Sentencia 2005-02005/39628 de Diciembre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-26-000-2005-02005-01(39628)

Consejera ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Actor: Ana Tulia Clavijo y Otros

Demandado: Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías

Referencia: Apelación Sentencia - Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil dieciséis

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la Sentencia de 26 de mayo de 2010(1), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Extractos «IV. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia de la Ley 446 de 1998 para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa(21).

La Sala se pronunciará en el marco del recurso interpuesto por la actora, acorde con lo dispuesto por el artículo 357 del C.P.C.

Finalmente, se advierte que la acción se impetró en el término consagrado en el artículo 136 del C.C.A., por lo cual no operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción(22).

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de alzada formulado por la parte demandante, contra la sentencia que negó las pretensiones del libelo. En consecuencia, deberá verificarse la causa eficiente del daño reclamado, si ello guarda relación con la ausencia de muros o barandas de contención en la vía que de Bogotá conduce al municipio de Mosquera, a la altura del kilómetro 4 y, de ser procedente, deberá constatarse si ello es imputable a la administración.

3. Hechos probados.

De conformidad con el acervo probatorio allegado, se encuentran probados los siguientes hechos relevantes a la litis:

3.1. El señor José Armando Santana López, quien falleció el 10 de septiembre de 2003, procreó con la señora Ana Tulia Clavijo(23) a Jorge Orlando y Edwin Armando(24).

3.2. El 10 de septiembre de 2003, a las 5 a.m., en la vía que de Bogotá conduce a Mosquera, se movilizaban en la camioneta Ford F-100, modelo 1963, de placas HLB-832, el señor José Armando Santana López y su hijo, Edwin Armando Santana Clavijo. A la altura del kilómetro 4+840, el primero mencionado perdió el control del automotor y cayó a un cuerpo de agua que se encontraba al lado opuesto del carril por el que transitaba.

De acuerdo con el croquis, el tramo en el que ocurrió el accidente era recto, plano, con bermas y en buen estado; el asfalto se encontraba húmedo por la lluvia y contaba con dos carriles unidireccionales. La vía por la que se desplazaba el occiso contaba con un ancho de 7,50 metros y el espacio comprendido entre la berma y el lugar en el que quedó el vehículo era de 4 metros(25).

3.3. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante el protocolo de necropsia 167-2003, determinó que el señor José Armando falleció por asfixia mecánica por sumersión(26):

Datos Antropométricos: Talla: 170 centímetros. Peso Aproximado: 100 kilogramos. Contextura: Obesa. Raza: Mestiza (…).

(…)

Sistema Respiratorio: Pulmones: rosados, hipo crepitantes, con escasa antracosis pleural, con signos difusos de edema dados por la salida de líquido espumoso rosado en el corte y signos de bronco aspiración hemática en ambas bases pulmonares dados por apariencia en parches que recuerdan el pelaje de un leopardo. Vías Aéreas con escaso contenido de edema y material vegetal similar al del contenido gástrico.

Sistema Digestivo: Esófago Torácico: con mucosa plegada de aspecto normal y paredes de espesor usual. Estómago con aspecto plegado normal y sin lesiones en la mucosa. Cavidad gástrica con abundante cantidad de agua y numerosas plantas acuáticas, no hay contenido alimentario (…).

3.4. Obran 6 fotografías allegadas por la parte actora, en las que se aprecia el cuerpo de agua colindante con la carretera, sin barrera que los separe. Aparece también la camioneta de placas HLB-832, sin panorámico, con abolladuras en las puertas y con hojas y ramas en el platón(27).

3.5. La sociedad Concesiones CCFC S.A. elaboró informe sobre el accidente que ocupa la atención de la Sala. Se encuentra(28):

3.5.1. Material fotográfico del día del accidente, en el que se aprecia la camioneta de placas HLB-832, dentro del lago, volcada, sin su eje trasero, dado que este se desprendió y cayó a unos 20 metros de distancia. A un lado, se ve al señor José Armando tendido en el suelo, siendo valorado por el personal de la ambulancia.

3.5.2. De la vía se advierte que la misma es recta, en buen estado, de dos carriles unidireccionales, con berma a ambos lados, demarcada y señalizada. En cuanto al cuerpo de agua, se tiene que el mismo era pequeño y se encontraba en el separador de la vía Bogotá-Mosquera.

