Sentencia 2005-02109 de febrero 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 250002326000200502109 01 (39.600)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Héctor Hernando Mora Mora

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Asunto: Reparación directa

Temas. Privación injusta de la libertad / Reiteración jurisprudencial / La certificación emitida por el director del centro penitenciario donde estuvo recluida una persona no es la única prueba para demostrar las fechas en que estuvo privado de su libertad, toda vez que al respecto no existe tarifa legal, pudiéndose demostrar este hecho con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso / Modificación de la sentencia por incremento de la indemnización de perjuicios morales reconocida en la sentencia de primera instancia - Reconocimiento de indemnización por concepto de daño a los bienes constitucionalmente protegidos / Indemnización por concepto de perjuicios por inasistencia médica durante la reclusión - No acreditación.

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 5 de mayo de 2010, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(22).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(23), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(24).

En el sub examine, la responsabilidad administrativa impetrada en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos con ocasión de la privación de la libertad a que fue sometido el señor Héctor Hernando Mora Mora desde el “18 de agosto de 2003 y hasta el 16 de julio de 2004”, fecha en la que fue ordenada su libertad ante la decisión proferida por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado - Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión(25), decisión confirmada por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá - Despacho 32, mediante providencia de 22 de noviembre de 2004(26).

Ahora bien, obra en el expediente certificación suscrita por el Secretario Judicial I de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá(27), según la cual, el 9 de diciembre de 2004 quedó ejecutoriada la providencia de 22 de noviembre de 2004, por lo que al haberse presentado la demanda el 9 de septiembre de 2005(28), resultaría que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Fiscalía General de la Nación está enfocado a que se revoque la sentencia de primera instancia, al considerar que en el presente caso no existía certeza del período durante el cual el señor Héctor Hernando Mora Mora estuvo privado de su libertad, de tal forma que no se probó la existencia del daño por el cual se demandó.

Manifestó, igualmente, que su actuación no fue desproporcionada o arbitraria, pues la providencia por medio de la cual se impuso al actor medida de aseguramiento de detención preventiva estuvo fundamentada en serios elementos probatorios allegados a la investigación penal.

Por su parte, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora está encaminado a que se modifique la condena impuesta en la sentencia de primera instancia y se acceda al reconocimiento de la indemnización por el “daño a la vida de relación”, que se incrementaran los perjuicios morales reconocidos por el a quo y que se reconozca una indemnización por los perjuicios derivados de la presunta discapacidad alegada por el actor a causa de la privación de su libertad.

Lo anterior obliga a destacar que los recursos que promueven las partes se encuentran limitados a los aspectos indicados, por lo que la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio de los motivos de inconformidad planteados en los mencionados recursos de apelación.

4. Lo probado en el proceso.

En el presente caso, se tiene acreditado que el 15 de agosto de 2003, el Fiscal Primero Delegado Especializado Antisecuestro y Extorsión de Bogotá ordenó que se vinculara mediante indagatoria al señor Héctor Hernando Mora Mora y, que para tal efecto, se librara en su contra orden de captura, al considerar que “el material probatorio obrante en el expediente que este despacho adelanta por el secuestro del señor DAVID JHON HUTCHINSON ocurrido en Bogotá el 1º de mayo de 2002, y en particular de las diligencias rendidas por ISMAEL MOYANO MARTÍNEZ y DANIEL ROJAS, se desprende su muy probable participación”(29).

De igual forma se tiene establecido que mediante Oficio 831 de 18 de agosto de 2003, funcionarios de la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional dejaron a disposición del Fiscal Primero Especializado Antisecuestro y Extorsión de Bogotá al señor Héctor Hernando Mora Mora, “quien posee orden de captura vigente por el delito de secuestro extorsivo, sindicado de participar en el secuestro del señor DAVID JHON HUTCHINSON”(30).

Se tiene igualmente probado que, el 18 de agosto de 2003, el funcionario investigador adscrito a la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional informó a la Procuraduría Delegada para la prevención en materia de Derechos Humanos acerca de la captura del señor Héctor Hernando Mora Mora y agregó que el capturado fue remitido a las instalaciones del GAULA Bogotá(31).

