Del examen de legalidad de las normas acusadas por la parte actora, que es plural debido a la acumulación de los procesos a la que ya se hizo referencia.

Por lo tanto, la Sala acomete el estudio de esos temas, así:

a) De la vigencia de la autorización para crear el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos prevista por la Ley 97 de 1913 y de los alcances de la función impositiva de los municipios frente a esa materia.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado sostuvo durante un tiempo que el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 había perdido aplicabilidad. Esa interpretación fue rectificada por esta misma corporación a partir de la sentencia del 9 de julio de 2009(12), y desde entonces constituye la posición reiterada de la Sala(13).

Según el precedente judicial que se acaba de citar, que incluso corresponde con el criterio de la Corte Constitucional sobre el particular(14), el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos establecido en el literal i) del artículo 1° de la Ley 97 de 1913 no ha sido derogado, y que, en esa medida, constituye la autorización legal para que los concejos municipales y distritales establezcan este tributo dentro del ámbito de sus competencias.

La sala ratificará en esta oportunidad que está plenamente vigente y es aplicable la Ley 97 de 1913, y que, por ende, los impuestos municipales creados al amparo de esa norma son válidos. La eventual nulidad de estos impuestos se podría declarar, pero no por carecer de fundamento legal, que es esa Ley 97, sino por otras razones inherentes al establecimiento de tributos.

La Sala recuerda que el artículo 1º de la Ley 97 de 1913 claramente dispuso lo siguiente:

“ART. 1º—El concejo municipal de la ciudad de Bogotá, puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la asamblea departamental: (...).

i) Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas(15).

Posteriormente, la Ley 84 de 1915 extendió la potestad otorgada inicialmente al Concejo de Bogotá a los demás concejos municipales, así:

“ART. 1º—Los concejos municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de las que les confiere el artículo 169 de la Ley 4° de 1913:

a) Las que le fueron conferidas al municipio de Bogotá por el artículo 1º de la Ley 97 de 1913, excepto la de que trata el inciso b) del mismo artículo, siempre que las asambleas departamentales les hayan concedido o les concedan en lo sucesivo dichas atribuciones (...)”.

Luego, el artículo 76 de la Ley 11 de 1986 otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República, entre otras, para:

“b) Codificar las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organización y el funcionamiento de la administración municipal”.

Y, finalmente, que en ejercicio de la mencionada facultad, el ejecutivo expidió el Decreto-Ley 1333 de 1986, que en el artículo 172 estableció:

“ART. 172.—Además de los existentes hoy legalmente, los municipios y el distrito Especial de Bogotá pueden crear los impuestos y contribuciones a que se refieren los artículos siguientes”.

La Sala, en la sentencia del 9 de julio de 2009, a la que ya se hizo referencia, precisó que, aunque el Decreto-Ley 1333 de 1986 no incluyó expresamente el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos previsto en el literal i) del artículo 1° de la Ley 97 de 1913, subsistieron los gravámenes creados por leyes expedidas antes de 1986, pues el ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República en la Ley 11 de 1986 no incluían la de derogar o modificar las leyes vigentes, sino únicamente la de compilar de manera armónica las normas que regulaban la administración municipal(16). En otras palabras, la compilación normativa que se hizo en el Decreto 1333 no significó la derogatoria de leyes no compiladas en este estatuto.

Además de la vigencia de la Ley 97 de 1913 en lo que al impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos se refiere, la Sala precisó que los concejos municipales están facultados para determinar los elementos del tributo, según las consideraciones que a continuación se exponen.

Como lo determinó la Sala en la sentencia del 9 de julio de 2009, que se reitera, el artículo 338(17) de la Constitución Política establece la competencia que tienen los entes territoriales para que los órganos de representación popular fijen los presupuestos objetivos de los tributos aplicables en sus jurisdicciones, pues esta facultad no es exclusiva del Congreso, tratándose de tributos territoriales. De hecho, la autonomía dada a las entidades territoriales es más que la simple y tradicional descentralización administrativa, que no es otra cosa que una técnica de transferencia de competencias para ejecutar las leyes, para meramente administrarlas, y que provenía del estricto modelo centralista de la Constitución de 1886.

Para el efecto, dijo que la Constitución Política permite que sean la ley, las ordenanzas o los acuerdos los que determinen los elementos del tributo, en clara concordancia y en desarrollo de los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales consagrados en los artículos 1º(18), 1287-3(19), 300-4(20) y 313-4(21), ibídem. Que, entender lo contrario implicaría hacer nugatorias las atribuciones que constitucionalmente se les confirió a los departamentos y a los municipios en materia tributaria.

La Sala precisó que, en todo caso, la competencia impositiva que ostentan los concejos municipales y las asambleas departamentales no es ilimitada, pues no están facultados para establecer tributos ex novo, ya que la atribución de crear o autorizar impuestos es exclusiva del Congreso. Que, sin embargo, esta limitante no constituye un obstáculo para que a partir de la creación o autorización legal de un tributo, los entes territoriales puedan, con autonomía normativa, establecer los elementos estructurales de la obligación tributaria cuando la ley no los haya fijado directamente.

Con sujeción a este razonamiento, la Sala precisó:

“En efecto, se advierte que el mencionado artículo de la Ley 97 en concordancia con la Ley 84 de 1915, autoriza a los municipios a crear el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica y de gas, por lo que, de acuerdo con la expresa facultad conferida y las claras competencias constitucionales asignadas a los mencionados entes territoriales, éstos pueden determinar directamente, a través de los Acuerdos, los demás elementos estructurales del tributo como son: el hecho generador, los sujetos pasivos, la base gravable y la tarifa (...) (subrayado no hace parte del texto).