3.5.3. Se hallan también dos planos de la carretera y su diseño geométrico, en el tramo del accidente.

3.6. La Dirección Operativa de la Policía de Carreteras de Cundinamarca recogió la versión del entonces menor y demandante Edwin Armando Santana, quien afirmó de su puño y letra que “venía dormido pero alcancé a ver a un ciclista adelante me desperté cuando frenó el carro se fue en el lago”(29).

3.7. Dentro de este asunto se rindieron los siguientes dictámenes:

3.7.1. El ingeniero Héctor Ismael Páez Villamil indicó que las barreras metálicas no son de contención y sí de señalización (art. 115 Código Nacional de Tránsito Terrestre) y que no encontró norma por la que se determinen los criterios de ubicación de los muros o barandas en los costados de las vías; no obstante, consideró que su instalación sí era necesaria, comoquiera que la vía pasa sobre un canal que debería tener guardarruedas y señalización específica en el tramo. Finalmente indicó que del borde de la carretera a la orilla del lago había 2,90 metros y 0,90 metros desde este punto al borde de la berma.

El dictamen cuenta con registro fotográfico en el que se aprecia el tramo en el que ocurrió el accidente, evidenciándose cuerpos de agua a lado y lado de la vía unidireccional. También se ve la instalación de la defensa metálica en el lugar en el que falleció el señor José Armando.

Adjuntó también el manual de criterios para la instalación de defensas metálicas en el tramo rehabilitado por Concesiones CCFC S.A., en el que se precisa que son elementos verticales de señalización, consistentes en una baranda metálica en lámina de acero. No se encuentra dentro de los criterios en los que debían instalarse estas defensas los supuestos del caso de autos(30).

3.7.1.1. La sociedad Concesiones CCFC S.A. objetó el dictamen por error grave, dado que, a su juicio, la idoneidad del perito está en entredicho, pues no supo diferenciar entre “muro o baranda de contención” y “defensa metálica”, aunado a que estas últimas no son señales de tránsito, de manera que la base de la experticia es errada.

En cuanto a la necesidad de guardarruedas, precisó la concesionaria que el perito no indicó el fundamento del tal afirmación ni su procedencia ordenada por las normas técnicas(31).

3.7.1.2. El perito, ante estos señalamientos, adjuntó los textos relacionados con las definiciones de la defensa metálica y de guardavías(32).

3.7.2. El ingeniero Joaquín Castillo Bustos indicó que la vía en la que ocurrió el accidente se encontraba en perfectas condiciones. Asimismo, resaltó que, luego de consultada la Secretaría General Técnica de la Subdirección de Apoyo Técnico y en la Red Nacional de Carreteras del Invias, no hay normativa por la que se precise en qué lugares deben instalarse las defensas metálicas, ya que ello se determinaba en la elaboración del diseño de la carretera de acuerdo a las necesidades del tramo, es decir, en caso de curvas peligrosas cerradas, curvas demasiado cerradas y en pendiente suave o fuerte, o con radio de curvatura muy pequeño, pero no se prevén para tramos rectos y planos. Para este caso, su instalación no se previó para el lugar del accidente.

Puntualizó que no era necesaria su instalación pues el diseñador de la vía tuvo en cuenta que se trataba de un cuerpo de agua de 4 metros de ancho en una vía plana, recta y llana.

El dictamen cuenta con fotografías en las que se aprecia el sector en el que se produjo el accidente, además de planos de la vía(33).

3.8. La empresa Condensa indicó que en el tramo del accidente no existían redes eléctricas subterranizadas ni tampoco no subterranizadas en el tramo en el que ocurrió la sumersión. A su comunicación adosó 8 fotografías del tramo tomadas en el año 2008. En ellas se aprecia la instalación de la barrera metálica al lado del lago en el que cayó la camioneta con el señor José Armando Santana López(34).

3.9. Con ocasión del deceso del señor José Armando Santana López la Fiscalía General de la Nación inició investigación oficiosamente, la que terminó con resolución inhibitoria del 6 de diciembre de 2004, pues en los hechos no hubo intervención criminal(35).

3.10. Dentro de este asunto se recaudaron los siguientes testimonios:

3.10.1. El señor Antonio Vicente Morales Leal afirmó que durante aproximadamente ocho años, mensualmente, negoció hortalizas con el señor José Armando por valor de $1.200.000 o $1.500.000, pero que desconocía su ingreso mensual(36).

