Sentencia 2005-01867 de junio 3 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Rad.: 15001-23-31-000-2005-01867-01(AP)

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Alfredo Escobar Acero

Demandado: Ministerio de Educación, Instituto de Educación Media Diversificada, INEM, “Carlos Arturo Torres”

Bogotá, D.C., tres de junio de dos mil diez.

Se deciden los recursos de apelación interpuestos por el actor contra la sentencia de 8 de marzo de 2007, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá desestimó las pretensiones.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 17 de junio de 2007, Alfredo Escobar Acero, ejerció acción popular contra el Ministerio de Educación – Instituto de Educación Media Diversificada, INEM “Carlos Arturo Torres”, para reclamar protección de los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de bienes de uso público, la seguridad y salubridad públicas, la seguridad y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

1.1. Hechos.

La Institución de Educación Media Diversificada, INEM “Carlos Arturo Torres” está construida de una manera antitécnica, ya que sus instalaciones no permiten la movilidad de las personas con limitaciones físicas o sensoriales, o cuya capacidad motora o de orientación se ha deteriorado por la edad u otras circunstancias.

La mencionada institución ha incumplido la obligación de adecuar las instalaciones de esa edificación, impuesta por la Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud(1) y la Ley 361 de 1997(2), para asegurar la integración social de las personas discapacitadas o con alguna limitación, y garantizarles accesibilidad segura a las edificaciones de servicio público.

Dicha omisión implica el incumpliendo(sic) de lo dispuesto en los artículos 1º, 13, 47, 54, 68 y 366 de la Constitución Política, las declaraciones de los derechos del deficiente mental(3), y de los derechos de las personas con limitación(4) de la ONU, el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo(5), la Recomendación 168 de 1983 (jun. 20) proferida por la OIT(6), la Declaración de “Sund Berg” de Torremolinos expedida por la Unesco(7).

1.2. Pretensiones.

• Que se ordene a la entidad demandada realizar las construcciones necesarias que faciliten el desplazamiento de las personas con discapacidad física en la Institución de Educación Media Diversificada, INEM “Carlos Arturo Torres”.

• Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas procesales.

• Que se reconozca a su favor el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

2. La contestación.

Mediante auto de 6 de mayo de 2010, el despacho sustanciador, puso en conocimiento del Ministerio de Educación Nacional la causal de nulidad prevista en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en que los institutos nacionales de educación media (INEM) carecen de personería jurídica, por ende, no son plausibles de derechos o sujetos con obligaciones, con capacidad de goce y ejercicio ni ser partes y comparecer a un proceso.

Durante el traslado para alegar la nulidad el ministerio guardó silencio, por lo que se tendrá en cuenta la respuesta dada por la Institución de Educación Media Diversificada, INEM “Carlos Arturo Torres”.

El INEM “Carlos Arturo Torres”, por intermedio de apoderado, puso de presente que las instalaciones están construidas hace más de treinta (30) años y que nunca han sido impedimento para hacer efectivo el derecho a la educación.

Agregó que ningún miembro de la comunidad educativa presenta algún tipo de discapacidad física ni tampoco ha recibido reclamación por parte de un sector de la comunidad que tenga algún tipo de discapacidad, lo que deslegitima la naturaleza de la acción popular ya que ello no afecta a la colectividad en general.

3. La audiencia de pacto de cumplimiento.

Tuvo lugar el 25 de octubre de 2005, con la asistencia del actor, el rector y el apoderado del INEM, el Procurador 46 en lo Judicial para Asuntos Administrativos. Fue declarada fallida ante la falta de propuesta de pacto de cumplimiento.

4. Alegatos de conclusión.

4.1. El actor, reiteró los argumentos de la demanda.

II. La sentencia impugnada

El tribunal, mediante sentencia de 8 de marzo de 2007, desestimó las pretensiones de la demanda con fundamento en que del material probatorio recaudado no es suficiente para inferir la vulneración a los derechos colectivos invocados pues el actor no cumplió con la carga procesal de la prueba impuesta en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998.

III. La impugnación

El actor replica el fallo con fundamento en que el artículo 5º de la Ley 472 de 1998 dispone que promovida la acción es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria sancionable con destitución.

Agrega que en la audiencia de pacto de cumplimiento el rector de la institución demandada manifestó “vamos a hacer un estudio asesorado con un arquitecto acerca de la necesidad de eliminar posibles obstáculos para el acceso a la primera planta de la institución, con el fin de ubicar las rampas que sean necesarias para el libre desplazamiento de los discapacitados que tengan a bien acudir a la institución por cualquier circunstancia. Para el caso de alumnos discapacitados que eventualmente soliciten ingreso o para casos sobrevivientes existen las condiciones locativas para que reciban sus clases en la primera planta y de esta manera las adecuaciones necesarias estarían representando costos que pueden ser asumidas de forma inmediata por la institución [...]”, lo anterior, es una aceptación de la existencia de varios niveles sin accesibilidad para la población con alteración de desplazamiento por lo que hizo innecesaria su inasistencia a la diligencia de inspección judicial.

