Sentencia 2005-01967 de octubre 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Exp.: 25000232500020050196701

Ref. 0826-2008

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: María Graciela Páez de Peña

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia recurrida, a pesar de que niega las pretensiones, declaró “la prescripción del derecho por el período comprendido entre el entre el 13 de marzo de 1962 hasta el 14 de octubre de 1964”, sin ningún argumento sobre el punto.

Adicional a lo expuesto, se destaca que el período por el cual se declara la prescripción, no fue reclamado como desconocido y como incluido al momento de la liquidación de las cesantías a favor de la demandante.

Problema jurídico

Esta Sala plantea el problema jurídico en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de la siguiente manera:

Es procedente ordenar al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconozca el auxilio de cesantías definitivas, que para el caso se rigen por el régimen retroactivo, teniendo en cuenta la totalidad del período laborado en el Distrito Capital como servidora en cargos administrativos y como docente en propiedad.

Marco normativo y jurisprudencial de las cesantías de docentes nacionalizados(1)

Del auxilio de cesantías(2)

El auxilio de cesantía se rige por lo dispuesto en la Ley 6ª de 1945 que, en su artículo 17, estableció esta prestación social en razón de un mes de sueldo por cada año de servicios.

La Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, ordenó que: “Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1º de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa de retiro”.

El Decreto 1160 de 1947, artículo 1º, reiteró en los mismos términos la prestación para los empleados y obreros al servicio de la Nación.

El Decreto 3118 de 1968, que creó el Fondo Nacional del Ahorro, en su artículo 27, dispuso que cada año calendario, contado a partir del 1º de enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause a favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.

En el artículo 33 de la referida norma se establecieron intereses a favor de los trabajadores en el 9% anual sobre las cantidades que a 31 de diciembre de cada año figuraran a favor de cada empleado público, porcentaje que ascendió a la suma del 12% en virtud del artículo 3º de la Ley 41 de 1975.

Con la expedición del Decreto 3118 de 1968 empieza en el sector público, especialmente en la rama ejecutiva nacional, el desmonte de la retroactividad de la cesantía, para dar paso a su liquidación anual.

Este nuevo régimen previó, para proteger el auxilio de la cesantía contra la depreciación monetaria, el pago de intereses a cargo del Fondo Nacional del Ahorro.

En el orden territorial el auxilio de la cesantía continuó bajo los parámetros de la Ley 6ª de 1945, Decreto 2767 de 1945, Ley 65 de 1946 y Decreto 1160 de 1947, que consagran su pago en forma retroactiva.

A partir de la expedición de la Ley 344 de 1996 se estableció un nuevo régimen de liquidación anual de las cesantías, aplicable a partir de 1997, con corte a 31 de diciembre de cada año, para los servidores públicos vinculados o que se vinculen a los órganos y entidades del Estado, cualquiera que sea su nivel (nacional, departamental, municipal o distrital).

Para reglamentar este nuevo régimen en el ámbito territorial se expidió el Decreto 1582 de 1998, para los servidores públicos vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, a quienes se les aplican los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.

El Decreto 1582 de 1998, dictado en el marco de la Ley 4ª de 1992 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5º de la Ley 432 de 1998, y dispuso lo siguiente:

“ART. 1º—El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5º y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

PAR.—Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6º de la Ley 432 de 1998”.

A modo de conclusión, la cesantía de los servidores públicos vinculados a las entidades estatales antes de 31 de diciembre de 1996 debe liquidarse con retroactividad, pagando un mes de salario por cada año de servicios, computando todo el tiempo trabajado, teniendo en cuenta el último salario devengado (a menos que haya tenido modificaciones en los 3 últimos meses), y computando todo aquello que implique directa o indirectamente, retribución ordinaria y permanente de servicios.