3.10.2. El testigo José Ernesto Bohóquez dijo tener relaciones comerciales con el fallecido desde hacía ocho o diez años, en la compraventa de hortalizas, que representaban transacciones mensuales por valor de $1.000.000 o $1.500.000(37).

3.10.3. El señor Ángel Benicio Rodríguez se pronunció en el mismo sentido, indicando que las transacciones mensuales por el comercio de hortalizas variaban entre $580.000 y $1.200.000, con un margen de ganancia del 25 o 30% para el señor José Armando(38).

3.10.4. El señor José Manuel Robayo Ramírez, inspector de tráfico para la fecha del accidente, manifestó que cuando llegó al lugar, unos diez minutos después de ocurrido, encontró la camioneta en la que se transportaban el occiso y su hijo dentro del lago y el troque trasero desprendido, a unos veinte metros del vehículo. Las huellas de frenado se marcaron desde el carril lento al izquierdo, terminando en el separador central en el que se encontraba el lago. Manifestó que durante los cuatro años de labores en la vía, no vio otro accidente como el narrado en autos, así como tampoco se presentaron choques contra la defensa metálica instalada luego del accidente(39).

3.10.5. El señor Luis Fernando Gómez Cardona, ingeniero civil encargado de velar por el cumplimiento de las exigencias técnicas para la carretera, en cuanto a que los diseños y obras se ejecutaran de conformidad con las especificaciones del cliente por la sociedad Concesiones CCFC S.A., manifestó que el tramo del accidente corresponde a una recta de aproximadamente cuatro kilómetros, primordialmente plana, de dos carriles unidireccionales, con señalización vertical y horizontal. Afirmó que no era necesaria la instalación de una defensa metálica en el lugar del accidente, dado que ello no se exige en ninguna norma ni en las especificaciones del diseño aprobadas para el contrato. Tampoco es usual que en tramos rectos se ubiquen defensas metálicas, sino que es más frecuente su instalación en curvas pronunciadas y rectas con altura. Indicó que la defensa instalada en el sitio del accidente y con posterioridad a este, no había sido golpeada a la fecha(40). Adjuntó dos planos del tramo en el que se presentó el accidente y dos fotografías(41).

3.11. También se recaudaron los siguientes interrogatorios(42):

3.11.1. En su interrogatorio, el señor Edwin Armando Santana Clavijo afirmó que iba dormido, pero que despertó antes del accidente y vio a un ciclista o un bulto en la vía, motivo por el que el señor José Armando, cuando lo evadió, perdió el control del vehículo, precipitándose al lago(43).

3.11.2. La señora María Margarita Botero de Duque, representante legal de Concesiones CCFC S.A., señaló que el diseño de la vía se elaboró por la Unión Temporal de Ferrovial y Conconcreto y que posteriormente fue aprobado por el Invias, a través de la interventoría contratada para tal fin. Dentro de estos planos no se contemplaba una defensa metálica para el tramo en el que ocurrió el accidente. La sociedad, en consecuencia, se ciñó al diseño indicado para realizar las obras en la vía. Por mera liberalidad, la sociedad determinó la instalación de una defensa metálica, luego de ocurridos los hechos objeto de la litis, aun cuando era baja la probabilidad de que allí se presentara un nuevo accidente, al punto que, a la fecha del interrogatorio, esta no había sido golpeada siquiera(44).

3.12. Los señores José Ernesto Bohórquez, Antonio Vicente Morales, Benicio Rodríguez, Édgar Mancipe Romero y Anselmo Chávez certificaron que el “señor José Armando Santana, nos vendía y compraba hortalizas y verduras por un valor aproximado de cuatro millones de pesos mensuales, ($4.000.000) de los cuales se obtiene fácilmente un 30% de utilidad, producto de esa comercialización, es decir la suma de un millón doscientos mil pesos mensuales, y que con dicha ganancia sostenía a su familia”. Se anota que la certificación se expidió a petición de los demandantes(45).

3.13. A la camioneta accidentada, luego de recuperarse del cuerpo de agua, se le hicieron arreglos por valor de $3.800.000(46).

4. Juicio de responsabilidad.

De acuerdo con las pruebas antes relacionadas, se encuentra debidamente probado que el señor José Armando Santana falleció con ocasión del accidente ocurrido el 10 de septiembre de 2003, cuando se transportaba junto con su hijo por la vía que de Bogotá conduce al municipio de Mosquera, en la camioneta Ford de placas HLB-832, de color rojo y blanco, modelo 1963.