También está acreditado que el 19 de agosto de 2003, el Fiscal Primero Delegado Especializado Antisecuestro y Extorsión de Bogotá procedió a formalizar la captura del actor y libró con destino al Jefe de la Sala de Detenidos del Gaula Bogotá la respectiva boleta de custodia para que se mantuviera detenido(32).

A los hechos que se advierten como demostrados en el proceso, se agrega que también se halla debidamente probado que el 25 de agosto de 2003, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado - Unidad Nacional de Antisecuestro y Extorsión profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Héctor Hernando Mora Mora, en calidad de presunto cómplice del delito de secuestro extorsivo agravado, sin beneficio de libertad provisional.

Sobre la situación del sindicado, expuso el ente investigador (se transcribe de forma literal):

“Tal como viene dicho, aun cuando ambos procesados se declararon inocentes frente a los cargos formulados, el despacho no puede acoger sus manifestaciones exculpatorias por cuanto en el expediente obra prueba testimonial representada en la versión incriminatoria proveniente de DANIEL ROJAS, acorde con la cual, su tío GERARDO MORENO ROJAS, fue la persona encargada de contactar en Bogotá al señor HÉCTOR HERNANDO MORA MORA, quien a su vez se encargó de ubicar a los también sindicados PEDRO MURIEL y URIEL RODRÍGUEZ, personas éstas que finalmente coordinaron y ejecutaron en asocio de otro grupo de procesados, el secuestro extorsivo del ciudadano británico DAVID JHON HUTCHISON.

En cuanto a la credibilidad que puede merecernos el señalamiento directo efectuado por DANIEL ROJAS respecto de las dos personas a quienes aquí se les resuelve su situación jurídica, debe decirse, que ninguna razón en principio se opone a ello, si se repara en el hecho de por sí significativo, de que uno de los afectados con dicha versión, lo es precisamente un tío suyo, en relación con el cual, según se pudo establecer en la indagatoria rendida por éste, no existen antecedentes de enemistad o situación similar, que pudieran eventualmente llevarnos a pensar, que el incriminador pudiera haber actuado movido por sentimientos de venganza o resentimiento en contra de su consanguíneo.

Análisis similar al anterior cabe hacer frente a las alegaciones de inocencia de HÉCTOR HERNANDO MORA, cuya descripción física, por demás detallada, efectuado por DANIEL ROJAS, no es la única referencia confiable que comporta el mentado señalamiento, sino que además de ello encontramos de una parte, que al igual que Daniel y Gerardo Moreno Rojas, también es oriundo de la población cundinamarquesa de Chipaque y, de otra, que su dirección o lugar de residencia en la ciudad de Bogotá indicado por DANIEL ROJAS, coincide con la información suministrada al respecto por el propio HÉCTOR MORA MORA con ocasión de su injurada.

Colíguese entonces de lo precedentemente reseñado, que el testimonio objeto de análisis, sí amerita la suficiente credibilidad para ser tenido como fundamento de la medida de aseguramiento, con la que fatalmente habrá de cobijarse a la precitada pareja de sindicados.

Ahora bien, como evidentemente, a partir de la prueba de cargo contenida en el señalamiento aludido, sólo permite inferir en principio, que la colaboración de los sindicados aportada a la empresa criminal, principalmente la del señor HÉCTOR MORA, solo se limitó a conseguir las personas que posteriormente se encargarían de materializar el secuestro extorsivo aquí investigado, sin que por el momento el expediente suministre prueba indicativa de que hubieran tenido ninguna intervención, tanto en la fase consumativa del ilícito, como tampoco con posterioridad a su consumación, ha de entenderse en consecuencia, que su grado de participación debe ubicarse dentro de los predios de la complicidad, en nuestro caso, complicidad antecedente, según lo previsto en el artículo 30 del Código Penal y solamente por supuesto en relación con el injusto principal”(33).

Se tiene establecido, asimismo, que el 26 de agosto de 2003, el Fiscal Primero Delegado Especializado emitió boleta de detención en contra de Héctor Hernando Mora Mora, a través de la cual solicitó al director de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá que lo mantuviera privado de la libertad en ese centro carcelario(34).

Se encuentra debidamente demostrado que el 16 de julio de 2004, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado - Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión calificó el mérito del sumario y precluyó la investigación a favor de Héctor Hernando Mora Mora en aplicación del principio in dubio pro reo.

