Sentencia 2005-01734/38359 de abril 9 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá D.C., nueve de abril de dos mil dieciocho.

Rad. 41001-23-31-000-2005-01734-01(38359).

Actor: Fernando Monje Bonilla.

Demandado: Municipio de Neiva - Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

Referencia: Acción de reparación directa.

Asunto: Recurso de apelación.

Contenido: Descriptor: Presupuesto de responsabilidad del Estado; imputación de responsabilidad al Estado por falla del servicio público de acueducto. Restrictor: Se revoca la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda porque se encuentra configurada la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones.

La Sala procede a dictar sentencia de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo(14), y teniendo en cuenta que no se evidencia causal de nulidad que invalide lo actuado o que impida resolver de fondo el asunto.

3.1. Sobre la prueba de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia.

3.1.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en la imposibilidad de explotar económicamente el lote de terreno de su propiedad, debido a la omisión consistente en el retardo por más de cuatro (4) años en la reubicación de una red de acueducto que se encontraba ubicada en este mismo, y donde pretendía construir una edificación para el Colegio Empresarial de los Andes.

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera(15):

• Original de la petición del diez (10) de marzo de dos mil (2000), suscrita por el señor Fernando Monje Bonilla dirigida al subgerente Técnico de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., en la cual se lee lo siguiente:

“Como propietario y representante legal de esta institución me permito comunicarle lo siguiente:

Esta institución bajo mi nombre es la propietaria del lote de terreno ubicado entre las calles 31 y 31ª y entre carreras 19 y 18, frente al Centro Administrativo de servicios Docentes – CASD, barrio el Jardín de esta ciudad, con una extensión de 300 metros cuadrados. Dentro de dicha propiedad las Empresas Públicas colocaron una válvula, sin previa autorización ni del antiguo dueño ni del actual.

Esta institución está en los pasos previos a iniciar la construcción de su sede en dicho lote. Por lo tanto solicito a usted dar una solución a esta situación, corriendo la válvula u otro mecanismo, a lo cual estoy dispuesto a dialogar con ustedes(16)”.

• Original de la petición del veintiuno (21) de agosto de dos mil tres (2003) suscrita por el señor Fernando Monje Bonilla dirigida a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., en donde reiteró la anterior solicitud así:

“Esta institución va a construir una nueva sede en el barrio El Jardín de esta ciudad (lote frente al CASD). Por lo tanto solicito a Usted ordenar nuevamente el traslado de una válvula que ha sido instalada al interior de esta propiedad antes de su encierro en la calle 19 con carrera 31 esquina. Es conveniente que esta clase de válvulas deben estar ubicadas en los espacios públicos para su facial (sic) acceso manipulación por parte de las empresas públicas en caso de emergencias(17).

• Original del Oficio 003491 del veintidós (22) de septiembre de dos mil tres (2003) suscrito por el señor Luis Fernando España Angarita en su condición de gerente técnico y operativo de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. el, mediante el cual da respuesta a la solicitud del veintiuno (21) de agosto de dos mil tres (2003) presentada por el señor Fernando Monje Bonilla en la que se dijo lo siguiente:

“Las Empresas Públicas de Neiva a través del ingeniero Jorge Sandoval Cabrera, visitará en sector del lote frente al CASD, donde se va a construir la sede el (sic) Colegio Empresarial de los Andes, calle 19 carrera 31 esquina, con el fin de verificar la válvula que se encuentra dentro del lote, para con ellos, buscarle una solución al respecto(18)“.

• Original del derecho de petición presentado el nueve (9) de julio de dos mil cuatro (2004) por el señor Fernando Monje Bonilla el cual fue dirigido al señor Luis Fernando España, subgerente técnico y operativo de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., en el que solicitó:

“Me permito solicitarle nuevamente buscarle solución o acuerdo a la válvula y tubo de 16 pulgadas que atraviesa por la propiedad de la nueva sede que el colegio construyo (sic) en el barrio jardín carrera 31 con calle 18ª esquina.

También les solicito certificar que grado de afectación tiene el tubo o no, respecto a la construcción de una edificación autorizada por Curaduría Primera que está cerca al tubo en mención.

Me permito adjuntarle copia de solicitudes anteriores y del oficio numero (sic) 003491 del 22 de Septiembre de 2003, cuya actividad no se llevo (sic) a cabo, la cual le solicito comedidamente se realice, con el fin de verificar lo solicitado(19)“.

• Original de la certificación expedida por el ingeniero Luis Fernando España Angarita el dieciséis (16) de julio de dos mil cuatro (2004) en calidad de subgerente técnico y operativo de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., mediante la cual se informó lo siguiente:

“Que, esta entidad contrató las obras correspondientes a la reubicación de la red de acueducto de 16”, que en la actualidad se encuentra localizada dentro de los predios de propiedad del Colegio Empresarial Los Andes calle 19 entre carreras 31 y 32 del barrio el jardín.

Lo anterior con el fin de evitar futuros daños sobre dicha red.

El presente certificado se expide a quien interese, dado en Neiva a los 16 de julio de 2004(20)“.

