SENTENCIA 2005-01960/42474 DE ABRIL 5 DE 2017

 

Sentencia 2005-01960/42474 de abril 5 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 42474

Rad.: 250002326000200501960 02

Actor: Héctor Ricardo Rincón Galindo y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., cinco de abril de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de los recursos de apelación presentados contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, sin que resulte necesario realizar consideración alguna en relación con la cuantía del proceso(1).

8.1. En este punto, se debe tener en cuenta que integrantes de ambas partes del proceso, esto es, los demandantes y, la Nación-Fiscalía General de la Nación, apelaron la decisión de primera instancia. En efecto, de una parte, los accionantes propenden por la modificación de la sentencia impugnada en relación con lo referente a la indemnización de los perjuicios que pidieron en la demanda y, de otro lado, el ente referido pretende la revocatoria de la decisión respecto de la declaratoria de su responsabilidad patrimonial, o al menos, que los porcentajes de asunción de la condena varíen a su favor.

8.2. Al respecto, conviene aclarar que si bien esta corporación debe sujetarse en forma exclusiva al contenido de dichas impugnaciones —con excepción de los asuntos de los que se deba pronunciar de oficio o que se infieran de los recursos de apelación interpuestos—(2), puede conocer del presente asunto sin las limitaciones que establece la interposición de un único recurso de apelación en respeto al principio de la non reformatio in pejus.

8.3. Sin perjuicio de lo anterior, en consideración a que la parte pasiva del litigio se conforma de dos entidades, que en el presente proceso de responsabilidad extracontractual se tratan de litisconsortes facultativos(3) y por consiguiente, se les debe considerar como litigantes separados cuyos actos procesales no pueden redundar en provecho o en perjuicio del otro de conformidad con los dispuesto por el artículo 50(4) del Código de Procedimiento Civil —contrario a lo que acaece con los litisconsortes necesarios de acuerdo al artículo 51(5) del CPC—, el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Fiscalía General de la Nación, en principio, no tiene incidencia alguna sobre la declaratoria de responsabilidad que en primera instancia se definió en cabeza de la Nación-Rama Judicial, por lo que la misma no podrá ser revocada en su beneficio.

8.4. Ciertamente, toda vez que a la Rama Judicial se le debe comprender como un litigante separado y diferente a la Fiscalía General de la Nación, puesto que ambos se tratan de centros de imputación autónomos, es diáfano que el contenido del medio de impugnación de ésta sólo puede ser abordado en relación con su responsabilidad, y no respecto de la obligación de indemnizar que se le impuso a aquélla, de modo que en la medida en que ésta no impugnó la decisión en cuestión, esto es, que no formuló desavenencia alguna en relación con su contenido, se infiere que estuvo de acuerdo con el fallo de primera instancia y en consecuencia, la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia en principio no puede ser alterada a su favor.

8.5. Sin perjuicio de lo anterior, en consideración a que la ley establece que a raíz de la comisión de un daño se deriva la obligación de las personas que lo causaron a repararlo, y con observancia de que con fundamento en el recurso de apelación de la Nación-Fiscalía General de la Nación es posible estudiar no sólo su declaratoria de responsabilidad, sino también el monto de las condenas o resarcimientos que se hubiesen llegado a establecer en la sentencia de primera instancia(6), las cuales se derivan de los perjuicios que se hubiesen encontrado como probados, es claro que en el caso de que sea factible reducir dichas reparaciones, ello en últimas puede llegar a beneficiar de forma colateral a la Nación-Rama Judicial, a pesar de no haber apelado.

8.6. Ciertamente, si con base en el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Fiscalía General de la Nación se llega a esclarecer que uno de los perjuicios solicitados en la demanda tiene una magnitud inferior a la determinada por el Tribunal a quo, lo que ameritaría la reducción del monto de su reparación, es evidente que dicha disminución debe realizarse en relación con el menoscabo en sí mismo, lo que favorecerá a todas las entidades que están inescindiblemente obligadas a su reparación sin importar que hubiesen impugnado o no.

8.7. De esta manera, la Sala, en un comienzo, únicamente tiene competencia para revocar la responsabilidad que se le fijó a la Nación-Fiscalía General de la Nación, pero tiene plena libertad para modificar lo referente a la indemnización de perjuicios, en punto a, (i) su actualización, lo que en sí no implica su modificación, (ii) su aumento de conformidad con lo argüido en el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo del litigio, o (iii) su diminución debido al recurso de apelación interpuesto por la entidad aludida.

8.8. Por último, se debe aclarar que debido a que en el asunto objeto de debate se alegó la privación de la libertad del señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, el mismo puede resolverse sin sujeción estricta a su entrada para fallo, de conformidad con el criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sesión del 25 de abril de 2013(7).

II. Los hechos probados

9. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1. El 16 de septiembre de 1998, el director de la Unidad Regional de Fiscalías se dirigió al coordinador de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional, para efectos de que le informara sobre la consulta del proceso adelantado contra los señores Alejandro Bernal Madrigal y Blanca Stella Vargas Castañeda, radicado en primera instancia ante la regional con el Nº 33890, y en segunda instancia ante la unidad de fiscalías delegada con el Nº 36078. En consideración a que no fue posible encontrar el expediente del proceso aludido o determinar su destino, se procedió a verificar la información consignada en las fichas manuales de control interno, momento en el que se encontró que aquél asunto individualizado con dichos números había sido asignado al despacho de la fiscal delegada ante el Tribunal Nacional, Luz Elvira Rojas de Riveros.

9.1.1. Debido a lo anterior, se revisó el libro radicador del despacho de la fiscal, en el cual se descubrió que el proceso identificado en segunda instancia con el Nº 36078, en realidad correspondía a un asunto radicado en primera instancia con el Nº 27697 —y no con el Nº 33890, número contenido en la ficha que reposaba en la Coordinación de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional—, el cual se adelantó en contra del señor José Ernesto Gutiérrez Muñoz y se devolvió a la fiscalía regional competente para su archivo por preclusión.

9.1.2. De esta manera, se verificaron los registros de la secretaría de la fiscalía regional de primera instancia y el expediente de ese asunto, y se determinó que efectivamente, sus números de radicación en primera y en segunda instancia eran 27697 y 36078, respectivamente, y su procesado era el señor José Ernesto Gutiérrez Muñoz, de modo que no coincidía con el asunto que según la información contenida en la tarjeta de control interno, aparentemente había ingresado a la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional con los números de radicación 33890 y 36078, cuyos investigados eran los señores Alejandro Bernal Madrigal y Blanca Stella Vargas Castañeda.

9.1.3. Adicionalmente, en consideración a que en esa ficha se registró que mediante el oficio Nº 9643 del 20 de agosto de 1998, el procedimiento correspondiente a los investigados Alejandro Bernal Madrigal y Blanca Stella Vargas Castañeda se remitió en siete cuadernos al despacho de la fiscal Luz Elvira Rojas de Riveros, se buscó el físico de ese documento de remisión, y se halló que con el mismo no se envió dicho proceso, sino un procedimiento identificado con los números de radicado 29714 y 38154 de primera y de segunda instancia, correlativamente, cuyos indagados eran la señora Alba Faride Tello Candelo y otros. De esta forma, se procedió a cotejar esa información con el expediente que retornó a la fiscalía regional que tramitó la primera instancia de ese último procedimiento, la cual coincidió.

9.1.4. De otra parte, con ocasión de las pesquisas reseñadas, un exfuncionario de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional denunció que una situación similar a la narrada se presentó en relación con el proceso radicado en primera y en segunda instancia con los números 33526 y 32430, respectivamente, cuyos investigados era la señora Martha Ligia Úsuga Noreña y el señor Carlos Alfonso Ramos Zapata, denuncia en la que individualizó al señor Rincón Galindo para aseverar su inocencia respecto de la posible conducta punible que se pudiera configurar a partir de esos hechos. Con fundamento en lo expuesto, se logró determinar que el oficio Nº 7924 del 15 de julio de 1998, mediante el cual supuestamente se remitió ese proceso a la Coordinación de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional para su reparto y asignación, en realidad fue empleado para el envío del proceso correspondiente al Nº 39527, adelantado contra María Teresita Claro Pérez (copias auténticas de la providencias del 23 de marzo de 1999 y del 13 de julio de 1999, por medio de las cuales se definió la situación jurídica y se profirió resolución de acusación en contra del señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, proferidas por la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional y ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., respectivamente, y de las sentencias del 7 de junio de 2001 y 28 de octubre de 2003, dictadas por el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D.C. y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.; f. 51-108, cdno. pbas. 2).

9.2. En el marco de los hechos descritos, el 18 de septiembre 1998, el coordinador de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional formuló denuncia penal en virtud de la cual se incoó una pesquisa penal contra persona indeterminada. Posteriormente, con cimiento en un estudio grafológico, se estableció que las grafías escritas en las fichas de control interno de los expedientes que no fueron encontrados, cuya información realmente correspondía a otros procedimientos, fueron realizadas por el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, quien trabajaba como auxiliar judicial de la referida unidad, de tal forma que se le vinculó a la investigación mencionada mediante indagatoria, y se le privó de la libertad el 16 de marzo de 1999 (original de la constancia suscrita por la secretaria del Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D.C., sobre el tiempo en el que el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo fue privado de la libertad según el contenido del proceso penal Nº 1999-0270, y copias auténticas de la providencias del 23 de marzo de 1999 y del 13 de julio de 1999, por medio de las cuales se definió la situación jurídica y se profirió resolución de acusación en contra del señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, proferidas por la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional y ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., respectivamente, y de las sentencias del 7 de junio de 2001 y 28 de octubre de 2003, dictadas por el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D.C. y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.; fl. 33, 51-108, cdno. de pbs. 2).

9.3. Por medio de la providencia del 23 de marzo de 1999, la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional definió la situación jurídica del señor Rincón Galindo, y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presunto autor material de doble falsedad ideológica en documento público, en concurso con doble falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, delitos agravados por su preparación para el hecho y la posición distinguida que tenía con ocasión de su cargo.

9.3.1. Al respecto, primeramente señaló que las conductas punibles investigadas tuvieron lugar, toda vez que respecto del delito de falsedad ideológica en documento público, manifestó que en consideración a que dos fichas manuales de control interno de expedientes reflejaron datos falsos, las cuales se trataban de documentos públicos debido a su relevancia en cuanto a la recopilación y registro de la información de los procesos que llegaban a la unidad de fiscalías delegada, era evidente que se produjo la conducta delictual aludida. Por su parte, en cuanto al crimen de falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, señaló que el mismo se configuró, toda vez que no fue posible encontrar los expedientes de los dos procesos adelantados contra los señores Bernal Madrigal, Cargas Castañeda, Úsuga Noreña y Ramos Zapata, y se eliminó todo rastro de su destino y ubicación.

9.3.2. Seguidamente, la autoridad aducida reputó al señor Héctor Ricardo Rincón Galindo como el posible autor material de las conductas punibles señaladas, en la medida en que en el examen de grafología practicado a todos los trabajadores de la unidad se encontró que su letra coincidía con la de las tarjetas de control interno alteradas, lo que de entrada lo individualizaba como el responsable del delito de falsedad ideológica en documento público. Asimismo, refirió que si bien no se contaba con una prueba directa que comprometiera su actuar en la destrucción, supresión u ocultamiento de los expedientes perdidos, lo cierto es que las fichas que él habría falseado tenían relación con tales documentos, de lo que se podía inferir que el señor Rincón Galindo (i) hacía parte de una estructura delictiva en la que podían llegar a tener participación otras personas, y (ii) su objetivo al adulterar las fichas era lograr la desaparición de esos expedientes.

9.3.3. De esta manera, la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional ordenó que se librara la boleta de detención para que el señor Rincón Galindo fuese trasladado a la cárcel Normandía de Chiquinquirá, punto en el que aclaró que para el momento de su captura “fungía como servidor de la Fiscalía General de la Nación”, por lo que también dispuso que se comunicara a la entidad competente la orden de su suspensión en el ejercicio de su cargo. Sobre lo expuesto, en la providencia en comento se consideró (copias auténticas de la providencia del 23 de marzo de 1999, por medio de la cual se definió la situación jurídica del señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, proferida por la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional; fl. 35-50, cdno. pbas. 2):

III. Calificación jurídica provisional

Los hechos descritos se subsumen en los artículos 219 del Código Penal, descriptor de la falsedad ideológica en documento público, que tiene asignada una pena de prisión que oscila entre 3 y 10 años y 223 que consagra la falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, con una pena de 3 a 10 años, cuando el hecho es realizado por empleado oficial en ejercicio de sus funciones.

La pena se agrava genéricamente por los numerales 4 (preparación ponderada del hecho) y 11 (la posición distinguida que el delincuente ocupe en la sociedad por su cargo), del artículo 66 del Código Penal.

IV. Elementos probatorios sobre la existencia del hecho y la probable responsabilidad del sindicado

A. La prueba de las falsedades.

1. La falsedad ideológica se encuentra plasmada en dos documentos públicos (fichas originales(8)), confeccionadas por el sindicado, quien como servidor Estatal(9), en ejercicio de una de las funciones asignadas como auxiliar judicial(10), hizo constar hechos totalmente falsos, haciendo ver como ciertos, a los destinatarios de la fe pública, sucesos procesales que nunca ocurrieron, específicamente utilizando dos fichas de control hizo constar actuaciones procesales respecto de dos procesos que nunca llegaron a la Unidad Delegada ante el Tribunal Nacional, en consulta de la preclusión de la investigación.

No nos cabe duda que el objeto material en cada falsedad es un documento público que puede servir de prueba, atendido que en ellos se condensaban datos que especificaban cada uno de los procesos que llegaban a la Unidad delegada ante el Tribunal Nacional, no solamente por el radicado, los nombres de los sindicados o imputados y la clase de delito, sino especialmente porque registraban todas y cada una de las actuaciones jurídicas surtidas desde el momento en que arribaba en apelación, consulta, recurso de hecho o colisión de competencias, hasta cuando era devuelto a una de las Regionales en que se encuentra divido el mapa judicial a nivel de justicia regional.

Era tal la capacidad probatoria de los registros falseados, que hoy es el único registro público con que actualmente cuenta la unidad, luego de la caída del sistema SIGA, para identificar, encontrar y conocer el desarrollo procesal de un altísimo número de expedientes, tanto así que cuando la Unidad adoptó el sistema SIJUF (sistema de información judicial en la Fiscalía General de la Nación), todos los datos de más de 30.000 expedientes, fueron tomados de los documentos ahora falseados.

No sobra agregar, para constatar el poder probatorio de los registros escritos, que la información en ellos condensada siempre se ha tomado como cierta, auténtica y veraz, no sólo para el manejo interno de los expedientes, sino que ha sido la base para dar respuesta a tutelas, informes, descargos en investigaciones disciplinarias y respuesta a derechos de petición.

Es tanta su importancia que justamente como produce efectos erga omnes, los delincuentes optaron por falsearlos, porque sabían que era la base de toda información procesal que pudiera darse en un futuro respecto de los dos procesos sustraídos, de tal manera que pasado el tiempo, cuando se fuera a buscar la historia procesal, al no aparecer expediente alguno, como tampoco archivo de providencia, telegrama u oficio que indicara su vida procesal, el único recurso para averiguar qué había pasado con ellos, eran los registros mencionados.

2. La falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, encuentra prueba en la inspección judicial practicada en la sede de la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Dijin, en donde se borró cualquier vestigio de los procesos penales adelantados contra Alejandro Bernal Madrigal y Blanca Stella Vargas Castañeda; Martha Ligia Usuga Noreña y Carlos Alfonso Ramos Zapata, adelantados por infracción a la Ley 30/86 (Cfr., Fls., 204 a 20, c. o. 1).

