Sentencia 2005-02117 de noviembre 20 de 2012

 

Sentencia 2005-02117 de noviembre 20 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad. 25000 2326 000 2005 02117 01 (43373)

Ref.: Acción contractual

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Sociedades Medcom Ltda. - Red Salud Promoción y Prevención S.A.

Demandado: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fiduprevisora S.A. y otros

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil doce.

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto de 16 de septiembre de 2010(1), proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en cuanto negó el decreto de algunas pruebas solicitados por la parte recurrente.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La competencia para resolver sobre la apelación y la procedencia del recurso.

Corresponde al despacho decidir el recurso de apelación interpuesto en contra del auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 16 de septiembre de 2010, en el que se negó el decreto de unos medios probatorios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo(9), las providencias que nieguen el decreto de alguna prueba son apelables. La norma en cita dispone:

“ART. 181.—Modificado artículo 57, Ley 446 de 1998. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos:

(...) 8. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida por (sic) oportunamente o deniegue su práctica.

El recurso contra los autos mencionados deberá interponerse directamente y no como subsidiado de la reposición.

Por regla general el recurso se concederá en el efecto suspensivo”.

De conformidad con la norma que viene a citarse, el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó el decreto de algunas pruebas solicitadas por la parte demandante en forma oportuna, cumple con los requisitos de procedencia, circunstancia por la cual habrá de estudiarse el fondo de la impugnación.

2. El caso concreto.

2.1. De la decisión de negar la inspección judicial con exhibición de documentos.

Para comenzar valga advertir que corresponde al juzgador en cada caso concreto y al momento de decretar las pruebas solicitadas por las partes establecer si las mismas resultan aptas desde el punto de vista jurídico para acreditar los hechos materia de la prueba.

En ese sentido y en lo que a la inspección judicial concierne, resulta necesario precisar que el objeto y fin de este medio de prueba es permitir que el juez perciba de forma directa la fuente de las afirmaciones que las partes llevan al proceso en defensa de sus intereses. En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta los innegables beneficios y las enormes ventajas que puede traer consigo este medio de prueba en cuanto permite al juez, entre otras cosas, una visión integral, multisensorial e inmediata de los hechos que se pretenden demostrar, es que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 244 establece que “para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte el examen judicial (...). Se trata pues de un examen judicial directo que, según la norma en mención, podrá recaer bien sobre lugares, como también sobre personas, cosas, e incluso documentos.

Ahora bien, además de la valoración que debe hacer el juez respecto de la eficacia y aptitud de la prueba solicitada, para efectos de su decreto le corresponde también verificar que la respectiva solicitud cumpla con los requisitos formales que de forma particular establece la ley para cada uno de los medios de prueba que esta misma consagra.

Así pues, en cuanto a la inspección judicial se refiere, establece el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, como requisito general de la solicitud, que el peticionario exprese con claridad y precisión las puntos sobre los cuales ha de versar el respectivo examen judicial.

De manera adicional y para los casos en que la solicitud de la inspección judicial dirija su práctica sobre bienes muebles y documentos, consagra el referido estatuto una regla especial en su artículo 247 que establece que en estos casos “se observarán previamente las disposiciones sobre exhibición”.

En este orden de ideas y como la petición de inspección judicial denegada recae sobre documentos, conviene entonces remitirse, además del ya mencionado artículo 245, a las normas que regulan de manera particular les requisitos de lo solicitud para la exhibición de estos.

Así las cosas y conforme lo establece el artículo 284 del Código de Procedimiento Civil, la procedencia de la solicitud de la exhibición se encuentra condicionada a que su formulación reúna los siguientes requisitos: (a) la indicación de los hechos que se pretenden demostrar con ella, (b) la afirmación en cuanto a que el documento se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlo y (c) la expresión de la clase de documento y su relación con los hechos señalados.

Bajo estas condiciones procede el despacho a efectuar el estudio concreto en cuanto a este punto de la impugnación se refiere, para lo cual conviene recordar los términos mediante los cuales el actor formuló la solicitud de la inspección judicial con exhibición de documentos. Se expresó así el demandante:

“2º Inspección judicial con exhibición de documentos.

De conformidad con el artículo 244 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, solicito la realización de una inspección judicial con exhibición de documentos que reposan en los archivos en la Fiduciaria La Previsora S.A. y que corresponden a la invitación pública 143 y a otros que se hacen mención en esta demanda. Es una prueba de carácter trascendental en el proceso puesto que dada la extensión de la documentación existente, se hace imposible adjuntar a esta demanda todos esos documentos. Al efecto, conviene precisar que una sola de las ofertas recibidas, y eso ocurre con casi todas, tienen más de 35 volúmenes. Con esta prueba se pretende recopilar y aportar al proceso los documentos pertinentes y no otros que integran, por ejemplo, las ofertas de los participantes, que nada tienen que ver con los asuntos debatidos y si afectan y perjudican el manejo del expediente”.