• Original del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre Fernando Monje Bonilla y Antonio José Puentes Sánchez el día veinte (20) de diciembre de dos mil (2000), y cuyo objeto fue el siguiente:

“(…) asesoría en ingeniería civil, (los diseños arquitectónicos y estructurales), el levantamiento topográfico y la realización de planos de la nueva sede del Colegio Empresarial de los Andes en el barrio El Jardín de Neiva, en un lote adquirido por el CONTRATANTE mediante Escritura Pública número 0393 del 28 de febrero del 2.000 de la Notaria Tercera de Neiva, y que se encuentra ubicado en la carrera 31 No 18-50, 18-70, 18-90. Así mismo hará parte de este contrato la presentación de la documentación requerida para la legalización de los mismos ante la Alcaldía de Neiva y la curaduría urbana con el fin de obtener la respectiva licencia de construcción(21)“.

• Tres (3) fotografías a color en las que se registra la tubería y válvula de dieciséis pulgadas ubicada en el predio del Colegio Empresarial de los Andes de acuerdo con las descripción contenida en las mismas(22).

• Copia de la solicitud de licencia de construcción con Radicado 2000-12-293 del cinco (5) de diciembre de dos mil (2000), mediante la cual el señor Fernando Monje Bonilla como propietario del predio ubicado en la carrera 31 Nº 18-50/70/90 del barrio El Jardín de Neiva, presentó dicha solicitud para la construcción de un colegio de cuatro (4) pisos(23).

• Copia de la licencia de construcción Nº 117 del siete (7) de septiembre de dos mil uno (2001) de la Curaduría Urbana de Neiva, concedida al señor Fernando Monje Bonilla como propietario del predio ubicado en la carrera 31 Nº 18-50/70/90 del barrio El Jardín de Neiva, únicamente para la construcción de una edificación institucional en cuatro (4) pisos (colegio) según planos(24).

• Copia de la solicitud de licencia para la modificación y ampliación de la edificación institucional existente, según planos, con Radicado 2004-07-193 del veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro (2004), presentada por el señor Fernando Monje Bonilla como propietario del predio ubicado en la carrera 31 Nº 18-50/70/90 del barrio El Jardín de Neiva(25).

• Copia de la Resolución 022 del treinta (30) de marzo de dos mil cinco (2005) de la Curaduría Urbana de Neiva, mediante la cual se concedió licencia para la modificación y ampliación del Colegio Empresarial de los Andes, según planos, en el predio ubicado en la carrera 31 Nº 18-50/70/90 del barrio El Jardín de la ciudad de Neiva, al señor Fernando Bonilla Monje(26).

• Copia de las Resoluciones 040 y 039 del diez (10) de marzo de dos mil diez (2010) a través de las cuales se niegan los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 022 del treinta (30) de marzo de dos mil cinco (2005)(27).

• Copia de la Resolución 056 de dos mil cinco (2005) proferida por el jefe del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Neiva, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 022 del treinta (30) de marzo de dos mil cinco (2005), en el sentido de confirmarla en todas su partes(28).

• Certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria Nº 200-97151 impreso el once (11) de septiembre de dos mil tres (2003) por la oficina de instrumentos públicos de Neiva, en el cual figura el señor Fernando Bonilla Monje como propietario de un inmueble urbano (lote) cuya dirección es la carrera 31 Nº 18-90,18-70 y 18-50 en el municipio de Neiva, que adquirió mediante escritura pública de compraventa Nº 393 del veintiocho (28) de febrero de dos mil (2000) de la notaría tercera del círculo de Neiva, acto inscrito el siete (7) de marzo de dos mil (2000) según anotación número 4(29).

• Copia de la escritura pública de compraventa Nº 393 del veintiocho (28) de febrero de dos mil (2000) de la notaría tercera del círculo de Neiva, mediante la cual la señora Nohora Sánchez Cuellar transfiere a título de venta a favor del señor Fernando Monje Bonilla “el derecho de dominio y la posesión plena y tranquila que tiene y ejerce sobre los lotes números tres (3), cuatro (4) y cinco (5) de la manzana “1” de la urbanización El chaparro de la ciudad de Neiva, con cabida de mil metros cuadrados (1.000m2), cada uno, inscrito (s) en el catastro vigente bajo el (los) número (s) 01-05-0029-0001-000, matriculados en la oficina de registro de Neiva al folio número 200-97151, formando un solo cuerpo, distinguidos en la actual nomenclatura con los números 18-90, 18-70 y 18-50 de la carrera 31(…)(30)“.

• Copia autenticada del contrato de obra Nº 13 del siete (7) de julio de 2004, celebrado entre el señor Jhon Alexander Ramos Araujo en calidad de gerente de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y la Sociedad Dicon Ltda., cuyo objeto fue ejecutar las obras de desviación de la red de acueducto en la calle 19 entre carreras 31 y 32, barrio jardín(31).

• Diligencia de inspección judicial realizada el veintitrés (23) de febrero de dos mil (2007) en la carrera 31 Nº 18 A-50 Barrio el Jardín, donde se procedió a describir el inmueble donde se encuentra ubicado en el Colegio Empresarial de los Andes así:

