Sentencia 2005-02059 de febrero 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 630012331000200502059 01 (42.225)

Actor: Gerardo Antonio Henao Gonzales.

Demandado: Rama Judicial – Policía Nacional.

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Contenido: Descriptor: Revoca la sentencia de primera instancia porque no se encuentra configurada la falla en el servicio. Restrictor: Aspectos procesales: Legitimación en la causa; caducidad de la acción en los casos de privación injusta de la libertad. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado. El derecho a la libertad individual. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad. Responsabilidad de la Policía Nacional por incumplimiento de los plazos razonables para mantener retenida a una persona; Criterios convencionales y legales.

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES

Retomando la problemática jurídica propuesta por el sub judice, la Sala precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1. Aspectos procesales; 1.1. Legitimación en la causa; 1.2. Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad; 2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado; 3. El derecho a la libertad individual; 4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad; 5. Responsabilidad de la Policía Nacional por incumplimiento de los plazos razonables para mantener retenida a una persona – Criterios Convencionales y legales; y 6. Caso concreto.

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso(25)”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Gerardo Antonio Henao Gonzáles (víctima directa), Gerardo Antonio Henao Carmona(26) (padre), Johanna Gonzáles Cárdenas(27) (madre), Leidy Johanna Henao Gonzáles(28) (hermana), Florice María Carmona(29) (abuela paterna) y Ana Julia Cárdenas de Gonzáles(30) (abuela materna).

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Policía Nacional y la Rama Judicial, entidades que la Sala encuentra legitimadas en la causa por pasiva, pues una vez efectuada la retención del demandante por parte de los policiales, el retenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales como lo disponía el Código Nacional de Policía vigente para la época de los hechos, al que se hará referencia más adelante.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación.

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue puesto en libertad el 30 de noviembre de 2005(31) en razón a la orden emitida por el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 15 de diciembre de 2005, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(32).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(33) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(34).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso(35).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza. 

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”(36) 

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(37)-(38) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”.(39)

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, debe ordenar su reparación.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. 

5. Responsabilidad de la Policía Nacional por incumplimiento de los plazos razonables para mantener retenida a una persona – Criterios convencionales y legales.

Al respecto, sea lo primero advertir que en el numeral 5º del artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos se señala que “toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.

A su vez, el numeral 1º del artículo 8º de la CADH señala que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

Así, con fundamento en la normatividad en mención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes pronunciamientos(40)-(41) ha señalado que es preciso tener en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.

Lo anterior, sin perjuicio que “la pertinencia de aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso. Además, en este tipo de casos, el deber del Estado de satisfacer plenamente los requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía del plazo razonable”.

A su vez, en el ordenamiento jurídico colombiano, el Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía vigente para la época de los hechos), establece diferentes términos razonables en los que se faculta a la Policía Nacional para prolongar la detención de una persona, los cuales varían de acuerdo precisamente a la complejidad del asunto, la actividad del ente policial y del acusado.

Así, a modo de ejemplo, el artículo 71 del Decreto 1355 de 1970, señala:

“ART. 71.—Con el solo fin de facilitar la aprehensión de delincuentes solicitados por autoridad competente, la policía previa venia del alcalde del lugar, podrá efectuar capturas momentáneas de quienes se hallen en sitios públicos o abiertos al público. 

Esta operación se ejecutará en sitios urbanos o rurales predeterminados. 

Las personas contra quienes no exista petición de captura deberán ser puestas inmediatamente en libertad, a menos que su identificación se dificulte, caso en el cual la captura podrá prolongarse hasta por 12 horas”. (Subrayado fuera de texto).

En conclusión, con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que existe responsabilidad del Estado – Policía Nacional en aquellos casos en los que el ente policial haya prolongado la detención de una persona, sin que el caso por su complejidad amerite su retención por un término superior, la actividad del interesado haya truncado la actividad del ente policial y se hayan presentado actuaciones por parte del ente policial que no justifique la retención de la persona; y/o supere el periodo razonable estipulado legalmente para ello en la normatividad vigente.

6. Caso concreto.

En el caso concreto se encuentra acreditado que Gerardo Antonio Henao Gonzáles, es un joven de 20 años de edad, nacido el día 27 de enero de 1986 en la ciudad de Armenia – Quindío e identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.094.882.417 de esa municipalidad, soltero y de ocupación, estudiante de derecho según consta en su documento de identidad(42) y en el acta de derechos de capturado suscrita por él(43).

