Sentencia 2005-01890 de mayo 24 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 250002315000-2005-01890-01

Consejera Ponente:

Dra. Martha Sofía Sanz Tobón

Pérdida de investidura de concejal

Actor: Fernando Sierra Ladino

Demandado: Luis Fernando Olivares Rodríguez

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil siete.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

El actor, el tipo de acción y las pretensiones de la demanda.

El señor Fernando Sierra Ladino, en ejercicio de la acción contemplada en la Ley 617 de 2000, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decretar la pérdida de la investidura de Concejal de Bogotá, D.C., al señor Luis Fernando Olivares.

Señaló que el demandado fue elegido como concejal para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007.

Manifestó que el concejal fue elegido como miembro de la junta directiva de Tevered S.A., por la asamblea de asociados de la sociedad “Red de Comunicaciones Nacionales e Internacionales Tevered Televisión S.A.” y que su hermano el señor Juan Carlos Olivares Rodríguez fue designado como gerente.

Que el objeto social de la citada empresa es la creación y explotación de estaciones y sistemas de televisión y comunicaciones, cinematografía y fotografía; producción, edición, programación y trascripción de programas de audio y televisión, operador de la televisión local, la televisión por suscripción y la televisión comunitaria de que trata la Ley 182 de 1995 y la Ley 335 de 1996 del sistema PC, LMDS, MMDS.

Que el concejal es socio de la empresa F & G Comunication Group Ltda., cuyo objeto social es el de ser gestora y administradora de medios de comunicación, como la televisión en todos sus medios y modalidades existentes y que llegaren a existir y los prescritos en las leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 y en los artículos 75, 76, 77 y 364 de la C.P.; producir programas para la televisión, radio y edición; dirigir y administrar diferentes medios informativos como noticieros y magazines y exportar medios de comunicación.

Agregó que entre los socios de F & G están una persona natural y una jurídica a saber: el concejal demandado y la sociedad Tevered Televisión Ltda.

Manifestó que el 29 de marzo de 2005 el presidente de la comisión de presupuesto y hacienda pública del Concejo de Bogotá sometió a consideración el proyecto de acuerdo sobre “aumento de tarifas en los servicios de acueducto y alcantarillado” y el debate se centró en las proposiciones 173 y 312 de 2004.

Que el concejal sugirió citar al gerente de Codensa e iniciar un debate por cada servicio que presta esta empresa; que también se pronunció frente a aspectos relacionados con la televisión en Colombia, el espacio público y la propiedad de las redes y postes.

Que el citante de los cuatro debates aprobados fue el concejal demandado y la discusión estuvo orientada a mostrar la gestión de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, para probar la forma cuestionable como se vienen exigiendo tarifas excesivas o lesivas a empresas de televisión por cable que no corresponden con criterios equitativos de gestión respecto de Codensa.

Concluyó que el concejal debió declararse impedido para tratar temas afines con la actividad de su hermano y por ser socio de empresas cuyo objeto está relacionado con la televisión por cable.

Centró su censura principalmente en el hecho de que el concejal Fernando Olivares se encuentra incurso en las causales de pérdida de investidura ínsitas en los artículos 182 y 183 de la C.P., 16 de la Ley 144 de 1994 y 117 del Acuerdo 095 de 2003, habida cuenta que presidió la ponencia del 29 de marzo de 2005 en la comisión de presupuesto y hacienda, referida al aumento de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, cuando debió declararse impedido por razones de parentesco e intereses en las sociedades dedicadas a las comunicaciones Tevered Televisión S.A. y F & G Ltda., por ser miembro de la junta directiva de la primera y socio de la segunda, situación que le privaba de asumir con la objetividad necesaria la temática de los gravámenes de impuestos de la televisión por cable, respecto a Codensa.

Cita y trascribe apartes de las sentencias AC-1433 del 4 de agosto de 1994, AC-3302 del 5 de marzo de 1996, AC-3299 del 13 de marzo de 1996 y AC-11116 del 17 de octubre de 2000, del Consejo de Estado.

(…).

VI. Consideraciones de la Sala

A. Competencia.

De conformidad con el parágrafo 2º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 1º, Sección Primera, numeral 5º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado, expedido por la Sala Plena de la corporación, corresponde a esta Sala decidir la apelación interpuesta contra el fallo que denegó la solicitud de pérdida de investidura del concejal de Bogotá, D.C., Luis Fernando Olivares Rodríguez.