En lo que respecta entonces al cumplimiento del requisito señalado en el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en cuanto a lo obligación que le asiste a la parte interesada de señalar con claridad y precisión los puntos sobre los cuales ha de recaer la inspección judicial, se observa que, según el texto de la petición que viene de transcribirse, la parte demandante pretende que la prueba se decrete respecto de varios documentos, unos los “que reposan en los archivos en la Fiduciaria La Previsora S.A. y que corresponden a la invitación pública 143” y “otros que se hacen mención en esta demanda”.

Pues bien, en cuanto a los primeros documentos de la petición se refiere, no le cabe duda al despacho que el requisito se encuentra plenamente acreditado, por cuanto resulta absolutamente claro que el material documental objeto de la prueba está ciertamente determinado e identificado en la petición, pues no hace falta hacer un esfuerzo interpretativo mayor para entender que no se trata de documentos diferentes a los del expediente de la invitación pública Nº 143.

No obstante lo anterior, no ocurre lo mismo con el resto de los documentos solicitados, dado que la petición es absolutamente vaga y no permite determinar con certeza a qué documentos se refiere, circunstancia que no varía por el hecho de que la parte actora en el recurso de apelación hubiere señalado que estos documentos correspondían a “otros procesos relevantes por la adopción de determinaciones previas semejantes”, toda vez que no era esta la oportunidad para fijar el objeto sobre el cual recaería la prueba y, además, porque no es posible determinar a qué otros procesos se refiere.

Así las cosas, en lo que este segundo grupo de documentos concierne, resulta forzoso concluir que la petición probatoria no cumple con el requisito objeto de verificación.

Ahora bien, en lo que respecta a la verificación de los requisitos previstos por el artículo 284 del Código de Procedimiento Civil, se observa:

En primer lugar, que la parte interesada afirmó en su petición que los documentos sobre los cuales solicita que recaiga la inspección judicial se encuentran en poder de la Fiduciaria La Previsora S.A., con lo cual cumple uno de los tres requisitos atinentes a la exhibición de documentos.

En segundo lugar y en lo que otoñe a la obligación de indicar los hechos que la parte interesada pretende demostrar con la prueba, cabe señalar que aún cuando la petición no fue explícita de respecto, el requisito se encuentra acreditado, toda vez que atendiendo a la naturaleza del proceso y a la crucial, íntegra y amplia información que puede ofrecer para los efectos definitivos del mismo la valoración de todo el expediente relacionado con la invitación pública Nº 143, resulta apenas lógico considerar que la prueba en esencia sirve de sustento a todo el fundamento fáctico y jurídico señalado por la parte actora en lo demanda, circunstancia esta con la cual se acredita también el requisito referente a la obligación de la parte interesada de señalar la clase del documento objeto de la exhibición y su relación con los hechos narrados en el libelo introductorio.

Valga aclarar en todo caso que lo manifestación que hizo el a quo en el sentido de indicar que lo prueba solicitada era inútil, por cuanto los documentos “pertinentes para la relación procesal” que estaban en poder de la Fiduciaria la Previsora S.A., serían remitidos al proceso en copia auténtica por la respectiva entidad, toda vez que estos se constituyeron en el objeto de las pruebas documentales solicitadas por el mismo actor y a cuyo decreto yo se había accedido, tampoco constituye argumento suficiente poca negar el decreto de la prueba, toda vez que aunque algunos de esos documentos en efecto pertenecen al expediente de la invitación pública Nº 143, otros no y, además, esos documentes no componen en su totalidad el mencionado expediente.

Así las cosas, al encontrar el despacho satisfechos con suficiencia los requisitos de la solicitud de la prueba objeto de estudio y tras valorarse lo eficacia y aptitud demostrativa de la misma, resulta forzoso modificar la decisión del tribunal en el sentido de revocar la negativa de decretar la inspección judicial con exhibición de documentos, pero únicamente en lo que concierne a los que corresponden a la invitación pública Nº 143.