“Todo el lote se encuentra encerrado en ladrillo por los cuatro costados, con un portón de entrada sobre la carrera 31 y otro sobre la cerrera 32. En el costado sur se encuentra un edificio de 3 tres pisos donde se hallan los salones, laboratorios, salón de audiovisuales, aula múltiple, baños sanitarios, conforme se pudo constatar y los planos allegados con la demanda que se corresponden a las modificaciones de fecha julio de 2004. Este edificio tiene un antejardín por el costado sur de 1.80 metros entre el lindero y la pared del edificio. Lo anterior por haber recorrido el mencionado edificio. En la zona norte del lote inicialmente descrito y según la información y los planos allegados en la demanda correspondientes a enero de 2001 que era donde se proyectaba levantar el edificio de aulas y demás áreas institucionales educativas se constata que en la actualidad está destinada en parte a zona de jardín infantil, al parqueadero del vehículo de rectoría todo lo cual se halla destapado, esto es sin cementación alguna. Según información suministrada por el actor demandante en esta área se encontraba la válvula de 16 pulgadas como el tubo respectivo que venía del oriente hacia el occidente en un ángulo de 35 grados más o menos tomando como referencia la pared existente sobre el costado norte. En el momento en esta zona se nos informa también que las empresas públicas dejó una buena parte del tubo que se hallaba sobre este lote. Saliendo a la parte externa del colegio, esto es a la carrera 31 esquina con calle 19, podemos constatar sobre e andén de la carrera 31 la existencia de una válvula de acueducto a una profundidad de un metro en cota clave. Sobre la vía pública de la calle 19 con carrera 31 se hallan dos válvulas dos más del acueducto. Igualmente en esta esquina y sobre el andén de la calla 19 se encuentra otra válvula (…) siguiendo este reparcheo (sic) hacia el oriente nos encontramos en la esquina oriental de la carrera 32 con calle 19 otra válvula que denota indudablemente la instalación en época reciente del ducto de agua a que se hace alusión en la demanda(…)(32)“.

• Testimonio rendido por el señor Jorge Sandoval Cabrero, ingeniero civil de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., quien al referirse a los hechos objeto de controversia señaló lo siguiente:

“(…) soy ingeniero de diseño de las Empresas Públicas de Neiva desde hace 17 años. (…) Por la calle 19 van 2 tuberías una de 16 pulgadas y otra de 24 pulgadas que se instalaron para solucionar el problema de acueducto de la zona alta de la ciudad de Neiva, tuberías por las cuales por medio de una estación de bombeo localizada en la planta Nº 2 es la impulsada (sic) a los tanques de 3.000 metros cúbicos ubicados al lado del barrio Las Palmas obviamente esa tubería se instaló unos años antes de haber entrado yo a las Empresas Públicas de Neiva. Eso fue hace más de 20 años y en aquella época no estaba construida la calle 19, ni definidos los paramentos del sector (…). PREGUNTADO: De Acuerdo a su conocimiento y tiempo que lleva laborando en las Empresas Públicas de Neiva si en el caso de que el demandante hubiese solicitado oportunamente conocer si por el predio de su propiedad pasaba la tubería ya descrita as Empresas Públicas de Neiva hubiese tenido la capacidad de informar con claridad su ubicación, pulgadas y demás. CONTESTÓ: Para ubicar una válvula de 16 pulgadas que una tubería necesita un espacio de más 1,20 cuestión de que es fácil detectar en el momento ñeque (sic) uno compra un predio de a la caja el aval(33)“.

• Testimonio rendido por el señor Fernando España Angarita, quien laboró en las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. como subgerente técnico y operativo quien al referirse a los hechos objeto de controversia señaló lo siguiente:

“Desde la época en que he estado en Empresas Públicas como funcionario en la primera etapa ósea (sic) del 81 al 82 la zona donde se construyó el colegio empresarial Los Andes estaba a campo abierto sin definición de sus linderos por lo tanto la tubería de la red de acueducto ya estaba construida en ese momento y según historias de las EPN aproximadamente en el año 72 a 73 se construyó dicha línea. (…) PREGUNTADO: De conformidad a su experiencia profesional, lógicamente labora en las empresas públicas de Neiva, exprese en esta diligencia si cualquier persona al adquirir el lote donde se construyó el colegio ya citado, hubiese notado que allí estaba enterrada una tubería de 16 pulgadas con sus válvulas correspondientes. CONTESTÓ: Para mi caso he adquirido experiencia y conocimiento de las redes a través de información de personal que no es funcionaria de las EPN y que muchas veces no viven ni en la zona donde uno pregunta por donde va la red sino que por alguna circunstancia pasaron algún tiempo por el sector y en el momento estaban instalando la red y esa información yo la recopilo para tomar una decisión más valedera de localización de red. No con la pura presencia, porque la tubería está enterrada y no hay referencias”.(34)

• Dictamen pericial presentado el ocho (8) de marzo de dos mil siete (2007) por el señor Fernando Correa Perdomo, ingeniero civil(35).

3.2. Asuntos a resolver por la Sala.

Para emitir una decisión de mérito en el proceso de la referencia, la Sala deberá verificar si están probados los elementos que estructuran la responsabilidad en cabeza del Estado, por lo que deberá establecer si cabe endilgar responsabilidad patrimonial al municipio de Neiva y a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., como consecuencia del presunto daño antijurídico alegado por la parte demandante. Dentro de este análisis, deberá definirse si se configuró uno de los eximentes de responsabilidad, concretamente, un hecho exclusivo y determinante de la víctima.

3.3. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

El artículo 90 de la constitución prestó fundamento al instituto de la responsabilidad patrimonial del Estado con basamento en una concepción dogmática cuyo centro no reside ya en un juicio de valor jurídico sobre el accionar del Estado, sino en la damnificación de la víctima, de tal manera que su elemento central ha quedado fundado en el daño que esta sufre, y el juicio de valor jurídico se ha desplazado hacia éste.

