Sentencia 2005-02036/37455 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 250002326000200502036 02

Expediente: 37455

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Distrito Capital de Bogotá

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Referencia: Apelación de sentencia. Reparación directa

Tema: Falla registral. Indebida escogencia de la acción. Fallo inhibitorio

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 27 de mayo de 2009.

1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 27 de mayo de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que la demanda se presentó el 1º de septiembre de 2005 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 558.833.000, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 190.750.000(14).

2. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del CCA, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es, la supuesta omisión en la inscripción de un embargo decretado dentro de un proceso de jurisdicción coactiva, se produjo el 30 de junio de 2004(15) y la demanda se formuló el 1º de septiembre de 2005.

Así las cosas, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

3. El material probatorio recaudado en el expediente.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

— Que el 22 de agosto de 2000, la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá expidió la Resolución 3643 dentro del proceso administrativo coactivo 15103237 adelantado en contra de la sociedad Fideicomisos Fiduciaria Tequendama S.A., resolvió lo siguiente:

“1. Librar orden de pago por el saldo a favor del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y a cargo de: Fideicomisos Fiduciaria Tequendama S.A. por la(s) suma(s) de capital y sanción, relacionadas en el cuadro más los intereses moratorios que se causen desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, hasta la cancelación total de la misma, liquidados a la tasa vigente, por concepto del impuesto predial unificado del inmueble ubicado en la KR 14 128-63, de esta ciudad con cédula catastral D1 27A 145, por el (los) año (s) gravable (s) correspondientes, más las costas del proceso.

VigenciaCapitalSanciónTotal
199516.969.00016.969.00033.938.000
199637.164.00037.164.00074.328.000
199743.853.00043.853.00087.706.000
199850.870.00025.435.00076.305.000
199958.500.000058.500.000

“2. Ordenar el embargo de los bienes muebles o inmuebles, vehículos o sumas de dinero que posea o llegare a poseer el ejecutado, ya sea en salarios, honorarios o depositados en cuentas de ahorro o corrientes, certificados de depósito o títulos representativos de valores en entidades financieras o compañías de seguros en todo el país.

“3. Notifíquese el presente mandamiento de pago según lo preceptuado en los artículos 826, 566 y 568 del estatuto tributario nacional, advirtiendo que contra este no procede recurso alguno, conforme a lo establecido en el artículo 833-1 del mismo precepto legal. El pago total de la obligación deberá efectuarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación, término dentro del cual el ejecutado podrá proponer únicamente las excepciones contempladas en el artículo831 del estatuto tributario nacional”(16) (Se destaca).

— Que el 5 de noviembre de 2003, a través de oficio SH2003-EE113594, la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá le comunicó al correspondiente registrador de instrumentos públicos de Bogotá - Zona Norte acerca del embargo del bien inmueble aludido, a efectos de que realizara la correspondiente inscripción de dicha medida cautelar(17).

— Que el 7 de noviembre de 2003, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte expidió nota devolutiva del embargo antes aludido, habida consideración de que el predio se encontraba gravado con un embargo por concepto de valorización, lo anterior, para mayor claridad y precisión, se indicó en los siguientes términos:

“Se devuelve sin registrar por las siguientes razones:

En el folio de matrícula citado se encuentra inscrito otro embargo (CPC, art. 558 num. 10) verificado el folio de M.I. 20087915, figura inscrito un embargo de valorización, comunicado mediante oficio 00-81166-09-07-02, del IDU.

“Una vez subsanada(s) la(s) causal(es) que dio lugar a la negativa de inscripción, debe presentar el documento nuevamente a esta oficina para su correspondiente trámite, de acuerdo con el artículo 231 de la Ley 223 de 1996, los documentos que contengan actos de disposición, modificación, aclaración, etc. deberán registrarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su otorgamiento (firma). Si el documento público contiene gravámenes, hipotecas o patrimonios de familia, su registro se efectuará dentro de los noventa (90) días hábiles (D.L. 1250/70, art. 32).