En la información suministrada por la Dirección de Policía Judicial, área de delitos especiales, grupo de estupefacientes, en virtud de la cual no aparece registro alguno respecto de los sindicados Alejandro Bernal Madrigal y Blanca Stella Vargas Castasteda, Martha Ligia Úsuga Noreña y Carlos Alfonso Ramos Zapata (Cfr. fl., 207 y 208 c. o. 1).

A pesar de haberse borrado todo rastro de los dos procesos en las anteriores dependencias, es un hecho inequívoco que de la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Dijin, personas que utilizaron nombres falsos, haciéndose pasar por Carlos Humberto y el Cabo Niño, solicitaron telefónicamente(11) los números de los radicados 33.890 y 33.526, a la Secretaria Administrativa de la Regional Bogotá, siendo suministrados por María Clara Paez Serrano y Alen Díaz empleados de la misma (Cfr., fls., 65, 186 y 196 c. o. 1).

De la misma manera, quedó como rastro de la existencia de los dos expedientes sustraídos, las constancias de anotaciones en el sistema SIGA, obrantes a folios 36 c. o. 1 y 21 c. o. 2.

B. La probable responsabilidad de Héctor Ricardo Rincón Galindo

1. Analizado el acervo probatorio, se encuentran elementos suficientes para imponerle, conforme el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal, medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, sin derecho a excarcelación, como presunto autor material de doble falsedad ideológica en documento público y coautor de doble falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento en documento público.

2. En lo que hace al concurso de falsedades ideológicas en documento público, es la prueba grafológica la que de manera indubitable y concluyente, demuestra que Héctor Ricardo Rincón Galindo, fue el autor de los manuscritos obrantes en las fichas dubitadas números 32.430 y 36.078 (Cfr., fl., 257, conclusiones de la pericia).

Miente el procesado cuando asevera que no pudo perpetrar las falsedades ideológicas, porque se encontraba en vacaciones, justamente porque la prueba científica lo desmiente por completo y no era necesario que estuviera laborando en la Unidad Delegada para ejecutar las conductas falsarias.

Por el contrario, su argumento nos está indicando lo bien planeadas que estuvieron las conductas delictivas, al punto de argumentar como coartada el uso de vacaciones individuales, obviamente sin que contaran que la prueba grafológica fuera a resultar tan contundente.

Era tal la seguridad del procesado que confiaba en quedar en libertad al término de su injurada —según lo manifestó al término de la diligencia—, fundado en que en la secretaría no había rastro alguno de los dos expedientes sustraídos, obviamente sin calcular que ya obraba un dictamen técnico que lo ubicaba como autor material de la falsedad en los dos documentos públicos.

3. Es cierto que en lo referente a la doble falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, atendida la sustracción de dos expedientes adelantados por narcotráfico, no obra prueba directa que establezca que el aquí procesado fue quien materialmente los sacó, sin embargo, la falsedad que ejecutó sobre las dos fichas de control está demostrando de manera contundente no solo que forma parte de una organización delictiva, sino especialmente que su actividad estaba encaminada a perfeccionar la sustracción de los dos procesos, haciendo creer que los mismos habían llegado a la segunda instancia, incluso pasándolos a despacho para resolver, distrayendo la atención de quienes averiguaran por ellos, porque al aparecer a despacho, se generaba un principio de confianza que permitía dejar pasar el tiempo sin que se descubriese el entuerto.

9.4. El 6 de mayo de 1999, la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional sustituyó la referida medida de detención preventiva por una medida de detención domiciliaria (copias auténticas de la sentencia del 28 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.; 91-107, cdno. pbas. 2).

9.5. Mediante decisión del 13 de julio de 1999, la Unidad de Fiscalías Delegada ante la Sala de Descongestión de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., calificó el mérito del sumario y (i) declaró la nulidad parcial de lo actuado a partir de la providencia del 23 de marzo de 1999, por medio de la cual se definió la situación jurídica del señor Rincón Galindo, únicamente en relación con la conducta de doble falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; (ii) revocó la medida de aseguramiento impuesta al sindicado con ocasión de ese delito, pero dejó “incólume la medida detentiva domiciliaria respecto de la doble falsedad ideológica en documento público”; (iii) profirió resolución de acusación en contra del señor Rincón Galindo por la última conducta punible reseñada, y (iv) concedió permiso al detenido para que laborara en el restaurante denominado El Fogón de la Pola, “en orden a que pueda sufragar las necesidades de su familia, limitándose la jornada diaria a ocho horas, que serán controladas por personal del Inpec”.

9.5.1. En relación con la nulidad procesal, adujo que con su actuación durante el iter procesal se vulneró el debido proceso, puesto que dispuso el cierre de la instrucción cuando únicamente se cumplieron las exigencias para calificar el mérito del sumario respecto del delito de falsedad ideológica en documento público, toda vez que solo respecto de este logró tener la suficiente certeza para determinar si se debía formular una acusación o precluir su investigación, y comoquiera que señaló que el término de la investigación todavía se mantenía vigente para ese momento, no podía utilizar la duda que le quedaba en relación con el hecho punible de falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, para precluir la pesquisa en relación con esa conducta punible.

9.5.2. Sobre lo expuesto, indicó que no tenía certeza de que los dos expedientes individualizados en primera instancia con los Nº 33890 y 33526 hubiesen existido, puesto que a partir de la prueba testimonial recopilada con posterioridad a la fijación de la medida de aseguramiento, si bien las declaraciones de ciertas personas dejaron ver que sólo era posible que los datos encontrados en la secretaría administrativa de la fiscalía regional podían existir debido a que se les sacó de unos procesos ya iniciados, también se presentó el testimonio de otras personas que “afirmaron que no habían encontrado constancia de que los procesos hubieren llegado a la regional para ser asignados a la correspondiente unidad y que se le había colocado a la plantilla que obra al folio 186 del c. o. 1, la expresión “PTE”, porque estaban pendientes de llegar las diligencias y que si nunca se cambió el formulario es porque jamás llegaron las mismas”, marco situacional que concluyó que debía analizar nuevamente y que incluso, podría llevar a que se comprendieran configuradas nuevas conductas punibles no investigadas.

9.5.3. De esta forma, declaró la nulidad parcial de lo actuado frente a la investigación del hecho punible de falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, la cual decretó desde el mismo momento en que se resolvió la situación jurídica del sindicado Héctor Ricardo Rincón Galindo, motivo por el cual también revocó la medida de aseguramiento que se le impuso con ocasión de dicho hecho punible, “quedando vigente el detentivo impuesto por la doble falsedad ideológica en documento público”.

9.5.4. De otra parte, reiteró el análisis efectuado por la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional respecto de la existencia del delito de falsedad ideológica en documento público y la probable responsabilidad penal del procesado, análisis en el que destacó que se practicaron tres dictámenes grafológicos en los cuales se concluyó inequívocamente que el contenido falso de las fichas de control interno de los expedientes identificados con los números de radicado 32430 y 36078, fue consignado por el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, por lo que su exculpación referente a que se encontraba en vacaciones cuando no se hallaron los expedientes y se advirtieron las imprecisiones en las tarjetas aludidas, no tenía vocación de prosperidad. De esta forma, profirió resolución de acusación en contra del referido investigado y mantuvo su detención domiciliaria.

9.5.5. Finalmente, le concedió permiso al sindicado para que trabajara en el restaurante El Fogón de la Pola por el término de ocho horas diarias, con el objeto de que percibiera ingresos económicos para el sustento de su familia, teniendo en cuenta que resulta “compatible la detención domiciliaria con la detención parcial en el lugar de trabajo” (copias auténticas de resolución de acusación proferida el 13 de julio de 1999, por la Unidad de Fiscalías delegada ante la Sala de Descongestión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C.; fl. 51-66, cdno. pbas. 2).

9.6. Por medio de la sentencia del 7 de mayo de 2001, el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D.C. resolvió condenar al señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, como autor del delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo, y en consecuencia le impuso pena privativa de la libertad por el plazo de 48 meses de prisión, para lo que ordenó su captura en el lugar de su residencia en el cual se encontraba retenido descontando la pena en detención domiciliaria, para que se le pusiera disposición de la cárcel del circuito judicial de Guaduas, Cundinamarca. Al respecto, señaló que existía certeza del hecho punible como de la responsabilidad del procesado.

9.6.1. En relación con la configuración de la conducta punible, refirió que la misma se encontraba demostrada, habida cuenta de que se acreditó que: (i) el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo ocupó el cargo de auxiliar judicial en la Fiscalía General de la Nación y, por consiguiente, le correspondía desarrollar sus tareas de manera veraz, de buena fe y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico; (ii) las fichas de control interno radicaban en documentos públicos, calidad que aclaró que se desprende de la costumbre judicial y del valor probatorio que los mismos revisten destinados al correcto funcionamiento de la administración de justicia o, en otros términos, debido a que se encuadran dentro del concepto de actos de gestión, punto en el que se destacó que si bien se contaba con el sistema de seguimiento de procesos conocido como “SIGA”, lo cierto es que en la secretaría común de la Unidad Delegada de Fiscalías ante el Tribunal Nacional se estableció un registro manual paralelo, el cual se empleaba cuando la base de datos computarizada fallaba o para dar información al público, de modo que no se podía desconocer su naturaleza de referente histórico de los procedimientos que se tramitaban en dicha unidad y en ese orden de ideas, tampoco se podía negar la naturaleza de documentos públicos de las fichas que lo componían, y (iii) que las fichas de los procesos supuestamente adelantados en contra de los señores Alejandro Bernal Madrigal, Blanca Stella Vargas Castañeda, Martha Ligia Usuga Noreña y Carlos Alfonso Ramón Zapata, contenían información falaz, dándose vida jurídica a hechos inexistentes, o copiándose lo acaecido en otros procedimientos ya precluidos para fundamentar la existencia de las fichas de aquéllas supuestas investigaciones, todo lo que además permitía aducir que quien falseó dichos datos debía ser un funcionario de la unidad, debido a que esas circunstancias revelaban un profundo conocimiento de los trámites adelantados por la entidad aludida y de las deficiencias en cuanto al manejo y al control de los expedientes.

9.6.2. De otro lado, en cuanto a la autoría y la responsabilidad del sindicado Rincón Galindo, adujo que para la fecha de los sucesos, aquél tenía a su cargo las anotaciones de las fichas de registro, y no se podía soslayar su vasta experiencia en la unidad y el acceso que tenía a toda la información para falsificar las fichas objeto de investigación. Asimismo, destacó que su argumento de defensa, relacionado con la coincidencia entre sus vacaciones y la fecha de los registros falsos, se podía reducir a una mera estrategia para que en caso de una investigación se le desligara de la actuación punible, máxime cuando no se podía dudar que él fuese el autor de las anotaciones falsas, pues así se demostró con las pruebas de grafología que se practicaron, en especial en la última aportada al expediente, variedad de dictámenes que se llevaron a cabo debido a las objeciones del procesado frente a los primeros estudios.

9.6.3. Por ende, se consideró que el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo era el responsable del delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo, con lo cual lesionó la fe pública y la confianza que se depositó en él. Sobre lo expuesto, en la providencia referida se indicó (fl. 67-89, cdno. pbas. 2):

Como se analizó en acápite anterior, el sindicado conocía que tenía el deber de ceñirse a la verdad en los documentos y registros que se le había encargado llevar y que por las particulares circunstancias existentes en la dependencia en donde laboraba tenían capacidad probatoria, por lo menos para certificar sobre la existencia de investigaciones en contra de distintos ciudadanos, como también sabía que al faltar al a verdad en el cumplimiento de esa labor, no sólo atentaría contra la credibilidad que los usuarios depositaban en el contenido de los documentos públicos a su cargo, sino que le acarrearía consecuencias jurídico-penales y a pesar de ello, consciente y voluntariamente, comprometía su función documentadora en consignar hechos contrarios a la realidad, de donde se infiere que obró dolosamente sin que le favorezca causal alguna de inculpabilidad de las establecidas en el artículo 40 del Código Penal.

9.7. El 31 de julio de 2001, el señor Rincón Galindo recuperó su libertad, toda vez que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. le concedió la libertad provisional (original de la constancia suscrita por la secretaria del Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D.C., sobre el tiempo en el que el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo fue privado de la libertad según el contenido del proceso penal Nº 1999-0270; fl. 33, cdno. pbas. 2).

9.8. Por medio de la sentencia del 28 de octubre de 2003, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. revocó el fallo de primera instancia proferido el 7 de mayo de 2001, absolvió al señor Héctor Ricardo Rincón Galindo del concurso de delitos por el cual se le condenó y, por consiguiente, ordenó que se le devolviera el valor de la caución prendaria que prestó con anterioridad para obtener la detención domiciliaria que soportó. Sobre el asunto, argumentó, de una parte, que no era posible aseverar que las fichas falseadas se trataban de documentos públicos, puesto que (i) dicha naturaleza se desprende de la autoridad del servidor público que los crea, autoridad que no tenía el señor Rincón Galindo, y (ii) las fichas o cartulinas aducidas únicamente consistían en un mecanismo de control interno para ubicar con mayor facilidad los expedientes, de modo que a pesar de que en ocasiones se les empleara cuando el sistema de información se encontraba inhabilitado o que pudieran ser accedidas por particulares, no implicaba que pudiera considerárseles como un método oficial establecido en el ordenamiento jurídico o adoptado por la Fiscalía General de la Nación para fines probatorios o de información y, en consecuencia, no se les podía asignar la calidad de documentos públicos.

9.8.1. De otro lado, aseveró que si en gracia de discusión se estimara que ello no era así, existían serias dudas de que el señor Rincón Galindo hubiese sido el que consignó los datos erróneos en las tarjetas aludidas, puesto que las mismas eran manipuladas por varios empleados, punto en el que destacó que en una de las tres experticias practicadas se determinó que la letra de aquél no correspondía con la letra de los escritos falsos, dudas que al no ser disipadas por otros medios de prueba, debían ser resueltas a favor del procesado en aplicación del principio in dubio pro reo. De esta manera, señaló:

3. Los medios de convicción legalmente aducidos al proceso, no le dan a la corporación certeza suficiente acerca del cumplimiento de los citados requisitos en aras de confirmar el fallo apelado.

En efecto, se ha procedido en este evento por el concurso homogéneo de conductas punibles de falsedad ideológica en documento público, en virtud de la información supuestamente plasmada por el acusado Héctor Ricardo Rincón Galindo en su condición de auxiliar judicial de la secretaría común de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, en dos fichas de control inherentes a los procesos 32430 y 36078 en las que anotó que se habían proferido resoluciones de preclusión respecto de los acusados por narcotráfico Alejandro Bernal Madrigal, Blanca Stella Vargas Castañeda, Martha Ligia Usuga Noreña y Carlos Alfonso Ramón Zapata y que las mismas se hallaban para decidir el grado jurisdiccional de consulta, cuando ello no corresponde a la verdad ya que tales números de radicación de segunda instancia correspondían a otros procesos, generándose así error respecto de los datos a suministrar tanto a usuarios como a las autoridades que los requirieran.

Por documento público se entiende aquél escrito que pueda servir de prueba expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones; de tal forma que, es la naturaleza de la función que ejerce una persona dentro de los cuadros de la administración pública o de las ramas del poder público, lo que define cuándo un escrito tiene dicho carácter.