Ahora bien, en su calidad de estudiante, el 30 de noviembre de 2005 Gerardo Antonio Henao Gonzáles se dirigió junto con 3 compañeros, al Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional del Barrio Granada del municipio de Armenia – Quindío con el fin de realizar unas encuestas para una materia de la universidad(44), en donde fueron requeridos por uno de los Policías, quien les solicitó los documentos de identificación con el fin de establecer sus identidades, según afirman los testigos Beatriz Henao Cardona – tía del actor(45), y sus compañeros de estudio Jhoana Catalina Acevedo Pérez(46), Anllelan Agudelo Rivera(47) y Leidy Lorena Salinas Zamudio(48), quienes se encontraban junto con el demandante el día de los hechos.

Ahora bien, de la verificación de datos de los estudiantes, Gerardo Antonio Henao Gonzáles(49) resultó retenido, siendo las 10:40 de la mañana, por la Policía Nacional(50), en razón a que en el sistema de la Policía Nacional, el demandante era requerido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento de Pereira – Risaralda “mediante consecutivo Nº 532366, número de orden 0559626, sumario 302-2002, fecha de decisión 21-02-2002, fecha de los hechos 12-09-01, por el delito de hurto calificado y agravado, fecha de grabación 03-04-02 Sijín Risaralda”.

Dado lo anterior, la Sala observa que, inmediatamente, con oficio del mismo 30 de noviembre de 2005 el Teniente de la Estación de Policía de Armenia – Quindío, dejó al demandante a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas(51). Hecho que también fue anotado en la minuta de población del Departamento de Policía de Quindío(52).

Asimismo, una vez en el Juzgado, mediante oficio Nº 1224 del 30 de noviembre de 2005, el Juez de Ejecución de Penas le informó a la Policía Nacional de Armenia – Quindío que(53):

“(…) La persona condenada dentro del proceso Nº 302-2002(54) es el señor Gerardo Antonio Henao Gonzáles, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.002.863 de Pereira, natural de Pereira, nacido el 13 de mayo de 1977, hijo de Jesús Efrén y Yolanda, de estado civil soltero, residente en la carrera 9ª Nº 38-31 de esta ciudad, con grado de instrucción 5º de primaria, de ocupación vendedor ambulante. Características morfológicas: 1.70 de estatura, tez blanco, ojos verdes, contextura delgada. No obstante, lo anterior el señor Henao Gonzáles no es requerido por este despacho, toda vez que actualmente se encuentra disfrutando del beneficio de la libertad condicional.

Ahora bien, y con respecto a la persona que se está dejando a disposición, encuentra el despacho luego de cotejados los datos de identificación e individualización que no son la misma persona, es decir, se trata de un homónimo y en consecuencia se ordena la liberación inmediata de quien se identifica como Gerardo Antonio Henao Gonzáles”. (Subrayado fuera de texto)

Así las cosas, en virtud de la orden emanada por el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento, el señor Gerardo Antonio Henao Gonzáles, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.094.882.417 de Armenia – Quindío, fue puesto en libertad a las 4:55 de la tarde del mismo 30 de noviembre de 2005, según consta en la minuta de población llevada en el Centro de Atención Inmediata del Barrio Granada de esa ciudad(55):

“A la hora y fecha se deja constancia que se aclara la anotación por la cual se reporta la captura del señor Gerardo Antonio Gonzáles CC 1.094.882.417 de Armenia solicitado por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas, teniendo en cuenta que siendo las 16:40 horas logró comunicación con ese despacho en donde me notificaron por fax que el solicitado es un omonimo (sic) por lo cual se procede a dejar en libertad inmediata una vez verificando plenamente su identidad corroborando que no tiene deudas con la justicia”.

De conformidad con los anteriores hechos probados, la Sala considera que el demandante estuvo retenido por los agentes de la Policía Nacional, por el periodo comprendido entre las 10:40 am y las 4:55 pm del día 30 de noviembre de 2005, esto es, por el término de 6 horas y 15 minutos, respecto de lo cual debe concluirse que no existe responsabilidad administrativa de la Policía Nacional ni en las autoridades judiciales, pues la retención se efectuó dentro de los términos legales, como pasa a exponerse:

Primero, la Sala observa que la Policía Nacional retuvo al actor, por cuanto una vez verificado el sistema de la Policía Nacional, presuntamente, en su contra existía la orden de captura Nº 559626, por el delito de hurto calificado y agravado, situación que obligaba a la institución a poner al retenido, inmediatamente, a órdenes de las autoridades judiciales como en efecto ocurrió.