La decisión se apoyó en el siguiente raciocinio (se transcribe de forma literal):

“Se impone pues en consecuencia, como corolario obligatorio, surgido de la imposibilidad de poder responder en términos afirmativos los interrogantes atrás relacionados, y en aplicación del principio in dubio pro reo, la preclusión de la investigación a favor de CÉSAR OSWALDO BELTRÁN CÁRDENAS, respecto de los punibles que le fueron endilgados en la resolución de situación jurídica.

Principio universal de derecho, que con mayor razón servirá como fundamento para favorecer con similar decisión a los señores GERARDO MORENO ROJAS, HÉCTOR HERNANDO MORA MORA y PEDRO JULIO MORENO ROJAS, toda vez que la presunta prueba de cargo existente en contra de los mismos, derivaba de la mención que de sus nombres hiciera el también sindicado DANIEL ROJAS, quien afirmó en su injurada inicial, que éstas dos personas habían sido las encargadas de contactar a PEDRO MURIEL y URIEL RODRÍGUEZ a fin de que le colaboraran a ISMAEL MOYANO en el secuestro del ciudadano británico, resultó categóricamente infirmada por ambos sindicados, quienes al unísono manifestaron en sus diligencias de descargos, que ni siquiera se conocían, por lo cual resultaba imposible que pudieran haberse reunido alguna vez con algún propósito”(35).

Adicional a lo anterior, se tiene que el mismo día —16 de agosto de 2004— la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado - Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión emitió boleta de libertad con destino al director de la Cárcel Modelo de Bogotá para que dispusiera la libertad inmediata e incondicional del señor Héctor Hernando Mora Mora(36).

Asimismo, se advierte que mediante sentencia de 22 de noviembre de 2004, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá - Despacho 32, confirmó la decisión proferida el 16 de julio de 2004 por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado - Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, providencia en la que no se hizo ninguna consideración adicional respecto del señor Héctor Hernando Mora Mora(37).

5. Conclusiones probatorias y caso concreto.

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que está suficientemente acreditado que el señor Héctor Hernando Mora Mora fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello, privado de su libertad por disposición de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado - Unidad Nacional de Antisecuestro y Extorsión, hasta cuando precluyó la investigación a su favor en aplicación del principio in dubio pro reo, no obstante lo cual encuentra la Sala que en realidad el postulado aplicado para proceder a adoptar tal determinación, consistió en que no se encontró probado que el sindicado hubiera cometido el delito endilgado.

En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del señor Héctor Hernando Mora Mora configuró para él un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006(38), en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención o restricción de la libertad con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, posteriormente se revoca porque se establece, finalmente, que no existía la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado.

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que lo amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás desvirtuó.

Así las cosas, la Sala estima necesario reiterar que, aún en los casos de privación injusta de la libertad proveniente de causas ajenas a las enunciadas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o por aplicación del principio in dubio pro reo, el régimen de responsabilidad aplicable según la postura mayoritaria de la Sección es de carácter objetivo, bajo el cual se atiende exclusivamente al daño antijurídico producido, por tanto, basta demostrar éste último para endilgar la responsabilidad de la administración en razón a que quien lo padeció no estaba en la obligación de soportarlo —en este caso el daño producto de la privación de la libertad—(39).

Sobre el particular, debe decirse que en casos como éste no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el señor Héctor Hernando Mora Mora debía padecer la limitación de su libertad hasta que se le absolvió de responsabilidad penal; en cambio, a la entidad demandada le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(40).

Ahora bien, conviene precisar que no es de recibo para la Sala el argumento del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, según el cual, en el presente caso no existía certeza del daño padecido por el actor, dado que no allegó al proceso la certificación expedida por el director del centro penitenciario donde estuvo recluido, prueba que —a su juicio— constituía la única prueba para demostrar de manera precisa el tiempo durante el cual permaneció privado de su libertad, toda vez que al respecto no existe tarifa legal, pudiéndose demostrar este aspecto con los demás elementos de juicio obrante en el proceso.

En efecto, del Oficio 831 de 18 de agosto de 2003 es posible determinar que Héctor Hernando Mora Mora fue capturado esa fecha por funcionarios de la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional y dejado a disposición del Fiscal Primero Especializado Antisecuestro y Extorsión de Bogotá, despacho judicial que determinó que se mantuviera detenido en la Sala de Detenidos del Gaula Bogotá, lo cual se prolongó hasta el 26 de agosto del mismo año, cuando emitió boleta de detención con destino a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá para que estuviera privado de su libertad en ese centro carcelario(41).