“Vencido este término se cobrarán intereses moratorios por mes o fracción de mes de retardo, determinados a la tasa en la forma establecida en el estatuto tributario para el impuesto sobre renta y complementarios, interés que se liquidará sobre el valor a pagar por concepto del impuesto de registro correspondiente (L. 223/96, art. 231).

(ilegible) presente acto administrativo y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, procede el recurso de reposición ante el registrador principal, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 51 y 52 del Decreto 1 de 1984 (Instrucción administrativa 11 de 1994-Superintendencia de Notariado y Registro)(18) (Se destaca).

— Que el 10 de noviembre de 2003, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte le comunicó a la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá la decisión contenida en la nota devolutiva antes mencionada(19).

— Que, según el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20087915, el 23 de diciembre de 2003 fue cancelado el embargo por concepto de valorización que afectaba el bien inmueble ubicado en la carrera 14 No. 128-63 de la ciudad de Bogotá(20).

— Que, según el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20087915, el 26 de febrero de 2004 la sociedad Fideicomisos Fiduciaria Tequendama S.A. le vendió el citado bien inmueble a la sociedad Pentaproyectos Ltda.(21).

— Que el 14 de abril de 2004, a través de oficio SH2004-43310PEE36807, la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá le solicitó al Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte que “reversara” la inscripción de la compraventa del bien inmueble aludido y, en su lugar, se inscribiera el embargo decretado a través de la Resolución 3643 de agosto 22 de 2000(22).

— Que el 30 de junio de 2004, la oficina de registro de instrumentos públicos le informó a la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá que no resultaba posible reversar la anotación 16 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20087915, en los siguientes términos:

“A petición del abogado calificador código 32, funcionario a quien correspondió atender el turno de calificación 2004-27655, correspondiente al oficio en referencia, el área de abogados especializados, quien una vez estudiada la condición traditiva del folio 20087915, conceptuó la conformidad legal del turno de inscripción 17917 del 9 de marzo de 2004, asignado a la escritura pública 374 del 26 de febrero de 2004 de la Notaría 22 de Bogotá, que figura inscrita como anotación 15 y 16, de la unidad en comento, con las cuales se publicitó la actualización de la nomenclatura y la transferencia de dominio, respectivamente.

“No es posible en consecuencia reversar la anotación 16 por ustedes solicitada, habida cuenta que ese registro cumplió con las previsiones de orden público señaladas por el Decreto-Ley 1250 de 1970. Es necesario señalar, que la petición de embargo contenida en el oficio EE 113594 del 5 de noviembre de 2003, se atendió negativamente (no registro), por encontrarse el inmueble para esa época (6 de noviembre T.R. 2003-87361) fuera del comercio por causa de un embargo por valorización del IDU cuya liberación solo se produjo el 7 de enero del año en curso.  

“Finalmente, debo manifestarle que en materia registral opera por regla general la prelación de embargos como manifestación expresa del principio de prioridad o rango, la prelación de créditos por ustedes aludida en ese oficio (EE 113594) aplica en la instancia jurisdiccional para los efectos del artículo 2495 del C.C.”(23) (Se destaca).

— Que, según el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20087915, el 27 de julio de 2005 se registró el embargo del pluricitado bien inmueble, decretado dentro del proceso por jurisdicción coactiva adelantado por la entidad demandante. No obstante, la referida medida cautelar se canceló el 18 de enero de 2016(24).

3. Procedencia de la acción de reparación directa ejercida en el asunto sub judice.

El Decreto-Ley 1250 de 1970, a través del cual se expidió el estatuto del registro de instrumentos públicos, en su artículo 2(25) precisó, de manera taxativa, los actos se encuentran sujetos a registro, entre los cuales se enuncia todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario.

Además, el artículo 3º de la normatividad aludida indicó que la verificación del registro de los documentos referentes a bienes inmuebles se efectuaría en la oficina de su ubicación.