Segundo, una vez el actor fue puesto a disposición del Juez de Ejecución de Penas, éste le informó a la Policía Nacional que cotejados los datos de identificación e individualización de Gerardo Antonio Henao Gonzáles, se llegó a la conclusión que se trataba de un homónimo y que el retenido no era la misma persona que se encontraba siendo requerida por ese despacho, razón por la cual ordenó su libertad inmediata.

Tercero, el actor sólo fue retenido mientras identificaba plenamente y se aclaraban las circunstancias de la retención, esto es la existencia de un homónimo. De modo que la retención sólo duró 6 horas y 15 minutos, por lo cual la Sala encuentra que el actor estuvo retenido a órdenes de la Policía Nacional durante un plazo razonable, de conformidad con el artículo 71 del Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía vigente para la época de los hechos) señala que “las personas contra quienes no exista petición de captura deberán ser puestas inmediatamente en libertad, a menos que su identificación se dificulte, caso en el cual la captura podrá prolongarse hasta por 12 horas”.

Así las cosas, contra el demandante no existía orden de captura, pero su identificación se dificultaba en razón a la existencia de un homónimo que se encontraba condenado por la justicia penal, por el delito de hurto calificado y agravado, y aunque éste no era requerido por la justicia penal en razón a que se encontraba “disfrutando del beneficio de la libertad condicional”, lo cierto es que esta circunstancia debía ser objeto de verificación, para lo cual la ley otorga un plazo máximo de 12 horas, de las cuales sólo se dio la mitad – 6 horas, 15 minutos, situación que permite inferir la razonabilidad en el tiempo de la retención.

Entonces es claro que el actor estuvo retenido a órdenes de las autoridades, por un término razonable y mientras se establecía plenamente su identidad dentro del sistema de registro de órdenes de captura, del cual se sabe que(56):

“El sistema se encuentra conectado a nivel nacional donde al iniciar solicita los siguientes datos de las ordenes de captura:  

1. Tipo de documento  

2. Número del documento de identidad del solicitado  

3. Lugar de expedición  

4. Apellidos y nombres  

5. Datos de la Registraduría que deben coincidir con los nombres de la orden judicial y el número de identificación.  

6. Fecha de nacimiento y edad.  

7. Lugar de nacimiento.  

8. Sexo  

9. Estado civil  

10. Nivel académico  

11. Estado de la persona (vivo – muerto)  

12. Estado de identificación (no identificado, no reportado, plena con archivos de (sic) a Dijín y plena con registraduría) 

13. Códigos de barras si esta reseñado  

14. Observaciones 

Esto en referencia de la plena identidad de la persona, posteriormente los módulos de inserción y de consultas de datos así:  

1. Inserción de órdenes de captura  

2. Cancelación de órdenes de captura  

3. Señales físicas del requerido.  

4. Huellas dactilares si esta reseñado.  

5. Modulo de consulta de órdenes vigentes  

6. Situación procesal (medidas de aseguramiento)  

7. Sentencias  

8. Ocupaciones de la persona  

9. Capturas o detenciones  

10. Anotaciones  

11. Reclusiones  

12. Necrodactilias (por muerte violenta) 

13. Seudónimos (alías, apodo, cambio de nombre y suplantación de nombre)  

14. Familiares de la persona.  

15. Direcciones de la persona  

Con respecto a elementos de juicio, las solicitudes de órdenes de captura son solamente por escrito y emanadas de autoridad competente, donde se consigna la plena identidad de la persona, número de documento, fecha de nacimiento, rasgos físicos, familiares, sexo entre otros.  

Con relación a la cancelación de órdenes de captura, sólo se hará cuando por escrito y en original cuando la autoridad competente así lo ordene ya sea por captura, archivo, absolución y, sólo en algunos casos por error de la autoridad emisora. La cancelación de la orden puede ser enviada por la autoridad solicitante o por el interesado.  

Para evitar equivocaciones en caso de homónimos, la persona en solicitud tiene que estar plenamente identificada, en caso de presentarse errores, se oficiara a la autoridad emisora para su corrección y posterior inserción al sistema”. (Subrayado fuera de texto)

Entonces, debe preverse que el sistema contiene y exige una serie de datos que permiten identificar plenamente a las personas solicitadas por las autoridades penales, para evitar errores ya sea por homónimos u otras circunstancias, pero además debe considerarse que las autoridades colaboran entre ellas de manera mancomunada, de suerte que la información de la policía corresponde a la información suministrada por los jueces y fiscales que integran el sistema, así como la confirmación de las órdenes de captura depende del trabajo que entre ellas ejecuten, como sucede en el caso de autos donde la Policía encontró un registro que luego fue verificado por el juez de ejecución de penas, quien previó que se trataba de un homónimo y dejó en libertad al retenido dentro del término legalmente establecido.