Y concluyó:

“En los anteriores términos esta corporación modifica su jurisprudencia respecto de la facultad de los concejos municipales para establecer a partir de la Ley 97 de 1913 los elementos del impuesto sobre teléfonos y así retoma los planteamientos generales expuestos por la Sala sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales en la sentencia de 15 de octubre de 1999(22), Expediente 9456, consejero ponente Julio E. Correa Restrepo en la que se señaló:

“Ahora bien, ha sido jurisprudencia reiterada de la Sala, que en materia impositiva rige el principio de legalidad de los tributos, en cuya virtud su creación es de reserva de ley, conforme a la función asignada para “establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente, contribuciones parafiscales (art. 150-12) en concordancia con el 338 de la Carta, que reservó con exclusividad para los cuerpos colegiados de elección popular la facultad de imponer tributos: “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales”, y de desarrollo por parte de las corporaciones de elección popular (asambleas y concejos), autorizadas para votar las contribuciones e impuestos locales de conformidad con la Constitución y la ley, (arts. 300-4 y 313-4 ibíd.).

Así mismo, en virtud del denominado principio de “predeterminación”, el señalamiento de los elementos objetivos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar “directamente” en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos.

De manera que creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que esta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular.

Sin embargo, esta facultad no significa que una entidad territorial contemple como hecho generador del tributo uno diferente al que la ley de autorizaciones haya definido, pues violaría el principio de legalidad a que se ha hecho referencia.

Teniendo en cuenta que la obligación tributaria tiene como finalidad el pago de una suma de dinero, esta debe ser fijada en referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o que se relacione con este”(23).

En el mismo sentido, la Sala ha precisado que el ejercicio de las facultades de las entidades territoriales en materia tributaria están supeditadas, en forma general, a la ley. De ese modo, la competencia tributaria de las entidades territoriales puede resultar parcial-limitada o parcial-reforzada(24).

Que será parcial-limitada cuando la ley fija ciertos elementos del tributo para que sea la entidad territorial la que establezca los que faltan o para que completen esos elementos. Y que será parcial-reforzada cuando la ley apenas autoriza a la entidad territorial a establecer el tributo porque en esos casos le permite fijar todos los elementos a partir del núcleo contenido en la autorización legal. La competencia parcial-reforzada permite mayor intervención de la competencia normativa territorial, lo que es propio de los impuestos que se miran como típicamente territoriales.

En este último caso, la Corte Constitucional ha señalado que debido a que la identidad del impuesto se encuentra íntimamente ligada al hecho gravable, es claro que la ley debe delimitar los hechos gravables que son susceptibles de ser generadores de impuestos territoriales(25).

Eso significa que la ley al crear o al autorizar el tributo debe describir mínimamente el hecho gravable para que la ley sea no solo válida sino entendible. En otras palabras, sería muy raro el caso en el que se pudiera crear o autorizar un impuesto sin que la ley describa el objeto del tributo, esto es, sin que aluda al hecho gravable. El hecho gravable hace parte de la tipificación del tributo, es un elemento esencial que permite estructurar el resto de elementos.

En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido que es admisible que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador, a saber: i) la autorización del gravamen y, ii) la delimitación del hecho gravado.

“Así las cosas, la jurisprudencia ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador. Estos parámetros mínimos, según se desprende de la jurisprudencia, son dos: (i) la autorización del gravamen por el legislador, y (ii) la delimitación del hecho gravado con el mismo(26).

Por lo anterior, la Sala concluye que el Concejo de Bogotá estaba facultado para establecer el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, según la autorización conferida por la Ley 97 de 1913 y, dentro de esas facultades, determinar los elementos del tributo.

Se reitera: la Ley 97 de 1913 está vigente y fue declarada exequible por la Corte Constitucional, según Sentencia del C-504 del 2002. La Sala no acepta que una ley vigente y exequible por determinación de la Corte Constitucional venga a resultar dizque inaplicable, pues lo inaplicable se opone a lo exequible. Sí. Exequible es ejecutable, aplicable, en fin, vigente por, además, resultar conforme con la Constitución. Toda interpretación contraria a esta realidad jurídica debe ser proscrita.

b) Del desarrollo y vigencia de las normas distritales que regulan el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos creado por la Ley 97 de 1913 en Bogotá.

La Sala anticipa que del análisis sobre la vigencia de las normas demandadas que a continuación se realizará, concluirá que el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, denominado actualmente en Bogotá contribución al Fondo Cuenta Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte o fondo al deporte, está vigente e incluso que es válido.

Mediante el Acuerdo 3 del 27 de febrero de 1967, el Concejo del Distrito Especial Bogotá creó el Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y Cultural del Distrito Especial de Bogotá.

Según el artículo 1º de dicho acuerdo, el fondo sería administrado “por una junta compuesta por el alcalde o un delegado suyo, designado especial al efecto; los secretarios de hacienda, obras públicas, el personero o su delegado; el contralor o su delegado, y los representantes del concejo en las juntas asesoras y de contratos y de la empresa de teléfonos”.

El artículo 2º estableció los fines a los que se destinarían los recursos que alimentarían el fondo, así:

“a) A promover la construcción de instalaciones para la formación física y la diversión deportiva de las clases populares, tales como coliseos cubiertos, teatros, pistas atléticas, campos para los diversos deportes, piletas de natación y parques;

b) A construir y rotar bibliotecas populares;

c) A promover y patrocinar actividades encaminadas a la elevación del nivel de cultura y deportivo de la ciudadanía, tales como concursos artísticos y literarios, exposiciones de artes plásticas, representaciones de teatro y danza, campeonatos deportivos, etc.”.

