Sentencia 2005-01888 de julio 8 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000232700020050188801(16965)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Montsalud IPS Ltda.

Demandado: Secretaría de Hacienda - Dirección Distrital de Impuestos

Fallo

Bogotá, D.C., ocho de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la sección

Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de primera instancia, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda.

Según el apelante, no es cierto que los pagos en exceso requieran de una declaración, razón por la cual para hacer efectivo su derecho se debe acudir al artículo 2313 del Código Civil para obtener la devolución de lo indebidamente pagado.

En el presente caso, según consta en el expediente, la sociedad demandante presentó sus declaraciones del impuesto de industria y comercio de los bimestres primero a sexto de los años gravables 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 y los bimestres primero y segundo del año gravable 2004, liquidó y pagó el respectivo tributo, es decir ella misma hizo la determinación del gravamen en cumplimiento de su deber.

Según el certificado de existencia y representación de la entidad accionante, su objeto social es el siguiente: (fl. 37 exp)

“Objeto social: el objeto social principal de la sociedad consiste en: a) la prestación de los servicios médicos, paramédicos, odontológicos, hospitalarios, quirúrgicos, radiológicos, farmacéuticos, venta de servicios médicos etc. tanto generales como especializados, expendio de drogas y todas aquellas actividades permitidas por la ley y propias de una institución de salud. b) celebración de actos y contratos que produzca renta para la sociedad con personas jurídicas y naturales de derecho privado o derecho público, nacionales o extranjeras, y con profesionales independientes c) la fabricación de toda clase de elementos componentes instrumentales, equipos o maquinaria que tenga aplicación directa o indirecta con la ciencia de la salud de comercialización, importación, exportación de los mismos y demás propios de la salud (...).

Conforme al artículo 11 de la Ley 50 de 1984 están sujetos al Impuesto de Industria y Comercio, los recursos que provienen de actividades industriales y comerciales que no son propias de las actividades hospitalarias, actividades que acepta desarrollar la demandante al señalar que parte de los ingresos que percibe provienen de la prestación de servicios de salud.

Adicionalmente, conforme lo anota el a quo, Montsalud IPS Ltda realizó, en los períodos objeto de discusión, actividades exentas y actividades gravadas, y como quiera que no se aporta prueba que demuestre lo contrario, estaba obligada a presentar las declaraciones de ICA correspondientes, como efectivamente lo hizo.

Las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la demandante se presumen ciertas, de conformidad con el artículo 746 del estatuto tributario(1), por tanto, no resulta aceptable que el mismo contribuyente alegue que su contenido es equivocado, sin modificarlas.

Para corregir los errores en las declaraciones, que implican disminuir el valor a pagar, como cuando se paga un impuesto de más, el artículo 589 del estatuto tributario establece un procedimiento que exige solicitar a la administración la corrección de la declaración. La entidad está obligada a aceptar la corrección y sólo podrá objetarla por aspectos formales. No puede oponerse a la corrección por asuntos sustanciales porque para eso existe el proceso de revisión que le garantiza al contribuyente el derecho de defensa.

En el presente caso, si la sociedad demandante incluyó ingresos no gravados o exentos en sus declaraciones del impuesto de industria y comercio, debió acudir a este trámite con el fin de disminuir la base gravable y, por tanto, el valor a pagar.

El pago de lo no debido surge cuando se cancela un valor sin que exista causa legal para ello. Sin que exista un título que contenga la obligación. En el presente caso, las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la demandante constituyen título ejecutivo, de conformidad con el numeral 1º del artículo 828 del estatuto tributario(2). En ellas consta una obligación clara, expresa y exigible, proveniente del deudor, por concepto del mencionado tributo. Esto significa que existe causa legal para el pago de las sumas que se reconocen en las declaraciones, lo que descarta que exista pago indebido.

De acuerdo con el artículo 24 del Decreto distrital 807 de 1993, las declaraciones tributarias quedan en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar no se ha notificado requerimiento especial. La firmeza de la declaración implica que la situación jurídica se consolida y, por tanto, se torna en inmodificable tanto por la administración como por el contribuyente. En este caso, las declaraciones presentadas por la demandante adquirieron firmeza. No es posible modificar una obligación que ya se consolidó y para la cual el plazo de discusión también concluyó.

El proceso de devoluciones sólo debe verificar aspectos formales y se debe limitar a comprobar si existe el saldo a favor en la declaración, por pago en exceso o de lo no debido. En estos últimos casos, la administración confronta el valor a pagar que señala el título (declaración, liquidación oficial o sentencia) y cuánto se canceló efectivamente; si hay exceso, habrá un saldo a favor. Si se hizo un pago y no hay título o el título no tiene efecto legal alguno (como las declaraciones de los no obligados o las que se tienen como no presentadas) habrá pago indebido.