En efecto, el artículo 90 constitucional, que engloba dos proposiciones normativas, dispone lo siguiente en la primera de ellas: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Esta redacción recibió temprano desarrollo jurisprudencial(36), tanto por parte de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado, durante el primer quinquenio de vigencia de la norma, especialmente en orden a decantar el fundamento teleológico y axiológico de la norma, el marco normativo a considerar en su interpretación sistemática, los elementos que concurren para la derivación de responsabilidad por daños a cargo del Estado, y el significado y alcance de cada uno de ellos.

Así, en el orden teleológico, se ha inferido que la responsabilidad patrimonial del Estado se incardina a garantizar la protección de los destinatarios del accionar de un creciente poder público capaz de causar daño sin consideración a su legitimidad o normalidad, esto es, “al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades”, sin que ello signifique la adscripción a un único régimen objetivo de responsabilidad, pero sí, una apertura a la imputación del daño reparable bajo criterios objetivos.

Bajo esta concepción, el trípode “conducta antijurídica, daño, y nexo causal”, en ese orden, que revelaba la estructura de la responsabilidad, se ha simplificado a la manera de una ordenación binaria conformada por el daño antijurídico y la imputabilidad, elementos estos que se conjugan en función de la garantía de reparación de las víctimas.

3.3.1. El daño antijurídico: consideraciones generales.

La idea de una responsabilidad fundada en la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, y no en la ilegalidad de la conducta de quien lo causa, tiene arraigo en la doctrina española de mediados de siglo XX y se cimentó con ocasión de la inteligencia del artículo 121.1 de la Ley de Expropiación Forzosa con el auspicio de una dogmática garantista de indemnidad patrimonial de las personas frente a la actuación administrativa. Parte en el entendimiento del daño como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, debido al cual, el derecho facilita la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio.

Bajo este entendimiento, ha señalado la jurisprudencia de la Sala, el daño incorpora dos elementos: uno, físico, material, y otro jurídico, formal(37).

El elemento físico o material, consiste en la destrucción o el deterioro que las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, provocan en un objeto apto para satisfacer una necesidad, tal y como ocurre cuando se lesiona la relación de facto establecida por el hombre con objetos físicos aptos para satisfacer sus necesidades, o cuando se lesionan relaciones que el hombre ha trabado con otros hombres y que le son aptas para adquirir de ellos determinados servicios u objetos físicos e idóneos para satisfacer sus necesidades, o, finalmente, cuando se lesiona la propia corporeidad o la existencia misma del hombre.

En todos, y en cualquiera de estos casos, el daño ocurre, inicialmente, en el plano fáctico, plano en el que el daño deviene insuficiente para poner en acción al derecho en función de facilitar la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación del sacrificio que de él deriva.

Para que el daño adquiera una dimensión jurídicamente relevante (para que pueda predicarse su antijuridicidad) es menester que recaiga sobre un interés tutelado por el derecho; que tenga consecuencias ciertas, en el patrimonio económico o moral de quien lo padece; que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique, que legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado; y que no haya sido causado por la propia víctima.

Si el daño no recae sobre un interés jurídicamente tutelado, si no se derivan de él consecuencias ciertas para el patrimonio económico o moral de quien lo sufre, e incluso si el daño tiene por causa o se encuentra determinado por el hecho, tal daño no habrá trascendido el plano puramente fáctico, y en ninguno de estos casos se activará el ordenamiento jurídico para facilitar a la víctima la reparación del daño, mediante el traslado de sus consecuencias patrimoniales a un patrimonio diferente del suyo propio, a través de un juicio de imputación.

Ciertamente, de quien ha padecido un daño en el plano puramente fáctico, no puede predicarse que esté jurídicamente obligado a soportar sus consecuencias, simplemente, podrá decirse que el derecho no acompaña ni legitima la intención, que bien puede alimentar, de trasladar tales consecuencias a otro patrimonio, y que, por tanto, será estéril el juicio de imputación que promueva con tal propósito.

Tal es el caso de quien se causa daño a sí mismo. De él no sería válido afirmar que el derecho lo obliga a padecer las consecuencias del daño. Simplemente, que de facto le corresponde asumirlas, pues en vano trataría de trasladarlas a para que otro patrimonio diferente del suyo, las soporte.

Ahora bien, en caso de existir un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique, que legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado, habrá de decirse que la tutela jurídica del interés ha sido objeto de una dispensa especial por el ordenamiento fundamental, en cuya virtud y en función de los requerimientos de la vida en sociedad, el afectado está en la obligación de soportar sus consecuencias.

3.3.2. Del daño y su antijuridicidad en el caso sub lite. 

Ha quedado dicho, como colofón del recuento de pruebas militantes en el plenario en lo atinente al daño, que la Sala tiene por debidamente probado, con pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, que el bien inmueble ubicado en la carrera 31 números 18-90, 18-70 y 18-50 de la ciudad de Neiva y distinguido con matrícula inmobiliaria Nº 200-97151, fue adquirido por el ahora demandante, de acuerdo con la escritura de compraventa Nº 393 del 28 de febrero de 2000 de la notaría tercera del circulo de Neiva, la cual, fue debidamente inscrita en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, el día siete (7) de marzo del dos mil (2000), según anotación Nº 4 del certificado de tradición y libertada de la citada matrícula inmobiliaria.