B. Causal endilgada y marco normativo que rige el caso.

El demandante solicita la pérdida de la investidura del concejal de Bogotá, D.C., señor Luis Fernando Olivares Rodríguez por las siguientes causales:

1. Por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses, previsto en el artículo 183 numeral 1º de la C.P.

2. Por violación del artículo 182 de la C.P., por no poner en conocimiento las situaciones de carácter moral o económico que lo inhiba de participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración.

La Sala, al igual que lo hizo el tribunal, analizará el caso sometido a estudio con base en las normas de la Ley 136 de 1994 y 617 de 2000 que gobiernan el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y el conflicto de interés de los concejales, comoquiera que si bien es cierto que el demandado invocó las normas que sobre la materia rigen para los congresistas, su demanda fue explícita en señalar que censuraba la conducta del concejal, de una parte, porque en el debate de las proposiciones 173 y 312 de 2004 asumió en interés particular temas relacionados con la televisión por cable que no eran objeto de debate, pese a ser socio de empresas cuyo objeto se relaciona con las comunicaciones y la televisión y, de otra parte, porque no se declaró impedido, conductas estas enmarcadas dentro del conflicto de intereses.

La Ley 136 de 1994, dispuso sobre la pérdida de investidura de los concejales, lo siguiente:

“ART. 55.—Pérdida de la investidura de concejal: Los concejales perderán su investidura por:

1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad con el artículo 291 de la Constitución Política, salvo que medie renuncia previa, caso en el cual deberá informar al presidente del Concejo o en su receso al Alcalde sobre este hecho.

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.

3. Por indebida destinación de dineros públicos.

4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda” (resalta la Sala).

“ART. 70.—Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas (resalta la Sala).

(...)”.

La ley 617 de 2000 señaló:

“ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.

(...).

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

(...)” (resalta la Sala).

Y el Acuerdo 095 de 2003, reglamento interno del Concejo del Distrito capital, dispuso:

“Conflicto de intereses: Cuando para los concejales existe interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas.

(...)”.

Ahora bien, esta Sala ha señalado respecto al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés, lo siguiente:

“Particularmente, en el caso de los concejales y alcaldes, la Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia (1) al examinar la constitucionalidad de las normas que gobiernan el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, que en el nivel municipal, es necesario que quienes representan los intereses de la comunidad local se dediquen con seriedad e integridad a la gestión de su cargo, por lo cual se justifica el señalamiento de causales que aseguren que, en el ejercicio de sus funciones, los concejales y alcaldes no se valgan de su posición para obtener beneficios particulares o se alejen de la defensa de los intereses de la comunidad. Estos motivos, han llevado a que la Corte Constitucional en múltiples ocasiones declare la exequibilidad de diversas disposiciones que establecen restricciones para el acceso o el ejercicio a dichos cargos (2) .

Se ha dicho también que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política el ejercicio de la función pública debe realizarse siguiendo unos parámetros mínimos de conducta en los que predominen los criterios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; que la necesidad de poner en práctica la aplicación de estos principios superiores conlleva a que, no obstante el derecho ciudadano a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, quienes pretendan acceder y accedan al desempeño de funciones públicas deben someterse al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias (3) .

Es importante citar lo expresado por esta corporación (4) en relación con las inhabilidades en cuanto le es aplicable también a las incompatibilidades y a los conflictos de interés, pues todos ellos constituyen prohibiciones cuya trasgresión genera la sanción de pérdida de investidura.

Ha expresado el Consejo de Estado que las inhabilidades, y por ende las incompatibilidades, tienen como objetivo principal lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. Que los hechos que el constituyente o el legislador tipifican como causales son de distinta índole, algunas son de carácter general ya que operan para toda clase de servidores públicos, mientras que otras solo se establecen para determinada entidad o rama del poder público.

Que “dado su carácter prohibitivo, su consagración debe ser expresa, al tiempo que su interpretación estricta, esto es que su deducción y aplicación siempre debe estar ajustada a los presupuestos que para cada causal haya señalado el constituyente o el legislador, dado que no es posible su aplicación extensiva o analógica” (resaltado propio) (5) .