El artículo 3º facultó al fondo creado para participar como socio en organizaciones creadas por la iniciativa privada que atendieran deportistas o artistas. Así mismo, lo autorizó para promover y coordinar ciertas actividades relacionadas con actividades culturales y deportivas.

El artículo 4º reguló un tributo que denominó contribución, que estaba a cargo de los suscriptores de los aparatos telefónicos instalados por la entonces llamada Empresa de Teléfonos de Bogotá. El tributo fue creado en función de ciertas categorías de usuarios y en ese mismo sentido se fijó la tarifa mensual. Se estipuló que sería recaudado por el sistema de cobro del servicio telefónico, como se precisa a continuación:

“ART. 4º—A partir de la sanción de este acuerdo se establecen las siguientes categorías de contribución para los suscriptores de aparatos telefónicos instalados por la Empresa de Teléfonos de Bogotá:

Categoría 1$ 4.00mensuales
Categoría 2$ 3.00mensuales
Categoría 3$ 1.00mensuales
Conmutadores y troncales$ 50.00mensuales
Teléfonos privados$ 10.00mensuales

PAR. 1º—Quedan excluidos del pago de este impuesto todas las líneas y aparatos telefónicos que utilicen las siguientes entidades:

a) El Gobierno Nacional, departamental y distrital;

b) El Congreso Nacional;

c) Los Departamentos y empresas descentralizadas de carácter nacional, departamental y distrital;

d) Las entidades de beneficencia y fundaciones sin ánimo de lucro; y

e) Los teléfonos de la categoría 4ª de los barrios obreros.

PAR. 2º—El producto del anterior impuesto será recaudado con ocasión y por el sistema de cobro del servicio telefónico, y su producto será consignado mensualmente por la Empresa de Teléfonos de Bogotá en la Tesorería de Bogotá, a favor del Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de Bogotá” (subrayado no hace parte de la norma).

El artículo 5º precisó, a su vez, que el patrimonio del fondo creado mediante el referido acuerdo estaría conformado, entre otros recursos, por los señalados en el artículo 4º. Para el efecto, señaló:

ART. 5º—El patrimonio del Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de Bogotá estará formado por los recursos que arbitra el artículo anterior, por los aportes que a él puedan hacer los Tesoros Nacional, Departamental y Distrital, por las donaciones que reciba de personas jurídicas y naturales, por el producto de los espectáculos o actos similares que organice mediante pago de los concurrentes y por las cuotas que puedan establecerse para los usuarios de sus servicios” (negrilla fuera de texto).

El artículo 6º autorizó a la Administración Distrital para pignorar el patrimonio y las rentas del fondo y, en especial, el tributo que se reguló en el artículo 4º, con el objeto de obtener los fondos necesarios para la construcción de un coliseo cubierto. Y, por último, el artículo 7º autorizó crear los cargos que se requirieran para el funcionamiento del fondo.

Una primera conclusión de la lectura de ese acuerdo es la de que, en efecto, se trataba de la aplicación de la Ley 97 de 1913, con la particularidad adicional de que el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, llamado contribución, se destinó en Bogotá desde el inicio al fomento del deporte puesto que constituyó en una renta del llamado Fondo de Desarrollo Popular y Deportivo de Bogotá.

Conviene señalar que ese acuerdo se dictó antes de la reforma de 1968, que reorganizó la administración del Estado y fijó las bases de una nueva forma de entender las relaciones jurídicas entre los órganos y entidades estatales. De hecho, se dictó antes de que esa reforma definiera los modernos tipos de organismos y entes estatales.

En 1978, cundo ya la reforma del 68 estaba en auge, mediante el Acuerdo 4 del 8 de febrero del referido año, el Concejo del Distrito Especial de Bogotá creó el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte(27), como un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente y le atribuyó las siguientes funciones:

1. Formular políticas para el desarrollo masivo del deporte y la recreación en el Distrito Especial, con el fin de contribuir al mejoramiento físico y mental de sus habitantes, especialmente de la juventud.

2. Coordinar con otras instituciones oficiales o privadas, dedicadas a estas materias, el planeamiento y ejecución de sus programas.

3. Participar en la financiación y organización de competencias y certámenes nacionales e internacionales con sede en Bogotá.

4. Promover las actividades de recreación en los parques de propiedad distrital, conservar y dotar las unidades deportivas y procurar el establecimiento de nuevas fuentes de recreación.

5. Adquirir y enajenar a cualquier título los bienes muebles o inmuebles, cuando lo requiera el cumplimiento de sus fines.

6. Administrar los escenarios deportivos de modo que dentro de criterios de esparcimiento para los ciudadanos, permitan ingresos en taquillas para atender al mantenimiento y mejoramiento de los mismos.

7. Administrar, directa o indirectamente, la Plaza de Toros de Santamaría, fomentando la presentación de espectáculos taurinos y culturales y promover la formación de nuevos exponentes nacionales artísticos y deportivos.

8. En general, celebrar toda clase de negocios jurídicos, de administración, disposición, gravamen o compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la órbita de sus funciones.

9. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 10 del Acuerdo 5 de 1973, administrar la función recreativa establecida para los bosques de la zona oriental de la ciudad.