De otro lado, el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, en relación con la notificación de los actos de inscripción, dispuso:

“No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación.

(…)”.

Desde la anterior perspectiva, de los preceptos normativos antes descritos se puede establecer que los actos de inscripción constituyen verdaderos actos administrativos y que los mismos se entienden notificados a partir del momento de la anotación respectiva, notificación que tiene como propósito poner en conocimiento de los interesados y del público en general de la existencia de determinado registro, para efectos de que se puedan interponer los recursos de la vía gubernativa o las acciones judiciales a que hubiere lugar, con el propósito de cuestionar la legalidad de tales actos; al respecto esta Sección(26) ha considerado:

“Según el Decreto-Ley 1250 de 1970, entre otros, toda providencia judicial que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión de crédito hipotecario o prendario, está sujeta al registro de instrumentos públicos (arts. 1º y 4º).

El registro de esos documentos, referentes a inmuebles, se verificará en la oficina del lugar de su ubicación (art. 3º).

Sobre el concepto de cancelación de ese registro o inscripción, enseña el mismo decreto-ley, que es el acto por el cual se deja sin efecto y se hará cuando se le presente al registrador la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, “o la orden judicial en tal sentido” (arts. 39 y 40).

2. El Código de Contencioso Administrativo dispone lo siguiente en cuanto a cuándo se entienden notificados los actos de inscripción.

“(...) los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación” (art. 44, num. 4º).

3. Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones se infieren varias situaciones temporales sobre la anotación en el registro público sobre el estado de la propiedad inmueble; sobre el momento a partir del cual, si la persona no está de acuerdo con la anotación, puede discutir la legalidad de la inscripción y sobre cuándo nace la obligación, para los jueces, de comunicar al registrador la orden de la inscripción y/o de la cancelación de ese registro, según su caso.

(...)”.

Ahora bien, conviene precisar que la Sección Primera del Consejo de Estado decidió de fondo un asunto en el cual se demandó mediante la acción de nulidad simple un acto administrativo de registro, proferido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Montería, a través del cual se inscribió en un folio de matrícula inmobiliaria el remate de un bien inmueble, sin que previamente se hubiere inscrito la respectiva medida cautelar de embargo. Al respecto conviene transcribir los principales argumentos:

“(...). Consideraciones

“De la lectura de los documentos radicados por la parte actora al momento de promover el presente proceso, infiere la Sala que la demanda de nulidad se dirige a cuestionar fundamentalmente la legalidad de la anotación 6 de fecha 3 de octubre de 1960 efectuada en el folio de matrícula inmobiliaria 140-20005, la cual corresponde al registro de la sentencia de remate proferida el 16 de septiembre de ese mismo año, por parte del Juzgado Único del Circuito de Montería.

“Comoquiera que el tribunal de origen declaró probada de manera oficiosa la excepción de caducidad de la acción, bajo la consideración de que la actora había promovido tardíamente no una acción de simple nulidad —tal como lo indica de manera expresa en su libelo—, sino una de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto y en cuanto una hipotética declaratoria de nulidad de ese acto particular entrañaría de manera automática el restablecimiento de un derecho individual y concreto, entrará la Sala a referirse a la naturaleza jurídica de la acción impetrada para pasar luego a determinar si es o no del caso confirmar la providencia censurada, teniendo en cuenta que en la apelación que ahora se decide, la actora insiste en señalar que su única y verdadera intención era la de contribuir al restablecimiento del orden jurídico violado.