Para el caso sometido a consideración de la Sala, las fichas en las que se plasmaron datos espúreos (sic) concernientes a actuaciones jurisdiccionales, no tienen ese rango al que nos hemos referido, en la medida en que si bien es cierto su presunto autor Héctor Ricardo Rincón Galindo ostentaba la calidad de servidor público por la época de los acontecimientos, no lo es menos que aquél no detentaba poder o autoridad para certificar, facultad que lo avalaba para elaborar documentos públicos con eficacia probatoria. A ello se suma que las cartulinas usadas en las dependencias judiciales en donde laboraba el susodicho acusado y donde se consignaban datos genéricos de los procesos que llegaban allí por uno u otro concepto, ciertamente servían de control interno para ubicar en forma más ágil los expedientes sin tener que acceder al sistema, pues eran un mecanismo alterno a éste y al cual se recurría en las pocas ocasiones en que el sistema se caía, de tal forma que no podemos pregonar que fuera un método adoptado e implantado oficialmente por la Fiscalía General de la Nación a través de una disposición concreta o que el mismo reemplazara el sistema; a contrario sensu, su origen derivó de la idea independiente del secretario de dicha dependencia judicial, quien a motu proprio, para tener una herramienta que le facilitara el ejercicio de su labor y la de las personas a su mando, decidió ejercitar ese procedimiento manual de registro de procesos y actuaciones mediante el cual se podía brindar información genérica de manera más rápida que la pormenorizada y concreta consignada en el sistema, teniéndose que por su efectividad práctica siguió operando.

Esa costumbre de manera alguna convierte las citadas fichas en documentos públicos, pues su creación no obedeció a los cánones legales o reglamentarios de la entidad judicial mediante los cuales se fijaran parámetros claros y concretos sobre las guías, entendiéndose que éstas debían ser llevadas de determinada forma y por específico funcionario, sino como consecuencia de las circunstancias adversas en que se desenvolvían las labores en dichas dependencias fiscales que obligaron a la adopción de una forma resumida de detallar los diferentes movimientos de cada proceso.

4. De otra parte y en gracia a la discusión, de tenerse aquéllos escritos como documentos públicos, no hay plena convicción acerca de la autoría en cabeza del hoy sentenciado respecto de las falsedades consignadas en las fichas, si se tiene en la cuenta que no sólo el procesado Rincón Galindo era el encargado de registrar los procesos llegados y de abrir las tarjetas de registro correspondientes a cada uno de ellos, sino que varias personas más de la secretaría administrativa coadyuvaban en esa labor, entre ellos, Hernán Ramiro Amaya Guevara, aspecto que pone en duda, la comisión de las conductas delictivas investigadas por parte del acusado, quien desmiente haber plasmado los datos espúreos (sic) allí consignados por estar en vacaciones, exculpación que no es de recibo por cuanto para el 2 de julio y 5 de agosto/98, fechas que aparecen inscritas en las tarjetas 32430 y 36078 como de llegada de los respectivos expedientes para consultar las resoluciones de preclusión, se hallaba en ejercicio de sus funciones como auxiliar judicial, dado que las vacaciones que le fueron decretadas las disfrutó del 18 de agosto al 11 de septiembre de esa misma anualidad (fl. 22 cdno 5); incertidumbre aquélla que se acentúa más si se observan las discrepancias existentes entre las distintas experticias practicadas a través de los estudios grafológicos tanto a los rasgos gráficos plasmados en las fichas antes enunciadas como a los dictados elaborados por Héctor Ricardo Rincón Galindo, pues mientras que el Cuerpo Técnico de Investigación y el área de Criminalística de la Policía Nacional hallaron uniprocedencia en los citados gestos gráficos analizados, los peritos del laboratorio de documentología y grafología del Instituto de Medicina Legal dictaminaron que los manuscritos insertos en las fichas de control cuestionadas no fueron producto del desenvolvimiento escritural que exhibe el procesado Héctor Ricardo Rincón Galindo, diferencias que, sin duda, no nos permiten aseverar a ciencia cierta, que el acusado fue el autor de las conductas punibles que aquí se le atribuyeron y por las que fue juzgado.

Igualmente, debe señalarse que la experticia debe ser valorada en su propia firmeza, precisión y fundamentación técnico-científica, atendida la idoneidad del perito que la emitió, con miras a analizar su contenido frente a los otros elementos de demostración incorporados al proceso de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la lógica. Bajo estos parámetros, las pruebas científicas allegadas al plenario no nos brindan absoluta certeza acerca de que la autoría de las conductas punibles investigadas fueron cometidas por el acusado Héctor Ricardo Rincón Galindo; por el contrario, de ellas surge duda en tal sentido, ya que no hay óbice para que sobre unos mismos elementos dubitados analizados a través de las técnicas de rigor por parte de personal idóneo en la materia perteneciente a diferentes entidades oficiales auxiliares de la Justicia, se llegue a conclusiones diversas respecto del ejecutor de las grafías plasmadas en las tarjetas contentivas de la información judicial cuestionada, teniéndose que el restante material probatorio válidamente allegado no despeja esa duda, la que debe favorecer los intereses jurídicos del procesado en aplicación del principio in dubio pro reo prevista en el artículo 7° de la Ley 600 del 2.000, en la medida que no sería factible atribuirle responsabilidad por unas conductas punibles, cuando dicho factor no está plenamente establecido, ya que si bien pudo ser Rincón Galindo el que signó tales datos espúreos (sic) en las fichas, pero también pudieron ser registradas por alguno de sus compañeros de actividad judicial, aspectos que contrarían los postulados de la norma 232 inciso segundo del Estatuto Penal Adjetivo cuyos presupuestos para condenar no se llenan a cabalidad en este caso.

No sobra advertir, que por el contenido de una simple ficha (que no (sic) documento público) a la que tanto funcionarios como usuarios podían acceder sin ninguna clase de obstáculos, no se podía evaluar la credibilidad y legitimidad de la justicia, máxime cuando esa clase de ayuda devenía no como una regla de procedimiento instaurada en legal forma por la institución fiscal sino como un mecanismo ad hoc de índole práctico adoptado por quienes la administran a manera de apoyo para el mejor ejercicio de la actividad judicial. Así las cosas, lo consignado en cada una de las tarjetas o guías, no podían servir de único punto de referencia obligado, al que se le debía otorgar el máximo grado de veracidad y confiabilidad, en vía a la adopción de cualquier clase de medida restrictiva o de información externa. No se pierda de vista que la creación de tales tarjetas o fichas no estaba ordenada por ninguna autoridad competente ni la información en ellas contenida suplía la que obviamente reposaba en el respectivo proceso o en el sistema, pues a raíz de la sistematización se obvió la utilización de libros radicadores en donde se hiciera constar la historia de cada proceso.

Baste el anterior análisis para concluir, que la sentencia de primera instancia proferida dentro de estas diligencias por la Jueza 51 Penal del Circuito, se debe revocar en su integridad.

9.8.2. La anterior decisión proferida dentro del proceso adelantado en contra del señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, quedó ejecutoriada el 10 de diciembre de 2003, tal como lo hizo constar la secretaría del Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D.C. (original de la constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de octubre de 2003, en el proceso 1999-00270, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., y copias auténticas del fallo referido; f. 34, 91-107, cdno. pbas. 2).

III. Problema jurídico

10. Con observancia del contenido del fallo y de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y por la Nación-Fiscalía General de la Nación, a la Sala le corresponde, de una parte, examinar la detención impuesta al señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, con el fin de determinar si ésta se constituyó en una privación injusta de la libertad y, en caso de ser así, si la misma le resulta atribuible a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial y, de otro lado, en el evento en que sea factible declarar la responsabilidad de la Nación con ocasión de las actuaciones de una o de las dos entidades demandadas, se deberá revisar la indemnización reconocida en la sentencia de primera instancia a la luz del material probatorio obrante en el plenario. De esta manera, esta corporación:

(i) establecerá si es viable afirmar que el señor Héctor Rincón Ricardo Galindo fue efectivamente privado de la libertad, para lo que no se puede perder de vista que la Nación-Fiscalía General de la Nación señaló que era necesario que se allegara un certificado expedido por el Inpec;

(ii) en el caso de que se entienda acreditada la privación de la libertad referida, analizará si la misma le es imputable a los órganos integrantes de la parte pasiva de la litis, estudio en el que (a) revisará si ello es factible de forma objetiva, es decir, a pesar de que no se hubiese configurado una falla del servicio por parte del Estado y de que se llegue a estimar que el demandante en comento fue absuelto de responsabilidad penal por aplicación del principio in dubio pro reo, y (b) determinará si dichas accionadas acreditaron la existencia de una causa extraña, en especial, aquélla que fue alegada por el ente investigador en su recurso de apelación, esto es, el hecho exclusivo de la víctima consistente en su culpa grave o dolo, y

(iii) de llegar a estimarse viable la declaratoria de la responsabilidad del Estado en el sub judice, revisará (a) si resulta plausible redistribuir el porcentaje en que cada entidad debe responder por el daño cometido, punto en el que debido al contenido del fallo impugnado, aclarará si la parte demandante, para obtener la totalidad de la condena, únicamente puede acudir a cada una de las entidades en el porcentaje que se establezca, o si le es posible solicitar su pago enteramente de una sola de ellas; (b) si es factible aumentar la reparación del daño moral reconocido en el fallo impugnado; (c) si se impone realizarle una adición en cuanto a las pretensiones indemnizatorias del perjuicio moral elevadas por los tíos maternos, o si es posible reconocer el resarcimiento de ese daño a su favor; (d) si con fundamento en el recibo de dinero aportado por el supuesto apoderado judicial del demandante Rincón Galindo en el proceso penal, se puede comprender demostrado el daño emergente solicitado en la demanda y su monto, de tal forma que se imponga su indemnización y, (d) si la condena por concepto de lucro cesante fijada en la sentencia impugnada fue adecuada, teniendo en cuenta que la misma puede ser reducida debido al recurso de apelación interpuesto por la Nación-Fiscalía General de la Nación.

IV. Análisis de la Sala

11. En relación con el daño deprecado en el libelo introductorio, la Nación-Fiscalía General de la Nación señaló que el mismo no fue debidamente acreditado por la parte demandante, de tal forma que sus pretensiones debían ser denegadas por incumplimiento de sus cargas probatorias.

11.1. En este sentido, a partir de lo dispuesto en el artículo 177(12) del Código de Procedimiento Civil, señaló que los accionantes no ejecutaron debidamente su carga de acreditar la efectiva privación de la libertad del señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, en consideración a que en su opinión, no aportaron la única prueba que podía dar fe de esa circunstancia, a saber, un certificado expedido por el Inpec al respecto, argumento con fundamento en lo cual igualmente destacó que para acreditar esa detención injusta, no resultaba suficiente la constancia suscrita por la secretaria del juzgado penal traída al plenario.

11.2. Sobre lo expuesto, la Sala se permite recordar que el ordenamiento jurídico colombiano prevé un sistema procesal en el que, de conformidad con lo dispuesto por el 175(13) del Código de Procedimiento Civil —al cual se debe acudir en los procesos contenciosos administrativos de acuerdo con la remisión que se hace al estatuto procesal civil por parte del artículo 267(14) del Código Contencioso Administrativo, prima la libertad de pruebas, las cuales, según lo señalado en el artículo 187(15) del Código de Procedimiento Civil, deben ser valoradas a la luz de la sana crítica, de manera íntegra y conjunta, parámetros que propenden por que el operador judicial arribe a una resolución imparcial, justa y acorde a la realidad de los hechos del proceso.

11.3. De este modo, se observa que ha quedado proscrita toda tarifa legal probatoria de acuerdo con la cual, para que se tenga por acreditado un hecho, es indefectible que se practique o se aporte un elemento de prueba en específico —lo que encuentra excepciones expresamente determinadas por la ley, cuando la misma ordena que una circunstancia en concreto sólo se puede probar con un medio probatorio conducente para ello, como ocurre con el estado civil de las personas o con la propiedad de bienes inmuebles—, puesto que las partes del litigio, en principio, tienen la posibilidad de acudir a los medios de convicción que estimen necesarios y adecuados(16) para probar las circunstancias que los benefician y que hacen parte de sus cargas probatorias —ver nota 12—(17).

11.4. Con observancia de lo anterior, resulta evidente que a la parte demandante no le asistió razón al señalar que el único medio probatorio para demostrar la privación de la libertad que padeció el actor Rincón Galindo, era un certificado expedido por el órgano administrador y director de los establecimientos de reclusión a nivel nacional, toda vez que se advierte que el ordenamiento jurídico no fijó una única prueba conducente para acreditar esa situación y por ende, los demandantes tenían la posibilidad de acudir a cualquier elemento de convicción para lograr tal efecto.

11.5. De esta manera, en el caso concreto, para demostrar la privación de la libertad del demandante aludido, los accionantes se encontraban plenamente facultados para allegar otros elementos probatorios diferentes al indicado por la entidad demandada apelante, como bien lo hicieron al aportar la constancia expedida por el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D.C., medio de prueba respecto del cual, cabe advertir que le genera credibilidad a la Sala para entender configurado el daño objeto de la demanda.

11.6. Ciertamente, la señalada constancia sobre el tiempo en el que el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo se encontró retenido, fue suscrita por la secretaria del referido despacho que adelantó en primera instancia el proceso penal identificado con el Nº 1999-0270, a la luz de su expediente, funcionaria facultada para dar veracidad sobre los sucesos que acontecieron al interior del mismo, de modo que con observancia de aquélla función, es factible inferir que en ese expediente obraron los elementos de convicción necesarios para que la servidora mencionada diera fe sobre la efectiva detención del actor, medio probatorio que no solo no fue desvirtuado por otros elementos de prueba, sino que se encuentra también soportado por las providencias penales que se aportaron al plenario, y de cuyo contenido igualmente se puede deducir la configuración de la señalada privación de la libertad.

11.7. Por consiguiente, se encuentra debidamente acreditada la detención que soportó el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, desde el 16 de marzo de 1999, momento en el que fue capturado, hasta el 31 de julio de 2001, día en el que recobró su libertad, comoquiera que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. le otorgó el beneficio de libertad provisional. Por consiguiente, el aducido actor estuvo recluido por un lapso de 2 años, 4 meses y 15 días.

11.8. Adicionalmente, se encuentra probado que el 6 de mayo de 1999, se le sustituyó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por una medida de detención domiciliaria, lo que fue reseñado en las providencias aportadas al plenario, y que tiene respaldo en el hecho de que en la decisión en virtud de la cual se le profirió resolución acusatoria, se señaló que el encontrarse detenido en su lugar de residencia no era incompatible con que se le concediera permiso para trabajar —ver párrafos 9.2 y 9.4 a 9.5—.

11.9. Por su parte, también se demostró que dicha medida de detención domiciliaria fue nuevamente modificada mediante sentencia del 7 de mayo de 2001, providencia en la cual se ordenó que se le capturara en su lugar de residencia en el que estaba retenido, para que se le internara a la cárcel del circuito judicial de Guaduas, Cundinamarca, último lugar en el que se puede aducir que continuó con su privación de la libertad en consideración a que no se aportaron otros medios de prueba que contrariaran lo ordenado en dicho fallo, hasta el 31 de julio de la misma anualidad, momento en el que se le otorgó la libertad provisional —ver párrafos 9.6 a 9.7—.

12. En cuanto a la imputación del daño señalado, se advierte que el régimen de responsabilidad aplicado a los casos de privación injusta de la libertad se constituye generalmente a partir del contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual disponía:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

12.1. En interpretación de dicho artículo, esta corporación ha señalado que al Estado le puede llegar a asistir responsabilidad patrimonial con ocasión de la privación injusta de la libertad de una persona, cuando su proceso judicial penal culmina con una decisión favorable a su inocencia, derivada de que (i) se hubiese determinado que el hecho objeto de investigación no existió; (ii) que éste no era un delito, o (iii) que el investigado no fue el autor de la conducta punible objeto de pesquisa, casos en los que al damnificado con esa retención no le es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla del servicio, sino que le basta con acreditar que se le generó un daño que se desprende de dicha medida privativa de la libertad. De esta manera, se ha considerado que en los casos anteriormente descritos, se está ante una responsabilidad patrimonial del Estado cuya imputación se analiza desde una perspectiva objetiva. En este sentido, se ha advertido:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(18), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(19).