En el caso sub examine, de las pruebas aportadas al proceso también es posible establecer que el actor recobró su libertad el día 16 de julio de 2004, cuando la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado - Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión emitió boleta de libertad(42) con destino al director de la Cárcel Modelo de Bogotá para que dispusiera su libertad inmediata e incondicional.

En estas condiciones, observa la Sala que el tiempo durante el cual Héctor Hernando Mora Mora permaneció privado de su derecho a la libertad correspondió a 11 meses y 28 días.

Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la Fiscalía General de la Nación no tiene vocación de prosperidad, por lo que habrá de confirmarse la sentencia apelada en este punto y, en consecuencia, se procederá a estudiar puntualmente los motivos de inconformidad de la parte demandante para con el fallo de primera instancia.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

El demandante solicitó que por concepto de perjuicios morales se condenara a la demandada al pago de una suma equivalente a mil (1.000) gramos de oro.

Teniendo en cuenta que el tribunal a quo condenó a la entidad demandada a pagar una suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del demandante y que en la apelación se solicita se incremente dicho monto, la Sala estudiará la viabilidad de tal petición.

Pues bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa - Radicación 36.149, a cuyo tenor:

“Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”.

En consecuencia, como en el presente caso el señor Héctor Hernando Mora Mora fue privado de su derecho fundamental a la libertad personal entre el 18 de agosto de 2003 y el 16 de julio de 2004, es decir, por el lapso total de 11 meses y 28 días, contrario al cálculo efectuado por el a quo, que lo determinó en 9 meses y 28 días, se hace procedente que se incremente dicho reconocimiento a una suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, aspecto en el cual deberá ser modificada la sentencia de primera instancia.

6.2. Daños a los bienes constitucionalmente protegidos.

En el recurso de apelación se sostuvo que la sentencia de primera instancia se abstuvo de reconocer la indemnización por el “daño a la vida” a favor del señor Héctor Hernando Mora Mora, cuando en el proceso existía material probatorio para proceder a su reconocimiento.

Ahora bien, a pesar de que en la demanda no se solicitó de manera expresa reconocimiento de indemnización alguna por este concepto, una lectura integral de la demanda permite entender el verdadero sentido y alcance de la pretensión cuya declaración se solicita.

Pues bien, en pronunciamiento el Consejo de Estado(43) precisó que la afectación o vulneración de derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente, como lo son los derechos a tener una familia, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, el buen nombre, entre otros, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, son susceptibles de ser protegidos por vía judicial. De modo que quienes los sufren tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa. También se precisó que el resarcimiento de esas garantías puede tener lugar aún en forma oficiosa.

Dichos perjuicios, como los demás, pueden acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso pueden darse por demostrados en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucionalmente protegido.

Así las cosas, debe entenderse entonces que la pretensión a que se refiere este acápite encuadra en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos.

En el presente asunto advierte la Sala que, la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Héctor Hernando Mora Mora le ocasionó una afectación a su derecho al buen nombre, en tanto se trajo al expediente un recorte de prensa titulado “Caen secuestradores de ciudadano inglés”(44), en el que se observa una fotografía del hoy actor, en cuya parte inferior se dijo “siete delincuentes llevaron a cabo el secuestro del ciudadano inglés”.

Dicha vulneración también se concretó en punto al artículo 25 de la Constitución Política, el cual hace referencia al derecho al trabajo, habida cuenta de que durante el tiempo en que la privación de su derecho a la libertad, se perturbaron sus relaciones laborales como lo pusieron de presente en su declaración los señores William Hernández Parrado(45), José María Huérfano(46) y Oliver Wbaldo Betancourt(47).

De conformidad con lo expuesto, al encontrar e identificar los bienes constitucionalmente protegidos que resultaron afectados con la medida impuesta al ahora demandante, se entiende configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar, razón por la cual se considera que resulta procedente el reconocimiento de la indemnización correspondiente a tal perjuicio.

Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación deberá establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

En el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la entidad demandada deberá subir a la red el archivo que contenga esta decisión y a su vez deberá mantener el acceso al público del respectivo vínculo durante el período de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

En el caso sub lite se acreditó que contra el señor Héctor Hernando Mora Mora se profirió medida de aseguramiento y que tal medida alteró su buen nombre y sus relaciones laborales, razón por la cual la Sala, al considerar insuficientes las anteriores medidas, reconocerá la indemnización por dicho perjuicio en cuantía equivalente a 20 SMLMV.

6.3. Perjuicios por inasistencia médica.

En cuanto al reconocimiento de una indemnización por concepto de lo denominado en el libelo como daño emergente y lucro cesante futuro, correspondientes a la imposibilidad del actor de laborar a partir de su liberación, sustentados en la discapacidad producida en su pie derecho a causa de la privación de su libertad, encuentra la Sala, como bien lo consideró el tribunal a quo, que la parte actora no demostró que dichos perjuicios tengan relación de causalidad con las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación penal adelantada en contra de Héctor Hernando Mora Mora, motivo que impone negar este pedimento de la demanda.

En efecto, está acreditado en el plenario que el señor Mora Mora presentaba complicaciones en su estado de salud antes de su detención e ingreso al centro de reclusión, tal como se demostró en el dictamen rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual el actor hizo un relato de las circunstancias que generaron su incapacidad médica y aceptó que las terapias que le ordenaron al egreso del hospital en el cual fue atendido una vez padeció la lesión de su pie derecho, se continuaron realizando durante su detención. Se destacan los siguientes apartes (se transcribe el texto tal cual aparece en el expediente):

“Refiere el examinado: “Sufrí una fractura de tibia y peroné en agosto de 2002 me caí a un hueco, me operaron en el Hospital El Tunal, me hicieron dos cirugías y luego se me cayeron dos tronillos y la pierna se me infectó, por lo cual me llevaron a Cáqueza y luego al Hospital La Samaritana donde me iniciaron tratamiento con antibióticos y me retiraron el material de osteosíntesis, pero un tornillo me quedó en la parte superior del pie, pero los médicos consideraron que era mejor no retirarlo. Mientras estaba en recuperación me detuvieron los del GAULA y no pude continuar en tratamiento. En el Hospital me dejaron las heridas abiertas y mientras estuve detenido me daban antibióticos y me hacían curaciones pero no quede bien, como tome tantos medicamentos ahora tengo gastritis y hoy estoy en tratamiento con omeprazol…”.

“(…).

Por la fractura de cuello de pie presentada como consecuencia del trauma referido como sufrido en agosto de 2002, se establece como incapacidad médico legal definitiva sesentas (60) días y como secuela deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente dada por las cicatrices que alteran de manera importante la estética corporal y perturbación funcional de miembro inferior derecho de carácter permanente. En relación a ‘si las supuestas lesiones efectivamente se agravaron durante la época en que supuestamente el actor estuvo privado de su libertad’, no contamos con elementos de juicio para dar respuesta a esa inquietud, no conocemos tiempo de su detención, ni copia de sus atenciones médicas que refiere haber recibido durante ese tiempo.

Según el examinado posterior al tratamiento quirúrgico para corrección de la fractura presentó sobreinfección en zona de herida quirúrgica generándose lesión ulcerosa en cuello de pie, motivo por el cual consulto, es de tener en cuenta que las ulceras son lesiones elementales con pérdida de sustancia cutánea cuya profundidad oscila desde la erosión superficial hasta una afectación de la dermis profunda o hipodermis, suele tener evolución crónica y poca respuesta terapéutica, pues los pacientes presentan a menudo problemas sistémicos que inhiben tanto la curación espontánea como la inducida quirúrgicamente. En el caso de paciente en mención según historia clínica el paciente fue remitido al Hospital de Cáqueza al Hospital La Samaritana el 6 de diciembre de 2002 por cuadro clínico que se diagnosticó como celulitis y abscesos en cuello de pie derecho posterior a osteosíntesis en cuello de pie se procedió a la extracción quirúrgica del material de osteosíntesis, se realizó desbridamiento de las zonas necróticas, si inició terapias y se recomendó realizar curaciones al egreso del hospital se sugirió continuar estas dos últimas recomendaciones las cuales según refiere el paciente se continuaron realizando durante su detención(48). (Se resalta).