De otro lado cabe reiterar lo que ya ha señalado esta corporación(3), en el sentido de que existen tres sistemas de liquidación de las cesantías de los empleados territoriales, los cuales son: i) sistema retroactivo, donde las cesantías se liquidan con base en el último sueldo devengado, sin lugar a intereses. Se rige por la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la modifican y reglamentan y es aplicable a los servidores públicos vinculados antes del 30 de diciembre de 1996; ii) de liquidación definitiva anual y manejo e inversión a través de los llamados fondos de cesantías creados por la Ley 50 de 1990, el cual incluye el pago de intereses al trabajador por parte del empleador y cobija a las personas vinculadas a estos a partir del 31 de diciembre de 1996, en los términos del Decreto 1582 de 1998; y por último iii) el sistema del Fondo Nacional de Ahorro el cual rige para los servidores que a él se afilien y contempla la liquidación anual de cesantías, pago de intereses por parte del fondo, protección contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y, además, contribuye a la solución del problema de vivienda y educación.

De la obligación del pago del auxilio de cesantías del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La Ley 91 de 1989 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, regula lo concerniente a las prestaciones sociales tanto de los docentes nacionalizados como de los docentes nacionales.

En su artículo 1º, distingue a los docentes nacionales de los nacionalizados, en el sentido de que los primeros, son los que se vinculan por nombramiento del Gobierno Nacional, y los segundos, son los que se vinculan por nombramiento de la entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 43 de 1975(4).

El artículo 4º de esta ley señala, que el fondo atenderá las prestaciones sociales de los docentes tanto nacionales como nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de su promulgación(5) y con observancia de lo dispuesto por su artículo 2º, que a su turno en su numeral 2º establece, que las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta el 31 de diciembre de 1975 así como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión o entidades que hicieran sus veces y a las cuales venía vinculado este personal.

El parágrafo del artículo 2º de esta ley establece, que las prestaciones sociales del personal nacionalizado, hasta la fecha de su promulgación se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.

Por su parte, el numeral 1º de su artículo 15 establece, que a partir de su vigencia, el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990, se regirá de la siguiente manera: los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes, y los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para los mismos efectos, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o que se expidan en el futuro con las excepciones consagradas en esta ley.

De manera particular, en lo que a las cesantías hace referencia, el numeral 3º de este mismo artículo señala, que a partir de su vigencia, para docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, dicho fondo pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario, sobre el salario promedio del último año. Y para los docentes que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1º de enero de 1990, el fondo reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al fondo continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

Se deduce entonces, que la Ley 91 de 1989 estableció un régimen que reguló la situación de los docentes, en atención al proceso de nacionalización de la educación previsto en la Ley 43 de 1975 y que implicaba la existencia tanto de docentes vinculados por la Nación como de docentes que habiendo sido vinculados por una entidad territorial, serían nacionalizados.

Los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial y los docentes nacionales y los vinculados a partir del 1º de enero de 1990, se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

De lo probado en el proceso

De la vinculación de la demandante a la entidad territorial

Obra a folio 15 del expediente la certificación laboral expedida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, D.C., en la cual consta que la actora se desempeñó en el cargo de secretaria de inspección y que su lugar de trabajo eran las inspecciones de policía desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 1º de marzo de 1971 fecha en la que se retiro del cargo.

La señora María Graciela Páez de Peña, continuó vinculada al Distrito Capital en el cargo de secretaria de inspección de la Secretaría de Educación Distrital en el cual fue nombrada mediante el Decreto 215 de 25 de febrero de 1971 (fl. 12 y 13).

A través del Decreto 238 de 2 de marzo de 1971, expedido por el alcalde mayor, el secretario de educación y el secretario de gobierno, se ordenó el traslado de la señora María Graciela Páez Peña del cargo de secretario de inspección de la Secretaría de Gobierno al de profesora directora de grupo de tiempo completo en la sección de educación media de la Secretaría de Educación (fls.14).

Obra a folio 11 del expediente la certificación del tiempo trabajado como docente por la actora en el cual se evidencia que efectivamente se vinculó como docente a la entidad territorial, desde el 1º de marzo de 1971 hasta la fecha de retiro el 1º de octubre de 2002; en el mismo certificado en el acápite de observaciones se señala que la demandante estuvo vinculada a la entidad territorial como secretaria de inspección de policía desde el 16 de marzo de 1965 hasta el último día de febrero de 1971, anotando también que la señora Páez de Peña con anterioridad a marzo de 1965 se desempeñó como mecanógrafa de la Secretaría de Gobierno en diferentes inspecciones distritales de policía.