Esta Sala específicamente en relación con el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de concejal, se ha pronunciado así:

“La jurisprudencia de esta corporación ha precisado en múltiples oportunidades el alcance de lo que se entiende por ‘conflicto de intereses’, señalando que el sentido que expresa el ‘conflicto de intereses’ se refiere a situación de carácter particular, estrictamente personal en la que tenga interés el congresista —en este caso el concejal— que signifique aprovechamiento personal de su investidura.

Debe existir entonces, como lo dice la norma, un interés directo en la aprobación de determinado proyecto buscando un favorecimiento personal o de alguna de las personas indicadas en la disposición legal. Este aprovechamiento de la investidura para procurar la aprobación de un determinado proyecto en beneficio personal, constituye una causal de pérdida de la misma si se tiene en cuenta que la institución de la pérdida de investidura tiene precisamente por objeto la “moralización y legitimación de la institución política de representación popular” (6) .

En relación con el interés directo ha expresado:

“De tales disposiciones (art. 48 L. 617/2000; art. 70 de la L. 136/94) se desprende que el interés que puede generar conflicto con el asunto de que se trate debe ser directo, tal como lo advierte el Ministerio Público, es decir que el efecto que la decisión pueda tener en las personas nombradas sea inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión; que se produzca de forma especial respecto de ellas, es decir, particular y concreta, sea en su beneficio o en su perjuicio; y que no se manifieste el impedimento en cualquiera de las dos etapas del trámite del proyecto, es decir, en la de debate o en la de votación.

En el presente caso, si bien el concejal demandado desarrolla una actividad económica que guarda relación con algunas de la empresa Colanta, destinataria única del proyecto de acuerdo en comento, cual es la de producir queso, como que aquella compra leche, que es la materia prima que este utiliza para el efecto, se tiene que esa sola coincidencia no genera efectos directos en sus intereses como productor de queso, sino que tales efectos se darían de manera mediata o indirecta, puesto que dependerían de las condiciones en que entre a operar la aludida empresa y de las incidencias de ello en el mercado de ese producto en la región. Tampoco se vislumbra que tenga efectos específicos y de forma particular en el concejal demandado, y por tanto de manera diferente a como podría tenerlo respecto de los demás productores de queso y de la ciudadanía en ese municipio. Por el contrario, se darían en igualdad de condiciones jurídicas, frente a los demás, en el supuesto de que el proyecto se hubiere convertido en acuerdo municipal.

Así las cosas, no aparecen demostrados los elementos constitutivos de la causal invocada, sin que al efecto tenga trascendencia alguna que el encartado se hubiera declarado impedido en la sesión de votación del proyecto, toda vez que la íntima convicción que en ese sentido hubiera tenido no genera los supuestos de la causal, por cuanto los mismos obedecen a situaciones objetivas y concretas y no a las solas creencias de las personas, de allí que el fallo apelado tiene asidero jurídico suficiente, de donde ha de confirmarse, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia” (7) .

C. Caso concreto.

Bajo el anterior derrotero jurisprudencial se examinará el caso sometido a examen, el cual radica en establecer si el concejal acusado, por el hecho de haber citado al secretario de Hacienda Distrital y haber debatido las proposiciones 173 y 312 referidas al recaudo de impuestos de postería y ductos por parte de Codensa y al reporte EEB y Codensa por dividendos, unidades y arrendamiento, incurrió en causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses, por haberse referido a la televisión por cable sin ser este el tema propuesto para debate. Además, según el demandante, el conflicto censurado se presenta por ser socio de las empresas Tevered Televisión S.A. y F & G Comunication Group Ltda., cuyo objeto se relaciona con la creación, explotación y gestión de sistemas de televisión.