En el presente caso, no hay pago indebido ni pago en exceso porque las declaraciones fueron válidamente presentadas, no fueron corregidas y en ellas consta que el valor a pagar fue el que efectivamente se canceló.

El trámite seguido por la sociedad actora no le permitía a la administración decidir sobre la pretensión sustancial de no exigirle el pago del impuesto de industria y comercio, en aplicación del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, norma que prohíbe a los municipios gravar los servicios de salud, porque, como ha precisado la Sala en ocasiones anteriores, los recursos provenientes de la actividad de servicios que perciban las clínicas y hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud, no son susceptibles de ser gravados, por disposición del artículo 11 de la Ley 50 de 1984, pero no corren la misma suerte los ingresos provenientes de actividades industriales y comerciales que reciban las entidades hospitalarias(3). En este caso, no es posible determinar con los elementos de juicio que se presentaron a la administración y con los que obran en el expediente, si dentro de los ingresos brutos declarados, existen o no algunos que provengan de estas últimas actividades, caso en el cual era obligatorio presentar la declaraciones y discriminar los respectivos ingresos para depurar así la base gravable, excluyendo del tributo los relacionados con los servicios de salud.

En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que no hay pago indebido ni pago en exceso porque las declaraciones fueron válidamente presentadas, y se encuentran en firme. No es posible modificar una obligación que ya se consolidó y para la cual el plazo de discusión también concluyó. En consecuencia procede confirmar la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la Sentencia del 21 de septiembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudio y aprobó en la sesión de la fecha».

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto, aunque comparto la decisión mayoritaria de la Sala en el sentido de confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto denegó la nulidad de los actos administrativos demandados, no comparto algunos fundamentos de la decisión.

Comparto como fundamento de la decisión que, en el caso concreto, el demandante no probó los ingresos gravados y los ingresos que por pago de prestación de servicios percibió y que no eran gravados.

Mi discrepancia radica en que en la sentencia se concluyó que cuando el contribuyente declara ingresos no gravados, provenientes de la prestación de servicios de salud, debe seguir el trámite del artículo 589 del estatuto tributario. para obtener la devolución de lo pagado de manera indebida.

Me aparto de ese análisis, toda vez que en doctrina judicial reiterada por esta Sala se ha precisado que los ingresos procedentes de los servicios de salud no están gravados con el impuesto de industria y comercio(4). Por eso, el impuesto que se liquide sobre ingresos no gravados constituye un pago de lo no debido, a cuya devolución tiene derecho el contribuyente. También se ha dicho que por ser un pago de lo no debido, el contribuyente cuenta con el término ordinario de prescripción previsto en el Código Civil para solicitar la devolución.

En la sentencia también se precisa que en el caso concreto no había un pago de lo no debido porque éste sólo surge cuando se efectúa un pago sin que exista causa legal que lo justifique. Se consideró que las declaraciones del impuesto de industria y comercio, por ser títulos ejecutivos, eran la causa legal para exigir el pago. Discrepo de este análisis porque lo que justifica el pago de un impuesto no es que conste en una declaración, sino que su liquidación esté fundamentada en las normas legales que hacen exigible el impuesto.

Por las razones expuestas, considero que debió confirmarse la decisión del tribunal a quo pero por falta de pruebas que permitieran determinar el monto de los ingresos no gravados.

En tales términos dejo sentado mi disentimiento».

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas 

(1) Esta disposición es aplicable al Distrito Capital por remisión expresa del artículo 113 del Decreto 807 de 1993.

(2) Esta disposición es aplicable al Distrito Capital por remisión expresa del artículo 140 del Decreto 807 de 1993.

(3) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 30 de noviembre de 2006, Exp. 15608, M.P. Ligia López Díaz, y del 28 de junio de 2007, Exp. 15465, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(4) Sentencias Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 2 de marzo de 2001, Rad. 10888, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, 10 de junio de 2004, Rad. 13299, M.P. Elizabeth Whittingham, 9 de diciembre de 2004, Rad. 14174, M.P. Ligia López Díaz, 5 de mayo de 2005, Rad. 15185, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, 15 de junio de 2006, Rad. 14442, M.P. María Inés Ortiz Barbosa, 28 de junio de 2007, Rad. 15465, M.P. María Inés Ortiz Barbosa, Rad. 17126, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Rad. 16569, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Rad. 16492, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Rad. 16567, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Rad. 16755, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.