“Para poder realizar un pronunciamiento de fondo frente a los argumentos expuestos en la apelación, es preciso tener en cuenta que por expresa disposición del inciso tercero del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la acción adecuada para controvertir la legalidad de los actos de registro, es la acción de nulidad. La norma en cita establece ad pedem literae lo siguiente:

ART. 84.—[Subrogado. D.E. 2304/89, art. 14] Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

“A propósito del tema, es pertinente poner de relieve que todas las anotaciones que las oficinas de registro realizan en los folios de matrícula inmobiliaria, impactan necesariamente los intereses particulares, individuales y concretos de las personas naturales o jurídicas, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas directamente relacionadas con el derecho de dominio. Aún a pesar de lo anterior y con independencia de los efectos particulares que pueda acarrear un acto de tal naturaleza, el legislador quiso contemplar de manera expresa la posibilidad de controvertir la legalidad de ese tipo de actos particulares a través de la acción de simple nulidad, teniendo en cuenta la enorme trascendencia que se reconoce al derecho de propiedad en nuestro sistema jurídico, político, económico y social. Así las cosas, independientemente de que la declaratoria de nulidad de un acto de registro produzca efectos de carácter particular y concreto, la acción a incoar es la de nulidad.

“El registro público inmobiliario, fue establecido en nuestro país como un mecanismo de protección jurídica del derecho de dominio y como un instrumento de información de acceso público que permite conocer la verdadera situación legal de los bienes raíces, contribuyendo con ello a la seguridad de los negocios jurídicos, tema que desborda, por razón de su impacto y trascendencia los simples límites del interés particular, proyectándose hacia la esfera del interés general, lo cual explica que el Congreso de la República, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, haya previsto la procedencia de la acción de nulidad en estos casos. En ese orden de ideas, cualquier anotación que se haga en los folios de matrícula inmobiliaria, puede llegar a producir un impacto en el orden público social o económico de la Nación.

(...).

En ese contexto, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Córdoba actuó en forma equivocada al declarar probada la excepción de caducidad de la acción, pues es claro que las acciones de simple nulidad pueden incoarse en cualquier tiempo y que en tratándose del cuestionamiento de la legalidad de los actos administrativos de registro, el mismo legislador señaló que la acción procedente es la acción de nulidad simple, independientemente de los efectos particulares que pudieren llegar a derivarse de la anulación del acto demandado”(27) (negritas y subrayas fuera del texto original).

Como se desprende de manera clara y diáfana del pronunciamiento que se deja parcialmente transcrito, el análisis del caso que en esa oportunidad ocupó la atención de la Sección Primera(28) determinó la procedencia de la acción de nulidad simple por la expedición de un acto administrativo de registro inmobiliario que ordenó la inscripción del remate de un bien inmueble.

Así las cosas, en el asunto sub examine la Sala estima que aunque nominalmente se ejerció la acción de reparación directa para efectos de obtener la declaratoria de responsabilidad de la administración por el incumplimiento de la supuesta obligación de registrar un embargo sobre un bien inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria 50N-20087915, así como también por inscribir la compraventa del referido bien inmueble en el correspondiente registro, lo cierto es que en realidad se pretende controvertir unos actos de inscripción efectuados por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte, respecto de los cuales, como lo precisó por la Sección Primera de esta corporación en el pronunciamiento antes transcrito, son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la respectiva acción de nulidad simple, de tal manera que el ejercicio de la acción de reparación directa, dentro del asunto sub judice resultó indebido.

No obstante lo anterior, conviene destacar que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que existen eventos especiales tales como las omisiones o errores derivados de la labor de registro, frente a los cuales la acción procedente es la de reparación directa; por ejemplo, esta misma Sala, a través de sentencia del 18 de abril de 2002, puntualizó lo siguiente:

“El demandante afirmó que presentaba la demanda en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del CCA, en tanto que el tribunal a quo consideró que la acción pertinente era la de nulidad y restablecimiento del derecho toda vez que la fuente del daño lo era un acto administrativo de registro.

“La Sala considera que no le asiste razón al tribunal toda vez que de la interpretación de la demanda claramente se deduce que la fuente del daño por cuya reparación se acudió a la jurisdicción, es la omisión en que incurrió la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, al no cancelar los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a dos inmuebles que habían sido englobados.

“Se tiene por tanto que como la demandante no deriva el perjuicio de un acto administrativo sino de una omisión de la administración, la acción procedente es la de reparación directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del CCA.