Obra a folio 21 del cuaderno principal el certificado de existencia y representación de la sociedad Red de Comunicaciones Nacionales e Internacionales Tevered Televisión S.A. expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá cuyo objeto social y la composición de la junta directiva son del siguiente tenor:

“Objeto social: 1. Creación y explotación de estaciones y sistemas de televisión, comunicaciones, cinematografía, fotografía, fotografía (sic) y demás medios de difusión, desarrollando su funcionamiento, montaje, producción, programación, edición y trasmisión, haciendo uso del espectro electromagnético y los sistemas de señal por tierra y por cable, o cualquier otro sistema que se cree. Igualmente el ensamble y distribución de receptores de televisión, venta de equipos de producción, trasmisión y edición. 2. Producción, edición, programación y transcripción de programas de audio y televisión. 3. Podrá servir de operador de la televisión local, la televisión por suscripción y la televisión comunitaria de que habla la Ley 182 de 1995 y la Ley 335 de 1996 respectivamente. 4. La prestación del servicio de telecomunicaciones, valor agregado, sistemas PC, LMDS, correo electrónico por medio de telefax con la premisa de estricta privacidad personal y comercial nacional e internacional, telefonía tanto alámbrica como inalámbrica. 5. La prestación de servicios de agente o representante de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se dediquen a la venta de elementos electrónicos, eléctricos, el espectro electromagnético de transmisión de radio, televisión y telefonía en general, local, nacional e internacional, telefonía celular PCS, tecnologías de bucle de acceso local, difusión radio punto a punto y radio trocalero...

...

Junta directiva

Que por acta Nº 0000002 de asamblea de asociados del 22 de diciembre de 2000, inscrita el 30 de enero de 2001 bajo el número 00762646 del libro IX fue (ron) nombrado(s)

Nombre Identificación 

Primer renglón

Olivares Rodríguez Luis Fernando C.C. 00019473280 ...

Que por Acta Nº 0000001 de junta directiva del 28 de noviembre de 2003, inscrita el 16 de febrero de 2004 bajo el número 00920238 del libro IX; fue (ron) nombrado(s):

Nombre Identificación 

Gerente

Olivares Rodríguez Juan Carlos C.C. 00079471874

...”

— A folio 24 obra el certificado de existencia y representación de la sociedad F & G Comunication Group Ltda., expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, cuyo objeto social y composición de la junta directiva, son las siguientes:

“El objeto social. La sociedad tiene por objeto desarrollar las siguientes actividades sociales, será una empresa gestora y administradora de medios de comunicación, tales como la televisión en todos sus medios y modalidades existentes o que llegaren a existir, regulados o no en la Ley 182 de 1995 y 335 de 1996 y los establecidos en los artículos 76, 77 y 364 de la Constitución Política colombiana, medios de radio, medios escritos e impresos, tales como periódicos, revistas, libros y folletos. Producir programas para la televisión, radio y edición de medios impresos. Crear y administrar temas autorales y musicales. Dirigir y administrar diferentes medios informativos como noticieros y magazines. ...

...

Socios capitalista

Olivares Rodríguez Luis Fernando C.C. 00019473280

...”.

— Ahora bien, aparece a folio 5 y siguientes del cuaderno de pruebas el escrito contentivo de la proposición 173 del 19 de abril de 2004 dirigida por el concejal demandado señor Luis Fernando Olivares Rodríguez al presidente de la comisión de presupuesto del Concejo de Bogotá, de la cual se resalta lo relacionado con el arrendamiento de los postes y ductos por parte de Codensa, para uso diferente al servicio público domiciliario de energía, como lo es la televisión por cable:

“Ruego al señor presidente se sirva citar al señor secretario de Hacienda del Distrito Capital, para que absuelva el siguiente cuestionario:

Cuestionario al señor secretario de Hacienda del D.C.

Sírvase explicarnos en pesos colombianos ¿cuánto dinero recauda el Distrito Capital en el ejercicio anual contable, por concepto de impuestos de arrendamiento y postería y ductos, por parte de Codensa S.A.?

Sírvase explicarnos en pesos colombianos ¿cuánto dinero reportaron en el último periodo anual, las empresas de Energía Eléctrica de Bogotá S.A. ESP y/o Codensa S.A. ESP por concepto de dividendos y utilidades de las acciones que la primera tiene en la segunda?

Sírvase explicarnos en pesos colombianos ¿cuánto dinero reportaron en el último periodo anual, las empresas de Energía Eléctrica de Bogotá S.A. ESP y/o Codensa S.A. ESP por concepto de dividendos y utilidades de las acciones que la primera tiene en la segunda?