10. Las demás que le asigne el Concejo Distrital.

El acuerdo referido dispuso, además, que el patrimonio del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte estaría constituido, entre otros rubros, por la sobretasa establecida para la creación del fondo denominado de desarrollo popular, deportivo y de cultura por el Acuerdo 3 de 1967 así:

“ART. 12.—El patrimonio del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte estará constituido por:

1. Los bienes que administra el Fondo Rotatorio de Espectáculos Públicos, a saber: Unidad Deportiva “El Campín”, Plaza de Toros de Santamaría, Velódromo Primero de Mayo, Museo Taurino.

2. La escuela de fútbol.

3. Los parques de recreación de propiedad de la Lotería de Bogotá, y del Distrito Especial.

4. Los bienes que como persona jurídica adquiera a cualquier título y las rentas de los mismos.

5. Los ingresos provenientes de la administración y de los distintos bienes que se le asigne por el presente acuerdo.

6. Los aportes oficiales.

7. Las donaciones de cualquier orden.

8. Las partidas que se le asignen dentro del presupuesto del distrito.

9. El producto de los bienes que adquiera en el futuro por razón de la prestación de servicios o por cualquier otro concepto, de acuerdo con sus finalidades.

10. Las participaciones en contribuciones, tasas e impuestos que sean autorizados por normas especiales y específicamente el impuesto de pobres cedido al Fondo de Espectáculos mediante Acuerdo 56 de 1965 y el Impuesto de Espectáculos transferido al Distrito conforme al artículo 3º, literal a) de la Ley 38 de 1968; la sobretasa establecida para la creación del fondo denominado de desarrollo popular, deportivo y de cultura por el Acuerdo 3 de 1967 (negrilla fuera de texto).

Según lo hasta aquí visto, la Sala precisa que el tributo creado por el artículo 4 del Acuerdo 3 de 1967 hizo parte de los recursos que conformaban el patrimonio del Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de Bogotá hasta 1978, pues a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo 4 de ese año, la ahora denominada contribución pasó a formar parte del patrimonio del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. Es decir que la vigencia de ese tributo se reafirmó.

En 1987, el Concejo del Distrito Especial de Bogotá expidió el Acuerdo 19 del 11 de diciembre, por el cual se estableció el presupuesto de rentas e ingresos y de inversiones y gastos de las entidades descentralizadas y fondos rotatorios del Distrito Especial de Bogotá del año 1987.

El artículo 5º del acuerdo referido modificó el artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967, en el siguiente sentido:

“ART. 5º—Para la vigencia de este acuerdo, modifícase el artículo Cuarto del Acuerdo 3 de 1967, en el siguiente sentido:

Tipo de servicioTarifa mensual
Conmutadores500
Teléfonos privados400
Residenciales estrato I y II-0-
Residenciales estrato III30
Residenciales estrato IV60
Residenciales estrato V120
Residenciales estrato IV250
Industria comercio y servicios (estrato I y II)60
Industria comercio y servicios (estrato III y IV)120
Industria comercio y servicios (estrato V y VI)300
Aislados y canales de transmisión de datos500
Radioteléfonos500”

Como se aprecia, la reforma introducida consistió en una modificación de las tarifas del tributo que, se reitera, ingresaban inicialmente al patrimonio del Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y Cultural del Distrito Especial de Bogotá, y a partir de 1978, formaron parte del patrimonio del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.

En efecto, el acuerdo 19 de 1987 sustituyó el esquema de categorías de la contribución creada por el Acuerdo 3 de 1967 por una clasificación de los distintos tipos de suscriptores de los aparatos telefónicos instalados por la Empresa de Teléfonos de Bogotá, determinada en función del servicio prestado y del estrato socioeconómico, a cada una de las cuales se les asignó un valor fijo en pesos. Esta modificación solo duró un año, pues como se verá, en 1998 se modificó el sistema para cuantificar el tributo.

En 1988, mediante el Acuerdo 11 del 4 de noviembre, el Concejo del Distrito Especial de Bogotá llevó a cabo una reforma a la estructura tributaria del Distrito.

Para tal propósito, introdujo modificaciones al régimen de los impuestos predial e industria y comercio y adoptó la regulación de los derechos y servicios de tránsito y circulación. También modificó las tarifas del Fondo de Bomberos del que trataba el Decreto 1561 de 1979 y de la contribución al Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de Bogotá, creado por el Acuerdo 3 de 1967.

De ese modo, el artículo 30 del Acuerdo 11 de 1988 modificó una vez más el artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967, que como se recordará, ya había sido modificado por el Acuerdo 19 de 1987, pero que duró solo un año, pues era una norma de presupuesto.

El artículo 30 dijo:

“ART. 30.—Las tarifas establecidas en el artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967, quedará así:

Tipo de servicioTarifa mensual (en salarios mínimos diarios)
Conmutadores2/3
Teléfonos privados2/3
Residenciales estratos 1 y 20
Residenciales estrato 31/24
Residenciales estrato 41/12
Residenciales estrato 51/6
Residenciales estrato 61/3
Industria comercio y servicios (estrato 1 y 2)1/12
Industria. comercio y servicios (estrato 3 y 4)1/6
Industria comercio y servicios (estrato 5 y 6)1/3
Aislados y canales de transmisión de datos2/3
Radioteléfonos2/3”

Según se aprecia, el Acuerdo 11 de 1988 modificó el sistema de cuantificación del tributo, para que en adelante fuera determinada en salarios mínimos diarios y no en sumas fijas como se había previsto hasta entonces. En todo caso, conservó la clasificación de los distintos tipos de usuarios establecida en el Acuerdo 19 de 1987, de efímera vigencia.