Del reconocimiento parcial de las cesantías

Se observa que el director de gestión humana de la Alcaldía Mayor manifestó en el Oficio 3330 de fecha 28 de septiembre de 2005 que según reporte de pago de cesantías expedido por Favidi, el 26 de marzo de 1975 le fueron canceladas cesantías a la señora María Graciela Páez de Peña, para efectos de compra de vivienda, por la suma de cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos con noventa y nueve centavos m/l. ($ 44.340,99), correspondientes al período comprendido entre el 16 de marzo de 1965 y el 21 de mayo de 1974.

En el documento en comento, se expuso que “teniendo en cuenta que no existió solución de continuidad por el motivo del traslado, de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Educación del Distrito a partir del 1º de marzo de 1971, le fueron canceladas cesantías parciales a la señora María Graciela Páez de Peña, el 26 de marzo de 1975, por el período comprendido entre el 16 de marzo de 1965 y el 21 de mayo de 1974, (incluido el tiempo laborado en esta entidad), con cargo al Fondo Educativo Regional, FER, luego le corresponde a esa entidad cancelar las cesantías definitivas por el período laborado entre el 16 de marzo de 1965 y el 30 de septiembre de 2002” (fls. 40-42).

A folio 43 se encuentra visible el extracto financiero expedido por el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, Favidi, en el cual nuevamente constata que el 26 de marzo de 1975, se pago a la señora Páez de Peña la suma de $ 44.340,99, para compra de vivienda por concepto de cesantías parciales correspondientes al período 16 de marzo de 1965 a el 21 de mayo de 1974.

Del reconocimiento de las cesantías definitivas por retiro definitivo del servicio

Mediante la Resolución 1210 de 8 de abril de 2003 expedida por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante Bogotá, D.C. y el coordinador regional del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, se reconoció y ordenó pagar las cesantías definitivas a la señora Páez de Peña, en los siguientes términos:

“... Que según certificación expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá, D.C. hojas de vida, se comprobó que prestó sus servicios durante 31 años, 7 meses y 0 días, para un total de días de 11370 menos 0 días de licencia, que dan un total de días a liquidar de 11370 días, durante el lapso comprendido desde el 1/03/1971 y fue aceptada su renuncia a partir del 1/10/2002 según Resolución 2773 del 10/09/2002.

(...).

Que según certificación expedida por Favidi, al peticionario se le han cancelado cesantías parciales por la suma de $ 44.340,99.

Que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le ha cancelado al peticionario cesantías parciales por la suma de ($ 8.800.882) (...)”.

Mediante la Resolución 1507 de 12 de abril de 2004, el Fondo Nacional de Prestaciones de Magisterio, negó la revisión de la cesantía definitiva a la docente María Gabriela Páez de Peña reconocida mediante la Resolución 1210 de 8 de abril de 2003, argumentando:

“Que mediante escrito de fecha 30/12/2003 la peticionaria argumenta que en la liquidación que dio origen a la Resolución 1210 de 8 de abril de 2003, no se tuvo en cuenta el tiempo laborado con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, antes de su ingreso a la Secretaría de Educación del Distrito.

Que revisada nuevamente la documentación que dio origen al reconocimiento de la cesantía definitiva de la peticionaria se constata que efectivamente laboró como administrativa entre el 16 de marzo de 1965 y el 28 de febrero de 1971 y fue vinculada a la Secretaría de Educación a partir de 1º de marzo de 1971.

Que según la Ley 91 de 1989, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoce cesantías definitivas a los docentes a partir de la fecha de su vinculación en propiedad, quedando excluidos los empleados oficiales que hayan laborado en calidad de administrativos...”.