Tal como se observa, la condición médica del señor Héctor Hernando Mora Mora ya presentaba quebrantos antes del período de su reclusión, a lo que debe agregarse que, como lo reconoció el actor, recibió el tratamiento que le había sido ordenado y, que si bien se presentaron complicaciones, las mismas obedecieron a la naturaleza propia de este tipo de lesiones, razones suficientes para proceder a denegar esta súplica de la demanda, pues se reitera, es evidente que no se demostró por la parte actora la relación de causalidad entre tal padecimiento y alguna actuación u omisión de la Fiscalía General de la Nación.

6. Actualización de la condena - Perjuicios materiales.

Ahora bien, la sentencia de primera instancia accedió al reconocimiento de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, en la suma de $ 24’432.720 a favor del señor Héctor Hernando Mora Mora y, comoquiera que dicho reconocimiento de indemnización de perjuicios no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte de la parte actora en el recurso de apelación, la Sala se limitará a actualizar dicha renta, sin que ello implique de modo alguno la afectación de la referida garantía de la no reformatio in pejus.

Entonces:

Ra = Rh ($ 24'432.720) x índice final - enero /2017 (134.76)

índice inicial - mayo /2010(49) (104.39)

Ra = $ 31’540.888,46

7. Condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 5 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la cual quedará así:

“1) DECLÁRASE extracontractualmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación de los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Héctor Hernando Mora Mora.

2) CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Héctor Hernando Mora Mora, a título de indemnización de perjuicios morales, una suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria del presente fallo.

3) CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Héctor Hernando Mora Mora, a título de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de treinta y un millones quinientos cuarenta mil ochocientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y seis centavos ($ 31’540.888,46).

4) CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria del presente fallo.

Adicionalmente, Fiscalía General de la Nación deberá establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

En el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la entidad demandada deberá subir a la red el archivo que contenga esta decisión y a su vez deberá mantener el acceso al público del respectivo vínculo durante el período de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

5) NIÉGANSE las demás pretensiones.

6) Sin costas.

7) Para el cumplimiento de esta sentencia téngase en cuenta lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

8) Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaría los gatos ordinarios del proceso y en caso de remanentes devuélvanse al interesado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 7º y 9º del Acuerdo 2252 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva al Doctor WILSÓN HERNÁN GUTIÉRREZ SANABRIA, portador de la tarjeta profesional 154.709 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la parte actora, según poder visible a folio 340 del cuaderno de segunda instancia.

TERCERO: Por secretaría de esta Sección REMÍTASE el expediente al Tribunal de origen para que tramité y decida el incidente de regulación de honorarios propuesto por el doctor ALBERTO ROJAS URREGO, portador de la tarjeta profesional 73.345 del Consejo Superior de la Judicatura (cdno. de incidente de regulación de honorarios, fls. 286 y 325 a 328, cdno. de segunda instancia).

CUARTO. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

22 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

23 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

24 Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

25 Folios 27 a 64, cuaderno de primera instancia.

26 Folios 148 a 176, cuaderno de primera instancia.

27 Folio 179, cuaderno de primera instancia.

28 Folio 7, cuaderno de primera instancia.

29 Folio 72, cuaderno de pruebas 4.

30 Folio 85, cuaderno de pruebas 4.

31 Folio 90, cuaderno de pruebas 4.

32 Folio 92, cuaderno de pruebas 4.

33 Folios 111 a 122, cuaderno de pruebas 4.

34 Folio 126, cuaderno de pruebas 4.

35 Folios 27 a 64, cuaderno de pruebas 2.

36 Folios 299, cuaderno de pruebas 6.

37 Folios 148 a 176, cuaderno de pruebas 2.

38 Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 13168.

39 Sobre el derecho fundamental de todas las personas a la libertad, la Corte Constitucional, en sentencias C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997 y C-774 de 25 de julio de 2001.

40 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, expediente 17.517 y del 15 de abril de 2010, expediente 18.284, entre otras.

41 Folio 126, cuaderno de pruebas 4.

42 Folios 299, cuaderno de pruebas 6.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

44 Folio 1, cuaderno de pruebas 2.

45 Folios 79 a 81, cuaderno de pruebas 2.

46 Folios 81 a 82, cuaderno de pruebas 2.

47 Folios 84 a 86, cuaderno de pruebas 2.

48 Folios 79 a 81, cuaderno de pruebas 2.

49 Fecha de la sentencia de primera instancia.