En 1997, mediante el Acuerdo 21 del 6 de diciembre, el Concejo Distrital de Bogotá transformó la naturaleza jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

Con este acuerdo, se extendió la contribución establecida con el Acuerdo 3 de 1967 a todos los suscriptores del servicio telefónico, que como se anotó, en un principio estaba a cargo solo de los suscriptores de aparatos telefónicos instalado por la Empresa de Teléfonos de Bogotá. Sin duda, la extensión del tributo a todos los suscriptores del servicio de telefonía, se derivó de los efectos de la Ley 142 de 1994.

ART. 9º—Aplicación de las normas distritales a los nuevos operadores. Las normas urbanísticas contenidas en el Acuerdo 6 de 1990; las que lo modifiquen y demás concordantes de conformidad con el artículo 26 de la Ley 142 de 1994, se aplicarán a todos los operadores que presten el servicio en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, D.C.

PAR. 1º—A partir de la vigencia del presente acuerdo, todos los suscriptores del servicio telefónico de Santa Fe de Bogotá, D.C., serán sujetos de la contribución de que trata el artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967, modificado por el artículo 30 del Acuerdo 11 de 1988.

De conformidad con lo anterior, todos los prestadores del servicio telefónico que operen en Santa Fe de Bogotá, D.C., serán responsables en igualdad de condiciones, por el cumplimiento de las obligaciones fijadas en aquellas normas a la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, D.C. ESP-S.A. “ETB” (resaltado).

Es decir que mediante el Acuerdo 21 de 1997, el Concejo Distrital amplió los sujetos pasivos del tributo al que aludía el artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967, modificado por el artículo 30 del Acuerdo 11 de 1988, de tal manera que, en adelante, la contribución estaría a cargo de todos los suscriptores del servicio telefónico de Santa Fe de Bogotá D.C. y no únicamente de los suscriptores de aparatos telefónicos instalados por la Empresa de Teléfonos de Bogotá.

En consecuencia, también debe entenderse modificado el parágrafo 1º del artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967 que, como se precisó, imponía el pago del tributo a los aparatos telefónicos instalados por la Empresa de Teléfonos de Bogotá.

El recuento normativo hecho hasta el momento da cuenta de que para el año 1997, el impuesto que regulaba el Acuerdo 3 de 1967 había sido modificado sustancialmente, puesto que para 1997, el Concejo Distrital de Bogotá había modificado la tarifa, la entidad encargada de administrar los recursos recaudados por ese concepto y los sujetos pasivos del tributo. Todo esto muestra que el concejo mantenía la vigencia del impuesto y que por eso lo modificaba.

Por último, en el año 2003, mediante el Acuerdo 90 del 26 de junio, el Concejo del Distrito Capital de Bogotá creó el Fondo Cuenta Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte, cuya administración estaría a cargo del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y sería financiado, ente otros recursos, con los señalados en el Acuerdo 11 de 1988, que, como se vio, reformó el sistema de tributos distritales incorporando el artículo 4º de Acuerdo 3 de 1967 al sistema de tributos distritales.

De conformidad con el artículo 2º, ibídem, el objeto del Fondo Cuenta Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte es el de canalizar los recursos para el fomento, desarrollo, divulgación, coordinación, ejecución y asesoría de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el Distrito Capital.

El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, como entidad administradora del fondo, tal como lo prevé el artículo 5º del Acuerdo 90 de 2003, tiene el deber de cumplir las funciones establecidas en la ley, en los acuerdos distritales y los planes, programas y proyectos del plan de desarrollo y, en particular, las relacionadas con las actividades enlistadas en el artículo 3º, ibídem, que dispone:

“ART. 3º—Con cargo a los recursos del fondo cuenta que se crea en el presente acuerdo la entidad ejecutora responsable cumplirá con las funciones establecidas en la ley, en los acuerdos distritales y los planes, programas y proyectos del plan de desarrollo, fundamentalmente las relacionadas con:

1. La elaboración y ejecución de los programas de construcción, ampliación y mejoramiento de las instalaciones deportivas y recreativas del Distrito Capital.

2. La capacitación técnico deportiva para los deportistas, entrenadores y personal auxiliar del deporte.

3. La consecución de implementos deportivos para las entidades deportivas sin ánimo de lucro, conforme a las disposiciones legales vigentes.

4. El financiamiento de eventos deportivos de carácter distrital, municipal, departamental, nacional e internacional.

5. La ejecución de convenios suscritos con los organismos deportivos del sector asociado debidamente reconocidos así como con las asociaciones recreativas que trata el Decreto 1387 de 1970.

6. La promoción de la medicina deportiva como estrategia científica para apoyar los procesos de preparación y participación de los deportistas del registro de Bogotá, D.C.

7. La cooperación con otros entes públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley 181 de 1995”.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el artículo 4º del Acuerdo 90 de 2003 previó los recursos con los que se financiaría el fondo, así:

“ART. 4º—El Fondo Cuenta Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte se financiará con los siguientes recursos:

1. Los provenientes del presupuesto Distrital

2. Los recursos que constituyan donaciones para el deporte.

3. Los generados por convenios y contratos.

4. Los relacionados en la Ley 1ª de 1967, Decreto 400 de 1999, en la Ley 181 de 1995, en la Ley 715 de 2001, en el Acuerdo 11 de 1988, y demás disposiciones legales vigentes.

5. El producto de las rentas que adquiera en el futuro, por razón de la prestación de servicios o cualquier otro concepto de acuerdo con su finalidad.