La señora Páez de Peña, inconforme con la decisión anterior interpuso el recurso de reposición contra el anterior acto, el cual fue resuelto por medio de la Resolución 4180 de 12 de octubre de 2004, confirmando en todas sus partes la Resolución 1507 de 2004, bajo el argumento que la señora Páez de Peña se vinculó como docente en propiedad sólo desde el 1º de marzo de 1971 y que con anterioridad se encontraba vinculada a un cargo administrativo, tiempo laborado que no es posible se tenga en cuenta por el fondo por expresa disposición de la Ley 91 de 1989.

De las cesantías definitivas

Se resalta por la Sala que en sentido lato el auxilio de cesantía es una retribución diferida establecida como previsión y asistencia social, para que el empleado pueda subsistir mientras consigue otro trabajo, dure la desocupación o cese definitivamente en las actividades laborales. Tratándose de los empleados públicos, el auxilio en comento es la prestación social que se reconoce y paga cuando se rompe el vínculo entre el funcionario y el Estado, es decir, cuando este se retira del servicio, denominada definitiva, y parcial la que se paga en vigencia del vínculo laboral, previo cumplimiento de ciertos requisitos exigidos por la ley.

Cabe aquí reiterar lo dicho por esta Sección respecto a la diferencia entre las cesantías definitivas y parciales: las cesantías parciales se conceden mientras no haya desaparecido el vínculo que une al empleado con el Estado, en cambio, las cesantías definitivas como su nombre lo indica, se reconocen y pagan cuando se rompe el vínculo entre el funcionario y el Estado, es decir y cuando este se retira del servicio definitivamente(6).

Así es dable precisar en primer lugar, que para que un empleado público, como es el caso de los docentes, tenga derecho al auxilio de cesantía, basta que exista un vínculo laboral, el cual puede darse bajo un nombramiento en propiedad, en provisionalidad o en período de prueba, sin que sea válido afirmar que la forma de vinculación condiciona de alguna manera el derecho que le asiste al pago de sus cesantías al momento de terminar su relación laboral(7).

En segundo lugar que las cesantías definitivas se reconocen al momento en que se disuelve el vínculo laboral, con independencia de los montos reconocidos y pagados por concepto de cesantías parciales, los cuales se pueden descontar de la liquidación final(8).

De otra parte, se debe tener en cuenta que en el caso sub examine la señora Páez de Peña se vinculó a la entidad territorial en vigencia de la Ley 6ª de 1945 y 65 de 1945 y de los decretos 2767 de 1945, 1160 de 1947 y concordantes(9), lo cual indica que sus cesantías deben ser reconocidas bajo el régimen de retroactividad, la cual debe liquidarse con la inclusión de la totalidad del tiempo laborado en la entidad territorial.

Asimismo la Sala destaca que antes de la creación del Fondo de Prestaciones del Magisterio, la señora se encontraba vinculada al Distrito Capital entidad territorial en la cual se desempeño en dos cargos administrativos y con posterioridad como docente en propiedad, por lo cual al momento en que se creó el Fondo de Prestaciones del Magisterio pertenecía al personal docente de vinculación territorial y debió ser incorporada a dicho fondo, pero respetándosele el régimen prestacional de la respectiva entidad territorial.

Entonces, debido a que la actora jamás interrumpió su relación laboral con el distrito desde el año de 1965 y que la normativa relacionada anteriormente, aplicable al caso concreto consagraba el régimen retroactivo de las cesantías porque cumple con el presupuesto especial de haberse vinculado al ente territorial antes del 31 de diciembre de 1996, era obligación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer a la actora al término de su relación laboral, momento en el cual se causa el derecho a la cesantía definitiva, lo laborado durante el período comprendido del 16 de marzo de 1965 al 30 de septiembre de 2002, teniendo en cuenta para el efecto el último salario devengado.

A modo de conclusión, es dable afirmar que la actora tiene derecho a que se le tome en cuenta todo el tiempo laborado como servidora del ente territorial, de manera que al momento la terminación del vínculo, se le reconozcan con fundamento en el último salario devengado, las cesantías correspondientes al período laborado entre el 16 de marzo de 1965 al 30 de septiembre de 2002, descontando los valores que por este concepto se pagaron durante la vigencia de la relación laboral y atendiendo el mismo salario base de liquidación tomado en cuenta al pagar las cesantías correspondientes al período comprendido entre el 1º de marzo de 1971 y el 10 de septiembre de 2002, según la Resolución 1210 de 2003.