En cuanto a las circunstancias en las que se produjo el accidente, se tiene que, de acuerdo con el dicho del demandante Edwin Armando Santana Clavijo, a las 5 a.m., cuando aún se encontraba oscuro, a altura del kilómetro 4, el señor José Armando realizó una maniobra para esquivar lo que en apariencia era un ciclista, perdiendo el control del vehículo, del que se desprendió el troque trasero y se precipitó al cuerpo de agua, volcándose completamente y provocándose la muerte del conductor debido a la sumersión.

También se demostró que no había defensa metálica en el lugar en el que cayó el automotor, pues de acuerdo con los diseños de la carretera, ello no era necesario, dado que se trataba de un tramo plano, recto, llano y con buena visibilidad.

En este punto es menester determinar cuál fue la causa eficiente y directa del daño, entendiéndose que, como lo dijo esta Corporación, “no todas las acciones que anteceden a la producción del daño son causas directas del mismo, como se plantea en la teoría de la equivalencia de las condiciones(47); es un sinsentido otorgarle igual importancia a cada hecho previo a la producción del daño(48), lo relevante es identificar cuál acción fue la causa determinante, principal y eficiente del hecho dañoso, de lo contrario, se llegaría al absurdo de que la consecuencia o daño, sería la sumatoria de todos los antecedentes, haciendo un retorno al infinito”(49).

En consideración a esto, para el caso particular, se advierte que la pérdida de control del rodante no se atribuye a una acción u omisión de la administración. Esto, en cuanto la maniobra dirigida a esquivar el obstáculo en la vía, se contrae a un ejercicio propio de la actividad peligrosa de la conducción, en la que se concretó el riesgo inherente a esta.

Esta Corporación se ha pronunciado con relación a la entidad de las actividades peligrosas, señalando(50):

Tanto la jurisprudencia de la Sala como la de la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación civil y la doctrina, han ensayado distintos criterios para definir cuándo una actividad es peligrosa. Así, se afirma que una actividad es peligrosa cuando rompe el equilibrio existente, colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus bienes. La inminencia de un peligro que desborda la capacidad de previsión o resistencia común de los seres humanos, son las características determinantes para definir las actividades peligrosas. No debe perderse de vista que el peligro es un concepto indeterminado y por lo tanto, sólo puede ser establecido por el juez en atención a las circunstancias particulares del caso concreto.

Es de resaltar que este riesgo no fue creado por la administración, sino que la conducción del automotor fue desplegada por la víctima, quien tenía la guarda de la actividad peligrosa, en cuya ejecución provocó el daño.

Lo anterior se fundamenta en que el control de la camioneta se perdió, sin que en ello incidiera la existencia o no de la defensa metálica a un costado de la vía, de manera que no puede decirse que el daño se causó por una acción u omisión de la administración, así como esta tampoco creó la situación o actuación riesgosa por la que se produjo el accidente.

De acuerdo con las circunstancias fácticas vistas en autos, el accidente se produjo, bien por la maniobra y/o por la vetustez del vehículo, del que se desprendió el troque trasero, que terminó cerca de 20 metros más delante del lugar en el que se sumergió el resto del rodante. Ninguno de estos sucesos fue provocado por las entidades demandadas, de las que se esperaba el mantenimiento de la vía y esta, de acuerdo con todas las pruebas, se encontraba en óptimo estado para ser transitada.

Aunado a todo lo dicho, no se halla obligación a cargo de la parte accionada de instalar defensas metálicas o cualquier otro elemento en el lugar del accidente, dado que no estaba previsto en el diseño de la carretera y el tramo, en particular, no presentaba las características de aquellos en los que sí se acostumbra su colocación, tales como curvas pronunciadas, abismos y similares. Así, tampoco considera la Sala que la instalación posterior de este elemento sea una aceptación de la responsabilidad en la causación del accidente, pues —se itera— en nada intervino ninguna de las accionadas en los hechos del 10 de septiembre de 2003.

Dado el ancho del lago en el que cayó el automotor (4 metros, ver párr. 3.7.2) y las condiciones en las que se presentó el siniestro, en donde el señor José Armando realizó una maniobra evasiva y perdió el control de la camioneta Ford, no puede aducirse que la causa eficiente del daño es atribuible a la administración pues, en ello no intervino y la existencia o no de la defensa metálica era irrelevante.