Igualmente, se demostró que sobre el aludido inmueble, se impuso una servidumbre de acueducto de facto en el año 1974, la cual atraviesa el aludido predio, como se desprende de lo señalado en la contestación de la demanda por parte de las Empresas Públicas de Neiva E.S.N., en la que se indicó que: “(…) en 1974, hace más de 30 años y con el fin de mitigar el desabastecimiento que por esa época existía en el suministro de agua potable a la zona alta oriental de la ciudad, en pleno desarrollo urbanístico, la empresa construyó dos redes de acueducto paralelas: una de asbesto – cemento, de impulsión para conducir agua desde la planta del Jardín hasta el tanque del barrio Las Palmas, y otra red de 16”, igualmente en asbesto – cemento, de retorno para surtir de agua aproximadamente al 80% de esa zona(38)“.

En el mismo sentido, coinciden en sus testimonios los señores Fernando España Angarita y el señor Jorge Sandoval Cabrero, quienes en calidad subgerente técnico y operativo e ingeniero civil de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P para la época de los hechos, manifestaron, el primero, que: “desde la época en que he estado en Empresas Públicas como funcionario en la primera etapa ósea (sic) del 81 al 82 la zona donde se construyó el colegio empresarial los Andes estaba a campo abierto sin definición de sus linderos por lo tanto la tubería de la red de acueducto ya estaba construida en ese momento y según historias de las EPN aproximadamente en el año 72 a 73 se construyó dicha línea”.

Por su parte, en el segundo testimonio se sostuvo que: “(…) soy Ingeniero de Diseño de las Empresas Públicas de Neiva desde hace 17 años. (…) Por la calle 19 van 2 tuberías una de 16 pulgadas y otra de 24 pulgadas que se instalaron para solucionar el problema de acueducto de la zona alta de la ciudad de Neiva, tuberías por las cuales por medio de una estación de bombeo localizada en la planta Nº 2 es la impulsada (sic) a los tanques de 3.000 metros cúbicos ubicados al lado del barrio las Palmas obviamente esa tubería se instaló unos años antes de haber entrado yo a las Empresas Públicas de Neiva. Eso fue hace más de 20 años y en aquella época no estaba construida la calle 19, ni definidos los paramentos del sector (…)”.

Esta situación fue corroborada por el perito designado por el A quo, quien señaló lo siguiente: “(…) Con base en la información de las mismas empresas pública, lo mismo la observación del tubo que fue removido, segmento de lo retirado, podemos afirmar que este fue instalado hace más de treinta años, alrededor de los años 70(39)“.

Así mismo, está probado que el 5 de diciembre de 2000 se radicó en la curaduría primera de Neiva solicitud de licencia para la construcción de un colegio de 4 pisos, la cual fue concedida mediante Resolución 177 del 7 de septiembre de 2001 por 24 meses(40) y, prorrogada por doce meses más, mediante Resolución 078 del 11 de septiembre de 2003(41).

También está acreditado que, el 28 de julio de 2004, el actor solicitó nuevamente licencia de construcción para la modificación y ampliación del Colegio Empresarial de Los Andes, licencia que fue otorgada mediante Resolución 22 del 30 de marzo de 2005(42) y confirmada mediante Resolución 0056 del 11 de julio de 2005(43), luego de desatarse unos recursos presentados en vía administrativa.

Ahora bien, la parte actora pretende que se declare administrativamente responsable a las demandadas por los perjuicios materiales e inmateriales causados con la omisión consistente en el retardo de más de cuatro (4) años en reubicar la red de acueducto que atraviesa el mencionado inmueble de su propiedad, circunstancia por la que, se vio obligada a contratar los servicios profesionales del arquitecto Gustavo E. Puentes para la elaboración de los diseños de una nueva planta estructural, con ubicaciones y distribuciones totalmente distintas a las inicialmente hechas, lo que le ocasionó un detrimento económico por valor de treinta millones de pesos ($ 30.000.0000), que correspondieron al contrato de prestación de servicios profesionales que inicialmente celebró con el ingeniero Antonio José Puentes(44).

Al respecto, la Sala no encuentra acreditado que el demandante haya incurrido en gastos consistentes en la elaboración de nuevos planos para la obtención de la nueva licencia de construcción, como quiera que no se halla prueba alguna en el proceso como facturas, recibos de pago o documentos que otorguen certeza que fueron sufragados por el actor, a pesar que si bien en el peritaje practicado en primera instancia se estableció como valor del nuevo estudio la suma de $ 48.000.000, lo cierto es que no se aportó ningún documento que acredite dicho pago.

Igualmente, estima el demandante que los cincuenta y dos (52) meses de retardo en la realización de una simple visita y la extracción de tubos, le generó un daño moral y económico debido a que no tenía la obligación de soportar cargas adicionales que son fruto de la negligencia de las entidades demandadas, aunado al hecho que el nuevo retraso que ha tenido el nuevo proyecto (un nuevo bloque de aulas, oficinas y espacios educativos de acuerdo con los nuevos planos aprobados), ha sido afectado ya que existe actualmente una tubería en la parte norte del predio donde se ubica la planta física del Colegio Empresarial de Los Andes, que no ha sido extraída en su totalidad por las entidades demandadas(45).

Para la Sala, el aducido daño moral no se demostró en el proceso. En efecto, no reposa en el plenario prueba alguna que permita establecer o inferir un menoscabo al patrimonio moral del actor, representado en la aflicción, el dolor, la angustia y, en general, afectaciones que indiquen que su estado interior se afectó por los hechos materia del presunto daño antijurídico.