Reitera que el plazo otorgado por los artículos 57 y 71 de la Ley 361 de 1997 para eliminar barreras físicas en las instalaciones abiertas al público como es la institución demandada venció, lo cual, per se, constituye una violación a los derechos colectivos alegados tal como lo ha sostenido esta sección(8).

IV. Consideraciones

El artículo 88 de la Constitución Política dispone:

“ART. 88.—La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella”.

En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 (ago. 25) cuyo artículo 2º define las acciones populares así:

“ART. 2º—Las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

Los derechos cuyo amparo se pretende son, ciertamente, derechos colectivos, contemplados en los literales d), g) y m) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptibles de protección mediante el ejercicio de la acción popular.

El caso concreto

El actor solicita protección de los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por considerar que el INEM ha incumplido la obligación de adecuar las instalaciones de esa edificación, impuesta por la Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud(9) y la Ley 361 de 1997(10), para asegurar la integración social de las personas discapacitadas o con alguna limitación, y garantizarles accesibilidad segura a las edificaciones de servicio público.

El Tribunal Administrativo de Boyacá desestimó las pretensiones por considerar que el actor omitió con la carga de la prueba establecida en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, no se probó la vulneración de los derechos colectivos invocados.

El actor replicó el fallo con fundamento en que de la declaración del rector en la audiencia de pacto de cumplimiento se advierte que en las instalaciones del INEM existen varios niveles sin accebilidad para la población con alteración de desplazamiento.

Agregó que el plazo otorgado por los artículos 57 y 71 de la Ley 361 de 1997 para eliminar barreras físicas en las instalaciones abiertas al público como es la institución demandada venció, lo cual, per se, constituye una violación a los derechos colectivos alegados tal como lo ha dicho esta sección(11).

Asimismo que el artículo 5º de la Ley 472 de 1998 dispone que promovida la acción es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria sancionable con destitución.

• De la protección constitucional y legal de la protección especial a las personas discapacitadas.

El artículo 13 de la Constitución Política establece:

“ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

Por su parte, la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, establece en sus artículos 43, 44, 45, 47 y 53 lo siguiente:

“ART. 43.—El presente título establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.

[...].

PAR.—Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación”.

ART. 44.—Para los efectos de la presente ley, se entiende por accesibilidad como la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes.

Por barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas.

“ART. 45.—Son destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades especiales y en particular los individuos con limitaciones que les haga requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia temporal”.

“ART. 47.—La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el gobierno dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los proyectos, así como los procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de estas disposiciones.

Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal manera que deberá además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales.

El gobierno establecerá las sanciones por el incumplimiento a lo establecido en este artículo”.

“ART. 53.—En las edificaciones de varios niveles que no cuenten con ascensor, existirán rampas con las especificaciones técnicas y de seguridad adecuadas, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional o se encuentren vigentes”.

Igualmente, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad(12) aprobada el 13 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas dispone:

“ART. 9º—Accesibilidad.

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.

[...]”.

Tanto la Constitución Política como la ley garantizan condiciones mínimas de seguridad y desplazamiento para las personas con alguna limitación física o mental en espacios urbanos o al interior de edificaciones de propiedad de particulares o del Estado.

En efecto, como lo ordenan las disposiciones transcritas, en especial el parágrafo del artículo 43 de la Ley 361 de 1997 dichas edificaciones “deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación”.

El deber legal es claro y se materializa mediante la instalación o adecuación, entre otras, de rampas y ascensores (art. 53, ibídem).

El actor aportó con la demanda dos fotografías en las que se observa las instalaciones de la institución demandada que demuestra que tiene tres pisos y otra en la que se observa el acceso de un nivel a otro mediante escaleras.

Esta es la única prueba obrante en el proceso. Comoquiera que las fotografías no fueron tachadas de falsas por los demandados, de conformidad con los artículos 252(13) y 280(14) del Código de Procedimiento Civil - aplicables a esta materia por remisión del artículo 29(15) de la Ley 472 de 1998, la Sala da por cierta la situación que en ellas consta.

La Sala reitera el criterio expuesto en sentencia de 30 de agosto de 2007(16), en que precisó:

“[...]

6.Para probar los supuestos de hecho en que se fundan las demandas, el actor allegó el siguiente registro fotográfico: [...]

En relación con tales documentos privados debe decirse que aunque, en principio, no existe certeza sobre la fecha de los hechos que en ellos se representan ni sobre el lugar de ocurrencia de los mismos, aquellos no fueron tachados de falsos por la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP ni por la Unión Temporal Ciudad de Tunja Alumbrado Público S.A.”.

Prueba que no fue desvirtuada por la parte demandada teniendo la obligación de hacerlo pues sólo se limitó a afirmar que dentro de la comunidad educativa no se encontraban personas con discapacidad reducida.