¿Sírvase decirnos si la empresa Codensa S.A. le cancela al Distrito Capital cánones de arrendamiento del espacio público, por el hecho de tener sus postes y ductos en dicho espacio? (resaltado propio).

A folio 19 del cuaderno de pruebas se encuentra el escrito de fecha 14 de julio de 2004 dirigido por el concejal demandado al presidente de la comisión de presupuesto, contentivo de la adición a la propuesta 173 del 19 de abril, así:

“(...).

1. Sírvase decirnos, en pesos colombianos, cuánto dinero recauda el Distrito Capital, por concepto de impuestos distritales y sobre cuáles rubros específicos (ICA, IVA, retefuente, arrendamientos, etc.), de parte de Codensa S.A. ESP para los años 2001, 2002, 2003 y proporcionalmente 2004 (resaltado propio).

(...)”.

— A folios 7 a 18 se observa copia auténtica del acta 022 del 29 de marzo de la comisión tercera permanente de presupuesto y Hacienda Pública, en la que se incluyó en el orden del día, entre otras, el debate de las proposiciones 173 y 312 de 2004, de la cual se resalta también lo relacionado con el arrendamiento de los postes y ductos por parte de Codensa, para uso diferente al servicio público domiciliario de energía, como lo es la televisión por cable:

“4. Debate de proposiciones

Debate a las proposiciones Nº 173 y 312 de 2004 tema recaudo por impuestos de postería y ductos por parte de Codensa, reporte de EEEB y Codensa por dividendos y utilidades y cánones de arrendamiento de Codensa.

H. C. Luis Fernando Olivares Rodríguez, citante. Presentó un procedimiento para desarrollar el debate de cuatro proposiciones con el ánimo de que haya claridad y sean fácilmente entendibles por parte del auditorio. Manifestó que hará referencia a la proposición 173 y a la proposición aditiva número 312 de 2002. Dijo que hace 25 días se hizo un debate sobre el tema de las subestaciones de energía e hizo un llamado muy especial a la Administración Distrital sobre el mencionado debate, ya que el concejo de Bogotá hizo unas denuncias muy graves, se aspira que en el día de hoy el secretario de Hacienda, el director del IDU y el secretario de Gobierno Distrital, realmente tomen atenta nota de las diferentes aristas que se han venido tratando en el Concejo de Bogotá frente a la entidad.

La ciudad no tiene la culpa que Codensa preste los servicios no solamente de energía sino también es una importante multinacional y multifuncional de servicios, entonces por cada servicio que presta hay que generarle un debate político, hay que hacerle un control político, hay que solicitar información sobre cada uno de los temas que se tocan, como el de energía, las subestaciones de energía, el espacio público, las redes de la energía, la infraestructura de los postes,el arrendamiento de la infraestructura de la postería y sin entrar a tocar el tema de la venta de electrodomésticos, de la venta se servicios, venta de celulares, venta de otro tipo de elementos que hacen indudablemente necesario que al recinto se traiga permanentemente a Codensa en cabeza del señor gerente, pero desde luego no es con el ánimo de generarle persecución sin ningún tipo de fundamentos, ni mucho menos traerlos al Concejo de la ciudad a hablar de lo mismo.

Sobre el cuestionario que se le formuló al secretario de hacienda de las proposiciones Nº 173 y 311 de 2004, no hubo respuestas, ya que básicamente las preguntas iban dirigidas a establecer qué tipo de impuestos cancelaba por el uso de la infraestructura del Distrito Capital, saber cuánta plata le entra al Distrito por concepto del arrendamiento de la postería, cuánto paga Codensa por concepto de impuestos de industria y comercio, de retención en la fuente y otra serie de datos presupuestales que el Concejo de Bogotá necesita saber para establecer la viabilidad de tasas, de impuestos o de nuevos tributos para la ciudad. Se refirió al Decreto-Ley 1421 de 1993, artículo 12 numeral 3º sobre las atribuciones del Concejo de Bogotá, pero el Concejo no puede determinar las funciones del numeral 3º del artículo 12 del Decreto-Ley 1421, si no se conocen los ingresos de la capital, ya que el señor secretario de Hacienda remite a obtener respuestas según lo establecido en el estatuto tributario distrital y el estatuto tributario nacional, la corporación no puede abordar ternas tan serios como las tasas de impuestos y contribuciones si no se conoce cuánto es lo que realmente se recibe por el sector energético. Se refirió a la Ley 142 sobre servicios públicos y quienes presten servicios públicos e incumplan de manera reiterada a juicio de la superintendencia, los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidas por ella, esta podrá ordenar la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa a que se refiera.