En conclusión, la Sala considera que la retención del actor no fue arbitraria, sino que estuvo ajustada a los términos estipulados por el artículo 71 del Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), de modo que no se configura una falla en el servicio, toda vez que las autoridades actuaron mancomunadamente dentro del término previsto por la Ley, así como tampoco se configura la antijuridicidad del daño, toda vez que los particulares están obligados a someterse a la verificación e identificación que las autoridades requieran, siempre que ella se realice legalmente y dentro de los términos prudenciales y razonables.

En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda por cuanto no se encuentra demostrada la falla en el servicio en cabeza de las demandadas, pues el actor estuvo a disposición de las autoridades sin exceder el término de las 12 horas señaladas por el artículo 71 del Decreto 1355 de 1970.  

En este orden de ideas, el Despacho revocará la decisión del A quo por cuanto, y negará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE

1. REVOCAR la sentencia proferida el 26 de mayo de 2011 por el Tribunal Administrativo del Quindío, por los motivos expuestos en esta providencia.

2. NEGAR las pretensiones de la demanda.

3. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque, aclaración de voto Cfr. Av. 36146/15».

25 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

26 Obra registro civil de nacimiento Gerardo Antonio Henao Gonzáles en el que consta que sus padres son Gerardo Antonio Henao Carmona y Johanna Gonzáles Cárdenas (fls. 11, cdno. 1).

27 Obra registro civil de nacimiento Gerardo Antonio Henao Gonzáles en el que consta que sus padres son Gerardo Antonio Henao Carmona y Johanna Gonzáles Cárdenas (fls. 11, cdno. 1).

28 Obra registro civil de nacimiento Leidy Johanna Henao Gonzáles en el que consta que sus padres son Gerardo Antonio Henao Carmona y Johanna Gonzáles Cárdenas (fls. 16, cdno. 1).

29 Obra registro civil de nacimiento de Gerardo Antonio Henao Carmona en el que consta que su madre es Florice María Carmona. (fls. 13, cdno. 1).

30 Obra registro civil de nacimiento de Johanna Gonzáles Cárdenas en el que consta que su madre es Ana Julia Cárdenas de Gonzáles (fls. 14, cdno. 1).

31 Fls. 29, cdno. 1 de pruebas

32 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

33 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 174.

34 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, Exp. 10923.

35 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Exp. 15989.

36 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8666.

37 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

38 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

39 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp. 10056.

40 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso La Cantuta Vs. Perú Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs Perú, sentencia de 22 de septiembre de 2009 párr. 156 y Caso Radilla Pacheco Vs México, sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 244.

41 Citado en, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 7 de julio de 2016, Exp. 38.994.

42 Fls. 9, cdno. 1.

43 Fls. 7, cdno. 1 y 31, cdno. 1 de pruebas.

44 Fls. 22, cdno. 1 - Certificado emitido el 13 de diciembre de 2005 por la Universidad la Gran Colombia.

45 Fls. 4 -6, cdno. 1 de pruebas.

46 Fls. 7-10, cdno. 1 de pruebas.

47 Fls. 11-14, cdno. 1 de pruebas.

48 Fls. 15-18, cdno. 1 de pruebas.

49 Fls. 7, cdno. 1 y 31, cdno. 1 de pruebas - acta de derechos del capturado.

50 Fls. 30, cdno. 1 de pruebas.

51 Fls. 10, cdno. 1.

52 Fls. 28-29, cdno. 1 de pruebas y 434-435, cdno. 2 de pruebas.

53 Fls. 6, cdno. 1.

54 Al respecto, obra el proceso penal Nº 2002-302 adelantado en contra de Gerardo identificado con la cédula de ciudadanía número 10.002.863 por el delito de hurto calificado y agravado, aportado por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento a petición de la parte demandante (cdno. 3 de pruebas). Con relación Con relación a la prueba trasladada que obra en el plenario, la Sala se sostiene en el precedente según el cual cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, por cuanto se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se dará en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas.

55 Fls. 29, cdno. 1 de pruebas.

56 Fls. 24-25, cdno. 1 de pruebas.