6. Los recursos que asigne el ente nacional del deporte de acuerdo con los planes y programas de estímulo y fomento del sector deportivo y las políticas del Gobierno Nacional.

7. Los demás que se decreten a su favor” (resaltado).

El Acuerdo 11 de 1988, se reitera, reformó la estructura tributaria distrital y modificó la tarifa del tributo que había sido regulado en el artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967, esto es, el destinado al Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de Bogotá, que pasó luego al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, administrador del fondo.

En ese contexto, una interpretación adecuada del numeral 4º del artículo 4º del Acuerdo 90 de 2003 indica que los recursos del Fondo Cuenta Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte son los impuestos reglados por el Acuerdo 11 de 1998, en concreto, son aquellos destinados a la financiación de las actividades que motivaron la creación del Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de Bogotá en 1967, es decir, relacionadas con el deporte.

Sin embargo, el artículo 6º de ese mismo Acuerdo 90, que creó Fondo Cuenta Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte dispuso lo siguiente:

“ART. 6º—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Acuerdo 3 de 1967 y las demás disposiciones que le sean contrarias”.

Los apoderados de la parte demandada alegaron que la derogatoria del Acuerdo 3 de 1967 debía entenderse referida solo a las disposiciones concernientes al Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de Bogotá, y no al tributo creado en el artículo 4º del citado acuerdo, modificado por los artículos 5º del Acuerdo 19 de 1987 y 30 del Acuerdo 11 de 1998. Que esa fue la intención del Concejo Distrital que quedó plasmada en la exposición de motivos del acuerdo.

La exposición de motivos del proyecto del acuerdo no fue allegada al proceso. Sin embargo, no es necesario remitirse a tales antecedentes, pues para la Sala, es un hecho indicador de la voluntad del Concejo Distrital de no querer derogar ese impuesto, el mismo numeral 4º del artículo 4º del Acuerdo 90 de 2003, que indirectamente aludió al tributo creado en el artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967, que fuera subrogado finalmente por el artículo 30 del Acuerdo 11 de 1988, que sistematizó la estructura tributaria del Distrito.

De manera que, para la Sala, el Concejo Distrital simplemente incurrió en una falta de técnica legislativa cuando decidió derogar el Acuerdo 3 de 1967, pues tal acuerdo aludía a dos aspectos fundamentales: por un lado, a la creación del Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de Bogotá y, de otra, al establecimiento de un tributo destinado a formar parte del patrimonio de dicho fondo, tributo fundado en la Ley 97 de 1913.

Dado que la intención del Concejo Distrital puesta de manifiesto en el Acuerdo 90 de 2003 fue la de mantener un fondo destinado a promover actividades relacionadas con el deporte, la Sala le halla la razón al Distrito en cuanto a que la derogatoria del Acuerdo 3 de 1967 debe entenderse referida en lo concerniente al Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de Bogotá, como sujeto, entidad o cuenta, mas no al tributo creado en el artículo 4º de dicho acuerdo.

Además, el artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967, como se precisó, fue modificado por los acuerdos 4 de 1978, 19 de 1987, 11 de 1988 y 21 de 1997, pero el artículo 30 del Acuerdo 90 de 2003 no derogó expresamente esas disposiciones, pues sólo aludió al Acuerdo 3 de 1967.

Aunque podría pensarse que con la derogatoria del acuerdo original quedan sin vigencia las modificaciones posteriores, la Sala insiste en que esa no fue la intención del Concejo Distrital puesto que el mismo Acuerdo 90 de 2003 aludió al Acuerdo 11 de 1988 para precisar que el tributo dedicado al fomento del deporte modificado por esa disposición, iría a formar parte del Fondo Cuenta que creó el mismo Acuerdo 90 de 2003 para ser administrado por un nuevo ente, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.

En consecuencia, la Sala considera que el Acuerdo 3 de 1967 está derogado, salvo el artículo 4º, que fue modificado por los artículos 5 del Acuerdo 19 de 1987, 30 del Acuerdo 11 de 1988 y por los parágrafos 1º y 2º del artículo 9º del Acuerdo 21 de 1997, es decir, que el impuesto creado por esas norma de 1967 no está derogado, que es lo sustancial de este litigio.

De lo anterior se advierte que el régimen jurídico del impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos del que trata la Ley 97 de 1913, que en la actualidad en el Distrito Capital se denomina contribución al Fondo Cuenta Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte o fondo para el deporte, se encuentra recogido en distintas disposiciones cuyo análisis conjunto permite inferir con claridad que la intención del Concejo Distrital no ha sido derogar el tributo.

Los tributos nacen de la voluntad política expresa, no implícita, de crearlos. Y desaparecen de la voluntad política expresa de derogarlos, no de deducciones puramente semánticas o literales.

c) Del examen de legalidad de las normas acusadas por la parte actora, que es plural debido a la acumulación de los procesos a la que ya se hizo referencia.

En cada uno de los procesos cuya acumulación fue decretada por el ponente, se solicitó declarar la nulidad de los acuerdos que regulan en el Distrito Capital de Bogotá el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos establecido por la Ley 97 de 1913, por violar ciertas disposiciones de rango constitucional y legal, según se detalla a continuación.

1. En la demanda del Expediente 250002327000200501676 (16710) se pretende la nulidad de algunos apartes del numeral 10 del artículo 12 del Acuerdo 4 de 1978, de los artículos 5º del Acuerdo 19 de 1987 y 30 del Acuerdo 11 de 1988 y de los parágrafos primero y segundo del artículo 9º del Acuerdo 21 de 1997, por violar las siguientes normas:

• Constitución Política: artículos 4º, 123, 150 numeral 12, 209, 287 numeral 3º, 300 numeral 4º, 313 numeral 4º, 338 y 363.