12.2. Igualmente, se ha señalado que el anterior criterio de imputación objetivo de responsabilidad patrimonial del Estado, rige y es aplicable a pesar de que el conflicto que se resuelva se rija por las leyes 270 de 1996 y 600 del 2000, último compendió de normas cuyo artículo 535(20) derogó expresamente el Decreto 2700 de 1991.

12.3. Al respecto, a pesar de que el demandante Rincón Galindo fue privado de la libertad una vez entró vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, según el cual “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”, se advierte que ello no es óbice para abordar la responsabilidad del Estado con fundamento en el criterio de responsabilidad objetivo señalado. Sobre la materia, se debe tener en cuenta que al revisar el proyecto de la ley estatutaria en comento, la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996(21) condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (…).

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

12.4. No obstante de conformidad con la anterior interpretación, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló que dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución Política para derivar el derecho a la reparación en forma objetiva. De esta manera, se insistió que cuando el Estado, en el despliegue de una actuación legítima, causa un daño antijurídico, es decir, aquél que el administrado no está en el deber jurídico de soportar, lo que evidentemente ocurre en los sucesos en que una persona es privada de la libertad a pesar de no haber cometido un hecho punible —situaciones que se equiparan a los eventos que refería el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991—, la imputación de ese daño se puede verificar en forma objetiva, esto es, sin que sea indispensable que la entidad hubiese incurrido en una falla del servicio o en una actuación ilegal(22).

12.5. Igualmente, la jurisprudencia de esta corporación ha indicado que las hipótesis de responsabilidad objetiva establecidas en el Decreto 2700 de 1991, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, puesto que, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión. Al respecto, a partir de una sentencia de unificación en ese sentido, se ha referido:

Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del CPP de 1991 (D.L. 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación(23).

En consecuencia, la Subsección no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.

Es decir, cuando se absuelve al procesado porque el hecho no existió, no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso(24).

12.6. Además de los tres eventos previstos en el artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, consideró que también debía aplicarse un régimen de responsabilidad objetivo en los casos en los que el sindicado es absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, es decir, cuando las pruebas dentro del proceso penal no generan en el juzgador una certeza más allá de toda duda razonable respecto de la configuración de la conducta típica, antijurídica y culpable. Al respecto se ha dicho:

15.3. Lo anterior también resulta extendible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en estos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra.

15.4. En suma, también se le habrá causado un daño especial a la persona privada de su libertad de forma preventiva y que posteriormente fue absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño fue con la finalidad de alcanzar un beneficio para la colectividad, interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias, y que con todo esto, únicamente se afectó de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, se ocasiona con esto una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, lo que indica que esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en armonía con el artículo 90 constitucional. Para llegar a tal afirmación, esta corporación, en sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013(25), realizó el siguiente cuestionamiento:

¿Podrá sostenerse entonces que ese individuo está en el deber jurídico de sacrificar su libertad o, lo que es lo mismo, de soportar la privación de su libertad, única y exclusivamente para que la sociedad pueda beneficiarse de la observancia y de la aplicación de las normas penales que regulan esa clase de procesos? ¿A qué quedaría entonces reducido el valor de la libertad, aquél que justifica y explica la existencia(26) misma de la Constitución Política y que a la vez constituye uno de sus principales cometidos y fines esenciales —como que la limitación al ejercicio del poder público sólo cobra sentido en función de asegurar la efectividad real de la libertad de los asociados—? ¿Acaso pasaría de constituir un propósito esencial —fin esencial— para convertirse en un simple medio que facilite la existencia de la sociedad y la convivencia en comunidad, de tal manera que los individuos tuvieren el deber de soportar su privación y su sacrificio en aras de facilitar la consecución de ese nuevo fin?(27).

12.7. De acuerdo con estos lineamientos y contrario a lo que sostuvo la Nación-Fiscalía General de la Nación, si el caso bajo estudio coincide con las circunstancias analizadas, puede llegar a surgir la responsabilidad del Estado a pesar de que no se acredite su falla del servicio o la configuración de un incumplimiento en el contenido obligacional asignado a su cargo, incluso no obstante se hubiera (i) cumplido con las disposiciones legales que regían la materia; (ii) contado con los elementos probatorios que indicaran que el accionante participó en la comisión de los punibles objeto de la pesquisa, o (iii) aplicado el principio in dubio pro reo para su exoneración penal.

12.8. Lo anterior, siempre y cuando la privación de la libertad no se derive en su totalidad de una causa extraña, tal como ocurre cuando se configura la culpa exclusiva de la víctima.

12.9. En el caso concreto, la Sala advierte que en el presente asunto, luego de que el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo fue capturado, la Fiscalía General de la Nación, mediante providencia del 23 de marzo de 1999, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, comoquiera que estimó que se trataba del probable autor material de las conductas punibles de doble falsedad ideológica en documento público, en concurso con doble falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos. Lo anterior, por cuanto encontró que unas fichas manuales de control interno de expedientes que reposaban en la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional, las cuales consideró que se trataban de documentos públicos, contenían información falsa sobre dos procesos cuyos expedientes no fue posible hallar, y a partir de un estudio técnico de la letra registrada en tales tarjetas, logró determinar que su autor era el referido accionante, quien para esa época se despeñaba como auxiliar judicial de la dependencia aludida —ver párrafos 9.2 a 9.3.3—.

12.10. Asimismo, está probado que posteriormente, la medida de detención preventiva en comento se sustituyó por una medida de detención domiciliaria, y por medio de la decisión del 13 de julio de 1999, la fiscalía profirió resolución de acusación en contra del demandante señalado, pero solamente en relación con la doble falsedad ideológica en documento público, puesto que respecto de los otros delitos homogéneos de falsedad, advirtió que se debía declarar la nulidad de todo lo actuado incluso hasta antes de que se decidiera la situación jurídica del procesado, habida consideración de que se le presentaron medios probatorios con fundamento en los cuales se podía colegir que los expedientes a los que hacían referencia las fichas falseadas no existieron, o nunca llegaron a la unidad de fiscalías delegada. En consecuencia, únicamente dio lugar a que se iniciara el proceso jurisdiccional respecto del hecho punible aducido, momento en el que insistió que las fichas de control eran documentos públicos que se probó que fueron diligenciados con información falaz por parte del señor Rincón Galindo, con fundamento en lo cual dispuso que se mantuviera la medida de restricción que pesaba sobre él —ver párrafos 9.4 a 9.5.5—.

12.11. De otra parte, también se demostró que en la primera instancia del proceso jurisdiccional, mediante sentencia del 7 de mayo de 2001, de manera similar a lo estimado por el órgano investigador, el operador judicial condenó penalmente al señor Rincón Galindo, toda vez que también infirió que las tarjetas de control escritas a mano se trataban de documentos públicos, y encontró que la mayoría de las pruebas técnicas daban a entender que aquél era su autor, por lo que ordenó que dicho accionante continuara pagando la pena que se le fijó en un establecimiento carcelario —ver párrafos 9.6 a 9.6.3—.

12.12. Sin embargo, en segunda instancia, por medio de la sentencia del 28 de octubre de 2003, la cual cobró ejecutoria el 10 de diciembre del año aludido, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. revocó la decisión aludida, puesto que principalmente, advirtió que las fichas manuales de control interno de expedientes que el secretario de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional ordenó que se hicieran, no consistían en documentos públicos, en la medida en que (i) no eran relacionadas por funcionarios de la unidad con la facultad para crear esa clase de documentos, y (ii) no se encontraban previstas por el ordenamiento jurídico para garantizar el despliegue adecuado de la función de la entidad, sino que su única finalidad era un control más ágil y eficiente de los expedientes que llegaban a dicha dependencia, sin perjuicio de que en ciertas ocasiones se les hubiesen empleado cuando el sistema de información oficial fallaba o para dar información a quienes pretendían buscar información sobre expedientes, punto en el que reiteró que precisamente, a pesar de ello, no se podía considerar que esas tarjetas remplazaran la verdadera base de datos pública u oficial.

12.13. Adicionalmente, de manera subsidiaria aseveró que en caso de que se entendiera que ello no era así, las pruebas obrantes en ese plenario no eran concluyentes en individualizar al señor Rincón Galindo como el autor de las fichas que contenían la información no veraz, por cuanto uno de los dictámenes periciales practicados señaló que él no escribió lo consignado en dichas tarjetas, de manera que se tenía una duda razonable que al no poder ser disipada con otros medios de prueba, debía ser resuelta a su favor —ver párrafos 9.8 a 9.8.2—.

12.14. Así las cosas, se considera posible imputar la privación de la libertad del señor Héctor Ricardo Rincón Galindo al aparato estatal, toda vez que no cabe duda de que se le absolvió de responsabilidad penal debido a que se consideró que el hecho objeto de investigación no era un delito, dado que se estimó que los documentos que contenían falacias no tenían carácter público, lo que coincide con uno de los eventos que en su tiempo fueron previstos por el artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, y que actualmente se identifican con casos en los que procede la atribución objetiva de la privación injusta para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado —ver párrafos 12.2 a 12.4—.

12.15. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el fundamento de la señalada decisión absolutoria no fue la aplicación del principio in dubio pro reo, sino que éste únicamente se invocó en gracia de discusión como un argumento adicional en virtud del cual también habría procedido exculpar al demandante Rincón Galindo, argumento que en todo caso, como se analizó, igualmente permitiría que el daño objeto de la demanda fuera atribuido de manera objetiva a los entes demandados —ver párrafo 12.5—.

12.16. Por su parte, es preciso señalar que la responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes es imputable tanto a la Nación-Fiscalía General de la Nación como a la Nación-Rama Judicial, pues fue en virtud de las actuaciones de dichos organismos, al decretar la medida de aseguramiento de detención preventiva y luego domiciliaria, al proferir la resolución de acusación, y al dictar la sentencia condenatoria de primera instancia, que el afectado directo se vio injustamente privado de la libertad.

12.17. A pesar de que la Nación-Fiscalía General de la Nación argumentó que la privación de la libertad del señor Rincón Galindo no le era atribuible, en tanto simplemente se limitó a cumplir con los deberes que constitucional y legalmente le fueron asignados, labores en las que no cometió irregularidad alguna que pueda ser reputada como una falla en la prestación del servicio, máxime cuando contaba con las pruebas para adoptar la decisiones que profirió, es evidente que debe radicarse en su cabeza la obligación de resarcir a la parte demandante, habida consideración de que dicha detención legalmente impuesta fue injusta.

12.18. En efecto, al proferirse la sentencia absolutoria a favor del accionante en comento, la cual quedó en firme, se demostró que éste no tenía el deber jurídico de soportar la grave restricción de sus derechos que comportó el haberse encontrado detenido por el término de un poco más de dos años, comoquiera que la conducta por la que se le investigó no constituía el delito por el que se le acusó y condenó en primera instancia, circunstancia en la que se fundamenta la obligación de las entidades aludidas de reparar de manera objetiva los daños ocasionados al privado de la libertad y a su familia.

12.19. Finalmente, cabe tener en cuenta que la Nación-Fiscalía General de la Nación argumentó que en la decisión impugnada de primera instancia en el presente asunto no se realizó un verdadero estudio de la causa extraña consistente en la culpa exclusiva de la víctima.

12.20. Sobre la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima, esta corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales ha sido ésta la que con su conducta induce a error a la administración, con lo que provoca que se inicie la investigación penal y que se le imponga la medida de aseguramiento en su contra.

12.21. Cabe anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima, esto es, la actuación dolosa o gravemente culposa de la persona privada injustamente de su libertad, fue determinante para la producción de este daño, es decir, si fue o no su causa adecuada(28), se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad, pero de ningún modo implican un juicio sobre lo bien o mal fundado de la actuación de la autoridad que haya dispuesto la captura o la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

12.22. En efecto, al margen de que la actuación de la víctima fuera o no de aquéllas que dan lugar a la captura; o constituyera o no un indicio de responsabilidad que, de acuerdo con la normativa penal, habilitara proferir medida de aseguramiento -análisis propios del régimen de responsabilidad subjetivo, esto es, el fundado en la falla del servicio-, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta, dolosa o gravemente culposa desde la perspectiva civil, haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido, estudio que puede ser adelantado sin que ello signifique que, al mismo tiempo, se esté valorando si la autoridad penal correspondiente actuó correctamente o no a la hora de tener en cuenta dicha conducta para efectos de ordenar la privación de la libertad.

12.23. En el sub judice, la Sala considera que las integrantes de la parte pasiva del litigio no demostraron la culpa de la víctima, de modo que incumplieron con la carga probatoria de acreditar el hecho que le servía de fundamento a la excepción que podía redundar a su favor, por lo que la misma no se puede tener por configurada y por consiguiente —ver nota 12—, no se rompe el nexo causal entre la privación de la libertad demandada y sus actuaciones.

12.24. Contrario a lo aducido por la entidad apelante, se debe precisar que el hecho de que el señor Rincón Galindo hubiese sido absuelto de responsabilidad penal en virtud del principio in dubio pro reo, no es suficiente para entender configurada la causa extraña aducida, puesto que (i) conviene recordar que la aplicación del principio en comento no se constituyó en la razón primordial por la cual se exoneró al demandante aludido, de modo que dicho argumento desde un principio carecería de fundamento, pero (ii) en caso de que ello fuese así, no se debe perder de vista que la mera existencia de una duda que en penal se absuelve a favor del procesado, por lo general no ofrece mayor luz en el proceso de responsabilidad patrimonial para determinar que la privación de la libertad se desprendió de una actuación dolosa o gravemente culposa de quien fue detenido, causal de exoneración que la parte demandada tiene la carga de probar fehacientemente so pena de que se considere que la misma no resulta procedente y por lo tanto, que no se puedan denegar las pretensiones a su favor, carga probatoria que en el presente asunto no se cumplió por las integrantes de la parte pasiva del litigio.

12.25. Efectivamente, la Nación a través de sus entidades demandadas, omitió desplegar adecuadamente su labor probatoria, puesto que no aportó prueba alguna con fundamento en la cual se pudiera argüir que el daño objeto de la demanda se derivó de la conducta sumamente negligente y voluntaria de la propia víctima, de manera que no resulta factible tener por acreditada esa causa extraña y exonerar de responsabilidad patrimonial a la entidad que impugnó el fallo de primera instancia, conclusión que se puede aducir de cualquier otra causa extraña que se pudiera invocar.

13. En consecuencia, debido a que el menoscabo demandado, consistente en la privación injusta de la libertad del señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, le resulta plenamente imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial, se impone confirmar el sentido condenatorio de la sentencia proferida en primera instancia y en consecuencia, se procederá a verificar los perjuicios demandados que partir de ello se les hubiese ocasionado a los actores y sus correspondientes indemnizaciones, a la luz de lo expuesto en los recursos de apelación interpuestos.

V. Liquidación de perjuicios.

14. De manera previa a abordar el resarcimiento de los perjuicios solicitados en la demanda respecto de los cuales la parte demandante solicitó su rectificación en su medio de impugnación, conviene abordar, con fundamento en el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Fiscalía General de la Nación, la repartición de la condena que se llegué a determinar entre las entidades que se procede a condenar, las cuales tienen un patrimonio autónomo.

14.1. Se debe recordar que la Fiscalía General de la Nación adujo que no resultaba equitativo que ella tuviese que asumir el 70% de la indemnización de los perjuicios derivada de la privación injusta de la libertad soportada por el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, mientras que la Rama Judicial únicamente le correspondiera pagar el 30% restante, cuando dicha detención únicamente se prolongó a su disposición por el término aproximado de 4 meses.