En consecuencia, forzoso es concluir que la sentencia apelada será confirmada, pues no se deduce de las pruebas allegadas la responsabilidad estatal en la concreción del riesgo derivado de la actividad peligrosa consistente en la conducción de vehículos, que era ejecutada precisamente por la víctima y el daño se produjo, entonces, por su propio hecho.

5. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

V. Resuelve

Confirmar la Sentencia proferida el 26 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En firme esta providencia, remítase la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(1) Folios 396 al 404, cdno. ppal. 2.

(21) Para la época de presentación de la demanda, esto es, 25 de agosto de 2005, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $190.750.000, de conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, artículo 40, numeral 6º. Para el caso presente, la pretensión principal atinente a los perjuicios materiales, asciende a $312.580.800.

(22) Para el caso concreto, el accidente ocurrió el 10 de septiembre de 2003 y la demanda se interpuso el 25 de agosto de 2005, es decir, con anterioridad a que se cumplieran dos años contados a partir del hecho que se acusa como dañoso.

(23) Folio 187, cdno. 2. Acta de matrimonio.

(24) Folios 6 al 8 y 11 y 12, cdno. 2. Registros civiles de nacimiento y de defunción.

(25) Folios 1 y 2, cdno. 2.

(26) Folios 9 y 10, cdno. 2.

(27) Folios 3 al 4, cdno. 2. Se tienen en cuenta en la medida en que la parte actora las allegó para probar su dicho y no fueron tachadas de falsas u objeto de contradicción por la demandada. Su análisis se hará junto con las demás piezas probatorias allegadas.

(28) Folios 66 al 75, cdno. 2.

(29) Folio 73, cdno. 2.

(30) Cuaderno 4.

(31) Folios 174 al 180, cdno. 2.

(32) Folios 204 al 2015, cdno. 2.

(33) Cuaderno 5.

(34) Folios 218 al 231, cdno. 2.

(35) Folios 163 al 212, cdno. 2. Dentro de los documentos que reposan en la investigación se destacan la tarjeta de propiedad del vehículo accidentado y la licencia de conducción del occiso.

(36) Folios 92 al 94, cdno. 2.

(37) Folios 95 y 96, cdno. 2.

(38) Folios 97 y 98, cdno. 2.

(39) Folios 102 y 103, cdno. 2.

(40) Folios 106 al 112, cdno. 2. El testigo allegó su currículum vitae, por el que acredita su amplia experiencia como ingeniero civil, el cual se halla a folios 120 al 133, cdno. 2. Allegó también copia de la norma técnica MOPT-70, que en su sección 47 hace referencia a las defensas metálicas, especificándose que su instalación dependerá del diseño de la carretera y de lo señalado por el interventor. También se precisan los materiales para su construcción y sus medidas —folios 139 y 140, cdno. 2—. Igualmente, el artículo 730 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Invias que contiene las mismas precisiones respecto de la instalación de las defensas metálicas —folios 141 al 148, cdno. 2—.

(41) Folio 113 al 118, cdno. 2.

(42) Valorados en lo que constituya confesión, en los términos del artículo 195 del C. de P.C.

(43) Folios 99 al 101, cdno. 2.

(44) Folios 104 y 105, cdno. 2.

(45) Folio 13, cdno. 2.

(46) Folio 14, cdno. 2. Certificación de Talleres Morales Méndez.

(47) “Como lo indica su propia denominación, para dicha teoría todas las condiciones son del mismo valor (equivalentes) en la producción del daño (Aequivalenztheorie). No cabe, por consiguiente, hacer distinciones, todas son indispensables, de modo que si faltase una sola no habría acaecido.
“Cada condición —se afirma— origina la causalidad de las otras y el conjunto determina el evento causa causae est causa causati. Como la existencia de éste depende de tal punto de cada una de ellas, si hipotéticamente se suprimiese alguna (condicio sine qua non) el fenómeno mismo desaparecería: sublata causa tollitur effectus.
“En consecuencia —sostiene von Buri—, dada la indivisibilidad material del resultado, cada una de las condiciones puede considerarse al mismo tiempo causa de “todo” el desenlace final. Es suficiente, pues, que un acto haya integrado la serie de condiciones desencadenantes del efecto dañoso para que pueda juzgar que lo causó. Por lo tanto, se concluye, para la atribución de un hecho a una persona es suficiente que ella haya puesto una de las condiciones necesarias para su advenimiento”. Goldenberg, Isidoro. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Editorial La Ley. Argentina. 2000. Pág. 16.