(...).

Dijo que el artículo segundo de la Ley 142 en su numeral 2.3 dice: “El Estado intervendrá en los servicios públicos conforme a las reglas de competencia de que trata esta ley en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336 y 365 al 370 de la Constitución Política”. Manifestó que a Codensa cuando le interesa es pública ESP y cuando no le interesa es una entidad privada, eso se nota cada vez que responde derechos de petición a los afectados de la ciudad de Bogotá de acuerdo con su interés dice que es una empresa de carácter privado y por tal motivo se rige por las normas de carácter privado, pero también existen normas para que las entidades de carácter privado limitadas o anónimas cumplan al pie de la letra algunas exigencias y con mayor razón si son multinacionales.

H. C. Alejandro Martínez Caballero ...

H. C. Jorge Durán Silva ...

H. C. Luis Fernando Olivares Rodríguez, citante. Continuó haciendo referencia a la posesión de la propiedad, quien cumple con los requisitos legales de ser poseedor con ánimo de señor y dueño puede declarar su pertenencia, la propiedad plena se declara y se protocoliza por escritura, el título translaticio de dominio es el que le da vigencia a la propiedad. Codensa ha manifestado que la EEB le cedió la infraestructura de la postería, el artículo 1959 del Código Civil dice que para las entidades que actúan como entes privados en unas cosas y entes públicos en otras, dice muy claramente: la sesión de un crédito a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Hasta el momento no hay manera de manifestar la existencia de un título por parte de Codensa frente a la estructura de la postería domiciliaria en Bogotá.

Concluyó el debate diciendo que se evidencia una violación de las normas, el afán de usufructuar al máximo los arriendos de los postes sin importar el beneficio social para la ciudad, es decir hay atropellos con la contratación en los sistemas de televisión por cable, persecución a las empresas que prestan el servicio de Televisión por Cable, aumento de los costos de televisión por cable, tarifas a precio del dólar y abuso de poder.

Dejó un axioma que dice: La posición dominante es la oposición concentrada de la democracia, del buen sentido del equilibrio y de la justicia que conlleva, además, a una composición anti-ética de los valores.

H. C. Gilma Jiménez Gómez ...

H. C. Pedro Arturo Rodríguez Tobo, secretario de Hacienda. ... Manifestó que sobre la pregunta de cuánto es el monto que se recauda en el Distrito Capital anualmente por conceptos de impuestos de arrendamiento de postería y ductos, por parte de Codensa, respondió, que sobre esa pregunta no existe actualmente ningún impuesto que grave o que permita que la ciudad recaude por concepto de arrendamiento lo que tiene que ver con postería o ductería, razón por la cual en este caso la pregunta no tiene respuesta con una cifra específica ya que no hay norma alguna que permita realizar el cobro por el arrendamiento, ductos y la portería. ... Dijo que vale la pena precisar es que así se quisiera hoy en día adelantar un cobro nuevamente por este concepto, de acuerdo con la sentencia, previamente debe existir una ley que faculte o que le permita al Concejo de la ciudad y a la administración adelantar este tipo de cobros.

...

H. C. Carlos Alberto Baena López...

H. C. Luis Fernando Olivares Rodríguez, citante. Manifestó que pareciera que el Dr. Pedro Rodríguez no hubiera estado presente en el debate, ya que el tema no estuvo centrado en si se le cobraba o no un impuesto al uso del espacio público. La administración distrital, poco o nada puede hacer, ya que no es accionista mayoritaria de Codensa. La realidad es que en el debate de hace 25 días se denunció lo que estaba pasando con las subestaciones de energía y hoy se está denunciando lo que está pasando con los sistemas comunitarios y sistemas de televisión por cable o por suscripción de la capital del país que ven cómo se incrementan los costos del arrendamiento de postería.