14.2. Sobre dicho aspecto, cabe señalar que a la entidad apelante le asiste razón al afirmar que el hecho de que ella deba resarcir un porcentaje cercano al 100% de los detrimentos soportados por los accionantes no se compadece con la realidad de lo sucedido, comoquiera que a simple vista, se puede colegir que la mayor parte del tiempo en el que el demandante Rincón Galindo estuvo retenido, en principio y materialmente, se constituyó en el lapso en que estuvo a disposición de la Rama judicial.

14.3. Por lo anterior, la Sala considera procedente verificar los porcentajes en que cada una de las entidades demandadas tendrán que asumir la condena que se procede a fijar, de tal forma que los mismos consulten la realidad del tiempo en que el demandante estuvo privado de la libertad injustamente a disposición o con ocasión de la actuación de cada una de ellas.

14.4. Para el efecto, se equiparará la totalidad del tiempo en que el actor en comento estuvo retenido, el cual asciende a 28.5 meses, con el 100% de la condena que se propende por establecer, porcentaje del cual a la Nación-Fiscalía General de la Nación se le condenará por los meses en que dicho accionante estuvo a su disposición durante la investigación, y por la mitad del lapso de alrededor de 1 año y 9 meses en que estuvo detenido a órdenes del Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D.C.

14.5. Lo anterior, debido a que (i) en ese término de detención ante el juzgado indudablemente incidió el hecho de que el ente investigador competente hubiese proferido una resolución de acusación para que se iniciara el proceso jurisdiccional pertinente, pese a que pudo precluir la investigación y hacer cesar el daño antijurídico soportado por el actor aludido, y (ii) a que no se observa que la Rama Judicial hubiese sido negligente en cuanto al tiempo en que el operador judicial de primera instancia se tardó en tomar la decisión correspondiente, máxime cuando de las providencias obrantes en este asunto contencioso se puede inferir que ese proceso tenía varias pruebas a ser valoradas, en especial dictámenes periciales, de los cuales no se sabe si se practicaron únicamente en sede de investigación o también se efectuaron durante el trámite del proceso penal.

14.6. Por su parte, a la Nación-Rama Judicial le corresponderá pagar el porcentaje que sobre del porcentaje que se determine a la luz de los anteriores parámetros en cabeza de la Nación-Fiscalía General de la Nación.

14.7. En consecuencia, a la Nación-Fiscalía General de la Nación le corresponderá indemnizar con su patrimonio el 51% de la condena que se va a imponer, mientras que a Nación-Rama Judicial le corresponderá asumir el 49% restante.

14.8. En este punto conviene advertir que la precisión realizada en la sentencia de primera instancia, relacionada con que no se puede aseverar que en el presente asunto surgió la solidaridad entre las entidades demandadas, puesto que cada una de ellas actuó por aparte y es autónoma e independiente, de lo que se seguiría que a la parte demandante, para obtener la totalidad de la condena, le tocaría acudir ante las dos entidades por separado para obtener sus porcentajes correspondientes, no tiene asidero alguno y por el contario, se constituye en una vulneración de los derechos de los accionantes, precisión que no debió ser formulada y que será modificada en este fallo dado que los actores apelaron directamente la condena.

14.9. Al respecto, se debe comenzar por aclarar que en responsabilidad extracontractual, la solidaridad se encuentra legalmente establecida en el artículo del 2344(29) del Código Civil, figura que opera en virtud de la ley, y que sólo puede ser inaplicada(30) cuando el acreedor renuncia a ella.

14.10. De esta manera, no le era dable al Tribunal de primera instancia aseverar que la solidaridad no se configuraba entre las entidades condenadas por el simple hecho de que ambas, al causar el daño, desplegaron sus actuaciones separadamente, habida cuenta de que a nivel legal se estableció que si dos o más personas ocasionan un menoscabo y son declaradas responsables, cada una debe asumir la totalidad de la obligación indemnizatoria, sin perjuicio de que luego pueda repetir el pago que realice contra sus codeudores solidarios, de conformidad con el porcentaje de participación que cada uno tuvo en la producción del detrimento.

14.11. En este punto, conviene señalar que la postura equivocadamente esbozada por el Tribunal, equivaldría a sostener que en el caso de que no se hubiese demandado a una de las entidades que se procede a condenar, la parte demandante sólo habría podido percibir la indemnización de su daño en el porcentaje en el que el órgano que trajo a a la litis lo hubiese causado, con lo que irreflexivamente se vulneraría su derecho a recibir la indemnización integral de su daño, consideración que igualmente iría, sin justificación alguna, en contravía de los paradigmas que en la actualidad generalmente rigen la responsabilidad patrimonial, esto es, las reglas del todo o nada y de la indivisibilidad de la imputación(31).

14.12. Ahora bien, se debe tener en cuenta que la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial constituyen la rama del poder público encargada de la función pública esencial de administración de justicia, la cual ejecutan en nombre de la Nación(32), entidades que hacen parte de ésta persona jurídica de derecho público(33) y por consiguiente, no tienen personería, sino que se organizan en virtud del principio de desconcentración(34).

14.13. Teniendo en cuenta lo expuesto, no obstante esta Subsección ha estimado que no se puede invocar expresamente la solidaridad legalmente establecida respecto de entes que hacen parte de una persona jurídica, puesto que ese instituto fue regulado para aplicar a quienes son personas u ostentan personalidad, lo cierto es que los efectos de esa disposición se han extendido a casos como el del sub judice, precisamente para efectos de que los demandantes no vean menoscabada su derecho a percibir una indemnización integral(35).

14.14. En consecuencia, a diferencia de lo establecido por el Tribunal a quo, se advierte que para el momento en que la parte demandante pretenda hacer efectiva la condena, puede solicitar la totalidad de su pago a cualquiera de las entidades cuya responsabilidad se declara en la presente decisión, sin perjuicio de que entre ellas, posteriormente, se restituyan de acuerdo con el porcentaje de su participación en el daño demandado.

15. Una vez precisado lo anterior, se observa que en la demanda, los accionantes solicitaron como resarcimiento por sus perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad del señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, el equivalente a 100 smmlv a favor de cada uno de los demandantes.

15.1. Por su parte, en la sentencia de primera instancia, se reconoció dicho resarcimiento a favor del señalado privado de la libertad en el equivalente a 50 smmlv, a favor de Gladys Fetecua Cubillos, Kevin Ricardo Rincón Fetecua, Claric Lorena Rincón Fetecua, Luis Daniel Rincón Fetecua y Dora Cecilia Galindo, en el equivalente a 25 smmlv para cada uno, y a favor de Rafael Eusebio Bonilla, Juan Antonio Galindo, Nelly Rubiela Galindo, Carlos Alberto Bonilla Galindo, Omar Leonardo Bonilla Galindo y Jhon Jairo Bonilla Galindo, en el equivalente a 12 smmlv para cada uno, montos de indemnización que el Tribunal de primera instancia fijó a su buen arbitrio.

15.2. Asimismo, en dicha decisión se denegó la indemnización de los perjuicios morales deprecados por María Jesús Galindo, Fanny Cruz Galindo, Ofelia Cruz Galindo, Julio César Cruz Galindo y Clara Inés Cruz Galindo, en consideración a que se estimó que si bien acreditaron su relación de parentesco con la víctima directa del daño, no demostraron adecuadamente su dolor.

15.3. Al respecto, la Sala precisa que en cuanto a la prueba de los perjuicios morales, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que en casos de detención en establecimientos carcelarios, se deduce el dolor moral, la angustia y la aflicción de la víctima directa del daño por la privación de la libertad(36), de la misma manera que se infiere dicho dolor respecto de sus seres queridos y más allegados —cónyuge, compañero permanente y hasta el segundo grado de consanguinidad—, conforme a las reglas de la experiencia(37).

15.4. Igualmente, se debe tener en cuenta que la Sala Plena de la Sección Tercera, no obstante recordó que queda al prudente juicio del juez determinar el monto de la indemnización pertinente del perjuicio referido de conformidad con las circunstancias propias de cada caso(38), unificó los criterios de las subsecciones al concluir que el dolor de los padres, del cónyuge o compañero permanente, y de los hijos del privado de la libertad se equiparan al padecimiento que éste siente por tal situación, motivo por el cual el resarcimiento reconocido en principio debería ser igual o semejante, y a su vez sugirió ciertos parámetros fundamentados en el tiempo de reclusión, con el fin de establecer de manera objetiva —en la medida de lo posible— un criterio que garantizara los principios de reparación integral, igualdad material y dignidad humana. En este sentido, señaló:

De otro lado, según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(39); en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(40), al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(41).

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se unifica, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto.

(…) Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa –se insiste– y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados(42).

15.5. La anterior postura fue recientemente ratificada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en la que a su vez se incluyó el porcentaje de indemnización que en principio deberían recibir parientes más lejanos y allegados del privado injustamente de la libertad, en los siguientes términos:

  1. La anterior postura fue recientemente ratificada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en la que a su vez se incluyó el porcentaje de indemnización que en principio deberían recibir parientes más lejanos y allegados del privado injustamente de la libertad, en los siguientes términos:
 

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —radicación 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

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Así pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parámetros para cuantificar la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el período de privación de tal Derecho Fundamental y el nivel de afectación, esto es de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y aquellos que acuden a la Justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, según el gráfico antes descrito(43).

15.6. Con observancia de que en el caso concreto está probado que el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo estuvo privado de la libertad por el largo período de 2 años, 4 meses y 15 días, entre el 16 de marzo de 1999 y el 31 de julio de 2001, es factible avizorar que los montos de indemnización deben variar conforme a las reglas precedentemente reseñadas.

15.7. De esta manera, teniendo en cuenta de que el privado injustamente de la libertad, Héctor Ricardo Rincón Galindo, es hijo de Dora Cecilia Galindo, fue cónyuge de Gladys Fetecua Cubillos, con quien procrearon a Kevin Ricardo Rincón Fetecua, Claric Lorena Rincón Fetecua, y Luis Daniel Rincón Fetecua (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de matrimonio correspondientes; fl. 10, 13, 14, 16, 22 del cdno. pbas. 2), se puede colegir que a todos los demandantes aducidos se les causó el perjuicio moral en estudio —al privado de la libertad y a su madre, a su cónyuge y a sus hijos—, el que adicionalmente tiene respaldo probatorio en varias declaraciones rendidas en el proceso (testimonios de los señores William Alfonso Contreras Flórez, Jorge Hernán Molina Luna, Tránsito Martínez García, Melco Fidel Vera Vera, María Eugenia Acevedo Franco, Eugenio Pardo Martínez, Miguel Gilberto Moreno y Pedro Eralfo Forero Martínez, quienes afirmaron ser vecinos y amigos del privado de la libertad y de los demás miembros de su familia; folios 39-62, cdno. pbas. 1) y en consecuencia, a partir de los vínculos indicados y de los parámetros sentados por la Sala Plena de la Sección Tercera, se impone incrementar el monto de la reparación de su referida afectación, en el equivalente a 100 smmlv para cada uno.

15.8. De otra parte, se debe señalar que si bien el actor Rafael Eusebio Bonilla no es el padre biológico del señor Héctor Ricardo Rincón Galindo, lo cierto es que su relación con éste no es la de un mero tercero —como se podría entender que fue individualizado en la sentencia de primera instancia, al otorgársele una indemnización inferior a la que se le concedió a la madre y demás miembros del núcleo familiar del privado de la libertad—, sino que obró como su padre de crianza o “padrastro”, de lo que dieron fe la totalidad de los testigos traídos al proceso —quienes afirmaron ser amigos o vecinos del privado de la libertad o de los demás miembros de su familia—(44), figura paterna que se puede deducir que dicho demandante asumió cuando Héctor tenía alrededor de 4 años de edad, puesto que éste nació en el año 1971, y su hermano Carlos Alberto Bonilla Galindo, el primero de los tres hijos que tuvieron Rafael Eusebio Bonilla y la madre del detenido Dora Cecilia Galindo, nació en el año 1975 (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento; fl. 13, 18, cdno. pbas. 2).

15.9. Por consiguiente, a la Sala no le parece equitativo que al referido demandante se le indemnice el perjuicio moral que se puede inferir que soportó, el que además está acreditado en los testimonios señalados, por debajo de la indemnización que deben recibir los demás miembros del núcleo familiar más cercano del injustamente retenido y por ende, se elevará la reparación de su sufrimiento y congoja a la suma equivalente a 100 smmlv(45).

15.10. Adicionalmente, se debe aclarar que frente al deceso de la señora Gladys Fetecua Cubillos, acaecido durante el trámite del presente proceso el 3 de noviembre de 2006 (copia auténtica del registro civil de defunción de la señora Gladys Fetecua Cubillos; fl. 139, cdno. 2), al Tribunal a quo le asistió razón al señalar que la indemnización de su perjuicio moral derivado de la privación de la libertad de quien fue el padre de sus hijos, su compañero permanente y luego su cónyuge, debe ser destinada a su sucesión, como ante hechos similares y en pasadas ocasiones lo ha considerado esta corporación(46).

15.11. Por su parte, igualmente se encuentra demostrado que Héctor Ricardo Rincón Galindo es hermano de los demandantes Juan Antonio Galindo, Nelly Rubiela Galindo, Carlos Alberto Bonilla Galindo, Omar Leonardo Bonilla Galindo y Jhon Jairo Bonilla Galindo (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento respectivos; fl. 15, 17-20, cdno. pbas. 2), de modo que su perjuicio moral también puede ser inferido a partir de su relación de parentesco, el que a su vez fue acreditado por los testimonios referenciados, de tal forma que de conformidad con los parámetros sentados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, se debe aumentar su resarcimiento a la suma equivalente a 50 smmlv a favor de cada uno.

15.12. Finalmente, en cuanto a la denegatoria de la reparación del perjuicio moral de los demandantes que se presentaron como tíos del injustamente privado de la libertad, se advierte que a la parte demandante no le asistió razón en su recurso de apelación al señalar que la sentencia impugnada debía ser complementada para reconocer una reparación a su favor, como si el Tribunal de primera instancia no se hubiese pronunciado frente a sus pretensiones o dejado de resolver uno de los extremos del litigio —figura prevista en el artículo 311(47) del Código de Procedimiento Civil—, toda vez que en realidad, dicho Tribunal sí resolvió respecto de aquéllas expresa y fundadamente, para denegarlas.

15.13. Sin perjuicio de lo anterior, y en una interpretación integral de la petición de los actores de que el juez de segunda instancia debe reconocer la indemnización aludida, se advierte que si bien no es factible agregar el fallo apelado, sí es posible revocar tal denegatoria para ordenar la reparación de los perjuicios morales invocados.

15.14. Ciertamente se encuentra probado que los señores María Jesús Galindo, Fanny Cruz Galindo, Ofelia Cruz Galindo, Julio César Cruz Galindo y Clara Inés Cruz Galindo, son hermanos de la señora Dora Cecilia Galindo (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento pertinentes; fl. 23-27, cdno. pbas. 2), razón por la que son tíos de Héctor Ricardo Rincón Galindo y, por ende, entre ellos existen sendas relaciones de parentesco del tercer grado de consanguinidad.

15.15. A pesar de que ese vínculo no permite inferir la causación del perjuicio moral deprecado por los demandantes aludidos tal como se advirtió en primera instancia, la Sala observa que en algunos de los testimonios(48) rendidos durante el proceso se hizo alusión a la congoja y al dolor de esos accionantes, de modo que la Sala no encuentra óbice para ordenar su indemnización.

15.16. De esta manera, debido a que se demostró debidamente la cercanía sentimental de los tíos con Héctor Ricardo Rincón Galindo, y que estos sufrieron emocionalmente por su detención injusta, se les reconocerá la indemnización de los perjuicios morales que demandaron en la suma equivalente a 35 smmmlv, para cada uno, máxime cuando no se aportaron elementos de prueba que desvirtúen lo afirmado por los declarantes aludidos al respecto.