Ahora bien, para efectos de tomar lo decisión que viene al caso en contrapartida de la decisión del tribunal que será revocada, se advierte que si bien resulta procedente decretar la inspección judicial solicitada por el actor, en procura y salvaguarda de las principios de economía, celeridad y eficacia procesales consagrados por el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil(10) y dado que el medio probatorio solicitado no es el más eficaz y expedito para lograr el recaudo del material documental sobre el cual recae, el despacho, en uso de sus facultades como director del proceso en esta instancia considera que lo conveniente en este caso —teniendo en cuenta que no se altera la razón primigenia por la cual la parte actora pidió la inspección judicial, ni el objeto de la prueba— es ordenar que en lugar del decreto de la inspección judicial, se requiera a la Fiduciaria La Previsora S.A., parte demandada en el presente asunto, para que allegue en su totalidad y en copia auténtica, todos los documentos que componen el expediente de la invitación pública Nº 143, incluyendo los que fueron solicitados y decretados con anterioridad, si es que aún no se hubieren allegado.

2.2. De la decisión de negar el decreto de algunas pruebas testimoniales.

En cuanto concierne a la prueba testimonial, es oportuno señalar que esta se entiende como aquella suministrada mediante declaraciones de personas naturales distintas a las partes, cuyos relatos se relacionan con sus percepciones o realizaciones frente a hechos pasados respecto de los cuales hubieren tenida alguna clase de conocimiento y que sirve para establecer los hechos materia de litigio, sin que se requiera de algún tipo de conocimiento especializado para su evacuación.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, la solicitud del decreto de prueba testimonial se encuentra condicionada a que su formulación reúna los siguientes requisitos: (a) la expresión del nombre, domicilio y residencia de los testigos y (b) la enunciación sucinta del objeto de la prueba.

Encuentra el despacho que en el presente asunto la solicitud que es objeto de estudio cumple a cabalidad con los requisitos mencionados anteriormente.

En cuanto al primero de ellos se refiere, se observa que la parte interesada suministró junto con su petición el nombre, domicilio y dirección de las personas respecto de quienes solicita que se decrete la prueba testimonial.

En lo que respecta al segundo requisito de la solicitud probatoria, esto es el relacionado con la enunciación sucinta del objeto de la prueba, encuentra el despacho que también se cumplió, por cuanto la parte demandante señaló que “con esta prueba se busca demostrar que la toma de decisiones fue realizada, a más por parte de personas incompetentes, con base en informaciones de ‘oídas’ y sin contar con todos los antecedentes necesarios para el efecto, lo que probaría la manera ligera e irresponsable en que se manejó el proceso de selección”.

Ahora bien, dado que en este punto el motivo de la apelación radica justamente en atacar lo que en primera instancia se entendió constituía el objeto de la prueba testimonial solicitada y que se erigió como el argumento básico para su rechazo, resulta necesario entrar a analizar si, como lo afirma la parte demandante, el mencionado objeto era uno diferente al estimado por el tribunal y si, en ese caso, daría lugar a que la prueba fuera decretada.

Según se extrae del texto de lo providencia apelada, el tribunal administrativo resolvió negar el decreto de la prueba testimonial con fundamento en que esta no resultaba ser el medio de prueba útil, pertinente ni conducente para efectos de demostrar el fundamento fáctico relacionado en la solicitud, por cuanto el objeto de la misma consistía en demostrar que los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no estuvieron presentes en las audiencias que se surtieron a lo largo del proceso de selección correspondiente a la invitación pública Nº 143 y participaron inadecuadamente en la toma de las decisiones dentro del respectivo proceso, hechos que consideró debían demostrarse a partir de pruebas documentales, tales como las actas levantadas en las citadas audiencias.

Así mismo, consideró el a quo que debido a que, según informó la parte demandante, los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no asistieron a las citadas audiencias, mal podría citárseles para que se manifestaran sobre aspectos respecto de las cuales no habían tenido conocimiento alguno.

Frente a lo anterior, la parte demandante señaló en su recurso de apelación que, contrario lo considerado por el tribunal de primera instancia, con la prueba testimonial solicitada no se pretendía demostrar la inasistencia de los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a las audiencias realizadas en el curso del proceso de selección correspondiente a la invitación pública Nº 143, sino que con ella pretendía acreditar que estos no fueron quienes en realidad tomaron la decisión de adjudicación, así como determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la escogencia del contratista, precisamente en razón de la mentada ausencia.

Al respecto, la parte demandada indicó que compartía las razones expuestos por el tribunal en el auto recurrido y que, además, no podía la parte actora en esta instancia mejorar el pedido probatorio, por cuanto el objeto de la prueba testimonial había quedado definido en lo demanda.