De igual forma, tal como lo afirma el actor el rector en la audiencia de pacto de cumplimiento puso de presente que “[...] vamos a hacer un estudio asesorado con un arquitecto acerca de la necesidad de eliminar posibles obstáculos para el acceso a la primera planta de la institución, con el fin de ubicar las rampas que sean necesarias para el libre desplazamiento de los discapacitados que tengan a bien acudir a la institución por cualquier circunstancia. Para el caso de alumnos discapacitados que eventualmente soliciten ingreso o para casos sobrevivientes existen las condiciones locativas para que reciban sus clases en la primera planta y de esta manera las adecuaciones necesarias estarían representando costos que pueden ser asumidas de forma inmediata por la institución. Así que en lo que resta del año estaremos en esta tarea a fin de que para el inicio del año 2006 las rampas de acceso al primer piso estén construidas y permitan la libre circulación de discapacitados [...]”.

Las pruebas aportadas al proceso, evidencian que los deberes legales previstos en las normas referidas no han sido cumplidos por la autoridad demandada.

La Sala debe insistir que existe una carga inexcusable del actor de probar los hechos que sustenta la demanda tal como lo impone el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 no obstante, en tratándose de la imperiosa necesidad de hacer las edificaciones de atención al público amigables para las personas con movilidad reducida y, especialmente, el derecho a la educación no podía el tribunal desestimar las pretensiones por falta de pruebas, pues estaba obligado a observar los concluyentes términos del artículo 5º de la Ley 472 a cuyo tenor “Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito...”.

Así pues, si se admitiese que era necesario allegar elementos probatorios en relación con los hechos, de oficio el tribunal debió ordenarlos, en aplicación del artículo 5º de la Ley 472 de 1998 que le ordena “adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición” “y tramitarla... con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia”.

Fuerza es, revocar la providencia apelada y, en su lugar, conceder el amparo a los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de bienes de uso público, la seguridad y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

En consecuencia, se ordenará al Ministerio de Educación Nacional que, en un término de dos (2) meses, realice un estudio arquitectónico para adecuar sus instalaciones a lo dispuesto por la Resolución 14861 de 1985 y la Ley 361 de 1997, para asegurar la integración social de las personas discapacitadas o con alguna limitación y garantizarles accesibilidad segura a las edificaciones en que se presta el servicio público educativo.

Se le indicará que, a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes, deberá implementar las obras propuestas por el arquitecto.

Se reconoce el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 en cuantía de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes con cargo a la demandada.

No se condenará en costas por no haberse probado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 8 de marzo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En su lugar:

1. CONCÉDESE el amparo a los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de bienes de uso público, la seguridad y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

2. ORDÉNASE al Ministerio de Educación Nacional que:

2.1. En un término de dos meses, realice un estudio arquitectónico para adecuar sus instalaciones a lo dispuesto por la Resolución 14861 de 1985 y la Ley 361 de 1997, para asegurar la integración social de las personas discapacitadas o con alguna limitación y garantizarles accesibilidad segura a las edificaciones de servicio público.

2.2. Que, a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes implementen las recomendaciones dadas por el arquitecto.

3. ORDÉNASE al Ministerio de Educación que en el plazo de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, adelante las siguientes medidas que permitan temporalmente facilitar la integración de las personas con movilidad reducida:

• Adecuación de un punto de atención para las personas con discapacidad, ubicado en el primer nivel de la edificación.

• Ubicación de un sistema de acceso de rampas que permita el ingreso a la edificación y supresión de barreras físicas del mobiliario interior que garantice la libre circulación de las personas con movilidad reducida.

• Medidas de protección y señalización que adviertan a las personas discapacitadas acerca del mobiliario que ofrezca peligro, así como la instalación de alarmas para casos de emergencia.

• Sistemas de guías e información para las personas invidentes o con visión disminuida que facilite y agilice su desplazamiento seguro y efectivo.

4. Se reconoce el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 en cuantía de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes con cargo al Ministerio de Educación.

5. No se condenará en costas por no haberse probado.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Presidente—María Claudia Rojas Lasso—Marco Antonio Velilla Moreno.

(1) “Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos”.

(2) “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.

(3) “Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971, mediante Resolución 2856 del vigésimo sexto período de sesiones”.

(4) “Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975 mediante Resolución 3447 de la ONU”.

(5) Convenio 159 (OIT), de 1983 (jun. 22) sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.

(6) Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas).

(7) “Proclamada en Torremolino, Málaga (España) del 2 al 7 de noviembre de 1981, Año internacional de las personas con discapacidad. En memoria de Nils-Ivar Sundberg, quien estuvo a cargo del Programa de educación especial de la Unesco de 1968 a 1981”.

(8) Sentencia de 2 de marzo de 2001; C.P.: doctor Manuel S. Urueta Ayola.

(9) “Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos”.

(10) “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.

(11) Sentencia de 2 de marzo de 2001; C.P.: doctor Manuel S. Urueta Ayola.

(12) Adoptado mediante Ley 1349 de 2009. Diario Oficial 47.427 de 31 de julio de 2009.

(13) Ley 794 de 2003 “Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones”. ART. 26.—El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, quedará así: [...] En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”.

(14) “ART. 280.—La fecha del documento privado no se cuenta respecto de terceros, sino desde el fallecimiento de algunos de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado en un proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia”.

(15) ART. 29.—Clases y medios de prueba. Para estas acciones son procedentes los medios de prueba establecidos en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo que respecto de ellos se disponga en la presente ley.

(16) Radicación 15001-23-31-000-2003-00572-01(AP), Ponente: doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.