H. C. Samuel Benjamín Arrieta Buelvas ...

H. C. Pedro Arturo Rodríguez Tobo ...

H. C. Luis Fernando Oliveros Rodríguez, citante. Manifestó que la televisión por cable en Colombia se divide en dos: televisión por suscripción que es de carácter privado y prestado por empresas privadas según el Código de Comercio y la televisión comunitaria que prestan comunidades organizadas entre las que están las juntas de acción comunal y asociaciones sin ánimo de lucro, de tal manera que sí hay un sector social que es el más grande de la ciudad y es a ese sector al que le debiera interesar a la administración velar por sus intereses.

H. C. Carlos Alberto Baena López ...

H. C . Gustavo Alonso Páez Merchán ...

H. C. Pedro Arturo Rodríguez Tobo ...

H. C. José Alejandro Hinostroza, gerente de Codensa. Manifestó que el problema del uso de la infraestructura para los temas relacionados con comunicaciones, hay que reconocer que en el comienzo hubo algún grado de desorden, sin embargo hace bastante tiempo que la Comisión Reguladora de Energía y Gas (GREG), reguló las tarifas, Codensa no cobra lo que crea conveniente o lo que crea que le puede reportar mayores beneficios, ya que esto fue regulado por la GREG. Se refirió a lo que está cobrando actualmente Codensa entendiendo la problemática de la televisión comunitaria que se ha discutido en varias ocasiones, existe un cobro diferenciado. Mencionó los valores que actualmente se están cobrando a las empresas comerciales y a las empresas comunitarias, pero no es que Codensa no esté preocupado por el sector social, ya que se han instalado redes para dar cobertura a varios sectores.

H. C. José Antonio Vargas Lleras. ... En lo relativo a la pequeña distinción que pretende hacer el H. C. Olivares en el sentido de tratar de independizar lo que es el poste, de lo que son los elementos que van adheridos al poste. El Consejo de Estado nunca hizo ninguna diferencia entre el cable que va sobre el poste y el soporte del poste, lo que dijo el Consejo de Estado claramente, es que la red de alumbrado público que es una y sólo puede ser una, tiene un único propietario que es Codensa y sobre eso no se debería hacer más debate... Ahondó sobre lo señalado por el señor secretario de Hacienda, en el sentido de que a Codensa y los representantes de la EEB y del Distrito en su junta directiva lo que les compete es velar porque la empresa Codensa por un lado preste un excelente servicio de calidad y cobertura para la ciudad y adicional a eso se obtenga un resultado satisfactorio desde el punto de vista económico...

H. C. Jorge Durán Silva. Manifestó no estar de acuerdo con el planteamiento del Dr. Carlos Baena. Sería más interesante revisar todos los días las tarifas de los estratos triple cero, doble cero, cero, uno y dos, ya que es un servicio vital, el servicio de televisión sea por cable, comunitario o privado; si la gente así lo quiere es personal, pero la energía domiciliaria sí es de vital importancia.

...” (resaltado y subrayado propio).

Ahora bien, la censura al demandado se centra en el hecho de que siendo el tema principal del debate a Codensa el abuso que se estaría cometiendo con la utilización de los postes y ductos del alumbrado público, el concejal demandado hubiera tratado el tema de la televisión por cable, asunto que no era el objeto de discusión y respecto del cual el concejal podría tener intereses privados por ser de la junta directiva y socio de empresas relacionadas con los medios de televisión, entre ellos la televisión por cable.

En primer lugar anota la Sala que el Concejo no se encontraba ejerciendo su función administrativa sino que de conformidad con el artículo 50 del Acuerdo 095 de 2003 “Por el cual se expide el reglamento interno del Concejo de Bogotá, D.C.” estaba en ejercicio de su función de control político, es decir, de vigilar, debatir, o controvertir la gestión que cumplen todas las autoridades distritales. Para el cumplimiento de esta función, como lo establece el reglamento, los concejales pueden presentar las proposiciones que estimen convenientes, según el tema, en las comisiones permanentes o en la plenaria. No se aprobó un proyecto de acuerdo, es decir no estaba el concejo en ejercicio de sus atribuciones administrativas, como lo señala la parte actora.

A folio 4 del cuaderno de pruebas se encuentra certificación autenticada en la que se hace constar que el 29 de marzo de 2005 se adelantó el debate a las proposiciones 173 y 312 de 2004 y que no se discutían aspectos relacionados con las comunicaciones y la televisión.