16. En lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, en la demanda se pidió la indemnización del daño emergente consistente en los gastos en que incurrió el privado de la libertad y su familia, con ocasión de la defensa judicial de aquél durante el proceso penal. En la sentencia de primera instancia se denegó su indemnización habida cuenta de que se consideró que no se le acreditó apropiadamente. Al respecto, se sostuvo que a pesar de que se hubiese traído al expediente una constancia suscrita por un abogado que aseveró haber representado judicialmente al señor Rincón Galindo durante el trámite aludido, y que por esos servicios recibió la suma de $50 000 000, no se podía desconocer que a ese documento no se le acompañó de otros medios de convicción que acreditaran que dicho abogado realmente fue quien defendió al privado injustamente de la libertad.

16.1. Frente a la anterior conclusión, los accionantes aseveraron en su medio de impugnación que el elemento de prueba señalado no podía ser descartado, en consideración a que fue debidamente decretado y aportado al proceso, más aún cuando se le debió presumir como auténtico, de modo que era posible asegurar que dicha determinación podía constituirse en una vía de hecho o incluso, en un prevaricato por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Asimismo, señalaron que no se les podía exigir que aportaran copia del contrato de prestación de servicios que se celebró con dicho abogado, toda vez que esos negocios jurídicos no siempre se pactan por escrito, y afirmaron que ese profesional no iba mentir en cuanto a lo expuesto, dado que ello le hubiese implicado incurrir en diferentes delitos.

16.2. La Sala se permite recordar que el hecho de que una prueba sea debidamente decretada o allegada a un expediente no implica que su contenido deba tenerse como cierto por el operador judicial. Efectivamente, el ordenamiento jurídico establece que el juez debe valorar los medios de probatorios que se someten a su conocimiento a luz de las reglas de la sana crítica, sin que su juicio se vea sujeto o coaccionado por el solo hecho de que se le ponga de presente un elemento de convicción. En consecuencia, el argumento indicado por los apelantes carece de sentido, y no se atiene a lo dispuesto por la ley en cuanto la valoración de los medios de prueba que debe hacer el juez.

16.3. Una consideración similar se puede predicar del argumento aducido en la apelación, sobre la circunstancia de que el documento en el que obra la constancia suscrita por el abogado José Gabriel García Rueda deba considerarse auténtico, máxime cuando se aportó autenticado por un notario, puesto que de acuerdo con el artículo 252(49) del Código de Procedimiento Civil, la autenticidad únicamente hace alusión a que quien aseveró suscribir el documento es su verdadero autor, y no de que su contenido sea necesariamente verdadero.

16.4. En consecuencia, sin perjuicio de que la constancia de recibo de dinero se encuentre autenticada y haya sido aportada al expediente en cumplimiento de las demás previsiones legales, ello no obligaba a que el Tribunal de primera instancia tuviera que tener por demostrado que dicho abogado efectivamente le prestó sus servicios al señor Rincón Galindo, y que por los mismos éste hubiese recibido los $50 000 000 que los demandantes pretenden que se les indemnice como daño emergente.

16.5. Ciertamente, la autoridad aludida, a su buen arbitrio y bajo su sana crítica, estimó que esa prueba no era suficiente para acreditar las aducidas circunstancias y por consiguiente, luego de valorar y explicar debidamente el fundamento de su raciocinio al respecto, decidió denegar la indemnización del perjuicio de daño emergente. En cuanto a dicha decisión, la Sala se permite señalarle al apoderado de los actores que no la puede referir sin mayor fundamentación como un prevaricato, comoquiera que con ello desconoce que la prueba fue valorada y que en la ley no se cuenta con una forma específica de apreciarla, de modo que se le pide que en futuras ocasiones mida sus aseveraciones en cuanto las intervenciones que realicen otras partes del proceso, como lo fue el juez de primera instancia, puesto que podría estar incurriendo en un tipo penal al aseverar que ellas cometen un delito sin que eso verdaderamente sea así.

16.6. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, conviene precisar que este fallo se aparta del criterio aludido por parte del juez de primera instancia, puesto que se estima que en consideración a que en los procesos judiciales penales necesariamente se requiere de una defensa técnica, la prueba señalada es suficiente para entender que la misma no fue realizada por un abogado de oficio, sino por el referido profesional en derecho.

16.7. Ciertamente, a pesar de que la exigencia efectuada por el Tribunal a quo para dar por acreditado el detrimento aludido resulta razonable, la Sala no lo comparte, toda vez que frente a gastos derivados de la defensa en procesos de judiciales penales, se está frente a dos escenarios, a saber, (i) que la hubiese realizado un abogado de oficio, labor por la cual los demandantes no podrían acceder a la indemnización de un daño emergente debido a que no incurren en gasto alguno, y (ii) que la hubiera desplegado un abogado contratado, trabajo profesional por el cual, de entrada, es factible inferir que le implica un costo a los accionantes.

16.8. Ahora bien, con fundamento en el medio probatorio aportado por los demandantes, se le debe dar mayor peso a la hipótesis de que la defensa del señor Rincón Galindo le implicó un gasto que amerita ser indemnizado, puesto que los actores allegaron dicha prueba para el efecto, la cual no fue desvirtuada de ninguna manera por la parte demandada, y respecto de lo que debe tener en cuenta en las providencias penales aportadas al plenario no se hizo referencia que aquél hubiese sido defendido por un abogado de oficio.

16.9. En consecuencia, se considera factible estimar que el detrimento en comento se encuentra acreditado, no obstante lo cual, el monto de la suma que se señala en la certificación aportada por el señor José Gabriel García Rueda no le genera la suficiente certidumbre a la Sala, puesto que (i) en el plenario no obran otros elementos de prueba que respalden su contenido en cuanto a que los demandantes gastaron la suma de $50.000.000 por la defensa judicial de Héctor Ricardo Rincón Galindo, más allá de cuatro letras de cambio que se aportaron al expediente pero que cuyas cifras juntas no alcanzan ese valor, respecto de las cuales no se puede asegurar con toda certeza que se hubiesen dirigido a costear las erogaciones del proceso penal, y (ii) debido a que esa suma excede con creces las tarifas de honorarios previstas para la época por el Colegio Nacional de Abogados y por el Consejo Superior de la Judicatura.

16.10. Por lo anterior, se accederá al reconocimiento del perjuicio solicitado, pero acudiendo a la remuneración que establecía la primera de las corporaciones mencionadas para los abogados que prestaran sus servicios con ocasión de las etapas instructivas y de juicio adelantadas ante fiscalías seccionales -no se previó respecto de fiscalías delegadas ante el Tribunal Nacional-, ante juzgados de circuito y ante tribunales superiores. Se acudirá, entonces, a la Resolución n.º 1 del 25 de julio del 2000 del Colegio Nacional de Abogados(50), que establecía como honorarios para dichos servicios profesionales, incluyendo entrevistas y consultas, visitas a la cárcel, indagatoria, y otros servicios que se pueden inferir que se le prestaron al demandante a lo largo de toda la investigación y el proceso penal, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, valor que corresponderá al resarcimiento del perjuicio en análisis a favor de Héctor Ricardo Rincón Galindo.

17. En relación con el perjuicio de lucro cesante, si bien en la demanda no se elevó una pretensión concreta al respecto, se le invocó de manera general y se pidió su resarcimiento. Con observancia de lo anterior, en la sentencia de primera instancia se decidió reconocer la indemnización de ese detrimento a favor del privado de la libertad y al momento de fijar su quantum, se coligió que debido a que la parte demandante no acreditó cuánto dinero devengaba el señor Héctor Ricardo Rincón Galindo como auxiliar judicial, el mismo debía calcularse con fundamento en el salario mínimo legal vigente, y se consideró que no era factible limitar dicha indemnización en el tiempo, a pesar de que en el expediente hay constancia de que a partir de la resolución de acusación, a aquél se le dio permiso para trabajar mientras se encontraba en detención domiciliaria.

17.1. En principio, cabe advertir que en consideración a que la reparación del perjuicio en comento no fue apelada por la parte demandante, no es posible realizar consideración alguna para su incremento. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que comoquiera que la Fiscalía General de la Nación impugnó su responsabilidad en el presente asunto, es factible revisar la condena del señalado detrimento de conformidad con la jurisprudencia sentada por la Sala Plena de la Sección Tercera, con el objeto de establecer si resulta factible reducirla a su favor, lo que de manera colateral entraría a beneficiar también a la Rama Judicial —ver párrafos 8 a 8.2 y notas 2 y 6—.

17.2. Teniendo en cuenta lo expuesto, si bien la Sala concuerda con que el monto de dicha indemnización debía estimarse con base en el salario mínimo mensual legal vigente para el momento de dictar sentencia, en la medida en que no se allegaron elementos para determinar el salario del demandante, y decretar una prueba de oficio implicaría desconocer su carga probatoria legalmente establecida, no resulta adecuado que se hubiese ordenado que se le resarciera durante todo el período en que duró la privación injusta de la libertad, puesto que en efecto, se encuentra demostrado que a partir de la decisión del 13 de julio de 1999, el privado de la libertad tuvo permiso para laborar y percibir una remuneración para soportar a su familia, circunstancia que no puede dejar de ser tenida en cuenta por el hecho de que no se hubiese allegado otro medio de prueba en el que se diera fe de que esa situación tuvo efectivamente lugar.

17.3. Así como se estimó al momento de valorar la prueba traída por la parte demandante para determinar la existencia del daño emergente, la providencia en comento, sin necesidad de otras pruebas, resulta suficiente para dar por probado que el retenido laboró durante la mayor parte de su privación de la libertad, y que partir de dicha actividad percibió ingresos que debieron corresponder, al menos, con el salario mínimo legal mensual vigente con fundamento en el cual se reconoció en primera instancia la indemnización del lucro cesante, de tal forma que contrario a lo aseverado por el Tribunal a quo, sí se debe limitar la indemnización del lucro cesante en el tiempo, dado que no hay lugar a resarcir dicho perjuicio a partir de la fecha de la decisión en la cual se le permitió trabajar, esto es, desde el 13 de julio de 1999, dado que la parte demandante no probó que la ejecución de esa orden hubiese entrado a regir días después.

17.4. Cabe resaltar que basta con que en el plenario obre el elemento de convicción referido conforme al cual, el señor Rincón Galindo debió laborar, dado que en caso de que se hubiese presentado alguna eventualidad que para ese momento se lo impidiera y que por ende, no le permitiera recibir un salario, dicha circunstancia le competía probarla a la parte demandante de conformidad con su carga probatoria, lo que no realizó de ninguna manera.

17.5. Sin perjuicio de lo anterior, en consideración a que el señalado permiso para laborar se derivaba de la figura conocida como detención parcial en el lugar de trabajo —ver párrafo 9.5.5—, la cual fue prevista en el artículo 409(51) del Decreto Ley 2700 de 1991 para el cumplimiento de medidas de aseguramiento, a la Sala sí le es posible inferir que el que se le condenara el 7 de mayo de 2001, le implicó un cambio en su situación jurídica que de entrada no le permitía continuar trabajando con base en el aludido permiso. Asimismo, tampoco se puede colegir que siguió trabajando luego de su condena con fundamento en una autorización administrativa, en consideración a que ello no se acreditó y, por el contrario, parece poco probable, habida cuenta que de conformidad con los artículos 86(52) y 148(53) de le Ley 65 de 1993, esa clase de permisos sólo se le pueden conceder al reo que se encuentre en fase de mediana seguridad y se le conceda la libertad preparatoria, instituto para el que aludido actor no reunía los requisitos exigidos por la ley, en la medida en que para ello debía haber cumplido las cuatro quintas partes de la condena privativa de la libertad que se le impuso -38,4 de los 48 meses a los que se le condenó-, y para ese instante sólo tenía como descontada un poco más de la mitad —28,16 de los 48 meses—.

17.6. Es así como la referida limitación en el tiempo de la indemnización del lucro cesante sólo podrá abarcar el período comprendido a partir del 13 de julio de 1999, hasta el 7 de mayo de 2001, fecha en que se profirió la decisión judicial aludida, en consideración a que no se tiene otra fecha en la cual se hubiese cumplido sus órdenes.

17.7. De esta forma, se reliquidará el detrimento en comento a favor de las entidades condenadas, en virtud del recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, únicamente por el tiempo comprendido entre (i) el 16 de marzo de 1999 al 31 de julio de la misma anualidad —4,5 meses—, y (ii) el 7 de mayo de 2001 al 21 de julio del mismo año —última fecha en que recobró su libertad, esto es, por 2,4 meses-, con cimiento en el salario mínimo mensual legal vigente al momento de proferir esta decisión, y sin reconocer el período adicional de 35 semanas —8,75 meses— que corresponde al tiempo en que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, en consideración a que si bien ese lapso que usualmente se indemniza se omitió en la sentencia impugnada, ello no fue materia de la apelación interpuesta por la parte demandante. En consecuencia, el monto de indemnización se determinara de conformidad con la siguiente fórmula:

3647 a
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual, es decir $737.717.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

N = Número de meses que comprende el período indemnizable: 6,9 meses.

sa
 

17.8. La indemnización correspondiente a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Héctor Ricardo Rincón Galindo es de, $5.163.915,03 m/cte.

VI. Costas

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

19. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, el 9 de junio de 2011 y, en su lugar, se dispone:

1. CLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido Héctor Ricardo Rincón Galindo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación a indemnizar a las siguientes personas, de la siguiente manera:

A favor de Héctor Ricardo Rincón Galindo, la sucesión de Gladys Fetecua Galindo, Kevin Ricardo Rincón Fetecua, Claric Lorena Rincón Fetecua, Luis Daniel Rincón Fetecua, Rafael Eusebio Bonilla y la sucesión de Dora Cecilia Galindo, la suma equivalente a 100 smmlv, para cada uno, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Juan Antonio Galindo, Nelly Rubiela Galindo, Carlos Alberto Bonilla Galindo, Omar Leonardo Bonilla Galindo y Jhon Jairo Bonilla Galindo, la suma equivalente a 50 smmlv, para cada uno, por concepto de perjuicios morales.

A favor de María Jesús Galindo, Fanny Cruz Galindo, Ofelia Cruz Galindo, Julio César Cruz Galindo y Clara Inés Cruz Galindo, la suma equivalente a 35 smmlv, para cada uno, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Héctor Ricardo Rincón Galindo, la suma equivalente a 50 smmlv por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, y la suma de cinco millones ciento sesenta y tres mil novecientos quince pesos con tres centavos $5 163 915,03 m/cte.), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

3. La parte demandante puede acudir ante cualquiera de las entidades condenadas para obtener la totalidad de la reparación de sus perjuicios, sin perjuicio de que estas deberán responder entre ellas conforme a lo porcentajes fijados en la parte motiva de la presente providencia.

4. DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

5. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

6. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

8. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 “3.2.2.2. Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admitía excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, en tanto favorecen al apelante único, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito.//3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida. Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente (…)”.Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 En los procesos de responsabilidad extracontractual los integrantes de las partes siempre conforman un litisconsorcio facultativo, puesto que para que se profiera una decisión de fondo no resulta necesario la comparecencia de todos los sujetos que pudieran demandar o resultar demandados, en tanto (i) las obligaciones indemnizatorias que podría surgir entre ellos son autónomas entre sí, y (ii) respecto de los últimos se genera una solidaridad por pasiva, por lo que el extremo activo del litigio tiene la potestad de determinar a su arbitro los integrantes de la parte demandada de los que espera recibir la reparación de los daños. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado: “31. La Federación Nacional de Cafeteros adujo, en el escrito de apelación, que el contradictorio no se integró en debida forma debido a que la demanda también debió dirigirse contra la junta de acción comunal de San Vicente, La Palma y La Esperanza, puesto que ésta ostenta la calidad de litis consorte necesario.//32. La Sala se aparta de la anterior apreciación porque en el evento de que la conducta de la junta de acción comunal también hubiera contribuido a la producción del daño, se estructuraría entre ésta y las demás entidades demandadas una responsabilidad de tipo solidario. (…) 33. La solidaridad faculta al acreedor para demandar —a su arbitrio— a cualquiera de los deudores o a todos ellos de forma conjunta, “sin que le esté dada la facultad al juez de conocimiento de vincular de forma oficiosa o a petición de parte —como demandados principales—, a sujetos no citados por aquella”. Esto significa que los deudores solidarios no ostentan la calidad de litis consortes necesarios porque la presencia de todos ellos dentro del litigio no es indispensable para que el proceso pueda desarrollarse. Desconocer este hecho haría nugatorio uno de los beneficios de la solidaridad, el cual consiste, justamente, en la posibilidad de hacer exigible el cumplimiento de la totalidad de la obligación a una sola persona. (…) 35. En suma, en este caso no era necesaria la vinculación al proceso de la junta de acción comunal de San Vicente, La Palma y La Esperanza por lo que no existe ningún impedimento para resolver sobre la responsabilidad de la Federación Nacional de Cafeteros en la muerte de Basilia Campo Cleves, Carlos Alberto Causayá y José Albán Rojas. Se insiste, el hecho de que la mencionada junta también haya participado en la construcción del puente no es razón válida para predicar su condición de litis consorte necesario, pues como se dijo, si su actuación también contribuyó a la producción del daño la obligación indemnizatoria que surge a su cargo es de carácter solidario. Lo anterior, desde luego no obsta para que en el evento de que sea judicialmente obligada a pagar la totalidad de la indemnización, la Federación pueda subrogarse, por virtud de la solidaridad misma, en todos los derechos que la víctima directa tendría contra los demás responsables de la causación del daño” (resaltado por la Sala). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, exp. 41001-23-31-000-1994-07810-01(27283), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Al respecto, consultar igualmente: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 21 de enero de 2013, exp. 11001-02-03-000-2012-02916-00, M.P. Jesús Vall de Rutén Ruíz.

4 “Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso”.

5 “Cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerá a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos”.

6 Al respecto, se debe tener en cuenta que la Sala Plena de la Sección Tercera consideró que cuando una entidad condenada apela para que se le exonere de la responsabilidad que se le asignó, debe entenderse que dentro de dicha argumentación se encuentra incluida la impugnación de los perjuicios en concreto que le correspondería reparar y su montos respectivos, puesto que resultaría ilógico que dicho ente condenado manifieste que no debe responder en absoluto para contradictoriamente, a renglón seguido, pedir que las indemnizaciones radicadas en su cabeza se reduzcan. De esta forma, en cuanto al alcance de apelación ya referido —ver párrafo 8.1 y nota 3—, precisó: “3.2.2.3.5. Pero no hay ninguna duda de que el interés del recurrente al pretender que se modifique a su favor un aspecto de la sentencia que le es desfavorable, queda en parte satisfecho cuando esa modificación es proporcionalmente menor a lo pretendido, pero en todo caso, favorable a su interés.//Es lo que lo que sucede en los casos en los cuales el recurrente solicita que se revoque el fallo, porque aduce que no es responsable del daño que se le imputa y en segunda instancia se considera que sí es responsable, pero que hay lugar a una reducción de la indemnización, por considerar que la víctima también contribuyó a la causación del daño, o se aprecia que no está demostrado uno o algunos de los daños cuya indemnización se reclama, o que en la liquidación del mismo se incurrió en errores que afectan al apelante único, como ocurrió en el caso concreto.//Es de esperar que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por parte de quien ha sido condenado a pagar una indemnización y pretenda la revocatoria del fallo, se centrarán en las razones por las cuales se pide tal revocatoria, pero que se omitirá toda reflexión relacionada con los aspectos consecuenciales de la sentencia en la cual se accedió a las pretensiones, dado que al revocarse la declaración de responsabilidad, se negarán las pretensiones de la demanda. Sin embargo, la ausencia de razones expuestas por el recurrente no impiden al juez corregir la sentencia apelada, para hacer reducciones por concurrencia de la intervención de la víctima en la causación del daño, o por reconocimientos de daños que no aparecen demostrados en el expediente, o por errores en la liquidación de las indemnizaciones.//3.2.2.3.6. En la lógica más elemental, “el que puede lo más puede lo menos”, lo que en términos jurídicos y en relación con el asunto que aquí se trata significa que si el juez adquiere competencia para resolver un aspecto global de la controversia, por haber sido objeto del recurso, tiene igualmente la atribución para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único.//Lo dicho constituye una reafirmación de la regla general deducida por la Sala, conforme a la cual la competencia del juez de segunda instancia está limitada a los aspectos que señale el recurrente, pero es además, una precisión sobre los límites de esa competencia, que no pueden quedar reducidos únicamente a la revisión de las razones señaladas por el recurrente, con omisión del deber constitucional del juez de aplicar la ley y, en todo caso, de atender el propio interés del apelante, que si bien en principio está dirigido a obtener la satisfacción plena de su pretensión, abarca en todo caso cualquier reforma que le resulte favorable a sus intereses”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio

7 Acta n.° 010 de la sesión celebrada el 25 de abril de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera.

8 [3] Documentos públicos que fueron remitidos a los científicos del CTI, el pasado 17 de marzo, tal como consta en los folios 17 y 19 de c. o. 2, para la realización de nuevas pruebas grafológicas, cuyas fotocopias aparecen a folio 119 ibíd.

9 [4] Nombrado por el Fiscal General Dr. Alfonso Valdivieso Sarmiento, mediante resolución 0-2799, del 20 de diciembre de 1994, tomando posesión del cargo el 18 de enero de 1995, según acta de posesión adjunta (fls. 28 y28 c. o. 2).

10 [5] A la función que involucraba el trámite de las consultas, se refiere el mismo procesado en su indagatoria a folios 8 y 9 del c. o. 2.

11 [6] A partir de esta investigación los radicados deben solicitarse por las unidades satélite, mediante oficio.

12 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.//El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio”.

14 “En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.

15 “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”.

16 “Al respecto es válido señalar que en nuestro ordenamiento jurídico la regla general es la de libertad probatoria, de manera que cuando existen hechos cuyas pruebas deben revestirse de alguna solemnidad especial, ese evento debe estar previsto en la ley, como sucede cuando de probar la propiedad de un bien inmueble se trata. Contrario sensu, en los casos en que la ley no establece requisitos adicionales, los hechos pueden acreditarse a través de cualquier medio probatorio, ello sin desconocer que existen pruebas que cumplen en mayor grado con el requisito de idoneidad, en la medida en que arrojan total certeza sobre el hecho que quiere probarse”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2014, exp. 41001-23-31-000-1991-06105-01(28814), C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. Consultar igualmente: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 22 de septiembre del 2011, exp. 11001-03-24-000-2003-00312-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, exp. 73001-23-31-000-1995-02349-01(15725), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

17 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, exp. 47001-23-31-000-2007-00280-02(37799), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

18 [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, exp: 13.449.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

20 “Derógase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente”.

21 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

23 [3] “Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de octubre 2011, exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.

25 [13] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 23346, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

26 [14] “En los regímenes absolutistas, no democráticos, en los cuales no existe —en el verdadero sentido de su expresión—, libertad para los individuos y en los cuales, por tanto, no existe propósito real de garantizarla de manera efectiva, tampoco existe una verdadera Constitución Política, por elemental sustracción de materia, en la medida en que carecería de sentido limitar el ejercicio del Poder, porque su abuso frente a los individuos no desencadenaría consecuencia alguna para el Estado y, por ello mismo, tampoco se requeriría una separación de poderes porque en esa misma línea dejaría de tener sentido un sistema de pesos y contrapesos que sólo se justifica y se explica en función de la protección de los Derechos de los asociados, amén de que la consagración de una Carta de Derechos en esos escenarios no tendría más propósito que el de cumplir un papel puramente formal y teórico”.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, exp. 2003-02376 (29890), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

28 La doctrina ha referido sobre la teoría de la causalidad adecuada, lo siguiente: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (…)// b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit.(…)// El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (…)// A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?(…)// Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas.// La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento.(…)// d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del íter causal. Como bien lo señala Orgaz “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios.//Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73).// Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74).(…)// En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 22-27.

29 “Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.//Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”.

30 Artículo 1568 del C.C.: “En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.//Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.//La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley”.
Artículo 1571 ibídem: “El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división”.
Artículo 1573 ejusdem: “El acreedor puede renunciar expresa o tácitamente a la solidaridad respecto de unos de los deudores solidarios o respecto de todos.//La renuncia tácitamente en favor de uno de ellos, cuando la ha exigido o reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo así en la demanda o en la carta de pago, sin la reserva especial de la solidaridad, o sin la reserva general de sus derechos.//Pero esta renuncia expresa o tácita no extingue la acción solidaria del acreedor contra los otros deudores, por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad.//Se renuncia la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios, cuando el acreedor consciente en la división de la deuda”.

31 “Finalmente, recordando la finalidad indemnizatoria de la responsabilidad patrimonial y su objetivo de trasladar el daño originado al patrimonio de su causante, se debe destacar que se ha considerado que la causalidad material que informa la imputación de un daño es indivisible, por lo que ésta también lo es, habida cuenta de que se ha estimado que sus conclusiones solamente pueden darse en términos absolutos, es decir, que el daño se imputa en su totalidad o no se imputa (…). Efectivamente, así como en el plano de los hechos únicamente se puede establecer si una circunstancia es o no es causa de una consecuencia, en derecho sólo se puede determinar si esa causa es jurídicamente cierta o incierta o, en otras palabras, si a un sujeto le es o no le es imputable un daño -sin que en esas premisas quepan términos intermedios-, entendimiento de la imputación conocida como la regla del “todo o nada” que como se señaló con anterioridad, exige un nivel máximo de certeza sobre el vínculo causal y según la cual, el daño únicamente puede ser atribuido en su totalidad y no de manera fragmentada (nota n.° 158 del texto en cita: ““Estamos ante la tesis externa o radical que suele denominarse del “todo o nada” (…), porque, afirmada la causalidad, la indemnización es la que corresponde al valor total de la ventaja y, negada, se niega también la indemnización. (…) Se parte de que en la realidad objetiva, la causalidad es o no es, por lo que, en el derecho, sólo cabe afirmarla o negarla enteramente”. Medina Alcoz, La Teoría de la Pérdida de Oportunidad, Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y Privado, 2007, p. 322 y 325”). Es así como se ha señalado que si a un sujeto le es atribuible un detrimento, le corresponde indemnizarlo completamente, puesto que al serle imputable como un todo, le compete repararlo de la misma manera, comprensión de la causalidad que se ha considerado que aportó a que en múltiples ordenamientos jurídicos, incluido el colombiano, específicamente en materia de responsabilidad extracontractual, se hubiese establecido la solidaridad por pasiva de la obligación de indemnizar. Lo anterior, con el objeto de que la víctima del menoscabo tuviera la posibilidad de exigir de cualquiera de sus causantes la totalidad de la indemnización (…) —obligación in solidum (…), solidaridad que en responsabilidad contractual no se constituye en una regla general, dado que depende del tipo de previsión legal que exista para el contrato respectivo (…). En este sentido, la doctrina española, a la luz de normas similares a las existentes en el ordenamiento jurídico colombiano, ha indicado://Esto es lo que los autores franceses denominan regla de la indivisibilidad de la causa y que se supone que el vínculo etiológico, en el plano de la realidad objetiva, es o no es, por lo que, en el plano del Derecho, sólo puede afirmarse o negarse, es decir, tenerse por cierto y demostrado o no por incierto e indemostrado, sin que quepa hablar, estrictamente, de grados, niveles, cupos, porciones, fracciones o cuotas de causalidad (…).//La regla de la indivisibilidad constituye el fundamento teórico de la responsabilidad in solidum de los cocausantes del daño explicitada en los artículos 141 LCP (en relación con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas) y 116.2 CP (al regular las consecuencias resarcitorias de conductas criminales) así como en un buen número de leyes civiles especiales. La conducta de cada uno de los partícipes es causa del daño padecido por lo que, no pudiéndose fragmentar la causalidad natural, todos ellos han de indemnizar a la víctima la totalidad del daño (…). Puede decirse, por tanto, que el principio de la solidaridad pasiva constituye, simplemente, una manifestación de la regla de la indivisibilidad causal, es decir, el resultado de proyectar la exigencia de que la reparación íntegra del daño corra a cargo de quien lo ha causado físicamente (nota 162 del texto en cita: “Medina Alcoz, La Teoría de la Pérdida de Oportunidad, Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y Privado, 2007, p. 244 y 245”). Luis Carlos Plata Prince, “La Naturaleza de la Pérdida de Oportunidad y Su Teoría Jurídica en el Derecho de Daños” —tesis de maestría—, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2016, p. 90 a 92.

32 Artículo 113 de la Constitución Política: “Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.//Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.
Artículo 116 ibídem: “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar”.
Artículo 288 ejusdem: “La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.
Artículo 249 ibídem: “La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.//El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.//La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”.

33 Artículo 80 de la Ley 153 de 1887: “La Nación, los Departamentos, los Municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley, son personas jurídicas”.

34 La doctrina jurídica lo explica de la siguiente manera: “La administración nacional está integrada por el conjunto de personas jurídicas de derecho público del orden nacional, esto es, las que han sido creadas o autorizadas por la Constitución Política o la ley como autoridades nacionales para ejercer sus funciones con competencia en todo el territorio nacional o parte de él. Las personas jurídicas de derecho público del orden nacional son la Nación, las entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios y las entidades autónomas con régimen constitucional y legal propios.//Las Nación es la persona jurídica principal de la organización estatal en la cual se centraliza el conjunto de dependencias que ejercen las funciones públicas esenciales propias del Estado unitario. Desde la Ley 153 de 1887, la Nación es una persona jurídica, de la cual forman parte las siguientes entidades o dependencias que, por lo tanto, no tienen personería jurídica y se organizan en aplicación del principio de descongestión: (…) las entidades que integran la rama judicial del poder público”. Ibáñez Najar, Jorge Enrique. Estudios de Derecho Constitucional y Administrativo, segunda edición. Legis Editores S.A., tercera reimpresión, 2009, Bogotá D.C., Colombia, p. 222, 236-237, 259- 260.

35 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2014, exp. 25000-23-26-000-2001-00998-01(27900), C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12076, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp. 15980, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

38 Con relación al arbitrio judice en materia de la cuantía de los perjuicios morales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de febrero 13 de 2003, exp. 12654, C.P. Alier Hernández y junio 24 de 2004, exp. 14950, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

39 [35] Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, exp. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

40 [36] Cf. Sentencia del 20 de febrero de 2008, exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

41 [37] Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, exp. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 23998 y del 13 de febrero de 2013, exp. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 27289, M.P. Enrique Gil Botero.

42 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. (e) Hernán Andrade Rincón.