En todo caso, al margen de lo anterior, no cabe duda que la existencia de una servidumbre de facto comportó para el demandante, prima facie, la imposibilidad de usufructuar económicamente el predio de su propiedad según lo tenía previsto inicialmente, lo que implica una disminución en el bien jurídico de la propiedad privada que goza de especial tutela por parte de la Constitución Política en su artículo 58 al señalar que, se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

Así las cosas, para la Sala resulta claro que el daño que sufrió el actor provino de la servidumbre de acueducto que se impuso de facto en el año 1974, la cual atraviesa el aludido predio como se desprende de las pruebas arrimadas al proceso(46), pero que él dijo haber conocido tan después de la adquisición que hizo del predio.

Ahora bien, para que el daño pueda recibir el predicado de antijuridicidad es necesario que haya alteridad en su origen, condición que en nuestro ordenamiento pende de que su producción no haya estado determinada por un error grave de conducta de quien lo padece.

En el asunto sub examine, uno de los aspectos que sustenta la apelación presentada por las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., tiene que ver con la existencia de una supuesta culpa del demandante, toda vez que, en su criterio, el actor tenía conocimiento de la existencia de la válvula de acueducto mucho antes de hacer los planos y solicitar la licencia de construcción, pudiendo de esta manera ajustarlos para que no se afectara su construcción, aspecto que será objeto de análisis por parte de la Sala a continuación, veamos:

3.3.3. De la culpa exclusiva de la víctima.

En materia de servidumbres para la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, el artículo 117 de la Ley 142 de 1994, establece lo siguiente:

“(…). La Empresa de Servicios Públicos que tenga interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto, podrá solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo, o promover el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981”.

Por su parte, el artículo 57 de la Ley 142 de 1994, establece:

“Facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando sea necesario para prestar los servicios públicos, las empresas podrán pasar por predios ajenos, por una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios, remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le ocasione. (…)”.

Así las cosas, en materia de servicios públicos existe la posibilidad de afectar el ejercicio del derecho de propiedad mediante la imposición de servidumbres sobre predios o bienes raíces, entre otros, con el fin que las empresas prestadoras de servicios públicos, puedan extender sus redes e infraestructura por predios ajenos siempre y cuando ello resulte necesario para la prestación del servicio público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la ley 142 de 1994, y se proteja, en todo caso, al propietario afectado a través del pago de una indemnización por las molestias y perjuicios que la imposición de la servidumbre ocasione, que será la que se determine en los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, de acuerdo con la clase de servidumbre que se imponga.

Sobre el particular la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente(47):

“(…) Las obligaciones, deberes y limitaciones de todo orden, derivados de la función social de la propiedad, se introducen e incorporan en su propio ámbito. La naturaleza social de la atribución del derecho determina que la misma esté condicionada a la realización de funciones y de fines que traza la ley, los cuales señalan los comportamientos posibles, dentro de los cuales puede moverse el propietario, siempre que al lado de su beneficio personal se utilice el bien según el más alto patrón de sociabilidad, concebido en términos de bienestar colectivo y relaciones sociales más equitativas e igualitarias”.

Así, para la Sala resulta claro que el actor contaba con la posibilidad de iniciar no sólo las acciones civiles redhibitorias frente a la vendedora del predio por la existencia de una servidumbre de facto, sino también la de solicitar a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., la indemnización de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, por las incomodidades y perjuicios que ello le ocasionó a su predio.

En efecto, como se vio, el ordenamiento jurídico faculta a las empresas de servicios públicos domiciliarios a imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales, remover obstáculos, entre otros, cuando sea necesario para prestar los servicios públicos, para lo cual, el propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos establecidos en la norma antes citada, razón por la que, estima la Sala, no le era exigible jurídicamente a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., la remoción o traslado de una tubería instalada en el área norte del terreno de propiedad del demandante, ocurrida con ocasión de la solicitud efectuada por el actor a las Empresas Públicas de Neiva a partir del 10 de marzo de 2000.

El cambio de trazado de la red que operó finalmente la empresa de servicio de acueducto, no fungió entonces como el hecho determinante del daño, pues no estaba obligada su traslado, ni puede afirmarse que haya obedecido a una atención tardía de la solicitud improcedente que en tal sentido elevó el aquí demandante.

En efecto, en el expediente reposa copia autenticada del contrato de obra Nº 13 del siete (7) de julio de 2004, celebrado entre el señor Jhon Alexander Ramos Araujo en calidad de gerente de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y la Sociedad Dicon Ltda., cuyo objeto fue ejecutar las obras de desviación de la red de acueducto en la calle 19 entre carreras 31 y 32, barrio jardín(48); sin embargo, observa la Sala que, el fundamento para su suscripción provino según se indicó en la contestación de la demanda presentada por la citada empresa(49), en la necesidad de darle protección al retorno de la red de impulsión de dieciséis pulgadas (16”) que se hallaba en el aludido predio, por lo que la entidad demandada realizó los estudios presupuestales y de trazado para su desviación hacia espacios públicos, es decir, este traslado obedeció a razones de carácter técnico exclusivamente y se hizo una vez se contaron con los recursos presupuestales para tal efecto.

Pues bien, la Sala encuentra, conforme a lo expuesto precedentemente, que el aquí demandante tuvo a su alcance las acciones que le confería el ordenamiento jurídico para demandar la reparación del daño originado en los vicios de la cosa frente a la vendedora del predio por la existencia de una servidumbre de facto que se abstuvo de poner en su conocimiento antes de la venta, sino también la de solicitar a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., la indemnización de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, por las incomodidades y perjuicios que ello le ocasionó a su predio, y que se abstuvo de su ejercicio oportuno.