• Ley 97 de 1913: artículo 1º literal i).

• Ley 84 de 1915: artículo 1º.

• Ley 136 de 1994: artículo 32 numeral 7º.

• Decreto-Ley 13333(sic) de 1986 artículos: 72, 172 y 385.

2. En la demanda del Expediente 250002327000200800019 01 (17423) se solicita declarar la nulidad de los artículos 4º Acuerdo 3 de 1967, 30 Acuerdo 11 de 1988 y del parágrafo primero del artículo 9º del Acuerdo 21 de 1997, por violar los artículos 150 numeral 12, 313 numeral 4º, 336 y 338 de la Constitución Política.

3. En la demanda del expediente 250002327000200700007 02 (18147) se pretende la nulidad de los artículos 4º del Acuerdo 3 de 1967, 30 del Acuerdo 11 de 1988 y 9º del Acuerdo 21 de 1997, por violar los artículos 1º 121, 150, 287, 338 y 313 de la Constitución Política.

De un análisis conjunto de las normas invocadas como violadas en las demandas se advierte que las peticiones de nulidad están referidas fundamentalmente a cuestionar dos aspectos. De una parte, cuestionan o niegan la facultad impositiva que detentan las entidades territoriales en materia tributaria y, de manera particular, la existencia de una autorización legal para que el Distrito Capital de Bogotá regule el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos. De otra parte, alegan la indeterminación de los elementos estructurales del impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos en los acuerdos distritales que actualmente lo regulan.

La Sala considera que los acuerdos demandados no violan ninguna de las disposiciones que a juicio de los demandantes fueron quebrantadas por las siguientes razones:

1. Como antes se advirtió, el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, norma declarada exequible por la Corte Constitucional y que por lo tanto es aplicable, constituye la autorización legal para que el Distrito Capital establezca el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos. Que, además, en ejercicio de la autonomía que la Constitución Política le reconoce a las entidades territoriales en materia fiscal, el Distrito Capital estaba facultado para determinar los elementos del tributo que no fueron establecidos por el legislador.

En esa medida, los acuerdos cuya legalidad se discute no violan los artículos 1º, 4, 121, 123, 150 numeral 12, 287 numeral 3º, 300 numeral 4º, 313 numeral 4, 338 y 363 de la Constitución Política, pues se reitera, existía una autorización legal para que el Concejo Distrital de Bogotá adoptara y regulara el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos.

Por la misma razón, las disposiciones demandadas no violaron el numeral 7º del artículo 136 de la Ley 1994, que establece que, además de las funciones que se les señalan en la Constitución Política y en la ley, es una función de los concejos, establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley. Al contrario, el Concejo de Bogotá eso es lo que ha hecho.

2. Tampoco los actos acusados violan el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 porque, precisamente, esa norma facultó al Concejo Distrital de Bogotá para adoptar el impuesto del que trata esa norma. Tampoco violan el artículo 1º de la Ley 85 de 1915 porque con esa disposición se extendió a todos los concejos municipales del país la potestad de adoptar el impuesto en sus correspondientes jurisdicciones, y, por consiguiente, no es aplicable en Bogotá.

3. Los acuerdos demandados no violan el artículo 172 del Decreto-Ley 1333 de 1986.

Esa norma dispone que, además de los existentes al momento de su expedición, los municipios y el Distrito Especial de Bogotá pueden crear entre otros impuestos y contribuciones el impuesto de industria y comercio y de avisos y tableros, el impuesto de industria y comercio al sector financiero, el impuesto de circulación y tránsito, el impuesto de parques y arborización, el impuesto de espectáculos públicos, el impuesto a las ventas por el sistema de clubes, el impuesto de casinos, el impuesto de degüello de ganado menor, el impuestos sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas y premios de las mismas, el impuesto sobre apuestas mutuas y al estampilla pro-electrificación rural.

El catálogo de tributos referidos en Decreto 1333 de 1986 no es taxativo, de tal manera luego de su expedición subsistieron los gravámenes creados por leyes expedidas antes de 1986 como el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos previsto en el literal i) del artículo 1° de la Ley 97 de 1913. De lo contrario la Corte Constitucional no se habría pronunciado sobre su exequibilidad en la Sentencia C-504 de 2002.

4. En relación con los elementos del tributo regulados por el Distrito Capital, que a juicio de los demandantes, son indeterminados, la Sala precisa que conforme con el parágrafo 1º del artículo 9º del Acuerdo 21 de 1997, que modificó tácitamente el artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967, el cual había sido modificado a su vez por el artículo 30 del Acuerdo 11 de 1988, el hecho generador del impuesto está circunscrito a la suscripción del servicio telefónico en el Distrito Capital de Bogotá, lo que resulta acorde con el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913.

En la sentencia del 9 de julio 2009 a la que se hizo alusión, la Sala señaló que pese a que el precepto mencionado resulta genérico al expresar “impuesto sobre teléfonos”, es posible determinar el alcance de la disposición para establecer que el hecho gravado se circunscribe, atendiendo a la época en que fue expedida la Ley 97 de 1913, “a los teléfonos que se conectaban en los domicilios de los habitantes de una determinada localidad”(28).

Los sujetos pasivos son los usuarios del servicio telefónico en el territorio del Distrito Capital, según lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 9º del Acuerdo 21 de 1997, lo que resulta ajustado a la Ley 97 de 1913.