De la prescripción de los montos adeudados por concepto de cesantías

Ahora bien en el caso bajo estudio se tiene que la actora solicitó antes de que transcurrieran tres años desde su retiro definitivo y por ende dentro del término de prescripción del derecho, la inclusión en la base liquidatoria de sus cesantías definitivas del lapso laborado de manera ininterrumpida a favor del distrito en diferentes secretarías, a saber, de Gobierno y de Educación desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 30 de septiembre de 2002, por lo cual no es válido afirmar que el hecho de haber cambiado la forma de vinculación implicara desvinculación o solución de continuidad, puesto que no se demostró interrupción en la prestación de servicio.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 6 de diciembre de 2007, proferida el por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso instaurado por la señora María Graciela Páez de Peña. En su lugar se dispone:

DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 1507 de 12 de abril de 2004, por medio de la cual se negó una solicitud de revisión de liquidación de cesantía definitiva, y 4180 de 12 de octubre de 2004, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición confirmado la decisión inicial.

ORDÉNASE a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que incluya en la liquidación del auxilio de cesantías definitivas de la señora María Graciela Páez de Peña el tiempo comprendido entre el 16 de marzo de 1965 al 1º de marzo de 1971 y que no fue incluido como laborado en el acto de reconocimiento del auxilio de cesantías. Del valor que resulte se deducirán los pagos que a título de cesantías parciales fueron reconocidos al demandante durante su vinculación laboral.

Las sumas que se paguen en favor de la señora María Graciela Páez de Peña, se actualizarán en la forma indicada en esta providencia, aplicando para ello la siguiente fórmula:

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Según la cual el valor presente (Ra) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería efectuarse el pago).

La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deberá cumplir la orden proferida en esta providencia en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 60 de la Ley 446 de 1998 por la cual se adicionó el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) El marco normativo fue analizado por esta Sección en las sentencias de 9 de julio de 2009, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Radicación 760012331000200401655 01(0672-07). Actor: María Edith Cardona Morales contra el municipio de Obando y de 25 de marzo de 2010. C.P. Gustavo Eduardo Gomez Aranguren. Radicación 63001-23-31-000-2003-01125-01(0620-09) actor: Aracelly García Quintero, demandado: Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

(2) Marco conceptual expuesto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez en la sentencia de 17 de marzo de 2011 Radicación 08001-23-31-000-2006-02143-01, Expediente 1300-2009. Actor: Álvaro Ascencio García.

(3) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 10 de febrero de 2011, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicación 52001-23-31-000-2006-01365-01(0088-10).

(4) Ley 43 del 11 de diciembre de 1975 “Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”. Artículo 10. “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional”.

(5) Resalta la Sala que la Ley 91 de 1989 entró en vigencia el 29 de diciembre de esa anualidad.

(6) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Clara Forero de Castro, referencia Expediente 10067.

(7) En este sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero en sentencia de 17 de agosto de 2011, Radicación 25000-23-25-000-2004-00269-01 Número Interno: 1446-06.

(8) El Consejo de Estado, Sección Segunda ya se ha pronunciado en relación con el descuento al momento de liquidar las cesantías definitivas de los valores pagados por concepto de cesantías parciales entre otras en las sentencias de 21 de marzo de 2002. C.P. Alberto Arango Mantilla, Radicación 66001-23-31-000-1998-0371-01(1124-00) actor: Marco Fidel Pareja Ríos y de 7 de septiembre de 2006, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado. Radicación 08001-23-31-000- 98-0198-01(3499-01) actor: Raúl Rodríguez Bustillo y otros.

(9) Ver sentencia del 3 de febrero de 2000, proferida por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, Radicado Interno 1781-1998, M.P. Alberto Arango Mantilla.