Además, en el expediente obra medio de prueba que demuestra que el actor, en su calidad de propietario del predio ubicado en la carrera 31 números 18-90, 18-70 y 18-50 de la ciudad de Neiva, conoció del gravamen aludido o de la existencia de una válvula de 16” pulgadas y tubería de la misma dimensión existente en dicho inmueble, con anterioridad a la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con el ingeniero Antonio José Puentes Sánchez el veinte (20) de diciembre de dos mil (2000), y a la solicitud de la licencia de construcción presentada ante la Curaduría Urbana de Neiva el cinco (5) de diciembre de dos mil (2000).

Al respecto, de acuerdo con el acervo probatorio obrante en el proceso, tenemos que al momento de presentar el actor la primera solicitud ante la empresa de servicios públicos demandada, esto es, el día diez (10) de marzo de dos mil (2000), éste ya conocía de dicha situación, tal y como se infiere cuando señala que: “(…) Esta institución bajo mi nombre es la propietaria del lote de terreno ubicado entre las calles 31 y 31ª y entre carreras 19 y 18, frente al Centro Administrativo de Servicios Docentes – CASD, barrio el Jardín de esta ciudad, con una extensión de 300 metros cuadrados. Dentro de dicha propiedad las empresas públicas colocaron una válvula, sin previa autorización ni del antiguo dueño ni del actual. Esta institución está en los pasos previos a iniciar la construcción de su sede en dicho lote. Por lo tanto solicito a Usted dar una solución a esta situación, corriendo la válvula u otro mecanismo, a lo cual estoy dispuesto a dialogar con ustedes”.

Así mismo, en el plenario obran dos testimonios rendidos ante el A quo en relación con la pregunta de si es posible determinar la existencia de la red de acueducto en el predio del actor, los cuáles serán objeto de valoración por la Sala con un criterio de extremo cuidado, en el entendido que, si bien son testigos presenciales de los hechos, en todo caso tenían un vínculo laboral con una de las entidades demandadas. El primero de ellos, es el rendido por el señor Jorge Sandoval Cabrera, ingeniero civil de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., quien sobre el particular señaló:

“(…) PREGUNTADO: De acuerdo a su conocimiento y tiempo que lleva laborando en las Empresas Públicas de Neiva si en el caso de que el demandante hubiese solicitado oportunamente conocer si por el predio de su propiedad pasaba la tubería ya descrita, las Empresas Públicas de Neiva hubiese tenido la capacidad de informar con claridad su ubicación, pulgadas y demás. CONTESTÓ: Para ubicar una válvula de 16 pulgadas que una tubería necesita un espacio de más 1,20 cuestión de que es fácil detectar en el momento ñeque (sic) uno compra un predio de a la caja el aval(50)”;

El segundo testimonio corresponde al señor Luis Fernando España Angarita, quien laboró en las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. como subgerente técnico y operativo quien al referirse a los hechos objeto de controversia señaló que:

“PREGUNTADO: De conformidad a su experiencia profesional, lógicamente labora en las Empresas Públicas de Neiva, exprese en esta diligencia si cualquier persona al adquirir el lote donde se construyó el colegio ya citado, hubiese notado que allí estaba enterrada una tubería de 16 pulgadas con sus válvulas correspondientes. CONTESTÓ: Para mi caso he adquirido experiencia y conocimiento de las redes a través de información de personal que no es funcionaria de las EPN y que muchas veces no viven ni en la zona donde uno pregunta por donde va la red sino que por alguna circunstancia pasaron algún tiempo por el sector y en el momento estaban instalando la red y esa información yo la recopilo para tomar una decisión más valedera de localización de red. No con la pura presencia, porque la tubería está enterrada y no hay referencias(51)”.

Como puede observarse, el primer testimonio del ingeniero civil Sandoval Cabrero da una explicación en cuanto a la facilidad para detectar una válvula de 16 pulgadas y su tubería teniendo en cuenta que estas necesitan un espacio de 1,20 metros. Por el contrario, el segundo testimonio que corresponde al señor España Angarita, afirma que con la inspección física del predio no es probable ubicar la tubería debido a que esta va enterrada y no se tienen referencias.

De la valoración de los dos testimonios, cuyos apartes tienen relación directa con la posibilidad o no de detectar una válvula de 16” pulgadas y la tubería de la misma dimensión en un lote de terreno, y que se acaban de transcribir, la Sala encuentra que no merece credibilidad el del señor España Angarita puesto que solamente se refiere a la tubería que está enterrada y llama la atención que no mencionó la válvula de 16 pulgadas, la cual, como si lo señaló el ingeniero civil Jorge Sandoval Cabrera, sí era fácil de detectar en razón al espacio de 1.20 metro que la misma ocupaba.

Así las cosas, el aquí actor incurrió en una cadena de errores inexcusables tratándose de una persona que se desempeñaba como rector de una institución que prestaba servicios de educación, que requieren de criterio y responsabilidad mínimas y propia de una organización empresarial. De un lado, no visitó ni inspeccionó físicamente el inmueble antes de su adquisición, pues de haberlo hecho, habría observado la válvula de 16 pulgadas, que como ha quedado visto, era visible por razón de la caja de 1.20 metros que demandaba. De otro lado, una vez adquirido el inmueble, no observó diligencia en relación con el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes a su alcance, bien para exigir responsabilidad de quien se lo vendió por causa de la omisión de información sobre la servidumbre que lo afectaba, o bien para exigir de la empresa de servicio de acueducto la indemnización por causa de la imposición de una servidumbre que él vino a conocer después de adquirir el predio sirviente de aquella. Y finalmente, conocida la existencia de la servidumbre y las limitaciones que esta imponía al propietario del predio sirviente, celebró contrato de servicios profesionales con el ingeniero Antonio José Puentes Sánchez para la elaboración de planos de una obra que evidentemente no podría edificar por causa de la servidumbre que afectaba al inmueble objeto de ese desarrollo. Y peor aún, sin consideración a esas limitaciones, solicitó licencia de construcción ante la curaduría urbana de Neiva, circunstancia que, a todas luces, impone a esta Sala concluir que el presunto daño antijurídico alegado por el actor fue producto de su propia culpa.