El elemento cuantitativo del tributo quedó representado en las tarifas establecidas en el artículo 30 de Acuerdo 11 de 1988 que, como se advirtió, fueron determinadas en salarios mínimos diarios en función del tipo de servicios prestados o del estrato socioeconómico del suscriptor.

Por último, la Sala aclara que no se pronunciará sobre la violación de los artículos 72(29) y 385(30) del Decreto-Ley 1333 de 1986 porque pese a que fueron invocados como violados, no se hizo ninguna precisión sobre el modo cómo se habría producido la violación.

Así mismo, precisa que no le corresponde decidir si el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 era violatorio del artículo 78 de la Constitución Política porque con esa norma se estableció una contribución ajena a la prestación del servicio de telefonía.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCANSE las sentencias:

1. Del 30 de mayo de 2007, proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta-Subsección A, mediante la que resolvió:

“1. DECLÁRASE la nulidad de los artículos 12, numeral 10 de Acuerdo 4 de 1978, 5 del Acuerdo 19 de 1987; 30 del Acuerdo 11 de 1988 y los parágrafos primero y segundo del artículo 9 del acuerdo 21 de 1997, proferidos por el Concejo Distrital de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

2. Del 27 de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta-Subsección A, mediante la que resolvió:

“1. ESTÉSE a lo resuelto en providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección IV, Subsección A, de treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007), Expediente 2500023270002005-001676-0, con relación a la declaratoria de nulidad de del (sic) artículo 30 Acuerdo 11 de 1988 y el parágrafo 1º del artículo 21 de 1997.

2. Se declara la nulidad del artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967 con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de este proveído”.

3. Del 26 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta-Subsección B, mediante la que resolvió:

“1. DECLÁRASE la nulidad del artículo 30 del Acuerdo 11 de 1988, el parágrafo 1º del artículo 9º del Acuerdo 21 de 1997 y el artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967 de conformidad con la parte motiva de esta providencia”.

2. En consideración a lo anterior, NIÉGANSE las pretensiones de las demandas.

3. RECONÓCESE personería jurídica a la abogada Vivian Andrea Aragón Plata como apoderada de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Cúmplase».

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C., 9 de julio de 2009. Número de radicación: 17001-23-31-000-2006-00404-02 Número interno: 16544. Actor: Néstor Fabio Valencia Torres y otro. Demandado: municipio de Manizales.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 21 de noviembre de 2012. Radicación: 130012331000200501286-01. Número interno: 18691. Demandante: Alcides Arrieta Meza. Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

(14) En Sentencia C-504 del 3 de julio del 2002. M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte Constitucional sostuvo que “De suerte tal que los literales acusados (se refiere a los literales (d) e (i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913) han mostrado siempre una vigencia impositiva no susceptible de afectación por dispositivos, que como el del artículo 385, pretenden derogarlos tácitamente al amparo de facultades inexistentes.

En conclusión, siendo clara la vigencia jurídica de los literales demandados, la Sala acometerá su examen de fondo”.

(15) El aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-504 del 2002.

(16) Op. cit. Sentencia del 9 de julio de 2009.

(17) “ART. 338.—En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.

(18) ART. 1º—Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

(19) ART. 287.—Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: (...).

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (...).

(20) ART. 300.—Corresponde a las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas:

4. Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales.

(21) ART. 313.—Corresponde a los concejos: (...).

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales (...).

(22) Si bien en esta sentencia se declaró la nulidad del acuerdo demandado, ello obedeció a que a través del acto acusado se creaba el impuesto de telefonía móvil celular cuando la ley hace referencia a telefonía urbana, por lo que se concluyó que el concejo municipal carecía de facultades para ello.

(23) En el mismo sentido se acogen los argumentos de la doctora María Inés Ortiz Barbosa en los diferentes salvamentos de voto que sobre el tema expuso en su oportunidad. Ver sentencias de diciembre 9 del 2004, Exp. 14453, C.P. Ligia López Díaz y de marzo 5 y 11 del 2004 Exps. 13584 y 13576, respectivamente, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Bogotá, 22 de marzo de 2012. Número de expediente: 470012331000200300868 01. Número interno: 17817. Demandante: Ricardo de Jesús Anaya Visbal. Demandado: municipio de Fundación (Magdalena)

(25) Corte Constitucional. Sentencia C-992 del 12 de octubre 2004. M.P. Humberto Sierra Porto. Referencia del Expediente D-5126.

(26) Corte Constitucional, Sentencia C-035 del 27 de enero de 2009. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(27) El capítulo I reguló la naturaleza y funciones del Instituto. Los capítulos II, III y IV, el régimen administrativo, jurídico y financiero del instituto. Y el capítulo V estipuló disposiciones varias (todo este perfil respondía al fenómeno de reorganización creado por los decretos 1050 y 3130 de 1968).

(28) Sentencia de 15 de octubre de 1999, Exp. 9456, C.P. Julio E. Correa Restrepo.

(29) ART. 72.—Los concejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a la validez de las convocatorias, de las reuniones y de la actuación de los concejales elegidos en calidad de suplentes. Mientras se expiden tales reglamentos los concejales suplentes solo podrán actuar válidamente cuando se presente la vacancia transitoria o absoluta, o la ausencia temporal de respectivo concejal principal y esta circunstancia se compruebe documentalmente ante la secretaría del concejo.

(30) ART. 385.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 76, literal b), de la Ley 11 de 1986, están derogadas las normas de carácter legal sobre organización y funcionamiento de la administración municipal no codificadas en este estatuto.