(48) “Elevar al rango de causa de un daño a cada uno de los numerosos hechos antecedentes cuya ocurrencia determina precisamente ese resultado, significa extender ilimitadamente las consecuencias que derivan del encadenamiento causal de los sucesos”. Ibídem. Pág. 17.
“Tampoco puede considerarse que todos los antecedentes del daño son jurídicamente causas del mismo, como se propone en la teoría de la equivalencia de condiciones, o de la causalidad ocasional expuesta por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 17 de septiembre de 1935, según la cual “en estos casos si la persona culpable se hubiera conducido correctamente, el perjuicio no habría ocurrido”, a la cual se refiere también un Salvamento de Voto de Antonio J. de Irisarri del 8 de octubre de 1986 (exp. 4587), en el cual se expresa que “con fines simplemente analíticos, para verificar esa relación de causa a efecto, puede examinarse qué ocurriría o habría ocurrido, si el suceso - causa no se hubiera dado. Si la respuesta es en el sentido de que el efecto no habría sucedido, ha de admitirse que aquél sí constituye causa de éste, porque justamente para que el efecto se dé en la realidad, tiene que ocurrir aquél. En la hipótesis contraria no existiría relación esa relación de causalidad”.
“Tal posición llevaría a que en el clásico ejemplo citado por José Melich, el sastre que retrasa por negligencia la entrega de un abrigo de viaje, tendría que responder por el accidente ferroviario que sufrió su cliente que debió por tal motivo aplazar su viaje. Como lo señala el doctor Javier Tamayo Jaramillo, “deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría absurdamente, buscar responsables hasta el infinito”.
“Lorenzetti puntualiza aquí: “No basta, según esta idea, la mera supresión mental hipotética, esto es borrar mentalmente la causa para ver si el resultado se produce o no sin ella. Es necesario emitir un juicio acerca de la regularidad con que se producen los fenómenos (constancia posible) lo que nos proporciona la noción de “causa adecuada”. (ob. citada pág. 261).
“Tal concepción debe entonces complementarse en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, sólo aquéllas que normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente pueden considerarse como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la teoría de la causalidad adecuada, expuesta por el alemán Von Kries, “sólo son jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y normalmente producirlo”.
“H. Mazeaud, citado por José Melich Orsini, en “La responsabilidad civil por los Hechos Ilícitos” (Biblioteca de la academia de ciencias políticas y sociales, Caracas, 1995, págs. 211 a 215) expresa sobre el punto:” Hoy día la mayor parte de los autores han abandonado la teoría de la equivalencia de condiciones: ellos no admiten que todos los acontecimientos que concurren al a realización de un daño sean la causa de tal daño desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Parece, en efecto, que para ser retenido como causa desde el punto de vista de la responsabilidad civil, es decir, para ser susceptible de comprometer la responsabilidad civil de su autor, el acontecimiento debe haber jugado un papel preponderante en la realización del daño. Pero los jueces serán libres de apreciar si el acontecimiento ha jugado o no un papel suficiente en la producción del daño para ser retenido como causa del daño. NO se puede ligar a la jurisprudencia por un criterio absoluto, ni aun por el criterio propuesto por los partidarios del a causalidad adecuada: el criterio de la normalidad. Todo lo que puede exigirse es que el acontecimiento haya jugado un papel preponderante, un papel suficiente en la realización del daño. Quienes no quieren adoptar el criterio de la normalidad propuesto por la teoría de la causalidad adecuada, son partidarios de la llamada tesis de la causalidad eficiente, esto es: que lo que debe investigarse es si el hecho ha jugado o no un papel preponderante, una función activa en la producción del daño”.
“Ennecerus, citado en la misma obra, expresa: “En el problema jurídico de la causa, no se trata para nada de causa y efecto en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas...Prácticamente importa excluir la responsabilidad por circunstancias que, según su naturaleza general y las reglas de la vida corriente, son totalmente indiferentes para que surja un daño de esa índole y que, sólo como consecuencia de un encadenamiento totalmente extraordinario de las circunstancias, se convierte en condición del daño. Así, pues, se labora con un cálculo e probabilidades y sólo se reconoce como causa, aquella condición que se halla en conexión adecuada con un resultado semejante”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 11 de septiembre de 1997, Expediente 11.764.

(49) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 7 de julio de 2011, Radicado 20001-23-31-000-1999-00136-01(21156), con ponencia del consejero Enrique Gil Botero.

(50) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 10 de agosto de 2000, Expediente 13.816.