En efecto, el artículo 63 del Código Civil(52) describió la culpa grave o lata, que estriba en no manejar los negocios ajenos con el cuidado que aún las personas de poca prudencia o negligentes suelen emplear en sus propios negocios, y en materia civil es equivalente al dolo.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha analizado el alcance de la citada disposición para esgrimir que la culpa grave se evalúa en función de una pauta concreta: “(…) la conducta media del hombre común” y que comporta imprudencia, impericia o negligencia extremas, en no comprender o prever lo que otros prevén o comprenden, la omisión de los cuidados más elementales, ignorar los conocimientos más comunes(53).

A su vez la jurisprudencia de la Corporación ha afirmado que en cada caso concreto debe examinarse si el comportamiento activo u omisivo de la víctima tuvo injerencia y en qué medida, en la producción del año, de lo que pueda colegirse que su proceder tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad del Estado, en razón a que su conducta realizada sea la causa del daño y la raíz determinante de este(54).

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder —activo u omisivo— de la propia víctima, al respecto la corporación ha dicho:

“(…) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

(…)

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

(…)

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño(55)”.

De conformidad con lo anterior, la culpa exclusiva la víctima se configura cuando esta dio lugar causalmente a la producción del daño, por haber actuado de forma dolosa o culposa en términos civiles, esto es, con incumplimiento de los deberes de conducta que le eran exigibles.

Así pues, considera esta Sala que el demandante incurrió en culpa grave determinante de la producción del daño cuya reparación pretende, situación que genera la imposibilidad de atribuir el daño a las entidades demandadas, por lo que, en consecuencia, la sentencia venida en apelación será revocada.

3.4. Sobre las Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida el tres (3) de diciembre de dos mil nueve (2009), por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, y en su lugar se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad. 21.060.

(15) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 01 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(…) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se reitera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

(16) Folio 30 del cuaderno de primera instancia.

(17) Folio 31 del cuaderno de primera instancia.

(18) Folios 32 del cuaderno de primera instancia.

(19) Folio 33 del cuaderno de primera instancia.

(20) Folio 34 del cuaderno de primera instancia.

(21) Folio 36 al 37 del cuaderno de primera instancia.

(22) Folio 29 del cuaderno de primera instancia.

(23) Folio 226 del cuaderno de primera instancia.

(24) Folio 225 del cuaderno de primera instancia.

(25) Folio 185 del cuaderno de primera instancia.

(26) Folio 179 al 184 del cuaderno de primera instancia.

(27) Folio 157 al 168 del cuaderno de primera instancia.

(28) Folio 148 al 151 del cuaderno de primera instancia.

(29) Folio 223 del cuaderno de primera instancia.

(30) Folio 23 al 25 del cuaderno de primera instancia.

(31) Folio 282 al 300 del cuaderno de primera instancia.

(32) Folios 128 al 131 del cuaderno de primera instancia.

(33) Folios 138 al 140 del cuaderno de primera instancia.

(34) Folios 275 al 281 del cuaderno de primera instancia.

(35) Folio 247 al 253 del cuaderno de primera instancia.

(36) Corte Constitucional Sentencia C-333 de 1996; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia mayo 8 de 1995, Exp. 8118.

(37) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2017, Magistrado Ponente Jaime Enrique Rodríguez Navas, Expediente No. 40263.

(38) Folio 65 del cuaderno de primera instancia.

(39) Folio 247 del cuaderno de primera instancia.

(40) Folios 225 al 226 del cuaderno de primera instancia.

(41) Folios 212 al 214 del cuaderno de primera instancia.

(42) Folios 179 al 184 del cuaderno de primera instancia.

(43) Folios 148 al 151 del cuaderno de primera instancia.

(44) Folios 36 al 37 del cuaderno de primera instancia.

(45) Folio 12 del cuaderno de primera instancia.

(46) Folio 65 del cuaderno de primera instancia.

(47) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-006 del 18 de enero de 1993.

(48) Folio 282 al 300 del cuaderno de primera instancia.

(49) Folio 64 al 67 del cuaderno de primera instancia.

(50) Folio 138 al 141 del cuaderno de primera instancia.

(51) Folio 275 al 281 del cuaderno de primera instancia.

(52) “ART. 63.—Culpa y Dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

(53) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de diciembre de 2006, Rad. 68001-31-03-001-2000-00311-01, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. En el fallo se cita el texto Mosset Iturraspe J., Responsabilidad por daños, T. I., Editorial, Buenos Aires, 1971, p. 89; citado por Stiglitz Rubén S., Derecho de seguros, T.I., Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 228.

(54) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de junio de 2013, Rad. 20441.

(55) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 25 de julio de 2002, Exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las Sentencias del 11 de abril de 2012, Exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y del 9 de octubre de 2013, Exp. 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.