44 “PREGUNTADO: Infórmele al despacho si conoce a los señores Rafael Eusebio Bonilla y Dora Cecilia Galindo, en caso afirmativo indique el vínculo que tengan con Héctor Ricardo. CONTESTÓ: Si los conozco la señora es la mamá y el señor el padrastro. PREGUNTADO: Infórmele al despacho si usted sabe en qué o cómo pudo afectar la detención de Héctor Ricardo Rincón Galindo a sus padres tanto moral como económicamente. CONTESTÓ: Claro, moralmente quién no se va a afectar y económicamente porque empezaron a sacar prestada plata yo creo que para los abogados. PREGUNTADO: Infórmele al despacho si usted sabe cómo es o era la relación de Héctor Ricardo Rincón Galindo con sus padres. CONTESTÓ: Bien, ellos son una familia muy unida. (…) Infórmele al despacho si tiene conocimiento, quién asumió los gastos económicos para la manutención de los menores, durante el tiempo que Héctor Ricardo Rincón Galindo estuvo privado de su libertad. CONTESTÓ: Pues ahí la familia y los amigos, el padrastro y sus hermanos”. Testimonio de Jorge Hernán Molina Luna, vecino de Héctor Ricardo Rincón Galindo; obrantes en los folios 42-44 del cuaderno de pruebas 1. De otra parte, otro testigo señaló: “CONTESTÓ: Son los padres de Héctor Ricardo. (…) era una familia muy unida, tenía buena relación, prácticamente Ricardo no tomó al padrastro como tal, sino como papá (…) sí muy duro para los padres, me consta porque la casa paterna queda frente a la de Ricardo y era evidente que estaba afectados por la situación”. Testimonio de Pedro Eralfo Forero Martínez, vecino de Héctor Ricardo Rincón Galindo, obrantes en los folios 47-50 del cuaderno de pruebas 1. Asimismo, otra declarante afirmó: “Si claro, yo los conozco de toda mi vida el señor es el padrastro de él y la señora Cecilia es la madre de él. PREGUNTADO: Infórmele al despacho si sabe cómo se sostenían económicamente los padres de Héctor Ricardo Rincón Galindo. CONTESTÓ: Pues creo que el señor tiene una pequeñita pensión y con eso viven. PREGUNTADO: Infórmele al despacho si usted sabe cómo es o era la relación de Héctor Ricardo Rincón Galindo con sus padres. CONTESTÓ: Muy buena, demasiado buena diría yo, ellos son una familia muy unida (…) PREGUNTADO: Infórmele al despacho si tiene conocimiento quién asumió los gastos económicos para la manutención de los menores. CONTESTÓ: Pues el padrastro de él, los hermanos y lo poquito que podía la esposa, pero como los niños implican tantos gastos”. Testimonio de la señora Tránsito Martínez García, obrante en los folios 44-47 del cuaderno de pruebas 1. En términos similares se pronunciaron los demás testigos, a saber, William Alfonso Contreras Flórez, Melco Fidel Vera Vera, María Eugenia Acevedo Franco, Eugenio Pardo Martínez y Miguel Gilberto Moreno, folios 39-62 obrantes en el cuaderno de pruebas 1.

45 Esta corporación de ha pronunciado varias veces sobre la indemnización equivalente del perjuicio moral entre el padre de crianza y el padre biológico. Al respecto, entre otras, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2013, exp. 41001-23-31-000-1994-07665-01 (22489), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2015, exp. 27001-23-31-000-2007-00003-01(36175), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Igualmente, consultar: Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2013, exp. 25000-23-26-000-2001-01462-01(27519), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

47 “Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.//El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria”.

48 “Una vez enterado del objeto de su declaración sírvase hacer un relato de lo que sepa o le conste. CONTESTÓ: Yo soy testigo de que ese problema les afectó bastante a las tías (…) Ello se perjudicaron bastante, se les veía muy preocupados, llorando, afanados, estresados, así como a las tías, los tíos, la abuelita (…). PREGUNTADO: Infórmele al despacho si conoce a los señores María Jesús Galindo, Fanny Cruz Galindo, Ofelia Cruz Galindo, Julio César Cruz Galindo Y Clara Inés Cruz Galindo. CONTESTÓ: Si los conozco, son los tíos de Ricardo (…) Los tíos, ellos se preocuparon bastante, los que me nombró antes son los tíos (…) PREGUNTADO: Infórmele al juzgado si en esas visitas lo pudo haber visto visitado (sic) también por algunos de sus familiares. CONTESTÓ: Si me consta que los visitaban la esposa, las tías, los hermanos, los familiares constantemente (…). Muy tristes, estresados tanto Ricardo como la familia, llorando por la situación en que se encontraban tanto él como ellos”. Declaración del señor Eugenio Pardo Martínez, amigo y vecino de los accionantes, obrante en los folios 57 a 59 del cuaderno de pruebas 1. Por su parte en otro testimonio se declaró: “Si no estoy mal son los tíos de Héctor Ricardo, los conozco de mucho tiempo atrás, son casi de la misma edad mía. PREGUNTADO: Diga al despacho si usted sabe o le consta a parte de los papás, esposa, hijos y hermanos de Héctor Ricardo, que otras personas se vieron afectadas con la privación de su libertad. CONTESTÓ: Pues los tíos, yo los veía muy preocupados, nosotros vivimos en el mismo sector, ellos cada vez que uno se encontraba con ellos se notaban muy acongojados por la situación en que estaban, ellos quieren mucho a Héctor Ricardo, ese muchacho ha sido muy noble, él fue alumno donde yo trabajaba y nunca tuvo problemas”. Declaración de Miguel Gilberto Camargo Moreno, vecino de los demandantes, obrante en los folios 59-62 del cuaderno de pruebas 1.

49 “Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado”.

50 http://conalbos.com/tarifas.

51 “El sindicado que deba proveer por disposición de la ley a la subsistencia de una o más personas, podrá obtener que su detención se cumpla parcialmente en el lugar de trabajo, o su domicilio siempre que se reúnan las siguientes condiciones://1. Que no tenga en su contra, sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional.//2. Que esté sindicado por un delito cuya pena máxima no exceda de seis años de prisión, y//3. Que no haya eludido su comparecencia en la actuación procesal.//De este beneficio quedan excluidos en todo caso, los sindicados por los delitos de competencia de los jueces regionales.//El beneficiado firmará diligencia de compromiso y prestará caución, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que se le impongan, entre las cuales estará la de regresar al establecimiento carcelario inmediatamente después de que terminen sus labores diurnas o nocturnas.//Esta medida se revocará cuando el beneficiado incumpla cualquiera de las obligaciones que se hubieren impuesto en la diligencia de compromiso”.

52 “(…) Los condenados en la fase de mediana seguridad dentro del sistema progresivo, podrán trabajar organizados en grupos de labores agrícolas o industriales con empresas o personas de reconocida honorabilidad, siempre que colaboren con la seguridad de los internos y con el espíritu de su resocialización”.

53 “En el tratamiento penitenciario, el condenado que no goce de libertad condicional, de acuerdo con las exigencias del sistema progresivo y quien haya descontado las cuatro quintas partes de la pena efectiva, se le podrá conceder la libertad preparatoria para trabajar en fábricas, empresas o con personas de reconocida seriedad y siempre que éstas colaboren con las normas de control establecidas para el efecto.//En los mismos términos se concederá a los condenados que puedan continuar sus estudios profesionales en universidades oficialmente reconocidas.//El trabajo y el estudio solo podrán realizarse durante el día, debiendo el condenado regresar al centro de reclusión para pernoctar en él. Los días sábados, domingos y festivos, permanecerá en el centro de reclusión”.

ACLARACIÓN DE VOTO

De conformidad con el numeral 7 del artículo 33 del Reglamento Interno del Consejo de Estado —Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 35 de 2001—, procedo a consignar las razones por las cuales aclaro mi voto favorable a la decisión de fondo, aprobada por la Sección en el asunto de la referencia.

La Sala modificó la sentencia del 9 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente a las pretensiones. Se resolvió:

12.18. En efecto, al proferirse la sentencia absolutoria a favor del accionante en comento, la cual quedó en firme, se demostró que éste no tenía el deber jurídico de soportar la grave restricción de sus derechos que comportó el haberse encontrado detenido por el término de un poco más de dos años, comoquiera que la conducta por la que se le investigó no constituía el delito por el que se le acusó y condenó en primera instancia, circunstancia en la que se fundamenta la obligación de las entidades aludidas de reparar de manera objetiva los daños ocasionados al privado de la libertad y a su familia.

12.19. Finalmente, cabe tener en cuenta que la Nación-Fiscalía General de la Nación argumentó que en la decisión impugnada de primera instancia en el presente asunto no se realizó un verdadero estudio de la causa extraña consistente en la culpa exclusiva de la víctima.

12.20. Sobre la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima, esta corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales ha sido ésta la que con su conducta induce a error a la administración, con lo que provoca que se inicie la investigación penal y que se le imponga la medida de aseguramiento en su contra.

12.21. Cabe anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima, esto es, la actuación dolosa o gravemente culposa de la persona privada injustamente de su libertad, fue determinante para la producción de este daño, es decir, si fue o no su causa adecuada|, se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad, pero de ningún modo implican un juicio sobre lo bien o mal fundado de la actuación de la autoridad que haya dispuesto la captura o la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

12.22. En efecto, al margen de que la actuación de la víctima fuera o no de aquéllas que dan lugar a la captura; o constituyera o no un indicio de responsabilidad que, de acuerdo con la normativa penal, habilitara proferir medida de aseguramiento —análisis propios del régimen de responsabilidad subjetivo, esto es, el fundado en la falla del servicio—, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta, dolosa o gravemente culposa desde la perspectiva civil, haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido, estudio que puede ser adelantado sin que ello signifique que, al mismo tiempo, se esté valorando si la autoridad penal correspondiente actuó correctamente o no a la hora de tener en cuenta dicha conducta para efectos de ordenar la privación de la libertad.

12.23. En el sub judice, la Sala considera que las integrantes de la parte pasiva del litigio no demostraron la culpa de la víctima, de modo que incumplieron con la carga probatoria de acreditar el hecho que le servía de fundamento a la excepción que podía redundar a su favor, por lo que la misma no se puede tener por configurada y por consiguiente —ver nota 12—, no se rompe el nexo causal entre la privación de la libertad demandada y sus actuaciones.

12.24. Contrario a lo aducido por la entidad apelante, se debe precisar que el hecho de que el señor Rincón Galindo hubiese sido absuelto de responsabilidad penal en virtud del principio in dubio pro reo, no es suficiente para entender configurada la causa extraña aducida, puesto que (i) conviene recordar que la aplicación del principio en comento no se constituyó en la razón primordial por la cual se exoneró al demandante aludido, de modo que dicho argumento desde un principio carecería de fundamento, pero (ii) en caso de que ello fuese así, no se debe perder de vista que la mera existencia de una duda que en penal se absuelve a favor del procesado, por lo general no ofrece mayor luz en el proceso de responsabilidad patrimonial para determinar que la privación de la libertad se desprendió de una actuación dolosa o gravemente culposa de quien fue detenido, causal de exoneración que la parte demandada tiene la carga de probar fehacientemente so pena de que se considere que la misma no resulta procedente y por lo tanto, que no se puedan denegar las pretensiones a su favor, carga probatoria que en el presente asunto no se cumplió por las integrantes de la parte pasiva del litigio. (...)” —se destaca—.

Visto lo anterior, es preciso señalar que acompaño parcialmente la decisión, dado que corresponde conceder las pretensiones, cuando quiera que no se encuentra acreditado el comportamiento gravemente culposo o doloso de quien fue objeto de la medida preventiva; pero no porque ello comporte un problema de causalidad, como se afirmó en la sentencia, sino por las razones que paso a exponer.

En casos como el sub judice, el análisis de la responsabilidad debe hacerse en los términos de la Ley 270 de 1996 y particularmente en aplicación de los artículos 2º, 83 y 95 constitucionales. Bajo ese entendido, el análisis de la mayor o menor diligencia del privado de la libertad deviene en imperativo, en tanto no se comprende la exigencia de responsabilidad del Estado sin considerar el cumplimiento de los deberes de la víctima, lo que no se traduce en volver sobre las actuaciones de esta en razón de la conducta delictiva por la que fue absuelta. Es necesario predicar aquí la autonomía del juicio de responsabilidad.

De conformidad con las disposiciones de los artículos 28 y 250 constitucionales, la privación de la libertad procede por hechos imputables que revistan las características de delito, siempre que suficientes motivos y circunstancias fácticas indiquen su existencia, conforme un juicio de regulación y competencia estricta y excluyente, sin que de esto se siga que los deberes de corrección se agotan o subsuman, en acciones típicas, antijurídicas y culpables.

En esas circunstancias, aunque el daño consiste en la privación y la antijuridicidad tiene que ver con lo injusto de la medida, vulneraría el principio de juez natural, el non bis in ídem y la presunción de inocencia volver sobre lo decidido en sede penal; sin que por ello se tenga que disponer la reparación de todas maneras; como si la víctima de la privación fuese un ser aislado de la comunidad política, al que le resultan extraños los deberes imperativos de convivencia.

Nótese que se trata de un juicio ajeno al resuelto por la jurisdicción ordinaria en sede penal, misma que dio lugar a la absolución. Siendo así, debo apartarme de la afirmación conforme a la cual la víctima ha de ser indemnizada comoquiera que las entidades convocadas “(...) incumplieron con la carga probatoria de acreditar el hecho que le servía de fundamento a la excepción que podía redundar a su favor, por lo que la misma no se puede tener por configurada y por consiguiente —ver nota 12—, no se rompe el nexo causal entre la privación de la libertad demandada y sus actuaciones”. Además porque la presunción, de inocencia impone al Estado el deber de desvirtuarla, sin que la actuación de la víctima cuente.

En ese orden, no se entiende que alguien pueda ser privado de la libertad por fuerza mayor o por obra de un tercero y que deba soportarlo; tampoco por actuación propia, en cuanto la concepción filosófica de la presunción de inocencia no permite interpretar las acciones y omisiones propias como fuente de responsabilidad penal, habida cuenta que así como nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, también tiene derecho a exigir que, sin su concurso, se desvirtúe la inocencia de la que es único titular.

En ese orden, debo precisar que el Estado ostenta la titularidad de la acción penal y de las actuaciones que de ella se desprenden, en este caso por la Fiscalía General de la Nación; luego, la culpa de la víctima, entendida como un comportamiento con dolo o culpa grave, no puede ser abordada como un tema de causalidad, tampoco de juridicidad del daño.

En efecto, a partir del ordenamiento citado, la responsabilidad patrimonial por la privación de la libertad se estructura a la luz de un juicio autónomo, complejo sobre una misma unidad fáctica, en cuanto, a partir de la investigación penal considerada en su conjunto y al margen de la configuración del delito que no es objeto del proceso de reparación, al juez de la responsabilidad patrimonial le corresponde determinar si i) la investigación en la que se impusieron las medidas de aseguramiento invocadas como fundamento de la reparación demandada concluyó con decisión favorable a la víctima porque el Estado, en ejercicio del ius puniendi, no logró desvirtuar la presunción de inocencia y ii) si los hechos o actuaciones que comprometieron en esa investigación a quien demanda en reparación se enmarcan en culpa grave o dolo civil, con entidad suficiente para no poder alegar la propia culpa y demandar reparación a la luz de las reglas generales de convivencia, respeto por el de echo ajeno y no abuso del propio y colaboración con la administración de justicia.

En esas circunstancias, siendo que, si bien la causa petendi de la reparación del daño comprende particularmente el hecho de la privación de la libertad, la situación fáctica que se evidencia en la investigación penal al igual que las pruebas, relacionan los juicios sin subsumirlos. Le corresponde sí analizar, desde la perspectiva civil, el comportamiento de la víctima.

Esto es así, porque, acorde con el artículo 70 de la ley traída a colación, acreditada la culpa grave o el dolo de la víctima se impone proferir sentencia adversa a sus pretensiones de reparación, al margen de la presunción de inocencia y los imperativos de legalidad, juez natural, favorabilidad y non bis in ídem. En los anteriores términos dejo expuesta mi aclaración de voto en el asunto de la referencia.

Fecha ut supra 

Stella Conto Díaz Del Castillo 

1 La doctrina ha referido sobre la teoría de la causalidad adecuada, lo siguiente: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (…)// b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit.(…)// El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (…)// A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?(…)// Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas.// La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento.(…)// d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del íter causal. Como bien lo señala Orgaz “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios.//Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73).// Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74).(…)// En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 22-27.