“Respecto de la caducidad de la acción, la Sala encuentra que a la fecha de presentación de la demanda, 21 de septiembre de 1994, no habían transcurrido los dos años que prevé la ley, si se tiene en cuenta que el demandante solo conoció la presunta omisión de la administración el día en que debía serle entregado materialmente el inmueble que compró, esto es, el 25 de agosto de 1993.

“Con fundamento en todo lo anterior la Sala revocará la sentencia apelada y se pronunciará de fondo sobre las pretensiones de la demanda”(29) (se destaca).

En línea con lo anterior, la Sección Tercera de esta corporación, en otra oportunidad, manifestó:

“La Sala revocará la decisión inhibitoria del a quo, en tanto que no se presenta en estos eventos indebida escogencia de la acción, puesto que en el sub lite no era idónea —como aseguró el fallador de instancia— la del contencioso subjetivo sino la de reparación directa, como que las pretensiones de la demanda se ajustan al artículo 86 que regula esta última acción, en tanto no se cuestiona la legalidad del registro sino el hecho de que exista doble foliatura, lo cual es pasible de discutir en sede de reparación directa.

“La Sala considera que no le asiste razón al tribunal toda vez que de la lectura de la demanda claramente se deduce que la fuente del daño por cuya reparación se acudió a la jurisdicción, es el hecho de darse dos foliaturas sobre un predio. En consecuencia, el demandante no deriva el perjuicio de un acto administrativo sino de un hecho: la apertura de dos folios, la acción procedente es —entonces— la de reparación directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del CCA”(30) (se destaca).

En virtud de lo anterior, la Sala considera, bueno es reiterarlo, que dentro del asunto sub judice el ejercicio de la acción de reparación directa no resulta procedente, toda vez que el daño alegado por la parte actora no deviene de una acción o hecho de la administración respecto de la labor de inscripción, sino que deviene de unos actos administrativos de registro inmobiliario “esto es, el que i) negó la inscripción de la medida cautelar y el que ii) registró la compraventa del citado bien inmueble”, razón por la cual esos actos son pasibles de la acción de nulidad simple, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia, la Sala modificará el fallo de primera instancia, habida consideración que al no cumplirse con un presupuesto para que se pueda proferir sentencia de mérito, cual es la adecuada escogencia de la acción, no hay lugar a negar las pretensiones de la demanda, sino que debe inhibirse de proferir fallo de fondo.

4. Condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 27 de mayo de 2009, la cual quedará así:

1. INHÍBESE la Sala para resolver de fondo el asunto sometido a su conocimiento por indebida escogencia de la acción.

2. Sin condena en costas.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

14 Artículo 40, Ley 446 de 1998. Salario mínimo mensual (2005): $ 381.500.

15 Fecha en la cual la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte le informó a la entidad demandante que no iba a reversar la anotación 16 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20087915.

16 Fls. 47-48, cdno. 1.

17 Fl. 49, cdno. 1.

18 Fl. 103, cdno. 3.

19 Fl. 53, cdno. 1.

20 Fls. 104-106, cdno. 3.

21 Fls. 104-106, cdno. 3.

22 Fl. 51, cdno. 1.

23 Fls. 58-59, cdno. 1.

24 Fls. 104-106, cdno. 1.

25 ART. 2º Decreto-Ley 1250 de 1970: Están sujetos a registro:
1. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario.
2. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres, salvo la cesión del crédito prendario.
3. Los contratos de prenda agraria o industrial.
4. Los actos, contratos y providencias que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones.

26 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 30 de noviembre de 2000, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

27 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de noviembre de 2011. Radicación: 230012331000200500641 01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

28 Consultar también auto de la Sección Primera del Consejo de Estado, proferido el 12 de mayo de 2011, Radicación: 23001-23-31-000-2010-00194-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

29 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 de abril de 2002, expediente 13932, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, sentencia del 4 de septiembre de 2003, expediente: 12.943, C.P. Alier Hernández.

30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, expediente: 16055, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.