En segundo lugar, del material probatorio la Sala advierte que si bien se aportaron los certificados de existencia y representación de las empresas en las que figura el demandado en calidad de miembro de la junta directiva en una de ellas y como socio en la otra, no se probó en ningún momento que las sociedades fueran concesionarias y prestaran el servicio de televisión por cable.

De otra parte, el debate se refería al dinero que recauda el distrito capital por concepto de impuestos distritales y sobre cuáles rubros específicos (ICA, IVA, retefuente, arrendamientos, etc.) se reciben de Codensa S.A. ESP y si esta empresa paga al Distrito el arrendamiento del espacio público por el hecho de tener sus postes y ductos en dicho espacio.

Se observa entonces que si bien el tema principal era el dinero que recauda el Distrito por la prestación de los servicios de Codensa y la utilización y arrendamiento por parte de esta empresa, de los postes y ductos de alumbrado público para diferentes actividades, no era desacertado hacer alusión a la televisión por cable, para referirse a las tasas y contribuciones que pagan estas empresas, pues este es un tema que se deriva del anterior en tanto que estas pagan a Codensa una suma por el arrendamiento de sus ductos.

Además, la mención que se hace a la televisión por cable, por suscripción y a la comunitaria, que no son servicios públicos domiciliarios de conformidad con la Ley 142 de 1994 ilustra y aclara el punto principal del debate sin distorsionarlo. Debe entenderse más bien que este apuntaba a preguntar por los ingresos del Distrito Capital, en aras del interés general.

La Sala Plena ha sido enfática en sostener que si el interés se confunde con el que le asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en igualdad de condiciones, no se da la causal alegada, pues en tal caso el concejal demandado estaría actuando en interés de la colectividad y no en el suyo propio (8) .

En efecto, como lo señaló el tribunal, las proposiciones 173 y 312 estaban dirigidas a establecer qué tipo de impuestos debían cancelarse por el uso de la infraestructura del Distrito Capital, saber cuánto dinero ingresa al distrito por concepto de arrendamiento de la postería, cuánto paga Codensa por concepto de impuesto de industria y comercio y de retención en la fuente y otros datos que el distrito necesitaba conocer para establecer la viabilidad de obtener otros ingresos.

Para la Sala no es posible determinar los beneficios que podría obtener el concejal o sus parientes, pues estos deben ser ciertos y demostrables; el beneficio no surge porque se hubiera tratado el tema de los arrendamientos de los postes o ductos del alumbrado por parte de las empresas que prestan el servicio de televisión por cable.

Lo anterior, aunado a que no hay prueba de que alguna de las empresas tantas veces citadas preste los servicios enunciados en los objetos sociales y al hecho de que no se advierte la intención del concejal de distorsionar el tema de debate, ni que se adoptaran decisiones relacionadas con asuntos de su interés particular o de su familia, impone a la Sala confirmar el fallo del tribunal que no decretó la pérdida de investidura ya que no se demostró el interés directo que prevé la norma para que se configure el conflicto de intereses alegado por el demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 6 de marzo de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se denegó la pérdida de investidura del señor Luis Fernando Olivares Rodríguez como Concejal de Bogotá, D.C.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Plena en la sesión del día de hoy».

(1) Sentencias C-194 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-231 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara), C-329 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-618 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-209 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), entre otras.

(2) Ibídem.

(3) Sentencia C-209 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Expediente 2490.

(4) Sentencia de enero 22 de 2002. Radicación 1101-03-15-000-2001-0148-01 (PI). M.P. Dr. Germán Ayala Mantilla. Sentencia de marzo 3 de 2005, expediente 2004-00823-01. M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade.

(5) Sentencia del 13 de julio de 2006. Radicación 2005-01132-01 (PI)

(6) Sentencia del 13 de diciembre de 2001. Radicación 2001-0608 (7521). M.P. Olga Inés Navarrete.

(7) Sentencia del 18 de abril de 2002. Radicación 2001-1534-01 (7746). C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

(8) Sentencia de 23 de agosto de 1998, expediente AC-1675, citada en sentencia del 4 de mayo de 2001. Expediente 2000-3812-01 (6799).

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