Pues bien, al tenor de la solicitud de la prueba testimonial y a la luz de lo que al respecto se reiteró por el actor en el recurso de apelación de una manera más clara y explícita pero guardando el mismo sentido y alcance de las condiciones originales, encuentra el despacho que la petición tenía por objeto demostrar, no la inasistencia de los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a las audiencias realizadas dentro del proceso de selección correspondiente a la invitación pública Nº 143 como erradamente lo entendió el tribunal, sino, como explícitamente se manifestó desde el mismo momento de la demanda, lo que se pretendía era acreditar que tales miembros tomaron decisiones dentro del referido proceso de selección “con base en informaciones de ‘oídas’ y sin contar con los antecedentes necesarios para el efecto”.

En ese mismo sentido, aclaró el actor en el recurso que lo que pretendía en últimas con la práctica de esta prueba era evidenciar las condiciones de tiempo, modo y lugar a través de las cuales la autoridad adjudicataria, según afirma, el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio conoció los pormenores del proceso de selección y la esencia de los debates entre oferentes, pues parte de la base de que tales condiciones pueden ser bastante cuestionables dada la ausencia de este órgano en las audiencias de adjudicación.

Así las cesas, concluye el despacho que la prueba solicitada debe ser decretada, toda vez que, contrario a lo considerado por el a quo, el objeto de esta no consistía en determinar la inconsistencia de los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a los audiencias realizadas dentro de la invitación pública 143(11), sino determinar las circunstancias y consecuencias que se suscitaron a partir de tal inasistencia en relación con las decisiones que adoptó el mencionado Consejo Directivo dentro del proceso de selección, decisiones que son objeto de impugnación de la presente demanda. Así las cosas las circunstancias respecto de las cuales indaga la demandante, pueden ser acreditadas por medio de los testimonios de los miembros del citado órgano, quienes sin duda tienen plena aptitud para relatar acerca de dichas situaciones.

En ese sentido, cabe destacar que tal como lo alegó y lo hizo notar la parte demandante en la solicitud de testimonios y en el recurso, es precisamente la condición particular de la inasistencia en la que la prueba encuentra su razón de ser, dado que fue justamente esa circunstancia la que llevó a indagar respecto de las condiciones de tiempo modo y lugar a través de las cuales el consejo directivo conoció de los pormenores de lo sucedido en el transcurso de estas audiencias, circunstancias con sustento en las cuales se establecieron o debieron establecerse los argumentos adoptados por ese órgano para tomar las decisiones que se constituyen en objeto de impugnación de esta demanda, aspectos estos que en todo caso, según lo relatado por la porte actora, se habrían verificado por fuera del escenario de las audiencias y no al interior de ellas como al parecer lo entendió el tribunal.

Bajo esta perspectiva, ha de señalarse entonces que no le asistió razón al tribunal al denegar el decreto de la prueba testimonial examinada, dado que, tal como se dejó visto, además de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 219 del Codigo de Procedimiento Civil, la práctica de dichos testimonios resulta conducente y pertinente para la acreditación de los supuestos fácticos que pretende ilustrar el peticionario.

Por consiguiente, las pruebas testimoniales solicitadas en la demanda serán decretadas, sin perjuicio de la facultad que le asiste al juez, de conformidad con lo señalado en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil de limitar los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos sobre los cuales recae la declaración.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercero, Subsección A.

RESUELVE:

1. MODIFICAR el numeral QUINTO de la parte resolutiva del auto proferido el 16 de septiembre de 2010 per el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia, el cual quedará así:

QUINTO: REQUERIR a la Fiduciaria La Previsora S.A., entidad demandada, para que allegue con destino a este proceso en su totalidad y en copia auténtica, todos los documentos que reposan en sus archivos y que corresponden al proceso de selección de contratista, adelantado a través de la invitación público Nº 143 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, incluyendo los que fueron solicitados y decretados con anterioridad, si es que aún no se hubieron allegado.

Respecto de los otros “documentos” negar el decreto de la prueba.

2. REVOCAR el numeral SEXTO de la parte resolutiva del auto proferido el 16 de septiembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia y, en su lugar se dispone:

DECRETAR los testimonios solicitados por la parte actora frente a los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para lo cual el despacho de conocimiento fijará las fechas correspondientes para llevar a cabo la práctica de la prueba.

3. Ejecutoriada la presente providencia ENVIAR el expediente al tribunal de origen para que continúe con el trámite del proceso.

(1) Folios 62 a 66 del cuaderno principal.

(...).

(9) Decreto 1 de 1984.

(10) ART. 37.Son deberes del juez:

1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.

(...).

(11) Este hecho en efecto podía ser demostrado con sustento en las actas levantadas en tales diligencias, sin embargo, en este punto también debe aclararse que ese no es el único medio demostrativo a través del cual se puede acreditar tal circunstancia.